SURCOS conversó con la licenciada Marjorie Hernández Delgado, -presidenta de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) y coordinadora del Movimiento Magisterial por una Pensión Digna-, en torno al esfuerzo que realizan con el impulso de la Auditoría Ciudadana Integral. Compartimos la entrevista.
¿Cuál es el objetivo con el cual se crea la Auditoría Ciudadana Integral?
El objetivo primordial de la Auditoria Ciudadana Integral es transparentar el manejo de los fondos públicos y los fondos de pensiones. Esto por cuanto comprendimos que un alto porcentaje del presupuesto nacional se destina al pago de los intereses de la Deuda Pública, siendo estos los más altos a nivel mundial hasta hace unos meses. De tal manera que los dineros recaudados por el fisco por medio de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos no están siendo empleados para beneficio de toda la población como debería ser, puesto que se le da prioridad al pago de intereses y algo del principal de los bonos. Así mismo, en cuanto al manejo de los fondos de pensiones también nos genera grandes inquietudes, como cotizantes, las “inversiones” riesgosas que se han realizado y se continúan haciendo con los dineros de todos los trabajadores que cotizamos en los diferentes regímenes de pensiones incluyendo las complementarias que son administradas por las OPC, las cuales reflejaron grandes pérdidas en 2022 y aún en 2023, debido a la falta de mecanismos para asegurar estos dineros que son el ahorro de todos los trabajadores para optar por una pensión digna en el momento de su retiro. Por tanto, como todos los fondos de pensiones están siendo colocados en las mismas bolsas de valores extranjeras y se han generado grandes pérdidas en las complementarias es lógico pensar que también hay pérdidas enormes en las “inversiones” de los regímenes básicos. Sin embargo, al respecto no se sabe nada debido al hermetismo con el que manejan el asunto y por la misma naturaleza de estos regímenes.
¿Cuál es el papel de ACOJUPEMA en este proceso?
ACOJUPEMA acudió al llamado de la investigadora Esperanza Tasies quien es miembro del Equipo de Investigación de la Deuda Pública de la Universidad de Costa Rica y a la vez de ACOJUPEMA, para que apoyáramos y respaldáramos toda la investigación realizada por este equipo en el tema. De esta manera como organización civil, sin fines de lucro, asumió el compromiso y la responsabilidad de impulsar la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral al encontrar un factor común en el manejo de ambos fondos (públicos y pensiones). Por ello nos hemos dado a la tarea de la organización y movilización de sectores civiles, no político partidarios, sino aquellas organizaciones civiles y de trabajadores que se identifican con la causa y realizan esfuerzos en pro del bien común.
¿Cuál actividad marca el inicio de la Auditoría?
Es un proceso que se compone de varias etapas, iniciamos con la convocatoria a diversas organizaciones civiles y nos encontramos en la etapa de “Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”.
¿Cuáles avances se pueden mencionar?
Aparte de los mencionados anteriormente, respecto a la organización y movilización de sectores sociales y el inicio de la Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”, hemos tenido contacto con algunos diputados porque en una etapa más avanzada se ocupará del aporte legislativo. Se ha conseguido el presupuesto para que la señora María Lucía Fatorelli brinde conferencias y explique a la población en qué consiste el proceso de la Auditoría Ciudadana. Así mismo, estamos en la búsqueda del presupuesto para la realización de la auditoría en nuestro país. La señora Fatorelli, es especialista en este tipo de auditorías y ha tenido mucho éxito en países como Uruguay, Irlanda y Grecia, logrando ordenar las finanzas públicas y a la vez una mejor repartición de la riqueza. Eso es precisamente lo que pretendemos para Costa Rica.
¿Hay obstáculos que puedan dificultar el logro del objetivo?
En toda iniciativa ciudadana siempre se va a contar con la oposición de los grupos y personas interesadas en que no se logren los objetivos planteados por la ciudadanía. Hay múltiples obstáculos que hemos debido superar y los habrá durante y después de este proceso. Pero si hay algo que tenemos claro en ACOJUPEMA es que la Auditoría va porque va.
¿Cómo opera el concepto de participación ciudadana en la organización y accionar de la Auditoría Ciudadana Integral?
ACOJUPEMA se sustenta en los Derechos Humanos Fundamentales y la Constitución Política, procurando su cumplimiento en todo nuestro accionar. De ahí que el concepto de participación ciudadana establecido en el artículo 9 de la Carta Magna, está totalmente presente en la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral. Por tanto, asumimos el derecho y la responsabilidad constitucional que nos corresponde como ciudadanos, como el Soberano, el legítimo dueño del país, y desde esta posición buscamos que se respete el mandato constitucional, que se ponga orden donde se ha creado caos, que haya equidad y justicia social.
La participación ciudadana ejercida de manera activa y con responsabilidad genera a su vez, el cumplimiento del artículo 11 de la Carta Magna sobre la rendición de cuentas por parte de aquellos funcionarios públicos que no cumplieron con sus deberes, mientras ocupaban un cargo público. Así mismo, conlleva el ejercicio de derechos humanos y constitucionales como los establecidos en el artículo 50 constitucional donde se establece que: “El Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…”, el cual se está violentando; también los artículos 27 y 30 respecto al acceso a la información pública entre otros.
Es imperativo que se reestablezca el Pacto Social que se instituyó en 1949 con la nueva constituyente, porque se ha roto. Actualmente priva más el interés y hambre de poder económico de unos cuantos sobre el resto de la población. El resultado de esto es la violación constante de los derechos humanos fundamentales y constitucionales de las personas y como consecuencia, la desigualdad, el hambre y la miseria. El Estado ha dejado de ser protector para las grandes mayorías que sí pagan impuestos, para que, de una manera solidaria, se beneficien todas las personas habitantes del país y se ha convertido en la herramienta de unos cuantos que se enriquecen cada vez más a costa del resto de la población. Por eso, la participación ciudadana es fundamental en la búsqueda de justicia social y una democracia participativa que asegure políticas públicas y leyes acordes con el mandato constitucional.
Recientemente, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach admitió públicamente que las embarcaciones encargadas de llevar a cabo el cuestionado “estudio” de pesca de arrastre estaban utilizando métodos fraudulentos, comprometiendo totalmente la integridad de los resultados. Esta revelación implica la invalidez y la desconfianza a los supuestos estudios realizados bajo la supervisión de Heiner Méndez presidente de INCOPESCA. Además, que evidencia un mal uso de los fondos públicos de parte de esa y otras instituciones que realizan esta parodia de estudio.
Es aún más preocupante que, a pesar de la evidencia presentada y de la orden emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para suspender el estudio sobre pesca de camarón utilizando la técnica de ‘arrastre’, el presidente de INCOPESCA, Heiner Méndez, continúe defendiendo los estudios cuestionados. Esta postura socava totalmente la confianza en la transparencia y la integridad del proceso, y plantea de nuevo interrogantes sobre la idoneidad de Heiner Méndez para continuar desempeñando su cargo.
Las prácticas engañosas que han salido a la luz durante el estudio de la Pesca de Arrastre plantean interrogantes no solo sobre la credibilidad de los resultados, sino también sobre los posibles intereses que respaldan esta persistente insistencia en aprobar una pesca que, de manera evidente, no es ecológicamente sostenible para los fondos marinos. La defensa inflexible de estas prácticas contradice de manera directa los principios fundamentales de preservación ambiental, generando una seria preocupación sobre la integridad del proceso y la ética detrás de dicha postura.
Además, se abren interrogantes sobre la voracidad y la falta de integridad del sector de arrastre: ¿Si así se comportan con observadores de las instituciones, en medio de un supuesto estudio, ¿cómo se comportará sin esa fiscalización y en su operación normal? ¿Para qué gastar fondos públicos en un sector que tiene estas prácticas y que finalmente sí hay reglamentos y leyes fuertes va a hacer fraude en su operación?
Hay que recordar que Méndez fue responsable de impulsar la funesta lista de más de 200 especies de explotación comercial que generaron una amplia polémica y generó una amplia movilización de las organizaciones ambientales.
Las organizaciones afirmaron que “ha comprobado ser incapaz para ejecutar su puesto, a pesar de su trayectoria de más de 20 años como Abogado en la Institución”.
Les preocupa que a la fecha el INCOPESCA no haya podido tomar las decisiones valientes y necesarias para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías, tanto en el ámbito social, como en el económico y, sin duda alguna, el ambiental.
Continúan exponiendo que “Hemos visto atónitos cómo el señor Méndez Barrientos ha, irresponsablemente, desatendido las prioridades y los compromisos que tanto esfuerzo le han costado a una Institución históricamente desatendida y deficiente. Lastimosamente, su tiempo como Jerarca lo ha dedicado a mirar hacia atrás. Ha enfocado sus energías en “rescatar” proyectos que ya han comprobado ser nocivos para la salud, el ambiente y la economía; y, además, ha reintroducido actitudes y prácticas corruptas y perjudiciales para el sano funcionamiento de la Autoridad Pesquera. Sin duda alguna, el accionar del Licenciado Méndez es cuestionable por ser contrario a la ética y al marco legal que rige la Administración Pública”.
Para el sector ambiental “parece que su único interés demostrado ha sido beneficiar a un sector específico mediante, entre otros, la rehabilitación de las licencias de investigación y los estudios de pesca de camarón utilizando la técnica del arrastre. Lo anterior, a pesar de que las embarcaciones a las que se le fueron asignadas las licencias no se encuentran en condiciones para funcionar y que este no es una de las especies elegidas para la transformación de las pesquerías que plantea el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura”.
Desde hace una semana el Colegio Técnico Profesional de Pavas, CTP, se encuentra cerrado por problemas en la Junta de Educación de la institución.
Los estudiantes pusieron candados y cadenas para impedir el ingreso al colegio en protesta y exigen soluciones inmediatas.
Entre los problemas denunciados está el manejo irresponsable de los fondos y que no está cumpliendo con las necesidades básicas de la institución.
Representantes de la Junta llegaron esta semana a hablar con los estudiantes, sin embargo, no presentaron soluciones concretas, por tal razón todavía sigue el movimiento de protesta estudiantil.
Autoridades del Ministerio de Educación Pública, en lugar de intervenir para investigar las anomalías en el manejo de dineros de la Junta, trata de que no trascienda la noticia del movimiento de los estudiantes.
En todo esto, la Junta de Educación se ha confabulado con los intereses de ciertas personas en el sector de pavas.
UNDECA y BUSSCO respaldan a los estudiantes que exigen la intervención inmediata de la Junta. Y se proceda de inmediato a investigar por el medio más idóneo y con la mayor trasparencia las denuncias de presuntos malos manejos de fondos públicos.
El propósito de elaborar y compartir los criterios que se presentan a continuación, es proporcionar un aporte a la aprobación, ejecución y evaluación de proyectos, en los que se invierten fondos públicos. Estos criterios pueden ser de utilidad en todo tipo de proyectos institucionales. Se hace énfasis en la calidad de proyectos universitarios, pues son proyectos que se ejecutan en el seno de la Universidad de Costa Rica.
Los criterios se presentan ordenados, de acuerdo a tres categorías: el mandato o la misión institucional de la Universidad de Costa Rica, como institución de educación superior pública; el enfoque metodológico; y los logros alcanzados en función de transformaciones generadas para el buen vivir en la diversidad social.
Como su mandato institucional lo expresa en su Estatuto Orgánico, Título I, articulo 1, la Universidad de Costa Rica, es una institución pública, «…de educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y demócrática…dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difución del conocimiento», este es el marco que nos ordena el tipo de proyectos que podemos emprender y con qué componente podemos participar en proyectos a desarrollar.
Dicho de otro modo, los proyectos universitarios que emprendamos o ejecutemos, según nos lo indica abajo el criterio de competencia, tienen que tener como componente, aquello que desde la educación superior pública se proyecta, fundamentalmente la construcción conjunta de conocimientos, capacidades, habilidades y sensibilidades individuales y sociales. Al igual, si nosotros somos los ejecutores principales de un proyecto, o colaboradores, nuestra participación debe ser en estos aspectos, y además, siempre vigilantes de que el proyecto se ejecute de manera idónea, pues en ellos participamos en calidad institucional.
Por otra parte, siendo que pertenecemos a una institución de educación superior pública, tenemos que prestar seria atención al enfoque metodológico de trabajo, ya que una metodología adecuada y seria, garantiza la obtención de los resultados esperados, el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción del propósito.
De tal manera, en los proyectos que emprendamos debemos ser muy cuidadosos en la metodología empleada, la cual debe estar enmarcada en la ciencia, la rigurosidad, la calidad y la excelencia.
La Universidad de Costa Rica, es una Institución país, por lo que se debe a su sociedad y está también en la obligatoriedad de devolverle lo que en ella se invierte, tieniendo también la misión de contribuir con el desarrollo y el bienestar de toda la población.
Así es como, los proyectos universitarios, deben estar enfocados en alcanzar sus logros con calidad y exccelencia, según vemos más adelante, siguiendo el criterio de calidad de los productos y los resultados, basados en el trabajo ceintífico que se realiza en la Universidad.
Un proyecto implica una concepción de la realidad y de las relaciones sociales, así como un enfoque de trabajo, que le dan sentido a lo que se va a realizar. Es la concresión y puesta en marcha de un conjunto de pasos ordenados que constituyen el proceso de abordaje de una situación, que puede ser una necesidad por atender con miras a constituirse en un derecho, un problema por solucionar o una propuesta de acción conjunta para el mejoramiento de la calidad de vida de un grupo social.
En el proyecto participa un equipo de actores organizados y con tareas asignadas de forma consensuada, que llevan a la consecución de un fin establecido y cuentan con recursos para su ejecución.
El proyecto debe dejar claro el estado de la situación abordada, al inicio y al final, para visualizar los logros del mismo. Debe dejar claro el propósito, así como los objetivos y los indicadores para su evaluación y una metodología apropiada de abordaje. Por lo tanto, el proyecto debe ser evaluable, medible, sus logros demostrables y estar enfocado a la rendición de cuentas.
Mandato institucional
1- Competencia
En la formulación de la propuesta debe quedar expreso, que se tiene claridad sobre la calidad y el mandato institucional. En el caso de la Universidad de Costa Rica, se trata de una institución de educación superior, por lo tanto se debe tener claro que el proyecto realizará actividades en relación con este mandato. Entonces, son pertinentes preguntas como : ¿Es competencia de la Universidad hacer este tipo de proyectos? y ¿en qué puede colaborar o participar la universidad, como institución de educación superior pública?
2- Fortalezas para la Universidad
Cómo se fortalece la universidad, en sus tres áreas sustantivas con la realización de este proyecto. En la formulación de la propuesta, debe quedar claro, cuáles son las contribuciones académicos para la universidad, con la realización del proyecto. Deben quedar claras la actividades, así como los productos y resultados, para la Acción Social, la Docencia y la Investigación. También la imagen institucional universitaria se fortalece con la ejecución de proyectos útiles para la comunidad.
3- Participación estudiantil
Es necesario valorar y considerar la participación estudiantil en las distintas etapas de su ejecución. Es importante hacer una aclaración: el estudiante debe participar en actividades que están en realación con sus capacidades y conocimientos según su área de estudio. También es importante aclarar que los y las estudiantes no deben ser dedicados a la realización de tareas miceláneas. En la formulación debe quedar muy claro en qué actividades participaran los y las estudiantes.
Enfoque metodológico.
4- Coherencia
La coherencia debe estar presente desde la formulación del proyecto, como Hilo conductor entre las etapas y momentos del proyecto, para que pueda verse con claridad porqué se desarrollará el proyecto, qué objetivos se propone, que actividades se realizarán y con qué población se trabajará.
5- Formulación por objetivos
La formulación de un proyecto, debe ser con base en el alcance de sus objetivos y no en el desarrollo de actividades. Para medir los logros de un proyecto, sus alcances, productos y resultados, deben ser evidenciados y este aspecto no puede medirse con base en el desarrollo de actividades, pues las actividades pueden ser realizadas, pero esto por sí mismo no garantiza que se haya alcanzado los objetivos propuestos. Éstos, deben ser medidos con los indicadores cualitativos y cuantitativos respectivos, que deben quedar claros en la formulación.
6- Balance recursos/objetivos
Los recursos solicitados deben tener coherencia con los objetivos planteados. En la propuesta del proyecto debe quedar claro que los recursos solicitados esten de acuerdo con los objetivos planteados y las actividades por realizar. Si los recursos solicitados son insuficientes, hay riesgo de que los objetivos no se alcancen, así mismo, debe verificarse que los recursos no estén sobrados y se pueda llegar a una situación de mal manejo de fondos públicos.
7- Metodología propuesta
Para que haya coherencia metodológica en el proyecto, la metodología debe estar planteada en relación con el alcance de cada objetivo. En la formulación del proyecto, debe quedar bien clara la metodología que se empleará para realizar las actividades del proyecto, en función de los objetivos. Otro aspecto importante, es que la metodología que se empleará en el trabajo conjunto con la población respectiva, debe responder a los niveles y calidades de esta última. Por ejemplo, si la población con la que se trabajará es de baja escolaridad, la metodología a emplear debe ser adecuada a ésta, con el respectivo enfoque, técnicas y actividades.
8- Interdisciplinariedad
Los proyectos llevados a cabo por la Universidad de Costa Rica, requieren de un abordaje integral, para que el esfuerzo conjunto realizado por la universidad y la comunidad, represente el mejor camino en el trabajo y se aborde de forma apropiada la realidad por atender. Es necesario entonces que las propuestas comporten un enfoque interdisciplinario sobre el abordaje del trabajo, pues se requiere del aporte y corelación coherente de distintas disciplinas para cubrir todos los aspectos que presenta el proyecto propuesto.
Un ejemplo muy general: para realizar un proyecto productivo, se requieren especialistas que puedan dar respuesta a aspectos en las áreas productivas y económicas, así como de especialistas en otras ciencias, para atender por ejemplo aspectos organizativos, aspectos estructurales, aspectos de artes, aspectos de salud física y mental, por ejemplo.
9- Enfoque participativo
La población con la que se trabajá en el proyecto, debe tener una participación activa en todas las deciciones que se tomen en la ejecución del proyecto. El equipo académico responsable debe garantizar que así sea. El enfoque participativo propone que la participación es en la toma de decisiones y no sólo en la realización en actividades. De allí, que a la población que participa en el proyecto, no debe verse como población «beneficiaria», si no como población participante, porque participa en la solución de sus problemas o necesidades y no espera nada más que la universidad se los resuelva.
10- Procedencia del proyecto
En toda propuesta de proyecto, debe haber participado la población que será protagonista en la atención de su realidad, para garantizar que éste responde a una situación real, sentida y consensuada con la población, que es necesaria de satisfacer o solucionar.
Una herramienta que nos es de utillidad en esta tarea es el diagnóstico participativo. De dónde procede el proyecto, cómo surge el proyecto: debe ser producto del trabajo comunidad/universidad. Cuando no es así, se dice que el proyecto es una ocurrencia.
11- Pertinencia
El criterio de pertinencia, nos indica que lo planteado en el proyecto es lo que corresponde hacerse para atender una realidad, lo que está en relación directa con el abordaje y la solución.
El camino más seguro para garantizar la pertinencia, es que el proyecto sea el resultado de un diagnóstico participativo, en el que la comunidad participe de manera activa en la toma de decisiones para plantear el proyecto.
12- Posibilidad del logro de lo planteado
En la propuesta del proyecto, debe quedar claro que los objetivos planteados, es posible y factible alcanzarlos. Podemos, en ocaciones, estar ante propuestas muy ambiciosas o desmedidas, talvez planteadas con buena voluntad, pero la objetividad nos puede indicar que lo que se está planteado no es posible o muy difícil y lo que la lógica nos indica, es que el proyecto se plantee por etapas o haya que realizar una priorización de objetivos por alcanzar en diferentes momentos.
13- Capacidad
El equipo debe tener las capacidades y competencias para el logro de los objetivos planteados. Tanto en las calidades y capacidades profesionales, académicas y de otra índole necesaria, así como en los recursos y equipos. En la propuesta debe quedar claro que el equipo ejecutante del proyecto, cuenta con dichas condiciones para el desarrollo de las actividades necesarias, con miras al alcance de los objetivos.
14- Articulación
La propuesta del proyecto debe enunciar con claridad, la articulación necesaria entre el equipo ejecutante y los actores pertinentes para garantizar el logro de los resultados. En la propuesta de proyecto, debe qedar claro, cómo el proyecto tiene visualizado articularse con actores presentes en la zona, u otros que puedan coadyuvar en la realización de las actividades, para el alcance de los objetivos. Esta articulación es muy importante, porque desde ya se está planificando las sinergias interinstitucionales que garanticen la sostenibilidad del proyecto.
15- Eficacia
Capacidad de lograr los objetivos planteados. Con el criterio de la eficacia nos garantizamos que se cuenta con el equipo humano indicado , material y demás recursos necesarios para el logro de los objetivos. En la propuesta debe quedar clara esta condición.
16- Eficiencia
Capacidad de logro con el uso riguroso y responsable de los recursos. Con el critrio de la efciencia nos garantizamos que los recursos serán utilizados de manera asertiva y con rigurosidad para el desarrollo y ejecución del proyecto.
17- Accesibilidad
Con el criterio de la accesibilidad se asegrura que la totalidad de los participantes pueden a acceder a las capacidades generadas por el proyecto y que todos los participantes tendrán acceso a los resultados y logtos que genere el proyecto.
Es obligación del equipo academico responsable del proyecto, garanticizar que todas y todos los participantes del proyecto tengan el mismo acceso y participación en las actividades del proyecto.
18- Accesibiidad geográfica
El equipo académico responsable del proyecto, debe garantizar que el lugar físico en el que se llevarán acabo las actividades del proyecto sea de un acceso adecuado para los y las participantes del proyecto, para que las actividades no dejen de realizarse por ausencia de los participantes, causada por este factor.
19- Evaluabilidad
La propuesta de proyecto debe estar planteada de tal manera, que los logros, resultados y productos propuestos por el proyecto deben poder ser medidos y por lo tanto el proyecto pueda ser evaluado. Un proyecto debe poder ser evaluado durante su ejecución y al final del mismo y garantizar así, una buena ejecución del proyecto y unos resultados y productos coherentes con los objetivos del proyecto. Esta evaluabilidad se logra de acuerdo a los indicadores planteados en el proyecto.
Logros alcanzados
20- Transformaciones y cambios
En los objetivos planteados en la formulación, deben quedar claras, las transformaciones y los cambios que se generarán con el proyecto, para luego ser medido. Éstas se miden con la evidencia de los logros alcanzados y con los indicadores que permiten ver la mejoría en la situación abordada, reflejada en la mejora de la situación o estado de la población luego de la realización del proyecto; en los niveles de la calidad de vida, que son superiores a la situación antes de que se realizara el proyecto.
Otro indicador importante para medir los logros, son los niveles de articulación con los actores locales, que quedan involucrados en la sostenibilidad del proyecto.
21- Calidad de los productos y los resultados
Los productos y rsultados del proyecto deben dar respuesta a la solución de la situación abordada. Deben ser de tal calidad, que en efecto representen la mejora de las condiciones abordadas. Desde la propuesta misma debe visualizarse que esto es así, o corregir a tiempo la ejecución del proyecto.
22- Aplicabilidad
El proyecto debe garantizar que la población participante podrá aplicar los productos y resultados del proyecto en sus actividades posteriores. Las capacidades generadas y los productos y resultados obtenidos, deben poder ser aplicados con toda destreza por la población participante, en sus actividades laborales y productivas, o actividades sociales, familiares, o asuntos individuales.
23- Sostenibilidad
Todo proyecto debe conllevar, en su planteamiento, la sostenibilidad de los logros alcanzados; dicho en otras palabras, que continúen luego de que la universidad se retire. El proyecto debe generar las capacidades en la población participante, para que cuando la universidad se retire, lo alcanzado «no se caiga». Si lo generado no se sostiene, habra sido una pérdida de tiempo y recursos para la universidad y para la población participante.
24- Políticas institucionales
En la formulación, todo proyecto debe hacer evidente, tanto en sus objetivos como en sus propósitos, una en concordancia con las políticas institucionales de la Universidad de Costa Rica, debe dejar claro con cuál o cuales políticas institucionales se relaciona el proyecto.
25- Sinergias interinsitucionales
En la ejecución de todo proyecto los ejecutores deben tener claridad de las instituciones presentes en la zona y sus respectivos mandatos así como las obligaciones institucionales de éstas, para generar las correspondientes sinergias inter institucionales en apoyo del cumplimiento de los objetivos del proyecto. La universidad debe procurar que estas instituciones, sean partícipes de las diferentes áreas de trabajo del proyecto y se involucren, según sus mandatos institucionales. Lo anterior, debe quedar claro en la formulación del proyecto.
A manera de cierre
Por último, como se dijo antes, el propósito de lo expuesto líneas arriba es hacer una contribución a la ejecución asertiva de proyectos universitarios, contribuir con la construcción de claridades y aportar al fortalecimiento de la relación Universidad/sociedad, en función de una sociedad equitativa en la que la oportunidad social esté al alcance de todas las personas que la constituyen.
Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR
El Dr Henning Jensen especificó que «no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad» (foto archivo ODI; UCR).
El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.
La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.
La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.
Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.
La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.
Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.
La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.
Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.
Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.
Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.
A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.
En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.
No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.
Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.
En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.
Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.
Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.
Ante la publicación del Periódico La República, el pasado 10 de agosto del presente año, publicada en la sección digital “ultima hora” de la república.net, así como en el Periódico El Mundocr el 11 agosto y en Noticias Columbia, el sábado 12 de agosto, sobre lo expresado por el señor Otto Guevara, quien brinda declaraciones del mal uso de fondos públicos en la UNA, expresamos lo siguiente:
En atención a las declaraciones dadas por su persona (Otto Guevara) a varios medios (indicados antes), referente al Convenio específico entre la Universidad Nacional (UNA) y el Sindicato de Trabajadores de la UNA para que el 0,5% de la planilla total sean trasladadas a dicha clínica, le indico lo siguiente:
La Universidad Nacional no ha trasladado ningún dinero a la Clínica de Especialidades Médicas del Fondo de Beneficio Social, ni se han destinado fondos FEES para su financiamiento, como calumniosamente se publica a partir de sus declaraciones.
La Universidad Nacional se ha comprometido a la defensa de los derechos humanos a partir del concepto de la persona humana bajo un esquema integral. La vida universitaria debe sustentarse en la sensibilidad de derechos humanos que fortalezcan el humanismo, la solidaridad social, la equidad, la libertad y el respeto a la dignidad humana.
A consecuencia de lo anterior, la Universidad Nacional de manera responsable y bajo el principio de la autonomía universitaria promueve el desarrollo de estilos saludables y articula esfuerzos y recursos para la ejecución de programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención y promoción de la salud de la población estudiantil y laboral universitaria, con el propósito de que todos sus miembros realicen sus funciones vitales, asuman su auto cuido y su desarrollo personal social.
En relación con su argumento: “(…) El dinero sería trasladado al Fondo de Beneficio Social, destinado a la construcción y equipamiento de una clínica de especialidades médica (…)”, le indico que no hay fundamento en tal aseveración, ya que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, el que en el año 2015; siguiendo lo establecido en el artículo 152 de la IV Convención Colectiva, planteó ante la Junta Directiva del Fondo de Beneficio Social, la necesidad de invertir en la salud de los trabajadores de la UNA en procura de mejorar la atención en medicina especializada. Como se ve el SITUN y el Fondo de Beneficio Social, están habilitados para desarrollar proyectos de interés social, académico e institucional.
Por esa razón, el Sindicato de Trabajadores de la UNA le propone al Fondo de Beneficio Social, la creación de una Clínica de Especialidades Médicas. Ante dicha propuesta ambas organizaciones (Fondo-SITUN) unen esfuerzos y construyen en el año 2015 el Centro Médico, por ende la Universidad Nacional no ha destinado presupuesto para la construcción o equipamiento de la clínica.
Según su afirmación: “El Fondo estaría recibiendo una trasferencia de casi ¢500 millones anuales por los próximos cinco años”, le indico que dicha aseveración es falaz, carece de todo sustento en la realidad.
En cuanto a que “(…) dicho convenio no fue conocido por el Consejo Universitario de dicho Centro Educativo y debería ser rescindido de inmediato…”, le informo que tal argumento también carece de sustento, ya que con la implementación del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, aprobado por la Asamblea Universitaria y comunicado en Gaceta Extraordinaria N°8-2015 del 20 de abril del 2015, no es competencia del Consejo Universitario autorizar convenios entre la Universidad Nacional e instituciones nacionales o internacionales públicas o privadas, lo anterior obedece a que se cuenta con la oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, instancia especializada y asesora en materia.
No obstante, la firma de dicho convenio implica una erogación presupuestaria, razón por la cual, mediante oficio UNA-VADM-OFIC-1082-2017, de fecha 16 de junio del 2017, suscrito por el Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración, se remite al Consejo Universitario la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”.
A consecuencia de ello, mediante acuerdo UNA-SCU-ACUE-1361-2017, de fecha 30 de junio del 2017, se aprueba la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”, con excepción de los recursos previstos en dicha modificación para atender el convenio firmado entre la Universidad Nacional y el Fondo de Beneficio Social y el Sindicato de Trabajadores”. Actualmente el tema referente al Convenio entre la UNA y el Fondo de Beneficio Social se encuentra en la Comisión de Análisis de Temas Institucionales para el trámite correspondiente. Por lo tanto, esta Rectoría ha realizado todas sus acciones en apego al marco normativo, como lo establece la normativa interna de la universidad.
Por otra parte, el convenio en lugar de hacer un “mal uso de fondos públicos” como se cita en la nota periodística es una medida encaminada a fortalecer el acceso a la salud de calidad, así como brindar a los funcionarios y estudiantes de la Universidad Nacional, una atención médica accesible, oportuna, rápida y eficiente, siendo esto un derecho fundamental del cual el Estado debe ser garante.
No obstante, con las limitaciones que tiene el sistema de salud de nuestro país, la implementación de dicho convenio no solo beneficiaría a los funcionarios de la universidad sino también a los estudiantes de todos los campus universitarios de la UNA, como bien señala el Convenio de Cooperación entre la UNA-FBS-SITUN, a saber:
“10. La UNA, el FBS y e SITUN tienen especial interés en articular esfuerzos para ejecutar programas dirigidos a la prevención y promoción de la salud en áreas y temas específicos según las necesidades de la población laboral y funcionarios jubilados así como aquellos estudiantes que sean referidos por el Departamento de Salud, con el propósito de alcanzar un desarrollo integral de la calidad de vida”.
Esta alternativa favorece el descongestionamiento de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ende la iniciativa podría convertirse, si se aprueba la erogación presupuestaria, en una reforma señera que deje huella en las universidades públicas con el afán de crear universidades saludables.
Atentamente,
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Universidad Nacional
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Hoy el gobierno presentó una política sobre los humedales en nuestro país para lo cual hizo una importante inversión de fondos públicos. ¿Qué propone? ¿Su protección? En este país necesitamos palabras respaldadas con hechos y no más letras muertas. ¿Qué acciones ha hecho el actual gobierno como antecedentes a esta normativa?
Desde el pasado 10 de agosto 2016 se le permite al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) autorizar la intervención en humedales para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. Esto sucedió por medio del decreto Nº 39838, firmado por el Ministro del MINAE y el Presidente de la República, publicado en la Gaceta (ALCANCE DIGITAL N° 140).
Este decreto ya es objeto de una acción de inconstitucionalidad en Sala IV presentada por el ambientalista y especialista Álvaro Sagot y Allan Astorga que fue coadyuvada por FECON.
El decreto tiene como beneficiarios a proyectos con nombre y apellido para las compañías constructoras, canal seco, empresas chinas y grandes empresas constructoras, que gozan de un monopolio de la construcción y mantenimiento de carreteras, el cual ha sido ratificado y legitimado por el actual gobierno.
Con el cuestionado decreto, este gobierno insiste en invadir con tractores las Áreas Silvestres Protegidas, con claros vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios de progresividad y de no regresión, pues se estarían restringiendo las áreas de Protección y Patrimonio Natural del Estado. Lo que evidencia este decreto es una tendencia a desregular y flexibilizar la legislación ambiental. También evidencia una severa contradicción entre la política pública respecto a las Áreas Protegidas y la necesidad de construir infraestructura.
Las acciones contra los humedales de la actual administración no se restringen a este caso, la Ruta 257 es otro ejemplo en el que se justificó la destrucción y reducción del humedal Cariari (FECON, 11-7-2016). También el caso de la ampliación de la Ruta 32, es ilustra esta contradicción. Aprobada en la actual administración, atropella la poca independencia y exhaustividad en las funciones de la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), al proponer una evaluación de impacto ambiental a la carrera y a la medida, aún sin conocer el diseño final de la obra. Esto debilita, flexibiliza, y hasta viola claramente el espíritu y la lógica de las normas de evaluación ambiental.
Las incoherencias en política pública no acaban ahí, porque el gobierno fue quien propuso otro proyecto de ley, cuyo objetivo es reducir y permitir la construcción de nuevas carreteras en Parques Nacionales. Se trata del proyecto N º 19.899 , que pretende reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). Se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Fue presentado en febrero pasado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro del MOPT (FECON, 17-2-15).
Los hechos hablan más que las intenciones que podría tener una nueva política. Desde el inicio este Gobierno antepuso la infraestructura y por ello ha privilegiado las desregulaciones, la flexibilidad y la protección de los proyectos privados por sobre la protección del patrimonio natural del pueblo de Costa Rica. La política de humedales llega muy tarde y al final del mandato, como pidiendo perdón por los pecados y en pleno año electoral; y con la certeza de que la siguiente administración emitirá una política distinta al respecto, nuevamente con los fondos públicos por los que tanto reclaman.
Recursos se invirtieron en compra de equipos, vehículos y remodelaciones para actividades de apoyo científico a la gestión del riesgo.
Según el informe de la Contraloría Universitaria, los fondos recibidos por la UCR de la Ley de Emergencias se utilizaron en la adquisición de equipos, remodelaciones y compra de vehículos para actividades relacionadas con la prevención de riesgos y atención de emergencias (foto ilustrativa archivo ODI).
No ha habido corrupción, malversación de fondos públicos o utilización de estos para beneficio personal en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), según un informe especial de auditoría de la Contraloría Universitaria.
Esta instancia investigó 15 denuncias contra el M.Sc. Rolando Mora Chinchilla, director de dicha Escuela, a quien se le acusaba de haber dado un uso distinto a los dineros asignados por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Las presuntas irregularidades del académico consistían en la compra de equipo de laboratorio, vehículos, remodelaciones y uso de los activos para la venta de servicios, con los fondos destinados al equipamiento y fortalecimiento de la Red Sismológica Nacional (RSN).
En su informe, el ente contralor destaca que la RSN funciona mediante un convenio de cooperación técnica y científica entre la UCR y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), suscrito en 1982 y ratificado en el 2014. En esta interacción también participa la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), como entidad rectora en esta materia. Las tres instituciones comparten recursos humanos, técnicos y financieros, y por esta razón, no hay una separación tajante de los recursos destinados a ese fin.
Por otro lado, aclara que la RSN no es una entidad jurídica, sino un programa de apoyo científico en materia sismológica y vulcanológica de la Escuela de Geología y, por lo tanto, no puede tener bienes a su nombre. Por esa razón, los bienes que se adquieren pasan a formar parte de los activos de esa Escuela.
A la fecha, la UCR ha recibido para la RSN un total de ¢2 543,40 millones del fondo transitorio asignado por ley. La Contraloría constató que con estos recursos se adquirieron equipos para los laboratorios de Geofísica y de Petrografía, los cuales no solo sirven para fortalecer las actividades propias de la RSN, sino también para su uso en labores propias de los laboratorios especializados de la Escuela de Geología.
Asimismo, se realizaron remodelaciones en el edificio que alberga a la Escuela Centroamericana de Geología, sede oficial y centro de operaciones de la RSN, con el objetivo de optimizar la utilización del espacio, la funcionalidad, seguridad y el aislamiento acústico.
Según la Contraloría, las denuncias eran anónimas, de carácter repetitivo y fueron enviadas desde una cuenta de correo electrónico desconocida, excepto una de ellas presentada ante la rectoría de la UCR por el diputado Mario Redondo Poveda, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, quien recibió en su despacho una denuncia de forma anónima. Las pruebas tuvieron que ser recabadas por los auditores, debido a que la información aportada por las denuncias era insuficiente y, en algunos casos, incorrecta.
Desde marzo pasado, esta entidad solicitó por escrito al director de la Escuela de Geología que se abstuviera de brindar información sobre este caso en estudio, a fin de respetar el principio constitucional de inocencia de las personas relacionadas y en cumplimiento de la normativa vigente.
M.Sc. Rolando Mora Chinchilla
Teléfonos: 2511-8138 / 2511-8128
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
