El 3 de octubre del año en curso, el Papa Francisco dio a conocer su tercera encíclica bajo el título: “Hermanos todos” (“Fratelli Tutti”). Se trata de una bocanada de aire fresco en estos difíciles tiempos que corren en nuestro país y en todo el mundo.
Como lo indica el Papa en su esclarecedora encíclica, “cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades”. Nunca antes en tiempo cercanos, la humanidad se ha mostrado tan frágil, en ofrecer una respuesta unificada, basada en la colaboración. “Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos”, diagnosticó el Pontífice latinoamericano. El individualismo le ha estado ganando la partida al esfuerzo solidario.
En varios de los 287 numerales que componen el documento, el Papa Francisco critica las políticas neo-liberales, que han posibilitado la concentración de la riqueza en pocas manos al mismo tiempo que mayorías se empobrecen y se hacen más amplias las desigualdades sociales. “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”, advierte sabiamente el Papa.
Esta idea que venía preconizando el Papa antes de la pandemia, ha cobrado mayor sentido en estos días de grave emergencia sanitaria. Las políticas neo-liberales destruyeron completamente o debilitaron los sistemas de salud pública en muchos países. Y ahora ante la emergencia, esos países han contado con bases más débiles para enfrentar la devastadora epidemia universal.
Si en Costa Rica, se hubiesen impuesto este tipo de políticas en el campo de la salud, la Caja se hubiera convertido en una institución menor, en peligro de extinción, mientras tanto hubieran ganado protagonismo empresas privadas vendedoras de seguros, convirtiendo la salud no en un derecho para todas y todos sino en un artículo meramente lucrativo. Independientemente de las políticas adecuadas o erradas del Gobierno para la atención de la pandemia, el contar con la Caja es clave para salir adelante en el horizonte de incertidumbre que tenemos por delante y una vez que sea superada la emergencia sanitaria.
La encíclica exhorta a los gobiernos y a los gobernantes a impulsar políticas y acciones, basadas en la fraternidad y la hermandad. Sólo juntos podemos salir adelante como pueblos, es el mensaje del Papa. Lo que dice esta voz sabia, potente y sensata, ante la grave crsis que enfrenta el país, debe ser tomado en cuenta por el Ejecutivo, por las y los diputados, y por el sector empresarial, particularmente, por aquellos empresarios que han venido eludiendo y evadiendo el pago de impuestos.
Es seguro que, si hubieran pagado con rigor y puntualidad, el país no estaría obligado a acudir a préstamos como los que se le han solicitado el FMI. El Gobierno y el Ministerio de Hacienda deben echar mano a la lo que dice la ley y aplicar acciones para erradicar estas prácticas evasivas y elusivas. Por su parte, la Asamblea Legislativa debe analizar a fondo este tema, para determinar si las herramientas legales existentes deben mejorar para erradicar la evasión y la elusión fiscal; más allá de la falta de voluntad que ha prevalecido en diferentes administraciones, para atender el problema.
Un gobierno que no ha hecho lo que debe para obligar al pago de impuestos existentes, propone nuevos tributos en el marco de negociación de los préstamos con el FMI. Mientras tanto, empresarios que eluden y evaden su pago, levantan la voz exigiendo no más impuestos y pretenden seguir imponiendo sus ideas neo-liberales de reducir al máximo el Estado, aunque eso signifique la desaparición o debilitamiento de programas sociales que hoy, con la pandemia, son más necesarios que nunca antes.
Realmente, para que los países puedan impulsar su desarrollo se requiere el contar con impuestos que se paguen dentro de un esquema de justicia tributaria, progresiva y justa, que tanto las personas como empresas, paguen en arreglo a sus ingresos reales, de manera transparente y eficiente. Se trata de políticas que aseguren la redistribución de la riqueza como un componente clave para la estabilidad y la paz social del país.
“El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día”, es un oportuno y atinado consejo de la encíclica papal, en estos días donde el pesimismo doblega a la esperanza, donde el egoísmo somete a la fraternidad.
La difícil situación económica que provocó este año la pandemia del virus SARS-Cov-2 hizo aún más urgente y necesaria la proyección de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el soporte de los emprendimientos situados en áreas rurales – sobre todo las externas a la Gran Área Metropolitana (GAM) – y las costeras para apoyar con más decisión a los emprendimientos que buscan asesoría y apoyo de esta Institución.
Según datos proporcionados por la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), este año hubo 17 proyectos vinculados con socioproductividad y originados en las Sedes Regionales, solo tres menos que el promedio de los últimos ocho años. Esto en sí mismo es un logro, máxime si se toma en cuenta las dificultades que surgieron paralelas a la pandemia. En este apartado sobresale la Sede del Atlántico como la mayor productora de este tipo de iniciativas, con un total de ocho proyectos.
Según explicó la Coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria de la UCR, Yasy Morales, la existencia de vínculos con micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) previos a la pandemia, permitió el poder acompañar a los emprendedores a distancia, incluso cuando todavía la información era escasa sobre cómo afectaría esta crisis.
A pesar del aislamiento y los cambios que vivimos, como no poder vender productos en el mercado, ese acompañamiento por medio de mensajes instantáneos o llamadas telefónicas resultó fundamental. En algún momento estas personas tuvieron problemas incluso para recargar sus teléfonos y participar en reuniones con nosotros, porque las dificultades llegaron incluso hasta ese punto o al acceso a Internet. Entonces se les colaboró para que al menos tuvieran garantizada la conectividad”, señaló Morales.
La Coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria admitió que la colaboración fue más allá de lo técnico y llegó incluso a lo emocional. Su equipo de trabajo preguntaba por el estado anímico de las personas con quienes colaboraban y pedían información sobre qué estaba pasando en el lugar donde desarrollaban su negocio.
“En el Programa hicimos un diagnóstico a nivel nacional y encontramos la participación de unas 153 iniciativas de Economía Social Solidaria. Entonces analizamos las condiciones de acceso a fondos, porque si la iniciativa no tiene cédula jurídica no se puede beneficiar de estos apoyos. Eso nos permitió saber las condiciones que tenían antes de la pandemia y cómo solventar las necesidades que se fueron presentando, como el transporte, la distribución de mercadería o la colocación de productos con nuevas tecnologías”, detalló Morales.
En esa misma línea, la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (AUGE) ofrece diferentes posibilidades para la incubación y el desarrollo de este tipo de proyectos fuera de la GAM.
AUGE también debió resolver dificultades que planteó la pandemia y lo hizo con éxito. La plataforma digital con la que contaban desde hace dos años les permitió no solo seguir operando, sino duplicar este año la cantidad de proyectos atendidos: más de 200.
“Ahora la tecnología nos permite llegar a más personas de áreas rurales. Somos testigos de que ellas buscan hacer un esfuerzo para reducir las brechas digitales y que la gente se puede integrar de forma virtual. En la balanza, esta experiencia ha sido más positiva que negativa”, señaló el Director a.i. de AUGE, David Ramírez.
El Director comentó que existen varias estrategias de apoyo a emprendimientos fuera de la GAM. La primera de ellas es Crea-C, que genera asociatividad, es decir, hace que las mipymes de zonas externas a la GAM se integren para compartir clientes y dar servicios más integrales. Pero Crea-C también trabaja con la identidad cultural, o sea, que el patrimonio e identidad de la iniciativa queda plasmado en su entorno.
Quince de los 16 proyectos existentes en Crea-C se realizan fuera la GAM, la mayoría asociados con áreas como el turismo, la artesanía o la producción de alimentos. Son emprendimientos a un nivel muy básico. Una vez asociados entre ellos, se refuerzan con recursos a través de Banca Para el Desarrollo.
Otro tipo de apoyo es “Gente Emprende”, el cual trabaja en conjunto con InnovApp, un proyecto de la Escuela de Administración Pública para fomentar el emprendimiento social en comunidades. Mediante esta alianza, se preincubaron 17 iniciativas con un enfoque de importancia productiva en sus regiones, con la idea de atraer colaboradores y recursos. Los emprendimientos que concluyen el proceso de incubación reciben al final fondos de la Organización de Estados Americanos para su desarrollo.
Finalmente, están el proyecto original de incubación de AUGE, que acompaña emprendimientos y les brinda asesoría. En este año hay nueve iniciativas de este tipo en desarrollo fuera del Valle Central que aprovechan el coaching, acompañamiento y acceso a fondos del sistema.
Foto con fines ilustrativos: Karla Richmond/ODI.
Información de Prensa Rectoría UCR
La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.
Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.
Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.
La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.
Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.
La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.
Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.
¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?
Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.
Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.
[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).
La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.
Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.
Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.
La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.
Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.
La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.
Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.
¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?
Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.
Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.
[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)
En chino, la palabra crisis —wei-ji— se compone de los términos correspondientes a «peligro» y «oportunidad».
Sobre estos dos términos debemos reflexionar a partir de la pandemia que enfrenta el mundo y la sociedad costarricense, en particular.
Se trata de un peligro vivo que ha afectado severamente nuestras vidas, la economía, el acceso a los alimentos, el trabajo, el estudio, la recreación, los intercambios sociales; en fin, todo. El confinamiento, la cuarentena y las medidas de distanciamiento físico, nos van a acompañar por semanas, meses e, incluso, podría ser por años. Nada está descartado.
El peligro del contagio del coronavirus en el presente no nos ofrece certezas. Las medidas en el ámbito de la salud que están adoptando el Ministerio de Salud y la Caja, y otras instituciones del Gobierno, aun siendo acertadas –en virtud de que han mostrado éxitos relativos aquí y en otros países–, no nos blindan completamente ante la posibilidad de que se expanda la covid-19. Persiste el peligro de un contagio exponencial que rebase la capacidad de lo que se ha logrado implementar hasta ahora, en instalación de Unidades de Cuidados Intensivos, disponibilidad de personal médico especializado y respiradores, para citar sólo tres rubros. Igualmente, aun evitando la expansión actual, en el futuro cercano podrían presentarse rebrotes y oleadas de contagio, que afectarían severamente al país.
Ese acechante peligro se hace mayor en el presente y podría ser peor en el futuro, si la CCSS (que ha jugado un papel estelar en el combate práctico de la pandemia), es debilitada por tres factores combinados: La expansión rápida y severa del gasto para atender la emergencia sanitaria a lo que ha estado obligada la institución; la disminución significativa de sus ingresos por reducción de las cotizaciones (obreras y patronales) y por la persistencia de oportunistas planes privatizadores de esta entidad pública. Es el colmo que tanto desde el gobierno como entre entidades privadas vean este peligroso debilitamiento de la Caja como una oportunidad para debilitarla aún más y darle un golpe mayor al Estado Social de Derecho, que es la mejor apuesta para que Costa Rica pueda emerger con esperanzas de los escombros económicos, sociales y políticos que nos heredará esta crisis devastadora.
La conducta del Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Dobles, con respecto a la obligación ineludible que tiene el Estado de pagar con urgencia la deuda histórica con la Caja, no sólo para que siga atendiendo la pandemia en el presente sino para asegurar su existencia y fortalecimiento post-crisis pandémica, es tan preocupante como desalentadora. Sus declaraciones no son las de un funcionario público seriamente comprometido con la salud pública sino de los que piensan que después de la superación de esta pandemia, las cosas volverán a la “normalidad” anterior.
Este funcionario y el Gobierno de Carlos Alvarado en su conjunto, como los partidos que respaldan la idea de que dentro de la “nueva normalidad”, las políticas neo-liberales y privatizadoras de los bienes del Estado, volverán a retomar la fuerza expansiva previa a la pandemia, están en un gran error.
La pandemia y sus secuelas presentes y futuras, nos dan una oportunidad para corregir, para mejorar al país en todos los campos: Económico, social, ambiental, político, cultural.
El cambio inteligente y apropiado fija como derrotero un gobierno realmente preocupado por generar políticas públicas dirigidas a las mayorías (sectores populares y medios, que se han empobrecido enormemente); no a las élites que se han enriquecido convirtiendo al país en unos de los 10 más desiguales del mundo.
El bicentario de Costa Rica no puede ser el de un país que perdió su rumbo democrático (económico, social, ambiental y político), sino el que empieza a poner en práctica, por primera vez en su historia, el carácter participativo de la democracia nacional, expresado con diáfana claridad en el artículo 9 de la Constitución.
“En todas las épocas –escribe el historiador austríaco Walter Scheidel–, los más importantes replanteamientos se produjeron tras los impactos más severos. Así, cuatro tipos de rupturas violentas lograron reducir las desigualdades: la guerra cuando implica una movilización masiva, las revoluciones, las quiebras de los Estados y las pandemias mortíferas”.
Así las cosas, esta pandemia debe ser generadora de una mayor igualdad social, sea por la decisión consciente y correctiva de quienes dirigen el país o por la movilización política de las mayorías, que se cansaron de la injusticia social y la concentración de la riqueza en escasas manos. Quienes han estado controlando el escenario político tanto desde el dominio que les otorga su opulenta riqueza como los que están en transitorios puestos formales, tienen que empezar a entender que la “nueva normalidad” post-pandémica debe orientarse hacia una mayor e inclusión y justicia social; hacia mejores formas de redistribución de la riqueza; deben comprometerse seriamente con el fin de la depredación ambiental y la retórica pseudo-ecológica; deben renunciar a la polítiquería y al cálculo fijado por intereses individualistas y mesquinos. La historia les da la oportunidad de corregirse o serán inevitablemente corregidos por la democracia que empezará a reverdecer al superarse esta pandemia.
El futuro no puede ser repetición de este pasado reciente marcado por la injusticia social y el daño ambiental. Una nueva consciencia democratizadora y correctiva ha empezado a ganar fuerza entre las y los ciudadanos, particularmente entre las y los jóvenes, que aspiran convertir esta pandemia, en una oportunidad para reimpulsar un Estado Social y Ecológico de Derecho.
SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.
La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.
Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.
A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.
De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.
La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.
Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.
En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.
La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.
Esta vez compartimos un artículo de Mario Luna, de El Salvador, cuya intención es ofrecer un análisis socio-teológico de coyuntura y opinión, desde su experiencia salvadoreña como parte de una Comunidad Eclesial de Base.
Este hermoso y oportuno artículo es parte de la serie de textos de análisis de coyuntura que compartimos este año tras la declaratoria de pandemia. Pretendemos compartir insumos para las personas y comunidades que quieran contar con análisis y herramientas para entender lo que estamos viviendo en Latinoamérica., siempre desde el enfoque del pensamiento crítico.
Mario Luna es docente, Teólogo, maestrante en Teología Latinoamericana (por la UCA de El Salvador), miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador. Facilitador de biblia y teología del ministerio de diversidad sexual de la Iglesia Episcopal de El Salvador. Acompañó a dos CEBs en Zacamil, Mejicanos, la comunidad Monseñor Romero, Zacamil, y la comunidad la Fosa. Además, es miembro del Centro de Investigación Ecuménica de El Salvador (CIE)
Mario ya nos ha acompañado en el DEI de forma presencial durante el Taller Socio-Teológico, y actualmente forma parte del Seminario de Construcción Colectiva que se realiza en modalidad virtual en este momento.
Agradecemos profundamente a Mario por recuperar las experiencias desde las Cebs en Zacamil y compartir generosamente este artículo.
Les animamos a ustedes enviar sus artículos para compartirlos con muchas más personas.
DEI
«Mi Reino no es de este mundo…»
Hacia la construcción y recuperación de lo femenino en los espacios comunitarios políticos en tiempos de crisis por el Covid-19
Por: Mario Luna (El Salvador, CA).
Covid-19 y crisis social-política en El Salvador y Latinoamérica
Evidentemente debemos decir que en los actuales contextos que vivimos en América Latina, hubo una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Es decir, una naturalización de este.
Se justifica esta narrativa señalando que “por razones de salud y seguridad pública” se quitan las libertades constitucionales a los ciudadanos. Dando así lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus.
El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.
Por ejemplo en El Salvador, la pandemia ha llegado, y ha puesto en crisis no solo el sistema de salud pública, sino que también a las personas más empobrecidas. Muchos salvadoreños y salvadoreñas afirman: “Si me quedo en casa, me muero de hambre”. Por tanto hay una naturalización de morir de hambre o morir por el contagio del virus.
Dejar de trabajar y encerrarse en casa por Coronavirus es un lujo para quienes trabajan en el sector informal de El Salvador. Según un estudio que Fusades presentó en octubre de 2018, se trata de siete de cada diez salvadoreños. Gente que no tiene Seguro Social ni pensión y, salvo excepciones como algunas empleadas domésticas, tampoco un pago fijo. Los vendedores informales son ícono de este desafortunado sector de la economía nacional, y los vendedores del Centro Histórico son los más célebres de entre ellos (ver enlace).
Al menos hasta 2015, la Alcaldía capitalina calculaba que son más de 8,600 en puestos en las calles del Centro, y unos 10,000 ambulantes: carretoneros y buhoneros (que andan la venta en la mano). Toda esa gente no se puede dar el lujo de encerrarse. Si venden, comen; si no, no. Así lo dicen algunos de ellos. “¿Se imagina si no salimos a vender lo que va a pasar con nosotros? Nos van a dejar morir”, dice una anciana que vende medicamentos. “Si no me dejan venir al trabajo, yo voy a hacer desvergue”, dice un lustrador de zapatos. “¡La gente de dinero compra cosas para guardarlas, nosotros ni el supermercado conocemos!”, dice una vendedora de ropa interior.
No obstante, se posiciona toda una narrativa de parte del gobierno que naturaliza su accionar, por ejemplo:
Geovanny Ramírez tuvo que salir de su vivienda, ese 7 de abril, porque ya no tenía nada para comer. La cuarentena y el régimen de excepción, impuestos por el Gobierno desde el 21 de marzo por la pandemia de COVID-19, lo obligaron a guardar su venta y eso lo dejó al borde de la hambruna. Así que se acomodó la mascarilla, tomó su bicicleta, el dinero de una encomienda y luego salió rumbo al centro de San Miguel. A pocas calles de su casa, unos policías de la Unidad Táctica Operativa (UTO), destacados en San Miguel, lo detuvieron en un retén, cuando el reloj marcaba las 8:30 a. m. cuando se detuvo “por respeto a la ley”, según dijo, los policías comenzaron a acusarlo: “Uno de ellos dijo que yo era pandillero, porque yo andaba dinero ajeno (…) Me dijeron que me iban a llevar como a un pandillero, y yo les dije que no soy nada de eso. Ahí fue cuando me empezaron a pegar”.
Geovanny es electricista de profesión y comerciante, y más recientemente repartidor y recadero. “Salí por necesidad”, dijo, pero los agentes no le creyeron. El primero lo golpeó en las costillas y, sin recuperar el aliento, corrió con todas sus fuerzas de regreso a casa, dejando atrás su bicicleta y a los policías. Uno de ellos disparó y Geovanny no supo si fue al aire o si falló el tiro. Griceydi Padilla, su vecina, salió al escuchar “una detonación similar a la de un arma de fuego” y “gritos de una persona pidiendo auxilio”. Era Geovanny, quien aprovechó la puerta abierta para buscar refugio, pero fue descubierto y sacado a puntapiés por los policías. De ahí se lo llevaron junto a tres más que pedían detener el maltrato, incluyendo a una adulta mayor. Así lo narró Griceydi a la procuradora delegada de Derechos Humanos en San Miguel, Gladys Benítez, según la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el caso (Fuente: ver enlace).
Por otro lado, hay una crisis política en El Salvador. Hay fuertes indicios antes de la pandemia de la absolutización de la militarización del Estado (con el 9 de febrero), es decir un mes antes del confinamiento y de la paro de la economía (trabajo), había fuertes indicios de esta realidad:
“Por primera vez en la historia, un presidente utiliza al ejército para tomarse la Asamblea Legislativa y amenaza con disolver el Congreso. Nayib Bukele organizó este domingo 9 una concentración con miles de simpatizantes frente al Órgano Legislativo y dio un ultimátum de siete días a los diputados si no ceden a su presión y autorizan la negociación de un préstamo de $109 millones” (fuente: ver enlace).
Sin embargo, durante todo este contexto de pandemia, hay ataques a la prensa, a la libertad de expresión, persecución política por parte del ejecutivo de periodistas (en especial mujeres) y comunicadores, desprestigio de todo aquel o aquella que haga una crítica o juicio o de una opinión distinta al ejecutivo (el medio estratégico son las redes sociales):
“La periodista de la revista Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar, es acosada digitalmente por el candidato a diputado por Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch.
En reiteradas ocasiones Bruch ha descalificado la labor de la periodista; sin embargo, dicho acoso se intensificó en el marco de la pandemia, lo que también desató ataques digitales por otros usuarios de redes sociales.
“El nivel de acoso de este personaje llegó a un nivel intolerable”, expresó la periodista en su cuenta de Twitter. APES condena este tipo de ataques que atentan contra la integridad de las y los periodistas y pide a los usuarios de redes sociales respetar la labor de la prensa, fundamental para el ejercicio democrático en el país” (Fuente: ver enlace).
Por último, el domingo 9 de agosto, el presidente Bukele señalo en radio y televisión: “Si yo fuera dictador, los mandaría a fusilar a todos”. En esta frase expresó sus más caros anhelos, esto es, fusilar a todos los que no comulgan con sus determinaciones, comenzando con los magistrados de la Sala de lo constitucional de El Salvador.
Por tanto, en mi opinión personal, la pandemia ha sido la excusa perfecta para la exacerbación de la militarización del estado y del espacio público, e impulsar políticas populistas que buscan posicionar en la administración pública una nueva aristocracia (contexto de El Salvador).
Se quiere controlar a la población generando miedo por medio de los medios de comunicación social, redes sociales, entre otras; se construye el pánico por medio de la desinformación de qué medidas de saneamiento tomar ante la pandemia, además del incremento del desempleo, inseguridad social.
Hay por tanto, toda una estrategia psicológica para mantener el miedo en la población y así mantener paralizada a las personas, para que estas no reaccionen ante un abuso y violación de derechos humanos.
Se aprovecha el estado de emergencia (Contexto de El Salvador) para hacer negocios (corrupción) y compras de accesorios de bio-seguridad de mala calidad, se oculta la información del manejo de la pandemia de una forma tan descarada, violando la ley de ética gubernamental.
Planteando este escenario, vemos con claridad la presencia de una necro-política en todo este proceso.
1.1. Necro-política y necro-capitalismo
Es decir un proyecto político-económico de muerte que empobrece siempre a las mayorías. La realidad más cruda: morir de hambre o por el virus. Evidentemente, serán siempre los marginados y excluidos de un sistema social-económico los que tendrán o que sobrevivir o perecer.
Achille Mbembe (2011) quien construye el concepto de necropolítica, examina cómo el derecho soberano de matar se reformula en las sociedades donde el Estado de excepción es permanente. Según Mbembe, en un estado sistemático de emergencia, el poder refiere y apela constantemente a la excepción y a una idea ficticia del enemigo.
Pero como entendemos la necro-política:
Se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte (Estévez, 2017).
Lo legal, lo jurídico y lo político sistematizan y ordenan este proyecto de muerte, que tiene como fin, salvar el mercado (el orden) y no al ser humano.
Vivimos esta situación que describe Mbembe, donde la crisis y emergencia sanitaria por el Covid-19 desvelan el necro-poder, o por lo menos está más evidente que en otros tiempos las necro-praxis (políticas) de las formas radicalmente corrosivas de capitalismo. Es sin duda, un capitalismo necropolítico, es decir, prácticas capitalistas o formas organizacionales de acumulación que involucran la pobreza, muerte, suicidio, destrucción del ecosistema y la organización y administración general de la violencia social estructural (Estévez, 2017).
¿Cuál es la respuesta teológica latinoamericana de la liberación, ante la actual situación del Covid-19?
Desde la perspectiva del teólogo Asman (1997), ante esta situación la crisis socio-política que provoca el capitalismo como necro-praxis, se deben posicionar las experiencias de fe anti-idolátricas y una de ellas es crear lenguajes alternativos para hablar de Dios y desde luego construir una comunidad ética-política solidaria alternativa distinta a la que se construye desde la idolatría del dios del capitalismo (individualismo, muerte, destrucción de los ecosistemas, entre otros). Se trata de estar en el mundo pero no ser del mundo (Jn 18, 36). Veamos.
2.1. Mi reino no es de este mundo (Jn 18, 36)
Según el texto de Juan 18, 36: Contestó Jesús:
Mi reino no pertenece a este mundo. Si perteneciera mi reino a este orden, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Ahora que mí reinado no es de aquí.
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús no responde directamente a la segunda pregunta de Pilato: ¿Qué has hecho?, sino a la primera: ¿Tú eres el rey de los judíos? Al descartar la realeza que se apoya en la fuerza quedará patente que no pretende ocupar el trono, como podría sugerirlo el título que le ha dado: el rey de los judíos.
Al decir Jesús de Nazaret: “Mi reino no pertenece a este orden”, está en paralelo con la que había dicho de sí mismo: “yo no pertenezco al orden éste” (8,23) (…). El orden este, “el mundo”, es el sistema de injusticia, el que oprime al ser humano (mujer-hombre), y la adhesión a él es el pecado (8,23).
No obstante, Jesús practica el servicio al ser humano (al Otro) y rechaza el poder (6,10.15); como rey será el hombre levantado en alto, que dará su vida por salvar al Otro (12,13.15.32.34; cf. 3,3.5.14). La figura de Jesús, el rey que no pertenece al orden este, se opone a la del “jefe de este orden” (Jn 12, 32; 16,11), se trata de la personificación del círculo de poder (Mateos-Barreto, 1982).
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús caracteriza a los reyes de este orden por apoyarse en la fuerza de las armas e imponer así su dominio: Si perteneciera a este orden (mundo) la realeza mía, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Jesús considera el uso de la violencia como perteneciente a la esfera de la injusticia y del pecado. En eso precisamente se distingue su realeza de las demás. La oposición entre su postura y la de “este orden” es clara; él se ha entregado voluntaria mente y ha cortado en seco la violencia de Pedro (Jn 18,11).
Por ende, Jesús renunciando al uso de la fuerza, ha probado no ser rey como los otros. No se ha constituido en rival de sus adversarios, disputándoles el poder, sino que se ha entregado en sus manos. Su realeza no tiene su origen en ninguna legitimidad de este mundo: “Mi reino no es de este mundo”.Tiene un fundamento completamente distinto que no se expresa en el lenguaje jurídico de derecho-sumisión.
En Síntesis, “no ser de aquí” equivale, por tanto, a “no pertenecer al orden este”. Su realeza pertenece a lo de arriba”, la esfera del Padre y del Espíritu; es, por tanto, una realeza que por amor comunica vida, en vez de producir muerte con la opresión (Jn 4,47.49).
2.2. Los imperativos del mundo (necro-poder: orden-ley)
Para Jesús el uso de la violencia del orden (mundo) pertenecen a la esfera de la injusticia y del pecado. El mundo (el orden), fundamenta un proyecto de muerte, desde el poder. Y esta realidad, desde la óptica del Jesús del evangelio de Juan es pecado.
El Sanedrín y Pilato son mundo, y estos siguen los imperativos del mundo. Ellos defienden las Leyes, Pilato la ley del dominio imperial y el Sanedrín la legalidad de la Ley judía. Pero para estos, Jesús de Nazaret ha transgredido la Ley (cuando lo ha hecho, pues cuando cura a los enfermos en día sábado). Para el Jesús Joanico, la ley no debe impedir la vida humana, por tanto, los que se open a Jesús y su praxis, lo hacen en nombre de la Ley (Hinkelammert, 1998).
2.3. Sustitución de Dios por el mercado (Jn 2, 13-16): necro-teología del orden mercantil
En síntesis, si actualizamos el mensaje de Jesús de Nazaret desde el evangelio de Juan, el mundo y su orden es toda una realidad de pecado e injusticia, con una ley que cosifica al ser humano. Pero también, para que se fundamente este orden-mundo, es fundamental toda una necro-teología que legitima este orden. Ahora bien, el Jesús del evangelio de Juan desenmascara esta realidad es decir “la sustitución de Dios por parte de las relaciones mercantiles”:
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado.
Se trata del conflicto entre Dios y Mamón. Mamón en este texto ocupa el lugar de Dios, al transformar la casa del Padre en casa de mercado. Dios desaparece de la casa de Dios y su lugar lo ocupa el Mamón, que ahora se llama Dios, pero en ningún momento se transgrede la Ley. Es evidentemente el cumplimiento de la Ley (en este caso la ley del valor) que sustituye a Dios en la casa de mi Padre. Dios es destronado cumpliendo la Ley. Por tanto, se trata de un acto en contra de Dios, que a la vez es un acto contra el ser humano (Hinkelammert, 1998).
En resumen, en el mundo-orden el mercado y la ley normatizan teológicamente el seguimiento a Mamón como el absoluto señor del orden-mundo. Pero el Jesús del evangelio de Juan, deja clara la postura radical de: “Mi reino no es de este mundo”, y sobre todo desenmascara la teología del mundo orden: “No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado”. En último término, Jesús señala que este mundo-orden (podríamos decir el necro-política) construye relaciones de poder que son pecado e injustas, que van en contra de la voluntad del Padre (y del reino de Dios).
La ética de la compasión: para deconstruir el orden-mundo (necro-poder) y la recuperación de los espacios comunitarios políticos
Boff (2004), se hace una pregunta fundamental que nos sirve para deconstruir todo lo que hemos construido hasta este momento como civilización (orden-mundo): ¿Por qué hemos llegado hasta este punto crucial? Para Boff, las revoluciones agrícolas, la industrial, la del conocimiento y la comunicación, modificaron la faz de la tierra para bien y para mal. Dieron comodidad al ser humano, pero también depredaron la tierra.
Con el conocimiento técnico-científico y cultural, obtuvo el poder-dominación de la tierra, de las mujeres, de los pueblos. En lugar de estar junto a los demás seres, se puso contra ellos y sobre ellos.
Urge por tanto, de-construir todo este proyecto de muerte (necro-políticas), y para ello Boff (2004) expresa que lo fundamental para contrarrestar esta realidad, es la activación consciente e intencionada del principio femenino que está presente en las animas de la mujer y el hombre. Lo femenino en nosotros es aquella energía estructuradora que nos hace sensibles a todo lo que tiene que ver con la vida y la cooperación, que capta el valor de los hechos, que lee el mensaje secreto emitido por todos los seres, que identifica el hilo conductor que liga y re-liga las partes en el todo a la Fuente que todo procede. Lo femenino nos enseña a cuidar de todo con celo entrañable.
El cuidado constituye la esencia del anima y precondición necesaria para que continúe la vida.
En conclusión, según Leonardo Boff (2004), “para ser plenamente humanos, el ethos tiene que incorporar la compasión (pp. 56). El ethos que se compadece… incluye a todas las personas… donde hay acogida y donde las lágrimas pueden ser lloradas sin vergüenza o enjugadas cariñosamente” (pp. 57).
Y la compasión como señala Boff (2004), “es compartir la pasión del otro y con el otro, sufrir con él, alegrarse con él, caminar con él (pp. 57). Y la compasión como señala nuestro teólogo, exige, libertad, altruismo y amor” (pp. 59).
Hoy por hoy, en tiempos de crisis por el Covid-19 y de la implementación de las políticas de muerte, lo que debe primar es la ética –política de la compasión.
Se debe crear comunidades con esta óptica, es lo que debemos considerar para construir otros mundos distintos a este.
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Fotografías: agradecemos a Mario Luna por facilitarlas. Las tres corresponden a la Colonia Zacamil, en el Municipio de Mejicanos (Departamento de San Salvador, El Salvador).
Fotografía 1: Primer aniversario de Comunidad Eclesial de Base (Ceb).
Fotografía 2: (con imagen de una cruz): Viacrucis latinoamericano, con tres Cebs de la zona.
Fotografías 3: Círculo de Lectura Popular de la Biblia en casa de Mario, Zacamil.
Referencia Bibliográfica
Asman H (1997). La idolatría del Mercado. Colección Economía Teológica. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). San José, Costa Rica.
Hinkelammert F. J (1998). El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José Costa Rica.
Mbembe A (2011). Necro política. Editorial Melusina. España.
Mateos, J y Barreto, J (1982). El evangelio de Juan. Análisis Lingüístico y comentario exegético (segunda edición). Ediciones Cristiandad. Madrid.
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), le invita este jueves 19 de noviembre a partir de la 1:30 p.m. a la conferencia: “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto del Covid-19”
Panelistas:
– M.Sc. Ana Lucia Álvarez Vijil, Universidad Centroamericana, Nicaragua. – Dr. Álvaro Artiga González, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador – Dr. Ricardo Sáenz de Tejada, Universidad de San Carlos, Guatemala – Dr. Luis Paulino Vargas Solís, director CICDE-UNED, Costa Rica – Conduce M.Sc. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE-UNED, Costa Rica
Con la jornada “Estado social y políticas públicas” se dio por concluidas las 4 jornadas programas durante el mes de octubre del seminario “Crisis de la democracia en los tiempos del COVID-19. Crítica y propuesta”, que inició el miércoles 7 de octubre.
Esta jornada estuvo compuesta por tres ponencias elaboradas por investigadoras e investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), las cuales abordaron las temáticas de seguridad social, convivencia urbana y sistemas de cuido. Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE, y de Paulo Coto Murillo, investigador del centro y moderador de la actividad.
Vargas Solís, acotó la importancia de la realización de estas cuatro jornadas ya que permite mostrar al público parte del trabajo que se ha venido de realizando a través de los años desde el CICDE, asimismo hacer una rendición de cuentas a la sociedad por los recursos brindados al centro. Por parte de Coto Murillo hizo un repaso de las tres anteriores sesiones y recalcó la importancia de los tres temas de las ponencias en esta sesión.
La exposición inicial estuvo a cargo del investigador Andrej Badilla Solano, titulada “Renta básica universal en Costa Rica: un barco en el que cabemos todos”, en la que el investigador inicia su exposición haciendo una comparación entre la exploración espacial como un de los logros de nuestra era y la renta básica universal. La metáfora utilizada por el investigador señala argumentos comunes como: el alto costo asociado de un ideal utópico y sin embargo hoy son el ejemplo de dos actividades humanas a nuestro alcance, explicó Badilla Solano.
La renta básica universal (RBU) corresponde a una transferencia de dinero que el Estado realiza hacia una población, una especie de dividendo ciudadano de la riqueza socialmente construida, que no depende la condición laboral o nivel de ingresos de la población beneficiaria, en este sentido la renta básica universal tiene como características principales que es individual, regular, suficiente, permanente, incondicional y universal. El investigador señala además el rol que tendría la RBU en la lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad. Por otra parte, si bien el autor señala posibles fuentes de financiamiento, es enfático al señalar que hace falta investigación experimental para poder determinar las formas más eficientes para su puesta en práctica.
Las investigadoras Natalia Dobles Trejos y Marcela Pérez Rodríguez presentaron el trabajo “Una aproximación al cuido en tiempos de COVID-19: una mirada desde adentro”, la cual estuvo divido en dos partes.
En la primera parte Dobles Tejos trató el tema de la situación de la mujer, la maternidad, cuidado y como la pandemia del COVID-19 vino a profundizar la violencia estructural sobre el cuerpo de las mujeres. “En el caso de Costa Rica con la pandemia se profundiza mucho la situación de recargo de las tareas domésticas en el caso de las mujeres, dedicando un aproximado de 35.49 horas por semana a las tareas domésticas más el trabajo, a las que se dedican al teletrabajo o trabajo fuera del hogar, y los hombres solo representan un 13.42 horas, con relación al trabajo de las mujeres”.
Además, la investigadora plantea que debe haber una educación en el tema del cuido y así esa tarea será más equilibrada para las mujeres. En el caso de reeducar en «corresponsabilidad social» para tener más equilibrio en las tareas de cuidados y también mencionar que el concepto de cuidados es un concepto político en el cual se llevan a cabo relaciones de poder y una separación marcada entre lo público y privado, sobre todo desde la concepción neoliberal que promueve el individualismo. Al mismo tiempo, este concepto debe ser universal a toda la sociedad, ya que cambiar hacia una visión más democrática de los cuidados permite equilibrar las relaciones sociales y económicas dentro de las democracias porque todo es un tejido social, el cual está entretejido entre las relaciones de cuidados porque somos interdependientes.
Marcela Pérez Rodríguez enfatizó su exposición en las personas adultas mayores, derechos humanos y acceso a cuidados, aprovechando que octubre es el mes de las personas adultas. Indicó que las personas adultas mayores son una responsabilidad de todos y todas y que esta población va en aumento rápidamente, según como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se proyecta que para el 2050 existan 1 262 253 personas adultas mayores.
También explicó que la pandemia del COVID-19 ha afectado en mayor parte a esta población: “El 12 de agosto del 2020, mediante un comunicado de prensa el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, informó que el 66.3 % de las personas fallecidas por esta enfermedad corresponden a este grupo etario. Éste presenta una tasa de letalidad del 12.1%, calculado con el porcentaje de las personas fallecidas afectadas por el virus.” Además, expresó que en Costa Rica se ha avanzado en el fortalecimiento del cuidado de esta población. Por ejemplo, en junio del presente año se aprobó la ley 9857 en la que se penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Según CONAPAM, a junio del presente año se habían registrado 537denuncias relacionadas violencia psicológica, patrimonial y violencia física. En este momento, el Estado social no puede cubrir todas demandas específicas de las personas adultas mayores, de ahí la importancia de reconocer los tejidos, a veces invisibles del cuidado. Esto permitiría reducir las cargas de las personas cuidadoras (la mayoría mujeres) y fortalecer las políticas sociales.
El distanciamiento social, es parte de la trama del cuidado, son estrategias de protección y prevención ante el contagio de virus COVID-19, pero, esta medida agudiza los problemas de salud mental como es la percepción de soledad, depresión y desvinculación de las redes de apoyo formales e informales.
Pérez propone que estas políticas de cuidado, tendrían que formularse con una visión ética y, de solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional no se puede visualizar desde una perspectiva dualista, competitiva, personas jóvenes-adultos mayores, sino comprende todos los grupos etarios, todas las personas diversas, sujetas de derecho, que conviven y están vinculadas por diferentes circunstancias, sean éstas, redes de apoyo formales e informales. Las redes de cuidado no solo hay que visualizarlas como soporte social para aquellas personas adultas mayores con situación de dependencia crítica, sino también, tendrían que estar dirigidas a personas sanas con edades avanzadas que aportan y contribuyen a la sociedad como personas activas y con derechos.
El cierre de las exposiciones fue con el investigador Julio Solís Moreira y la exposición titulada “Desventajas sociales y segregación territorial en el Área Metropolitana de San José (AMSJ). Sus efectos en la participación ciudadana.”
Mediante la utilización de diferentes mapas y gráficos, Solís Moreira abordó de forma puntual los cambios que se han dado desde 1960 en la distribución urbana y la población rural, y como en 1990 pasamos a ser una sociedad urbana. En este contexto, el investigador expuso como se fue dando un crecimiento de la ciudad mediante ensanches y ampliación en términos de densidad y edificación urbana.
Asimismo, señaló como el COVID-19 vino demostrar y poner en evidencia las zonas de vulnerabilidad y desigual social, debido a que es en esas zonas donde se encuentran los mayores focos de contagios del virus, donde hay mayor hacinamiento y segregación socio-habitacional.
El acto de clausura será el jueves 19 de noviembre, a las 2 p.m., con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”, en la cual contará con la participación de Ricardo Sáenz de Tejeda, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ana Lucia Álvarez Vijil, de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, y Álvaro Artiga González, Universidad Centroamericana de El Salvador.
Más de 90 actores sociales respondieron a la convocatoria con la intención de aportar soluciones a la crisis económica que vive la región debido al COVID-19
La primera sesión de diálogo se efectuó el sábado 24 de octubre en el salón de la comunidad cristina Vida Abundante en San Vito de Coto Brus con representantes de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus. Allí se reunieron en mesas de trabajo para señalar sus necesidades y plantear soluciones de forma conjunta. Foto: Katzy O»neal, UCR.
La M.Sc. Georgina Morera Quesada, directora de la Sede del Sur, dirige el diálogo multisectorial que se desarrolló el pasado fin de semana en la Región Brunca. A esta convocatoria respondieron más de 90 personas que representaron a los sectores: agropecuario, comercio, cooperativas, pesquero, turismo, asociaciones de desarrollo, transporte, Asadas, mujeres, juventud y salud.
“El objetivo de este proceso es hacer un documento claro, sencillo y contundente que recoja las propuestas de todos los sectores aquí representados. Queremos que sea un proceso colectivo y constructivo, lo importante es concentrarnos en qué es lo que queremos construir para la región”, explicó a las personas representantes de los sectores sociales y productivos, la M.Sc. Morera, quien coordina el equipo facilitador UCR.
Con este diálogo se busca generar una ruta consensuada entre todos sectores para la reactivación económica de la Región Brunca, en el marco del diálogo territorial que está promoviendo el Gobierno en todas las regiones de país, como respuesta a la crisis social y económica. La Región Brunca es el único caso en que el diálogo es facilitado por un tercero, en este caso, por la Universidad de Costa Rica, a solicitud de los sectores sociales.
“Esta es una zona muy particular que tiene múltiples sectores y cantones con visiones muy diferentes. La integración de los sectores requiere un gran esfuerzo. Por eso, el rol de la Universidad ha sido aún más relevante para convocarlos a participar en un espacio colectivo de construcción de consensos”, explicó el Dr. Carlos Murrillo Zamora, director del Observatorio del Desarrollo y profesor de la Escuela de Administración Pública, quien participa como asesor en este proceso.
La M.Sc. Georgina Morera, directora de la Sede del Sur, explicó a los asistentes la dinámica y objetivos la segunda sesión de diálogo, que se efectúo con representantes de los cantones de Golfito, Corredores, Osa el domingo 25 de octubre en el Hotel Casa Roland en Golfito. Foto: Katzy O»neal, UCR.
La metodología propuesta por la UCR, y aprobada la semana anterior por los todos sectores, consiste en mesas de trabajo sectoriales facilitadas por un equipo de docentes de la Sede del Sur. Además, se cuenta con el acompañamiento del Observatorio del Desarrollo de la Escuela de Administración Pública (UCR), de la coordinadora sectorial Victoria Hernández Mora, ministra de Economía, Industria y Comercio, y el apoyo de otros miembros del Gobierno.
El sábado 24 de octubre se llevó acabo la primera sesión en San Vito de Coto Brus con los representantes de los cantones de la zona alta (Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus), y el domingo 25 de octubre, se realizó la segunda jornada en Golfito con las fuerzas vivas de los cantones de la parte baja (Golfito, Corredores y Osa).
En las próximas dos semanas el equipo de académicos de la Sede del Sur continuarán el trabajo para la elaboración del documento, en consulta constante con los sectores, para finar detalles. Posteriormente, se socializará con los alcaldes de los seis cantones para que ellos den su punto de vista desde los gobiernos locales. Este encuentro se realizará el 7 de noviembre.
Según al acuerdo entre el equipo facilitador y los asistentes, la entrega formal a las autoridades de Gobierno se efectuará 14 de noviembre.
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información
