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Etiqueta: educación superior pública

Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR

El rector manifestó que, de darse esta disminución se perjudicaría, la cantidad de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año

El rector de la UCR hizo un llamado a los señores y señoras diputadas para no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.

La moción Nº 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 mil millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.

En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por lo que hizo un llamado a los señores y señoras diputadas no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.

Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.

“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.

Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.

Además señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción, se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la universidad como la Ley de Paraíso (215,7 millones) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.

Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.

Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.

Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.

De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.

Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y por ende la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de Sueldos al Personal Permanente y no se crean plazas.

Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UNA: Alerta ante la amenaza de nuevos recortes al FEES 2021 por la Asamblea Legislativa

Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.

Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.

Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.

Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.

Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.

Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.

Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.

La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.

Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular.  Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.

Atentamente,
Francisco González Alvarado
Rector
UNA

Más información con la Oficina de Comunicación: 8720-4908

Universidades públicas y Gobierno llegan a acuerdo sobre presupuesto para el 2021

Se fortalecerá el trabajo para la atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19

En el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La Comisión de Enlace acordó este 13 de agosto que el Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) del año 2021 será de ¢515.909,48 millones y el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) será de ¢35.895,52 millones.

Estas sumas corresponden al presupuesto asignado en el año 2020, pero ajustado de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda, tomando en consideración para ello la inflación interanual a mayo de 2020, que alcanzó el 0,61%.

Considerando las consecuencias fiscales generadas por la pandemia, la primera propuesta de las personas representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Enlace fue la de disminuir en un 10 % el FEES del 2021, con respecto del monto acordado para el año 2020, lo que implicaría para algunas de estas casas de educación superior una suerte de cierre técnico.

Luego de múltiples negociaciones que pretendieron acercar posiciones, finalmente el acuerdo establece que teniendo en cuenta la compleja situación de las finanzas públicas, producto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, de forma excepcional, el Ministerio de Hacienda incluirá en el presupuesto ordinario de la República del año 2021, la suma de 490.114,006 millones de colones como transferencias ordinarias del FEES y 34.100,744 millones de colones como transferencia para la UTN. Al finalizar el primer semestre del año 2021, la Comisión de Enlace se reunirá nuevamente para decidir cómo se presupuestará la diferencia.

“Pese a lo difícil del contexto actual, el acuerdo tomado garantiza el cumplimiento del orden constitucional y el funcionamiento de nuestras instituciones, haciéndose evidente el reconocimiento a nuestros incuestionables aportes. Garantizar el resguardo de la educación es promover, planificada y conscientemente, la mejora integral y prospectiva de nuestra población”, señaló el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica.

Además, las universidades públicas continuarán realizando esfuerzos en su compromiso con la mejora continua para el aseguramiento de la calidad, la equidad, la mayor cobertura, la vinculación con los sectores productivos y sociales, el fortalecimiento de sus programas regionales, la excelencia y el logro académico de sus estudiantes, la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas ante la sociedad costarricense.

Estos compromisos se concretarán y evaluarán mediante las acciones y el seguimiento anual del PLANES 2021-2025. En este contexto, las instituciones de educación superior universitaria estatal publicarán el resultado de su gestión.

De igual manera, se continuará con el fortalecimiento del mecanismo integral de cooperación recíproca que ya se ha puesto en práctica en anteriores ocasiones.

En este sentido, se trabajará de manera conjunta en proyectos para la atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19.

Así como el combate a las brechas y desigualdades estructurales que obstaculizan el desarrollo humano inclusivo y sostenible en la sociedad costarricense; y la promoción del crecimiento económico en las diferentes regiones de planificación del país, la generación de empleo de calidad, el desarrollo de cadenas de valor, la innovación científica y tecnológica, y la utilización sostenible de los recursos naturales, entre otros.

La Comisión de Enlace está compuesta por Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública; Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda; Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; Silva Lara Povedano, Viceministra de la Presidencia, representantes del Gobierno de la República

Y Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica y presidente del Consejo Nacional de Rectores; Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica; Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional; Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia; Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional y Noel Cruz Muñoz, representante estudiantil.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Academia Nacional de Ciencias: Autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación

La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de Costa Rica

Academia Nacional de Ciencias – Comunicado:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un componente esencial en la capacidad de un país de generar prosperidad y equidad a través del conocimiento. Costa Rica, durante varias décadas, ha realizado esfuerzos importantes, aunque aún insuficientes, para que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar destacado en la agenda política nacional.

Los análisis sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica han mostrado que el principal reservorio de conocimiento científico del país se encuentra en las universidades públicas, las que han aprovechado los recursos que les provee el Estado para generar un dinámico sector de investigación científico-tecnológica, el cual tiene fuertes vínculos con amplios sectores del país. La ciencia no es sólo una poderosa herramienta para el crecimiento económico, sino que constituye un elemento fundamental de la cultura de un país.

Para que las universidades públicas logren consolidar este valioso aporte al país es necesario que su actividad de generación de conocimiento mediante la investigación, y la proyección de ese conocimiento a la sociedad, no se debilite, sino que más bien se fortalezca. Un elemento absolutamente esencial de esa capacidad universitaria de generación de conocimiento a través de la investigación lo constituye la libertad académica en estas instituciones, vale decir la posibilidad de las personas que se dedican a la investigación para desarrollar sus proyectos en un marco de plena libertad. Esa libertad asegura el desarrollo de ideas novedosas y de soluciones innovadoras a los problemas del país.

Esta libertad académica, la cual potencia la energía creadora al interior de las universidades públicas, la garantiza la autonomía universitaria, ese preciado legado que nos dejaron los constituyentes, y que se ha mantenido incólume desde 1949. Las universidades públicas elaboran sus agendas de investigación en diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad a la cual estas instituciones se deben. Pero esos sectores, especialmente los del ámbito político, no deben intentar interferir con la forma como las universidades organizan y desarrollan su trabajo académico.

Desde la Academia Nacional de Ciencias hemos visto con suma preocupación algunas iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa tendientes a modificar los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la autonomía universitaria. Consideramos que eso sería un craso error histórico que golpearía sin duda las capacidades nacionales en ciencia y tecnología.

El desarrollo científico-tecnológico surge en ambientes universitarios donde la libertad académica y las decisiones del uso de los recursos que provee el Estado se definen al interior de estas instituciones, en pleno ejercicio de la autonomía. El país requiere que las instituciones de educación superior continúen trabajando en el marco de una autonomía plena, para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciencia costarricense.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), creada mediante la Ley 7544 de 1995, tiene como misión asesorar a los poderes del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que, como academia que vela por el mejoramiento de la actividad científica y tecnológica nacional, hacemos un llamado vehemente a las señoras diputadas y a los señores diputados para que no se modifiquen los artículos constitucionales relativos a la autonomía universitaria.

San José, 21 de julio de 2020

Foto: UCR

Sin autonomía no hay universidad

Hernán Alvarado

En la calle aprendimos, hace muchos años, que «sin autonomía no hay universidad», mientras defendíamos como estudiantes nuestro derecho al estudio. Pronto completamos esa consigna con: «sin presupuesto no hay autonomía». Lo mucho que aprendimos entonces, tomando la escena pública, no lo habríamos encontrado en libros ni en aulas, pese a la excelencia de los profesores. Para el movimiento estudiantil universitario, la autonomía no ha sido su gran maestra, pues sin libertad el pensamiento se asfixia, como quien lleva una bolsa plástica en la cabeza. De ahí que atentar contra la autonomía es atentar contra la universidad misma, la cual debiera ser la más alta expresión de democracia. Además, cada vez que se la intenta restringir se trastoca la República establecida en 1949. Por eso digo que los «neoliberales» del gobierno ni liberales son; para esos populistas nuestro marco jurídico resulta ser una camisa de fuerza.

Según la carta magna, la «independencia funcional» de las universidades públicas incluye la «plena capacidad jurídica» (…) para «darse su organización y gobierno propios». Implica además la administración del «patrimonio propio» y de sus «rentas propias». En lo que respecta al saber, su independencia es absoluta; no obstante, su plan general debe tomar en cuenta «los lineamientos que establezca el Plan Nacional de desarrollo vigente». Así que no se limita a la «libertad de cátedra», por mucho que sea su núcleo palpitante y un «principio» que debiera extenderse a toda la educación pública, no solo a la «enseñanza universitaria».[1] Así lo haría un pueblo inteligente y correspondería a una democracia realmente participativa. Aunque sea el fantasma que asusta a todo pichón de tirano.

Dicha independencia es con respecto al Ejecutivo y al Legislativo, por lo que el Poder Judicial debe protegerla.[2] El artículo 88 incluso obliga a la Asamblea Legislativa a «oír previamente» al Consejo universitario «para la discusión y aprobación de proyectos» de su competencia. Y se estampó así, como norma superior, precisamente para que ningún político o funcionario se atreviera a menoscabarla. En sentido estricto, se trata de un «estado» dentro del Estado, una auto limitación de su propio poder omnímodo, pues la voluntad expresa del Soberano fue proteger el pensamiento crítico. Como si un gigante se amarrara voluntariamente las manos para no estropear las alas de una mariposa.

¿De qué se quería proteger a la universidad pública? De las múltiples formas que adopta la recurrente pasión fascista contra «la inteligencia». También quiso protegerla de las recurrentes tentativas del pensamiento utilitario que confunde el desarrollo del país con el comportamiento del PIB. En suma, el constituyente quiso proteger la crítica y la creatividad de quienes creen que la educación es un gasto, no una inversión social, y que solo se justifica si sirve a la acumulación capitalista.

Amenazarla so pretexto de un déficit fiscal ficticio solo revela las bajas luces de quienes en la Asamblea Legislativa mal redactaron ese informe de mayoría, aprobado por 31 diputados para vergüenza de la historia patria. Los mismos que no tuvieron la valentía de llevar adelante una reforma tributaria seria, integral y progresiva, pretenden ahora recortar la educación. Tal vez ni se dan cuenta de que ahorrar en educación es invertir en ignorancia. ¿Cuál es el ejemplo que siguen, a qué futuro apuntan, tendrán algún modelo de desarrollo en la cabeza, habrán oído hablar de la sociedad del conocimiento? ¿Será posible que también ignoren la experiencia de Finlandia, por ejemplo?

Llamando las cosas por su nombre, estamos ante un gesto bárbaro y más vale que tomen nota de que el poder tiene que respetar, si quiere ser respetado. Sin embargo, en primer lugar debe ser un signo que nos interrogue como educadores. ¿Cómo se ha estado manejando la educación del país para que se haya reunido en el segundo poder de la República tanta arrogancia? ¿Y no es como decir tanta ignorancia? Solo a los pobres de espíritu un cargo público que ni merecen puede llevarles a asumir tales actitudes. ¿No se trata de una señal alarmante de decadencia educativa? ¿Se puede entender simplemente como un resultado de esas «universidades de garaje» que reparten títulos como si fueran mercancías? ¿Acaso no significa que hemos fracasado en la defensa de una educación de calidad, capaz de defender nuestra identidad y nuestra cultura; que hemos cedido demasiado a los economistas mediocres, a la tecnocracia más obtusa, en definitiva, a las pueriles demandas comerciales? ¿No indica también que hemos renunciado a la acción política para dejarla en manos de oportunistas de todos los colores?

Si de algo ha de servir la autonomía y la libertad, en estos momentos aciagos de la Patria, es para la reflexión autocrítica, para preguntarnos radicalmente sobre nuestro papel como trabajadores y como patriotas. Porque, parafraseando al ex Ministro de Hacienda -que no es santo de mi devoción- este es un momento para próceres. No es para tecnócratas, no para funcionarios del FMI, ni para partidos de pacotilla que olvidaron sus principios ideológicos, extraviados como están en los más retrógrados cantos de sirena de los organismos internacionales. No es este un momento para políticos de «vitrina», como bien los llama el Presidente, que desgobiernan y retro-legislan a favor de la fracción más codiciosa y corrupta del empresariado costarricense.

Por cierto que veo a ese Presidente cada vez más alejado del Pueblo, el que dejará en la peor miseria de la que se tenga memoria en el país. Y ni crea que la pandemia le servirá de excusa, porque ella más bien ha revelado las injusticias que hemos tolerado por más de cuarenta años, junto con la incapacidad de la clase política, pese a la abnegación de los funcionarios públicos. Mientras tanto él prepara, bajo la mesa y aprovechando el encierro, la venta de KOLBI, BICSA, BCR, RECOPE y FANAL, a precio de remate, con el afán de dejarnos tan endeudados como le sea posible, puesto que el FMI acecha de nuevo como un ave de rapiña, ratificando en la crisis que lidera a ese vampiro polimorfo que es el sector financiero, mismo que el microbio ha evidenciado en toda su fría y calculadora falta de solidaridad. En sus fauces quiere entregarnos un gobierno que no cobra lo que le deben, ni paga lo que debe, pero cobra con saña a quienes no le deben.

Ese es un Presidente que ensalza a su pueblo silencioso, como lo dijera en Guanacaste, orgulloso de haber ganado, a sus 34 años, un pulso a los trabajadores públicos; como si la clase trabajadora no fuera el pilar central del Soberano que lo mantiene donde está y que sí contribuye a pagar su salario, justamente lo que no hacen quienes él trata como ciudadanos VIP. Todo por imponer un plan fiscal regresivo que a la postre se ha quedado chingo, por ser demasiado complaciente con exonerados, evasores y elusores. Presidente orgulloso de haber promovido un recorte de las huelgas «políticas» en una democracia disque participativa. Otra barbaridad del tamaño del estadio nacional, porque ¿cómo puede sentirse orgulloso un comunicador y cientista político de restringir libertades políticas?[3] Él sigue sin enterarse de que un Presidente de verdad trabaja para la historia patria, cuyas sentencias son inapelables; no para salir por la puerta de atrás después de cuatro años de aporrear al que menos tiene. En ese sentido, de nada le servirá tampoco si logra salir montado en un tren eléctrico. Sin duda trabaja mucho, que fue lo único que prometió, pero para ser el peor de la segunda República, lo que nadie se esperaba.

Según el sociólogo Alejandro Sura, la profunda crisis actual, no solo sanitaria y económica, sino también ética y moral, se debe a que no hay un «sujeto político», es decir, no hay un liderazgo visible, creíble y lúcido que prenda las luces largas, como pueblo, como nación. Sin embargo, hay muchas voces autorizadas manifestándose; por ejemplo, recientemente y en este tema, voces de la estatura de Walter Antillón, Yamileth González, Gustavo Gutiérrez, José María Gutiérrez, José Manuel Arroyo, Virginia Sánchez, Gilberto Alfaro, entre otros, junto a rectores y sindicatos universitarios que se preparan para la lucha.[4]

Muchas voces comienzan a juntarse, a dialogar, a aglutinar el pueblo. Siempre ha sido así, algunos pocos lo convocan, otros le subestiman, muchos temen su fuerza ciclónica y los demás hunden su cabeza en la arena. Pese a todo y contra todo, poco a poco se va juntando su polifonía, mientras emergen los «metapuntos de vista» (E. Morin) que alumbran la unidad en la diversidad; siempre con la Patria en el corazón (jamás «en el bolsillo», según titula Oscar Aguilar Bulgarelli uno de sus libros), porque defender la autonomía no es cosa de defender solo a la universidad, sino que también es defender el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Las condiciones están dadas, a pesar del confinamiento y las carencias del «animal político» (Aristóteles). Recuérdese que las últimas grandes jornadas cívicas han enseñado que, al final del día, los dirigentes caminan detrás de la resistencia hipercreadora del Pueblo. No hay que consultar una bola de cristal para prever que la pandemia también está incubando una crisis política de proporciones inusitadas. Solo falta la chispa que siempre enciende la pradera. Mientras tanto, los que mueven los hilos del poder, la siguen atizando a todo pulmón, por una especie de fatalidad políticamente suicida. Siempre que sucede igual, pasa lo mismo, al decir de Leopoldo Fernández (1904-1985), el famoso «Tres patines». Pero hay que permanecer atentos porque también es cierto que pueblo que se duerme se lo lleva la corriente… ¿Dejaremos que nuestros estudiantes nos enseñen una vez más el camino de la dignidad nacional, o esta vez iremos adelante dándoles ejemplo?

[1] Idem, artículo 87: «La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria»

[2] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 84.

[3] Contra el artículo 9, según fuera reformado en el 2003.

[4] Para muestra un botón: José Manuel Arroyo, «Preguntas esenciales a propósito del FEES». En Surcosdigital: https://wp.me/p6rfbZ-bRM

Imagen: Trabajadores de FANAL produciendo alcohol para la emergencia sanitaria.

Preguntas esenciales a propósito del FEES

José Manuel Arroyo Gutiérrez

En el debate sobre el FEES y el peligro que corre la autonomía universitaria con propuestas que pretenden imponerle reglas para definir en qué y dónde invertir los dineros asignados, se han levantado voces mucho más autorizadas que la mía para demostrar la falta de seriedad en el informe legislativo de mayoría, así como las evidentes ilegalidades e inconstitucionalidades que contiene y la ausencia de buenas razones para sustentarlo.

Quiero dedicar estas líneas a un “argumento” que me parece el que revela las falacias y barbaries que se esconden detrás de las apariencias. Tristemente no hay motivos para ser optimistas. También estoy convencido de que el asunto de fondo no es de mera ignorancia, sino de posiciones ideológicas muy arraigadas. El diálogo sano y democrático sobre la financiación de la educación pública superior y la autonomía universitaria en un Estado de Derecho está hoy contaminado por fuerzas políticas que apuntan a su destrucción. En mi opinión, el problema medular consiste en defender que los centros de educación superior públicos deben producir profesionales –ojalá rápidos diplomados– que respondan con exclusividad a las exigencias de un mercado laboral atado a un muy cuestionable concepto de lo que es el desarrollo económico y social. Al contrario, en esa estrecha concepción de lo que debe ser el conocimiento y su utilidad salen sobrando las bellas artes y las ciencias sociales.

El diálogo es un ejercicio difícil de satisfacer porque, ¿cómo empezar por explicarle a alguien –digamos un diputado o diputada con poder decisorio– que en el mundo actual no solo existe la posibilidad del capitalismo salvaje y la economía de mercado sálvese quien pueda, y en cambio es legítimo apostar por construir sociedades mucho más igualitarias, solidarias e inclusivas?

¿Cómo empezar por explicarles a esos mismos que la condición humana –y por cierto la “libertad” con la que se llenan la boca– pasa por respetar la diversidad de identidades, personalidades, vocaciones y profesiones? ¿Cómo explicarles que esa es la esencia de la dignidad humana, sus derechos irrenunciables y su obligación moral de desplegar el conatus de humanidad -único y sublime en cada persona–, a lo que nos llama Baruch Spinoza? ¿Cómo puede convencerse a alguien de que tan importantes para la civilización son los ingenieros que construyen puentes como los músicos que ejecutan una partitura? ¿Cómo decirles que se necesitan filósofos que vuelvan siempre sobre las preguntas fundamentales, historiadores que nos digan de dónde venimos, sociólogos cuyo pensamiento crítico nos advierta lo que anda mal, o psicólogos que ayuden a construir sociedades sanas y felices?

¿Cómo se puede hacer para que entiendan que hay seres humanos para los que hacer dinero, acumular chunches inservibles y consumir hasta reventar no es precisamente ni su prioridad existencial ni su ideal de vida? En fin, ¿cómo se les puede explicar que hay actividades “inútiles” –desde el punto de vista de que no pueden traducirse a términos monetarios–, (ver Ordine, Nuccio) y que obedecen a las más nobles pasiones del ser humano, lo único que ha sobrevivido a las catástrofes naturales, a las pestes, a las guerras y todo aquello que ha “servido” para levantar poderosos imperios que tarde o temprano se derrumban?

¿Cómo hacerles saber, a quienes lo ignoran, que hay seres humanos con talentos especiales para las matemáticas y las herramientas; claro que sí, pero otros talentos irreprimibles para la música, la danza, el teatro, el cine o las letras? ¿Cómo recordarles a estos que lo mejor que quedó de los Mayas fue su arquitectura, escultura, pinturas y algunos códices; o que hubo príncipes y cardenales –de cuyos nombres ya nadie se acuerda– que humillaron y mal-pagaron a Mozart; o que Van Gogh murió en la miseria siendo leal a sí mismo sin haber logrado vender sus cuadros.

Estas son las cuestiones difíciles de superar en el debate abierto sobre el futuro de la educación pública superior. Es un tema de legitimidad en la interlocución. Lo obvio, lo que dábamos por sentado, aquello de que “no solo de pan vive el hombre” , que es igual que preguntarse “¿para qué tractores sin violines?”, aquello que hizo que los fundadores de la UCR abrieran la Escuela de Estudios Generales, parece que ya no está tan claro para las mayorías que nos (des)gobiernan.

Eso es lo que espanta. Personajes inmersos en semejante oscurantismo, actuando con la arrogancia propia de los que se sienten poderosos, ¿esos son los que van a decidir qué se hace con la educación superior en Costa Rica? Me niego a aceptar que la autonomía universitaria quede en manos de las fuerzas de turno, sin conciencia de lo que las instituciones significan y atreviéndose, sin recato alguno, a violentar los valores más sagrados que este pueblo ha logrado conquistar.

* Artículo de José Manuel Arroyo Gutiérrez publicado en la columna ¿Gato o Liebre? del Semanario Universidad y cuyo texto fue compartido con SURCOS por el autor.

Pronunciamiento del Comité de Personas Interinas UCR

El siguiente formulario tiene por intención la lectura y firma del Pronunciamiento del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica acerca de la coyuntura que atraviesan las universidades públicas costarricenses, en general, y la Universidad de Costa Rica, en particular.

“En defensa de la universidad pública, sí, pero de una universidad más justa y menos desigual”

Consideramos que:

Vivimos tiempos muy difíciles, tanto en Costa Rica como a nivel mundial, por motivo de la pandemia del Covid. Esto ha implicado, de parte de las personas trabajadoras de la Universidad, enormes esfuerzos y sacrificios para sostener el ciclo lectivo. Por si fuera poco, en las últimas semanas se han recrudecido los ataques y amenazas a la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas, por parte del Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Es fundamental la defensa de la autonomía y del presupuesto de las universidades públicas, sin embargo, esta lucha debe ir de la mano con transformaciones sustantivas a lo interno de estas, sobre todo en lo que concierne al régimen de precarización que estamos sometidas las y los trabajadores interinos, tanto docentes como administrativos.

No se trata de “defender la universidad” en abstracto, sino de qué modelo de universidad queremos defender. La educación superior pública ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del país, especialmente en términos de movilidad social, producción de conocimiento y trabajo en las comunidades. Por esto, nos oponemos a un modelo de universidad empresarial, el cual concibe la educación como un bien mercantil y en donde unas áreas del conocimiento se valoran más que otras, en función de su rentabilidad para el mercado.

La Universidad de Costa Rica no es un ente homogéneo, sino que se compone de muy diversos sectores, entre los cuales hay fuertes desigualdades, en cuanto a salarios y condiciones laborales. No queremos defender esa universidad excluyente y desigual, que sistemática e impunemente violenta nuestros derechos y dignidad, al mismo tiempo que perpetúa privilegios desproporcionados sobre un pequeño sector de la institución (lo cual inclusive le da fuerza y argumentos a los “enemigos” externos de las universidades públicas).

Las personas interinas somos la mayoría del personal docente de la Universidad de Costa Rica: un 66,3% del total, pudiéndose además sumar el 7,9% de las personas que se encuentran en una condición “mixta”, con lo cual se alcanza un total de 74,2%. Sin embargo, a pesar de ser mayoría en términos numéricos, las políticas y directrices emanadas desde los centros del poder universitario nos perjudican y excluyen directamente.

Las personas interinas y el personal administrativo estamos excluidos de la mayoría de los procesos donde se toman decisiones que nos afectan directamente, por ejemplo, de las asambleas de escuela y las elecciones universitarias. Por lo que exigimos se establezcan mecanismos que aseguren nuestra participación, como mayoría del sector universitario que somos, pues esta es la única forma de caminar hacia una democratización real de los espacios de toma de decisiones.

El régimen laboral precarizado e inestable al que estamos sometidos(as) provoca secuelas en nuestra salud mental y física, así como nos impide realizar planes a largo plazo y un proyecto profesional y de vida dignos ¿Cómo podríamos hacerlo si durante cuatro meses del año percibimos un ingreso disminuido o nulo y si no tenemos certeza que el siguiente semestre nos contratarán? En ese sentido, la reciente campaña institucional “Nuestra salud mental importa” nos parece hipócrita y ofensiva, por lo cual hacemos un llamado a las autoridades universitarias a hacer realidad su discurso.

Si no se realizan modificaciones a lo interno de la universidad, en dirección a mayor equidad y justicia, los impactos de origen externo (recortes a presupuesto, ataques a autonomía, etc) recaerán, sin lugar a dudas, sobre el sector más vulnerable: las personas interinas. Si no se toman medidas serias para distribuir de manera más sensata los recursos institucionales, se puede esperar un escenario de ajuste dramático y aparatoso (despidos o reducción de jornadas, recortes a becas, cierres de carreras, proyectos, programas, sobre todo en las áreas más débiles -sedes regionales, acción social, etc.-) como ya se ha venido dando en los últimos años.

El ataque a la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proyecto de estrangulamiento de las instituciones públicas y los derechos sociales y laborales de la población costarricense, por parte de grupos de poder político-económicos. En ese sentido, nos parece lamentable el papel de las autoridades de la Universidad de Costa Rica y las demás universidades públicas las cuales se han aislado de otros sectores sociales, sobre todo, los más vulnerables y golpeados por la crisis económica y el ajuste fiscal.

Por estos motivos, hacemos un llamado a estudiantes, personas interinas de otras universidades públicas, funcionarios(as) propietarios(as) solidarios(as) y otros sectores sociales, a luchar y organizarnos en defensa de la educación superior pública y a exigir el inicio de una serie de transformaciones que eliminen -o por lo menos, disminuyan- la desigualdad y los abusos a los que estamos sometidas las personas en condición de interinato. Al final de cuentas, es la Universidad en su conjunto la que se verá beneficiada.

¡En defensa de la educación superior pública!

¡Por una Universidad más justa y menos desigual!

Para firmar ingrese en este enlace

Alberto Gutiérrez Arguedas 113690344
Alexia Ugalde Quesada 113930458
Jose Antonio Mora Calderón 113430572
Esteban Fernández Quirós 111670737
Héctor Ferlini Cartín 113220032
Eduardo Bolaños Mayorga 1-1386-0823
Andrés Dinartes Bogantes 113010879
Dylanna Rodríguez Muñoz 206890824
Santiago Navarro Cerdas 304230655
Gustavo Jiménez Barboza 113580886
David Maroto Gómez 303830742
Graciela Mora Padilla 113750889
Karla Guzmán Sánchez 110470442
Jennifer Bermúdez Guillén 111850756
Josué Arévalo Villalobos 109790015
Valeria Montoya Tabash 115430086
Guillermo Navarro Alvarado 114190096
María Andrea Araya Carvajal 110900787
Helga Arroyo Araya 603030677
Carmen Caamaño Morúa 105770718
Flory Chacón Roldán 113900025
Gabriela Montero Sandoval 115290527
Adriana Vindas González 108760608
Alejandra Paniagua Bonilla 205740948
Juan Gabriel Chanto Corrales 111870985
Ruthman Moreira Chavarría 110170869
Jorge Marchena Sanabria 112550362
María José Chaves Groh 110810478
Roberto Marín Villalobos 206560935
María José Guillén Araya 304400473
Allen Cordero Ulate 302170094
Héctor Ferlini Salazar 104540856
Lucía Brenes Chaves 109770333
Sofía Delgado Redondo 305180455
Roberto Fragomeno Castro 801370052
Nataly Ugalde Quesada 114930329
Sebastián A. Coto Murillo 113900221
Zuiri Méndez Benavides 114250934
Harlen Alpízar Rojas 113540606
Liliana Monge Sánchez 701450142
Mariana Porras Montero 114510828
Dany Villalobos Villalobos 206430273
Jiddu Rojas Jiménez 107290371
Fernando Camacho Mora 112980013
Silvia Azofeifa Ramos 402000281
Tatiana Herrera Ávila 108850940
Braulio José Solano Rojas 109650332
Jorge Arturo Montoya Alvarado 104080419
Rodrigo Jiménez Sandoval 105370978
Jairol Núñez Moya 603110623
Sofía Cortés Sequeira 113360901
Laura Álvarez Garro 111540669
Marcela Alfaro Castillo 110820900
Cristina Vargas Rodríguez 104780360
Bernardo Castillo Gaitán 801030369
Adriana Maroto Vargas 205190760
Esteban Aguilar Arias 303840828
Kira Schroeder Leiva 109360159
Daniela Moya Víquez 112050574
Ronulfo Vargas Campos 204370534
Pablo Hernández Hernández 108960977
Rocío Alfaro Molina 108280886
Ana Lucía Mora González 113970478
Melissa Molina Campos 50334090
Jorge Luis Nuñez Arias 111710521
Milena Castro 1011280794
Veronique Morel 800870176
María Fernanda Quirós Moya 304700503
Cynthia Molina Rodríguez 108220923
Óscar Navarro Rojas 302470940
Fabiola Bernal Acevedo 801030029
Adriana González Serrano 112320650
Sergio Rojas Peralta 108350925
Franciny Oses Marín 702030181
Luis Diego Cascante Fallas 1749570
Diana Martínez Alpízar 113010292
Óscar Durán Valverde 106510477
María José Cabezas Castro 114650289
Luis Diego Cascante Fallas 1749570
Adrián Jaén 109470641
Luis Adrián Mora Rodriguez 11024031
Gabriela Arguedas Ramírez 108310136
Jorge Prendas-Solano 111760484
Alexis Delgado González 604550665
Obed Herrera 118460244
María Isabel Novoa Segura 604610996
José Pablo Alvarado Barrientos 111270177
Viviana Guerrero Chacón 112170267
Álvaro Carvajal Villaplana 601680673
Jimmy Washburn 105750660
Kevin Hernández Jiménez 115370078
Yeimi Jiménez Oviedo 303530439
Mauricio Álvarez Mora 108770217
Cinthya Soto Calvo 204540610
Yanela Castro Monge 116790645
Gloriana Martínez Sánchez 113710751
Roxángel Acosta Barquero 113330557
Adrián Ramírez 401860190
Valeria Sancho Quirós 114230749
George García Quesada 901070687
Alexandra Chacón Reyes 207180470
Bercy Silva Jimenez 701360423
Kemly Camacho 106040476
Anderson Granados Trejos 2028340283
Hernán González Acuña 108930872
Kathleen Ruiz Castillo 604730323
Karen Calvo Díaz 304030928
Alberto Gagneten Jiménez 110890037
Laurencia Sáenz Benavides 110650190
Luis Fernando Rodríguez Jiménez 402570449
Andrea Calvo Díaz 303950397
María Flórez-Estrada Pimentel 801110010
Daniel González Quesada 111190017
Mónica Pera Anda 8050903
Jessica Cerdas Fernández 117720636
Tania Vicente León 106670029
Daniel Fernández Fernández 112000023
María Alexandra Durán Blanco 207480611
David Ibarra Arana 111310664
Pablo Andrés Quirós Solís 111330988
Ana Lucía Fonseca Ramírez 105290511
Raimy Camacho Ramírez 108090068
Valeria Solano Bolaños 116170230
Asaneth Marchena Leiva 304720461

Mejoramiento de la Educación Superior Pública

Programa de Inversión de US$ 200 millones en la Educación Superior Pública que concluyó su ejecución el 30 junio 2020. Información que muestra el mejoramiento de la Educación Superior Pública compartida con SURCOS por el máster Efraín Cavallini Acuña.

¿La Universidad del futuro?

Orlando Arrieta Orozco, Decano Facultad de Ingeniería UCR

Luis Felipe Arauz Cavallini, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarias UCR

Recientemente se dieron a conocer los informes de mayoría y de minoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que fue nombrada para estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), mediante el cual se financia a las Universidades Públicas.

El informe de mayoría resulta preocupante, pues refleja la visión poco informada que tienen algunas de las personas que integran la Asamblea Legislativa sobre un modelo de Universidad Pública que, desde su concepción, ha aportado enormes contribuciones al desarrollo de Costa Rica, y lo sigue haciendo. De entrada, reconocemos la necesidad de mejorar la gestión administrativa, incluido el modelo salarial, pero no debe tergiversarse políticamente lo que significa una verdadera universidad, como lo pretende el informe de mayoría.

Las Universidades Públicas deben reconocer que en ocasiones ha hecho falta más autocrítica para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de las propuestas incluidas en el informe de mayoría lejos de fortalecer la educación superior pública, la debilitarían hiriendo sus fundamentos bases más importantes, como la autonomía universitaria. El informe de mayoría habla de una “universidad del futuro” ligada a lo tecnológico, y dejando así por fuera otras áreas fundamentales para un país que busca un desarrollo integral y equilibrado.

¿Cómo debe ser la universidad del futuro? Debemos recordar que una de las principales razones por las que el Estado costarricense creó instituciones de educación superior fue para para que estas contribuyeran al desarrollo del país por medio de su actividad académica. Esta contribución se manifiesta de muchas maneras, entre ellas:

  1. Formación de cuadros profesionales cuya excelencia académica y responsabilidad social contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y la preservación ambiental.
  2. Fomento de la movilidad social para personas de bajos recursos mediante el acceso a una educación superior de calidad.
  3. Generación de conocimiento, solución de problemas y desarrollo de tecnologías por medio de la investigación científica.
  4. Transferencia a la sociedad de los resultados y productos de la investigación.
  5. Creación de cultura en todas sus manifestaciones.
  6. Atención de las comunidades con programas educativos y sociales en diversos ámbitos, y por medio de la difusión de las artes.

Este modelo de Universidad Pública ha sido y sigue siendo fundamental en el desarrollo nacional. Por eso, cualquier modelo de “universidad del futuro” depende de la visión de desarrollo que se tenga para el país, y este tiene que verse de manera integral, pensando en el bienestar de las personas. El informe de mayoría parte de una visión sesgada del desarrollo, centrado en la tecnología y la productividad vista en términos económicos, y no de una visión amplia, integral y equilibrada, que tenga como guía el bienestar de la población, para el cual la tecnología y la productividad son medios y herramientas, no fines últimos. No se puede perder la perspectiva total sobre el país y desde hace muchas décadas la sociedad, incluyendo a los empresarios, han reconocido que sin humanismo, sin pensamiento crítico, sin ética, la humanidad estaría condenada a repetir sus mayores errores y a desvirtuar su capacidad de creación y de sensibilidad, de forma que dejaríamos de ser humanidad y nos convertiríamos en una comunidad de autómatas.

El consenso mundial sobre los objetivos que deben guiar el desarrollo está delineado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, en los cuales el balance entre lo ambiental, lo social, lo económico, la paz, la justicia y la inclusividad se resume en el lema de “no dejar a nadie atrás”; ese es el mismo ideal de fundación de la nación costarricense y está inscrito en nuestra Constitución Política. Ninguno de los ODS habla de la tecnología como un objetivo per se del desarrollo, sino como un vehículo, una herramienta que facilite el proceso.

De todo lo anterior, se concluye que para aportar a los desafíos de un verdadero desarrollo, la universidad del futuro debe promover la generación de conocimiento científico y tecnológico, sin duda, pero debe ser crítica, artística, cuestionadora, original, imaginativa y humanista. No podemos tecnocratizar la educación superior pública, menospreciando las actividades académicas en el ámbito de las humanidades, las artes, las letras o las ciencias sociales. ¿De qué nos servirían profesionales del ámbito científico-tecnológico, pero sin capacidad de análisis social, apreciación del arte y muchas otras variables? Debemos ver la educación superior pública desde un enfoque global e integral, como hasta el momento lo han hecho todas las Universidades Públicas.

El país debe tener claro que la inversión en educación superior pública debe verse como una especie de seguro, que le permite al país tener una capacidad instalada en cuanto a recurso humano altamente calificado y equipamiento de punta, capaz de responder en momentos de crisis como el actual, proponiendo un abordaje integral del problema, desde todas las perspectivas de las áreas de conocimiento.

El informe de mayoría se aparta de nuestras tradiciones nacionales y amenaza esa visión global e integral de la educación superior pública, y cae en una visión economicista. La idea de modificar la Constitución Política de Costa Rica para limitar la autonomía universitaria no puede ni debe aceptarse.

Por el contrario, se debe continuar resguardando la necesaria libertad que tiene la universidad para no estar sujeta a vaivenes políticos o presiones de sectores, que constituye uno de los meollos de la autonomía universitaria.

Existe, una muy pequeña minoría de académicos a quienes el actual sistema salarial le permite alcanzar salarios excesivamente altos. Pero es totalmente innecesario reformar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para lograr cambiar ese aspecto. Las Universidades Públicas, en pleno uso de su autonomía, deben analizar y revisar su política salarial, y establecer una clara priorización de la calidad del trabajo y la producción académica sobre el crecimiento puramente vegetativo. Se deben valorar más factores como el desempeño de las labores que la antigüedad, y es necesario establecer topes en rubros que pudieran llegar a amenazar la sostenibilidad financiera. Esto último requiere de cambios y ajustes normativos internos relativamente simples, imprescindibles para desarmar a quienes utilizan esos salarios como argumento para atacar a las universidades y proponer medidas que debilitan un importante (e incómodo para algunos) pilar de nuestro Estado Social de Derecho.

Vivimos tiempos complejos en que debemos hacer un llamado a la unión y no a la división, tanto en el seno de CONARE como en el conjunto del Estado y las instituciones públicas que contribuyen a resguardar ese Estado Social de Derecho, en donde salud y educación han sido base fundamental para lograr una mejor sociedad.

Hacemos una instancia respetuosa pero firme a las diputadas y diputados a rechazar el informe de mayoría, que propone una universidad y una nación mercantilista en donde la cultura, la ética y la conciencia crítica parecen ser lujos innecesarios, y a defender el modelo de una universidad igualitaria, centrada en el ser humano, promotora de la ciencia y la cultura, que siga siendo un pilar del desarrollo integral de nuestro pueblo. En ese sentido, extraña que miembros del partido político bajo el cual se creó el Ministerio de Cultura, tengan una visión tan antagónica y diferente a la del fundador y líder histórico de su partido; “¿Para qué tractores sin violines?”

Enviado a SURCOS por Luis Felipe Arauz Cavallini.

Cerco mediático, censura y posverdad

Organización Política Carmen Lyra

Los últimos acontecimientos de violencia y represión efectuados por el gobierno de Carlos Alvarado contra estudiantes han sido justificados bajo falacias y calumnias, los grandes consorcios comunicacionales se encuentran en una alianza que está desinformando a la población y creando enemigos entre el pueblo, a continuación planteamos un análisis urgente.

Las malas negociaciones efectuadas por el Consejo Nacional de Rectores, reflejadas en las convocatorias a paro y subsecuentes tomas de sedes y facultades de diferentes universidades públicas, son parte del iceberg que escondía el presupuesto nacional para el año 2020, el cual fue recientemente aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, con todos los recortes presupuestarios amalgamados en la regla fiscal y en la visión de “eficientar” el Estado social de derecho.

La convulsión del movimiento estudiantil es producto de la resistencia a la arremetida contra la autonomía universitaria y su presupuesto, el cual ya no solo fue trastocado con un condicionamiento, sino además reducido. Cuando ya no hay constitución lo único que queda es la calle para exigir respeto.

A pesar de los hechos antes mencionados la prensa escrita, radial y virtual, construye de forma tradicional hechos paralelos, los ejemplos más históricos más recientes están en la Huelga contra el Combo fiscal, donde los medios masivos de desinformación construyeron enemigos y posverdades como fue el caso “ATENTADO” (sic) contra poliducto de RECOPE y las “reuniones” del quirófano, ambos hechos ampliamente desmentidos y hoy demostrado que fueron falacias intencionales para generar nociones tergiversadas de los hechos, y poder encontrar “culpables”. La prensa hoy sigue impune ante la mentira y el terrorismo mediático.

Lo que hoy presentan medios como Amelia Rueda, Teletica y La Nación sobre la represión ejecutada contra estudiantes universitarios de San Ramón, Heredia y San José en horas de la madrugada es exactamente el mismo mecanismo, están creando a partir de una “versión” no probada, de “hechos” no demostrados un supuesto atentado contra la vida de oficiales de policía ¿cuáles oficiales? ¿Hay videos? ¿Existen evidencias concretas?

Actualmente existen 11 personas, estudiantes universitarias, que están detenidas, sin embargo los medios únicamente recogen los argumentos de las fuerzas represivas del estado -la fuerza pública- y ni un solo argumento del sector estudiantil que fue reprimido, se presenta una verdad sin contraparte y como diría Isabel Ducca ¡No importa que todo se base en una suposición! La construcción mediática la convierte en verdad oficial. La verdad oficial no requiere investigación ni hechos que la comprueben, mucho menos la voz de los acusados.

Inclusive existen ya citatorios para juicios de flagrancia contra estudiantes, hoy a las 5 p.m, la justicia demuestra una eficiencia sin precedentes cuando de juzgar a activistas y protestas sociales se trata, esta práctica ha venido en escalada en los últimos años.

Llamamos a la movilización permanente y a la libertad de las personas detenidas.

¡Cuando nos quitan la Constitución, lo único que nos queda es la calle!

 

Enviado a SURCOS por Fernando Bermúdez.

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