El Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica y la Federación Ecologista (FECON), rechazamos la denuncia en contra de la compañera Damaris Sánchez, coordinadora de la Red Nacional en Defensa del Agua – Panamá, y 20 personas más, que protestaron en defensa del ambiente y los derechos del pueblo, lo cual es un derecho legítimo de la ciudadanía, por lo tanto, exigimos se les retiren los cargos.
A la vez felicitamos a las organizaciones y al pueblo panameño por la gran lucha que han dado y la victoria obtenida en la Corte Suprema de Justicia contra la empresa minera First Quantum Minerals; la magnitud de las movilizaciones en Panamá fue algo similar a la lucha y triunfo en Costa Rica en los años 80’s contra otra empresa canadiense llamada ALCOA, ambas significan un ruinoso negocio para los países, y empobrecimiento para las comunidades.
Además, agregar que nosotres como activistas y miembres del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica y la Federación Ecologista (FECON), y viviendo en el sur de Costa Rica donde hay muchas industrias extractivistas como Delmonte con la piña, la ganadería, la caña de azúcar; estamos convencides acerca de la urgencia en apoyar las causas que cuestionen la economía neoliberal que en ninguna forma es una economía acorde con el tiempo de emergencia climática que vivimos.
Proyectos de ley en la Asamblea Legislativa atentan contra los principios del modelo exitoso de generación eléctrica costarricense.
Con el objetivo de organizarse “para enfrentar la arremetida de privatización y desnacionalización del modelo eléctrico costarricense que impulsan el Gobierno y la Presidencia Ejecutiva del ICE”, diversas organizaciones que defienden el servicio público de electricidad y los derechos de las comunidades y de los ríos, se reunirán en Longo Mai, Zona Sur, el próximo 26 agosto de 2023. El evento es convocado por la Federación Ecologista (FECON), Movimiento Ríos Vivos, CoecoCeiba-Amigos de la Tierra, Proyectos Alternativos (Proal), International Rivers, y otras organizaciones.
“Este encuentro es un esfuerzo más de todos los que se están gestando en el país para reafirmar que los servicios públicos como la educación, la salud, la agricultura y el acceso a servicios de electricidad no deben ser privatizados y reducidos a servicios mercantilizados. Eso elevaría costos y excluiría a muchas personas pobres. En el caso del servicio público y estatal de electricidad, lo que buscamos es reforzar el carácter justo y solidario que debe tener, y eso se haría imposible si llegaran a aprobarse varios proyectos de ley, incluido el expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, explicó Osvaldo Durán Castro, representante de FECON.
Mariana Porras Rozas, también del equipo organizador, indicó que “un modelo eléctrico debe estar fundamentado en el uso responsable, regulado y limitado de los ecosistemas, según corresponda, empezando por los ríos, que son consustanciales con la vida de las comunidades y aún más cuando se trata de ríos dentro de territorios indígenas, pues constituyen reservas de biodiversidad imprescindibles para toda la sociedad costarricense y el planeta”, sobre lo cual hace falta empezar a dialogar y marcar líneas en Costa Rica.
Este encuentro reforzará la búsqueda de consensos entre organizaciones sociales comunitarias, algunos sindicatos con los que ya se está dialogando y cualquier otra organización que desee sumarse en la defensa de una de las instituciones más importantes del país, como es el Instituto costarricense de electricidad, ICE. Más información a los teléfonos: Mariana Porras Rozas: 83022360 Osvaldo Durán Castro: 83800955 Luis Monge: 89214621
La Asociación para la Recuperación de la Zona Marítimo Terrestre (Arezomate) y la Federación Ecologista (FECON) invitan a participar en la Audiencia Presencial en Defensa de la Zona Marítimo Terrestre (Caso Cabuyal).
La actividad será este jueves 29 y el viernes 30 de junio a las 8:30 am.
Lugar: Calle Blancos, antiguo edificio Motorola, II Circuito Judicial.
Comunicado de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente
Al Presidente se le está haciendo imposible ocultar que su objetivo es desmantelar la institucionalidad social de Costa Rica
Chaves impulsa agenda privatizadora de la energía eléctrica
San José, 18 de mayo 2023. El afán del presidente de la República de denigrar a otras personas, como recientemente lo hizo con el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, no es ninguna novedad. Esta nueva agresión es la constatación de un estilo despótico, anclado en el matonismo patriarcal y en el ejercicio de una jerarquía con un estilo absoluta y totalmente vertical que riñe con cualquier forma de relación asertiva. Esas agresiones y desplantes de autoritarismo no han respetado a su propio gabinete. El diputado Ariel Robles Barrantes no necesita que lo defendamos, pero esta manifestación es indispensable porque por muchos años hemos compartido en movimientos sociales en defensa de territorios, comunidades, ríos, ecosistemas y derechos de la población y de la naturaleza, en nuestro país.
Para Jiri Spendlingwimmer, presidente de la FECON: “esas agresiones son parte del proceso de instalación de una figura despótica y de fuerza que el Presidente busca para la sociedad costarricense, y es desde todos los puntos de vista un retroceso en la historia nacional en términos de la construcción de una sociedad en la que el respeto y la convivencia sean una norma irrestricta y esto incluye las relaciones respetuosas entre personas que piensan diferente. El Presidente demuestra que no está preparado para convivir ni con mínimas disidencias; por eso es que frecuentemente vemos este tipo de exabruptos.”
El Presidente está enojado porque en tan solo 1 año el diputado Robles Barrantes ha demostrado inteligencia, talante y valentía para desafiar a quien sea si se trata de defender una sociedad costarricense justa y solidaria, lo cual implica la defensa de instituciones como el ICE para que mantengan su sentido social y solidario.
Por su lado Osvaldo Durán, integrante de Proyectos Alternativos (PROAL) y vocero de FECCON menciona que: “La cólera del Presidente delata que lo que rehúsa es discutir el fondo del asunto, porque eso mostraría que la estrategia de su Gobierno y de la administración que impuso en el ICE, está claramente enfilada a debilitar el ICE para llevarlo acondiciones de no poder cumplir una labor eficiente de satisfacción de necesidades de electricidad, y en este caso puntual de telecomunicaciones, con una visión social y solidaria”.
Según menciona Osvaldo Durán: “el argumento del Presidente en cuanto a que Ariel Robles Barrantes está defendiendo a la empresa Canal 7 no tiene ningún sentido. Canal 7 es una de las empresas que más daño le ha hecho al país por evasión de impuestos y de hecho la información que el mismo diputado Robles divulgó, demuestra que es una de las empresas que declaró cero utilidades (otro es el daño que se le hace a la población con todo tipo de información y contenidos enajenantes). Ariel Robles no está cuidando a Canal 7; está defendiendo los recursos del ICE para que sean bien gastados en medios comerciales que aseguren que la pauta publicitaria que se paga con nuestros recursos tendrá efecto positivo en términos de competencia en el mercado abierto de las telecomunicaciones. Esta denuncia provocó incluso el despido de la funcionaria del ICE que lo evidenció”.
Por último Jiri Spendlingwimmer, presidente de la FECON agregó que: “El intento de manipular a la opinión pública diciendo que Ariel Robles Barrantes es “un comunista dentro del clóset”. Chaves recurre a los más retrógrados argumentos que recuerdan a los dictadores militares y políticos ultraconservadores de América Latina y el mundo. Mantener al pueblo de Costa Rica en la ignorancia no es algo que pueda sostenerse indefinidamente. Al Presidente se le está haciendo imposible ocultar que su objetivo es desmantelar la institucionalidad social de Costa Rica, y en esa carrera sigue perdiendo la sensatez y el respeto”.
Rodrigo Chaves tiene razón al decir que el mercado de agroquímicos está muy concentrado.
Gravar la importación de agrotóxicos generaría al menos ₡11mil millones al año de recursos frescos para Hacienda.
Con poner impuesto a la importación NO habrá incremento de costos para consumidor final.
Según el informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio las exenciones fiscales de las empresas importadoras de agrovenenos para el año 2011 llegaron a los 22 millones de dólores, en ese año Costa Rica importaba aproximadamente 7,5 millones de Kg. Para el año 2019 el volumen de importación de plaguicidas llegó a 18 millones de Kg, mismos que recibieron exenciones fiscales que superan los 22 millones de dólares en 2018 con datos del PNUD, pero puede llegar hasta los 54,6 millones de dólares. Es decir, unos 32mil millones de colones.
Un punto a resaltar del informe de 2011 del MEIC titulado “Estado del Mercado de Agroquímicos en Costa Rica” es clave en esta discusión, debido a que se detectan una serie de distorsiones en el mercado de plaguicidas que resultan muy importantes debido a que le “restan competitividad al sector agrícola”.
El MEIC señala con detalle estas distorsiones: (a) Concentración en las importaciones de ingredientes activos en pocas empresas; (b) limitada información al productor sobre posibles sustitutos de principios activos que puede utilizar de acuerdo a sus requerimientos; (c) no dispone de información sobre el precio de los agroquímicos en los distintos puntos de venta del país. (d) El pequeño productor y productora debe comprar sus productos en los eslabones finales de la cadena lo que implica el pago deprecios más altos; (e) No existe transparencia en las estrategias de comercialización utilizadas por los proveedores en el mercado; (f) La falta de la construcción y el seguimiento de una base de datos permanente, no permite llevar un monitoreo permanente de la comercialización de agroquímicos en todos los eslabones de la cadena, lo cual limita el poder actuar del Gobierno, en casos de situaciones anormales de mercado. (g) Distribución del mercado entre empresas según ingredientes activos; (h) Precios más altos para los pequeños y medianos productores que no disponen de volumen de compra, ni liquidez y deben asumir cadenas de comercialización más extensas con precios más altos.
El MEIC concluye que la aplicación de la exoneración de los impuestos a la importación de maquinaria, equipo e insumos para la actividad agropecuaria no cumple la razón de ser de la Ley de Exoneraciones n° 7293. Una recomendación para el Ministerio de Hacienda de parte del MEIC señala: “… partiendo del hecho general, podría asumirse que el beneficio fiscal que crea el Estado, es para fomentar una actividad en la cual el Estado tiene un interés de desarrollar el sector productivo agropecuario costarricense y no beneficiar al sector productivo de otros países por medio de la exportación, la cual cuenta con instrumentos específicos”.
Esto lo menciona el MEIC debido a que Costa Rica se ha convertido en un reexportador de agrovenenos al resto de países centroamericanos y caribeños. Se cree que una cuarta parte de los agroquímicos importados son reexportados. De esta manera nuevamente el beneficio de la exonerasión lo termina aprovechando las empresas re-exportadoras y no los agricultores.
Entre las distorsiones más importantes está la tenencia al monopolio. Para dar algunos ejemplos podemos mencionar que en el caso del glifosato (producto formulado), son 20 las empresas que lo importan, a pesar de esto tres de ellas concentran el 70%. Por su parte el mancozeb (producto formulado) es importado por 15 empresas sin embargo, una sola empresa concentra el 89,96% del total delas importaciones de este plaguicida. El paraquat (producto formulado) es importado por seis empresas,sin embargo, tres empresas concentran el 77%. En el caso del oxamil (producto formulado), es una sola empresa la que lo importa.
Este tema que pocas veces de debate en la opinión publica es importante que se discuta en el marco de la crisis fiscal. Porque desde hace muchos años viene funcionando un mercado de los agrovenenos que ponen en riesgo la salud humana y ambiental de país. Un mercado poco regulado y que goza de exonerasiones de impuestos que no se traducen en un beneficio para los productores.
Los sobre precios de estos agrovenenos son otros de los factores que llevan al mercado del agroveneno este distorsionado. El MEIC encontró que para los plaguicidas más usados en el país el marguen de sobre precio que manejan los importadores y las casas comerciales detallistas van desde un 45% a un 101% con respecto al valor de importación. Otro factor más que es evidente que los últimos beneficiados de la exonerasión de los impuestos a los plaguicidas son los agricultores.
Desde el Sector Ecologista proponemos es urgente gravar las actividades más destructivas y contaminantes. La importación de agrotóxicos es una actividad que generaría ₡32 mil millones al año y que además debe de ir acompañada de una reforma legal que permita la regulación de la industria que ponen en riesgo la salud humana y ambiental.
La Federación para la Conservación del Ambiente, FECON, lamenta profunda y sinceramente la partida de Roberto Molina Ugalde, secretario general del Sindicato del Ministerio de Ambiente y Energía, SITRAMINAE.
En muchísimas ocasiones y durante muchos años, FECON y SITRAMINAE coincidimos en la defensa de la institucionalidad para resguardar la biodiversidad de Costa Rica en todas sus manifestaciones. Comprendimos conjuntamente que había una arremetida interna, literalmente, una guerra interna que se manifestaba con acciones de distintas administraciones para socavar las capacidades del MINAE para atender las necesidades de resguardar la naturaleza en Costa Rica.
Denunciamos la permanente contracción del presupuesto del Ministerio de Ambiente y Energía, y atendimos muchísimas denuncias en todas las Áreas Silvestres Protegidas del país donde nuestras organizaciones y muchas más organizaciones sociales, enfrentábamos las distintas amenazas, tanto públicas como privadas, y de personas en particular, que sometían y someten, a las Áreas Silvestres Protegidas a la zozobra permanente.
Hoy mismo cuando el Ministerio de Ambiente y Energía prácticamente está siendo dinamitado desde adentro por las actuales autoridades, es más indispensable que nunca que unamos fuerzas los y las trabajadoras del Ministerio de Ambiente y Energía y las organizaciones sociales y ecologistas del país y todas las que comprendan que la defensa pública, solidaria y colectiva de los bienes de la naturaleza, es fundamental para muestra sociedad. Esa lucha debe incluir la defensa de lo que nos queda de institucionalidad y dejarle claro al actual Ministro y al actual Gobierno que están perforando un pozo extremadamente peligroso y que las actuales y futuras generaciones no aceptaremos la impunidad ante la destrucción del patrimonio natural del Estado.
Roberto Miranda Ugalde nos deja un gran legado de lucha. Y la mejor forma de honrar ese legado es redoblar todos los esfuerzos para asegurarle a las presentes y futuras generaciones que Costa Rica será un país verdaderamente protector de su naturaleza y no sencillamente, uno que ostenta una falsa fama internacional y vende un discurso “verde” afín a la corporativización de la vida y la naturaleza, para lo cual cuenta con un ministerio de fachada. Actualmente tenemos un MINAE que responde más a intereses de carácter privado y corporativo que a las necesidades de la sociedad costarricense.
Las Áreas Silvestres Protegidas han sido, son y serán fundamentales para asegurar la calidad de vida de la sociedad costarricense y de la misma naturaleza en sí. Y en este momento, cuando se pretende la reconcentración autoritaria, peligrosa, y sin precedentes del poder para la toma de decisiones en todas las instancias del MINAE y se está prácticamente demoliendo el andamiaje institucional dentro del Ministerio, hacemos un llamado a fortalecer la organización social y todas las alianzas posibles para defender nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas y al mismo MINAE como entidad gubernamental.
A los compañeros y las compañeras de Roberto Molina en el MINAE y en SITRAMINAE, les enviamos un afectuoso saludo solidario y les aseguramos que haremos todo cuanto sea posible para redoblar los esfuerzos que hasta ahora hemos hecho e hicimos en conjunto. A su familia le decimos que se ha marchado un hombre que luchó sinceramente por la defensa de la vida desde sus puestos como trabajador y desde sus luchas en el Sindicato.
¡Honores para un gran defensor de la naturaleza!
Federación para la Conservación del Ambiente, FECON.
El miércoles 29 de marzo la Sala Constitucional echó abajo la posibilidad de legalizar el robo de agua subterránea (por medio de pozos ilegales) y el desvío de ríos sin permisos, ya que contradice directamente nuestra Constitución Política.
Hay que recordar que una de las primeras acciones del gobierno de Rodrigo Chaves en mayo de 2022 fue retomar el proyecto de ley n° 22709, presentado en la legislatura pasada por el entonces diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith del Partido Restauración Nacional. El texto proponía hacer una amnistía a todos los pozos ilegales y a los desvíos de aguas superficiales para complacer al sector agroindustrial, especialmente a los exportadores de frutas tropicales.
Hay que recordar que la usurpación de bienes de dominio público, como el agua superficial y subterránea, es un delito tipificado así en el Código Penal: “Artículo 226.- Usurpación de aguas. Se impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al que, con propósito de lucro: 1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le corresponden, o las tomare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho…”
En esos primeros días de la administración Chaves-Robles, el actual presidente dio continuidad a la agenda de su predecesor, Carlos Alvarado. El último gobierno del PAC hizo la intentona mediante el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG “Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas”. Decreto fue llevado ante los Tribunales de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza y el abogado Álvaro Sagot. En esta ocasión la Sala Constitucional falló a nuestro a favor, respaldando el argumento de que es inconstitucional perdonar los delitos de usurpación del agua y el decreto de Alvarado quedó sin efecto.
Hoy dichosamente la Sala Constitucional volvió a respaldar la tesis ecologista. Sancionando el proyecto n°22709 como “… inconstitucional por violación a los derechos fundamentales al agua y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en tanto omite la exigencia de estudios técnicos, desprotege áreas ambientalmente frágiles y legitima la explotación del recurso hídrico en las mismas condiciones irregulares que hasta la fecha se ha hecho”.
Es de alegrarse que los y las magistradas decidieron aplicar el Principio Precautorio y no dar rienda suelta a las más feroces fuerzas de saqueo del agua. El insaciable agronegocio y el megaturismo eran los directos beneficiarios de una propuesta que ponía en riesgo el agua de miles de personas, en escenarios de crisis climática e inestabilidad hídrica.
26 de enero 2023 | Dany Villalobos, geógrafo de FECON
Las instituciones deben garantizar la integridad de la Zona Pública de Marbella
La zona pública se ha reducido en un 60% respecto a la delimitación original.
Se debe reponer la pérdida para que las comunidades administren el área pública.
Presentación del problema
Costa Rica debe enfrentar este 2023 un gran desafío. Es el tema costero, que por vacíos y defectos en la administración pública, hemos ido perdiendo poco a poco los costarricenses como patrimonio público, especialmente en los sectores que están tomados por negocios inmobiliarios.
La costa de Santa Cruz de Guanacaste presenta varios casos, como playas Pinilla, Avellanas y Marbella. La costa de Guanacaste se ha convertido en el foco de la ambición de los gavilanes inmobiliarios, que son personajes que han venido a la provincia a comprar tierra barata para enriquecerse vendiendo lotes muy caros, principalmente a extranjeros ricos.
En este pequeño artículo presentaré el problema costero actual mediante el caso de Marbella. El día 12 de enero de 2023 estuve de gira en las playas del lugar para tomar algunos datos de GPS dentro de la zona pública actual y en la línea perceptible del litoral. Después de procesar la información y realizar cartografía, puedo hacer visible lo que parece claro estando en las playas de Marbella: la zona pública está desapareciendo.
Día de gira, levantando registros de GPS en la Playa Coco de Marbella.
La Zona Pública (ZP) es la franja de 50 metros que corresponden a uso totalmente público a partir de la línea de pleamar (marea alta), según el artículo 10 de la ley de Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977. Su reducción progresiva compromete aún más a los ocupantes actuales de la Zona Restringida. La gente de Marbella ha visto con recelo los desarrollos en frente de la playa y consideran que empresarios extranjeros han estado invadiendo la zona pública desde que empezaron a desarrollar sus negocios en el frente de la playa.
Esquema de la Zona Marítimo-Terrestre. Elaborado por FECON.
El restaurante Tiki-Hut y otras propiedades frente al mar están en manos de extranjeros que llegaron a Marbella hace pocos años con la idea de hacer negocios fáciles y jugosos con la tierra. Albasud ha denunciado con detalle los nombres y formas de operar de estos empresarios, que denominé anteriormente “gavilanes inmobiliarios”, por el amplio catálogo de irregularidades con las que mueven sus negocios.
FECON ha apoyado a vecinos de Marbella en denunciar casos como la construcción de un puente sin permisos en un cauce de manglar entre Frijolar y Playa Coco. También, se pidió a la Municipalidad de Santa Cruz comprobar si las construcciones frente a la playa tienen permisos municipales o si invadían la Zona Pública, por su cercanía al mar. Las respuestas nunca llegaron aun cuando la Sala Constitucional ordenó respuesta. Claramente la Municipalidad de Santa Cruz no tiene interés en intervenir el problema, lo que ha indignado y desalentado la lucha de la comunidad por defender sus playas.
La apuesta de FECON
Ante la falta de respuesta institucional, FECON ha buscado apoyo para poder visitar las zonas del litoral de Santa Cruz donde existen este tipo de problemas. Gracias al apoyo de Environmental Network for Central America (ENCA), se podrán realizar varias giras para documentar y cartografiar las zonas en conflicto.
Es claro que las comunidades guanacastecas requieren el respaldo de profesionales y organizaciones ambientales del país, siendo las playas patrimonio público. Los indicios nos llevan a cuestionar la información existente sobre la realidad actual en los 200 metros de la Zona Marítimo-Terrestre.
¿Por qué ha ido desapareciendo la franja de Zona Pública?
Voy a mencionar sólo dos factores que considero las causas principales en el caso de Marbella. El primero es un factor histórico-ambiental: el cambio en la línea de las pleamares en el exterior de la franja. El segundo, el factor privatización operando por la libre en la zona restringida, al interior. Mientras el mar presiona desde afuera, los negocios de los ocupantes privados amenazan el límite original desde adentro y la franja pública termina por reducirse a los niveles que mostraremos en cartografía.
El cambio en el nivel del mar y la erosión costera
Sobre el cambio de la línea de pleamares, es perceptible observando la geomorfología del litoral. En algunos puntos es clara la incursión del mar tierra adentro, llegando hasta la calle que coincide con el límite final de la zona pública, lo que quiere decir que el mar ha hecho desaparecer los 50 metros de Zona Pública en estos puntos, como se muestra en las siguientes imágenes satelitales:
Imagen 1. Se observa cómo la línea del litoral ya se acerca al límite original de los 50 m de zona pública.
Imagen 1. Un punto de GPS indica que la marea llega a la calle, y la franja pública se ha reducido a la mitad.
¿Cuánta es el área pública perdida?
Según la información geográfica procesada después de la visita al lugar el 12 de enero de 2023, en las playas de Marbella la Zona Pública original ha desaparecido en un 56%. Específicamente en la Playa Coco, el cambio ha hecho perder el 62% de la Zona Pública, lo que plantea la necesidad de abrir un debate público sobre la recuperación de esta franja patrimonial establecida por Ley.
Mapa 1. Cambios en el área de Zona Pública. En azul se observa el área de zona pública original que se encontraría ahora por debajo del nivel de las pleamares. En verde lo que aún queda de esa zona pública por encima del nivel del mar, y en amarillo los 50 m de zona pública si se ajusta al nivel de las pleamares actuales.
Se requeriría que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) determine con exactitud la posición actual de la línea de pleamares durante el 2023, para oficializar un cambio necesario. Los vecinos de Marbella pueden observar diariamente cómo el agua sube hasta la calle que da acceso al restaurante Tiki Hut, dejando claro, especialmente en el sector de Playa Coco, que la Zona Pública restante en la actualidad se limita al ancho de la calle con unos 10 o 20 metros de arena y palmeras donde aún no llegan las mareas altas.
Nivel del mar observado el 25 de enero a las 5:00 pm, hora cercana a pleamar, en el sector del puente. Se observa cómo el mar toca la calle. Foto: Vecinos de Marbella.
Necesidad de actualizar el área de zona pública
Después de los 50 m de zona pública, hay una segunda franja de 150 m de Zona Restringida que también es patrimonio público y está bajo el manejo municipal. Con Planes Reguladores de ordenamiento se pueden dar concesiones en esta segunda zona. Pero en el sector de Marbella no hay Plan Regulador. Por tanto, no hay concesiones.
Pero sí se ha llevado adelante un manejo prácticamente por la libre de la Zona Restringida por parte de sus ocupantes. Se sabe que los ocupantes actuales de esta zona no son habitantes históricos de Marbella (no tuvieron posesión antes de 1977). Significa que no tendrían derechos adquiridos sobre esta parte del patrimonio público. Sus cercas colindan ahora con la calle que se extiende por el frente de las playas Frijolar y Coco.
Desconozco si en términos jurídicos hay interpretaciones que impidan actualizar la línea de pleamar y reubicar la zona pública como patrimonio público del Estado a donde corresponderían hoy los 50 m de Ley. Según la estimación que realicé, entre el mojón #178 del IGN y el punto norte de la línea digital (2010) de Playa Coco, el área de zona pública se ha reducido más de la mitad, hasta quedar sólo un 40% del área establecida originalmente.
Para recuperar los 50 metros de zona pública a lo largo de los 1000 metros de frente de playa muestreada, se requeriría correr la línea de mojones hacia el interior, restableciendo más de 30.000 m2 de zona pública que se han perdido. En términos económicos, el Estado se evitaría perder tierras públicas que tendrían un valor de mercado cercano a 1.500 millones de colones (a razón de ₡50.000/m2), y que en este momento están en manos de ocupantes sin concesión.
Conclusiones
Parece ser que hay información técnica desactualizada acerca del nivel real de las mareas altas en Marbella, entonces los procesos legales abiertos en esta franja se vuelven inciertos, pues habrá quien considere que la Zona Pública no está siendo invadida, cuando la realidad ambiental de la costa dice otra cosa.
Las deficiencias de la administración pública generan una especie de parálisis, impidiendo resolver la situación. Hemos denunciado constantemente trabajos de construcción ilegales a través del sistema de denuncia pública SITADA sin respuesta alguna. Los ocupantes del frente de la playa están desarrollando sus propiedades por la libre sin mediar concesión ni permisos de ley para transformar la costa de Marbella.
Relleno en zona marítimo terrestre para parqueo del restaurante Tiki Hut. Esta actividad aparentemente no tendría permisos, violándose una vez más lo establecido por Ley dentro de ZMT.
Desde mi punto de vista, este no debería ser un problema tan difícil de resolver si el Instituto Geográfico Nacional actualiza la información técnica sobre el nivel de las pleamares y la verdadera franja de Zona Marítimo-Terrestre actual según los términos de Ley. Recordemos que los mojones se pusieron en su lugar hace varias décadas y hoy se puede observar, mediante las tecnologías de información geográficas, que ya no representan el espacio de 50 metros dispuesto por la Ley respectiva.
Siendo honestos con la Ley, sencillamente debe existir un esquema territorial que empieza con 50 metros de zona pública a partir de la marea alta, continuada por una franja de 150 m de área bajo estricto manejo público. Estos datos no deberían responder a una fotografía inmutable de 1977. La Zona Marítimo-Terrestre es patrimonio público, por tanto, cualquier pérdida representa una afectación al Estado y al interés público.
Perfil de la Zona Pública. Se puede ver la transformación permanente y desregulada en la propiedad de Jeff Allen, cuya cerca se encuentra a una distancia menor a 25 metros del mar, por lo que estaría dentro de la Zona Pública según la pleamar actual.
Como patrimonio público, La Zona Marítimo-Terrestre debería manejarse con fines de bienestar público donde primero estén las comunidades que han habitado históricamente esta zona, bajo un esquema de gestión económica local. Bien podrían las asociaciones locales de Marbella gestionar una gobernanza sostenible de esta franja, como sucede en otras comunidades del país.
En lugar de eso, hoy tenemos procesos de apropiamiento por parte de extranjeros, que se aprovechan de los vacíos y hasta irrespetan la legislación nacional, por ejemplo, cuando deciden a su modo cómo manejar (sin mostrar permisos) la Zona Marítimo-Terrestre: corriendo los mojones, construyendo, rellenando terrenos para parqueos, construyendo puentes o poniendo luces en la zona pública, cuando la Ley 6043 dice lo siguiente:
Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.
En el caso Marbella, vale decir que sin Plan Regulador no habría derechos adquiridos por parte de los ocupantes actuales de la Zona Marítimo Terrestre. Por tanto, no debería haber paso a reclamos por ceder un área que siempre la ha pertenecido al Estado.
No es justo que los costarricenses nos quedemos sin zonas públicas y los extranjeros que sólo quieren enriquecerse con especulación inmobiliaria, exploten a su antojo nuestras costas y playas, que son patrimonio público, beneficiados en el silencio de las instituciones.
Nuestra posición es, que en manos de la comunidad marbellana, la Zona Pública podría convertirse más bien en un área de manejo sostenible y responsable, que traiga beneficios económicos a los habitantes de este pueblo guanacasteco, capacitando a las comunidades locales para gestionar sosteniblemente el turismo costero y dejar la omni-dependencia de la inversión extranjera que busca lucrar a cualquier costo.
Esta es la apuesta que vamos a hacer en FECON, haciendo un llamado a las comunidades y al país a levantarse para recuperar la Zona Marítimo-Terrestre en Marbella, a enfrentar la usurpación inmobiliaria en todos los litorales del país. Si no defendemos ahora este patrimonio que es de todos, quizá mañana no tengamos nada que defender.
• Fracción de Liberal Progresista demuestra ineptitud y desconocimiento en materia de Vida Silvestre • Costa Rica ya está sometida a una gran presión en materia de tráfico de especies silvestres, legalizarla sólo agravaría la crisis
(FECON, 11-08-2022) El proyecto de Ley N°23.376 presentado por el Partido Liberal Progresista (PLP) no tiene ningún sustento técnico para justificar estas reformas tan profundas a la Ley de Vida Silvestre (LVS), pero además traería cambios peligrosos para la conservación y sustentabilidad de nuestro país. Lo más grave es la reforma al artículo 79 de la LVS, en el cuál el PLP quiere legaliza la exportación, importación o tráfico de la fauna y la flora, sus productos, partes o derivados, incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Esta reforma convertiría el país en una gran feria de animales y plantas silvestres, violentando así diversos convenios internacionales y además poniendo en alto riesgo nuestra biodivesidad por el mero hecho de alimentar el inmoral mercado global de especies en peligro de extinción.
Ya Costa Rica enfrenta una agresiva presión sobre la biodiversidad por causa del tráfico ilegal de animales, plantas e insectos. Según la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público en el 2019, hubo 156 denuncias por comercio, tráfico y trasiego de animales silvestres, mientras que en el 2020 aumentaron a 253 y en el 2021 a 364 denuncias. Esto demuestra una presión creciente sobre la biosiversidad de prácticas de extracción que con la legalización de la exportación de vida silvestre tendremos actores muy agresivos actuando en el país llevándose lo que se les antoje.
Sumado a lo anterior la liberalización de la importación de Vida Silvestre de otros países tendría graves consecuencias en materia de especies invasoras que afectarían a ecosistemas, a la salud pública y a la agricultura. A todas luces es más que irresponsable la propuesta de la agrupación de Eli Feinzaig. Hay que recordar que la Vida Silvestre en Costa Rica es una Bien de Dominio Público. Como tal corresponde a la sociedad costarricense conservarla y protegerla y no debe ser tratada como una mercancía. El PLP no sólo pretende legalizar el tráfico de especies protegidas e incluso en peligro de extinción, además desea allanar el camino para que criaderos de animales silvestres puedan funcionar con el único fin de vender (nacional o internacionalmente) los animales y plantas producto de la manipulación de la vida silvestre. Legalizar criaderos para la comercialización de especies en peligro llevaría más presión sobre estos animales y plantas ya que tendrían que ser extraídos constantemente de sus hábitat para alimentar la cadena de reproducción de individuos en cautiverio. Es decir, la reproducción en cautiverio para fines comerciales no es posible sin depredar los ecosistemas.
Llama la atención de que el preámbulo del proyecto de ley (donde explica la justificación de hacer esta reforma), sólo habla sobre la confección y aplicación del reglamento de la Ley, tarea que no es materia del Poder Legislativo o de una fracción de diputados, ya que dicha tarea es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que el Reglamento de la Ley de Vida Silvestre se hizo con la colaboración de especialistas en la materia en 2017, en ella participaron académicos, investigadoras, representantes de ONG, especialistas de MINAE y SINAC. Este reglamento ha pasado por varios cuestionamientos en Sala Constitucional, recursos y acciones legales que fueron declarados sin lugar por los magistrados, quedando claro que son disposiciones apegadas a nuestro orden jurídico. Pero resulta muy particular que la justificación para reformar una ley de la república sea que al PLP no le gusta el reglamento, lo que evidencia la ineptitud de la bancada del Liberal Progresista.
La reforma a la Ley de Vida Silvestre es sin duda regresiva, como tal entra en contradicción con nuestro ordenamiento jurídico en materia ambiental y no pasaría por los filtros institucionales como la Contraloría General de la República o la Sala Constitucional. Aún así esta ley encontrará una férrea oposición de parte de la sociedad costarricense en su conjunto y particularmente de parte del movimiento ecologista.
-El deslave tóxico se da en vísperas de una anunciada visita de Rodrigo Chaves a Crucitas
(FECON, 16/07/2022) Toneladas de desperdicios mineros contaminan el rio Santa Lucía en Abangares de Guanacaste este viernes 15 de julio. En horas de la tarde los vecinos y vecinas del lugar alertaron de la matanza de la fauna silvestre en la zona cuando se rompió una de las paredes de un depósito dónde se acumulaban lobos tóxicos, posiblemente residuos de metales pesados, mercurio y cianuro. Estos desechos bajaron por el río Santa Lucía, para luego llegar al río Abangares, el cual desemboca en el Golfo de Nicoya.
La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares emitió una advertencia a la población sobre el deslave. La UCADA recomendó “no se acérquese a los ríos, debido a que, aparentemente, se habría roto una pila que contenía cianuro, material que habría llegado a los afluentes”.
Según el medio Elpaís.cr los terrenos donde se encuentra la laguna de lixiviación eran propiedad de la minera canadiense MCC Minning. Empresa que en 2011 ya operaba con grandes cuestionamientos y que el 19 de agosto de ese año, la Dirección de Geología y Minas solicitara el cierre de la planta de beneficiado de oro.
La minería metálica a cielo abierto en las zona tropicales conllevan riesgos inaceptables. En lugares donde las precipitaciones son abundantes, los daños ambientales son profundos y por si fuera poco, tardan décadas en ser remediados. Pero además su mitigación es muy difícil. En Costa Rica la vulnerabilidad ambiental ante la minería de metálica se suma otra vulnerabilidad: la institucionalidad minera obsoleta, escueta y con escasas herramientas de control y auditoría ambiental, como ha quedado manifiesto en esta caso.
Esto es más que suficiente para mantener la prohibición minera y no aventurarse nuevamente en la irresponsable explotación minera. El presidente Rodrigo Chaves visitará Crucitas, en Cutris de San Carlos, sólo un día después del desastre en Abangares de Guanacaste. Sería irresponsable de parte del mandatario y su ministro de ambiente, Franz Tattenbach, que viendo lo sucedido hoy en el río Santa Lucia, piensen siquiera en explotar Crucitas.
Tardaran décadas enteras antes de que la cuenca del río Abangates se recupere. Se ha generado un daño irreversible en las fuentes de agua de la zona y sus ecosistemas ripiarios. Las personas que viven en la zona y las poblaciones de animales silvestres se enfrentan a toneladas de lodos tóxicos que contaminarán incluso gran parte del Golfo de Nicoya y su vida marina. Es tarde para evitar el desastre ambiental en el río Abangares, pero estamos a tiempo de evitar que Crucitas siga el mismo camino.
