Conferencia Crisis Fiscal: Lo que propone Carlos Alvarado
Este 27 de setiembre, de 4 a 4:30 p.m. Transmisión por Facebook Live
CICDE y Luis Paulino Vargas Solís
Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.
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Etiqueta: crisis fiscal
Pronunciamiento Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
El gremio de Trabajo Social en su devenir histórico, ha jugado un papel medular en la implementación de políticas sociales destinadas a atender las desigualdades sociales, producto del modelo de acumulación. De este modo, el colectivo profesional ha implementado sus procesos de trabajo particularmente con los sectores empobrecidos, en tanto en el proceso de reconfiguración del Estado la tendencia ha sido la de focalizar la respuesta estatal hacia los sectores históricamente más vulnerables y excluidos por razones de clase, género, etnia, grupo etario, solo para mencionar algunos.
Desde esta experiencia histórica somos testigos de primera mano del recrudecimiento de las desigualdades en sus diversas expresiones: empobrecimiento, violencia, desempleo, entre otras. Y, de la rearticulación de la respuesta del Estado, cada vez menos universal, en razón del discurso neoliberal que avanza con gran fuerza bajo el argumento de que el Estado debe reducirse y el llamado “gasto social” debe contenerse.
En este escenario de debate y de convulsión social, asumimos postura en favor de los que menos tienen y rechazamos el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 20.580, llamado popularmente “combo fiscal”, pues consideramos que afecta de manera particular a las personas sujetas de la política social en todos sus ámbitos, particularmente a los grupos más empobrecidos que requieren de la asistencia del Estado.
Ingrese en el siguiente enlace para leer el pronunciamiento completo.
Pronunciamiento Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
Enviado por Luis Alberto Soto.
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Informe de resultados encuesta CIEP sobre actual crisis fiscal
Compartimos el informe de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos, la Escuela de Ciencias Políticas y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Este informe estudia la opinión pública en el contexto actual de crisis fiscal, disponible en: https://www.ciep.ucr.ac.cr/index.php/noticias/94-ciudadania-descontenta-pide-salida-negociada-de-la-s-crisis
Ingrese en el siguiente enlace para conocer el informe:
Informe encuesta CIEP setiembre 2018
*Imagen ilustrativa.
Enviado por Unidad de Comunicación, Centro de Investigación y Estudios Políticos, UCR.
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El Desafío de la Crisis Fiscal con Luis Paulino Vargas Solís
- Facebook Live: «Desafíos de la crisis fiscal»
Ante la urgencia que plantea la situación del déficit fiscal y de la deuda pública, y ante la imperiosa necesidad de llevar adelante un gran diálogo nacional.
Este jueves 20 de septiembre de 2018, a partir de las 3 p.m. Transmisión en vivo por Facebook Live desde la página de Luis Paulino Vargas Solís
Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.
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La estrategia fiscal de Carlos Alvarado: El hexágono de un fracaso anunciado
Luis Paulino Vargas Solís (*)
1)El proyecto de ley sobre reforma fiscal actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa (expediente 20.580) tan solo aportará nuevos ingresos por un monto de alrededor de 1,5% del PIB (valor total de la producción nacional). Recordemos, por otra parte, que para este año el déficit fiscal muy posiblemente sobrepase el 7% del PIB y que, bajos las tendencias actuales, superaría el 8% en 2019. Sumemos los “ahorros” que doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, viene promoviendo, y pongámonos además sumamente optimistas: al cabo, entonces, podríamos hablar de un déficit del 6% en 2019. Es absolutamente imposible que, bajo tales condiciones, se logre frenar el crecimiento de la deuda pública, que es el objetivo mínimo que habría que alcanzar para que la situación fiscal logre emerger del territorio turbulento en que hoy día se mueve. Lograr tal cosa es aún más difícil, teniendo presente el menos que mediocre dinamismo de la economía.
2)El gobierno apuesta, sin embargo, a que aprobado ese proyecto ello servirá como certificado de “buena conducta” que facilite el acceso a financiamiento externo y tasas de interés más reducidas, lo que, a su vez, atenuaría la presión que los pagos de intereses ponen sobre el déficit. Primero, no alimentemos excesivas expectativas: la fama de “buena administradora” de Costa Rica ya está bastante tocada, y el contexto internacional es hoy menos propicio que años atrás, con tasas de interés al alza y corrientes de capital fluyendo de nuevo hacia el norte rico. Pero incluso si apelamos a las hipótesis más optimistas, e imaginamos que se logra colocar deuda externa en condiciones favorables, ello si acaso cubriría la cuarta parte de las necesidades de financiamiento que tendría el gobierno. Quizá se atenúe un poco el efecto, pero podamos dar por descontado que los intereses seguirán jalando hacia arriba el déficit.
3)El dinamismo de la economía, o sea, sus índices de crecimiento, siguen siendo francamente insatisfactorios, con una situación del empleo sumamente deteriorada. En lo fundamental, la situación fiscal que vivimos ha nacido precisamente de esa persistente atonía económica y de los crónicos problemas del empleo. Ello conlleva subvertir las bases principales de las que depende la salud de las finanzas públicas, lo cual se ve agravado por la inequidad de nuestro sistema tributario, los esquemas de exoneración fiscal vigentes y la magnitud del fraude tributario. Por su parte, el ajuste fiscal propuesto, aun siendo limitado, y al ser aplicado sobre una economía muy frágil, tendría un inevitable efecto contractivo, que nos llevaría al borde del estancamiento, agudizaría los problemas del empleo y empeoraría la pobreza. O sea: la propuesta fiscal del gobierno podría estar serruchando la rama sobre la que se sienta: en el intento por extraer recursos de la economía y recortar el gasto público, debilitaría aún más una economía ya debilitada, lo que repercutirá en que, al cabo, los nuevos recursos que se recauden sea menos de los previstos, y el déficit, y por lo tanto la deuda, mayores a lo esperado.
4)El gobierno de Carlos Alvarado ha presentado recientemente diversas propuestas para la reactivación de la economía. Siendo, en general, ideas buenas y necesarias, reflejan confusión respecto de lo que el concepto “reactivación económica” significa. La casi totalidad de lo propuesto, suponiendo que fuese aplicado con rigor y constancia, tendría algún efecto solo al cabo de varios años, y lo que pudiera dar frutos más expeditos (como la simplificación de trámites, infinitas veces mencionada por los sucesivos gobiernos), no tendrían más que consecuencias marginales sobre el desempeño general de la economía. No parece entenderse –lo cual me deja muy perplejo– que la reactivación solo tiene sentido como una cuestión para el corto plazo, un año a lo sumo, como tampoco parece haber claridad sobre cuáles son los mecanismos que realmente pueden reactivar una economía en períodos relativamente cortos. Subrayo: hay que ponerle energía e impulso a la economía ya, ahora mismo, para que ello nos dé el músculo que urgentemente necesitamos para enfrentar el problema fiscal, “sin morir en el intento”. Dentro de los distintos programas anunciados, el que sí es relevante desde el punto de vista de la reactivación es el de inversión pública. Y, según se desprende de las diversas notas de prensa, se trata de montos muy significativos, de hasta más del 6% del PIB. Un programa de obra pública de este tipo –no obstante su excesivo énfasis en lo vial– si podría levantar la economía…a condición de que esa inversión pública se ponga a caminar de inmediato y esté siendo ejecutada en el plazo de pocos meses. Sobre eso, la información disponible no es clara, y teniendo presente –como no podía ser de otra manera– los obstáculos infinitos y la comprobada ineficiencia en la gestión y ejecución de obra pública en Costa Rica, uno no puede alentar mucho optimismo. Más importante que dar cifras muy impresionantes –que es lo que el gobierno ha tratado– hay que explicar muy claramente cómo se romperán esos innumerables cuellos de botella que frenan la inversión pública. Al respecto, el gobierno es omiso. Y, la verdad, yo no veo posibilidad de lograrlo si no es con base en un gran acuerdo y un gran esfuerzo nacional, del que tendrían que ser partícipes –de forma articulada, desprendida y generosa– tanto la institucionalidad pública, como la empresa privada y la ciudadanía organizada.
5)El proyecto fiscal en discusión no solo es limitado en términos de los nuevos recursos que pueda aportar, sino también es retrógrado por sus consecuencias sociales. En la parte tributaria, el núcleo del proyecto es claramente el “impuesto al valor agregado” (IVA), en lo cual el gobierno ha invertido una dosis altísima de capital político. Han hecho incontables malabares para justificarlo. Al cabo, un hecho fundamental sigue siendo incontrovertible: es un impuesto regresivo que agudizará la inequidad social. Decir que es un tributo que “todo el mundo aplica” no aporta mucho. También es cierto que “en todo el mundo” la desigualdad crece y la concentración de la riqueza es cada vez más insultante. La amplísima preferencia por el IVA –que va de la mano con el abandono de la tributación progresiva que sí propicia mayor equidad social– es simplemente parte de ese proceso. El resto de las reformas no alcanzan, ni de lejos, a darle un perfil equitativo a este proyecto: no se logra incrementando las tasas sobre el impuesto al salario que básicamente tocará a sectores medios profesionales asalariados del sector público, mientras que el impuesto a las ganancias y rentas de capital es un mal intento por fingir progresividad donde claramente no la hay. Lo resumo diciendo: este proyecto nació mutilado por el terror que suscita la sola mención de una reforma tributaria justa, progresiva y moderna. Tengamos claro: no es un problema técnico, sino una realidad política: eso, y no más, es lo que permiten los intereses dominantes en la Costa Rica de hoy.
6)El proyecto también incorpora un capítulo llamado de la “regla fiscal”. Analicé esa propuesta con amplitud en un artículo que publiqué en marzo pasado (puede verse aquí). Agrego lo siguiente: esta idea debe ser evaluada a la luz de la “hoja de ruta” que la ministra Rocío Aguilar ha delineado, según la cual en los años sucesivos, el gasto corriente del Gobierno Central (exceptuando intereses) se mantendrá congelado en su nivel de 2018. El presupuesto para 2019, recién presentado, da testimonio de que, en efecto, se quiere cumplir con esa lineamiento. En la medida en que se mantenga esa ruta, al concluir el gobierno de Carlos Alvarado tendríamos una reducción de alrededor del 8 o 9% en el gasto corriente, medido en términos reales, o sea, descontada la inflación. La vigencia de la regla fiscal, en la medida en que efectivamente sea aplicada, ampliaría ese efecto contractivo. El objetivo me parece claro, y lo enuncio no como una observación ideológica, sino como la conclusión a que los datos obliga a llegar: se propone avanzar en un proceso de efectivo achicamiento del Estado, que muy probablemente implicará el debilitamiento, acaso el desmantelamiento, de nuestros sistemas de seguridad social.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED),
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com
Enviado por el autor.
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¿Qué tan endeudados estamos los ticos y cómo nos afecta la situación fiscal del país?
Roxana Morales Ramos*
El creciente deterioro de las finanzas públicas amenaza la estabilidad macroeconómica de Costa Rica. Son varios años los que llevamos discutiendo sobre la urgencia de sanear las finanzas del Estado, más, sin embargo, muchas personas, incluidos algunos políticos, no comprenden la gravedad de la situación y las serias consecuencias que tendría para el país la no aprobación de las reformas necesarias en el muy corto plazo.
Los datos que se presentan a continuación describen mejor la situación mencionada.
El gasto del Gobierno Central como porcentaje del PIB pasó del 15,3% en 2008 al 20,7% en 2017, mientras que la carga tributaria (recaudación de impuestos como porcentaje del PIB), se ha mantenido en cerca del 13% del PIB en los últimos diez años, es decir, existe una insuficiencia de recursos propios para cubrir los gastos y como consecuencia, la deuda del Estado se ha incrementado considerablemente. En 2008 la deuda de Gobierno Central fue de 24,1% del PIB, en 2017 alcanzó el 49,1% del PIB, mientras que para 2018 y 2019, el Banco Central de Costa Rica estima, en su programa macroeconómico, que la misma alcanzará el 53,8% y 58,4% del PIB, respectivamente.
Por su parte, en el presupuesto 2019, recién presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda, se estima un gasto del gobierno equivalente al 29,6% del PIB, financiado en un 53,5% con nueva deuda y solo el 46,5% con ingresos propios. Es decir, el déficit estimado es de 7,9% del PIB para el 2019.
Lo anterior denota la gravedad de la situación de las finanzas públicas y la urgencia de tomar decisiones cuanto antes, es decir, se requiere un ajuste inmediato, para evitar una crisis fiscal que tendría graves secuelas para la economía y para el país en su conjunto.
Una de las consecuencias, en caso de no aprobarse las reformas necesarias, es el incremento que podrían experimentar las tasas de interés y, por tanto, el costo de la deuda para el Gobierno Central y para las empresas y familias en el país.
En este sentido, vale la pena mencionar que el creciente endeudamiento del Estado también se replica en el sector privado. Al analizar los datos del BCCR, el crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado no financiero, en julio de 2018, alcanzó el 58,2% del PIB, es decir, 20,1 millones de millones de colones (en 2007 representaba el 43,2%, por tanto, en los últimos 10 años, la deuda privada ha crecido en casi 15 puntos porcentuales).
Otra forma de observar el creciente endeudamiento de las familias es a través del aumento de la deuda en tarjetas de crédito: según datos del Ministerio de Economía, de 2010 a 2018, la deuda en este tipo de tarjetas se ha duplicado y alcanzó en abril de este año el 3,5% del PIB (1,2 millones de millones de colones); siendo que las tasas de interés de este tipo de créditos rondan el 40% y 50%.
En resumen, a manera de referencia, si sumamos la deuda del Gobierno Central y la deuda del sector privado no financiero (53,8% y 58,2%, respectivamente), no nos alcanzaría toda la producción de bienes y servicios de consumo final (PIB) de todo un año para pagar el principal (saldo de la deuda) y mucho menos los intereses.
Y si a lo anterior sumamos que, del total de la deuda del sector privado no financiero, el 39% se encuentra denominada en dólares y el 61% en colones, y que, cerca del 71% de las personas endeudadas en dólares ganan en colones, según datos de la propia SUGEF; entonces, ante un incremento en las tasas de interés y en el tipo de cambio (depreciación del colón), como consecuencia de no tomar las medidas a tiempo para sanear las finanzas públicas, muchísimas familias podrían ver comprometida su estabilidad económica y con ello la estabilidad del sistema financiero y de la economía como un todo.
En este sentido, a manera de ejemplo, suponga una familia que contrajo un crédito para vivienda por 50 millones de colones, a una tasa de interés del 9% anual, a un plazo de 30 años; actualmente paga una cuota mensual de 402.311 colones. Ahora suponga que la tasa de interés se incrementa en 3 puntos porcentuales y llega al 12%, esto implica que, con el ajuste en la tasa de interés, deberá pagar mensualmente 514.306 colones, es decir, 111.994 colones más. Esta situación evidencia el impacto que podrían sufrir muchas familias, más considerando que del total de créditos otorgados por el sistema financiero al sector privado, a mayo 2018 -según datos del BCCR- el 28% corresponde a créditos para vivienda, el 33% para consumo, el 13% para servicios, el 11% para comercio, y el restante 15% para otros.
Es por lo anterior, entre otras razones, que urge un acuerdo que permita evitar una crisis económica en el país; sin embargo, ese sentido de urgencia no debe ser una excusa para descuidar aspectos importantes como por ejemplo cuáles sectores son los que soportarán el peso de la reforma fiscal. Todos y todas debemos aportar, pero de acuerdo con nuestras posibilidades (riqueza y nivel de renta), para que el país salga adelante, de lo contrario, las consecuencias serán muy negativas para la economía y para la sociedad.
*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por UNA Comunicación.
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UCR toma medidas de contención del gasto para enfrentar crisis fiscal
- Ahorro será de ¢2000 millones anuales
La administración de la Universidad de Costa Rica planteó una estrategia de contención del gasto, con el fin de evitar problemas financieros y estrechez de recursos, debido a las austeras medidas que el gobierno central está tomando para prevenir una crisis fiscal y que afectan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Las medidas las presentó el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, al Consejo de Rectoría Ampliado el pasado 12 de julio, y allí indicó que el ahorro aproximado será de ¢2.000 millones de colones anuales.
El rector manifestó que con estas decisiones se busca garantizar la sostenibilidad y la solidez financiera de la Universidad, institución esencial para el desarrollo de la sociedad costarricense, sin trastocar su actividad sustantiva.
Para las personas funcionarias docentes la propuesta es que de ahora en adelante no se asignen dedicaciones exclusivas, si no tiene al menos el grado académico de licenciatura. En el caso de las personas administrativas, se otorgará a quienes ocupen un puesto que tenga como requisito ser licenciado.
Asimismo, para asignar el incentivo salarial por mérito académico se propone que los porcentajes máximos pasen de un 30% a un 20% en el caso de doctorado y de un 25% a un 15% en el caso de maestría, siempre y cuando las titulaciones respondan a la función que realizan las personas trabajadoras.
Otra de las propuestas es que las suplencias se autoricen únicamente para situaciones de licencia por maternidad, adopción de menores de edad, vacaciones del personal de seguridad y personal clave para el desarrollo de las investigaciones. En el resto de los casos, se podrá autorizar el pago de hasta un 15% de recargo de funciones.
El presupuesto de horas extra se reducirá un 20%, fundamentalmente se disminuirá el pago por este concepto en las secciones de Seguridad y Tránsito. También se propone restringir el pago de tiempo extraordinario a profesionales y jefaturas administrativas.
La partida presupuestaria de combustibles disminuirá en un 30%, así como los gastos en información institucional que disminuirán un 30% y en gastos de capacitación un 20%.
Igualmente no se convertirán plazas docentes a administrativas, se reducirá un 50% en el otorgamiento de licencias sabáticas, se eliminará el 100% de las excepciones de no impartir lecciones y se disminuirán los apoyos para viajes al exterior, entre otras.
Desde al año 2012, la administración ha tomado otras medidas de contención del gasto que han permitido que las finanzas de la institución estén sanas y estables, para enfrentar un panorama económico menos halagüeño.
Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Costa Rica: la tormenta fiscal es asunto muy serio
Luis Paulino Vargas Solís
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
1.La situación económica de Costa Rica en este momento es delicada. Las apuestas son sumamente riesgosas y el panorama extremadamente complejo.
2.Tengamos claro el origen inmediato de la amenaza que hoy enfrentamos: se ha ido agudizando la percepción de riesgo en relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas, con sus previsibles efectos: fuerte presión alcista sobre las tasas de interés que pagan los bonos de la deuda pública, cuya colocación se hace más difícil, lo cual se refleja en el acortamiento de los plazos. Es a eso a lo que llamamos “prima de riesgo”, o sea, un “premio” obligado derivado del mayor riesgo percibido. Quienes usualmente proveen el financiamiento –por ejemplo: fondos de pensiones, bancos y aseguradoras– usufructúan con las urgencias del gobierno. En resumen: la “prima de riesgo” va al alza y constriñe progresivamente los márgenes de maniobra.
3.Puesto que la ortodoxia exige que el Banco Central mantenga sus manos fuera de este juego, ello eventualmente se resolvería como una profecía autocumplida: se teme que el gobierno se vuelva insolvente, y ello produce comportamientos que hacen realidad tal insolvencia. Lo cual también entraña quedar atrapados en las redes de los poderes financieros: bancos, aseguradoras y fondos de pensión incluidos. Pero incluso para estos es un juego perder-perder: el eventual colapso financiero del Estado, posiblemente jalará a toda la economía a la crisis, en cuyo caso seguramente el negocio financiero entrará en una etapa de mucha turbulencia, teniendo en cuenta los altos niveles de endeudamiento privado, incluso en dólares.
4.Frente a este panorama, de tal forma erizado de amenazas, el gobierno de Alvarado maniobra –hace equilibrios al borde del abismo– tratando de “tirar la bola hacia adelante”. Lo hace inmerso en un contexto político complejo y conflictivo, con escasos oxígeno para bucear en aguas tan agitadas.
5.La apuesta va en este sentido: aprobar el proyecto tributario actualmente en discusión (expediente 20.580), para exhibirlo como certificado de “buena conducta”, al modo de pasaporte para obtener financiamiento externo. Hay aquí expectativas heredadas de la administración Solís Rivera: obtener unos $1000 millones del BID y, avanzar en la colocación en los mercados internacionales de bonos en moneda extranjera –usualmente llamados eurobonos –a razón de mil millones de dólares por año, posiblemente por unos cuatro años más, como ya se ensayó en el cuatrienio 2012-2105. Obviamente eso requiere aprobación legislativa, cosa que quizá no sea tan difícil de lograr, una vez se haya cumplido la fase, políticamente mucho más espinosa, de aprobación de aquel proyecto tributario. Las mayorías legislativas no sentirán mucho escrúpulo a la hora de aprobar un endeudamiento externo que se prolonga más allá de sus cuatro años en funciones.
6.Evidentemente el gobierno espera que esto reducirá el pago por concepto de intereses. El efecto positivo podría venir de dos fuentes complementarias. Primero, las tasas de interés en dólares son más reducidas que en colones. Segundo –y quizá más importante– el gobierno juega con la idea de que, aprobado el expediente 20.580, y con esa constancia de presunta “buena conducta” en la mano, se reducirá un poco la “prima” por concepto de riesgo que, como he indicado, va hoy día al alza.
7.Al momento actual, los pagos por intereses ya superan holgadamente el 3% como proporción del PIB, sobre un déficit total que exceden del 6,5%. El endeudamiento externo previsto tan solo cubriría la cuarta parte, o poco más, del total del financiamiento requerido. En este momento, el gobierno necesita financiar más de dos billones de colones (más de dos millones de millones) mediante colación de bonos. Al tipo de cambio actual, $1000 millones colocados en mercados externos rendirían el equivalente a 570 mil millones de colones. Aún quedarían más de 1,5 billones a ser financiados internamente. Es, en el mejor de los casos, un deshago muy parcial. Qué tan significativo resulte, depende crucialmente de un detalle: que la percepción de riesgo realmente ceda, y, con ello, también lo hagan las tasas de interés. Sobre esto volveré luego.
8.La reforma tributaria planteada, en su formulación original (previa a los cambios que se le han introducido), rendiría –según la versión gubernamental– un monto de nuevos ingresos equivalente a alrededor de 1,7% u 1,8% del PIB, en el mejor de los casos. Siendo sumamente optimista sobre la posible reducción en el pago de intereses, quizá estemos hablando de una reducción total del déficit en 2,5 puntos porcentuales o poco más. Bajaría entonces a aproximadamente un 4,5% del PIB, aunque los plazos en que ello pueda lograrse no son claros. Incluso en esta hipótesis –quizá la más optimista concebible– es muy dudoso que se logre estabilizar la deuda, que es el objetivo mínimo al que habría que aspirar. El muy mediocre crecimiento de la economía, suponiendo que se logre mantener en los niveles actuales (lo cual es en sí mismo dudoso), bastaría para hacer que, con ese nivel de déficit fiscal, la deuda siga creciendo.
9.Sin embargo, lo anterior tiene sentido dentro de presunciones bastante positivas. Es fácil imaginar evoluciones donde ese cielo azulito, empiece a cubrirse de nubarrones.
10.Primero, se hace necesario suponer que, tanto a lo interno como a nivel internacional, la aprobación del mencionado proyecto tendrá una recepción positiva, y que aflojará la ansiedad que ha ido creciendo en relación con la situación fiscal de Costa Rica, de forma que las tasas de interés cedan. Puede que en lo inmediato se registre ese efecto, pero su perdurabilidad dependería en alto grado de que se constate que hay una evolución hacia una reducción efectiva de los desequilibrios fiscales, sobre todo, y como mínimo, que se logre estabilizar la deuda. Reitero: es muy dudoso que ello se dé, dentro del arreglo de medidas actualmente planteadas.
11.Pero además, debemos recordar que la evolución de las tasas de interés a nivel internacional, no es hoy la más propicia. La Reserva Federal de los Estados Unidos –el banco central más poderoso del mundo– claramente ha definido una ruta ascendente: ha venido subiendo su tasa de interés de referencia, gradualmente, pero de forma cada vez más resuelta. Todo parece indicar que esa tendencia continuará. Mucho de la turbulencia que ha golpeado las monedas de Turquía y Argentina, tiene que ver con esto. Dicho en otros términos: los flujos de capitales financieros tienden a moverse de nuevo hacia las grandes economías del norte, y ven como con menos interés y mayor recelo los países del sur.
12.O sea: la eventual colocación de bonos en los mercados internacionales enfrentará un ambiente menos propicio que aquella realizada en los años 2012 a 2105: habrá menos abundancia de capitales y tasas de interés más altas. Con el agravante de que no será fácil limpiar la estela de desconfianza que han ido sembrando estos años de persistente y creciente desequilibrio fiscal.
13.Por otra parte, el ajuste fiscal propuesto vía aumento de impuestos y reducción de gastos, no será anodino: inevitablemente repercutirá negativamente en el desempeño de la economía, sobre todo porque se aplica sobre una economía atrapada, desde hace ya un decenio, en una especie de anemia crónica, y con problemas del empleo muy graves. Con un crecimiento que penosamente logra sostenerse en el rango del 3-4% anual, se extraería el equivalente a un 2,5-3% de poder adquisitivo y, por lo tanto, de demanda efectiva. Inevitablemente el crecimiento se resentirá. Habrá estancamiento, quizá recesión.
14.Es esperable que conforme el dinamismo económico desfallezca, también lo harán los ingresos fiscales adicionales que el gobierno logre captar. Terminará por recaudar menos de lo previsto, y el desbalance fiscal será mayor a lo esperado. En cuyo caso, las perspectivas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas volverán a ser sombrías, suponiendo que en algún momento inicial se hubiese logrado mejorarlas un poco. Con una economía moviéndose cerca del estancamiento –quizá en terreno negativo– es prácticamente inevitable que la deuda siga al alza. Ya para entonces el chantaje de los intereses financieros –vía una “prima de riesgo” cada vez más asfixiante– se habrá agudizado severamente.
15.Pero incluso la esperanza de lograr una mejora inmediata en la percepción acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica podrían fallar. Es decir, no podemos descartar que la impresión que se cause a nivel internacional no sea tan favorable como están esperando, por lo que el financiamiento que se querría lograr, no llegaría con tanta facilidad. La evolución actual a nivel mundial, de las tasas de interés y de los flujos de capital, reforzarían esta hipótesis menos positiva.
16.Existen otras opciones por examinar, más allá de la estrategia que el gobierno de Carlos Alvarado propone. La de “no hacer nada”, que parece entusiasmar a mucha gente, es una de ellas. Es una opción que tiene una “ventaja”: nos llevará a una crisis severa en un plazo muy corto. Todavía una segunda opción es la que apunte a un ajuste fiscal dosificado inteligentemente, de forma que la base fundamental del proceso se asiente en una vigorosa reactivación de la economía. Solo así podría lograrse una solución sostenible y perdurable, sin precipitar a la economía en una crisis, cuyas consecuencias humanas serán inevitablemente dolorosas. Pero lograr tal cosa exige un grado de sensatez y generosidad, un sentido de justicia y una dosis de diálogo y desprendimiento, que, en la babel caótica que Costa Rica es hoy, pareciera iluso e inalcanzable.
17.¿Podría darse un colapso repentino con una devaluación pronunciada y fuga de capitales? Bajo la estrategia actual que ensaya el gobierno de Alvarado, ello se podría posponer en el tanto se logre (lo cual no está garantizado) el efecto deseado en términos de un aflojamiento de la ansiedad –hoy día al alza– suscitada por las dudas que deja la situación fiscal. Pero, como he tratado de explicar, esta propuesta gubernamental adolece de limitaciones importantes, por lo que, al cabo, y en el mejor de los casos, podría tan solo posponer la crisis, no conjurarla. Queda el consuelo de que el Banco Central posee un acumulado significativo de reservas monetarias, para amortiguar el efecto sobre el tipo de cambio. Y, sin embargo, las vulnerabilidades de nuestra economía son múltiples y se entrelazan en un tejido problemático, plagado de puntos débiles que fácilmente podrían romperse (al respecto véase lo que he escrito, por ejemplo aquí y aquí).
Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.
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Administración Alvarado: La economía como acto circense de magia
Luis Paulino Vargas Solís (*)
La política económica en el gobierno de Carlos Alvarado, responde, con disciplinada fidelidad, al recetario ortodoxo de la economía neoclásica. Ésta ha sido sometida a una crítica teórica devastadora y naufraga estrepitosamente en su escrutinio frente a los datos de la realidad. Es, sin embargo, el zombi que, como en acto de prestidigitación, conduce hoy la economía de Costa Rica.
Repasaré enseguida algunas de esas ideas peligrosamente desatinadas.
Los olvidos de El Financiero
En su editorial de la edición de la semana 30 de junio al 6 de julio –“Crecimiento y empleo”– este semanario discute acerca del desfalleciente crecimiento de la economía costarricense, y los problemas del empleo. De entrada formula dos preguntas retóricas: “¿De dónde proviene la pérdida de impulso en la actividad económica del Costa Rica? ¿De la economía externa o de la demanda interna?”. La respuesta era fácil de anticipar: el problema surge desde lo interno, porque en lo externo todo camina fabulosamente bien. Afirman entonces que si no hemos caído en recesión es “…gracias al impulso del motor externo de la economía”.
En rigor esto último es falso, porque el sector externo no solo está conformado por las exportaciones sino también por las importaciones, y el efecto neto depende del balance entre unas y otras, el cual sigue siendo negativo. Es decir, las importaciones superan a las exportaciones, lo que reduce el crecimiento de la economía.
Ahora, que si lo que se desea es resaltar la expansión exportadora que, en conjunto, casi triplica el crecimiento del resto de la economía, llama la atención que omitan preguntarse ¿por qué ello no se refleja en mejoría alguna del empleo? ¿Cómo es que en medio de tanto dinamismo exportador, la situación del empleo, de por sí calamitosa, lejos de mejorar, se sigue deteriorando? La respuesta tendría que reconocer lo que la realidad dice a gritos: que, como tendencia dominante, el sector más dinámico de las exportaciones, es el que goza de las condiciones especiales que conceden las zonas francas, cuya capacidad de generación de empleos es insignificante. Insignificantes los empleos que aporta directamente, como también los que propicia en forma indirecta, puesto que sus ligámenes con el resto de la economía son sumamente limitados.
Y, por favor, guárdense el manoseado argumento de que esas exportaciones de zona franca demandan calificaciones que la mayor parte de trabajadoras y trabajadores no poseen, lo que les impide emplearse ahí. Porque si eso fuera cierto, quedarían atrapadas en un cuello de botella que asfixiaría ese crecimiento que exhiben, ya que no encontrarían a quien contratar. Pero eso evidentemente no ocurre, ¿o acaso no es imagen familiar ver filas kilométricas de personas buscando colocación cada vez que se anuncia una “feria de trabajo”?
Pero igual vale preguntarse ¿Y cómo es que tan formidable dinamismo exportador no contribuye a aliviar, ni siquiera poquito, el problema del déficit fiscal? Lo cual ratifica que, contrario a la mentira que se ha querido vender, el aporte de las transnacionales de zona franca al fisco es menos que irrelevante.
Pero si uno observa que la inversión empresarial de tipo productivo, está prácticamente en depresión, todavía cabe otra pregunta ¿cómo es que el sector exportador anda tan boyante sin que ello dé impulso a la inversión? Seguramente estas empresas exportadoras tenían una considerable capacidad ociosa que les ha permitido incrementar la producción sin invertir gran cosa, pero es notable que tanto dinamismo, no se refleje tampoco en la inversión de otros sectores y empresas fuera de zona franca. Lo cual reafirma lo que ya dijimos: que entre estas últimas y el resto de la economía, no hay nexos significativos.
El villano de la película
Omitir todas estas incómodas consideraciones, es conveniente para los ideólogos de El Financiero. Primero, para evitar interpelaciones “inapropiadas” acerca de las graves falencias de “su” modelo neoliberal. Pero también para dirigir los misiles hacia donde les interesa: afirmar que el financiamiento del déficit fiscal hace subir las tasas de interés, lo que presuntamente explica que el consumo de la gente se frene y la inversión de las empresas se retraiga.
La idea subyacente a esa aseveración ha sido ampliamente debatida a nivel teórico. La economía crítica –en especial la corriente poskeynesiana– ha demostrado que es errónea y falaz. Tendría algún mínimo sentido, si viniéramos atravesando una situación de vibrante bonanza económica, con encendida demanda de crédito tanto por parte de las empresas (para invertir) como de las personas consumidoras. Un pálido remedo de tal cosa se vivió hacia 2015, favorecido claramente por la baja de los precios de los combustibles, pero rápidamente empezó a dar signos de agotamiento, que han hecho que el crecimiento de la economía venga cuesta abajo prácticamente desde inicios de 2016. Entender esto en serio, más allá de tanta basura ideológica, obligaría a reconocer que, ante los graves problemas del empleo y el perdurable estancamiento de los salarios, la gente ha optado por fugarse hacia el crédito para consumo. Con ello crece la deuda privada que, a estas alturas, ha llegado a ser lo suficientemente agobiante como para obligar a las personas y familias a “socarse la faja”, lo cual se refleja en el declinante dinamismo del consumo.
Por su parte, el sostenido movimiento declinante de la inversión empresarial –que inicia un decenio atrás– está seguramente vinculado a problemas de competitividad y rentabilidad, lo cual está vinculado a factores diversos: infraestructura, limitada capacidad de innovación empresarial, bajos niveles de productividad, crédito caro (producto, desde hace mucho, del rentismo e ineficiencia del sistema financiero costarricense y no del déficit fiscal). Y, desde luego, el peliagudo tema del tipo de cambio.
En todo caso, es fácilmente demostrable que el aumento de las tasas de interés durante el segundo semestre de 2017, en particular la tasa básica pasiva a la que muchos créditos están vinculados, ha sido fruto de las decisiones directas del Banco Central. Las necesidades de financiamiento del déficit fiscal estaban presentes en ese momento, como también ahora, pero en este 2018 las tasas han dejado de subir en el tanto el Banco Central ha dejado de empujarlas hacia arriba. Es que, por ahora, logró lo que quería: terminar de ahogar la economía y el empleo para tirar abajo la inflación.
Contrario a la cantinela de estos ideólogos, el déficit fiscal no ejerce presión sobre las tasas de interés, porque las condiciones generales de la economía frenan el gasto privado. En otra nota de La Nación (Gobierno sobrepasó en 67% captaciones anunciadas para el primer semestre) no les quedó de otra sino reconocerlo: “(l)o llamativo de la situación del primer semestre es que, a pesar de que Hacienda captó mucho más de los que anunció, no ejerció una presión importante al alza sobre las tasas de interés”. Claro, ello resulta “llamativo” para quien razona desde el desnudo prejuicio ideológico.
El ojo de Sauron
En medio de tanta superchería e ignorancia, ya no extraña que el discurso derive hacia el amarillismo más recalcitrante. Así en otra nota de La Nación: OCDE: Viviremos ‘terribles consecuencias’ por la crisis fiscal, jóvenes serán los más perjudicados. Ponen aquí a hablar –el percudido argumento de autoridad– al jefe de la División Económica de la OCDE. Como parte de la diatriba alarmista, este sujeto, portugués y de apellido Pereira, miente descaradamente acerca de los orígenes de la crisis en su país. Además se habla de una política de austeridad que deberá lograr un ajuste fiscal (reducción gasto público + reducción gasto privado) del 4% del PIB. Con una economía que crece menos del 3%, ello podría llevarla al estancamiento, quizá la recesión. Hablando de crisis, he ahí el probable detonante de la esa crisis.
Al final de esa nota, la ministra Rocío Aguilar alucina que con “la reforma” fiscal, se logrará generar “confianza…de inmediato”. No sé si ella tendrá idea de la teoría detrás de tal disparate. En cualquier caso, es una teoría fantasiosa y perfectamente desprestigiada.
Resumo: todo esto no pasa de ser un sonrojante acto circense de magia.
(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED)
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Resolver el problema fiscal y no morir en el intento
Luis Paulino Vargas Solís (*)
Consideraciones generales
1) Costa Rica necesita encontrar una solución para el problema del déficit fiscal, cuyos riesgos principales derivan del crecimiento de la deuda, el estrujamiento que ésta pone sobre servicios públicos esenciales y, en especial, las presiones internacionales que todo esto trae consigo.
2) Hablar de déficit fiscal y deuda pública, inevitablemente evoca la idea de “exceso”, de donde se desprende el convencimiento de que es necesario “socarse la faja”, y optar por la austeridad y la contención. Es un “sentido común” muy popular que, dependiendo de las condiciones económicas, puede constituir un grave error.
3) En el período posterior a 2008, ciertamente ha habido un crecimiento de los gastos que excede del crecimiento de la producción nacional. En principio (años 2009-2013) la presión alcista venía principalmente de los rubros de remuneraciones y transferencias. Posteriormente su crecimiento se modera un poco, pero, en cambio, se disparan los gastos por intereses.
4) Con la crisis de 2008-2009, la capacidad de recaudación del Estado se cayó y jamás logró recuperarse, lo cual también abrió un hueco considerable en las finanzas públicas.
5) Durante todo el período posterior a 2008, la economía de Costa Rica crece alrededor de un 25-30% por debajo de sus estándares históricos de largo plazo (período 1983-2008). Por ello, hoy es alrededor de un 14-15% más pequeña de lo que sería si hubiese logrado reinstalar aquellas tendencias históricas. Ello ha tenido dos consecuencias dañinas: agrandó el efecto relativo del aumento de los gastos públicos, y debilitó los ingresos desde sus raíces más fundamentales, toda vez que la anemia crónica de la economía –sobre todo en un contexto de agudos problemas del empleo– inevitablemente impacta sobre la progresión de los ingresos que el gobierno logra captar.
6) En la Costa Rica actual, hay una enorme cantidad de personas que, por más que quisieran, no pueden contribuir con el pago de impuestos, porque o no tienen trabajo o el que tienen es muy mal remunerado. De ahí que podamos decir que más que gastos en “exceso”, lo que tenemos es ingresos insuficientes. Pero se nos propone recortar gastos, poniendo en riesgo el desarrollo futuro del país y creando condiciones para el ahondamiento de la desigualdad, o bien aumentos de impuestos cuyo inapropiado diseño podría hacer que gente que hoy sí tiene trabajo y sí paga sus impuestos, pierda ese trabajo y deje de pagar esos impuestos. Por cierto, los recortes de gasto también harían que la economía, que ya viene lenta, termine de quedar varada, empeorando entonces el empleo y debilitando aún más la recaudación de impuestos.
7) Recortar gastos públicos tendría sentido, si pudiéramos tranquilamente afirmar que todas las necesidades y demandas de la ciudadanía están satisfechas de sobra. Sin la menor duda, no es el caso. Lo cual no niega que haya ineficiencias, entrabamientos burocráticos e incluso vicios y excesos, que deben corregirse. Pero corregir para mejorar es algo muy distinto que mutilar.
8) A lo cual debe sumarse el hecho de que el sistema tributario de Costa Rica está de cabeza: quienes más tienen no contribuyen como se debiera (de hecho defraudan al fisco con pasmosa regularidad), lo que debilita aún más la capacidad recaudatoria del Estado y ahonda la injusticia y la desigualdad.
En resumen estamos necesitando:
- Condición sine qua non: Reactivar vigorosamente la economía y, sobre todo, el empleo.
- Avanzar hacia un sistema tributario realmente justo, progresivo, asentado en un diseño moderno.
- Llevar adelante una reforma del Estado sustantiva, que permita levantar la productividad, la calidad, eficiencia, calidez y eficacia de los servicios públicos y de la institucionalidad pública en general. Esto demanda un proceso participativo y democrático de diálogo transparente, generoso y muy patriótico.
Para reactivar la economía y el empleo
1. No existe ninguna fórmula milagrosa, y definitivamente no se resolverá con las groseras simplezas que se han venido proponiendo (capacitación en el INA; crédito de banca para el desarrollo; “formalizar ‘a güevo’ la informalidad”, etc.).
2. La economía y el empleo podrían reactivarse si se lograran activar una o varias de las siguientes fuerzas impulsoras:
- El consumo de la gente (muy improbable, dado el estancamiento de los salarios, los gravísimos problemas del empleo y los altos niveles de deuda de personas y familias).
- La inversión productiva de las empresas (difícil en el tanto no hayan mercados dinámicos que justifiquen producir más, ni se subsanen los problemas de competitividad –recordemos que estamos en un contexto capitalista– que afecta a buen parte de la planta empresarial costarricense).
- Las exportaciones y el turismo: ya se han dinamizado tanto como era posible en un contexto mundial algo más favorable. Sin embargo, y dado que el grueso de ese dinamismo se concentra en las zonas francas, el efecto positivo para el resto de la economía –inclusive el empleo y las finanzas públicas– ha sido insignificante.
- La inversión pública: la cual se mantiene varada, en parte por rigideces burocráticas jamás resueltas, en parte por decisión política derivada de las medidas fiscales de austeridad.
3. De las anteriores, la única opción susceptible de un manejo político directo en el corto plazo, es la inversión pública: darle un buen empujón, planificada de forma tal que, hasta donde resulte posible, maximice su capacidad de generación de empleos y el uso de insumos de producción nacional, lo que a su vez maximizará el efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Esto se dice fácil, pero es mucho más complicado de llevar a cabo. De hecho, solo es posible con base en un gran acuerdo nacional para:
- Romper cuellos de botella burocráticos y facilitar una fluida coordinación institucional;
- Desanudar “amarres” legales;
- Aprovechar expeditamente todos los fondos externos disponibles que no se están utilizando, y movilizar recursos financieros actualmente existentes en fondos de pensiones y asociaciones solidaristas;
- Establecer un compromiso efectivo y real de cooperación –generosa, patriótica y transparente– entre las diversas instituciones públicas, organizaciones ciudadanas y también las empresas privadas, en especial las que puedan participar en los contratos de construcción de obra pública.
4. Se podría intentar asimismo tratar de reanimar la inversión privada, mediante la orientación prioritaria del crédito y la reducción de las tasas de interés, aunque dadas las condiciones adversas a las que brevemente hice referencia, ello en lo inmediato no sería fácil de lograr.
5. Medidas de carácter más focalizado y puntual podrían contribuir a dinamizar la economía en regiones más deprimidas y empobrecidas:
- Promoción del turismo interno.
- Facilitación de mercados regionales para productos agropecuarios, artesanales y de pequeña industria.
- Fortalecimiento de las cadenas de comercialización que facilite el que esas producciones locales alcancen los mercados urbanos masivos.
6. Todo lo anterior sentaría las bases para un esfuerzo más amplio, que se prolongaría a mediano y largo plazo, encaminado a refundar nuestro aparato productivo sobre nuevas bases que, asimismo, cree las condiciones para un dinamismo sólido y perdurable:
- Mayores niveles de productividad, con más valor agregado en la producción, densos encadenamientos productivos y mayor contenido de conocimiento.
- Una economía más diversificada, capaz de aprovechar plenamente sus potencialidades y dotación de recursos productivos, incluyendo las especificidades de cada una de las regiones.
- Con un desarrollo regionalmente equilibrado y socialmente inclusivo, que democratice la propiedad, abra posibilidades para la participación de las mujeres y distribuya los ingresos equitativamente.
- Capaz de aprovechar mejor los mercados internacionales a los que hoy se tiene acceso, y de proyectarse a nuevos mercados, hoy escasamente explorados, y que busque maximizar las posibilidades de integración económica, cooperación, inversión conjunta y comercio a nivel centroamericano.
- Construido de forma democrática y participativa, desde las regiones, las municipalidades y las diversas organizaciones ciudadanas.
- Meticuloso en grado sumo en todo lo que signifique el cuido de los equilibrios naturales.
- Asentado, por lo tanto, en una matriz energética renovada, basada en fuentes limpias.
Reforma tributaria de fondo, moderna, justa y progresiva
1. La reforma tributaria actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa es, en el mejor de los casos, un parche mal puesto y, en el peor, otro retroceso que agrava la inequidad del sistema tributario costarricense. En su mayor parte lo que hace es sustraer recursos del bolsillo de grupos medios y pobres, lo que debilitará aún más el consumo privado y, por lo tanto, ralentizará aún más la economía. La han justificado aduciendo que facilitará tener acceso a créditos externos por $1000 millones. Al momento de escribir esto se ha dado a conocer además, planes para la colación de bonos en los mercados financieros internacionales por $4000 millones. Con ello, sin embargo, lo que se hace es admitir que el problema no está siendo resuelto y que se opta, una vez más, por patear la bola hacia delante, pero además eligiendo la vía que mayor vulnerabilidad puede generar en el mediano y largo plazo: la emisión de deuda en una moneda extranjera que, por lo tanto, Costa Rica no emite ni controla.
2. Teniendo en cuenta que el discurso oficial magnifica las amenazas asociadas al actual problema fiscal, lo que entonces corresponde, de forma proporcional, es exigir que este sea el momento para un verdadero acuerdo nacional alrededor de una reforma sustantiva, y dejar de perder el tiempo con anodinas vagabunderías.
3. Una reforma tributaria seria, debe diseñarse a partir de un criterio central ineludible: que cada quien contribuya según sus posibilidades efectivas, y que los grupos sociales más vulnerables sean protegidos. Esto, que es un imperativo ético y humano ineludible, también es una condición de viabilidad, e incluso una consideración pragmática y de sobrevivencia política. Es así por una cuestión de indispensable legitimidad política, y para empezar a revertir la desigualdad y toda la peligrosa involución que pone en peligro y amenaza destruir la democracia costarricense.
4. Esta reforma debería diseñarse y aplicarse de forma compatible con los esfuerzos de reactivación de la economía y el empleo. Ni cualquier reforma ni cualesquiera tributos resultan entonces apropiados. Evitar, por lo tanto, y en lo posible, los impuestos que compriman el consumo de grupos medios y populares, como los que pudieran penalizar la inversión productiva y frenar la necesaria creación de empleos. Por ello deben priorizarse tributos sobre altos ingresos personales, formas pasivas de riqueza personal, consumo conspicuo, actividades socialmente dañinas y ambientalmente perjudiciales, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
5. Equidad horizontal y vertical: es decir, pagarán más quienes más riqueza tienen y mayores ingresos perciben, pero, al mismo tiempo, pagarán igual quienes reciben montos similares de ingreso o controlan cuantías similares de riqueza, independientemente de la fuente de aquellos ingresos o de las características de esta riqueza.
6. Una mayor progresividad sobre los ingresos personales: escalas del 15% en adelante, hasta una tasa marginal del 50% para ingresos muy altos (mayores a 10 millones al mes). Se aplicaría tanto a ingresos provenientes del trabajo, como a ingresos de capital o patrimoniales, a las mismas tasas progresivas. Por ello mismo es importante avanzar hacia la puesta en vigencia del llamado principio de “renta global”, de modo que se tribute sobre la totalidad de los ingresos que una persona recibe, y que se apliquen tasas progresivas y uniformes, independientemente del tipo de ingresos de que se trate.
7. Impuestos sobre grandes herencias, gravadas como un impuesto progresivo sobre ingresos de capital a lo largo de un período suficientemente largo, según las mismas tasas progresivas que se aplicarían a los ingresos del trabajo o del patrimonio o capital, pero a partir de un monto mínimo de herencia (por ejemplo: 200 millones de colones).
8. Impuesto progresivo sobre riquezas o patrimonios personales acumulados (que podrías oscilar entre 0,5 y 1,5% anual), a partir de un mínimo que podría ser de 300 millones de colones.
9. Sobrecargo del 10% sobre impuesto a la renta empresarial para actividades que generen efectos sociales y/o ambientales indeseables.
10. Elevación del impuesto selectivo de consumo al 20% sobre las diversas formas de consumo conspicuo o formas de consumo que propicien la generación de gases de efecto invernadero: autos de lujo; yates; jets privados; joyas; pinturas de muy elevado precio; bebidas alcohólicas muy caras; perfumes exquisitos; etc. Algo similar se aplicaría sobre formas de consumo dañinas para la salud (la comida chatarra, por ejemplo), o para el ambiente (el plástico, por ejemplo).
11. Aprobación del IVA con una tasa del 13%: en la medida en que haya voluntad política de avanzar en una reforma tributaria realmente justa y progresiva, podría justificarse políticamente la aprobación del IVA, sin modificar su tasa actual, con tasas preferenciales para aquellos bienes y servicios considerados prioritarios desde el punto de vista social, y procurando afinar y maximizar las posibilidades del IVA como mecanismo para el control cruzado del fraude fiscal. En todo caso, la aplicación del IVA se pospondría por un plazo de dos años a fin de que no entorpezca los esfuerzos de reactivación de la economía.
12. Combatir decididamente el fraude fiscal: la evitación del pago de impuestos, hasta por un monto que excede del 8% del PIB (según algunos estudios), es a todas luces excesivo, sobre todo cuando la carga tributaria (monto de impuestos respecto del PIB) apenas llega al 13%. Al respecto, cabe considerar políticas como las siguientes:
- Definir metas cuantitativas explícitas de reducción del fraude, a razón, por ejemplo, del equivalente al 0,75% del PIB al año.
- Reforzar el personal de la administración tributaria y elevar sus niveles de calificación.
- Elevar la calidad de la infraestructura informática y tecnológica.
- Reformas legales que permitan levantar los velos que encubren la riqueza y los ingresos de las personas y familias más adineradas. Es indispensable que se instale en nuestra cultura la convicción de que la transparencia en materia tributaria es un muy básico deber ciudadano.
- Una política de Estado que promueva una vigorosa cooperación internacional para combatir y sancionar el fraude fiscal, con la meta de llegar a la total proscripción de los paraísos fiscales.
Reforma del Estado sobre bases dialógicas y participativas
1. El sector público de Costa Rica no es excesivamente grande. Por el contrario, es pequeño: lo es respecto de lo que es usual en los países de más alto nivel de vida en el mundo, como claramente lo es respecto de las necesidades y demandas de la ciudadanía, del desarrollo de la economía, la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva, y el logro de una efectiva protección de la naturaleza.
2. Revolución de la productividad en el sector público costarricense: es un completo desatino ideológico hablar de recorte o reducción. Lo que corresponde es centrar el esfuerzo en el logro de mayor eficiencia y eficacia; mayor calidad y calidez en los servicios; fluidez organizativa y cooperación interinstitucional; combate enérgico a cualquier forma de corrupción.
3. Es seguramente necesario entrar a estudiar los sistemas de contratación y remuneración en el sector público. Hay incoherencias y algunos excesos, sin que esto signifique que deba imponerse criterios estándar, inapropiados puesto que distintas instituciones atienden distintos problemas y tienen distintos requerimientos. Es indispensable llevar adelante este proceso de forma dialógica y respetuosa, con generosidad y ánimo constructivo por todas las partes. El interés central debería ser uno: tener un personal altamente calificado y muy motivado, comprometido y productivo, remunerado de forma apropiada.
4. ¿Realmente se requiere –como alguna gente lo plantea– fusionar instituciones? No lo creo, o a lo sumo podría tal vez justificarse en casos muy calificados. Lo que sí se requiere es mejorar sustancialmente los mecanismos de cooperación, diálogo y articulación, lo cual también supone desanudar trabas burocráticas y airear espacios feudalizados.
5. Por ello mismo, se requiere reforzar decididamente los dispositivos de rendición de cuentas, participación democrática y control ciudadano. El Estado costarricense debe ser mucho más democrático y el debate sobre las políticas públicas mucho más transparente y participativo, y mucho mejor informado. Costa Rica no puede darse el lujo de permitirse ninguna involución democrática. Por el contrario, nuestro objetivo debe ser avanzar hacia una democracia más plena y participativa, realmente pluralista.
(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.
Enviado por el autor.
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