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Etiqueta: finanzas públicas

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.

JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ
Obispo Auxiliar de San José
Secretario General

¿Lo comido por lo servido?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández

Algunos límites de nuestro impuesto sobre la renta para generar justicia tributaria.

(Baso estas notas en los datos disponibles en la página web del #MinisteriodeHacienda, que lamentablemente no ha publicado aún los del 2019)

El de renta, es un impuesto directo que teóricamente permite progresividad: que las personas físicas y jurídicas con mayores ingresos tributen más que las de menores ingresos.

Pero hay varios elementos que limitan su alcance y por lo tanto, en lugar de fortalecer las finanzas públicas contribuyen a ensanchar el déficit fiscal.

Uno de ellos y probablemente el principal, sobre el que se ha discutido mucho, son las diferentes formas de evasión y elusión que llegan a sumas astronómicas según se calculen dichas fugas. A propósito, es una lástima que el Ministerio de Hacienda no actualice y publique sus estudios sobre el incumplimiento tributario.

El otro, al que refieren específicamente estas notas, es el denominado Gasto Tributario, constituido por diferentes tipos de exoneraciones establecidas por ley al pago de impuesto sobre la renta.

Como se puede ver en los datos, por cada colón recaudado en el 2018 por impuesto sobre la renta, se dejaron de recaudar 53 céntimos como consecuencia de las exoneraciones, de los cuales 22 céntimos correspondieron a las empresas de zonas francas.

Al mismo tiempo, es importante señalar que las personas trabajadoras y pensionadas del sector privado y público, son la segunda fuente más importante de la recaudación del impuesto sobre la renta (27.32% del total). Y por otro lado, no son las más beneficiadas de las exoneraciones en comparación con los beneficios recibidos por las zonas francas, las cooperativas y otras personas jurídicas.

Esto último es importante considerarlo en el debate que se viene estos días, donde se anuncian propuestas para eliminar exoneraciones a salario escolar y aguinaldo, pero no se ha planteado tocar las que benefician a una parte cada vez más grande de nuestro sector empresarial y de la generación de riqueza.

Considero que deben revisarse todas las exoneraciones. Si se quiere avanzar en la construcción de una estructura tributaria más justa, no se deben seguir recargando las reformas sólo en el sector de personas trabajadoras (lo cual además sería de poco impacto), sino exigirle igual o mayor contribución al sector empresarial que goza de grandes privilegios en esta materia.

Discutamos y decidamos sobre exoneraciones al ISR pero pongamos TODAS! sobre la mesa.

Porque cada colón que se pierde por exoneraciones debilita nuestras finanzas públicas, engrosa el déficit fiscal, acrecienta la riqueza de unos pocos y por lo tanto, refuerza la acumulación y debilita la distribución.

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su página de Facebook.

Por un verdadero acuerdo nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

No quiero ser aguafiestas, pero es mejor señalarlo a tiempo.

1-El Gobierno ha llamado a un proceso de diálogo y escucha. Para ello ha habilitado unos correos electrónicos donde podremos mandar ideas. Posiblemente recibirá cientos de miles de sugerencias, enviadas por los habitantes, con la mejor intención. Pregunta: ¿quién escoge las que pasan a la siguiente ronda? ¿Cuáles son los criterios que se usan para filtrarlas? Pues ¡solo Dios lo sabrá! O, mejor dicho, ellos, los señores del Gobierno.

2- El proceso propuesto nos pone a hablar de tres temas en forma separada:

a- del acuerdo con el FMI y las finanzas públicas;
b- de la reactivación económica y
c- de la generación y protección del empleo.

Aquí hay un problema de método. La creación de empleos se da porque hay un esfuerzo productivo robusto. Entonces, ¿cómo tratarlos por separado? La forma en que se diseñe el apoyo la producción va a afectar la generación de empleo.

Peor, aún, ¿cómo separar la discusión del acuerdo con el FMI (y soluciones a las finanzas públicas), al margen del espacio discusión de las políticas para la producción? Un acuerdo con el FMI definirá un enfoque particular de política económica (tributaria, de gasto público, niveles de endeudamiento público, políticas monetaria, cambiaria, crediticia), que va a condicionar a las políticas productivas y por tanto tendrá efectos en el empleo. No se puede ver por aparte.

3- El proceso propuesto no deja claro los resultados que se esperan pues no señala cuál es la prioridad nacional que se busca atender. De esa manera, “todo vale”; y los esfuerzos bienintencionados se pueden perder. Si todo es prioritario, nada es prioritario.

La prioridad tiene que ser la protección y la generación del empleo bien remunerado, sobre la base de una alta productividad del trabajo. Para ello se requiere una actividad productiva vigorosa, sólida, competitiva, eficiente. La política económica debe enfocarse en atender esta prioridad y esa debe ser la guía de la negociación con el FMI.

4- En consecuencia, la negociación con el FMI nunca debe estar antes de la definición de la política productiva y de empleo. Si se hace así, se le pondría una camisa de fuerza al desarrollo nacional. Pero ¡ojo!, en el cronograma propuesto, la negociación con el FMI es el primer tema que se cierra (28 de agosto). A los otros dos, les dan un mes más, hasta el 30 de setiembre. Francamente esto me resulta inquietante, para decir lo menos. Pregunta; ¿cerrado el tema del FMI, qué clase de acuerdo nacional por el empleo podemos llevar adelante?

5- El Gobierno debe llamar a un espacio para construir un acuerdo nacional verdadero. La situación da para este esfuerzo. Y no debe tomar mucho tiempo. Ya se nos pasaron 5 meses. Este proceso debe cumplir unas condiciones mínimas, como son, identificar con claridad a los actores, definir en conjunto las reglas de juego, criterios para tomar las decisiones, un método claro de trabajo, que incluye el compartir la misma información para todas las partes, tener claro lo que se espera del esfuerzo, y muy importante, garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Sería deseable contar con observadores externos que respalden lo actuado.

6- Un acuerdo nacional requiere que se definan plazos de puesta en marcha, cronogramas de acciones, responsables, medición de resultados, recursos necesarios, controles de cumplimento. Un acuerdo de este tipo es la base del modelo de desarrollo futuro, y, en consecuencia, debe identificar el costo de ponerlo en práctica y el origen de los recursos necesarios. Por ello, la negociación con el Fondo debe venir después de este acuerdo. No al revés. Sería poner la carreta delante de los bueyes.

CONCLUYO. Hay una gran diferencia entre escuchar y negociar. En la situación que estamos negociar es perentorio. ¡Cuidado, luego es tarde!

Texto publicado en el blog http://notasaltema.blogspot.com/ y compartido con SURCOS por el autor.

En tiempo de pandemia: volvamos a la tierra

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“[…] es frivolidad pensar que si nosotros los humanos hacemos el más mezquino objeto con un fin determinado, la naturaleza ese prodigio, fuera hecha sin otra finalidad que alimentar plantas, bestias y hombres, para que después la abonaran con un puñado de mísero polvo disperso-nada más. Estupenda frivolidad es el materialismo que se cree, sin embargo, hijo de la observación y la ciencia”.

Gabriela Mistral.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

“Volvamos a la tierra” fue el lema de la campaña electoral del expresidente don Luis Alberto Monge, a inicios de la trágica “década perdida” de 1980. Un lema sugestivo que contribuyó a su elección, pero que acaso, al final, solo sirvió para hacer chiste. Después de que el país sufrió las consecuencias socioeconómicas empobrecedoras con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), debido a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya receta no parece haber cambiado hasta el día de hoy-, se decía que, efectivamente, “volvimos a la tierra”: nos “enterraron”.

Hoy, acosados por una pandemia que no da tregua, volver a la tierra resulta un desafío ineludible, para garantizar la continuidad de la vida. Es decir, volver a la tierra en actitud reverente para extenderle la mano protectora y dejar de violentarla, sobrexplotándola.

Este desafío se vuelve perentorio, especialmente, cuando se levantan las voces de quienes no conformes con la sobre-explotación del suelo, convocan de nuevo a la explotación del subsuelo para extraer oro y petróleo. Y venden la idea como otra de las tantas “pomadas canarias”, en tiempos de pandemia, para solucionar los álgidos problemas del desempleo, empobrecimiento e inequidad social.

Pareciera que lo que se busca es el camino fácil, para seguir tolerando el comportamiento indolente de la élite económica de este país, que se resiste a la auténtica solidaridad como exigencia de justicia distributiva. Ello implica saldar la deuda tributaria que ha venido acumulando por más de diez años; y la deuda moral con un pueblo cuya dignidad ha sido mancillada por parte de gobiernos complacientes, que han permitido ese robo “legalizado”.

En tiempos de pandemia económica y sanitaria, para sanar las finanzas públicas y fortalecer la institucionalidad social, hay que buscar las formas de recuperar, aunque sea parcialmente, la deuda acumulada de la élite empresarial. Asimismo, suspender el pago de intereses de la deuda externa, mientras se negocia su condonación total o parcial, como se ha venido reiterando. Es la hora de la dignidad para hacer valer también nuestras condiciones.

La riqueza de este país no está en el subsuelo; está en el suelo y en los mares, al igual que el “tesoro” de la Isla de Coco está en su biodiversidad marina y terrestre, así como en su belleza paisajista. Y está en el verde de las montañas, en el rojo con pinceladas azules de las lapas, en el amarillo contrastando con el negro del tucán de mirada serena, en el exuberante esmeralda y turquesa de nuestros mares… También en la generosidad de los suelos, que bien trabajados nos aportan alimentos saludables.

Si el Covid19 es uno de los mejores dispositivos pedagógicos, como se ha señalado con acierto, atendamos a su mensaje que nos invita a propiciar relaciones más armónicas y vitalistas con la naturaleza.  El destino de la especie humana está implicado en el de la madre tierra. La salud humana también está implicada en la salud de la tierra.  

No hay que postrarse, ante la tentación de acceder a los “reinos de este mundo”, inducidos por un materialismo humana y espiritualmente empobrecedor. ¡Cuánto daño ha producido la frivolidad humana, producto de un cientificismo materialista depredador!, como denuncia la poetisa Gabriela Mistral.

*Imagen ilustrativa, biodiversidad, UCR.

El neoliberalismo es el nuevo principio de la Constitución

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

Hasta el voto de la Sala IV sobre el proyecto fiscal, el capítulo de Garantías Sociales tenía su fundamento en el principio cristiano de justicia social y nuestro Estado se definía como estado social, con el fin, como dice la Constitución, de “procurar una política permanente de solidaridad nacional”. (Art. 74). El otro principio fundamental en materia social que establece la Constitución es que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (…) “y el más adecuado reparto de la riqueza”. (Art. 50). Pues bien, a partir del viernes pasado, el nuevo principio constitucional, según esos magistrados, es el equilibrio de las finanzas públicas.

En consonancia con esta posición el Estado Social queda supeditado a que no se rompa la relación ingresos-egresos del Estado, con lo cual los derechos sociales o individuales, dependerán en el futuro de la “solvencia económica estatal”. Textualmente lo dice: “De manera inexorable, debe existir un equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los primeros dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda”.

De esta manera los derechos existirán siempre y cuando hayan recursos; por ejemplo, habrá medicinas contra el sida, si la Caja tiene recursos, electricidad en zonas alejadas sin al ICE le genera un equilibrio financiero, clínica de fertilización en vitro si Salud posee dinero o simplemente salarios crecientes si el Ejecutivo tiene plata.

Los magistrados lograron que la austeridad neoliberal adquiriera rango constitucional, el viejo y añorado sueño de Miguel Ángel Rodríguez de incluir un capítulo en la Constitución de Garantías Económica, lo lograron sin discusión alguna nuestros neoliberales con este fallo.

Además, la Sala IV (que ya no es constitucional) da otro paso: el Estado social de derecho “ideal” es el Estado Social de Derecho “posible”, es decir, se constriñen las prestaciones sociales y por tanto los derechos a la política de equilibrio presupuestario. Este, sin duda, es un cambio radical en la concepción de los derechos de los habitantes, los cuales ahora deben limitarse a lo que presupuestariamente es posible, con lo cual no habrá avance posible en el futuro.

En fin, la decisión de estos magistrados, es una pieza sacada del neoliberalismo, adosadas con un fuerte tinte inhumano, sin análisis jurídico y alejado de los principios que hasta ahora habían orientado la Constitución y el Estado costarricense.

Imagen tomada de http://dfiscal.blogspot.com

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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El Banco Central le da crédito al gobierno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

 

La economía viene lenta y a rastras. Los problemas del empleo siguen terribles. El crédito al sector privado está casi paralizado y la inflación en niveles muy bajos. Ese es el contexto en el que se da el préstamo de 498 mil millones de colones que el Banco Central concede al gobierno.

Sí, es creación de dinero. Pero creación de dinero es también lo que los bancos comerciales hacen con cada nuevo préstamo que dan sin que ello encienda las alarmas de nadie. Es que en Costa Rica se sigue manejando la tesis obsoleta de que el dinero lo crea el Banco Central, y que los bancos comerciales prestan lo que de previo recibieron como depósito. Pamplinas. Superchería.

Por esta vez, similar a como usualmente lo hacen los bancos comerciales, el Central “crea” dinero para realizar un crédito: dirigido al gobierno, como en otros momentos podría ser destinado a algún banco comercial que tenga problemas de liquidez. En el contexto económico actual, que describí al inicio de este comentario, ello no debería causar ningún problema.

Pero esto sin duda evidencia aquello sobre lo que vengo advirtiendo en forma reiterada: que la percepción de riesgo sobre las finanzas públicas va en ascenso y que por ello al gobierno le resulta cada vez más difícil, y cada vez más caro, obtener financiamiento para cubrir el déficit. Claro que la situación es extremadamente delicada. Lo he enfatizado incontables veces y, por lo tanto, urge tomar medidas en serio. Pero que esos 500 mil millones sean, en sí mismos, un problema…no, por favor, no lo son.

Lo que sí es un problema –grave problema– es la forma como lo ha anunciado el Presidente Alvarado. La situación demanda cautela, prudencia, parsimonia. Es lo que menos ha mostrado Alvarado.

Keynes advertía acerca de los “espíritus animales”, en relación a esas fuerzas irracionales que nacen de los sentimientos humanos y de nuestra ignorancia. Son poderosos y potencialmente destructivos. Lamento mucho que nadie se lo haya advertido al Presidente.

En todo esto, lo realmente dañino viene de las palabras de Alvarado y, sobre todo, de la forma como las dijo.

 

Enviado por el autor.

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Ministra de hacienda juega con fuego

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

ANEP-PATRIA JUSTA

Comunicado de Prensa

 

Condenamos amenaza de despidos masivos de empleados públicos ante eventual fracaso del combo fiscal.

Es la deuda pública y su pago de intereses la real causa del ya caótico y comatoso estado de las finanzas públicas.

La perpetuación del injusto sistema tributario estrangula al pueblo trabajador.

Llamamos a un gran diálogo político-social y multisectorial para salvar al país de una quiebra estatal y de un pernicioso «default»

Sindicatos hemos propuesto alternativas al ajuste fiscalista de corte neoliberal que promueve el gobierno tri-partidista PLUSC-PAC

De manera rotunda y con la más enérgica vehemencia rechazamos la perversa manifestación chantajista de la señora Ministra de Hacienda, doña Rocio Aguilar Montoya, acerca de que habría despidos masivos de empleados públicos si no pasa el combo fiscal-paquetazo de impuestos, muy detestado ya por la amplia mayoría del pueblo costarricense.

Tal manifestación es jugar con fuego, propiciador de un estallido social devastador que hará a todo mundo perdedor… hasta los que salen bien librados de ese combo fiscal que son los grandes consorcios corporativo-empresariales a los cuales se les amnistía tributariamente.

Urge la instalación de una gran mesa de diálogo político-social y multisectorial, pues el problema rebasa ya la esfera parlamentaria para buscar soluciones que garanticen la preservación de la Paz social.

De manera responsable, el Movimiento Sindical lanzó su propuesta «UNA REFORMA FISCAL JUSTA Y NECESARIA PARA COSTA RICA», tratada con desdén por el Gobierno Piza-Alvarado, lamentablemente.

Por otro lado, para el gravísimo problema fiscal resulta imposible una solución integral, participativa, equitativa y justa sin que no se le entre al tema de la deuda pública y su pago de intereses, carcomiendo las finanzas públicas por más paquetazo de impuestos que se le impongan a la sociedad.

Este aspecto es más que urgente pues el riesgo de un «default» o cesación de pago de la deuda nos hundiría como país como fue hundido Grecia.

Una vez más, es contundente la afirmación de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas del empleo público; las cuales tienen más que sobradas razones legítimas, éticas y morales para defender sus empleos, sus salarios y sus familias. Son vidas humanas lo que está en juego en todo esto.

Por demás, considerando que el déficit fiscal está concentrado en el Estado central, sería muy importante que la señora Ministra de Hacienda puntualice en lo siguiente:

¿Cuántos policías deberá despedirse?

¿Cuántos educadores deberán despedirse?

¿Cuántos empleados judiciales deberán despedirse?

¿Cuántas y cuáles entidades ministeriales va a cerrar?

 

San José, viernes 24 de agosto de 2018

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

Enviado por Albino Vargas Barrantes.

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¿Y la banca nacionalizada?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Alberto Salas Sarkís

El Sacrificio que hizo nuestro país para nacionalizar la banca fue enorme. Todos tuvimos que pagar el costo de esa nacionalización al tener que indemnizar a los pocos bancos privados que se fueron y que solo servían a los ricos. Los bancos del estado cumplieron un papel muy importante en el bienestar de los costarricenses. Los obreros y campesinos tuvieron acceso a préstamos para poder desarrollar sus actividades y buscaron una superación en sus aspiraciones. Pero como siempre, llegó el Partido Liberación Nacional y hecho todo a perder. Rompió el monopolio bancario y nuevamente regresaron los bancos privados, pero esta vez protegidos por superintendencias y entidades gubernamentales que obligaron a nuestra Banca Nacionalizada a convertirse en vulgares bancos privados con planilla estatal.

Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) publicó una licitación para colocar en algún banco 243 mil millones de colones (450 millones de dólares) provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de desarrollo (BID) para que el Ministerio lo utilizara en la ejecución de obras viales y portuarias. La entidad bancaria escogida administrará esos dineros y realizará inspecciones, supervisiones, gestión de riesgo organizativo, administración de bienes, entre otros.

Inexplicablemente un banco privado (Scotiabanck) resultó electo para depositarle esa cantidad enorme de fondos públicos.

Surgen varias interrogantes con esta situación que deben ser aclaradas por las autoridades del Gobierno: ¿Por qué cuatro bancos del estado, que suponemos deben haber participado en la licitación, no resultaron electos? Hay que tomar en cuenta que dichos bancos tienen el respaldo del Estado y eso tiene que pesar a su favor en cualquier licitación.

¿Por qué teniendo la oportunidad de beneficiar económicamente las finanzas públicas si se hubieran colocados los dineros de ese préstamo en cualquier banco estatal, el MOPT decide colocarlos en un banco privado?

¿Por qué ese Ministerio se atreve a correr riesgos con fondos públicos, pudiendo haber garantizado su manejo y destino al tenerlos en la misma estructura estatal?

¿A quién quieren beneficiar o se trata de un “rescate bancario” solapado por parte del BID? Porque nadie en su sano juicio permitiría arriesgar dineros en manos privadas teniendo la oportunidad de garantizar su destino con el respaldo de un Estado.

Los bancos del Estado tienen que explicar por qué no ganaron esa licitación. Deben decir qué fue lo que le dio oportunidad al MOPT para darle esos dineros a la banca privada. El MOPT debe aclarar las interrogantes lanzadas y aclarar por qué no tomó en cuenta el respaldo del Estado.

También el Gobierno es responsable de toda esta situación al solicitar estos dineros y no darles seguimiento de la forma en que se administran y donde se colocan. Es una situación de descuido parecido al de la trocha. Dios quiera que no, pero si en este momento ese banco se declara en quiebra o se va del país: ¿quién va a recuperar esos dineros? Y lo peor es que se trata de un préstamo que tendremos que pagar todos los costarricenses.

Cualquier corporación que tenga dentro de sus empresas un banco, jamás le daría a otro banco su dinero. Eso sería una estupidez administrativa. Lo lógico es colocar sus dineros en sus propias entidades financieras para beneficiarse con los intereses de su propio dinero. Hoy los costarricenses nuevamente estamos beneficiando a los ricos con los dineros del Pueblo. Grandioso cambio nos recetó este Gobierno inútil e irresponsable.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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