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Etiqueta: educación superior pública

Respuesta a Editorial de La Nación

Por Yamileth González García, ex rectora UCR

El martes 2 de marzo, frente a un conocido diario, recordaba otros tiempos en que daba gusto leer a buenos periodistas en la prensa nacional, y cómo hoy es deplorable la calidad o falta de ella en que han caído algunos de estos medios. Leyendo el editorial del que, hasta hace unos pocos años, era un diario, y aunque no participáramos muchas veces de sus ideas, reconocíamos que se comportaba de manera bastante profesional en cuanto a la seriedad de las fuentes en que se apoyaba. Lamentablemente, de un tiempo para acá, no solo ha perdido en lo profesional sino, inclusive, en lo ético.

El editorial en mención (La Nación, 2 de marzo) se basa en la opinión sesgada y mal intencionada de un actor que, dicho sea de paso, formaba parte del gabinete de la administración que luego intentó criticar. Opinión, además, descontextualizada dado que él omitió tendenciosamente la información completa de los estudios actuariales y otros documentos y eso es lo que aprovecha el editorialista con igual actitud. Todo eso hace poco confiable la opinión que, además, proviene de quien es responsable de una desacreditada administración.

De todos es bien conocida la campaña que este periódico viene emprendiendo contra la institucionalidad pública, la cual le ha dado al país importantes condiciones que sobresalen en el contexto latinoamericano, y de esa campaña no han escapado las universidades públicas, cobijadas bajo el fuero constitucional de la autonomía, un logro esencial para su importante misión.

Se afirma, en ese editorial, que las medidas que se tomaron, en el año 2010, en la Universidad de Costa Rica (UCR) y que aumentaron la anualidad al 5,5% se hicieron sin estudios técnicos, y eso es absolutamente falso: el incremento de la anualidad no fue una ocurrencia peregrina, estuvo sustentada en sólidos estudios técnicos, jurídicos y financieros. Y ya sea que la memoria falla, o por mala intención, es bueno recordar que ese incremento se inicia por una resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007) que obligó a la UCR a subir la anualidad al 5,5% al personal de la Facultad de Odontología que había interpuesto el recurso para exigir el cumplimiento de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas y que tuvieron que ser reconocidos de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. Tratar de detener esa aprobación en los tribunales fue una lucha de casi 25 años, de quienes estuvimos al frente de la institución. La resolución sentó un precedente que obligó a su implementación, ya que cualquier funcionario del área de salud podía presentar el mismo recurso con la seguridad de reclamar pago retroactivo y de costas a la UCR.

La disposición de la Sala, además, provocaba una injustificada desigualdad en las remuneraciones salariales. El análisis jurídico hacía ver que la Constitución Política, en su artículo 57, establece que “… el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”. Así el fallo de la Sala generaba injusticia y, paradójicamente, de alguna manera, también inconstitucionalidad, al darse un trato salarial desigual para el resto de los funcionarios de la institución y abría la posibilidad de que cualquier persona que trabajara en la UCR y que no recibiera ese incentivo podía interponer un recurso alegando la violación de sus principios y derechos constitucionales y laborales. Como se desprende, el análisis legal estuvo en la base del proceso de toma de decisiones que llevó a la aprobación del aumento de la anualidad.

La decisión estuvo acompañada por otros estudios, entre ellos, uno de la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) sobre el impacto y la sostenibilidad financiera que tendría ese aumento (“Costos proyectados de la relación de puestos 2010-2049, con la aplicación del incremento de la anualidad de un 3% a un 5,5%”). Sobre la base de este estudio, Oplau concluía que la aprobación de ese cambio de anualidad era sostenible financieramente. Al mismo tiempo se hicieron dos estudios actuariales: el primero lo realizó el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, “Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica” (2010), y el segundo estudio, basado en el mismo modelo pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.

Es claro que la medida no fue ilegítima, como lo pretende el editorialista: fue aprobada por el Consejo Universitario, sin objeciones de la Oficina Jurídica, Contraloría Universitaria, ni de la Contraloría General de la República cuando aprobó el presupuesto. En ese tiempo, la UCR seguía teniendo un rezago salarial en relación con las demás instituciones autónomas, como lo demostró un estudio de aquella época de la Contraloría General de la República, que indicaba que el salario promedio de la UCR era el más bajo de las entidades públicas que había analizado.

Una vez más puedo afirmar con toda certeza que las medidas implementadas durante mi administración estuvieron sustentadas en los criterios técnicos de los estudios actuariales, financieros y jurídicos para respetar el bloque de legalidad que nos regula y el precepto estructurador del equilibrio financiero institucional.

Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base y también, que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Ahora, si recordamos un poco de historia, el régimen de mérito o reajuste por carrera académica viene creciendo desde el 2008, cuando los salarios estaban estancados y eran los más bajos de los profesionales del sector público costarricense. Recordemos que, como su designación lo dice, los pasos para recibir estos reajustes están basados en el mérito y son acordes a criterios de excelencia académica, reconocidos por las universidades en el mundo.

No puedo dejar de resaltar que, en ese incremento de la anualidad, suman muchos otros factores externos a las decisiones universitarias, como son el Voto Constitucional No. 15460-08, que eliminó el tope de anualidad en el Sector Público y la Ley No. 8096, art. 85 que establece un reconocimiento del riesgo policial con un 18% adicional, entre otras.

Es bueno recordar, también, que la toma de decisiones con respecto al equilibrio financiero de una universidad requiere de análisis rigurosos y periódicos sobre los diferentes componentes del gasto institucional, lo que además de salarios comprende inversiones, becas y deuda, entre otros, junto con las expectativas de ingreso relacionadas con el financiamiento del FEES, y un principio estructurador del equilibrio financiero institucional que es la llamada relación 80/20; es decir, el parámetro fundamental que impone una contención del crecimiento en salarios y la operación de la institución.

Por otra parte, una obligación de las instituciones de educación superior en el mundo es mantener un talento humano de primera calidad, altamente formado e internacionalmente vinculado a redes de colaboración de primer orden y vigilar constantemente que esta comunidad de académicos tenga las condiciones de equipo y materiales para realizar sus labores de docencia, investigación y acción social. En la historia de nuestra universidad este principio ha guiado las decisiones de la política salarial universitaria.

En conclusión, después de estudiar los informes financieros, se demuestra que no está la Universidad en una situación deficitaria, contrario a lo que se ha señalado en múltiples ocasiones, desde diversos frentes y que la relación 80/20 no se ha visto afectada: los datos actualizados muestran decrecimiento del peso salarial en relación con los otros gastos institucionales (inversión, endeudamiento, becas y los gastos de operación) para el 2017 y el 2018 y un crecimiento moderado en el 2019 y 2020 pero inferior al 80%; un porcentaje, repito, garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Estos datos nos permiten destacar que el principio estructurador de la relación 80/20, que se mide regularmente en forma semestral por política de equilibrio financiero institucional, alerta una serie de mecanismos y controles actuariales, técnicos, financieros y jurídicos que sustentan las evaluaciones periódicas de la política salarial institucional, tal y como se refleja en los informes semestrales y en las diversas instancias universitarias y, esto, en la UCR, desde hace al menos tres décadas.

Al observar estos datos y el comportamiento de la masa salarial se evidencia que el equilibrio financiero institucional debe ser abordado considerando otros dos componentes fundamentales de la ecuación: por un lado la meta de que el FEES llegara, en 2015, al 1,5% del PIB y el mandato constitucional de ser quinquenal (pero ninguno de los dos elementos lo ha cumplido el Gobierno: el FEES no ha llegado, aún al 1,5% del PIB y no se han vuelto a firmar de manera quinquenal, desde 2010) única forma de garantizar un proceso de planificación racional de la inversión en educación superior pública y, por otro lado, los compromisos de inversión y de endeudamiento que afectan en el largo plazo ese equilibrio financiero.

Las universidades públicas están conscientes, como lo han asegurado sus autoridades actuales, de la conveniencia de analizar, corregir, mejorar cualquier situación que lo amerite, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, eso sí, dentro de las mismas condiciones que el mandato constitucional les otorga y les exige sin peligrosas injerencias ajenas, a veces desconocedoras de su imporatnte Misión.

Si de veras los que se han empeñado en esta campaña, como el susodicho periódico, entendieran y quisieran favorecer a las universidades públicas y su indiscutible servicio al país, no deberían proponer que estén “a expensas de decisiones políticas, sin sustento técnico” como dice el editorialista, permitiendo que intereses políticos, económicos y empresariales ajenos al verdadero espíritu de ellas las pongan “en la ruta al despeñadero”, como han dado al traste con el desempeño de algunas universidades, principalmente en el contexto latinoamericano.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

 

Publicado en https://semanariouniversidad.com/

0,67% de los salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania

-Derecho de respuesta del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica a publicación del periódico La Nación–*

El día 22 de febrero de 2021, el periódico La Nación publicó, en su portada, un titular que dice “Salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania”. El reportaje que acompaña dicho titular asevera que los salarios de las personas funcionarias de las universidades públicas costarricenses son equivalentes a los de las universidades alemanas, a pesar de las enormes diferencias que existen entre ambos países en materia económica y social. En medio de una coyuntura compleja como la que atravesamos actualmente, en la cual se está impulsando el proyecto de Ley de Empleo Público, nos parece necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a esta publicación.

  • Existe una marcada diferencia entre el titular y el contenido del artículo. Por un lado, el titular hace una generalización errónea, pues, al no precisar cuáles sectores de las universidades públicas costarricenses tienen salarios que compiten con los de Alemania, hace pensar que son todos los salarios de todas las personas funcionarias de las universidades costarricenses. Como se demuestra en el siguiente punto, esto es categóricamente falso. De esta manera, el titular es tendencioso y exhibe una intención de manipular la opinión pública a interpretaciones equivocadas, pues hasta los datos expuestos en el artículo lo contradicen.
  • El artículo del periódico La Nación presenta una retórica de evidencia incompleta. Debemos entender por retórica una técnica oratoria con base psicológica que busca conducir a la persona lectora para que llegue a conclusiones erróneas. En este caso, se hace utilizando la falacia de evidencia incompleta que presenta a la persona lectora una versión manipulada de la verdad para conducirle hacia el sesgo de confirmación de que las universidades públicas son culpables de la situación económica actual por sus salarios altos. Como ya se indicó, esta conclusión es completamente falsa. Esta retórica se da, como indicamos desde el título. Sin embargo, la propia La Nación menciona que menos del 1% de todas las universidades públicas tiene salarios altos (0,67% para ser exactos, un número cercano a cero). Luego, para añadir más confusión en la persona lectora, convierte ese grupo en el total y hace afirmaciones como “hay 21 empleados con sueldos superiores a los ¢7 millones, es decir, el 13%”. En dicho punto recurre de nuevo a la retórica o engaño psicológico para producir un efecto negativo en el lector hacia las universidades públicas. Sin embargo, ese es el 13% del 0,65%, es decir el 0,1% aproximadamente. Este número es aún más cercano a cero. Este artículo sería un caso de estudio para el propio “No coma cuento” de La Nación, lo cual demuestra la hipocresía intelectual del periódico.
  • Ciertamente, existen grandes desigualdades salariales a lo interno de las universidades públicas costarricenses, como se puede inferir a partir de una lectura cuidadosa del artículo. Debido a que esta desigualdad es clara y evidente, si se examina el funcionamiento de las universidades, su denuncia no es mérito de La Nación. Más aún, cabe preguntarse con qué interés este periódico presenta un titular engañoso, sabiendo que la mayoría de personas no lee atentamente los artículos y se limita a la impresión que le causan los titulares de portada. A partir de esto se puede afirmar que la publicación de la La Nación no tiene como fin mejorar los sistemas de educación superior pública, sino otra cosa, porque, de lo contrario, ¿para qué se propondría engañar a sus lectores?
  • Desde el Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica estamos convencidos y convencidas que estas desigualdades deben ser revisadas y corregidas y que ello significa defender y mejorar la educación pública costarricense. Sin embargo, a quien le corresponde revisar y corregir esta situación es a la propia comunidad universitaria, de acuerdo con el principio de autonomía reconocido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.

Consideramos irrespetuoso e irresponsable publicar un titular y un reportaje como este, el cual contribuye a desprestigiar y descalificar, ante la opinión pública, la destacada labor que realizan las universidades públicas costarricenses a nivel nacional e internacional. Los aspectos financieros por mejorar en estas instituciones se deben hacer luego de realizar un análisis serio y riguroso, con miras a encontrar soluciones razonables y justas. Se esperaría de parte del periódico La Nación, uno de los medios de mayor difusión en Costa Rica, mayor rigor científico y periodístico. La sociedad costarricense lo merece.

* El periódico La Nación se negó a publicar este derecho de respuesta.

Llamado a la defensa de la Universidad Pública

Rectores e integrantes de las comunidades universitarias se congregarán este jueves frente a la Asamblea Legislativa para defender a la Universidad Pública y su posibilidad de desarrollar sus actividades académicas con independencia, lo que la llamada Ley de Empleo Público limitaría.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional para defender a la Universidad Pública y la autonomía universitaria en el marco del trámite legislativo de la Ley de Empleo Público.

“En seguimiento a las acciones desarrolladas respecto al proyecto de Ley de Empleo Público y como resultado del análisis realizado en CONARE, los rectores, de las Universidades Públicas, hacemos un llamado vehemente a las Comunidades Universitarias y nacional a tener presencia física, guardando todas las medidas sanitarias, frente a la Asamblea Legislativa este jueves 18 de febrero, a partir de las 10 a.m. Para ello se declara un cambio de actividades, con el fin de que la mayoría de las personas participen en tan importante manifestación”.

Además, González Alvarado invitó a la población universitaria y nacional a informarse, a dialogar sobre el tema y promover la tomar conciencia sobre la importancia de la universidad pública para nuestro país y del respeto constitucional a la autonomía universitaria, en el sentido “de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.

Contención del gasto desde Conare

  1. Sobre los cuestionamientos de la Asamblea Legislativa en materia de contención del gasto de las universidades estatales, Francisco González aprovechó para recapitular las medias aplicadas en esta materia y en política salarial por estas casas de educación superior:
  2. Las universidades estatales, de cara al aseguramiento de su sostenibilidad financiera y en el marco de su autonomía constitucional, han tomado decisiones y modificado su normativa para homologar sus pluses salariales al Título III de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estos cambios han sido aplicados por algunas desde el año 2019 y otras a partir del 2020. De igual forma, han cumplido con el Título IV de “Responsabilidad Fiscal de la República”, de la ley citada.
  3. Además, como parte del apoyo de las universidades al país, para enfrentar su situación económica, aceptaron un ajuste de su presupuesto 2021 de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía, lo que significan ₡27 590 millones menos. Todo esto, sin afectar el número de cupos de estudiantes de primer ingreso y la calidad del servicio educativo y el quehacer universitario en general.
  4. La Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, renegociaron sus convenciones colectivas. La Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no tienen convenciones colectivas.
  5. En el caso de la Universidad Nacional si bien la Convención Colectiva está homologada y prorrogada por el Ministerio de Trabajo hasta abril del 2023, ha iniciado desde finales del año pasado un proceso de negociación entre el sector sindical y las autoridades, para modificar artículos puntuales asociados al peso presupuestario del rubro laboral, como parte de las medidas de contención del gasto y sostenibilidad financiera en general.
  6. Para el año 2021 ninguna universidad pública ni el Consejo Nacional de Rectores tiene previsto el pago de reajuste salarial, ni de anualidad.
  7. En los últimos ejercicios presupuestarios y con mayor énfasis en el 2020, las universidades estatales han aplicado otras medidas de contención del gasto como son:

× Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional.
× Disminución de plazas administrativas.
× Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva.
× Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario.
× Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas.
× Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos.
× Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo.
× Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico.

La ejecución de éstas y otras medidas administrativas ha generado ahorros significativos en las finanzas universitarias, lo cual ha sido invertido en reforzar los programas de becas estudiantiles, hacer aportes en investigación y desarrollo, logística de distribución y acción social comunitaria para atender el flagelo de la pandemia COVID-19 y realizar aportes importantes al bono proteger impulsado por el gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.

Video adjunto:

https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/febrero-2021/3353-llamado-a-la-defensa-de-la-universidad-publica

***Mayor Información con: Francisco González Alvarado (8306-8777) Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2237-5929/8720-4908).

 

Enviado por Oficina Comunicación UNA.

La UCR rechaza acciones que lesionan autonomía universitaria

En sus 80 años de existencia, la UCR ha contribuido en las transformaciones que la sociedad necesita, formando profesionales de excelencia, con perspectivas humanistas, quienes aportan conocimiento para el desarrollo del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó, categóricamente, cualquier intento de menoscabar la autonomía universitaria consagrada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, ya que atenta contra la independencia de organización y gobierno que poseen las universidades públicas.

Así lo hizo saber, el Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado este jueves 28 de enero, en el cual también instó al Gobierno de la República de Costa Rica a ser respetuoso de este principio constitucional.

La preocupación de la Universidad surge debido a que, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2020, el Gobierno tomó la decisión, de manera unilateral, de depositar los recursos destinados a financiar a las universidades públicas en la Caja Única del Estado, la cual es administrada por la Tesorería Nacional.

Dicha situación se dio pese a que el artículo 85 de la Constitución Política determina que el Banco Central de Costa Rica será el encargado de administrar ese fondo, para ponerlo a la orden de las universidades cada mes, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior estatal.

En este sentido, la Universidad reconoce que el mecanismo de transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), a través del Banco Central ha funcionado de manera idónea y ha permitido que las instituciones hagan uso de esos fondos en concordancia con lo que determina la Carta Magna.

Ante esta situación, la UCR reiteró su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y el uso óptimo de los recursos, en atención a la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, y en aras de seguir retribuyendo a la sociedad costarricense la inversión y los esfuerzos dedicados a la educación universitaria.

Los recursos percibidos por medio del FEES permiten democratizar el acceso a la educación superior estatal al convertirse en un medio de movilidad social para los estratos bajos y medios de la población costarricense; así como fortalecer la justicia social y distributiva, y promover una Costa Rica más equitativa.

 

Alejandra Amador Salazar
Periodista, Consejo Universitario

Se acerca periodo de solicitud de becas por situación socioeconómica en la UNED

  • Institución invirtió en becas la suma de ¢5.215.694.550,00 durante el 2020

  • En el mismo periodo, la UNED destinó un presupuesto adicional de ¢1.009.788.000,00 en becas A (aporte económico a estudiantes en pobreza extrema)

¿Necesita una beca para continuar con sus estudios universitarios? La Universidad Estatal a Distancia (UNED) abrirá del 2 al 6 de febrero próximo el periodo de solicitud de beca por situación socioeconómica, en un proceso completamente virtual y abierto para estudiantes regulares o personas con interés en comenzar su meta académica este 2021.

Para postularse, la persona interesada debe ingresar al sitio web uned.ac.cr y completar el formulario que estará activo únicamente en el plazo definido. Al llenar dicha herramienta, deberá cargar, en el formato digital permitido, la totalidad de los documentos probatorios que solicitará el sistema.

Como apoyo del proceso, la persona solicitante puede descargar la “Guía de documentos solicitud de beca socioeconómica UNED” disponible pulsando aquí. El formulario estará disponible a partir de las 8:00 a.m. del 2 de febrero y hasta las 4:00 p.m. del 6 de febrero.

Actualmente, el 53% de la población estudiantil de la UNED cuenta con algún tipo de beca.

Importante. Silvia Barrenechea Azofeifa, jefa de la Oficina de Atención Socioeconómica (OAS), aclaró que, para hacer la solicitud respectiva, no es requisito que la persona esté matriculada en la UNED.

“A esta modalidad pueden aspirar todas las personas nacionales o extranjeras que residan en Costa Rica, que tengan interés en ingresar al sistema universitario en el 2021 y que no cuenten con los recursos económicos suficientes para hacerlo”, acotó la funcionaria.

Asimismo, la solicitud de beca puede ser presentada por la población de estudiantes regulares de la Universidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la OAS.

Si desea más información del proceso, puede llamar al número telefónico 2527-2275, escribir al correo electrónico becasuned@uned.ac.cr o al WhatsApp 8822-3557.

 

Comunicado de prensa de la Universidad Estatal a Distancia.

Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR

El rector manifestó que, de darse esta disminución se perjudicaría, la cantidad de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año

El rector de la UCR hizo un llamado a los señores y señoras diputadas para no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.

La moción Nº 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 mil millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.

En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por lo que hizo un llamado a los señores y señoras diputadas no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.

Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.

“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.

Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.

Además señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción, se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la universidad como la Ley de Paraíso (215,7 millones) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.

Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.

Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.

Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.

De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.

Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y por ende la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de Sueldos al Personal Permanente y no se crean plazas.

Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UNA: Alerta ante la amenaza de nuevos recortes al FEES 2021 por la Asamblea Legislativa

Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.

Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.

Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.

Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.

Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.

Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.

Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.

La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.

Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular.  Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.

Atentamente,
Francisco González Alvarado
Rector
UNA

Más información con la Oficina de Comunicación: 8720-4908

Universidades públicas y Gobierno llegan a acuerdo sobre presupuesto para el 2021

Se fortalecerá el trabajo para la atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19

En el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La Comisión de Enlace acordó este 13 de agosto que el Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) del año 2021 será de ¢515.909,48 millones y el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) será de ¢35.895,52 millones.

Estas sumas corresponden al presupuesto asignado en el año 2020, pero ajustado de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda, tomando en consideración para ello la inflación interanual a mayo de 2020, que alcanzó el 0,61%.

Considerando las consecuencias fiscales generadas por la pandemia, la primera propuesta de las personas representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión de Enlace fue la de disminuir en un 10 % el FEES del 2021, con respecto del monto acordado para el año 2020, lo que implicaría para algunas de estas casas de educación superior una suerte de cierre técnico.

Luego de múltiples negociaciones que pretendieron acercar posiciones, finalmente el acuerdo establece que teniendo en cuenta la compleja situación de las finanzas públicas, producto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, de forma excepcional, el Ministerio de Hacienda incluirá en el presupuesto ordinario de la República del año 2021, la suma de 490.114,006 millones de colones como transferencias ordinarias del FEES y 34.100,744 millones de colones como transferencia para la UTN. Al finalizar el primer semestre del año 2021, la Comisión de Enlace se reunirá nuevamente para decidir cómo se presupuestará la diferencia.

“Pese a lo difícil del contexto actual, el acuerdo tomado garantiza el cumplimiento del orden constitucional y el funcionamiento de nuestras instituciones, haciéndose evidente el reconocimiento a nuestros incuestionables aportes. Garantizar el resguardo de la educación es promover, planificada y conscientemente, la mejora integral y prospectiva de nuestra población”, señaló el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica.

Además, las universidades públicas continuarán realizando esfuerzos en su compromiso con la mejora continua para el aseguramiento de la calidad, la equidad, la mayor cobertura, la vinculación con los sectores productivos y sociales, el fortalecimiento de sus programas regionales, la excelencia y el logro académico de sus estudiantes, la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas ante la sociedad costarricense.

Estos compromisos se concretarán y evaluarán mediante las acciones y el seguimiento anual del PLANES 2021-2025. En este contexto, las instituciones de educación superior universitaria estatal publicarán el resultado de su gestión.

De igual manera, se continuará con el fortalecimiento del mecanismo integral de cooperación recíproca que ya se ha puesto en práctica en anteriores ocasiones.

En este sentido, se trabajará de manera conjunta en proyectos para la atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19.

Así como el combate a las brechas y desigualdades estructurales que obstaculizan el desarrollo humano inclusivo y sostenible en la sociedad costarricense; y la promoción del crecimiento económico en las diferentes regiones de planificación del país, la generación de empleo de calidad, el desarrollo de cadenas de valor, la innovación científica y tecnológica, y la utilización sostenible de los recursos naturales, entre otros.

La Comisión de Enlace está compuesta por Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública; Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda; Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; Silva Lara Povedano, Viceministra de la Presidencia, representantes del Gobierno de la República

Y Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica y presidente del Consejo Nacional de Rectores; Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica; Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional; Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia; Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional y Noel Cruz Muñoz, representante estudiantil.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Academia Nacional de Ciencias: Autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación

La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de Costa Rica

Academia Nacional de Ciencias – Comunicado:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un componente esencial en la capacidad de un país de generar prosperidad y equidad a través del conocimiento. Costa Rica, durante varias décadas, ha realizado esfuerzos importantes, aunque aún insuficientes, para que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar destacado en la agenda política nacional.

Los análisis sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica han mostrado que el principal reservorio de conocimiento científico del país se encuentra en las universidades públicas, las que han aprovechado los recursos que les provee el Estado para generar un dinámico sector de investigación científico-tecnológica, el cual tiene fuertes vínculos con amplios sectores del país. La ciencia no es sólo una poderosa herramienta para el crecimiento económico, sino que constituye un elemento fundamental de la cultura de un país.

Para que las universidades públicas logren consolidar este valioso aporte al país es necesario que su actividad de generación de conocimiento mediante la investigación, y la proyección de ese conocimiento a la sociedad, no se debilite, sino que más bien se fortalezca. Un elemento absolutamente esencial de esa capacidad universitaria de generación de conocimiento a través de la investigación lo constituye la libertad académica en estas instituciones, vale decir la posibilidad de las personas que se dedican a la investigación para desarrollar sus proyectos en un marco de plena libertad. Esa libertad asegura el desarrollo de ideas novedosas y de soluciones innovadoras a los problemas del país.

Esta libertad académica, la cual potencia la energía creadora al interior de las universidades públicas, la garantiza la autonomía universitaria, ese preciado legado que nos dejaron los constituyentes, y que se ha mantenido incólume desde 1949. Las universidades públicas elaboran sus agendas de investigación en diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad a la cual estas instituciones se deben. Pero esos sectores, especialmente los del ámbito político, no deben intentar interferir con la forma como las universidades organizan y desarrollan su trabajo académico.

Desde la Academia Nacional de Ciencias hemos visto con suma preocupación algunas iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa tendientes a modificar los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la autonomía universitaria. Consideramos que eso sería un craso error histórico que golpearía sin duda las capacidades nacionales en ciencia y tecnología.

El desarrollo científico-tecnológico surge en ambientes universitarios donde la libertad académica y las decisiones del uso de los recursos que provee el Estado se definen al interior de estas instituciones, en pleno ejercicio de la autonomía. El país requiere que las instituciones de educación superior continúen trabajando en el marco de una autonomía plena, para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciencia costarricense.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), creada mediante la Ley 7544 de 1995, tiene como misión asesorar a los poderes del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que, como academia que vela por el mejoramiento de la actividad científica y tecnológica nacional, hacemos un llamado vehemente a las señoras diputadas y a los señores diputados para que no se modifiquen los artículos constitucionales relativos a la autonomía universitaria.

San José, 21 de julio de 2020

Foto: UCR

Sin autonomía no hay universidad

Hernán Alvarado

En la calle aprendimos, hace muchos años, que «sin autonomía no hay universidad», mientras defendíamos como estudiantes nuestro derecho al estudio. Pronto completamos esa consigna con: «sin presupuesto no hay autonomía». Lo mucho que aprendimos entonces, tomando la escena pública, no lo habríamos encontrado en libros ni en aulas, pese a la excelencia de los profesores. Para el movimiento estudiantil universitario, la autonomía no ha sido su gran maestra, pues sin libertad el pensamiento se asfixia, como quien lleva una bolsa plástica en la cabeza. De ahí que atentar contra la autonomía es atentar contra la universidad misma, la cual debiera ser la más alta expresión de democracia. Además, cada vez que se la intenta restringir se trastoca la República establecida en 1949. Por eso digo que los «neoliberales» del gobierno ni liberales son; para esos populistas nuestro marco jurídico resulta ser una camisa de fuerza.

Según la carta magna, la «independencia funcional» de las universidades públicas incluye la «plena capacidad jurídica» (…) para «darse su organización y gobierno propios». Implica además la administración del «patrimonio propio» y de sus «rentas propias». En lo que respecta al saber, su independencia es absoluta; no obstante, su plan general debe tomar en cuenta «los lineamientos que establezca el Plan Nacional de desarrollo vigente». Así que no se limita a la «libertad de cátedra», por mucho que sea su núcleo palpitante y un «principio» que debiera extenderse a toda la educación pública, no solo a la «enseñanza universitaria».[1] Así lo haría un pueblo inteligente y correspondería a una democracia realmente participativa. Aunque sea el fantasma que asusta a todo pichón de tirano.

Dicha independencia es con respecto al Ejecutivo y al Legislativo, por lo que el Poder Judicial debe protegerla.[2] El artículo 88 incluso obliga a la Asamblea Legislativa a «oír previamente» al Consejo universitario «para la discusión y aprobación de proyectos» de su competencia. Y se estampó así, como norma superior, precisamente para que ningún político o funcionario se atreviera a menoscabarla. En sentido estricto, se trata de un «estado» dentro del Estado, una auto limitación de su propio poder omnímodo, pues la voluntad expresa del Soberano fue proteger el pensamiento crítico. Como si un gigante se amarrara voluntariamente las manos para no estropear las alas de una mariposa.

¿De qué se quería proteger a la universidad pública? De las múltiples formas que adopta la recurrente pasión fascista contra «la inteligencia». También quiso protegerla de las recurrentes tentativas del pensamiento utilitario que confunde el desarrollo del país con el comportamiento del PIB. En suma, el constituyente quiso proteger la crítica y la creatividad de quienes creen que la educación es un gasto, no una inversión social, y que solo se justifica si sirve a la acumulación capitalista.

Amenazarla so pretexto de un déficit fiscal ficticio solo revela las bajas luces de quienes en la Asamblea Legislativa mal redactaron ese informe de mayoría, aprobado por 31 diputados para vergüenza de la historia patria. Los mismos que no tuvieron la valentía de llevar adelante una reforma tributaria seria, integral y progresiva, pretenden ahora recortar la educación. Tal vez ni se dan cuenta de que ahorrar en educación es invertir en ignorancia. ¿Cuál es el ejemplo que siguen, a qué futuro apuntan, tendrán algún modelo de desarrollo en la cabeza, habrán oído hablar de la sociedad del conocimiento? ¿Será posible que también ignoren la experiencia de Finlandia, por ejemplo?

Llamando las cosas por su nombre, estamos ante un gesto bárbaro y más vale que tomen nota de que el poder tiene que respetar, si quiere ser respetado. Sin embargo, en primer lugar debe ser un signo que nos interrogue como educadores. ¿Cómo se ha estado manejando la educación del país para que se haya reunido en el segundo poder de la República tanta arrogancia? ¿Y no es como decir tanta ignorancia? Solo a los pobres de espíritu un cargo público que ni merecen puede llevarles a asumir tales actitudes. ¿No se trata de una señal alarmante de decadencia educativa? ¿Se puede entender simplemente como un resultado de esas «universidades de garaje» que reparten títulos como si fueran mercancías? ¿Acaso no significa que hemos fracasado en la defensa de una educación de calidad, capaz de defender nuestra identidad y nuestra cultura; que hemos cedido demasiado a los economistas mediocres, a la tecnocracia más obtusa, en definitiva, a las pueriles demandas comerciales? ¿No indica también que hemos renunciado a la acción política para dejarla en manos de oportunistas de todos los colores?

Si de algo ha de servir la autonomía y la libertad, en estos momentos aciagos de la Patria, es para la reflexión autocrítica, para preguntarnos radicalmente sobre nuestro papel como trabajadores y como patriotas. Porque, parafraseando al ex Ministro de Hacienda -que no es santo de mi devoción- este es un momento para próceres. No es para tecnócratas, no para funcionarios del FMI, ni para partidos de pacotilla que olvidaron sus principios ideológicos, extraviados como están en los más retrógrados cantos de sirena de los organismos internacionales. No es este un momento para políticos de «vitrina», como bien los llama el Presidente, que desgobiernan y retro-legislan a favor de la fracción más codiciosa y corrupta del empresariado costarricense.

Por cierto que veo a ese Presidente cada vez más alejado del Pueblo, el que dejará en la peor miseria de la que se tenga memoria en el país. Y ni crea que la pandemia le servirá de excusa, porque ella más bien ha revelado las injusticias que hemos tolerado por más de cuarenta años, junto con la incapacidad de la clase política, pese a la abnegación de los funcionarios públicos. Mientras tanto él prepara, bajo la mesa y aprovechando el encierro, la venta de KOLBI, BICSA, BCR, RECOPE y FANAL, a precio de remate, con el afán de dejarnos tan endeudados como le sea posible, puesto que el FMI acecha de nuevo como un ave de rapiña, ratificando en la crisis que lidera a ese vampiro polimorfo que es el sector financiero, mismo que el microbio ha evidenciado en toda su fría y calculadora falta de solidaridad. En sus fauces quiere entregarnos un gobierno que no cobra lo que le deben, ni paga lo que debe, pero cobra con saña a quienes no le deben.

Ese es un Presidente que ensalza a su pueblo silencioso, como lo dijera en Guanacaste, orgulloso de haber ganado, a sus 34 años, un pulso a los trabajadores públicos; como si la clase trabajadora no fuera el pilar central del Soberano que lo mantiene donde está y que sí contribuye a pagar su salario, justamente lo que no hacen quienes él trata como ciudadanos VIP. Todo por imponer un plan fiscal regresivo que a la postre se ha quedado chingo, por ser demasiado complaciente con exonerados, evasores y elusores. Presidente orgulloso de haber promovido un recorte de las huelgas «políticas» en una democracia disque participativa. Otra barbaridad del tamaño del estadio nacional, porque ¿cómo puede sentirse orgulloso un comunicador y cientista político de restringir libertades políticas?[3] Él sigue sin enterarse de que un Presidente de verdad trabaja para la historia patria, cuyas sentencias son inapelables; no para salir por la puerta de atrás después de cuatro años de aporrear al que menos tiene. En ese sentido, de nada le servirá tampoco si logra salir montado en un tren eléctrico. Sin duda trabaja mucho, que fue lo único que prometió, pero para ser el peor de la segunda República, lo que nadie se esperaba.

Según el sociólogo Alejandro Sura, la profunda crisis actual, no solo sanitaria y económica, sino también ética y moral, se debe a que no hay un «sujeto político», es decir, no hay un liderazgo visible, creíble y lúcido que prenda las luces largas, como pueblo, como nación. Sin embargo, hay muchas voces autorizadas manifestándose; por ejemplo, recientemente y en este tema, voces de la estatura de Walter Antillón, Yamileth González, Gustavo Gutiérrez, José María Gutiérrez, José Manuel Arroyo, Virginia Sánchez, Gilberto Alfaro, entre otros, junto a rectores y sindicatos universitarios que se preparan para la lucha.[4]

Muchas voces comienzan a juntarse, a dialogar, a aglutinar el pueblo. Siempre ha sido así, algunos pocos lo convocan, otros le subestiman, muchos temen su fuerza ciclónica y los demás hunden su cabeza en la arena. Pese a todo y contra todo, poco a poco se va juntando su polifonía, mientras emergen los «metapuntos de vista» (E. Morin) que alumbran la unidad en la diversidad; siempre con la Patria en el corazón (jamás «en el bolsillo», según titula Oscar Aguilar Bulgarelli uno de sus libros), porque defender la autonomía no es cosa de defender solo a la universidad, sino que también es defender el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Las condiciones están dadas, a pesar del confinamiento y las carencias del «animal político» (Aristóteles). Recuérdese que las últimas grandes jornadas cívicas han enseñado que, al final del día, los dirigentes caminan detrás de la resistencia hipercreadora del Pueblo. No hay que consultar una bola de cristal para prever que la pandemia también está incubando una crisis política de proporciones inusitadas. Solo falta la chispa que siempre enciende la pradera. Mientras tanto, los que mueven los hilos del poder, la siguen atizando a todo pulmón, por una especie de fatalidad políticamente suicida. Siempre que sucede igual, pasa lo mismo, al decir de Leopoldo Fernández (1904-1985), el famoso «Tres patines». Pero hay que permanecer atentos porque también es cierto que pueblo que se duerme se lo lleva la corriente… ¿Dejaremos que nuestros estudiantes nos enseñen una vez más el camino de la dignidad nacional, o esta vez iremos adelante dándoles ejemplo?

[1] Idem, artículo 87: «La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria»

[2] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 84.

[3] Contra el artículo 9, según fuera reformado en el 2003.

[4] Para muestra un botón: José Manuel Arroyo, «Preguntas esenciales a propósito del FEES». En Surcosdigital: https://wp.me/p6rfbZ-bRM

Imagen: Trabajadores de FANAL produciendo alcohol para la emergencia sanitaria.