El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) – Brasil, la Asociación Brasileña de Apoyo a la Infancia y la Fundación Vida para Todos – ABAI, realizaron este 10 de enero de 2023 un manifiesto en conjunto ante el intento de golpe de Estado realizado en Brasil, en el cual comunican:
“Las instituciones de la sociedad civil, antes nombradas, sin fines de lucro, que actúen en la defensa de los derechos humanos, solidaridad, respeto al medio ambiente y producción de alimentos saludables, por sus respectivos representantes, expresan su repudio a los actos violentos de terrorismo real practicados ayer en Brasilia, contra Instituciones Públicas de los tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y Justicia, a través de la Corte Suprema de Justicia.
La democracia no es compatible, ni con actos violentos, conspiraciones u omisiones de nadie, y mucho menos de autoridades constituidas para defender los intereses más grandeslulu del país – una vida digna para todos los brasileños y brasileñas, el estado de derecho, el patrimonio público, la riqueza natural y la Constitución Federal de la República.
Brasil necesita paz y unidad para reconstruir el país después de toda la destrucción de economía y derechos fundamentales de los últimos años. En este contexto, nos unimos a todas las fuerzas democráticas, en particular al gobierno legítimamente electo del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el propósito de promover la paz social y la reconstrucción de un país justo y solidario para todos y cada uno”.
Si bien la mayor parte de golpes de Estado de los que tenemos recuerdo en América Latina han tenido la activa participación de políticos y empresarios de derecha, militares, y su conjunción con la maquinaria política y fáctica de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América; lo cierto es que esa articulación política ha experimentado una metamorfosis en las últimas dos décadas en nuestra región.
Ya no se requiere del decisivo empujón de los militares, aunque una vez establecido el golpe, el respaldo de estos será fundamental para sostenerlo. Y es que un golpe orquestado por los militares finalmente resta legitimidad y queda así registrado en la historia, además del derramamiento de sangre que implica y los procesos judiciales que eventualmente le supondrá a los represores.
Por otra parte, el papel de la Casa Blanca en muchos casos pareciera ser un tanto opaco, pero es innegable la confluencia de intereses que tienen con los golpistas; y a la postre, las acciones diplomáticas que desarrollan en muy pocas semanas terminan dándole sostenibilidad y legitimidad política a los golpistas. El fracaso con Cuba o el soberano ridículo que han hecho en Venezuela son excelentes muestras de que la virulencia golpista que estimulan no siempre acaba bien, y que se puede trabajar de manera sigilosa debajo de la mesa, siempre en pro de su limitada visión de democracia pero anteponiendo sus intereses hegemónicos.
Lo que si me resulta un logro indiscutible de la derecha en el presente, es el amplio trabajo mediático y la activa movilización social favorable al golpe de Estado que han orquestado, sea de manera blanda o violenta. Y no es que en el pasado no existiera -recuérdese Chile antes del golpe del año 1973-; pero lo que se experimentó con el golpe de Estado en Bolivia (2019) o el día de ayer en Brasil contra el gobierno de Lula, en el cual se manifestó de forma sostenida y violenta la activa participación de una parte de la ciudadanía, evidencia la constitución de una suerte de organicidad golpista que se ha instalado en el ADN de los movimientos de derecha de corte fascista de nuestra región, y que incluso se materializó en el asalto al Capitolio por la hordas trumpistas en el año 2021 y que también tuvo cabida en la intentona golpista reciente en Alemania.
En esa organicidad golpista se reúnen una serie de intereses que han sabido cultivarse, amalgamarse, posicionarse y sostenerse muy bien, incluso más allá de sus diferencias y banderas: antiderechos, iglesias cristianas radicales, anti ambientalistas, neoliberales, conservadores, anti ciencia, negacionistas, pro tenencia de armas, pro dictaduras, anticomunistas, antimigración, supremacismo blanco, extrema derecha, fascistas, etc. Un movimiento que adquirió vida y autonomía a partir de la violencia política y socio cultural derivada de la imposición capitalista del neoliberalismo, y que sin lugar a dudas se convierte en una severa amenaza a todo lo que represente democracia, derechos humanos, justicia, igualdad, emancipación social y sustentabilidad ambiental.
El panorama político es realmente complejo y sus consecuencias sociales y políticas presumibles.
La derecha golpista, cristalizada ahora en amplios sectores sociales que defienden sus intereses de manera violenta, incluso rechazando principios como la democracia, la legitimidad del sistema electoral, la división de poderes, o la integración social, suponen un reto de enorme envergadura para toda América Latina. Los recientes golpes contra Evo, contra Castillo, contra Lula, o el intento de asesinato contra Cristina Fernández, son solo la punta del iceberg de un proceso político de mayor amplitud que ya se dibuja de manera amenazante en nuestro horizonte.
SURCOS comparte el homenaje a Mariana Delgado Morales, recuperadora de tierra indígena Bri Bri. Extractos del documental «Recuperando la Tierra», UNFPA Costa Rica, 2021. Que su memoria y lucha perduren.
Dado el racismo visceral con que la sociedad costarricense asume, consciente o inconscientemente, la lucha de los pueblos originarios por recuperar sus territorios, con la cual ejercen los derechos establecidos en la jurisdicción nacional e internacional, es muy posible que la muerte de doña Mariana Delgado Morales pase desapercibida, silenciada e invisibilizada. Sirva este escrito para honrar su memoria y destacar su capacidad de resistencia frente a los múltiples atropellos de los que fue víctima.
Su lucha y su resistencia estuvieron siempre acompañadas, desdichadamente, por el dolor que le infringieron a ella y su comunidad quienes, al margen de la ley y de todo sentimiento noble, ocupan ilegalmente los territorios y actúan con toda clase de actos violentos como lo detalla el siguiente testimonio suyo de noviembre del año 2020. Doña Mariana Delgado Morales era indígena Bribri del Clan Tubolwak del Territorio de Salitre. A continuación, sus palabras:
“La lucha de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas y, en especial en mi caso, se ha venido dando desde que nacimos, porque nuestras abuelas y nuestras madres eran luchadoras incansables, porque tuvieron que enfrentarse, en ese tiempo, a la misma situación de discriminación, de racismo, de violencia, de humillaciones contra ellas, al igual que nosotras ahorita estamos sintiendo aún en este siglo que deberíamos de entender que haya mejorado la situación de las mujeres en el mundo, pero no es así, menos para nosotras las mujeres indígenas.
Hoy, el 25 de noviembre se conmemora [el día internacional de la violencia contra las mujeres], pues yo siento que nosotras cada vez más, en vez de avanzar, cada vez más como que retrocedemos con lo que está haciendo el Estado en contra de nosotros porque, desde que iniciamos más fuertemente las luchas de recuperaciones, de reivindicación de nuestros derechos, el Gobierno no ha querido escucharnos y nos toca ver cómo sufre nuestro pueblo, cómo desangra nuestro pueblo, cómo nuestros hijos son agredidos y cómo nos matan a nuestros hermanos por levantar la voz para exigir justicia para nuestro pueblo.
Es una situación cada vez más lamentable para nosotras las mujeres indígenas que, en estos procesos de lucha, es […], es doloroso para nosotras´, porque vemos como sufren nuestros hijos. En mi caso, ver a mi hijo sufrir con dos balas en su pierna y verlo todo joven, pero que aún está impedido, no puede ganarse su sustento diario solo, porque la salud no le permite, porque el dolor en su pierna es terrible y aún ver a sus hijos y sus hijas con muchas necesidades es algo muy, muy lamentable y doloroso para uno como madre y abuela.
Situaciones como esas de amenazas y de violencia hemos estado viviendo en mi territorio, en Salitre y ver que el Estado se hace de la vista gorda de todos los sufrimientos de nosotros lo indígenas, pues no tiene otra palabra: el Gobierno no se preocupa ni se ha preocupado nunca por nosotros.
En esta situación, quisiera compartir también que el Gobierno, después del asesinato de nuestro hermano Sergio, entró con toda su comisión del vice ministerio de la Presidencia, como la Corte Suprema de Justicia, ministerio de Seguridad, ministerio de Justicia y Paz y otros; después del asesinato de Sergio nos reunimos, como consejo, con esta comisión en varias reuniones como para acordar acciones a seguir como monitoreo en el territorio y también nuevas recuperaciones que hubieron (sic) en ese tiempo. Esos monitoreos se cumplieron en parte. Se acordó que el Gobierno realizara el desalojo de los finqueros no indígenas que usurpan las tierras y esos desalojos tampoco se realizaron.
Se le solicitó al Gobierno avances en la investigación del asesinato de Sergio Rojas y el Gobierno nunca dio informes del avance en este caso. También solicitamos al Gobierno que busque mecanismos para devolver las tierras directamente a los indígenas y no a través de la ADI y hasta el momento no han contestado. Por esa razón, la relación con el Gobierno ha sido muy poca y nosotros no hemos estado anuentes a realizar más reuniones, ya que el Poder Ejecutivo no nos ha dicho cuáles son los pasos a seguir para la devolución de las tierras. A nosotros lo que nos interesa es que el Gobierno agilice los procesos de recuperación y el Gobierno no ha mostrado ningún interés en seguir los pasos para la devolución de las tierras y que no sea a través de la ADI. El Estado ha incurrido en retrasos injustificados para devolver las tierras a los indígenas, en vista de que ha transcurrido mucho tiempo desde la creación de la ley y el inicio de los procesos de recuperación.
Tampoco han encontrado una forma ágil y oportuna para hacer efectiva la devolución de la tierra a los indígenas. [Recibimos] la visita del Gobierno, no oficial, para intercambiar algunas ideas. Se entabló conversaciones, pero nada afirmativo, hasta este momento no han hecho alguna acción positiva por la llegada de la pandemia del covid 19 al país, más bien el Gobierno lo tomó para poner excusas, para no continuar con lo que les correspondía realizar en Salitre en temas de saneamiento territorial y seguridad. También el Poder Judicial tomó la pandemia como excusa para no aligerar los procesos judiciales.
Además de eso, aumentó la violencia en el 2020 después del asesinato del líder bribri Sergio Rojas. La falta de voluntad del Gobierno de sancionar a los culpables de ese asesinato motivó que el usurpador Heliodoro Figueroa Uva le dispara a Mainor Ortiz Delgado en su pierna derecha el día 9 de febrero del año 2020 cuando Mainor se encontraba trabajando en su finca con su familia. El día 21 de agosto ese mismo agresor entró en casa de la indígena bribri Claudina Figueroa Rojas y Ana Patricia Calderón Figueroa, ambas del Clan Uniwack, sacó un arma que portaba en su cintura y un cuchillo que llevaba en su mano, amenazó a las compañeras y les dijo que las iba a agredir; luego de gritarles y ofenderlas, dijo que si no salían de esa tierra les iba a disparar, a lo que las mujeres resistieron a salir. Ese agresor, en otra ocasión, ya había amenazado herir a la señora Claudina con un cuchillo, cuando ingresó en la propiedad de ella. Ese día un vecino la defendió de que la hirieran con un cuchillo.
El 21 de marzo, en horas de la mañana, el usurpador Rodrigo Figueroa Uva amenazó golpear a Enrique Ortiz Figueroa del Clan Uniwack. Le dijo que era mejor que se calle y no hable, porque él no sabe lo que le puede pasar, pues Enrique es testigo de Mainor Ortiz en una demanda de agresión con arma.
Mariana Delgado Morales.
Quiero manifestar que el 24 de septiembre de 2020 nos enteramos la noticia de que el Poder Judicial tomó la decisión de desestimar el caso del asesinato de nuestro hermano y líder Sergio Rojas Ortiz. Noticia que recibimos con mucho dolor e indignación en el territorio de Salitre. Decisión que tomó el Poder Judicial basándose, supuestamente, en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales. En esta situación, vemos que no tenemos apoyo de la justicia costarricense, ya que se nos está demostrando con el asesinato de Sergio Roja que no se vislumbra un esfuerzo por parte del Poder Judicial para encontrar a los culpables del asesinato y que sean castigados como debe ser.
Por otro lado, el Estado no ha devuelto las tierras a los indígenas que es la causa de toda violencia y asesinatos contra los indígenas. Y la desestimación de este caso estimula a los usurpadores para que continúen con la violencia, ya que el Poder Judicial les da el respaldo y avala así a los no indígenas para que continúen con las amenazas de muerte a los defensores de derechos, a familias que recuperan tierras y aumenta la posibilidad de nuevos asesinatos de indígenas que defienden sus territorios, pues lo no indígenas observan que no le dan importancia a la investigación de un indígena asesinado, lo que provoca que los no indígenas intensifiquen todas formas de violencia en contra de los indígenas. Esto sería muy peligroso, lamentable para el pueblo bribri de Salitre.
Esta es la situación actual de mi territorio en Salitre, lo estamos pasando, lo que hemos vivido y seguimos viviendo, ya que no hay respuesta, no hay apoyo de parte del Estado a esta situación de violencia que hemos estado viviendo. Lamentable, como digo, porque vemos una situación muy crítica para nosotros. No sabemos hasta cuándo”. (Delgado, 2020, m14s12)*
¿Cuándo le daremos en Costa Rica el lugar que merecen los pueblos originarios?
Siembran con sus luchas semillas de dignidad.
Isabel Ducca D.
*Para consultar el documento completo: Audiovisuales UNED. (2020, noviembre 25). Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos /Foro [Vídeo]
SINAE AFINES muestra su preocupación con promover el bienestar de las personas trabajadoras realizando la carrera por la salud y con mantener una responsabilidad social con grupos vulnerables, como los son las personas en situación de calle y las personas VIH positivas, realizando una donación significativa a la Asociación Casa Hogar San José que se encarga de ayudar a estas poblaciones vulnerables.
Esta donación fue posible por las utilidades generadas con la carrera y ayudará en la ejecución de los programadas de la Casa Hogar. La visión estratégica de SINAE AFINES contempla la lucha por la desigualdad social. ¡Somos un equipo ganador!
Ante la cruel violencia estatal y la criminalización de la protesta social por parte del gobierno de Dina Boluarte, el CEP alza su voz de protesta. Rechazamos el “(auto) golpe de Estado”, promovido por civiles, militares y justificado por la derecha y la ultraderecha peruana en el Legislativo; todo al amparo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la injerencia de voceros del gobierno norteamericano.
Denunciamos el intento de los medios de comunicación de invisibilizar asesinados, heridos, golpeados, injuriados, subestimados, perseguidos, secuestrados y desaparecidos por parte del Grupo Terna, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Su accionar cobarde y premeditado ya genera víctimas fatales, especialmente, contra menores, además de jóvenes y adultos. La sangre de alrededor de 28 asesinados clama por justicia: 9 en Ayacucho, 6 en Apurímac, 3 en Cusco, 3 en Junín, 3 en La Libertad, 3 en Ucayali y 1 en Arequipa. El estado de emergencia nacional no justifica tales asesinatos, se trata sí de violentos atentados contra la vida y defensa de los derechos del pueblo presente en comunidades, territorios y departamentos del Perú, a quien vilmente se le calumnia y acusa de terrorista.
La legítima protesta popular hace eco del quinto mandamiento: “No matarás” (Éxodo 20:13). Por el gran mandamiento de “Amor a Dios” y “Amor al prójimo” (Mateo 22:34-40), la Iglesia está llamada a asumir la misión encomendada, alzar su voz profética, demostrar su solidaridad y optar por los más empobrecidos en cumplimiento con las exigencias bíblicas y los nuevos retos históricos (Zacarías 7:10; Santiago 1:27; Mateo 5:3-11). Ante tal demanda del Evangelio, observamos con preocupación los pusilánimes comunicados de iglesias cristianas y, peor aún, la disposición de sus líderes a colaborar con este régimen autoritario. Por la memoria de las víctimas de ayer y hoy, el CEP rechaza, denuncia y confronta la dictadura cívico-militar instalada desde el 7 de diciembre de 2022 bajo la usurpación de Dina Boluarte. Se evidencia así el apoyo irrestricto de la oligarquía, la burguesía y las élites de la sociedad peruana, como soporte a los intereses en juego de las transnacionales mineras, las políticas neoliberales y los condicionamientos geopolíticos regionales.
En las calles, las consignas de un pueblo en marcha reafirman contundentemente su propuesta: ¡Renuncia Dina! ¡Libertad de Castillo! ¡Cierre del Congreso! ¡Asamblea Constituyente! ¡Nuevas Elecciones! Pasadas las fiestas de fin de año, miles de voces ya retumban convocando espontáneamente a organizaciones populares, fuerzas progresistas, sectores de izquierda, organismos de derechos humanos, cristianos e iglesias comprometidas, y otros colectivos, para establecer alianzas y conformar un frente político de lucha y transformación social que consideramos indispensable y estratégico.
Al terminar el año 2022 e iniciar el 2023, deseamos que la fe, la esperanza y el amor acompañen a hombres y mujeres que apuestan por la defensa de la vida y afirmación de la dignidad en contraposición al individualismo, el egoísmo, el racismo, la prepotencia, la indiferencia y el ninguneo social. Contra el terruqueo. ¡Por una Patria Libre y Soberana!
Querido Jesús, en estos días que conmemoramos tu nacimiento queremos pedirte, con Fe y Esperanza, que llenes de Sabiduría, Buena Voluntad y Solidaridad a las DIPUTADAS y los DIPUTADOS del Congreso de Costa Rica para que aprueben la Ley de Protección al Derecho de Titulación de los Ocupantes en 150 metros de zona marítimo terrestre, proyecto 22.796 que está en lista del plenario.
Tu viviste entre pescadores y conoces las muchas vicisitudes de ese oficio, que les forma un carácter fuerte, tenaz y de confianza en Ti. Conoces de las amenazas y los tiempos de tormenta que hemos vivido las familias costeras ante la codicia por nuestras parcelas. Ayúdanos Señor Jesús.
Por años las gentes del mar hemos resistido a las artimañas de intereses económicos por nuestra tierra, pero Tú sabes Señor Jesús, que no todas las personas lo han logrado y que, ante la brutalidad de los desalojos, demoliciones y el despojo de los elementales Derechos Humanos Universales, algunas personas se han suicidado y otras han caído en la locura.
No es justo Señor.
Acuérdate en especial del sufrimiento de Doña Virginia de Montezuma y de Bubba de Puerto Viejo, que enfermaron hasta morir, cuando les anunciaron el desalojo de la casa que les vio nacer a ellas y a sus hijos. Como ellas, son miles de personas que vivimos ese drama de perder vivienda y fuente de ingresos.
Ayúdanos Señor Jesús.
Son 57 diputados y diputadas, algunos distorsionan nuestra realidad con mitos e interpretaciones erróneas en relación a la zona marítimo terrestre ¿Cómo le hacemos Señor?
Danos una manita Señor Jesús, para que sus mentes se abran y logren un análisis integral de nuestra situación y en especial que nuestros diputados reconozcan que la titulación es la solución adecuada y justa para conservar todo lo que hemos construido en esta tierra que amamos y a la que hemos llegado bajo tu amparo.
Ayúdales a entender que los tecnicismos no deben socavar derechos fundamentales los cuales deben interpretarse en la forma más amplia y extensiva en todo lo que favorezca la libertad y restrictivamente en todo lo que la limite. Al igual que por el principio “pro homine” el derecho debe interpretarse y aplicarse de la manera que más favorezca al ser humano
Fortalece la conciencia social y el compromiso de representación de esas 57 personas que tienen en sus manos, con su voto, otorgarnos el derecho al título de propiedad del que depende nuestra vida y todo eso que hemos construido en nuestras comunidades, aquí junto al mar.
Te lo suplicamos Señor.
Firma: 50mil familias de las comunidades costeras de Costa Rica que hemos delegado la potestad de legislar a favor de nuestros derechos.
Desde la movilización civil un grupo de peruanas y peruanos en conjunto con diversas organizaciones crean la Plataforma Internacional Peruanos Sin Fronteras, con el fin de solicitar a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas la acción en relación a las violaciones de derechos humanos en las regiones más afectadas del país por parte del gobierno.
Así como, el establecimiento de una comisión de investigación para esclarecer y dar solución a los ciudadanos. Además exigir el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú.
Puede ser parte del apoyo a este movimiento civil firmando el siguiente formulario:
En América Central la migración internacional duplica y cuadruplica las estimaciones regionales e internacionales, respectivamente; especialmente de personas que viven en los países del llamado Triángulo Norte, integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala. Foto OIM-ONU.
18 de diciembre, Día Internacional del Migrante
La muerte, desaparición y explotación son parte de la migración humana en el mundo
Desde los orígenes mismos de la humanidad la historia ha estado marcada por la migración para reconstruir la vida en otras tierras. Pero en la actualidad los movimientos migratorios se han convertido en un tema político electoral en muchas naciones, aunque millones de historias están manchadas con sangre.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU) entre 2014 y 2022 más de 50000 personas perdieron la vida durante estos trayectos. En América Latina más de 6900 personas encontraron la muerte, especialmente en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, que a la fecha suman 114 niños y niñas, 360 mujeres y 2349 hombres; pero OIM-ONU reconoce que existe un subregistro de las muertes en parte porque se desconocen todas las rutas migratorias transfronterizas.
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En la región centroamericana, con el norte apuntando hacia los Estados Unidos, el año pasado más de 100000 personas cruzaron el Tapón del Darién, ubicado entre las fronteras de Panamá y Colombia, donde oficialmente se contabilizan 199 fallecimientos, pero la ONU advierte que testimonios de los migrantes afirman que encontraron una gran cantidad de fallecidos tendidos a lo largo de esa mortal ruta.
Por dicho motivo desde el año 2000, cada 18 de diciembre los países miembros de la ONU se unen en el marco del Día Internacional del Migrante, dado el “creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes”.
Hasta mediados del año 2020 la OIM-ONU estimó que unos 288 millones de personas estaban bajo la categoría de migrantes, un 3.6% de la población global. Los migrantes trabajadores representan el 62% del total, y la mayoría se moviliza a países de rentas altas, aunque ha aumentado el porcentaje de aquellos que llegan a países de renta media.
El Dr. Carlos Sandoval García, director del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), y editor del libro “Migraciones en América Central, Política, territorios y actores”, asegura que en el istmo se estima que entre un 12 y un 14 por ciento de la población no vive en sus países de nacimiento, por lo que “la migración internacional duplica y cuadruplica las estimaciones regionales e internacionales, respectivamente. Se trata de una realidad estructural y estructurante de la vida de millones de personas. Sea que se considere desde la experiencia personal, los imaginarios sociales, las políticas públicas o la acción política, las migraciones son un lugar crucial desde el cual acercarse a describir, explicar y comprender la región”.
Acciones desde y con la comunidad
Las largas travesías para migrar hacia América del Norte están llenas de sueños de personas que esperan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, dejando tras de si historias de dolor. Miles pierden la vida en el intento y otros desaparecen en caminos desconocidos por las autoridades migratorias regionales. Foto OIM-ONU.
Para la Licda. Soledad Hernández Carrillo, coordinadora del proyecto de Acción Social (VAS) denominado “Migra-acciones: Acompañando población migrante y refugiada, más allá de las fronteras” (TC-723), es vital que el Estado “genere información sobre la trata de personas para identificar estas situaciones de riesgo y generar prevención mediante procesos socioeducativos y de difusión para que mediante procesos comunitarios no se victimice a las personas”.
El objetivo del TC-723, iniciativa de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR) es fortalecer las capacidades de incidencia y organización de las personas migrantes, solicitantes y refugiadas pertenecientes a diversas agrupaciones para la validación de sus derechos humanos. Para lograr su fin, el proyecto genera procesos de sensibilización, información y acompañamiento a estas poblaciones, organizaciones e instituciones que trabajan sobre esta temática, desde un enfoque psicosocial, de género, e interculturalidad.
En el mundo, un 13% de las personas migrantes son menores de edad, y cada año más se suman a largos trayectos migratorios sin compañía de adultos. Foto Rafael Rodríguez/OIM-ONU 2018.
Durante el año 2022 el TC-723 colaboró con una serie de instituciones como ReT Internacional, Cenderos, Red de Mujeres Pinoleras, entre otras. Este año se impartieron talleres socioeducativos a personas solicitantes de refugio, sobre sus derechos laborales, salud, ferias y actividades lúdicas para niños y niñas migrantes, entrega de paquetes educativos a escolares e información y cuidados en el uso de las plataformas digitales.
En suma, con el aporte de estudiantes de distintas carreras se generan propuestas interdisciplinarias mediante la construcción conjunta de saberes y acciones en defensa de los derechos humanos. Por otra parte, y desde otro enfoque, se capacita al personal de los sistemas judicial y policial para la adecuada atención de las personas en condición de migrante o en proceso de solicitud de asilo.
De acuerdo con la Licda. Hernández, la propuesta es contar por personas funcionarias bien capacitadas en estos temas “y generar una adecuada utilización de los recursos para brindar servicios especializados y pertinentes, ya que aunque el Estado tiene una infraestructura a veces no existe una designación específica de fondos y muchas organizaciones no gubernamentales terminan asumiendo labores que corresponden al Estado».
Las personas como mercancía
En la legislación costarricense el tráfico ilícito de personas es un delito penado con hasta 10 de años de cárcel, y en ocasiones quienes hacen estos recorridos caen en redes delictivas relacionadas con la trata de personas.
El tráfico ilícito de migrantes implica el traslado y cruce entre fronteras en el que media un pago y una relación comercial conocida como “coyotaje”. En la trata de personas, que también ocurre dentro del mismo país de origen de la víctima, “existe un engaño, una coacción, una amenaza y la persona es vista como una mercancía, es una de las violencias más extremas que atenta contra la dignidad humana y la explotación en diversas formas como laboral, sexual, servidumbre, uso de vientre de alquiler, adopciones ilegales, venta de órganos. En particular en Costa Rica se da la explotación laboral en fincas agrícolas, y la sexual particularmente con mujeres y niñas, niños y población LGBTIQ”, detalló Hernández. En Costa Rica, el artículo 172 del Código Penal tipifica como delito la trata sexual y laboral y a la luz de esa normativa en el 2021 se identificaron 21 víctimas en el país, 6 mujeres, 14 niñas y 1 niño, en su mayoría costarricenses y personas nicaragüenses y de otras nacionalidades. Aunque existe un subregistro global, recientemente la OIM-ONU ha detectado casi 160 mil casos de tráfico y esclavitud moderna.
Hernández recordó que en la UCR existen varios proyectos e iniciativas que abordan el tema de la migración y que por ello, en el marco de la pasada Semana de la Persona Migrante, celebrada en setiembre, se gestionó una red de trabajo sobre migración, refugio, los procesos de atención y cumplimiento de derechos de las personas migrantes, especialmente en estos escenarios de migración forzada. “Lo que se percibe es que se puede vulnerar o colocar en mayor riesgo a personas que ya huyen de otras vulnerabilidades”, acotó.
¡Para denunciar!
Si usted conoce sobre actividades de tráfico ilícito de migrantes o trata de personas puede reportarlo de manera confidencial al 9-1-1, a la Policía de Migración al 2106-4005 o interponer una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial; también escribiendo al correo electrónico denunciatrataytrafico@migracion.go.cr
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
La activista pro-palestina Tatiana Gamboa Freer, declaró este 15 de diciembre del 2022 en la audiencia de juicio en el Tribunal de Flagrancia, por quemar la bandera del Estado de Israel durante la manifestación en la caravana antisionista del pasado 29 de noviembre, manifestación ocurrida el Día Internacional de la Solidaridad con Palestina.
Declaró que sus acciones no fueron impulsadas por ningún sentimiento establecido en el odio si no, una manifestación auténtica, según palabras de Gamboa «en honor a la justicia de la que carece el pueblo palestino».
Además, señaló que se violentaba su libertad de expresión en cuanto a su protesta y activismo, anteriormente Gamboa había sido detenida por las autoridades israelíes por encontrarse en el país en condición migratoria irregular.
