Programa de Inversión de US$ 200 millones en la Educación Superior Pública que concluyó su ejecución el 30 junio 2020. Información que muestra el mejoramiento de la Educación Superior Pública compartida con SURCOS por el máster Efraín Cavallini Acuña.
Recientemente se dieron a conocer los informes de mayoría y de minoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que fue nombrada para estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), mediante el cual se financia a las Universidades Públicas.
El informe de mayoría resulta preocupante, pues refleja la visión poco informada que tienen algunas de las personas que integran la Asamblea Legislativa sobre un modelo de Universidad Pública que, desde su concepción, ha aportado enormes contribuciones al desarrollo de Costa Rica, y lo sigue haciendo. De entrada, reconocemos la necesidad de mejorar la gestión administrativa, incluido el modelo salarial, pero no debe tergiversarse políticamente lo que significa una verdadera universidad, como lo pretende el informe de mayoría.
Las Universidades Públicas deben reconocer que en ocasiones ha hecho falta más autocrítica para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de las propuestas incluidas en el informe de mayoría lejos de fortalecer la educación superior pública, la debilitarían hiriendo sus fundamentos bases más importantes, como la autonomía universitaria. El informe de mayoría habla de una “universidad del futuro” ligada a lo tecnológico, y dejando así por fuera otras áreas fundamentales para un país que busca un desarrollo integral y equilibrado.
¿Cómo debe ser la universidad del futuro? Debemos recordar que una de las principales razones por las que el Estado costarricense creó instituciones de educación superior fue para para que estas contribuyeran al desarrollo del país por medio de su actividad académica. Esta contribución se manifiesta de muchas maneras, entre ellas:
Este modelo de Universidad Pública ha sido y sigue siendo fundamental en el desarrollo nacional. Por eso, cualquier modelo de “universidad del futuro” depende de la visión de desarrollo que se tenga para el país, y este tiene que verse de manera integral, pensando en el bienestar de las personas. El informe de mayoría parte de una visión sesgada del desarrollo, centrado en la tecnología y la productividad vista en términos económicos, y no de una visión amplia, integral y equilibrada, que tenga como guía el bienestar de la población, para el cual la tecnología y la productividad son medios y herramientas, no fines últimos. No se puede perder la perspectiva total sobre el país y desde hace muchas décadas la sociedad, incluyendo a los empresarios, han reconocido que sin humanismo, sin pensamiento crítico, sin ética, la humanidad estaría condenada a repetir sus mayores errores y a desvirtuar su capacidad de creación y de sensibilidad, de forma que dejaríamos de ser humanidad y nos convertiríamos en una comunidad de autómatas.
El consenso mundial sobre los objetivos que deben guiar el desarrollo está delineado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, en los cuales el balance entre lo ambiental, lo social, lo económico, la paz, la justicia y la inclusividad se resume en el lema de “no dejar a nadie atrás”; ese es el mismo ideal de fundación de la nación costarricense y está inscrito en nuestra Constitución Política. Ninguno de los ODS habla de la tecnología como un objetivo per se del desarrollo, sino como un vehículo, una herramienta que facilite el proceso.
De todo lo anterior, se concluye que para aportar a los desafíos de un verdadero desarrollo, la universidad del futuro debe promover la generación de conocimiento científico y tecnológico, sin duda, pero debe ser crítica, artística, cuestionadora, original, imaginativa y humanista. No podemos tecnocratizar la educación superior pública, menospreciando las actividades académicas en el ámbito de las humanidades, las artes, las letras o las ciencias sociales. ¿De qué nos servirían profesionales del ámbito científico-tecnológico, pero sin capacidad de análisis social, apreciación del arte y muchas otras variables? Debemos ver la educación superior pública desde un enfoque global e integral, como hasta el momento lo han hecho todas las Universidades Públicas.
El país debe tener claro que la inversión en educación superior pública debe verse como una especie de seguro, que le permite al país tener una capacidad instalada en cuanto a recurso humano altamente calificado y equipamiento de punta, capaz de responder en momentos de crisis como el actual, proponiendo un abordaje integral del problema, desde todas las perspectivas de las áreas de conocimiento.
El informe de mayoría se aparta de nuestras tradiciones nacionales y amenaza esa visión global e integral de la educación superior pública, y cae en una visión economicista. La idea de modificar la Constitución Política de Costa Rica para limitar la autonomía universitaria no puede ni debe aceptarse.
Por el contrario, se debe continuar resguardando la necesaria libertad que tiene la universidad para no estar sujeta a vaivenes políticos o presiones de sectores, que constituye uno de los meollos de la autonomía universitaria.
Existe, una muy pequeña minoría de académicos a quienes el actual sistema salarial le permite alcanzar salarios excesivamente altos. Pero es totalmente innecesario reformar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para lograr cambiar ese aspecto. Las Universidades Públicas, en pleno uso de su autonomía, deben analizar y revisar su política salarial, y establecer una clara priorización de la calidad del trabajo y la producción académica sobre el crecimiento puramente vegetativo. Se deben valorar más factores como el desempeño de las labores que la antigüedad, y es necesario establecer topes en rubros que pudieran llegar a amenazar la sostenibilidad financiera. Esto último requiere de cambios y ajustes normativos internos relativamente simples, imprescindibles para desarmar a quienes utilizan esos salarios como argumento para atacar a las universidades y proponer medidas que debilitan un importante (e incómodo para algunos) pilar de nuestro Estado Social de Derecho.
Vivimos tiempos complejos en que debemos hacer un llamado a la unión y no a la división, tanto en el seno de CONARE como en el conjunto del Estado y las instituciones públicas que contribuyen a resguardar ese Estado Social de Derecho, en donde salud y educación han sido base fundamental para lograr una mejor sociedad.
Hacemos una instancia respetuosa pero firme a las diputadas y diputados a rechazar el informe de mayoría, que propone una universidad y una nación mercantilista en donde la cultura, la ética y la conciencia crítica parecen ser lujos innecesarios, y a defender el modelo de una universidad igualitaria, centrada en el ser humano, promotora de la ciencia y la cultura, que siga siendo un pilar del desarrollo integral de nuestro pueblo. En ese sentido, extraña que miembros del partido político bajo el cual se creó el Ministerio de Cultura, tengan una visión tan antagónica y diferente a la del fundador y líder histórico de su partido; “¿Para qué tractores sin violines?”
Enviado a SURCOS por Luis Felipe Arauz Cavallini.
Los últimos acontecimientos de violencia y represión efectuados por el gobierno de Carlos Alvarado contra estudiantes han sido justificados bajo falacias y calumnias, los grandes consorcios comunicacionales se encuentran en una alianza que está desinformando a la población y creando enemigos entre el pueblo, a continuación planteamos un análisis urgente.
Las malas negociaciones efectuadas por el Consejo Nacional de Rectores, reflejadas en las convocatorias a paro y subsecuentes tomas de sedes y facultades de diferentes universidades públicas, son parte del iceberg que escondía el presupuesto nacional para el año 2020, el cual fue recientemente aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, con todos los recortes presupuestarios amalgamados en la regla fiscal y en la visión de “eficientar” el Estado social de derecho.
La convulsión del movimiento estudiantil es producto de la resistencia a la arremetida contra la autonomía universitaria y su presupuesto, el cual ya no solo fue trastocado con un condicionamiento, sino además reducido. Cuando ya no hay constitución lo único que queda es la calle para exigir respeto.
A pesar de los hechos antes mencionados la prensa escrita, radial y virtual, construye de forma tradicional hechos paralelos, los ejemplos más históricos más recientes están en la Huelga contra el Combo fiscal, donde los medios masivos de desinformación construyeron enemigos y posverdades como fue el caso “ATENTADO” (sic) contra poliducto de RECOPE y las “reuniones” del quirófano, ambos hechos ampliamente desmentidos y hoy demostrado que fueron falacias intencionales para generar nociones tergiversadas de los hechos, y poder encontrar “culpables”. La prensa hoy sigue impune ante la mentira y el terrorismo mediático.
Lo que hoy presentan medios como Amelia Rueda, Teletica y La Nación sobre la represión ejecutada contra estudiantes universitarios de San Ramón, Heredia y San José en horas de la madrugada es exactamente el mismo mecanismo, están creando a partir de una “versión” no probada, de “hechos” no demostrados un supuesto atentado contra la vida de oficiales de policía ¿cuáles oficiales? ¿Hay videos? ¿Existen evidencias concretas?
Actualmente existen 11 personas, estudiantes universitarias, que están detenidas, sin embargo los medios únicamente recogen los argumentos de las fuerzas represivas del estado -la fuerza pública- y ni un solo argumento del sector estudiantil que fue reprimido, se presenta una verdad sin contraparte y como diría Isabel Ducca ¡No importa que todo se base en una suposición! La construcción mediática la convierte en verdad oficial. La verdad oficial no requiere investigación ni hechos que la comprueben, mucho menos la voz de los acusados.
Inclusive existen ya citatorios para juicios de flagrancia contra estudiantes, hoy a las 5 p.m, la justicia demuestra una eficiencia sin precedentes cuando de juzgar a activistas y protestas sociales se trata, esta práctica ha venido en escalada en los últimos años.
Llamamos a la movilización permanente y a la libertad de las personas detenidas.
¡Cuando nos quitan la Constitución, lo único que nos queda es la calle!
Enviado a SURCOS por Fernando Bermúdez.
Sea parte de SURCOS:
Pronunciamiento de un grupo de docentes de la Sección de Historia y Geografía de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, en relación con la coyuntura política nacional y universitaria
San Ramón, Costa Rica
12 de noviembre 2019
A la comunidad universitaria de la Sede de Occidente, la Universidad de Costa Rica y demás Universidades Públicas de Costa Rica
A la sociedad costarricense en general
● El pueblo costarricense está viviendo momentos difíciles. Luego de tres décadas de implementación de políticas neoliberales, Costa Rica se encuentra actualmente dentro de los diez países con mayor desigualdad social y concentración de la riqueza en el mundo.
● Es posible percibir, sobre todo a partir de 2018, una profundización del proyecto neoliberal en Costa Rica, cuya más clara manifestación fue la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 20.580, mediante la cual se materializó una reforma fiscal con notable orientación regresiva. De hecho, como parte de esta reforma, se abre la posibilidad de aplicar la Regla Fiscal, la cual autoriza el recorte del presupuesto de instituciones públicas. La mencionada ley fue impuesta desde el Gobierno de manera autoritaria y vertical, desconsiderando la amplia oposición popular en contra de la misma.
● Además de la reforma fiscal, se han venido impulsando otras iniciativas que amenazan con lesionar derechos fundamentales del pueblo costarricense, como por ejemplo los proyectos de ley No.21.049 y 21.097, los cuales buscan prohibir el ejercicio de las huelgas en el sector público y amenazan con la disolución de sindicatos.
● Tanto la reforma fiscal, como los proyectos de ley “anti-huelgas”, entre otras iniciativas, más allá de simples reformas jurídico-legales, representan un intento por imponer un nuevo “pacto” social en favor de los intereses de oligarquías político-económicas, nacionales y transnacionales. Este proyecto implica un estrangulamiento del Estado Social de Derecho y del ejercicio de los derechos fundamentales de la sociedad costarricense, dicho sea de paso, derechos arduamente conquistados en épocas pasadas a través de luchas sociales.
● En este contexto, se viene gestando un grave ataque en contra de las universidades públicas costarricenses, cuyo papel en la sociedad costarricense es y ha sido fundamental. Para legitimar estos ataques, se ha dado a través de los principales medios de comunicación nacionales una campaña sistemática y fraudulenta para desprestigiar estas instituciones en la opinión pública.
● El más grave y amenazante de estos ataques es el “redireccionamiento” de 70 mil millones de colones en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2020, el cual fue presentado por el Ministerio de Hacienda a Asamblea Legislativa como parte del presupuesto nacional para el próximo año.
● Este “redireccionamiento” implica que 70 mil millones de colones del FEES fueron clasificados como “gastos de capital”, es decir, como aquellos gastos que se realizan una única ocasión y que no son permanentes, como por ejemplo, construcción de infraestructura. En la práctica, significa que estos recursos no pueden ser utilizados para “gastos corrientes”, tales como becas estudiantiles, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, todas ellas actividades fundamentales del quehacer universitario.
● Más que un “redireccionamiento” del presupuesto, estamos frente a un flagrante atropello del principio de la Autonomía Universitaria, reconocido en la Constitución Política de Costa Rica en sus Artículos 84 y 85. Como parte de la autonomía que le reconoce la Constitución, las universidades públicas gozan de total independencia y criterio propio para definir en qué rubros o actividades destinan sus recursos.
● Vale mencionar, como antecedente, que ya la Asamblea Legislativa había hecho un recorte de 10 mil millones de colones al presupuesto de las universidades públicas para el año 2019, el cual implicó medidas de contención del gasto a lo interno de estas instituciones, con impactos sensibles sobre el quehacer universitario. Si bien la Universidad de Costa Rica presentó una Acción de Inconstitucionalidad sobre este hecho, mientras no haya una resolución al respecto, la institución se ve imposibilitada hacer uso de dichos recursos.
● A raíz de este ataque en contra de las universidades públicas, se puso en marcha una fuerte movilización estudiantil, la cual inició desde mediados del mes de octubre y se mantiene, con altos y bajos, hasta la fecha. A lo largo de este proceso, las y los estudiantes universitarios han protagonizado diversas acciones de lucha organizada, entre ellas, la toma de edificios en diferentes sedes y recintos, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional.
● Asimismo, el día 22 de octubre se realizó una masiva marcha en San José, con amplia participación de la comunidad universitaria, proveniente de diferentes regiones del país. Ese día se reunieron, en Casa Presidencial, miembros del Gobierno con los rectores de las universidades públicas y representantes de las federaciones estudiantiles, con el fin de re-negociar los términos del FEES para el año 2020. Los resultados de dicha negociación quedaron reunidos en un acuerdo, publicado ese mismo día, en el cual el Gobierno reconoce la potestad de las universidades públicas de utilizar sus recursos según el principio de la Autonomía Universitaria.
● No obstante, consideramos que este acuerdo es insuficiente y engañoso, en primer lugar, porque no es legalmente vinculante; a lo sumo, es una muestra de “buenas intenciones” por parte del Gobierno, del cual hay razones de sobra para desconfiar. Además, para poder hacer realidad los términos del acuerdo, se está en función de terceros, es decir, de actores que no estuvieron presentes en la negociación, específicamente la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, cuyo accionar reciente ha demostrado un alto grado de hostilidad en contra de las universidades públicas.
● Frente a este escenario, complejo y lleno de riesgos, consideramos fundamental mantener abiertos los canales de diálogo y reflexión, tanto a lo interno de la universidad, como con otros sectores sociales. El conflicto se encuentra abierto e indefinido, motivo por el cual debemos mantenernos informados(as), politizados(as) y movilizados(as) como miembros de la comunidad universitaria, en defensa de nuestros derechos.
● En relación con la situación específica de la Sede de Occidente y la toma de edificios por parte de la Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente -AGASO-, manifestamos la urgente necesidad de establecer canales de diálogo y negociación entre las diferentes partes (movimiento estudiantil, cuerpo docente-administrativo y Dirección), con el fin de encontrar una resolución lo más rápido posible.
● Somos conscientes que la comunidad universitaria es heterogénea y que existen diferentes visiones y posicionamientos dentro de ella, así como diferentes formas de praxis política. Asimismo, reconocemos que a lo interno de nuestra institución también se reproducen desigualdades e injusticias, tanto en términos del régimen salarial (funcionarios propietarios e interinos), como en términos de la asimetría entre la Sede Rodrigo Facio y las Sedes Regionales, entre otros. Mucho se puede hacer, a lo interno de la universidad, para distribuir el presupuesto de manera más equitativa y sensata.
● No obstante, más allá de las diferencias que existen dentro de la propia universidad, consideramos fundamental, en este momento en específico, no perder de vista quiénes son los verdaderos enemigos: los sectores de poder político-económico que pretenden debilitar y privatizar la educación superior, tendencia que se puede observar en toda América Latina. Esta unión es necesaria para tener mayor claridad política de hacia dónde direccionar nuestros esfuerzos y nuestra lucha.
● Urge salir de la universidad e ir a las calles, así como incidir en los medios de comunicación y en la opinión pública, para presionar en aquellas instancias que finalmente decidirán sobre el destino de todos(as) nosotros(as). A más tardar el 30 de noviembre de 2019, la Asamblea Legislativa decidirá el presupuesto nacional para 2020, lo cual significa que durante el mes de noviembre debemos hacer todo lo posible por defender el presupuesto y la autonomía universitaria en este espacio.
● Invitamos a la comunidad universitaria en general, estudiantes, docentes, administrativos y autoridades, a luchar activamente en defensa de la educación superior pública. De ello depende nuestra propia sobrevivencia.
FIN DEL PRONUNCIAMIENTO
Firman:
María de los Ángeles Acuña León
Miguel Ángel Herrera Cuarezma
Lissy Villalobos Cubero
Eduardo González Ayala
Jorge Marchena Sanabria
Alberto Gutiérrez Arguedas
José Mora Calderón
Alexia Ugalde Quesada
Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas
El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, detalló algunas de las 24 medidas de contención del gasto que la institución ha puesto en práctica en los últimos años para mantener la sostenibilidad financiera. Así lo expresó ante la comisión legislativa que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior FEES.
Desde el 2014 y hasta el 2020, se proyecta que la institución ahorraría con estas medidas más de ¢15 000 millones, principalmente por la disminución del porcentaje de la anualidad (que pasó del 5,5 % al 3,75 %, y que solo entre el 2019 y 2020 representa un ahorro de más de ¢11 000 millones), pero también por mayor rigor en el otorgamiento de dedicaciones exclusivas y modificaciones en la concesión de incentivos por méritos académicos (que han sumado más de ¢4000 millones del 2015 al 2018).
A estas medidas se adiciona el establecimiento de una nueva fórmula para el cálculo del reconocimiento por crecimiento del costo de vida, negociada con la nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT), que permite que los incrementos salariales se limiten al monto de inflación. También han reportado ahorros por cambios en la autorización de suplencias, la disminución de horas extra y la reducción del consumo de combustible (potenciado gracias a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, en línea con las políticas ambientales de la institución), entre otros.
Sin embargo, datos proporcionados por la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) a solicitud del rector y los cuales fueron dados a los legisladores, indican que en el escenario supuesto, de no tomarse más medidas, podría haber un déficit en las finanzas institucionales en los próximos años.
“Hay que establecer límites al crecimiento vegetativo de los salarios. El régimen salarial debe ser revisado y tomar más decisiones en ese sentido. Tenemos que ser capaces de hacer sostenible el sistema salarial por medio de una estructura que favorezca la equidad y donde se priorice el régimen de méritos y desempeño, sobre el crecimiento por antigüedad”, subrayó Jensen.
Para evitar este panorama, desde el año 2014 la administración universitaria ha realizado las gestiones necesarias para mejorar la situación.
“Lo que se ha hecho a partir del 2014 hasta la fecha ha dado resultados positivos, no obstante la situación financiera actual es totalmente diferente y hay que tomar más medidas para controlar el gasto institucional”, aseveró Jensen Pennington.
Para que la Universidad pueda asegurar su sostenibilidad financiera, a criterio del rector, se debería denunciar nuevamente la Convención Colectiva, ya que esta tiene una vigencia de 3 años. Esto corresponderá hacerlo a la próxima persona que ocupe la Rectoría.
Además manifestó que otra medida que es necesario tomar, pero que se sale de su competencia, es ponerle un tope de tiempo a la anualidad.
Aparte de estas medidas el rector mencionó que la Universidad enfrenta una serie de retos que deben tomarse en cuenta, entre ellos destacó tener una mayor incidencia en la calidad de la educación secundaria, mediante programas y acciones afirmativas; avanzar hacia una mayor flexibilidad en los programas de estudio de manera que se pueda responder de forma ágil a los cambios científicos y tecnológicos; fomentar el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de opciones académicas de manera sistémica y estructural; y fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer académico.
Durante la presentación, los diputados insistieron en cuestionar las motivaciones de las universidades públicas para marchar a Casa Presidencial el pasado 22 de octubre, para lo que el Dr. Jensen fue enfático en aclarar que con el redireccionamiento de 70 mil millones del FEES a gastos de capital, sí existía una amenaza real para distintos programas, entre ellos las becas, acción social e investigación, incluso con el traslado que se hizo, la UNED y el TEC podrían ver afectado su funcionamiento.
María del Mar Izaguirre Cedeño
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
El acuerdo tomado el 22 de octubre sobre el FEES es suficientemente claro y positivo pero, para comprender sus límites y alcances, es necesario interpretarlo desde principios lógicos, administrativos y jurídicos.
¿Qué garantiza?
R1/ El respeto a la independencia conferida a las universidades estatales por la Constitución Política, artículos 84 y 85. Confróntese: a) considerandos: 1, 6, 11 y 12; b) acuerdos: 1, 2, 5 y 6.
R2/ El financiamiento de las universidades según lo previsto en la Constitución Po- lítica, artículos 78 y 85. Confróntese: a) considerandos: 4, 5 y 9; b) acuerdos: 1, 2 y 4.
¿Qué corrige?
R1/ El accionar inconstitucional y unilateral de la hoy ex Ministra de Hacienda Rocio Aguilar, al pretender clasificar partidas del FEES cuando ello es potestad exclusiva del quehacer autónomo universitario. Confróntese: a) considerando 8; b) acuerdo 2.
R2/ El monto presupuestario que las universidades estatales, por muto proprio, d finieron en partidas equivalentes a gastos de capital, lo que quedará plasmado en las registros contables correspondientes. Confróntese: a) considerandos 9, 10; b) acuerdo 2.
¿Qué mejora?
R1/ La jurisprudencia para la posterior aplicación de los artículo 84 y 85 en lo que respecta a la ejecución del FEES, toda vez que se hace explícito que solo las propias universidades pueden clasificar sus partidas. Confróntese: acuerdo 1.
R2/ El nivel de representatividad democrática de la Comisión de Enlace negociado- ra del FEES, al incorporar a la representación estudiantil, según designación de los órganos institucionales correspondientes. Confróntese: a) considerando 3; b) acuerdo 3.
¿Qué lo limita?
R1/ La falta de una lectura correcta, basada en principios de gestión administrativa universitaria y recursos propios del razonamientos lógico y jurídico.
R2/ El oportunismo de algunos grupos “políticos” que promueven la división, la en procura de sus propios intereses no explicativos con transparencia suficiente.
¿Cuándo logrará eficacia plena?
R1/ Cuando el Plenario de la Asamblea Legislativa, con base en el mecanismo de aprobación correspondiente, apruebe el Presupuesto Nacional de la República respetando lo definido por CONARE y plasmado en el acuerdo. Confróntese: a) Considerandos 9 y 10; b) Acuerdo: 2.
R2/ Cuando en los años sucesivos se respete la autonomía universitaria sin vacilaciones y se concrete la negociación quinquenal del FEES. Confróntese: Acuerdos 1 y 4.
¿Por qué debemos estar alertas?
R1/ Porque el Plenario de la Asamblea Legislativa podría no aprobar lo ya acordado por la Comisión de Asuntos Hacendarios con respecto del FEES al momento de aprobar el Presupuesto General de la República 2020. Confróntese: Considerando 9.
R2/ Porque el contexto FEES está siendo utilizado por intereses políticos y partidarios que, desde siempre, han intentado debilitar en el mejor de los casos, y eliminar en el peor, la educación superior estatal costarricense, lo que demanda acciones estratégicas sostenidas en su defensa.
¿En qué contribuyó el acuerdo?
R1/ Con la renuncia de la ex Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, al quedar una vez más en evidencia, su proceder arbitrario e inconstitucional en pro de su proyecto económico.
R2/ En fortalecer la autonomía universitaria, el respeto para con la Constitución Po- lítica y, consecuentemente, para con el Estado Social de Derecho, al momento que se delimitó al Poder Ejecutivo y se lo indujo a manifestar compromiso explícito en este aspecto específico. Confróntese: acuerdos 5 y 6.
¿Qué corresponde ahora?
R1/ Promover en lo sucesivo y a lo interno de las comunidades universitarias una oportuna discusión interna sobre la distribución, justa y equitativa, de sus presupuestos, a fin de evitar los malestares evidenciados en esta coyuntura.
R2/ Unirnos las comunidades universitarias en un frente común para la defensa estratégica, orgánica y sostenida de las educación superior estatal costarricense.
Eval Antonio Araya Vega,
Filósofo, docente e investigador, Sede Regional de Occidente, Universidad de Costa Rica.
Foto: Anel Kenjekeeva.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
La anulación del desvío de ₡35 000 millones para gasto de capital y el acuerdo de no crear ninguna nueva clasificación de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no fueron los únicos logros alcanzados tras la marcha multitudinaria convocada por el movimiento estudiantil el martes 22 de octubre.
A raíz de la convocatoria, los jóvenes también lograron un acuerdo histórico con el Consejo Nacional de Rectores (Conare): ser parte de la Comisión de Enlace, ente encargado de negociar el monto del FEES, en el cual no existía ninguna representación estudiantil.
“Lo ocurrido en los últimos días dio cabida a la importancia de la representación estudiantil en espacios para la toma de decisiones, tanto a lo interno como a lo externo de las universidades públicas. Por ejemplo, en la Comisión de Enlace. Es importante indicar que se han generado varias críticas a la forma en cómo se invierte el dinero en las universidades públicas. Por eso, nosotros como movimiento estudiantil nos comprometemos a ser críticos sobre la forma en cómo se invierten los recursos a nivel interno, en el marco de la autonomía, para crear una sociedad más democrática y justa”, manifestó Andrea Chacón Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
Con este nuevo acuerdo, se modificará el convenio que coordina la educación superior pública costarricense. Así, los representantes estudiantiles de las diversas universidades públicas podrán tener una voz, aún más activa, cuando se realicen las negociaciones.
“El involucramiento de los estudiantes en la Comisión de Enlace es una decisión que responde a un propósito de décadas articulado por las representaciones estudiantiles. El Gobierno de la República ha expresado su concordancia con la respuesta emanada por Conare. También, se compromete a realizar las gestiones pertinentes para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades públicas en el ejercicio de su independencia funcional en ejercicio del autogobierno y la autoadministración”, dijo el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Henning Jensen Pennington.
Para que el acuerdo se concrete aún falta que el presidente de la República, Carlos Alvarado, emita el decreto ejecutivo destinado a modificar oficialmente la forma en cómo se integra la Comisión de Enlace. Dicho cambio entrará a regir una vez que sea ratificado por los consejos universitarios de las universidades públicas.
Otra de las decisiones tomadas el 22 de octubre fue reclasificar los gastos considerados como corrientes para contabilizarlos como gastos de capital. Lo anterior permite que, a lo interno de las universidades, un total de ¢35 000 millones pasen de la línea de gasto de capital a la línea de gastos operativos, lo cual mejora el uso de los recursos.
De igual forma, se habló sobre la posibilidad de que el FEES se negocie de manera quinquenal —en la medida que la situación financiera del país lo permita, a fin de asegurar el pleno disfrute del derecho a la educación— y que las únicas clasificaciones permitidas serán aquellas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas. Esto en el marco del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), en el cual se incluye el componente de gasto de capital.
Los acuerdos establecidos permitirán que las universidades públicas realicen sus labores normales y puedan responder a los compromisos adquiridos con la población estudiantil. Entre ellos, proporcionar becas, contratar docentes, fortalecer la oferta de cursos, así como robustecer el funcionamiento de las sedes, recintos, docencia, acción social e investigación.
La marcha salió del pretil de la Sede Rodrigo Facio rumbo a Casa Presidencial. La movilización se denominó «Somos U públicas» y fue convocada por el movimiento estudiantil.
La manifestación se generó luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara el desvío de ¢70 000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a inversión de capital, lo cual imposibilitaba usar ese dinero en otros rubros como becas, investigaciones y proyectos de acción social.
Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
La Autonomía Universitaria que garantiza la Constitución Política es un límite claro para los Poderes de la República sobre hasta dónde pueden interferir con el accionar de dichas organizaciones.
Decirles a las universidades públicas cuánto deben gastar en cualquier rubro es traspasar los límites que el artículo 84 de la Constitución Política establece con claridad meridiana. De la misma manera, la Sala Constitucional ha reiterado que el régimen de autonomía de las universidades es diferente al de cualquier otra institución del Estado. Desconocer esta realidad en la discusión presupuestaria preocupa sobre todo por la calidad de la discusión que se da en el seno legislativo.
No queremos dejar pasar la actitud provocadora que inició con la imposición del Ministerio de Hacienda de un monto para gastos de capital; debe llamarnos a la reflexión sobre la conveniencia de que doña Rocío Aguilar continúe desatando tormentas políticas en un país que necesita mucha serenidad para enfrentar los retos económicos, sociales y políticos que se avecinan.
Por todo lo anterior, el SEC hace un llamado al Presidente de la República y; a los y las 57 diputadas para que se respete la autonomía universitaria de forma completa; que se dejen de lado los prejuicios ideológicos que hay sobre dichas universidades y, que en adelante, si se quiere hablar del rol de las universidades públicas, se haga en un contexto de política nacional de desarrollo basada en la educación, la investigación y el desarrollo de conocimiento.
Imagen ilustrativa.
Sea parte de SURCOS:
En estos momentos el movimiento estudiantil universitario a la cabeza y la comunidad universitaria en su conjunto en la UCR y en la UNA, desarrollan tomas de rectoría, de facultades y sedes regionales como expresión del descontento con la política del gobierno del PAC que busca el desmantelamiento de la educación superior pública, al recortar al FEES ¢70.000 millones de su presupuesto para obligarles a que se oriente exclusivamente en inversión de infraestructura, lo que significa impactar fuertemente el financiamiento de la docencia, la investigación, la acción social, la regionalización y las becas estudiantiles.
El gobierno de Alvarado con su agenda de desmantelamiento del Estado Social, expresada en la aprobación del paquete fiscal, de los derechos laborales y las libertades de expresión y manifestación, viene ahora por medio de la ministra de Hacienda a promover el desequilibrio financiero de las universidades públicas con una arbitraria decisión de modificación unilateral del FEES que además violenta la autonomía universitaria.
Desde el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) respaldamos la convocatoria a movilización de las universidades públicas en defensa de la educación superior pública y en defensa de la autonomía universitaria y al paro activo convocado por las universidades para el día 30 de octubre.
Condenamos enérgicamente a los gobiernos neoliberales de la triada PAC, PLN y PUSC por sus políticas neoliberales de acuerdo con la agenda de los organismos financieros internacionales de claro contenido antipopular.
Llamarnos a todos los sectores sociales a salir a defender el derecho a la educación superior para la juventud costarricense y la defensa de la autonomía universitaria.
Exigimos la renuncia inmediata de la ministra de Hacienda Rocío Aguilar por ser el poder real de este gobierno neoliberal y principal vocera de los entes financieros internacionales que están destruyendo nuestro país y desmantelando nuestro Estado.
San José, 21 de octubre de 2019
BLOQUE UNITARIO SINDICAL Y SOCIAL COSTARRICENSE BUSSCO
Imagen ilustrativa.
Sea parte de SURCOS:
El Concejo de Escuela de Ciencias Sociales, en Sesión Extraordinaria n° 24-2019 celebrada el 21 de octubre de 2019, artículo 3:
CONSIDERANDO QUE:
SE ACUERDA:
Sea parte de SURCOS: