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Etiqueta: Costa Rica

Comprender el concepto de corrupción – ¿Qué es Corrupción?

Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Fuente : https://www.significados.com/corrupcion/

Resulta que, en muchos   ámbitos de la   vida misma, diversidad de actores señalan el término “corrupción” y   dirigen su dedo índice señalando personas grupos

Aclarado esto,   el  flagelo o  cáncer de  la  corrupción  misma,  no  conoce  estrato social, clase o  género,  todo  está  en la  perspectiva  subjetiva  misma del  calificativo de  quizás  lo  bueno  o lo  malo y  de  ahí  la  justificación de  que  un  acto  corruptible,  quizás  para  alguien  es   calificado de  mayor  o  menor  grado y  en  ese  dimensionamiento  podamos  aplicar  el  reproche  social , como un  simple refrán lo  indicó  “ladrón que  roba  a ladrón , tiene   cien años  de  perdón”

La   bendita pública, como llamaban nuestros padres a la   Fiscalía o al Ministerio Público, fue en su momento demasiado intensa, quién se enfrentaba a la Bendita Pública, sabía que, era cosa seria, y aunque no se diera sentencia, debía purgar una condena social.

El robarse una gallina al vecino, podía provocar una contienda tal; que hasta se mataban los actores, el delincuente y la víctima.

Pues; resulta  que  la  “corrupción”   año  a año  fue  evolucionando,   desde   un  simple fruto en  una  finca,  hasta  llegar   hoy  día  a  los  miles de  millones,  que  un  fraude  financiero puede  provocar, señalamos   un  posible  caso,  denominado ALDESA,  de  ahí  se  observaría  la  penalidad del acto corruptible  y  fraude  financiero quizás  en  contra de  gente  humilde y  de   buena fe; pero  que  al  final sin  los  controles  adecuados, permitió que  un  grupo de  “gurús” ejecutivos o financieros,  dispusieran de  un  dineral   de  gran cuantía.

Sucede  que  el  ROP  es  un dinero que  podría  tentar a  muchos  a  realizar  actos  reprochables  y  corruptos,  desde  influenciar  con  los  amiguitos  y  crear  normas y  directrices   que  permiten por  ejemplo la  inversión de esos  fondos  en el  exterior,  digo   que  el ejercicio de  la presión en  favor de  una  política, que  no está   enmarcada en el  principio de legalidad, ingrese  para  que   se  permita  realizar  el acto, pero  con un  presunto dolo eventual,  ya se  sabe  o  se  presume  por  parte del “corrupto” hacia  que  va  dirigida esa  política, podría  ser; hasta  desaparecer los  dineros en el  exterior,  se  señala  presuntamente, porque los  hechos  podrían evidenciarlo, pero  también debe  comprobarse.

Entonces,  ese  dinero que  es  un poquito de plata, (ROP) se  va  al  exterior, y  eso  ya  es    normado, la  pregunta  aquí;  es quién o quiénes se  favorecen con recursos  frescos  y  baratos, y obtienen jugosas  ganancias, y  nosotros  los  trabajadores, no  podemos  ni  ir  a  Paso  Canoas a  compra  algo;  y mucho  menos   es de esperar  que  sin la  norma  jurídica que  nos  dé la  investidura de fiscalizador, podamos  realizar  aunque  tengamos  conocimiento técnico, un viaje al exterior para  la   auditoria  forense o  preliminar que  evidencia una  mala  inversión y  con ese  estudio ; generar  una  actuación en el  Ministerio Público, para  que se  inicie la  persecución  penal, contra los  que  conforman la junta  administradora de  ese  fondo de  pensiones.

Reitero la interrogante, no observó individuo del  sector  laboral, que  teniendo conocimientos  técnicos, conforme o integre  las distintas juntas  administrativas de  fondos  de  pensión y  que  posibilite en representación de  los  trabajadores, generar  esa  alerta  judicial y  llevar  a la  cárcel a  presuntos  malos administradores o  fraudulentos  actos  en   la  administración de  esos  fondos, que  puedan evidenciar,  dolo eventual, favorecimiento real, incumplimiento de  deberes, en  fin  actos  reprochables y calificados  en  muchos  de  “corruptos”

Si usted debe hacer, y deja de hacer, no está ayudando más que en tolerar muchos actos corruptibles.

Mucho se sabe, en la historia nacional del calificativo de corrupción, pero, no inserto quizás al  actuar personal o individual, y de ahí el  interés del suscrito en llamar la atención al  concepto mismo, concluyendo en la frase que evoca mi mente y la misma reza:

Un dilema trivial;

¿Es corrupto una persona?

Pues antes reflexionemos del

Deber de Hacer

Y

Dejar de Hacer

¿Responde acaso esto a esa pregunta?

Cuando un médico no pone el medicamento adecuado a su paciente; 

Cuando un profesional no defiende adecuadamente el presupuesto de su   gestión, 

Cuando un policía se hace de la vista gorda ante la presencia de un sospechoso delincuente

Cuando un profesor puede otorgar notas a cambio de favores

Cuando un legislador, no legisla como corresponde y se abriga en grupos élites para su beneficio particular

Cuando un productor vende producto de mala calidad al Estado, como si fuera de primera calidad

Cuando le doy un clip a una autorización que no corresponde, en el ejercicio del poder que se ostenta, etc.

Entonces, calificar un acto realizado por el individuo mismo de corrupto y que ese calificativo le preceda su nombre de pila, aunque la “bendita pública” lo libere, es delicadísimo; ya que como me resulta la idea, el que debe hacer y deje de hacer, a mi criterio es CORRUPTO

Una reflexión para un país libre de corrupción en gran cantidad de escenarios.

 

Compartido con SURCOS por SITRAHSAN.

Proyecto de jornadas de 12 horas y sector informal

Mainer Barboza

Este 27 de julio se publicó en el diario Semanario Universidad un artículo sobre la preocupante situación que se avecina con el proyecto de jornadas de 12 horas, pues nos revela que a pesar de que se ha tratado de restar importancia diciendo que serían pocas las personas afectadas, los estudios están demostrando que estas jornadas podrían afectar hasta al 37% de los trabajadores del sector privado poniendo en peligro la salud y los salarios. Ante esta problemática Mainer Barboza, miembro del movimiento Patriótico por Costa Rica, nos indica su opinión.

Señala una gran preocupación hacia nuestra población informal debido a que el modelo neoliberal se inclina hacia este amplio sector laboral e indica que esto tendrá consecuencias muy graves para un gran segmento de la población que trabaja en la informalidad que es hasta el 43.1% de los trabajadores, porcentaje que sube a más de 50% en otros países. Nos indica sobre cuáles son los objetivos del gobierno con este movimiento:

2 objetivos inmediatos:

1) Desarticulación de la división del trabajo, entonces, no hay estructura salarial y no hay pago de garantías sociales y laborales (seguro social, aguinaldo, vacaciones, extras, otras).

2) Al pasar a jornadas de 12 horas, están «unificando» al trabajo asalariado con el informal; y no me queda duda, que ese resto de días, «disque», 3 días de descanso, pasan a completar trabajo vía informal.

De este modo los 7 días o quizá 6, se completarían 12x 6… 60 horas”.

Programa Alternativas. ¿Qué es un sindicato y para qué sirve hoy en Costa Rica?

El pasado viernes 22 de julio se llevó a cabo el programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, en el cual se conversó sobre los sindicatos y su función en el contexto actual de la sociedad costarricense.

Se contó con la participación de los señores Jouseth Chaves Rodríguez, miembro del Partido de los Trabajadores; Jorge Coronado Marroquín, sociólogo de la Universidad de Costa Rica; Manuel Hernández, abogado; Luis Ángel Salazar Oses, docente jubilado; y la señora Martha Elena Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La señora y señores invitados se refirieron al tema haciendo una fuerte crítica al Estado costarricense y su actuar para con los grupos sindicalistas, alegando que éste no presenta un interés en fortalecer el movimiento, sino que, al contrario, busca desmantelar, por medio de la promoción de leyes y políticas “autoritarias”, los sindicatos en Costa Rica, incluso, que “el Gobierno de la República es peligroso para los intereses del pueblo, [pues] su modelo capitalista y neoliberal está en retroceso”, señaló Luis Ángel Salazar, e instó a una organización sindical; no obstante, Jouseth Cheves acotó que “el país tiene una fuerte respuesta sindical, y limita estos a únicamente al sector público”

También se expuso la importancia del movimiento sindicalista en el país, con el cual se ha logrado diferentes reformas, políticas públicas, garantías sociales y demás elementos propios de las luchas sociales, lo cual no se hubiese logrado sin la organización sindical. En este sentido, Jorge Coronado comentó que “el movimiento sindical jugó un rol importante en la estructuración de la Segunda República, y un ejemplo de ello son las garantías sociales”, aun así, “en Costa Rica se dio una persecución a los grupos sindicalistas, y en el gobierno de Figueres Ferrer se dio una gran disolución de sindicatos, para acabar con la lucha del movimiento obrero”, recalcó Martha Rodríguez.

Finalmente, la señora y señores invitados expusieron la necesidad de que los grupos sindicalistas estén conscientes y al margen de los cambios en los modelos de producción y socialización, a fin de que puedan afrontar positivamente todos los desafíos que se les presente, además, de que son necesarios para el país, puesto que “el código de trabajo define a los sindicatos como organizaciones con un interés público, y con la finalidad de defender la democracia costarricense y el interés público”, indicó Manuel Hernández.

Si desea conocer más acerca del programa o verlo completo, puede consultar el perfil de Facebook del programa.

 

Compartido con SURCOS por Colectivo Reflexión – Acción.

Campaña de divulgación de la Red de Interculturalidad: Costa Rica multiétnica y pluricultural

La Red de Interculturalidad fue creada hace algunos años por docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión (UNA) y de la Sede de Occidente (UCR). Participan también otras personas: estudiantes, gestoras culturales, educadoras, entre otras.

Su principal objetivo es visibilizar la diversidad cultural de la sociedad costarricense. 

Por eso, esta Red considera importante conmemorar el cambio que en el año 2015 se realizó en el artículo 1 de la Constitución Política. Finalmente, después de muchos siglos, se reconoció que somos un país multiétnico y pluricultural. 

Ese cambio debe tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida nacional: en las políticas educativas, migratorias, culturales; en el campo de la salud, del derecho; en las relaciones internacionales, etc. 

Es por esa razón que la Red, con el apoyo de la Universidad Nacional, organizó la campaña “Costa Rica multiétnica y pluricultural”, que se desarrollará entre los días 9 y 20 de agosto. 

La campaña consiste en la difusión, cada día, de una imagen o video sobre el tema de la diversidad cultural de Costa Rica. Con esta campaña se busca contribuir a la superación de todas las formas de violencia cultural que todavía dificultan nuestra convivencia.

 

Compartido con SURCOS por José Mario Méndez Méndez.

Imagen ilustrativa, tomada de la UCR.

¿Legalizar el saqueo? Amnistía para pozos y concesiones de agua: Al respecto del Proyecto de ley n.° 22.709

Observatorio de Bienes Comunes

Actualmente en la corriente legislativa de Costa Rica, se encuentra en camino de discusión el proyecto de ley n.° 22.709 “Amnistía para el ordenamiento de pozos no inscritos y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria”. La cual presenta omisiones importantes en torno a la gestión adecuada del agua.

A partir del Informe de la Contraloría General de la República DFOE-SOS-0109, retomamos algunas de las observaciones que señala este documento, y que nos permite identificar las tensiones que representa la promoción de esta iniciativa.

El proyecto de ley carece de un enfoque integral, dado que presenta un desbalance muy marcado en favor del uso agrícola, omitiendo la necesidad de presentar estudios que permitan determinar y asegurar la no afectaciones de los demás usos del agua, especialmente en torno al Derecho Humano al agua.

Por esta razón, queremos compartirles esta infografía para invitarles a reflexionar sobre algunas dimensiones claves de la ley, y que nos permita discutir la pertinencia de estos abordajes, identificar los privilegios que promueve la ley y quienes son los sectores más vulnerabilizados si esta ley fuera aplicada.

Pueden descargar el documento de la CGR aquí.

UCR: Las pymes del sector agroalimentario en Guanacaste resguardan la cultura alimentaria de la región Chorotega

Rocío González (izq.) y Dunia Méndez forman parte del proyecto de Acción Social de la Sede de Guanacaste, dirigido a mejorar la gestión de las MIPYMES. Foto cortesía Ana María Quirós.

La UCR trabaja en conjunto con actores fundamentales de la provincia para mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades

Desde la incorporación a Costa Rica del partido de Nicoya ocurrida el 25 de julio de 1824, la identidad cultural costarricense no podría definirse sin los aportes culturales, económicos y naturales de esta provincia, sin embargo es una de las provincias con mayor desigualdad, alto desempleo y pobreza.

Según los datos del Banco Central, Guanacaste es la segunda provincia con menor desarrollo empresarial (9.343 empresas) en el 2017. Considerando la importancia de las PYMES y su potencial vinculación con la principal actividad económica de la región (el turismo), la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla en la región Chorotega varios proyectos de acción social, entre los que destaca el ED-3245 Servicios de capacitación y asesoría para micro y pequeñas empresas procesadoras de alimentos (PYMES) en la provincia de Guanacaste.

Su principal objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de PYMES aplicables al procesamiento, control de calidad e innovación de productos alimenticios, para el desarrollo del sector agroindustrial en la región Chorotega. Muchos de estos productos son elaborados con cultivos de la zona.

Con las capacitaciones sobre manipulación e inocuidad de los alimentos, estandarización de procesos, etiquetado y registro, se espera que las PYMES mejoren la calidad y cumplan con los requisitos necesarios para obtener los permisos del Ministerio de Salud que les permitan operar en diversos mercados, y de esta forma se amplíen sus oportunidades económicas, ya que estos productos en su gran mayoría se realizan de forma artesanal.

La carrera de Ingeniería de Alimentos, de la Sede de Guanacaste, ha organizado varios talleres y charlas para las y los participantes del proyecto. Foto cortesía Ana María Quirós.

Según la Licda. Ana María Quirós Blanco, coordinadora del proyecto, desde el 2015 han trabajado en los 11 cantones de la provincia de Guanacaste, no solo contribuyendo al desarrollo de la ingeniería de alimentos y agro industrial, sino también en el rescate de algunos aspectos de la cultura culinaria de la provincia.

Gracias a que en la Sede de Guanacaste de la UCR se imparte la carrera la Ingeniería de Alimentos, se logró que participaran en este proyecto ocho de los 10 docentes de esa carrera, así como estudiantes que por medio del Trabajo Comunal Universitario TC-721 Apoyo a MYPIMES de la provincia de Guanacaste, participan activamente para brindar las capacitaciones.

Rocío González, una de las participantes del proyecto cuyo emprendimiento es la carnicería Jomar, que se ubica en Abangares, recibió asesoría técnica y recomendaciones para cumplir con los requerimientos que solicita el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), así como mejoras en la creación de procesos e inocuidad de los alimentos.

“Elaboramos desde cero los productos, traemos la carne del matadero, hacemos los cortes y elaboramos embutidos, chuletas ahumadas, chorizo chino, tocineta ahumada, pastrana y salchichón jamonado. Nuestro proceso es totalmente natural y lo hacemos de forma artesanal”, concluyó González.

Este proyecto tiene como objetivo el impulso de las MIPYMES en Guanacaste, con el fin de mejorar la calidad de vida en las comunidades locales. Foto cortesía Ana María Quirós.

Por su parte, Dunia Méndez, quien es dueña de un emprendimiento de productos en Hojancha llamado Lácteos DValle, resaltó la formación integral que ha recibido en las capacitaciones y que responde a necesidades concretas adaptadas a la realidad de los productores.

“La capacitación que obtuve fue en cómo realizar la pasteurización de forma correcta, lo cual es muy importante cuando hablamos de productos lácteos, y las temperaturas adecuadas de los cultivos en el caso del yogurt, ya que mi formación en ese campo era muy básica”, indicó Méndez.

Ambas productoras se caracterizan por desarrollar sus productos desde las etapas más básicas de la materia prima, pasando por el envasado o empaquetado, hasta lograr la distribución en el mercado local.

Uno de los principales aportes de Guanacaste al país es su gastronomía y producción agropecuaria. En ese sentido, Ana María Quirós destacó la importancia de la industria agroalimentaria en la provincia, dada la cantidad de PYMES que se dedican a esta actividad y el servicio que le brindan al turismo, que representa la primera actividad económica de Guanacaste.

Así, este proyecto de la UCR contribuye a la economía, la innovación y al rescate de la cultura alimentaria de la región Chorotega.

 

Esteban Umaña Picado
Periodista de la Vicerrectoría de Acción Social, UCR

Efectos de la pandemia en Costa Rica: Retos y oportunidades para el desarrollo económico y social

Desde la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Vinicio Sandí Meza y Sharon Recinos Carvajal realizan el análisis “Efectos de la pandemia en Costa Rica: Retos y oportunidades para el desarrollo económico y social”.

El análisis se encuentra dividido en 10 capítulos, que abarcan aspectos de la política monetaria y fiscal de Costa Rica, eficiencia del estado, política social inclusiva, competitividad en los sectores productivos y la generación de empleos por medio de las energías renovables y la descarbonización de la economía.

Los autores realizan su reflexión desde dos premisas: en primer lugar, afirman que las crisis se traducen en una excusa o una oportunidad para quien las sufre y, en segundo lugar, concluyen que la reactivación económica se debe enfocar en una visión dirigida a crear las condiciones para estar una situación mejor que la situación previa a la pandemia.

Esta investigación es un gran aporte a las estrategias de recuperación nacional y regional post pandemia, ya que plantea que será fundamental que las personas encargadas de diseñar política pública, encuentren un balance tridimensional hacia el desarrollo económico y social. Sugieren un equilibrio entre:

  1. El modelo de desarrollo económico (fortalecer y dinamizar la matriz productiva)
  2. Las políticas fiscales (saneamiento de finanzas públicas y reducción de la deuda) y
  3. Las políticas de inversión social (mantener el Estado Social de Derecho y la paz social), bajo los principios de igualdad, equidad de género y sostenibilidad.

Sobre las personas autoras y la Fundación

Vinicio Sandí Meza es: PhD en Economía para el Desarrollo, de la Escuela de Ambiente, Desarrollo y Sociedad de la Universidad Nacional de Malasia y tiene 18 años de experiencia como Académico e Investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Sharon Recinos Carvajal: es investigadora, analista y docente universitaria. Es egresada del Posgrado en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), con anteproyecto de tesis aprobado. Bachiller en Economía de la misma universidad.

Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung: Ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses. El Proyecto Transformación Social Ecológica y el Proyecto Juventudes Progresistas, son los dos proyectos de trabajo regional de la FES en América Central.

Para más información usted puede ingresar a https://americacentral.fes.de/

Además, puede leer el análisis completo en el archivo adjunto.

¿Debe celebrarse la Independencia el 15 de setiembre o el 29 de octubre?

(29 de octubre de 1821 fecha de la independencia de Costa Rica,

Ensayo de Miguel Rojas, BBB Producciones, San José, 2014)

Por Adriano Corrales Arias

hachaencendida@gmail.com

Con una prosa sencilla pero apasionada y contundente, el historiador y dramaturgo Miguel Rojas Jiménez, nos invita a participar en el debate de la historiografía nacional acerca de la génesis de nuestra independencia y su proceso histórico. Específicamente sobre la delimitación del día en que la naciente república costarricense se independizó de los dominios de España.

Por supuesto, el autor desde el principio nos deja ver muy clara su posición con un epígrafe tomado de la Comunicación del Congreso Provincial de Costa Rica que ratifica el 29 de octubre de 1821 como la fecha de Independencia de Costa Rica, firmado por José María Peralta, Diputado Presidente y Rafael Osejo Diputado Secretario, el 19 de marzo de ese año en Cartago (fuente: Archivo Nacional de Costa Rica).

El alegato de Rojas Jiménez es arduo y parte de una cronología de estudios y fuentes de información como referentes del 29 de octubre de 1821. Luego echa un vistazo a los antecedentes de la independencia y su complejo proceso de correos, cabildos y hechos militares, para comprender el año de 1821, pasando por el estado en que se encontraba la Provincia de Costa Rica (“tierras altas” y Partido de Nicoya). Luego pasa por los hechos políticos y militares que se suceden en Chiapas, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, básicamente.

Y al final remata con un apéndice, donde, punto por punto responde a sus detractores ante un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa para cambiar la fecha de la celebración de nuestra independencia. Así, en una exhaustiva y puntual réplica, señala los supuestos desaciertos del Ministerio de Educación, la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y el Archivo Nacional, según consulta de la Asamblea Legislativa.

El texto cuenta con un anexo importante que va desde cantos para celebrar la Independencia el 29 de octubre, pasando por el Plan de Iguala con la proclama de Iturbide, la Sala 29 de Octubre que existía en el antiguo edificio del Archivo Nacional y la celebración de esa fecha en el mismo archivo en 1979, hasta los datos de la Independencia de Comitán, Ciudad Real y Tuxtla el 3 y 5 de setiembre de 1821, el Acta de Independencia de la ciudad de Guatemala del 15 de setiembre de 1821 (léase bien “ciudad de Guatemala”, ni siquiera de la provincia/país de Guatemala e, incluso, con visos de nulidad dado que no estuvieron presentes todos los delegados), el bando de la Diputación de León del 11 de octubre de 1821, el Acta de Independencia de Costa Rica del 29 de octubre de 1821 y el Acta del pronunciamiento de independencia del Ayuntamiento del Partido de Nicoya el 26 de octubre de 1821.

Antes de ello hemos conocido el hecho importantísimo de la declaratoria del 29 de octubre “como fecha destinada a la conmemoración de la firma y jura de nuestra Independencia Patria”, por parte del gobierno de Daniel Oduber (1974-1978) y firmado por su Ministra de Cultura; Juventud y Deportes y encargada del Despacho de Educación Pública, la recordada escritora Carmen Naranjo Coto, el 3 de octubre de 1975. Aunque este decreto tiene dos pifias, según el autor (habla de la Capitanía General de Guatemala que de hecho y derecho ya no existía y de la Diputación Provincial de León en su comunicado de setiembre de 1821 que no resolvió nada para Costa Rica), es un antecedente fundamental para aspirar a que los costarricenses en un futuro próximo celebremos la independencia de España los días 29 de octubre.

Las conclusiones no dejan duda alguna. Cito: “Concluimos el estudio presente con la certeza de que el 29 de octubre de 1821 es la fecha histórica y jurídica de la Independencia de Costa Rica, así como que es la que señala la soberanía histórica del país, ratificada en el contexto de la época en nuestra primera constitución política, conocida como Pacto de Concordia, el 1º de diciembre de 1821”. Lo anterior, como ya se dijo, basado en un riguroso análisis de documentos de la época y estudios y conclusiones de diversos historiadores e investigadores.

Vale la pena leer este alegato en favor del cambio de celebración de nuestra independencia para que la polémica baje de la élite académica y política a la discusión ciudadana. Así, personas que no somos especialistas, podríamos aportar a la recuperación de lo que Miguel Rojas llama la “soberanía histórica”, pues, al parecer, hemos venido celebrando una independencia errónea, por tanto falsa y artificial, es decir, de antorchas, faroles y desfiles escolares impostados en nuestras más profundas identidades.

Adriano Corrales Arias
hachaencendida@gmail.com

[1] Escritor costarricense

 

Enviado a SURCOS por Adriano Corrales Arias.

Fuente original

El deterioro acelerado de la salud humana

Foto: SITRAPA

Consecuencias del pago por rendimiento

La otra cara del pago por rendimiento es el rápido deterioro de la salud de las personas que trabajan en la agroindustria. El avance del extractivismo agroingustrial en Costa Rica, expresión de la modernidad insostenible, depredadora y colonial, consolida sistemas de trabajo que expresan una alta precariedad.

Frank Ulloa Royo

Veamos un primer ejemplo: la labor de cosechar el coyol* de la palma aceitera esparcido en el suelo, es un trabajo muy duro y esencialmente femenino. El sindicato inicialmente denunció la falta de condiciones higiénicas en las fincas, pero este fue el primer paso.

Esta labor se ejecuta en las fincas, a la intemperie, bajo el sol y con mucha intensidad de trabajo para completar tareas y metas.

Se trata de un trabajo riesgoso, sujeto a múltiples lesiones, picaduras de serpientes, donde también inciden negativamente la forma de organización y las cargas de labor repetitivas.

Las trabajadoras deben caminar por espacios de ocho hectáreas cuando hay poca fruta y permanecer agachadas recogiendo el producto durante toda la jornada. Transportar luego los sacos hasta la carretera, adonde los recoge un mulero con la carreta, a pesar de las limitaciones que establece el Convenio 127 de la OIT sobre peso máximo.

En la Compañía Coto 54, vinculada a la empresa Palma Tica, las trabajadoras empacan sacos de al menos 30 kilos de coyol. La meta mínima es de 320 kilos para completar su salario diario de 10.853 colones (unos 15 dólares diarios o 90 dólares semanales). Si no completan los 320 kilos pueden ser sancionadas.

Cambio salud por dinero
 
Para ganar más que el mínimo hay que recoger kilos adicionales a razón de 32 colones por kilo. Cada kilo adicional es un desgaste mayor después de muchas horas de trabajo.

Por esta forma de pago las trabajadoras intercambian salud por dinero al someterse a las reglas unilaterales de la empresa en cuanto a la intensidad del trabajo. Lo aceptan porque necesitan el empleo al no tener otras alternativas laborales en regiones dominadas por el monocultivo de la palma.

Estas tierras fueron concesionadas a la United Fruit Co. por el gobierno de Costa Rica para favorecer la colonización en su momento. Las empresas las han explotado, junto con sus gentes, por más de cien años y hoy es la segunda región más pobre y desigual del país.

La relación entre trabajo y salud sugiere que las cargas laborales, los patrones de desgaste asociados a la producción, la exposición a altas temperaturas y agrotóxicos, además de la intensificación productiva derivada de la forma de organización, afectan significativamente la salud de los trabajadores de la agroindustria de palma.

Fuera de la ley

Las trabajadoras, casi sin excepción, padecen en poco tiempo dolores osteomusculares (hombros, rodillas, columna y otros).

Los trabajadores del sector deberían ser cobijados por un régimen especial de protección conjugado con políticas de prevención en salud y seguridad en el trabajo y cobertura de protección social.

El trabajo a destajo o por rendimiento debe ser prohibido por las autoridades laborales. Los arreglos directos no son medios idóneos para crear normas y establecer las tarifas. Estas pierden vigencia rápidamente y las trabajadoras son sometidas a explotación laboral y trabajo forzoso, mientras las autoridades vuelven la vista para el otro lado.

Un estado ausente y cómplice

La legislación no regula las cargas y tampoco contempla normativas en cuanto a los pesos, movimientos repetitivos e intensidad del proceso de trabajo que puede realizar una trabajadora o trabajador en el desempeño de su labor.

Si bien la salud ocupacional es de interés público la labor preventiva en esta materia es nula. Menos aún la inspección de autoridades en cuanto a cargas e intensidad del trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debería prevenir todo daño que pueda ser causado a la salud, proteger a las trabajadoras y los trabajadores y mantenerlos en un empleo congruente con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas, según lo determina el Código de Trabajo.

El sindicato SITRAPA, así como la federación (FENTRAGH) y la Rel UITA, continuarán con las denuncias para eliminar el trabajo a destajo en la agricultura porque esta forma de pago es propia del trabajo forzoso y el país ratificó recientemente el protocolo contra estas formas de explotación laboral.

*Nota del Editor: El coyol es el fruto de la palmera que se cae al piso cuando se tiran los grandes racimos y que luego deben ser recogidos. Para ello las trabajadoras deben agacharse realizando movimientos repetitivos a lo largo de la jornada laboral, sin pausas para cumplir con las metas impuestas por el empleador y con consecuencias directas para su salud.

Fuente de información: http://www.rel-uita.org/costa-rica/el-deterioro-acelerado-de-la-salud-humana/

Despidos de Chiquita fueron ilegales

Maikol Hernández | Foto: Giorgio Trucchi.

Con Maikol Hernández

Treinta y nueve meses después del cierre violento del departamento de operaciones portuarias de Chiquita Brands Costa Rica en Limón y del despido de unos 180 trabajadores y trabajadoras, incluyendo a toda la junta directiva sindical, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por la trasnacional y confirmó que el cese de los ocho directivos fue ilegal.

Giorgio Trucchi

Después del violento despido y de una intensa lucha, trabajadores y trabajadoras organizados en el Sintracobal1 demandaron a la transnacional de capital brasileño.

En el caso de los dirigentes sindicales, la demanda fue por despido discriminatorio, violación del fuero sindical y violación de la libertad sindical.

En junio de 2020, el Juzgado del Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica resolvió ‘parcialmente con lugar’ la demanda presentada por los directivos del Sintracobal.

La jueza declaró nulos los despidos, ordenando su reinstalación y el pago de salarios caídos, más intereses e indexación. A la empresa se le impuso también el pago del costo ocasionado en el proceso.

Lamentablemente, el Juzgado del Trabajo rechazó todas las demás demandas.

Tras la decisión de Chiquita Brands Costa Rica de recurrir en casación contra la sentencia, el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia que, el pasado 3 de junio, resolvió declarar sin lugar el recurso, dejando en firme la sentencia de primera instancia.

“La resolución deja sentado dos elementos: que nuestros despidos fueron ilegales porque Chiquita Brands no realizó el procedimiento establecido en la legislación laboral, y que se ordena nuestra reinstalación inmediata y el pago de salarios caídos”, dijo a La Rel, Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal.

“Lo dijimos desde el comienzo de esta lucha que Chiquita estaba violentando derechos y estaba vulnerando las leyes. Finalmente, los tribunales nos dieron la razón”, manifestó.

Pese a la victoria judicial, el largo tiempo transcurrido desde el despido ilegal de los directivos del Sintracobal dificulta su efectiva reinstalación.

“Han pasado más de tres años, durante los cuales la empresa ha cerrado definitivamente el centro de operaciones portuarias y los trabajadores han tenido que buscar otra ocupación”, señaló Hernández.

El dirigente explicó que, actualmente, los otros centros de trabajo que tiene Chiquita Brands son en zonas agrícolas, donde no hay ni sindicato, ni mucho menos convención colectiva.

“Las condiciones actuales para la reinstalación de la junta directiva son totalmente desfavorables, razón por la cual estamos optando por una indemnización adecuada y la no reintegración”, concluyó.

1 Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre.

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/despidos-de-chiquita-fueron-ilegales/