Desde el Frente Nacional por la Seguridad Social – FRENASS, se comparte el testimonio del empresario Julio Fernández Amón, quien nos relata una situación de salud que enfrentó, la cual comprometió su vida y le hizo conocer los altísimos costos que conllevan la atención en salud.
Al igual que miles y miles de costarricenses, don Julio se pronuncia en defensa de este patrimonio y conquista histórica de nuestro pueblo.
¡Muchas personas apoyan la campaña “Gracias CCSS”!
En FRENASS decimos:
¡LA CAJA NO SE VENDE! ¡LA CAJA SE DEFIENDE!
¡Defendámosla todos juntos!
¡Un gobierno que NO le paga a la CCSS, NO defiende esta gran Institución!
Se informa que el pasado lunes 11 de septiembre del 2023 alrededor de las 22:40 ocurrió un altercado en el lugar de la La Victoria en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar.
Se describe lo siguiente:
[…]un carro lanza gases lacrimógenos modelo sandcast se detiene frente a un grupo de pobladores que observan la manifestación en departamental y sin mediar provocación alguna desde el interior del carro disparando una escopeta a quemarropa, hiriendo a dos personas, una de ellas impactada en su ojo derecho.
A razón de esto, los firmantes señalan los siguientes puntos:
El reclamo hacía las medidas poco democráticas que el gobierno de Gabriel Boric está ejecutando medidas represivas sobre la ciudadanía.
Rechazo a las declaraciones del subsecretario Manuel Zacarias Monsalve Benavides y director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás quienes pretender tapar el accionar de carabineros, negando que hubiesen tenido participación.
Exigen la renuncia del Subsecretario Manuel Zacarias Monsalve Benavides y del general de carabineros Enrique Monrás.
Exigen la abolición de la ley Ley Nº 21.560, conocida como ley Nain-Retamal promulgada por el presidente Gabriel Boric, ley que permite el abuso de las policías e impunidad ante hechos criminales. Además, de insistir en la investigación y sancionamiento de los carabineros involucrados en tal hecho.
Finalmente, se había convocado a una marcha frente al Palacio de la Moneda el pasado viernes 15 de septiembre a las 18:30 en exigencia de justicia por la víctima y todas aquellas víctimas de trauma ocular que hasta el presente no tienen justicia.
Los firmantes de esta denuncia son: el colectivo de DDHH Moisés Marilao Pichun, familia y amigos de Dennise, el Observatorio de DDHH Nido Dignidad.
El pasado 20 de septiembre en la madrugada hombres armados con fusiles de asalto fueron detectados merodeando la casa de habitación de la lideresa garífuna Miriam Miranda, en la localidad de Vallecito, Colón, al noreste de Honduras.
El hecho fue catalogado como un atentado y fue descubierto por el equipo de seguridad de la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que intervino de inmediato logrando que los asaltantes se dieran a la fuga.
Miriam Miranda es una activista hondureña defensora de los derechos humanos y ancestrales del pueblo garífuna. Como líder de OFRANEH se ha distinguido por su defensa de la comunidad garífuna frente a amenazas como el despojo de tierras, formas extractivas como megaturimos, represas, minería, el narcotráfico y el cambio climático.
Es una de las líderes más visibles desde el golpe de estado en honduras en 2009 y una voz crítica contra el «narcoestado» del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.
Miranda fue declarada como ganadora del Premio Óscar Romero a los Derechos Humanos, junto a su compatriota, la activista ambiental Berta Cáceres, poco antes de que ésta fuera asesinada en 2016. También recibió el Premio a la Soberanía Alimentaria Internacional de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Estados Unidos. En 2016, recibió el premio ambiental Carlos Escaleras por 30 años de labor activista. En 2019 Miranda recibió el premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert en Berlín, Alemania.
La ONG británica Global Witness ha calificado a Honduras como «el lugar más mortal del mundo» para los activistas que trabajan contra las grandes empresas. Entre 2010 y 2017, aproximadamente 120 activistas hondureños fueron asesinados. Miranda ha sido amenazada y secuestrada en represalia por su trabajo, y ha sido constantemente difamada y estigmatizada por el aparato represivo, empresas y gobierno en los medios de comunicación locales.
El más reciente informe de Global Witness del 2022 asegura que solo el año pasado fueron asesinadas en Honduras 14 personas defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes, continuando a nivel mundial en el número uno de activistas ambientales asesinados per cápita.
Mediante un video la activista agradeció a los miles de personas que se solidarizaron y exigen la protección de su vida y la solidaridad con el pueblo garífuna por luchar y exigir sus derechos. Agradeció al pueblo garífuna de las organizaciones nacionales e internacionales, por condenar de inmediato y de manera contundente el atentado.
Desde el Bloqueverde y Oilwatch Costa Rica hacemos un llamado a la solidaridad con el pueblo garífuna y la lideresa Miriam Miranda. Llamamos a la condena generalizado a este atentado y al contexto que rodea la vida de las defensoras y defensores de la naturaleza y los derechos humanos en la región.
Foto extraida de esta nota de prensa de El Pais (España) Titulada «La reunión privada entre Kissinger y Pinochet: «Queremos ayudarlo: simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí» (25/05/2023) elaborada con ocasión de los 100 años de Henry Kissinger y la desclasificación de nuevos documentos sobre Chile en Estados Unidos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«Si olvido mis hijos cargarán la ira Si no olvido le pongo nombre a la justicia y a ellos les nacerán alas»
Valeria Varas, Futuro (poema) citado en su obra de teatro Mi Paulina, San José, Edit. Gráfico Litho, Tinta en Serie Núm. 34, 2016, Escena 8, p. 31
En los días previos a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado militar en Chile de 1973, Estados Unidos ha decidido oficialmente «desclasificar» documentos mantenidos en reserva desde cinco decenios: véase nota de The Progressive Magazine y nota de RFI del 9/09/2023.
Se trata de nuevos documentos que vienen a añadirse a muchos otros liberados en años pasados por algunas administraciones norteamericanas, y registrados en este sitio de la Universidad George Washington : un extenso programa de investigación dedicado a Chile – que no se limita únicamente a la desclasificación de documentos norteamericanos – y que cuenta con este enlace con abundante información.
En su comunicado oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo referencia a esta desclasificación, al precisar que:
«La Administración Biden ha buscado ser transparente sobre el papel de Estados Unidos en este capítulo de la historia chilena al desclasificar recientemente documentos adicionales de 1973, tal como lo solicitó el gobierno chileno»
Si bien la prensa internacional ha puesto de relieve las razones por las que este golpe de estado de 1973 estremeció a América Latina y a la comunidad internacional en general (véase por ejemplo, esta nota de la BBC del mismo 11/09/2023 cuya lectura recomendamos), el involucramiento de Estados Unidos ampliamente documentado desde entonces (y asumido en parte por la actual administración norteamericana), es un aspecto que merecería ser añadido (por ejemplo, a los cuatro puntos mencionados en el precitado artículo de la BBC).
No está de más referir a nuestros estimables lectores a este documento manuscrito de 1970 en el que se autoriza a derrocar al futuro Presidente de Chile si llegara a tomar el poder (véase enlace cuando se desclasificó en el 2020, en el que se indica que: «Fifty years after it was written, Helm’s cryptic memorandum of conversation with Nixon remains the only known record of a U.S. president ordering the covert overthrow of a democratically elected leader abroad» ).
En esta otra nota se lee que la más reciente desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos en agosto del 2023 obedeció a solicitudes expresas realizadas por las actuales autoridades de Chile:
«After withholding this document in its entirety for decades, the CIA finally released the September 11, 1973, PDB today in response to a formal petition from the Chilean government of Gabriel Boric for still secret records as the 50th anniversary of the coup approaches. The CIA also partially declassified a second PDB, dated September 8, 1973, which erroneously informed President Nixon that there was “no evidence of a coordinated tri-service coup plan” in Chile and said that “should hotheads in the navy act in the belief they will automatically receive support from the other services, they could find themselves isolated.”
The two PDBs are among the most historically iconic of missing records on the September 11, 1973, military coup because they contained information that went to President Nixon as a military takeover that he and his top advisor Henry Kissinger had encouraged for three years came to fruition«.
Para información de nuestros lectores, las dos precitadas citas refieren al texto en inglés elaborado por el programa de investigación sobre documentos desclasificados de la Universidad George Washington, que sitúa en el tiempo y analiza cada uno de los documentos liberados en los últimos años por parte de Estados Unidos. En este video producido por Chile Visión (véase enlace), varias jornadas en 1970 y en años posteriores, son «reconstruídas» por este programa de investigación, a partir de cables desclasificados, documentando y revelando el contenido de reuniones claves que explican el involucramiento de las máximas autoridades de Estados Unidos.
Ahora bien, la solicitud hecha por Chile en el 2023 a Estados Unidos concierne probablemente muchos más documentos aún en posesión de la administración norteamericana, la cual se ha limitado a desclasificar únicamente dos de ellos. ¿Y el resto?
En una reciente entrevista realizada el 12 de septiembre del 2023 en Estados Unidos (véase texto completo), leemos que para uno de los investigadores de la Universidad George Washington que mejor conoce del tema:
“There are other secrets that we want to get out. The Chilean government has asked the Biden administration for a special declassification diplomacy gesture for this 50th anniversary. So far, only two documents have been declassified. There are many more that have been asked for, that hopefully, you know, at some point will come out”.
La entrega de documentos oficiales ante el derecho a la verdad: luces y sombras
Desde la perspectiva del derecho internacional público, cabe precisar que no existe obligación alguna para un Estado de liberar documentos de la reserva en la que los mantiene al considerarlos «sensibles«. Cada Estado dispone de un sistema nacional de archivos con informes internos, datos y registros de diversa índole: sus máximas autoridades son las que deciden mantenerlos fuera del alcance del público o bien revelar su existencia.
Es así como Panamá debió esperar que se cumplieran los 30 años desde la invasión norteamericana de 1989 para que Estados Unidos aceptase finalmente liberar una gran cantidad de documentos clasificados (véase nota de El Pais – España del 17/12/2019).
En otros casos, documentos e informes policiales o militares son «encontrados«, como los denominados «archivos del terror» descubiertos en una casa en la localidad de Lambaré en Paraguay el 22 de diciembre de 1992 (véase publicación de la Corte Suprema de Justicia paraguaya e interesante video del momento en el que un juez paraguayo acompañado por la prensa solicita ingresar a la vivienda para verificar la presencia de dichos archivos e incautarlos).
Los datos encontrados en los archivos descubiertos en Paraguay en diciembre de 1992 permitieron documentar una gran cantidad de causas en distintas partes del Cono Sur. También permitió a la justicia italiana condenar el 8 de julio del 2021 a 14 personas por la muerte de 43 personas, víctimas del Plan Cóndor con doble nacionalidad (a saber 6 italo-argentinas, 4 italo-chilenas, 13 italo-paraguayas y 20 uruguayas): véase nota en italiano de la ONG italiana CILD. De igual manera en el 2010, la justicia francesa condenó a los responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en Chile (véase nota de Le Monde del 18/12/2010).
Volviendo al caso de Chile, es de saludar la voluntad férrea de sus actuales autoridades de obtener la liberación de documentos clasificados por parte de la actual administración norteamericana.
Nótese que en su comunicado oficial del 25 de agosto del 2023 la Embajada de Estados Unidos en Chile se sintió obligada a externar los criterios usados para decidir (o no) liberar documentos, sin considerar que ya han pasado 50 años desde el episodio que se pretende esclarecer, al señalar (véase texto completo) que:
«La desclasificación de documentos es un proceso complejo en el que participan múltiples agencias, en el cual el gobierno de los Estados Unidos toma en cuenta numerosos factores, entre los que se incluyen la seguridad nacional, la protección de las fuentes y la metodología, y otros riesgos y beneficios que conllevan la divulgación de información específica. Teniendo en cuenta estos factores, el gobierno de los Estados Unidos completó esta revisión de desclasificación en respuesta a una solicitud del gobierno de Chile y para permitir una comprensión más profunda de la historia que compartimos«.
Cabe precisar que en materia de «soft law«, la resolución E/CN.4/RES/2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas – hoy denominada «Consejo de Derechos Humanos» – adoptada por consenso en el 2005, a iniciativa de Argentina (su texto está disponible en la red), y titulada «El derecho a la verdad» se limita únicamente a indicar que:
«5.Alienta a los Estados a que presten a los Estados interesados la asistencia necesaria al respecto«.
Derecho a la verdad vs. verdad oculta: algunos avances desde el derecho internacional público
La ausencia de obligación jurídica entre dos Estados de entregar información que posea uno a otro, relacionada a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en nada impide que tengamos una dinámica totalmente distinta cuando nos interesamos a los tribunales nacionales e internacionales de cara a la implementación del denominado «derecho a la verdad «.
En este caso, son los colectivos de víctimas y de familiares y asociaciones de derechos humanos los que han hecho valer ante sus propias autoridades o bien ante los tribunales nacionales (y si estos fallaron en su contra, en los tribunales internacionales) este derecho que asiste a toda víctima de exacciones cometidas en el pasado por autoridades estatales (sea en su contra o en contra de alguno o varios de sus seres queridos).
Al respecto, un muy completo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad, publicado en el 2014 (véase texto) detalla los alcances del derecho a la verdad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La larga lista de casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que figura al final de este artículo académico publicado en el 2008 titulado «El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no internacional«, da una idea de las pautas que ha venido fijando al respecto la jurisprudencia del juez interamericano, y ello desde sus primeras sentencias contra Honduras a finales de los años 80.
Es de notar que los significativos avances observados en América Latina en materia de derecho a la verdad siguen sin lograr permear al sistema judicial en España: la primera exhumación del cuerpo de una víctima del franquismo ordenada por la justicia se logró en el 2016 gracias a una solicitud proveniente de … la justicia argentina (Nota 1).
Las actuales autoridades chilenas: más decididas que sus antecesoras
A diferencia de su antecesor al cargo, el presidente actual de Chile se ha mostrado mucho más exigente en cuanto a la búsqueda de la verdad a partir de lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973 en Chile.
El pasado 30 de agosto, se firmó en Santiago de Chile un Decreto para lanzar un Plan Nacional de Búsqueda de los aún miles de ciudadanos chilenos que aparecen en listas de personas desaparecidas en Chile (véase comunicado oficial). Desde el 2013, un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre Chile así lo recomendaba (véase informe). El 22 de diciembre del 2017, de manera bastante tardía y finalizando su segundo mandato, una primera iniciativa había sido lanzada por la entonces Presidenta de Chile (véase nota de France24 del 22/12/2017).
Incluso en su cuarto informe (1989) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación en materia de derechos humanos en Chile, el costarricense Fernando Volio Jiménez, refería a la importante labor que esperaba a la sociedad chilena con relación a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada (véase enlace a informe) (Nota 2).
Este reportaje de The Guardian del mes de agosto del 2019 titulado «Where are they?: families search for Chile´s disappeared prisoners» (véase enlace) detalla de una manera muy completa el drama de familias chilenas ante la falta de información sobre lo sucedido a sus seres queridos y la falta de voluntad política que significó la llegada en marzo del 2018 del Presidente Piñera en lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas en Chile.
La Operación Cóndor ante el derecho a la verdad: la respuesta del juez interamericano ante la poca (in?) capacidad de la justicia nacional
Otra trágica iniciativa para América Latina como lo fue el denominado «Plan Condor«, que involucró no solamente a Chile (y a Estados Unidos), constituye un ámbito en el que aún quedan muchos documentos por desclasificarse en Estados Unidos: este informe del CELS (una reconocida ONG de Argentina) explica cómo funcionó a partir de 1975 entre los Estados del Cono Sur este plan coordinado tendiente a borrar el efecto protector que significa para una persona amenazada cruzar una frontera entre dos Estados.
En su informe entregado en diciembre del 2014, la Comisión de la Verdad de Brasil refiere de manera mucho más detallada que anteriores comisiones de la verdad en su cápitulo 6 (véase texto) el nivel de involucramiento al que llegaron las autoridades brasileñas militares de la época. En este muy completo documento oficial publicado en Uruguay titulado «Participación uruguaya en la coordinación represiva regional. ‘Operación Condor’ «, se analiza el involucramiento de Uruguay.
Son mucha las iniciativas tendientes a completar y documentar el modus operandi del Plan Cóndor, como por ejemplo este proyecto de investigación de la Universidad de Oxford (véase enlace) que centraliza una gran cantidad de datos.
Cabe recordar que fue tan solo en el 2016 que el Plan Cóndor fue objeto de una primera decisión condenatoria por parte de la justicia penal argentina, con respecto a altos mandos militares argentinos, varios de ellos nonagenarios al momento de escuchar la sentencia (Nota 3). Al conocerse esta sentencia, el precitado programa de investigación norteamericano de la Universidad George Washington publicó esta nota, haciendo ver que los archivos desclasificados por Estados Unidos fueron usados por los jueces argentinos como prueba documental.
Al 2023, los sistemas judiciales en el Cono Sur siguen tramitando causas de víctimas y de familiares de víctimas: en este enlace se registran algunas de las acciones legales ante tribunales nacionales relacionadas al Plan Condor.
Ante la resistencia de algunos jueces a nivel nacional para investigar y sancionar hechos relacionados al Plan Cóndor, y ante las maniobras legales de todo tipo que los abogados de los responsables de estos hechos logran a veces realizar, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha ofrecido (y sigue ofreciendo) a las víctimas una posibilidad de obtener justicia.
Se considera que la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en examinar el caso de una víctima del Plan Condor es del año 2006 (caso Goiburú y otros vs. Paraguay).
En otra importante sentencia del juez interamericano del 2011 (caso Gelman vs. Uruguay) se lee que:
«51. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa.
52. Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor«.
En la sentencia dictaminada contra Argentina 10 años después, en septiembre del 2021 (caso familia Julien Grisonas vs. Argentina), la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que este «plan criminal interestal» amerita ahora otro esfuerzo coordinado de sus integrantes, al precisar que:
«288. En congruencia con las solicitudes efectuadas, la Corte dispone que el Estado argentino, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de este fallo y por las vías que considere adecuadas, haga las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso: la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, es decir, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del Perú, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Dicha coordinación deberá reflejarse en un plan de trabajo común entre las autoridades competentes, según la materia de que se trate, ejecutado en observancia del marco jurídico nacional e internacional aplicable, y con auxilio de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua. Así, el trabajo coordinado entre autoridades de los distintos Estados habrá de emprender esfuerzos conjuntos para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la “Operación Cóndor”, como escenario en el que fueron perpetradas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluidas las que damnificaron a las víctimas del presente caso«.
La cooperación militar de Francia en América Latina en los años 70-80: sombras y penumbras
Resulta de interés precisar con respecto al origen exacto de la «técnica» de la desaparición forzada por parte de mandos militares, que investigaciones recientes en Francia (véase actas de foro especializado y artículo del 2022) demuestran que fue iniciada por militares de Francia en Argelia a finales de los años 50.
Un reportaje del 2003 difundido en Francia, y titulado «Escadrons de la mort: l´école francaise» (véase enlace así como corto extracto en YouTube así como Parte I disponible aquí y Parte 2 aquí) reúne varios testimonios indicando que instructores militares franceses «enseñaron» en los años 70-80 en academias militares del Cono Sur esta «técnica» desarrollada por Francia durante la denominada «Guerre d´Algérie«.
En septiembre del 2005, al adoptarse el proyecto de convención internacional sobre las desapariciones forzadas, cuyas negociaciones fueron presididas en la sede de Naciones Unidas en Ginebra por Francia, se lee que:
«le représentant permanent de la France, l’Ambassadeur Bernard Kessedjian – conclut en ces termes: «Un triple Non a été affirmé ici: Non au silence, Non à l’oubli, ¡Non à l’impunité!» (Note 4).
A modo de conclusión
Pese a los 50 años que nos separan de aquel fatídico día para Chile y para el mundo que significó el 11 de setiembre de 1973, aún muchas preguntas persisten en el tiempo: desde ya Estados Unidos podría útilmente aclararlas, liberando todos los documentos clasificados que aún posee en sus archivos secretos con respecto a lo ocurrido en Chile. Ello sin hablar de los documentos que también aún posee con relación al precitado «plan criminal interestatal» tal como lo calificó el juez interamericano.
En cuanto a Francia, su cooperación militar en América Latina en los años 1970-1980 ameritaría una mayor difusión y conocimiento, a partir de archivos que probablemente se mantienen bajo reserva en el seno del aparato estatal de Francia. En septiembre del 2003, una «proposition de résolution» en este sentido fue presentada por varios diputados galos (véase texto intégral), sin dar pié para mayores desarrollos.
Para las víctimas chilenas y sus familiares que siguen persiguiendo la verdad a través del tiempo, y buscan conocer el destino de sus seres queridos, desde Chile o desde afuera, su extenuante combate es ejemplar: ha inspirado, inspira y seguirá inspirando, estamos seguros de ello, a muchas familias y a varias generaciones de América Latina y del mundo en su exigencia de verdad y de justicia.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina«, Revista de Pensamiento Penal, 2016. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre las estrechas relaciones existentes entre el derecho a la verdad y las víctimas de desaparición forzada, véase la obra FERRER MAC-GREGOR E. & GONGORA MAAS J.J., Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos humanos, UNAM/IIJ/CNDH, México 2019. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Plan Condor: la justicia argentina se pronuncia«, sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 6/06/2016, texto disponible aquí.
Nota 4: Véase DE FROUVILLE O., «La Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées: les enjeux juridiques d´une négociation exemplaire«, Collección Droits Fondamentaux, Número 6, 2006, página 1. Texto completo del artículo disponible aquí.
Chiquita Brands y su idea del respeto a los derechos
Un accidente laboral absolutamente previsible ha ocurrido en la Finca Álamo de Chiquita Brands (Safra Group y Cutrale), en Sarapiquí: un trabajador recientemente operado de la rodilla y que difícilmente camina con ayuda de un bastón, fue obligado por los administradores de la finca a ir a embolsar banano.
Frank Ulloa
El hombre debe subir con la carga a una escalera apoyada en un suelo húmedo y esponjoso que no le da mayor estabilidad.
El trabajador se cae, queda inmóvil, lo llevan a la administración y pasa mucho tiempo tirado en el piso de cemento de la oficina, quejándose de dolor, hasta que llega una ambulancia y se traslada a una clínica de la seguridad social.
Fueron los dirigentes sindicales quienes se movilizaron para lograr que fuera atendido.
Los trabajadores y su sindicato han propuesto un diálogo sobre la salud laboral en las fincas de banano de Chiquita Brands, pero no ha habido respuesta alguna. Se les ignora, se les combate, no se les deja participar en las soluciones.
Ante la miopía empresarial, los trabajadores optan por la denuncia. Quizás algún día la transnacional se decida a respetarlos, y a respetar la libertad sindical.
Académicos del Ineina expusieron los principales resultados de las investigaciones relacionadas en temas de igualdad de género, acceso a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la participación.
Como parte de la Plataforma para el diálogo social, desigualdades y pobreza en América Latina y el Caribe, que impulsa el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), para los próximos años, se organizó del 17 al 21 de julio enManizales, Colombia ,la V Bienal Latinoamericana y Caribeña en primeras infancias, niñeces y juventudes, donde participaron Rolando Barrantes Pereira, Luis Diego Conejo Bolaños, y Miroslava Bonilla Cabañas, del Instituto de Estudios en la Niñez y la Adolescencia (Ineina-UNA).
Los participantes presentaron investigaciones relacionadas con el derecho a la participación de escolares, el mejoramiento de los derechos en la salud sexual y reproductiva de adolescentes en la zona norte de Costa Rica y la promoción de la igualdad de género.
El ejercicio de la participación ciudadana, cita Barrantes, es esencial para la vida democrática en diversos ámbitos como el familiar, comunitario y educativo. Para el investigador, la sociedad históricamente ha ignorado la capacidad de las personas menores para expresar sus opiniones en asuntos que les afectan directamente, lo que limita sus derechos.
Con el fin de promover la participación ciudadana entre los menores, se llevó a cabo desde el Ineina la actividad: Promoviendo la participación ciudadana en personas menores de edad en una escuela primaria de Santo Domingo de Heredia, donde se realizó un sondeo para evaluar el conocimiento sobre la participación ciudadana, con los resultados obtenidos, se desarrollaron talleres lúdicos abordando el tema en tres dimensiones: personal, política y social.
Dentro de las conclusiones se menciona el que los participantes pudieran reconocer sus características físicas y cualidades personales, así como aquellos elementos que los unían o diferenciaban de sus compañeros de clase como elementos fundamentales para el respeto.
“Adicionalmente se pudo explorar el constructor de comunidad y los elementos que debe tener la misma para ser un lugar agradable, pacífico y respetuoso de los derechos de niños y niñas. Finalmente se trabajó sobre los derechos y la democracia como pilares de la participación”, citó Barrantes.
Acceso
Por su parte Conejo junto a Marilyn León González, realizó un trabajo colaborativo con grupos locales de jóvenes, padres, madres y la sociedad civil para mejorar la demanda y oferta de servicios de los derechos a la salud sexual y reproductiva (DSSR), planificación familiar y anticonceptivos, y educación sexual y afectiva.
“El proyecto logró capacitar a 510 jóvenes y adolescentes en temas de habilidades para la vida, prevención de la violencia y DSSR. Más de siete mil personas de la zona norte participaron de las campañas informativas en colegios de secundaria y e capacitó a 165 padres, madres y encargados de familia en temas de crianza, proyecto de vida, afectividad y sexualidad de las personas adolescentes para dar un acompañamiento idóneo al desarrollo integral de los jóvenes”, detalló Conejo.
Promover la igualdad de género desde la infancia es fundamental para el desarrollo completo de niñas y niños, contribuyendo a una sociedad justa y equitativa. Tomando en cuenta lo anterior, se desarrolló desde el Ineina, una actividad académica, con niños y niñas de una escuela primaria de San Rafael de Heredia.
La actividad comenzó con la evaluación de los conocimientos previos sobre igualdad de género, lo que llevó al diseño de 10 talleres lúdicos abordando temas como roles de género, tareas cotidianas, deconstrucción de estereotipos y derechos infantiles.
De acuerdo con Bonilla, las conclusiones indicaron que, aunque hubo avances en áreas como la corresponsabilidad y la desmitificación de roles de género en deportes y profesiones, aún persisten normas sociales que afectan el comportamiento de niñas y niños. Por ejemplo, ciertos cuidados y expresiones siguen siendo asignados según el género, perpetuando desigualdades y discriminación.
Estos resultados admiten reflexionar, de que las niñas y los niños evidencian de que se les educa y socializa de forma diferente dependiendo de su género; el resultado es una desigualdad social en la que las niñas llevan la peor parte, porque va en contra de sus derechos humanos, llevándoles a situaciones de discriminación y subordinación.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Es una verdadera vergüenza que mientras los gobiernos y organizaciones internacionales se dan golpes de pecho sobre la maravilla del Pacto Global sobre Migraciones, esto esté ocurriendo. Este espantoso e inhumano tratamiento a mujeres, niñas hombres y personas LGBTT+ no es solo en NY, no es aislada, ocurre en todo el planeta y es espantoso, una verdadera plaga.
¡Tu voz es Poderosa! ¡Denunciemos a Una Sola Voz! .
El pasado 11 de septiembre del 2023, se realizó la develación de la placa en homenaje a Salvador Allende, ese día se cumplieron 50 años del golpe cívico militar de Chile. Con la colocación de esta placa se busca rendir homenaje al entonces presidente Salvador Allende Gossens, a su legado político y social en favor de la democracia, la justicia y los Derechos Humanos.
Nos permitimos extenderles un cordial saludo, a la vez de invitarles a una reunión informativa sobre el Examen Periódico Universal (EPU), que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que estará revisando la situación de Costa Rica en el 2024. Asimismo, estableceremos un espacio para dialogar sobre el proceso de elaboración de las contribuciones por parte de las organizaciones no gubernamentales.
La reunión se llevará a cabo el lunes 18 de setiembre a las 10:30 a.m., en las instalaciones de las oficinas centrales de la Defensoría de los Habitantes, situadas en B° México, Calle 22 Avenidas 7 y 11 en el aula de capacitación número uno.
La invitación es abierta para representaciones de organizaciones de sociedad civil que protejan los derechos de las poblaciones más vulnerables, por lo que para asistir será necesario confirmar la asistencia al siguiente correo electrónico smathiew@dhr.go.cr, indicando el nombre de la persona que participará en la reunión y la organización de sociedad civil que representa.
Para la atención de cualquier duda o consulta en relación con esta convocatoria, pueden comunicarse con la Srta. Sinaí Mathiew Sandoval, al teléfono 4000-8763.
La invitación está firmada por Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes de la República, y por Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.
Información compartida con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.
Este 12 de setiembre, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley de Protección a la Inversión Pública en Becas y otras Ayudas para la Población Estudiantil.
La iniciativa libera la inversión en becas de los límites de la regla fiscal, permitiendo que estas ayudas puedan llegar a quienes más las necesitan.
En medio de una grave crisis educativa, las becas y otras ayudas son fundamentales para que estudiantes de las poblaciones más vulnerables puedan mantenerse en las aulas y continuar sus estudios.
Agradezco a las fracciones legislativas que apoyaron este proyecto por su visión y compromiso con la educación pública en todos sus niveles.
