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Etiqueta: desarrollo social

Documento: “AGRICULTURA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE EN COSTA RICA”

La Fundación Friedrich Ebert publicó el documento “AGRICULTURA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE EN COSTA RICA: Un sello para promover el comercio solidario” de la autoría de Andreas Stamm.

“El documento propone un sello para la agricultura familiar campesina, como un instrumento para fomentar la cohesión social y territorial. Puede ayudar a la agricultura familiar competir con importaciones y asegurar buenos niveles de venta y precios atractivos”.

SURCOS invita a consultar el documento a continuación:

Personas con discapacidad: más pobres, desiguales y aisladas que nunca antes

Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Cuando la vida es difícil para cualquier persona, es más difícil aún para las personas con discapacidad. Ésta es una premisa que se cumple con rigor en esta dura época marcada por la irrupción devastadora del coronavirus.

Se preguntaba mediante un amplio reportaje contextualizado en la realidad española, la periodista María José Carmona: ¿Por qué todo es más caro para las personas con discapacidad? A lo largo de su trabajo muestra cómo casi todo (bienes y servicios), tienden a ser más costosos para las personas con discapacidad y sus familias.

Sean personas ciegas o sordas, personas con discapacidad intelectual o con discapacidad física, deben adquirir productos que otras personas sin discapacidad no requieren o tienen que adquirir productos a un precio mayor, que cuentan con algún dispositivo que mejora o asegura la accesibilidad.

La reportera pone como ejemplo ilustrativo el hecho de que las personas ciegas, se vean obligadas a adquirir un iphone, en virtud de que cuenta con una tecnología denominada Voiceover, que lee en voz alta todo lo que pasa en la pantalla del celular. Pero –como bien destaca–: Es un iphone y cuesta mucho dinero. Y esto es aplicable a los diferentes tipos de discapacidades, a partir de necesidades específicas.

Esta situación la caracterizó muy bien el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen que mostró cómo en Inglaterra, las personas con discapacidad para tener un nivel de vida similar a las personas sin discapacidad, debían incurrir en una serie de gastos adicionales. En un estudio que realizó a finales de la década de los noventa del siglo anterior, el economista indo-británico, mostró cómo esta situación generaba mayores condiciones de pobreza en las familias con miembros con discapacidad.

A conclusiones similares llegó el sueco, Bengt Lindqwist, ExRelator de Naciones Unidas sobre Discapacidad, al destacar el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad: “La pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”.

Las malas condiciones de limitada higiene y hacinamiento que genera la pobreza y extrema pobreza, y la falta de acceso oportuno a servicios de salud, son condiciones idóneas para que los niños adquieran enfermedades discapacitantes. Igualmente, las actividades laborales riesgosas son una causa de accidentes que dejan secuelas discapacitantes. Con ello se ejemplifica la parte de la ecuación que fija que las condiciones de pobreza pueden ser generadoras de discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen menores posibilidades de acceder a un empleo, aun cuando cuenten con alguna formación académica o técnica. Los prejuicios existentes y otras barreras generan esta injusta situación discriminatoria. Asimismo, cuando un integrante de la familia tiene una discapacidad, en muchas ocasiones otro miembro de la familia debe convertirse en su cuidador o cuidadora; con lo cual dos miembros pueden quedar excluidos de la actividad laboral remunerada. El resultado concreto es una menor disponibilidad de recursos económicos y con ello, se cumple la parte de la ecuación que expresa que la discapacidad produce pobreza.

Así las cosas, cuando se unen menores ingresos y mayores gastos, ambos generados por la discapacidad, se incrementa en forma notoria, las condiciones para que las personas con discapacidad enfrenten mayores condiciones de pobreza y desigualdad social. Eso quedó patentado en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), al comparar mediante cifras cómo la pobreza afecta en mayor medida a las personas con discapacidad.

Ahora bien, este fenómeno se hace más grave aún en tiempos de crisis económica y social, como la que enfrenta la sociedad costarricense a raíz de la pandemia de la covid-19.

En mayo del año anterior, la ONU emitió un informe que caracteriza la situación de las personas con discapacidad ante la pandemia. “La crisis mundial de la covid-19 está profundizando las desigualdades preexistentes, revelando el alcance de la exclusión y poniendo de manifiesto que es imprescindible trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad —1.000 millones de personas— son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en cuanto a muertes. Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en la comunidad. Tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, están expuestas a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas y se encuentran entre los grupos más marginados de cualquier comunidad afectada por una crisis. La covid-19 ha agravado aún más esta situación, al afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto directa como indirectamente”.

Al concluir el año 2020, tal es la apreciación diagnóstica de una realidad todavía no investigada ni revelada en toda su preocupante dimensión.

El principio de soluciones ante tan vasto problema social de exclusión, que afecta a la mayoría de las personas con discapacidad y sus familias, está claramente definido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), que el Estado costarricense ratificó mediante la ley 8661. No por casualidad esta norma internacional tiene como uno de sus tres ejes el de desarrollo social inclusivo y accesible.

Sin embargo, al examinar la aplicación de las disposiciones de este tratado vigente desde septiembre del 2008, en nuestro país, el panorama es desolador. Después de 12 años de su entrada en vigor, ya se tendrían que mostrar resultados tangibles y concretos, en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero la distancia entre lo que dicta este instrumento jurídico y las políticas públicas que posibiliten la inclusión social de este sector poblacional de más de 600 mil personas, sigue siendo enorme.

Lo más grave es que con el Gobierno de Carlos Alvarado no sólo

 no se han dado avances, sino todo lo contrario: El retroceso es el horizonte más seguro para la mayoría de las personas con discapacidad. Las graves reducciones presupuestarias que se aplicarán en este 2021, afectarán severamente políticas públicas que debían beneficiar a este sector poblacional. Y antes que se señale al coronavirus como principal culpable de esta situación, es oportuno y necesario aclarar que esta situación se empezó a manifestar mucho antes de que la covid-19 arribará a nuestro país. Lo que hizo la pandemia fue agravar y desnudar el estado de cosas preexistentes.

Para que esta injusticia social y la creciente exclusión, no se extiendan como una ancha sombra, a las personas con discapacidad y sus familias, en alianza con otros sectores, no les quedará otro camino que movilizarse y luchar. ¡Sin acción organizada, no hay derecho!, tal es la consigna imprescindible en este año del Bicentenario de Nuestra Patria.

(4 de enero, 2021)

UNA: Alerta ante la amenaza de nuevos recortes al FEES 2021 por la Asamblea Legislativa

Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.

Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.

Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.

Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.

Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.

Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.

Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.

La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.

Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular.  Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.

Atentamente,
Francisco González Alvarado
Rector
UNA

Más información con la Oficina de Comunicación: 8720-4908

Academia Nacional de Ciencias: Autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación

La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de Costa Rica

Academia Nacional de Ciencias – Comunicado:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un componente esencial en la capacidad de un país de generar prosperidad y equidad a través del conocimiento. Costa Rica, durante varias décadas, ha realizado esfuerzos importantes, aunque aún insuficientes, para que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar destacado en la agenda política nacional.

Los análisis sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica han mostrado que el principal reservorio de conocimiento científico del país se encuentra en las universidades públicas, las que han aprovechado los recursos que les provee el Estado para generar un dinámico sector de investigación científico-tecnológica, el cual tiene fuertes vínculos con amplios sectores del país. La ciencia no es sólo una poderosa herramienta para el crecimiento económico, sino que constituye un elemento fundamental de la cultura de un país.

Para que las universidades públicas logren consolidar este valioso aporte al país es necesario que su actividad de generación de conocimiento mediante la investigación, y la proyección de ese conocimiento a la sociedad, no se debilite, sino que más bien se fortalezca. Un elemento absolutamente esencial de esa capacidad universitaria de generación de conocimiento a través de la investigación lo constituye la libertad académica en estas instituciones, vale decir la posibilidad de las personas que se dedican a la investigación para desarrollar sus proyectos en un marco de plena libertad. Esa libertad asegura el desarrollo de ideas novedosas y de soluciones innovadoras a los problemas del país.

Esta libertad académica, la cual potencia la energía creadora al interior de las universidades públicas, la garantiza la autonomía universitaria, ese preciado legado que nos dejaron los constituyentes, y que se ha mantenido incólume desde 1949. Las universidades públicas elaboran sus agendas de investigación en diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad a la cual estas instituciones se deben. Pero esos sectores, especialmente los del ámbito político, no deben intentar interferir con la forma como las universidades organizan y desarrollan su trabajo académico.

Desde la Academia Nacional de Ciencias hemos visto con suma preocupación algunas iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa tendientes a modificar los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la autonomía universitaria. Consideramos que eso sería un craso error histórico que golpearía sin duda las capacidades nacionales en ciencia y tecnología.

El desarrollo científico-tecnológico surge en ambientes universitarios donde la libertad académica y las decisiones del uso de los recursos que provee el Estado se definen al interior de estas instituciones, en pleno ejercicio de la autonomía. El país requiere que las instituciones de educación superior continúen trabajando en el marco de una autonomía plena, para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciencia costarricense.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), creada mediante la Ley 7544 de 1995, tiene como misión asesorar a los poderes del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que, como academia que vela por el mejoramiento de la actividad científica y tecnológica nacional, hacemos un llamado vehemente a las señoras diputadas y a los señores diputados para que no se modifiquen los artículos constitucionales relativos a la autonomía universitaria.

San José, 21 de julio de 2020

Foto: UCR

Sin autonomía no hay universidad

Hernán Alvarado

En la calle aprendimos, hace muchos años, que «sin autonomía no hay universidad», mientras defendíamos como estudiantes nuestro derecho al estudio. Pronto completamos esa consigna con: «sin presupuesto no hay autonomía». Lo mucho que aprendimos entonces, tomando la escena pública, no lo habríamos encontrado en libros ni en aulas, pese a la excelencia de los profesores. Para el movimiento estudiantil universitario, la autonomía no ha sido su gran maestra, pues sin libertad el pensamiento se asfixia, como quien lleva una bolsa plástica en la cabeza. De ahí que atentar contra la autonomía es atentar contra la universidad misma, la cual debiera ser la más alta expresión de democracia. Además, cada vez que se la intenta restringir se trastoca la República establecida en 1949. Por eso digo que los «neoliberales» del gobierno ni liberales son; para esos populistas nuestro marco jurídico resulta ser una camisa de fuerza.

Según la carta magna, la «independencia funcional» de las universidades públicas incluye la «plena capacidad jurídica» (…) para «darse su organización y gobierno propios». Implica además la administración del «patrimonio propio» y de sus «rentas propias». En lo que respecta al saber, su independencia es absoluta; no obstante, su plan general debe tomar en cuenta «los lineamientos que establezca el Plan Nacional de desarrollo vigente». Así que no se limita a la «libertad de cátedra», por mucho que sea su núcleo palpitante y un «principio» que debiera extenderse a toda la educación pública, no solo a la «enseñanza universitaria».[1] Así lo haría un pueblo inteligente y correspondería a una democracia realmente participativa. Aunque sea el fantasma que asusta a todo pichón de tirano.

Dicha independencia es con respecto al Ejecutivo y al Legislativo, por lo que el Poder Judicial debe protegerla.[2] El artículo 88 incluso obliga a la Asamblea Legislativa a «oír previamente» al Consejo universitario «para la discusión y aprobación de proyectos» de su competencia. Y se estampó así, como norma superior, precisamente para que ningún político o funcionario se atreviera a menoscabarla. En sentido estricto, se trata de un «estado» dentro del Estado, una auto limitación de su propio poder omnímodo, pues la voluntad expresa del Soberano fue proteger el pensamiento crítico. Como si un gigante se amarrara voluntariamente las manos para no estropear las alas de una mariposa.

¿De qué se quería proteger a la universidad pública? De las múltiples formas que adopta la recurrente pasión fascista contra «la inteligencia». También quiso protegerla de las recurrentes tentativas del pensamiento utilitario que confunde el desarrollo del país con el comportamiento del PIB. En suma, el constituyente quiso proteger la crítica y la creatividad de quienes creen que la educación es un gasto, no una inversión social, y que solo se justifica si sirve a la acumulación capitalista.

Amenazarla so pretexto de un déficit fiscal ficticio solo revela las bajas luces de quienes en la Asamblea Legislativa mal redactaron ese informe de mayoría, aprobado por 31 diputados para vergüenza de la historia patria. Los mismos que no tuvieron la valentía de llevar adelante una reforma tributaria seria, integral y progresiva, pretenden ahora recortar la educación. Tal vez ni se dan cuenta de que ahorrar en educación es invertir en ignorancia. ¿Cuál es el ejemplo que siguen, a qué futuro apuntan, tendrán algún modelo de desarrollo en la cabeza, habrán oído hablar de la sociedad del conocimiento? ¿Será posible que también ignoren la experiencia de Finlandia, por ejemplo?

Llamando las cosas por su nombre, estamos ante un gesto bárbaro y más vale que tomen nota de que el poder tiene que respetar, si quiere ser respetado. Sin embargo, en primer lugar debe ser un signo que nos interrogue como educadores. ¿Cómo se ha estado manejando la educación del país para que se haya reunido en el segundo poder de la República tanta arrogancia? ¿Y no es como decir tanta ignorancia? Solo a los pobres de espíritu un cargo público que ni merecen puede llevarles a asumir tales actitudes. ¿No se trata de una señal alarmante de decadencia educativa? ¿Se puede entender simplemente como un resultado de esas «universidades de garaje» que reparten títulos como si fueran mercancías? ¿Acaso no significa que hemos fracasado en la defensa de una educación de calidad, capaz de defender nuestra identidad y nuestra cultura; que hemos cedido demasiado a los economistas mediocres, a la tecnocracia más obtusa, en definitiva, a las pueriles demandas comerciales? ¿No indica también que hemos renunciado a la acción política para dejarla en manos de oportunistas de todos los colores?

Si de algo ha de servir la autonomía y la libertad, en estos momentos aciagos de la Patria, es para la reflexión autocrítica, para preguntarnos radicalmente sobre nuestro papel como trabajadores y como patriotas. Porque, parafraseando al ex Ministro de Hacienda -que no es santo de mi devoción- este es un momento para próceres. No es para tecnócratas, no para funcionarios del FMI, ni para partidos de pacotilla que olvidaron sus principios ideológicos, extraviados como están en los más retrógrados cantos de sirena de los organismos internacionales. No es este un momento para políticos de «vitrina», como bien los llama el Presidente, que desgobiernan y retro-legislan a favor de la fracción más codiciosa y corrupta del empresariado costarricense.

Por cierto que veo a ese Presidente cada vez más alejado del Pueblo, el que dejará en la peor miseria de la que se tenga memoria en el país. Y ni crea que la pandemia le servirá de excusa, porque ella más bien ha revelado las injusticias que hemos tolerado por más de cuarenta años, junto con la incapacidad de la clase política, pese a la abnegación de los funcionarios públicos. Mientras tanto él prepara, bajo la mesa y aprovechando el encierro, la venta de KOLBI, BICSA, BCR, RECOPE y FANAL, a precio de remate, con el afán de dejarnos tan endeudados como le sea posible, puesto que el FMI acecha de nuevo como un ave de rapiña, ratificando en la crisis que lidera a ese vampiro polimorfo que es el sector financiero, mismo que el microbio ha evidenciado en toda su fría y calculadora falta de solidaridad. En sus fauces quiere entregarnos un gobierno que no cobra lo que le deben, ni paga lo que debe, pero cobra con saña a quienes no le deben.

Ese es un Presidente que ensalza a su pueblo silencioso, como lo dijera en Guanacaste, orgulloso de haber ganado, a sus 34 años, un pulso a los trabajadores públicos; como si la clase trabajadora no fuera el pilar central del Soberano que lo mantiene donde está y que sí contribuye a pagar su salario, justamente lo que no hacen quienes él trata como ciudadanos VIP. Todo por imponer un plan fiscal regresivo que a la postre se ha quedado chingo, por ser demasiado complaciente con exonerados, evasores y elusores. Presidente orgulloso de haber promovido un recorte de las huelgas «políticas» en una democracia disque participativa. Otra barbaridad del tamaño del estadio nacional, porque ¿cómo puede sentirse orgulloso un comunicador y cientista político de restringir libertades políticas?[3] Él sigue sin enterarse de que un Presidente de verdad trabaja para la historia patria, cuyas sentencias son inapelables; no para salir por la puerta de atrás después de cuatro años de aporrear al que menos tiene. En ese sentido, de nada le servirá tampoco si logra salir montado en un tren eléctrico. Sin duda trabaja mucho, que fue lo único que prometió, pero para ser el peor de la segunda República, lo que nadie se esperaba.

Según el sociólogo Alejandro Sura, la profunda crisis actual, no solo sanitaria y económica, sino también ética y moral, se debe a que no hay un «sujeto político», es decir, no hay un liderazgo visible, creíble y lúcido que prenda las luces largas, como pueblo, como nación. Sin embargo, hay muchas voces autorizadas manifestándose; por ejemplo, recientemente y en este tema, voces de la estatura de Walter Antillón, Yamileth González, Gustavo Gutiérrez, José María Gutiérrez, José Manuel Arroyo, Virginia Sánchez, Gilberto Alfaro, entre otros, junto a rectores y sindicatos universitarios que se preparan para la lucha.[4]

Muchas voces comienzan a juntarse, a dialogar, a aglutinar el pueblo. Siempre ha sido así, algunos pocos lo convocan, otros le subestiman, muchos temen su fuerza ciclónica y los demás hunden su cabeza en la arena. Pese a todo y contra todo, poco a poco se va juntando su polifonía, mientras emergen los «metapuntos de vista» (E. Morin) que alumbran la unidad en la diversidad; siempre con la Patria en el corazón (jamás «en el bolsillo», según titula Oscar Aguilar Bulgarelli uno de sus libros), porque defender la autonomía no es cosa de defender solo a la universidad, sino que también es defender el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Las condiciones están dadas, a pesar del confinamiento y las carencias del «animal político» (Aristóteles). Recuérdese que las últimas grandes jornadas cívicas han enseñado que, al final del día, los dirigentes caminan detrás de la resistencia hipercreadora del Pueblo. No hay que consultar una bola de cristal para prever que la pandemia también está incubando una crisis política de proporciones inusitadas. Solo falta la chispa que siempre enciende la pradera. Mientras tanto, los que mueven los hilos del poder, la siguen atizando a todo pulmón, por una especie de fatalidad políticamente suicida. Siempre que sucede igual, pasa lo mismo, al decir de Leopoldo Fernández (1904-1985), el famoso «Tres patines». Pero hay que permanecer atentos porque también es cierto que pueblo que se duerme se lo lleva la corriente… ¿Dejaremos que nuestros estudiantes nos enseñen una vez más el camino de la dignidad nacional, o esta vez iremos adelante dándoles ejemplo?

[1] Idem, artículo 87: «La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria»

[2] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 84.

[3] Contra el artículo 9, según fuera reformado en el 2003.

[4] Para muestra un botón: José Manuel Arroyo, «Preguntas esenciales a propósito del FEES». En Surcosdigital: https://wp.me/p6rfbZ-bRM

Imagen: Trabajadores de FANAL produciendo alcohol para la emergencia sanitaria.

Tras que deben, cobran. Aclaraciones de SINTRAJAP

Comunicado:

Para trabajadores, ex trabajadores de JAPDEVA, afiliados a SINTRAJAP y población en general:

Lamentable, si muy lamentable la actitud y la actuación de la Presidencia Ejecutiva y parte de la Administración de JAPDEVA, que intenta lavarse las manos y desviar la atención de la crisis y torta que ellos mismos han creado y que al parecer los está superando. Con un cinismo insuperable pretenden hacerle creer a los trabajadores y a la población en general que SINTRAJAP es responsable por los errores que ellos han cometido. Por eso decimos prohibido olvidar.

Es importante recordar las responsabilidades de cada parte, para no caer en las trampas de comunicación que utilizan para confundirnos. La responsabilidad de lo bueno o lo malo que le pase a JAPDEVA, por una buena o mala administración es de ellos, los que han llevado a JAPDEVA a la triste realidad que hoy vive, han sido ellos, los gobiernos y los administradores que pusieron ellos para sacar la institución adelante. A SINTRAJAP le corresponde organizar a los trabajadores para defender sus intereses y sus derechos y para lograr esto puede y debe utilizar todos los recursos legales que permite la democracia y el estado social de derecho que nos regula.

SINTRAJAP con el fin de colaborar y por tratar de impedir que los administradores de turno cometan abusos ha dado luchas, ha presentado muchas denuncias en los tribunales intentando impedir violaciones a la ley que perjudiquen a los trabajadores, a JAPDEVA, a Limón y a la patria. SINTRAJAP ha presentado propuestas que a nuestro criterio pueden ayudar a la administración a mejorar su gestión, algunas cosas se han aplicado otras no. Todo ese esfuerzo ha tenido un alto costo mediático, político y económico para la organización. Sabemos que esta lucha le arde a los político-empresarios que gobiernan el país y no lo perdonan, pero continuará mientras sea necesario y la ley lo permita.

El Presidente de la Republica actual dijo públicamente que todos estos cambios se harían sin provocar desempleo o perjudicar a JAPDEVA, hay actas firmadas por el gobierno y administradores donde se acuerda respetar los salarios y los empleos, existen medidas cautelares acogidas por los tribunales que les recuerdan a los administradores que los trabajadores tenemos derechos.

No sabemos por qué nos tocó estar aquí en estos momentos al frente de la organización, pero le damos gracias a Dios por permitirnos llevar esta responsabilidad sobre nuestros hombros y le pedimos que nos siga iluminado para tratar de hacer lo correcto.

JAPDEVA tiene obligaciones legales con los trabajadores, la provincia y el país y no los está cumpliendo, si los que administran no están en capacidad de sacar la tarea, es mejor que lo reconozcan y le permitan a otros hacerlo, porque necesitamos sacar la institución adelante a pesar de todo el daño que le han provocado.

Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General
Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto

Canon que aporta APM a JAPDEVA fue embargado

Comunicado de SINTRAJAP

Para todas y todos los trabajadores, ex trabajadores de JAPDEVA.

El pasado 8 de mayo 2020 el JUZGADO DE TRABAJO 1 CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA, acogió una medida cautelar que estableció un embargo preventivo de las cuentas bancarias en contra de JAPDEVA y en favor de los trabajadores, a quienes por decisiones administrativas y políticas se dejó de reconocerles un derecho establecido en una negociación de la Convención Colectiva, lo que hoy conocemos como el 3% del Fondo de Ahorro. Indicar y aclarar que la que lleva el proceso legal es la Licda. Lilliana Valverde Salas, proceso que inicio en el año 2013.

Esta decisión del Tribunal es digna de celebrarse porque nos ayuda a enfrentar asuntos económicos personales, es un respiro ante tanto ataque de este Gobierno hacia la clase trabajadora.

No es de recibo la reacción de la Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA ante esta resolución en favor de los trabajadores. No podemos olvidar que el Gobierno y ella (Andrea Centeno), han tomado decisiones mucho más graves para la Institución de todos los limonenses, como lo fue entregar toda la carga que se transporta en barcos de contenedores a la APM Terminals, lo cual representa pérdidas millonarias para JAPDEVA, y allí para ellos no hay problema, que vengan a saquear la provincia de Limón, allí no hay problemas, atentar contra toda una provincia ese no es problema, el problema es cuando los trabajadores se ganan una pesetita de más, allí si hay problemas, demasiada doble moral señora Presidenta.

Ya basta de las agendas neoliberales y dobles discursos que solo benefician a unos pocos, generando un gran caos social, económico y legal en la provincia de Limón, igualmente crearon una ley inhumana, no les importó dejar sin empleo a miles de trabajadores públicos y privados, ahora quieren rasgarse las vestiduras por esta orden del juzgado que pretende resguardar los pocos intereses de los trabajadores.

Esta medida cautelar preventiva fue planteada para embargar el canon que aporta la APM a JAPDEVA y que se encuentra en las cuentas de JAPDEVA en el Banco de Costa Rica.

Reclamamos derechos violentados desde el año 2002 y ya ha habido dos fallos favorables a los trabajadores sobre esta denuncia, por lo que aquí no hay sorpresas, la Administración tenía la obligación de tomar las previsiones al respecto. A pesar de todas las dudas que tiene Andrea Centeno le informamos que los trabajadores y extrabajadores son parte de la comunidad, y que simplemente se avoque a respetar el estado social de derecho que nos rige.

Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios

Foto: Semanario Universidad.

APP: continuemos luchando por la justicia tributaria y el desarrollo social

Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP) reconocemos la necesidad de continuar luchando por la justicia tributaria y el desarrollo social.

Ahora se hace más evidente que debemos mantenernos en una posición de defensa incansable de nuestro sistema público de salud. Aunque cada un@ esté en su casa, nos mantenemos firmes y unid@s en esta lucha.

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Hagamos sentir al Gobierno nuestra posición, a través de mensajes al sitio de publicaciones en Facebook de Frente Nacional por la Seguridad Social https://www.facebook.com/frenass13/?ti=as

 

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SEC presentó propuesta para la recuperación económica y social

Este miércoles 29 de abril, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) presentó una Propuesta integral y equitativa para la recuperación de la crisis económica y social, provocada por el COVID-19. La misma fue entregada en Casa Presidencial por Yorgina Alvarado, Secretaria General del SEC, al vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez y la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara.

Enlace de la propuesta: https://www.seccr.org/covid-19-la-crisis-economica-y-soci

Esta ruta planteada se basa en la mitigación de las consecuencias de la pandemia y su recuperación. También se incorpora un esquema mejorado de recaudación que abarca la intervención estatal durante la crisis y el alivio al bolsillo de las personas.

Gilberth Díaz, presidente del SEC, explica que es necesario mejorar la recaudación impositiva para dotar de recursos al Plan Proteger, aumentando su alcance y cobertura hasta los ¢200 mil. Para ello es necesaria una reforma tributaria progresiva que grave los ingresos líquidos netos (después de deducciones) personales a partir de ¢1,5 millones sin importar si la persona trabaja en el sector público o el privado”.

“Necesitamos una aplicación de impuestos extraordinarios a la renta empresarial; las rentas y ganancias de capital; al consumo suntuario; además de un impuesto por única vez del 1,5% a las fortunas privadas y empresariales ociosas mayores a $1 millón. Igualmente, estamos proponiendo un impuesto escalonado a las zonas francas cuyas actividades o giros de negocio no han sido afectados económicamente por la pandemia o bien sus ganancias se han visto incrementadas”, dijo Díaz.

La propuesta del SEC incluye la utilización de una parte de los fondos provenientes del financiamiento externo y sugiere un rol más activo del Banco Central en la compra de deuda para reducir la presión fiscal, la emisión de dinero para inyectar liquidez a la economía y la emisión de bonos.

El presidente del SEC agregó la necesidad de renegociar la deuda interna con el fin de reducir su peso en el presupuesto nacional y mejorar así las finanzas públicas.

“Los ahorros que genere el sector público producto de este período de aislamiento deben dirigirse al fortalecimiento de la CCSS y para apoyo de las mipymes. (Por ejemplo, viáticos, combustibles, electricidad, agua, algunos de mantenimiento, etc.), los superávits libres de instituciones públicas y el recorte de gastos superfluos”, señaló.

La propuesta del SEC hace un llamado a la responsabilidad del Gobierno de garantizar la estabilidad del empleo público en el entendido que es necesario para la atención de la emergencia y la reconstrucción de la economía. Al mismo tiempo se sugiere que toda ayuda que se otorgue a través de moratorias hacendarias y previsionales sean otorgadas específicamente a empresas con problemas comprobables.

Respecto al mejoramiento de las condiciones económicas individuales y empresariales, se necesita una amplia moratoria financiera de 6 meses para quienes sufren los efectos de la crisis por lo que el Banco Central BCCR debe dar facilidades de liquidez con un fondo de rescate.

Para lograr el alivio económico de hogares y empresas es fundamental que la ley de usura ponga un tope de 27% sobre la Tasa Básica Pasiva. Esto unifica las tasas tope y crea condiciones de control crediticio para el BCCR. “La aprobación del proyecto actual es una burla a miles de costarricenses”.

El BCCR debe fijar topes de comisiones por uso de datáfonos considerando: estándares internacionales, la coyuntura económica del país y la urgencia de las pymes por contar con recursos para operar, también debe asegurar que las entidades financieras entreguen a las empresas el dinero producto de las transacciones el mismo día.

Sugerimos un sistema de precios subsidiados de la electricidad para personas, comercios e industrias de forma segmentada y con criterios técnicos definidos por el ICE. La idea es que el consumo más básico de cada segmento tenga un mayor subsidio y que luego de ciertos volúmenes se pase la tarifa completa.

La ruta planteada por el SEC también menciona la participación del capital privado en la construcción y operación de proyectos de infraestructura medulares para el país. Entendemos, que para que el modelo de APP sea exitoso se tiene que incorporar la noción de conveniencia e interés nacional en la negociación y que el proyecto se construya desde las necesidades de la población. “No es conveniente que la Asamblea Legislativa se enfrasque en discusiones que retrasen el financiamiento de obras claves en la etapa de recuperación económica y social”.

También se propone una ley de medicamentos que se concentre en el servicio que presta el fármaco y no reducirlo únicamente a su dimensión comercial o verlo como un simple producto. También será necesaria una ley de implementos médicos que recoja las lecciones aprendidas de esta emergencia.

Es evidente que el país necesita una soberanía alimentaria, es decir, abastecer por nuestros medios los alimentos básicos.

Una vez superada la pandemia, debemos reconstruir del tejido económico y social que ha quedado muy dañado. Lo primero es atraer recursos de organismos internacionales para crear empleos.

Esta reconstrucción requiere un fondo equivalente al 7% del PIB (¢2,3 billones) para financiar un amplio programa de inversión pública que genere empleos directos (detallados en la propuesta).

No es momento de polarizar a la sociedad con discusiones ideológicas de privatización, venta de activos o austeridad fiscal, requerimos consenso. Esta es una propuesta para construir un futuro diferente y seguro para toda persona sin importar su género, credo, orientación sexual, pensamiento político o clase social, “Haremos lo necesario para garantizar la justicia en estos tiempos”, concluyó el presidente del SEC.

Occidente: Balance de coyuntura y orientaciones en lucha por justicia tributaria y desarrollo social

Dayana Ureña Solís, coordinadora de las Asambleas Patrióticas Populares compartió con SURCOS una nota sobre el Foro-Taller para realizar un balance de la coyuntura y establecer orientaciones de corto, mediano y largo plazo en la lucha por la Justicia Tributaria y el Desarrollo Social.

Esta es la nota enviada por Dayana:

«Con un sonoro y solidario aplauso a las trabajadoras y trabajadores de la CCSS en Huelga, así dio inicio este sábado 10 de agosto nuestro Foro-Taller para realizar balance de la coyuntura y establecer orientaciones de corto, mediano y largo plazo en la lucha por Justicia Tributaria y Desarrollo Social. De la 1:30 a las 3:30 pm, se trabajó, primero con las exposiciones dialogadas con el teólogo Mainier Barboza del Movimiento Patriótico por CR, y con el economista Luis Paulino Vargas, Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED), sobre el balance de la coyuntura en el contexto de lo que Luis Paulino llamó Período de Crisis del Proyecto Neoliberal, gradual e inexorable, como en cámara lenta, que pareciera interminable, con envalentonamiento de los sectores hegemónicos ante el debilitamiento de la participación democrática de lo Popular-Comunitario, y sin embargo crisis de hegemonía neoliberal que les tienen desesperados porque no logran el crecimiento que desean y, por tanto, aumenta el desempleo y el riesgo de una explosión social, ante lo cual hay ya múltiples signos de respuestas autoritarias (el berrinche de Alvarado en Nicoya, por ejemplo, pero también los proyectos de control de la acción sindical y de protesta social en la Asamblea Legislativa)».

El texto enviado a SURCOS desde San Ramón de Alajuela continúa:

«Ante un panorama así, se señaló que algunos de los principales desafíos para los sectores populares, consisten en pasar de la reactividad ante las iniciativas neoliberales a la proactividad, generando iniciativas desde los Sectores Populares y fortaleciendo el músculo social hasta lograr invertir la posición, y obligar a que sean los neoliberales los que tengan que considerar los Proyectos Populares en sus gestiones de Gobierno (y hasta ser Gobierno Popular, agregaríamos), recuperando y fortaleciendo la visión del Estado Social que heredamos de los años 40. Ello requiere una profunda autocrítica de los sectores populares, de sus formas de liderazgo, organización y comunicación, que no están logrando ganar el corazón de la gente para combatir con eficacia la desesperanza, y que los hace vulnerables de apoyar propuestas fascistas como las de Bolsonaro en Brasil. Debemos evitar a toda costa llegar a un extremo así.

Seguidamente de 4 a las 5 p.m. hubo una hora de trabajo en mesas para los sectores dedicados a la agricultura, microempresas y de sector público, y luego, una presentación y reflexión en plenaria que finalizó a las 6 p.m; estableciéndose una serie de recomendaciones sobre las principales líneas de acción que serán sistematizadas en una Memoria, para regresar a una nueva ronda de Asambleas en las Comunidades. Destaca entre ellas el acuerdo de avanzar en una alianza estratégica de trabajo de los diversos sectores populares, con el acompañamiento y asesoría de personas académicas aliadas (seis ya han brindado sus colaboraciones directas e indirectas para la realización de este Foro-Taller, orientada a la construcción participativa de una Propuesta de Política de Justicia Tributaria y Desarrollo social en la perspectiva de un Proyecto-País solidario)”.

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