Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com
En chino, la palabra crisis —wei-ji— se compone de los términos correspondientes a «peligro» y «oportunidad».
Sobre estos dos términos debemos reflexionar a partir de la pandemia que enfrenta el mundo y la sociedad costarricense, en particular.
Se trata de un peligro vivo que ha afectado severamente nuestras vidas, la economía, el acceso a los alimentos, el trabajo, el estudio, la recreación, los intercambios sociales; en fin, todo. El confinamiento, la cuarentena y las medidas de distanciamiento físico, nos van a acompañar por semanas, meses e, incluso, podría ser por años. Nada está descartado.
El peligro del contagio del coronavirus en el presente no nos ofrece certezas. Las medidas en el ámbito de la salud que están adoptando el Ministerio de Salud y la Caja, y otras instituciones del Gobierno, aun siendo acertadas –en virtud de que han mostrado éxitos relativos aquí y en otros países–, no nos blindan completamente ante la posibilidad de que se expanda la covid-19. Persiste el peligro de un contagio exponencial que rebase la capacidad de lo que se ha logrado implementar hasta ahora, en instalación de Unidades de Cuidados Intensivos, disponibilidad de personal médico especializado y respiradores, para citar sólo tres rubros. Igualmente, aun evitando la expansión actual, en el futuro cercano podrían presentarse rebrotes y oleadas de contagio, que afectarían severamente al país.
Ese acechante peligro se hace mayor en el presente y podría ser peor en el futuro, si la CCSS (que ha jugado un papel estelar en el combate práctico de la pandemia), es debilitada por tres factores combinados: La expansión rápida y severa del gasto para atender la emergencia sanitaria a lo que ha estado obligada la institución; la disminución significativa de sus ingresos por reducción de las cotizaciones (obreras y patronales) y por la persistencia de oportunistas planes privatizadores de esta entidad pública. Es el colmo que tanto desde el gobierno como entre entidades privadas vean este peligroso debilitamiento de la Caja como una oportunidad para debilitarla aún más y darle un golpe mayor al Estado Social de Derecho, que es la mejor apuesta para que Costa Rica pueda emerger con esperanzas de los escombros económicos, sociales y políticos que nos heredará esta crisis devastadora.
La conducta del Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Dobles, con respecto a la obligación ineludible que tiene el Estado de pagar con urgencia la deuda histórica con la Caja, no sólo para que siga atendiendo la pandemia en el presente sino para asegurar su existencia y fortalecimiento post-crisis pandémica, es tan preocupante como desalentadora. Sus declaraciones no son las de un funcionario público seriamente comprometido con la salud pública sino de los que piensan que después de la superación de esta pandemia, las cosas volverán a la “normalidad” anterior.
Este funcionario y el Gobierno de Carlos Alvarado en su conjunto, como los partidos que respaldan la idea de que dentro de la “nueva normalidad”, las políticas neo-liberales y privatizadoras de los bienes del Estado, volverán a retomar la fuerza expansiva previa a la pandemia, están en un gran error.
La pandemia y sus secuelas presentes y futuras, nos dan una oportunidad para corregir, para mejorar al país en todos los campos: Económico, social, ambiental, político, cultural.
El cambio inteligente y apropiado fija como derrotero un gobierno realmente preocupado por generar políticas públicas dirigidas a las mayorías (sectores populares y medios, que se han empobrecido enormemente); no a las élites que se han enriquecido convirtiendo al país en unos de los 10 más desiguales del mundo.
El bicentario de Costa Rica no puede ser el de un país que perdió su rumbo democrático (económico, social, ambiental y político), sino el que empieza a poner en práctica, por primera vez en su historia, el carácter participativo de la democracia nacional, expresado con diáfana claridad en el artículo 9 de la Constitución.
“En todas las épocas –escribe el historiador austríaco Walter Scheidel–, los más importantes replanteamientos se produjeron tras los impactos más severos. Así, cuatro tipos de rupturas violentas lograron reducir las desigualdades: la guerra cuando implica una movilización masiva, las revoluciones, las quiebras de los Estados y las pandemias mortíferas”.
Así las cosas, esta pandemia debe ser generadora de una mayor igualdad social, sea por la decisión consciente y correctiva de quienes dirigen el país o por la movilización política de las mayorías, que se cansaron de la injusticia social y la concentración de la riqueza en escasas manos. Quienes han estado controlando el escenario político tanto desde el dominio que les otorga su opulenta riqueza como los que están en transitorios puestos formales, tienen que empezar a entender que la “nueva normalidad” post-pandémica debe orientarse hacia una mayor e inclusión y justicia social; hacia mejores formas de redistribución de la riqueza; deben comprometerse seriamente con el fin de la depredación ambiental y la retórica pseudo-ecológica; deben renunciar a la polítiquería y al cálculo fijado por intereses individualistas y mesquinos. La historia les da la oportunidad de corregirse o serán inevitablemente corregidos por la democracia que empezará a reverdecer al superarse esta pandemia.
El futuro no puede ser repetición de este pasado reciente marcado por la injusticia social y el daño ambiental. Una nueva consciencia democratizadora y correctiva ha empezado a ganar fuerza entre las y los ciudadanos, particularmente entre las y los jóvenes, que aspiran convertir esta pandemia, en una oportunidad para reimpulsar un Estado Social y Ecológico de Derecho.
29 de abril, 2020