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Etiqueta: finanzas públicas

Cinco propuestas para la ciudadanía costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Foro de Confluencia Solidaria y Red MMT Costa Rica
01 de febrero de 2022
Tiempo de lectura: 13 minutos

Durante las últimas cuatro décadas, Costa Rica -al igual que la mayoría de países del Sur Global- ha perseguido un modelo de desarrollo basado en el crecimiento con base en las exportaciones, liberalización de la inversión extranjera directa y de los mercados financieros, apertura de empresas estatales y promoción del turismo. A pesar de algunas ventajas y periodos de crecimiento, este modelo ha resultado en una de las mayores crisis vividas por la sociedad costarricense desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los aspectos más determinantes de esta crisis se pueden señalar:

  • niveles de pobreza y desempleo persistentemente altos, así como una desigualdad social que ha crecido en las últimas décadas, con la correspondiente inseguridad laboral, financiera, física y alimentaria de un importante porcentaje de la población, especialmente de mujeres, trabajadores migrantes, grupos minoritarios, personas vulnerables y fuera de la edad productiva;
  • un deterioro de la capacidad pública para garantizar el acceso universal a la vivienda y el empleo dignos, la salud, la educación, el crédito, la seguridad y otros elementos esenciales para una vida gratificante;
  • una creciente desconfianza en las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en los mecanismos garantes de la democracia y en los partidos políticos, así como un aumento en la inseguridad ciudadana y los índices de violencia.

Estas y otras realidades requieren de una observación responsable, de intercambios respetuosos, solidarios y de un cambio profundo en la comprensión del marco institucional y de las herramientas legales, económicas y políticas que están al alcance de la colectividad para la búsqueda del bienestar de todas las personas. Costa Rica tiene la capacidad para ofrecer vivienda, salud y educación de calidad a todos sus habitantes, empleo para todas las personas con deseo de trabajar y seguridad social para quienes por diferentes razones no pueden hacerlo. Para ello, debemos colocar la ley y la economía al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de éstas. En este sentido, el eje de economía del Foro de Confluencia Solidaria y la Red MMT Costa Rica hacen un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a las candidaturas a puestos de elección popular a reflexionar críticamente y tomar en consideración las siguientes propuestas que consideramos esenciales para construir una sociedad más próspera, justa y resiliente.

1. Garantía pública de empleo

La garantía pública de empleo o política de trabajo garantizado (TG) es una alternativa al desempleo cada vez más discutida en el plano internacional. Actualmente, el desempleo se utiliza como un estabilizador de precios. Es decir, para controlar la inflación se toman medidas que aumentan o mantienen el desempleo para disminuir el consumo de la población y de este modo evitar un aumento en los precios de los servicios y bienes de consumo (a lo que nos referimos comúnmente como inflación). En cambio, la garantía pública de empleo busca cumplir el mismo objetivo de estabilización de precios con una opción de empleo transicional distinta del régimen de empleo público. El programa funciona como estabilizador automático, aumentando el número de personas empleadas en él cuando baja la actividad del sector privado y reduciéndose cuando ésta crece.

Su objetivo es emplear toda la capacidad productiva del país ofreciendo un trabajo temporal con salario digno a todas las personas que así lo requieran. El programa debe ser lo más pequeño posible y ocuparse de actividades no realizadas por el sector público ni privado. Se puede implementar por etapas, con diferentes mecanismos de pago y enfocarse en áreas de trabajo estratégicas de construcción de capacidad productiva, infraestructura, descarbonización, economía de los cuidados, educación y cultura, entre otros. Es un programa financiado por el gobierno central y administrado localmente según las necesidades específicas de cada comunidad. Finalmente, el programa de garantía pública de empleo podría ser complementado con una renta o ingreso básico para aquellas personas que no puedan participar en el programa.

2. Reconcebir las finanzas públicas

Los fundamentos económicos de la austeridad fiscal han sido ampliamente refutados desde hace al menos dos décadas. El análisis convencional de las finanzas públicas parte de la premisa de que un gobierno se debe comportar igual a un hogar o una empresa del sector privado. En otras palabras, se sostiene que el gobierno debe mantener el mismo tipo de equilibrio presupuestario que el resto de los agentes de la economía.

No obstante, si se considera la economía en su conjunto, los balances positivos de un sector (público, privado o externo) deben venir necesariamente de alguno de los otros sectores. Esto quiere decir que para que un gobierno tenga balances positivos (superávit), es necesario que el sector privado nacional o el sector externo (o ambos) tengan balances negativos (déficit). Por lo tanto, si se quiere apelar al “saneamiento” de las finanzas públicas debe tomarse en cuenta que un balance positivo del gobierno significa, entre otras cosas, una disminución de la capacidad financiera de la población como un todo y, en especial, de los sectores más vulnerables.

Por esta razón, la mayor parte de las economías a nivel mundial han operado históricamente y operan en la actualidad con déficits públicos sostenidos (con excepción de períodos breves de algunas potencias exportadoras) sin que esto implique una amenaza para su estabilidad en el futuro. Al contrario, las medidas de austeridad fiscal implementadas alrededor del mundo han tenido consecuencias negativas. El ejemplo más claro ha sido Europa durante la crisis del euro, donde las medidas de austeridad han ralentizado su recuperación económica y su efecto ha sido especialmente devastador en países como Grecia, Italia o España.

Debido a su naturaleza procíclica, las reglas fiscales han tenido un efecto negativo en las economías en que han sido utilizadas. En momentos de depresión económica, han causado una disminución aún mayor en el consumo cuando lo que la economía requiere es lo opuesto, tal y como se ha observado en el contexto de la pandemia.

No existe ninguna base teórica ni respaldo empírico suficiente para establecer una restricción arbitraria de la capacidad financiera de un gobierno. Por el contrario, si queremos una sociedad que asegure el bienestar de su población (incluyendo sus generaciones futuras), es necesario que se invierta en crear las condiciones necesarias en términos de vivienda, salud, educación, empleo, infraestructura y otros.

3. Aumentar la capacidad productiva local en áreas estratégicas

La pandemia ha dejado claro que es vital que los países posean un alto grado de capacidad para producir dentro de su territorio el alimento y la energía que consumen, así como ciertas tecnologías cruciales para el bienestar de la población, en particular medicamentos y vacunas. Para esto se requiere de un plan nacional que contemple inversión en educación, investigación científica y tecnológica endógenas en áreas de importancia estratégica, promoción de sistemas de agricultura sostenibles y ecológicos de alimentos esenciales con una baja huella de carbono y de capacidad de producción farmacéutica a nivel público.

Para disminuir la vulnerabilidad que representa la dependencia energética del país, es imprescindible reducir drásticamente la importación de combustibles fósiles a través de medidas como desincentivar el transporte privado individual, implementar un programa de transporte colectivo urbano eficiente, promover el uso de la bicicleta, la producción local de biocombustibles de forma sostenible y el transporte eléctrico. Solo con un mayor grado de capacidad alimentaria, energética y tecnológica local se logrará fortalecer el estado de bienestar y dotar al país de la resiliencia necesaria para soportar crisis y shocks externos. Algunas de las áreas en las cuales Costa Rica tiene una amplia capacidad de competir son la industria y el turismo médicos, la educación, el desarrollo de energías renovables, la informática y otros.

Además, el gobierno debe mejorar su capacidad de gestión. Parte de la solución debe involucrar una estrategia, preferiblemente aprovechando y expandiendo el ecosistema actual de código abierto, para desarrollar los sistemas informáticos que permitan digitalizar procesos y facilitar la coordinación entre las diferentes entidades públicas. Esto, a su vez, requerirá de una expansión de la infraestructura digital del país, que puede ser también aprovechada por el sector privado. Las pequeñas y medianas empresas se verían especialmente beneficiadas, ya que la infraestructura que tenemos actualmente está orientada a las necesidades de empresas de mayor tamaño.

Todas estas medidas aumentarían la capacidad productiva del país para tener una economía más resistente a eventos fuera del control interno como, por ejemplo, incrementos de precios en los mercados internacionales. La capacidad para ejecutar esta estrategia ya existe en el país, pero hasta el momento no ha existido la voluntad política para dirigir los recursos necesarios.

4. Reducir progresivamente el endeudamiento en monedas extranjeras

Actualmente, el endeudamiento en moneda extranjera se justifica apelando a dos motivos principales. El primero es reducir el gasto público por concepto de pagos de interés sobre la deuda. El segundo es por la necesidad de importación de distintos bienes y servicios. El problema del endeudamiento en moneda extranjera, tanto público como privado, es que tiene un efecto distorsionante de las prioridades colectivas, pues ante la necesidad de invertir en políticas que mejoren la capacidad productiva y la calidad de vida de las personas, se impone un incentivo de protección del tipo de cambio. Proteger el tipo de cambio tiene la utilidad de estabilizar el precio de los bienes y servicios esenciales que son importados, pero también es una herramienta que protege el precio de las importaciones de lujo. Para proteger el tipo de cambio, generalmente se imponen políticas de austeridad que afectan negativamente a las poblaciones más vulnerables y que son susceptibles a la especulación financiera de diferentes entidades nacionales e internacionales.

Además, la deuda pública en moneda extranjera tiende a estar condicionada a la implementación de políticas -generalmente de austeridad- dictadas por entidades internacionales que no están sujetas a procesos democráticos. Todo esto crea un círculo vicioso donde la economía no tiene la capacidad necesaria para aumentar su productividad y se vuelve más dependiente de las importaciones. Dicha dinámica se agrava en períodos de crisis, en los cuales se genera un mayor endeudamiento para continuar importando. Este efecto negativo fue experimentado con fuerza durante la crisis de la deuda externa latinoamericana a principios de la década de 1980, desencadenada por la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar abruptamente las tasas de interés en dólares en el marco de una crisis inflacionaria global. En general, el país no tiene control real sobre las tasas de interés en dólares, por lo cual su aumento desestabiliza directamente la economía local. En contraste, las economías desarrolladas no tienen deuda pública en moneda extranjera a pesar de que también requieren de importaciones.

Por otra parte, el endeudamiento externo no es la única vía para reducir el costo de la deuda y tampoco para importar bienes y servicios. Para cumplir con sus objetivos de estabilidad macroeconómica, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) implementa política monetaria que busca aumentar o disminuir las tasas de interés a corto plazo en la economía. Para esto, vende bonos de estabilización monetaria que afectan las reservas del sistema bancario y provocan un aumento en las tasas de interés (una mayor cantidad de reservas presiona a la baja las tasas de interés, mientras que una menor cantidad de reservas las presiona al alza). El gasto público aumenta las reservas del sistema bancario, mientras que el cobro de impuestos y la venta de bonos por parte de Hacienda (un aumento en la deuda pública) contrarresta dicho aumento. El efecto de estos bonos en la economía es el mismo, independientemente de que los emita el Ministerio de Hacienda o el BCCR. Entonces, el BCCR podría coordinar la venta de bonos con Hacienda, lo cual en general bajaría las tasas de interés de los bonos de Hacienda al mismo nivel que la tasa de los bonos de estabilidad monetaria que emite. Si esto no es suficiente, el BCCR podría comprar bonos de Hacienda directamente en el mercado primario (tal como se hace, por ejemplo, en Canadá) y luego venderlos o emitir sus propios bonos de estabilidad monetaria para cumplir con sus objetivos. Finalmente, también se debe considerar el uso de herramientas de política monetaria alternativas a cambios en las tasas de interés como controles directos de crédito u otros.

En cuanto a la necesidad de importaciones, una alternativa al endeudamiento es la compra de las divisas extranjeras necesarias. Evidentemente, esto implica un riesgo de presión al alza en el tipo de cambio (devaluación) que, a su vez, representa un riesgo de estabilidad financiera según el nivel de endeudamiento público y privado en moneda extranjera. Debido a esto y a que el tipo de cambio responde a factores que están fuera de nuestro control, tal como lo hemos visto durante la pandemia, es necesario reducir progresivamente el endeudamiento en moneda extranjera. Paralelamente, el aumento en los costos de las importaciones puede ser manejado con políticas dirigidas específicamente a determinados bienes o servicios.

5. Implementación de medidas para aumentar la progresividad

El fenómeno de la desigualdad es una problemática global que se ha intensificado durante las últimas décadas. Todavía en la década de los ochenta, Costa Rica estaba posicionada como uno de los países más igualitarios de la región. A partir de los noventa, esta condición se fue deteriorando al punto en que hoy el país se encuentra entre los más desiguales del mundo. Esto se relaciona directamente con altos grados de inseguridad, violencia y desconfianza en las instituciones.

La concentración de poder económico ocasiona una concentración de poder político que debilita la democracia y la economía. Esto opera en diferentes niveles, pero puede llegar al extremo de manifestarse en casos de corrupción y colusión como los que recientemente se han denunciado entre poderosas empresas privadas y sectores del aparato estatal. Además, este exceso de poder adquisitivo en pocas manos se traduce en un consumo insostenible y en un deterioro de los recursos naturales del país. Ante esta situación, se hace necesaria la implementación de impuestos progresivos según los cuales los ciudadanos con mayor riqueza paguen más impuestos, mientras que aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva paguen menos. Esto difiere de impuestos regresivos como el IVA, con el cual las poblaciones con menores recursos pagan un monto relativo a sus ingresos mayor que el de otros sectores de la población. Un ejemplo de un impuesto progresivo sería un impuesto escalonado sobre la riqueza.

Otra ventaja de los impuestos progresivos es que tienen un carácter contracíclico: su recaudación disminuye en períodos de menor actividad económica y aumenta en períodos de mayor actividad. Por último, también es importante implementar políticas predistributivas cuyo objetivo sea empoderar y promover el bienestar de nuestras comunidades, así como implementar políticas que regulen el poder y la influencia de los diferentes actores de la sociedad.

Los jueguitos de un Presidente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.

¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.

No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.

Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.

Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.

No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.

No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.

Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.

En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.

Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.

Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.

¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.

(25 de octubre, 2021)

El Programa de abastecimiento institucional y el buen uso de los fondos públicos

Escrito en . Publicado en Derechos.

M.Sc. Vanessa Villalobos Ramos *

Bajo la frase que se ha venido escuchando “nos concierne el buen uso de los fondos públicos que se utilizan en el pago de fríjoles a los entes del Estado que lo requieren”, me di a la tarea específica de corroborar cuál ha sido el precio que ha venido pagando en los últimos años el CNP por la compra de los fríjoles, dado que si bien la pregunta abarca todas las categorías de productos como abarrotes, productos de higiene y limpieza, granos básicos y productos frescos, parece que, con el único detalle de compra de fríjoles que ha realizado el PAI, se concluye para todos los productos, y quisiera corroborar si dicha conclusión usa los número reales para sus cálculos.

Usando los datos promedio de cuánto ha pagado el PAI por los fríjoles en bolsa de 900 gramos que compra a sus proveedores desde el año 2013 a setiembre del 2021 (en valores reales), se muestra casi como una constante que levemente varía entre los 1 000 y 1 100 colones; mostrando además que para el año 2020 hay una disminución del 4,9 % respecto del 2019 y otra disminución del 1,2% a setiembre del 2021 respecto del año 2020. Pero veamos otro detalle que sorprende, a nivel de los precios internacionales del fríjol, considerando los países de donde regularmente han venido los fríjoles importados a Costa Rica (Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), resulta que dichos precios en promedio aumentaron del año 2019 al 2020 en un 12,7% y del 2020 a lo que llevamos del 2021 en un 0,5%; esto nos evidencia que a pesar de que en el mercado internacional los precios se han mostrado al alza el PAI ha logrado disminuir el monto facturado comprando a las organizaciones de productores directamente.

Ahora veamos los argumentos desde otra perspectiva, según la ley orgánica del CNP en su artículo 9 establece que los entes públicos están obligados a proveerse del CNP y para ello, debe dar prioridad, como facilitador en el acceso a este mercado, a las mipymes de productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica. Esto en concordancia de la mayoría de costarricenses que sienten una gran apreciación por el trabajo de nuestros agricultores y ni qué decir de la calidad de consumir productos frescos, recién cosechados, con la menor huella de carbono posible al evitar traslados de miles de kilómetros y generación de empleo local al darle todos los procesos dentro de nuestro país y en la medida de lo posible, en las mismas zonas productivas para evitar la migración a los suburbios de la GAM.

Ya quedo demostrado con el análisis de los precios, tanto a lo interno del PAI como a nivel internacional, que no hay argumento válido de que el PAI este gastando de más en las compras de los últimos dos años, pero sí ha habido cambios bien marcados en relación a la cantidad de proveedores, a la cantidad de marcas de fríjol y mucho mejor aún en el cumplimiento del mandato del artículo 9, en cuanto a quiénes son estos nuevos proveedores, volviendo a los datos, actualmente el PAI compra más de 32 marcas, pero lo más relevante es que ahora las marcas son propias de las organizaciones de productores, la participación de proveedores ha aumentado de forma importante, pasando de 5 0 6 proveedores en el 2013 a más de 10 a setiembre 2021, esto también es un claro ejemplo del aumento de la participación de las organizaciones, pasando de proveer menos de 5 mil quintales en el 2015 a alcanzar cerca 24 mil quintales para el 2020 (80 % de la demanda total del PAI) provistas por las mismas organizaciones, ello ha implicado una articulación entre productores, organizaciones base y proveedoras, de manera que al día de hoy logran cumplir con lo que establece la ley del CNP y las normas del reglamento técnico centroamericano para fríjol, adicionalmente de todas las formalidades de parte de las organizaciones desde la inscripción de áreas a sembrar, inscripción en el Ministerio de Hacienda, certificaciones PIMPA de cada uno de los productores proveedores, manejo de flujos de caja, administración financiera y demás, aspectos que parecen sencillos para empresas formalmente constituidas pero que en el caso de grupos de productores ha requerido apoyo tanto de las instituciones como del acompañamiento de estudiantes universitarios, por lo que esta viene siendo una escuela, que es el inicio de una proyección empresarial para más allá de la comercialización de fríjoles y lograr una mayor inserción comercial de las organizaciones de productores, esta es la manera en que pueden generar mayor valor a su producción, accesar a mejores condiciones de precios y aumento de la economía local en el sector rural.

Si ha habido cambios, insisto, a la luz de las evidencias, es en manos de quién están quedando las ganancias y como efecto, en la perspectiva de mayor seguridad en las familias productoras que ven con leve optimismo que para los próximos años tendrán un mercado más estable, eso que ven amenazado las industrias tradicionales del fríjol, no más de 3 o 4 grandes empresas, que hace años atrás no pagaban más de 27 000 colones por quintal al productor y cuyos márgenes de ganancia eran amplios tanto con los fríjoles nacionales como con los importados, sin duda estos dos años habrán tenido algunas mermas en sus ganancias, teniendo que comprar a mayor precio en los mercados internacionales, observando que nuestros productores se han venido organizando y aprendiendo a cosechar, seleccionar, limpiar, empacar y distribuir su producto, eso que tanto añoramos desde el más simple consumidor hasta los funcionarios del MAG, CNP, INDER y universidades, tanto en beneficio del consumidor final como de las finanzas públicas.

*Autora: M.Sc. Vanessa Villalobos Ramos
Docente Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios
Coordinadora del TC-488 UCR que ha trabajado con organizaciones de productores de fríjol y apoyando al sistema de verificación de siembras y pronósticos de cosecha junto al CNP desde el año 2015.

Volver al futuro: Corrupción en Costa Rica ¿Neoliberalismo absuelto?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

¿Qué pasa con todo lo que se habla sobre arruinar eventos futuros? ¿El continuo espacio-tiempo?
Marty McFly – Volver al Futuro

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Los acontecimientos de los últimos días nos muestran una vez más el nivel de colusión de las redes de corrupción en el aparato Estatal, empresas y funcionarios públicos supuestamente han actuado nuevamente para generar una red de beneficios mutuos en perjuicio de las finanzas públicas, y evidentemente en contra de la ley. Hasta aquí podríamos decir que resumimos lo acontecido, sin embargo, pareciera que no siempre se cierra de forma tan simple, ya que el peso de las acciones y las responsabilidades del hecho recaen en un ambiguo sector público, y de la parte privada, se prioriza personalizar las acciones. ¿Qué encubre este tratamiento?

A simple vista, el Estado sale como el elemento perjudicial en la ecuación, la irresponsabilidad y codicia de sus funcionarios ha mostrado una vez más el interés por beneficiarse de las finanzas públicas, en cambio el sector empresarial aparece una vez más ausente de los juzgamientos mediáticos, y en el mejor de los casos la “responsabilidad” se personaliza en cada hecho.

Esto no es inocente, durante muchas décadas se ha construido un andamiaje político, económico y cultural que defiende un tipo de modelo de “iniciativa privada” como la forma de “desarrollo” beneficioso e igualador, así como “creador” de riqueza. En cambio, el “sector público” se presenta como entorpecedor de este “adecuado” desarrollo, ya sea por su burocratismo, ineficiencia o sencillamente la “pereza” de atender.

Esta trama descrita, es parte de una interiorización de tendencias que hoy dominan la práctica política neoliberal, encabezada por los procesos de privatización de las esferas públicas, esto fue acompañado y “escudado” por la corporativización de los intereses y la privatización de la política.

¿Qué queremos decir? Durante las últimas décadas fue mayor el interés de los diversos sujetos políticos por “trasladar” las funciones públicas a entes privados, lo que abrió un “mercado de lo público”, que no sólo se concentró en el concurso de licitación, sino que generó un tipo de “participación” concentrada en la capacidad de ingreso, es decir quienes tenían capital, podían ser escuchados y competir, pero además se creaban condiciones (leyes, reglamentos, políticas) para proteger su “negocio”.

Es así como los últimos 40 años vemos una explosión del surgimiento de empresas que, bajo este esquema de oferentes públicos, han consolidado una posición de influencia en los mercados locales, llegando a convertirse en actores regionales, y en muchos casos llegadas a llamarse “Multilatinas” sin embargo, sus historias son muy comunes, el negocio de lo público está presente, una vez más el “ineficiente” y “perezoso” sector público financia y protege su crecimiento.

La constante que nos demuestran estos casos llámese “Cementazo”, “Cochinilla”, “Lava Jato” o “Caso Oldebrecht” por citar procesos conocidos, es la preeminencia del “saqueo” de lo público por las manos privadas, por un lado, los “grandes empresarios” generadores de riqueza se sostienen a través de licitaciones públicas, y estas son “renegociadas” para beneficio del contratado, y en pocas ocasiones o casi ninguna son aplicadas las cláusulas de rescisión por sus incumplimientos.

La corrupción que salta a la vista es la punta de un sistema económico-político más profundo, que ha legitimado a toda costa y bajo todo argumento la financiación al sector privado a través de lo público, no en beneficio de la colectividad, sino en aras de proteger y garantizar la acumulación de riqueza de unos pocos, por cierto, riqueza que no es producto de la generación privada, si no de la captura del Estado.

Sí, son redes criminales, pero ¿quién juzga al sistema que premia la privatización de la esfera pública y la desprotege? Procesos que procuran la preeminencia y legitimidad de ciertos intereses particulares sobre los colectivos, que en definitiva premia la financiación pública a un tipo de sector privado explotador.

No es una lucha de sector privado contra sector público, es un cuestionamiento a la forma y modo que hemos interiorizado una política que en aras de menospreciar, desproteger y criminalizar lo “público”, y que dejó a saco abierto el dinero público, para que ciertas “manos privadas” aprovecharan a gusto el “botín”.

Por esta razón es necesario que sigamos con mirada crítica los actores políticos dominantes en nuestra época, la financiación de las campañas electorales suelen ser el lugar de encuentro entre estos actores, por esto es necesario estar pendientes a este posicionamiento neoliberal en favor de lo “privado” a través de la privatización y desregulación, es una forma más de legalizar estos despojos, obviamente no a través de “favores sexuales”, pero si el mismo resultado, omitir acciones en defensa del interés colectivo.

Hablar de Neoliberalismo hoy, es como volver al futuro, esa sociedad privatizada con la ley y el amo del “mercado”, donde el capital garantiza las decisiones y acciones, sin embargo, cuando salen a la luz estos entramados de corrupción, nos damos cuenta que ese futuro tiene un pasado, una estructura que en su accionar garantizó la supervivencia de esos “capitales dominantes” en detrimento de una sociedad desprotegida.

 

Imagen: https://www.nodal.am/

Costa Rica y el FMI: Los Eslabones Perdidos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís.
Economista
Director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Acuerdo con el FMI… Hay problemas en lo que incluye y, en especial, en cómo lo incluye. Pero el mayor problema está en lo que no incluye, en lo que dejó fuera e ignoró.

¿Por qué desde 2009 la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente? Bueno, porque ha habido un déficit fiscal considerable, resultante de una reducción relativa de los ingresos del gobierno, pero, sobre todo, de un incremento considerable de sus gastos corrientes, incluyendo remuneraciones y transferencias. Esa es la respuesta rápida, la usual entre nuestros economistas, pero también es la respuesta fácil y superficial.

Es preciso entonces agregar: la deuda ha crecido también, y principalmente, porque la economía crecía relativamente poco y las tasas de interés sobre la deuda han sido excesivamente altas y, en particular, claramente superiores al propio ritmo de crecimiento de la economía. En esa relación entre tasas de interés sobre la deuda y tasas de crecimiento de la economía está, desde el punto de vista matemático, la clave de la insostenibilidad de la deuda, porque implica un crecimiento automático de ésta por encima del crecimiento de la economía.

Pero en el momento en que entramos a considerar la tasa o ritmo de crecimiento de la economía, volvemos al principio de nuestra historia, ya que si los ingresos del gobierno han tenido un comportamiento insatisfactorio, que agudiza los desequilibrios fiscales, en buena medida es por causa del mediocre dinamismo de la economía. No es difícil entender la razón: una economía dinámica, que crea muchos empleos y pone en marcha un intensificado flujo comercial, con ello mismo genera acrecentados ingresos por concepto de impuestos que desembocan en las arcas públicas.

Pero además acontece que si los gastos los vemos más grandes, es precisamente porque los comparamos con una economía que es más pequeña de lo que debería ser, lo cual, a su vez, es reflejo de su insatisfactorio dinamismo durante más de un decenio. Es decir, también en este caso lo decisivo son las cifras relativas más que las absolutas, o sea, el gasto del gobierno comparado con el tamaño de la economía.

Desde luego, otros factores también inciden. El fraude fiscal, la inequidad del sistema tributario y la baja tasa de tributación son algunos de ellos. De momento omitiré detalles al respecto, pero sí enfatizo: en los tres casos hay sólida evidencia empírica que respalda la hipótesis de que, en efecto, son problemas importantes.

Pero, en fin, y volviendo a lo que más arriba indiqué, la variable atinente al dinamismo de la economía es de decisiva importancia, aun cuando no sea la única que debamos considerar. Y es especialmente importante, si de poner bajo control la deuda se trata.

El caso de Grecia ilustra ese punto con claridad. Se sometió a la población griega a un sacrificio brutal e inhumano, cuyo objetivo era generar un superávit fiscal primario (o sea, un excedente de los gastos sobre los ingresos, sin incluir los pagos por intereses). Lo lograron (a un costo inenarrable), pero ello no impidió que la deuda, expresada como porcentaje del valor de la producción nacional de Grecia (su Producto Interno Bruto, PIB), siguiera subiendo. Hoy es más alta de lo que era al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, a causa de que las políticas de recorte y austeridad aplicadas provocaron un pavoroso desplome de la economía. Al año 2019, el PIB de Grecia era un 23% más pequeño de lo que era en 2007. Con la pandemia ese hueco se amplió a casi 30% en 2020. Ello significa que al hacer la división “deuda/PIB”, el denominador de esa razón (el PIB) se contrajo violetamente, elevando en consecuencia la proporción respectiva. La deuda, que representaba un 126,7% del PIB en 2009, alcanzó un 180,9% en 2019. La crisis asociada a la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación, llevando la cifra a 205,2% (los datos provienen del World Economic Outlook Database, del Fondo Monetario Internacional, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October).

Una primera conclusión que se deriva de lo anteriormente planteado tiene que ver con el hecho de que el problema fiscal es mucho más que un asunto de sumas y restas. No se agota, ni mucho menos, en la mera contabilidad de gastos e ingresos del gobierno. Es una cuestión multifacética y compleja, respecto de la cual destaco aquí solamente lo siguiente: entre los equilibrios (o desequilibrios) fiscales y la economía en general, hay una relación de doble vía. Para bien o para mal, ambos se influyen mutuamente.

Ello tiene importancia, a la hora de evaluar los efectos esperables que podrían derivar del acuerdo que el gobierno ha negociado con el FMI, en cuanto éste está formulado en términos tales, que claramente sugieren efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la economía de Costa Rica en los próximos años, lo que, en bucle de retroalimentación negativa, impactaría sobre las finanzas públicas.

Recordemos que durante todo el período posterior a 2008, el desempeño general de la economía costarricense tendió a ubicarse por debajo de sus estándares históricos previos. Esa pauta se hizo más clara luego de 2013, y todavía más pronunciada luego de 2018. Con la pandemia del Covid-19, la producción nacional sufrió una significativa contracción (estimada por el Banco Central en un -4,5%), la más severa desde la crisis de 1980-82.

Como ya expliqué más arriba, ese crecimiento económico relativamente mediocre, ha impactado negativamente, y de diversas formas, sobre los desbalances fiscales. Pero aquí se hace necesario agregar algo más: el empleo. Puesto que éste determina el ingreso de las personas y los hogares, asimismo influye sobre su capacidad de consumo y, en último término, sobre su capacidad para generarle ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. El problema -muy serio problema- es que desde 2009 en adelante, este año incluido, la situación del empleo en Costa Rica, es terriblemente insatisfactoria, y se hundió en forma cataclísmica en 2020, bajo el impacto de la pandemia.

Nada en lo negociado con el FMI, ni en las leyes y reformas que le acompañan, toma esto en cuenta. Es decir, no hay políticas en materia de reactivación de la economía y creación de empleos. Son como al modo de eslabones perdidos, y su ausencia puede tener graves consecuencias. A lo sumo se reitera la tesis de la “austeridad expansiva”, frecuente en las disertaciones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la cual se plantea más o menos así: “el programa de recorte fiscal hará bajar las tasas de interés y devolverá la confianza a los empresarios, incentivando la expansión de la producción y el aumento de las contrataciones de personal”.

Esta es una tesis comprobadamente falaz, ampliamente desacreditada. Lo que sí está bien comprobado, es que, todo lo contrario, la austeridad fiscal tiene efectos depresivos sobre la economía. Y el efecto puede ser aún más problemático en una economía que ha sufrido una severa recesión, y que, además, arrastra graves problemas de empleo.

Según lo negociado con el FMI, el ajuste fiscal propuesto, es decir, la reducción esperada del déficit fiscal es por una magnitud de 4,75% como proporción del PIB, en el quinquenio 2021-2025, la mayor parte del cual (cerca de 3,5%) se concretaría en los tres primeros años. Esa es la magnitud total del recorte a la demanda en la economía, que necesariamente implicará menos ventas paras las empresas y menos flujos de comercio. Difícilmente eso incentivaría la confianza empresarial, ni les induciría ampliar su producción y su empleo.

Es un ajuste menos severo que el que, por ejemplo, se le impuso a Grecia, lo que, en principio, haría esperables efectos negativos no tan groseros. Pero esos efectos inevitablemente se sentirán. Con un agravante: se aplican sobre el telón de fondo de una economía que el año pasado tuvo una contracción significativa, y que arrastra horripilantes niveles de desempleo.

Se abre así una perspectiva preocupante: estancamiento económico y alto desempleo por un largo período, lo cual debilitaría las bases económicas indispensables, sin las cuales la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve muy incierta.

Artículo relacionado: Costa Rica y el FMI: un camino trillado, un fracaso seguro

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio digital:
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1

 

El proyecto de empleo público

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Óscar Madrigal

El proyecto de Empleo Público obedece a una concepción ideológica absolutamente neoliberal que se orienta no solo directamente contra los empleados públicos, sino contra el Estado de Bienestar. Es en consecuencia un proyecto ideológico impulsado especialmente por el Partido Liberación Nacional, el PUSC, el PAC, los ramashekos en sus dos variantes y algunos independientes. Según el presidente Alvarado, hay que vacunar a los diputados para que continúen su trabajo, sea de desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar.

Lo primero que se debe aclarar es que su fin no es fiscalista, no busca resolver el problema de las finanzas nacionales porque, como lo ha dicho hasta Rocío Aguilar, los empleados públicos no son el problema del déficit. Además, el ahorro que dicen las autoridades de Hacienda que producirá el proyecto, no se debe principalmente a establecer un salario único o global, sino al congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos por 12 años. El salario único en la administración va a producir de arranque un aumento de los gastos en salarios, por la sencilla razón que un trabajador que empieza a trabajar va a devengar un salario muy superior a otro que empezaría con salario base más pluses. Será hasta dentro de 15 años que un salario base con pluses se igualaría al salario único. Pero en ese entonces, el gasto de las finanzas ya habrá tenido que haberse equilibrado. El ahorro que se producirá proviene de la congelación salarial impuesta por más de una década a los trabajadores, pero no por el cambio del sistema de pago. Congelar salarios, lógicamente, si producirá el ahorro planteado.

El proyecto crea trabajadores con salarios más altos que otros con funciones iguales. Más de 25.000 trabajadores con salario compuesto, recibirán un salario bastante menor que los trabajadores con salario único, haciendo las mismas funciones. Algunos tendrían un salario de ¢200.000 menos por mes. Este asunto no solo refleja la injusticia del proyecto sino lo que cualquiera entiende, que con el salario único en los primeros 10 o 15 años el gasto salarial del Estado será mayor.

Por otra parte, el proyecto propone eliminar las convenciones colectivas en la práctica, porque solo las limitarán a asuntos menores, dejando de lado la reivindicación principal de todo trabajador, la negociación salarial.

El proyecto propone eliminar el consejo salarial del sector público con participación sindical que se encarga de negociar los aumentos salariales por costo de vida, para dejarlo en manos de grupos indefinidos.

Además, se propone que se pueda hacer una reorganización de una institución, sea la posibilidad de disminución de personal o el cierre de departamentos o secciones con menos requisitos y sin los estímulos que actualmente se exigen para llevarla a cabo. Por esta vía se cierran partes importantes de instituciones.

También se propone introducir un sistema de dirección del personal de toda la administración pública, dirigida por el Servicio Civil, cuyo jerarca será nombrado por la Asamblea Legislativa. De esta manera regresamos al estado anterior a la actual Constitución que garantiza que los puestos públicos no son un botín político.

El proyecto de empleo público está enmarcado dentro de las políticas de reforma fiscal, pero va más allá. Es una regresión en derecho democráticos y facilita el desmantelamiento de instituciones del Estado. Por ello este proyecto no solo afecta a los empleados públicos sino a todos sectores sociales.

Y el ataque continúa.

Sin abrevar en El Lete

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Jorge Badilla (54) de Paso Ancho, Vinicio Otárola (49) de Alajuelita, Pamela Salas (29) de Hatillo, Sonia Barahona (65) de Moravia, Roberto Rivera (51), Jorge Pacheco (52), Dany Calvo (73) de Tibás, Xinia Robles (57) de Patarrà, Raúl Fernández ( 41) de Curridabat, Gerardo Jiménez (73) de Orosí, Victor Rugama (67), Roberto Sáenz (68) de San José, Amado Villalobos (81) de Alajuelita, Felicia Hidalgo (82) de Alajuelta, Noemí Granados (64) de Tibás, Eduardo Arias (53) de Paso Ancho y Lucía Castillo (21) de Tillarán; todos ellos hermanos costarricenses que vieron minar sus fuerzas hasta fallecer, víctimas del COVID-19; al igual que más de 1 400 hermanos cuyas vidas ha arrebatado este pequeño enemigo. Diecisiete hermanos y hermanas que ya no estarán con nosotros. Nunca han de ser olvidados; hoy el vacío que dejan a familiares y amigos, debe ser llenado de hermosos recuerdos, por todas las cosas buenas que representan para sus familias y comunidades.

El olvido, semánticamente hace referencia a una acción involuntaria. Y como pueblo, como nación, no debemos de olvidar, como algunos por allí intencionadamente lo desean.

Haré referencia a dos de los actos de presumible corrupción más grandes de la era moderna costarricense. Para posteriormente detenernos en uno de ellos, tras denuncia interpuesta en los tribunales, hace tres años. La historia costarricense en estos últimos años, no ha sido marcada por las grandes obras y logros que hayamos alcanzado, como en otros momentos, de los que hemos sido capaces como hermanos, como país; sino por bochornosos y vergonzosos actos de corrupción y apropiación indebida de lo público. Y digo de lo público porque es a lo que está llamado a ser de todos nosotros y al disfrute de dicho bien, sea una moderna carretera o una nueva represa hidroeléctrica, que genere más energía limpia y aporten al desarrollo, progreso y bienestar del país.

De acuerdo con lo anterior, dos de los proyectos más escandalosos donde la depredación y colusión de empresarios y funcionarios públicos son vivo ejemplo del saqueo de las finanzas públicas, lo constituyen sin duda alguna, el proyecto Balsa Inferior de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y la fenestrada construcción de la ruta 35 Sifón-La Abundancia, trayecto de la carretera Naranjo-San Ramón-San Carlos. Ambos proyectos ubicados geográficamente muy cerca de nosotros.

Durante muchos años cúpulas empresariales y políticas estuvieron protegidas de alguna manera, por la inacción-ausencia de la fiscalía general de la república en manos de Jorge Chavarría.

El Proyecto Balsa Interior, en el periodo comprendido entre 2008 y 2015 pasó de 94 a 361 millones de dólares. No se investigó, no se acusó a nadie ni mucho menos se señalaron culpables. Dichos costos fueron internalizados y la CNFL se ve imposibilitada a bajar tarifas.

De allí el reto que enfrenta la actual Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio. Depende de ella hacerlo sencillo o complejo. Empezó su trabajo con gran energía y no ha temido investigar a diputados, exdiputados, exmagistrados y hasta al mismo presidente. Pero nos da un gran temor que con el paso del tiempo haya perdido fuelle.

En gran medida la confianza que puede sentir el costarricense en nuestro régimen democrático, reside en la credibilidad que tenga el poder judicial. Siendo el último poder constitucional en configurarse hasta pocos años después de la vida independiente, hoy por hoy el comportamiento de magistrados y de quien ocupe la fiscalía general debe ser prístino, transparente y consecuente con la ley. Sus jerarcas deben darnos señas que los tenebrosos tiempos y opacidad con se manejó Jorge Chavarría quedaron atrás.

El 17 de noviembre de 2017, a raíz de las barbaridades detectadas en la construcción de la carretera Sifón-La Abundancia, donde tras la salida de la empresa RSA de China Taiwán, a partir de 2008 autoridades del MOPT CONAVI, decidieron otorgarle dicho contrato a la empresa Sánchez Carvajal sin mediar concurso público alguno ni licitación –todo frente a la CGR que no dijo ni tus ni mus– . La construcción de dicha obra que aún no concluye, se ha convertido en la obra pública más onerosa de este país. En el periodo comprendido entre 2007 al 2014, el monto inicial fue de $61 millones y ha llegado hasta 287 millones de dólares hace exactamente tres años. El desarrollo de dicha obra de 29,7 kilómetros ha sufrido un camino en extremo tortuoso y generando diversas adendas al contrato, todas avaladas con gran complacencia por parte de la CGR, donde inmisericordemente han refrendado cuanto aumento haya pedido la empresa, en el costo de la obra, sin preguntar mucho sobre las causas de dichos desajustes Conforme había nueva adenda, de esa misma manera iba aumentado el monto de la obra. El contubernio entre la empresa y CONAVI se iba consolidando y dicha situación en ningún momento fue objeto de investigación o indagación alguna, por parte de ningunas de las dos contraloras durante todo este periodo, fuera Rocío Aguilar Montoya o Marta Acosta Zúñiga. Pareciera que la ex contralora y la actual contralora, han estado más ocupadas intentando cogobernar, que cuidando -como debieran- las finanzas públicas y la ejecución de obras de calidad. Son varios los informes de LANAMME, que una y otra vez señalaron malos trabajos, despilfarro, inoperancia, obras de mala calidad y sobreprecios en materias primas y severos daños ambientales. Esto conduce a miles de costarricenses a estar en presencia de la mayor estafa que se haya cometido en este país. Interpuse senda denuncia penal por peculado ante el ministerio público, contra funcionarios de CONAVI y de la Empresa Sánchez Carvajal, de manera que la fiscalía investigara las actuaciones de: Abraham Sánchez Castro, Pablo Torres Morales, Albert Sánchez González, Carlos Solís Murillo, Cristina Vargas Calvo, Carlos Segnini Villoabos, Mauricio Salom Echeverría, German Valverde, Mario Marín Rivera, Mónica Navarro del Valle, Jorge Solano Jiménez y Cristhian Campos Monge, unos por pecar de acción y otros por omisión.

Pasamos de las palabras a los hechos y por ello la fiscalía abrió la causa 14-000808-0332-PE, a la cual se le adicionaron las otras dos anteriores tras denuncias de este servidor en la fiscalía de San Ramón y la fiscalía Agraria (causas 14-000037-611 PE y 14-808-332 PE); todas relacionadas con lo que ha estado ocurriendo en esta ruta Sifón la Abundancia y el contubernio entre CONAVI y la empresa Sánchez Carvajal. Esta última denuncia ya había sido desestimada por el ex fiscal Chavarría, pero la fiscala Navas y su equipo la reincorporaron al expediente que ahora es visto en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ubicada en Ciudad Quesada y en manos de la Fiscal Auxiliar, Mariana Bolaños Hidalgo.

Dicho proceso judicial prácticamente está listo desde enero de este año y en julio solamente se estaba a la espera del auto de elevación a juicio por parte del señor fiscala general. O sea, que a pesar de que el expediente está listo y bastante completo por alguna extraña razón, en todo este 2020 no se ha avanzado más. Desconozco las razones por las cuales doña Emilia Navas Aparicio aún no procede a elevar dicha acusación y solicitar juicio contra los imputados. Cuesta creer que exista la impunidad, en este caso donde millones de dólares de las finanzas públicas han sido comprometidos y aun no hay responsables. El Poder Judicial debe hacer su trabajo; sería muy sano para nuestro Régimen democrático, si la Procuraduría General de la República también intervenga en esta gigantesca estafa al pueblo costarricense.

Confió en nuestras autoridades judiciales que no tendrán que pasar otros tres años más para que en los tribunales se haga justicia y se envié una señal directa de que la esperanza de heredar un mejor país a nuestros hijos es válida. Y a los corruptos el mensaje de que aprovecharse de esa manera de los costarricense, sólo podrá tener un resultado, que es la cárcel.

En temas referidos a las dolorosas secuelas y sufrimiento ocasionados por una penosa enfermedad; y ante el robo y asalto de las finanzas públicas, no cabe de ninguna manera, el olvido.

9-XI-20

El Lete: Río del Hades. Tomar de sus aguas provocaba olvido (mitología griega).

 

Imagen: colección de Wilhelm Wandschneider.

APSE: Agenda para enfrentar la crisis 2020

Escrito en . Publicado en Derechos.

El contexto de la crisis

Costa Rica enfrenta una situación socioeconómica compleja, derivada de los problemas estructurales no resueltos durante años y acrecentada por la pandemia del COVID-19. La realidad de las finanzas públicas y de la contracción económica del país requiere de acciones puntuales, oportunas y posibles. No bastan las consignas ni las buenas intenciones, se necesitan propuestas concretas. El presente documento pretende contribuir en la construcción de una agenda solidaria, ética y progresiva para enfrentar la crisis actual.

Así, para la definición de las siguientes propuestas se tomó en consideración la “Revisión del Programa Macroeconómico 2020-2021 publicado por el Banco Central de Costa Rica” en Julio del 2020 y el documento “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones” publicado por la CEPAL en Julio del 2020. De estos insumos se obtienen los datos del contexto, dejando en claro que los proponentes del siguiente documento son plenamente conscientes de los retos sociales y económicos que nos esperan como país:

  • En 2020, el PIB mundial se reducirá un 5,2%. La caída será del 7,0% en las economías desarrolladas y del 1,6% en las economías emergentes. (CEPAL: 2020).
  • En América Latina y el Caribe, se proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población. (CEPAL: 2020)
  • A pesar de que las medidas de restricción sanitaria han sido gradualmente levantadas en muchos países, la intensificación reciente en la tasa de contagio por COVID-19 hace prever una intensificación de esas medidas en este segundo semestre del año, por lo que la proyección de la actividad económica para el 2020 fue revisada significativamente a la baja por los organismos internacionales, y el proceso de recuperación en el 2021 sería más lento de lo estimado inicialmente. (BCCR: 2020).
  • Al igual que en el caso de la economía internacional, la intensificación reciente de la tasa de contagio por COVID-19 en Costa Rica hace prever una mayor afectación económica en el segundo semestre del 2020, con una caída de 5,0% en el 2020 (en lugar del -3,6% previsto en abril). La proyección de crecimiento para el 2021 se mantiene en 2,3%. La actividad económica nacional continuará condicionada por el entorno internacional y la evolución de la pandemia en el país. (BCCR: 2020).
  • Ante los menores ingresos y mayores gastos que enfrenta el Gobierno Central del país por la emergencia sanitaria y económica, el Ministerio de Hacienda proyecta para el 2020 un déficit primario de 4,0% del PIB y un déficit financiero de 9,3%, valores que en abril pasado se situaron en 3,4% y 8,7%% del PIB; y la razón de deuda a PIB aumentaría a 70,2% este año y 76,6% el siguiente. (BCCR: 2020)

De lo anterior, queda claro que enfrentamos una coyuntura difícil que requiere de la mejor de las voluntades para ser superada.

Compartimos el documento para descargar.

Agenda-para-enfrentar-la-crisis-20-puntos-APSEDescarga

Posición de BUSSCO sobre diálogo nacional. Una negociación para empezar a cambiar el rumbo económico del país

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) concibe una «mesa de negociación» para debatir sobre medidas y acciones tendientes a cambiar el rumbo económico, después de 40 años de neoliberalismo.

Desde BUSSCO ratificamos nuestra disposición al diálogo y a la negociación, no creemos en un esfuerzo de diálogo para diseñar una nueva propuesta negociadora con el FMI, sino para encontrar propuestas equilibradas que posibiliten salidas en beneficio de las mayorías. BUSSCO es firme en señalar que el FMI no es la vía para la solución de nuestros problemas.

Una negociación real para enfrentar la crisis y superar el modelo neoliberal.

Se debe abrir un proceso de negociación que aborde temas urgentes como el Fraude Fiscal: evasión de IVA e ISR, elusión fiscal del comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, exoneraciones y privilegios fiscales al gran capital corporativo. También, un sistema tributario progresivo, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleos, salarios dignos, servicios públicos de calidad, universales y sostenibles, así como garantizar la libertad sindical.

Nuestra agenda para enfrentar la crisis incluye la eliminación del IVA a servicios básicos, el impulso a un salario mínimo para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza, el fortalecimiento de la CCSS y la salud pública, ampliación del gasto público como mecanismo para reactivar la economía, nos oponemos a la privatización del INA y la FANAL al desfinanciamiento de las instituciones y a orientar los recursos exclusivamente al pago de deuda pública. Promovemos la creación de un impuesto permanente a las grandes riquezas para financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.

Las organizaciones pertenecientes a BUSSCO, rechazamos vehementemente la negociación con el FMI que promueve la venta de activos estatales, aumento de impuestos al consumo, reducción de en inversión social y pérdida de soberanía en el manejo de nuestras finanzas públicas y a los proyectos que precarizan y eliminan derechos laborales.

Deben existir condiciones mínimas para crear un proceso de negociación realista y viable, participativo y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sociales y políticos y con una agenda amplia sobre los temas urgentes y no limitada a un único punto.

No concebimos un diálogo real, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan proyectos como Empleo Público, eliminación de la jornada de 8 horas, eliminación de anualidades, sobre salario escolar y cualquier proyecto que violente condiciones y derechos laborales para generar una real confianza en la mesa.

Reiteramos nuestra voluntad y disposición al diálogo, a fin de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense, pero para ello, se requiere de la voluntad política, sin imposiciones de diseño, composición y metodología como lo ha planteado el gobierno y el Estado de la Nación.

15 de octubre, 2020.
BUSSCO
PODER SINDICAL Y SOCIAL CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL

Señales políticas para no perdernos 3

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández

En política no podemos asumir que las diferencias son absolutas y que no es posible construir acuerdos. Hay proyectos e intereses diferentes y hasta antagónicos, claro. Pero es aquello en lo que coincidimos lo que nos hace posible vivir junt@s.

BATIRNOS POR SAN JOSÉ O PACTAR EN OCHOMOGO

Aunque no estamos en una situación igual a la guerra civil del 48 y creo que no queremos llegar ahí, nuestra historia política ha dejado claras señales de que en medio de la conflictividad es posible llegar a acuerdos si hay voluntad y visión de un horizonte común.

La más conflictiva y hasta sangrienta década de nuestra historia contemporánea, fue la de los años 40’s del siglo pasado, en la que llegamos incluso a darnos de balazos.

Y al mismo tiempo, fue esa la década más fecunda en reformas sociales, políticas y económicas, que reforzaron políticas públicas de más larga data y al mismo tiempo sentaron las bases institucionales del Estado Social de Derechos.

Y no estoy romantizando nuestra historia, para tapar la sangre derramada, los dolores, las heridas, los rencores incubados, ni los posteriores desacuerdos y conflictos que derivaron, a su vez, de los grandes pactos y acuerdos construidos en esa década. No fue que todo el mundo quedó contento y feliz… ¡qué va!

Pero lo cierto es que a partir de ellos y también, no solo por ellos, Costa Rica transitó hacia una ruta de mayor estabilidad política, democracia, crecimiento económico, movilidad social, distribución de riquezas, modernización del Estado, inclusión social, entre otras dimensiones.

Hoy vivimos momentos diferentes y tenemos otros desafíos, pero como en aquellos años, necesitamos construir acuerdos, no perfectos pero suficientes, para garantizar la paz social, la justicia social, el crecimiento y la distribución de riquezas, la democracia y la sostenibilidad, que se nos han debilitado en las últimas décadas y por ello estamos donde estamos.

Evitemos llegar a mayores niveles de violencia, porque la tarea de la reconstrucción sería aún más grande y difícil.

Evitemos llegar al default, porque entonces los más poderosos barrerían con los restos del Estado Social de Derechos.

Distribuyamos más, antes de que la desigualdad, la pobreza y la acumulación, refuercen un remolino de retrocesos del que nadie se salve, ni siquiera los más ricos y poderosos, que también tienen mucho que perder, aunque no lo crean.

Son muchas las áreas en las que debemos reconstruir pactos sociales y multisectoriales, pero hay una particularmente urgente con la que debemos iniciar: un pacto fiscal orientado hacia la justicia tributaria. Equilibrar las cargas entre todos los sectores de la economía, encontrar la relación más adecuada posible entre ingresos y gastos en las finanzas públicas, para reforzar y actualizar nuestro Estado Social de Derechos.

Todos los sectores que podamos dar algo, debemos ceder algo, tanto por el lado de los ingresos y como de los gastos, incluyendo aquellos que tengan beneficios fiscales.

Hay otros que no pueden dar, los más débiles y vulnerables, que necesitan más bien recibir. Por ello el principio debe ser: de arriba hacia abajo la contribución, de abajo hacia arriba la distribución.

Hasta ahora solo hay demandas de unos sectores hacia otros y de todos hacia el Estado.

Si queremos avanzar hacia un gran acuerdo nacional, cada sector debe empezar por poner sobre la mesa en qué puede contribuir a incrementar las debilitadas finanzas públicas. Estoy seguro que hasta las empresas de zonas francas y grandes cooperativas pueden hacerlo.

Al mismo tiempo, cada sector puede plantear una propuesta hacia otros o hacia el Estado, para hacer más eficiente y eficaz el gasto público.

Esto constituiría un primer paso para conformar una agenda de reformas en áreas de coincidencia, donde, para ganar algo, sea necesario también ceder en algo. De lo contrario, la intransigencia nos sumirá en un caos y violencia de consecuencias irreparables, que sufrirán incluso las siguientes generaciones.

Como a don Manuel y a don Pepe, ahora con más participantes, hoy nos toca responder a la pregunta: ¿nos batimos por San José o pactamos en Ochomogo?