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Etiqueta: fondos públicos

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social exige investigación sobre presunto desvío de fondos en la CCSS

La organización Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social ha solicitado a la Contraloría General de la República y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una respuesta sobre los posibles actos de corrupción denunciados por medio del oficio ACSS-004-2022, el pasado 29 de junio de 2022. En su solicitud, la organización insta a las autoridades a identificar a las personas responsables de dichas irregularidades y presentar denuncias formales por incurrir en actos de corrupción, violación al deber de probidad y al principio de legalidad.

Entre los señalamientos, se indica que la CCSS estaría facturando al Estado solo el 80 % del costo por concepto de atención médica a personas en condición de pobreza que no cuenten con seguro. A pesar de que según la Ley N° 5349 “Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” establece la responsabilidad del Estado en asumir la totalidad de los gastos incurridos por la institución por dicha labor.

Un segundo presunto acto de corrupción expuesto por la organización está relacionado con la aprobación de la Ley N° 7374 “Aprobación de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de mejoramiento de los Servicios de Salud y Construcción Hospital Alajuela”. Este caso tiene relación con el traslado a la CCSS la responsabilidad de la Atención Primaria de la Salud, sin embargo, el Estado debe encargarse de los costos incurridos. A pesar de esto a abril del 2025 no se le han desembolsado a la institución dichos recursos.

Ante dichas preocupaciones, la organización advierte sobre el uso de fondos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para cubrir los faltantes de recursos financieros por parte de la CCSS. Esta práctica vulnera las disposiciones constitucionales y legales que prohíben destinar estos recursos a objetivos distintos a los de su creación.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a partir de los estados financieros del seguro de salud del año 2024 estima que las autoridades institucionales desviaron 1.2 billones de colones del IVM para solventar los recursos faltantes no girados por el Estado. Ante esta situación también se cuestiona la transparencia de los estados financieros de la CCSS. Alegando que debido a los movimientos realizados no estarían siendo considerados como parte de la deuda entre la CCSS y el Estado.

La solicitud se da por medio del oficio ACSS-001-2025 del 30 de abril de 2025. El documento está firmado por representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, quienes reiteran la importancia de una acción pronta y efectiva por parte de las entidades encargadas de la fiscalización de los fondos públicos.

¿Cómo entender la Póliza que el Gobierno quiere recetarse?

Vladimir de la Cruz

Las pólizas son documentos en los que se establecen condiciones generales y específicas de contratos de seguro, de obligaciones y derechos de las personas aseguradas y de la compañía que les brinda el seguro, o el servicio de protegerlos de esa forma.

Son seguros de protección que adquieren las personas, los profesionales de distintas disciplinas o actividades laborales para cubrir aspectos relacionados con su práctica laboral o profesional, en casos de que en ellas se cometan faltas, malas praxis, y por resultado de ellas responsabilidades que se deben cubrir pecuniariamente con los afectados de esos trabajos o labores.

Los médicos, por ejemplo, especialmente los especialistas, adquieren esas pólizas para cubrir resultados negativos de sus trabajos, o demandas que puedan sufrir por la insatisfacción del trabajo médico quirúrgico hecho.

Así, la póliza protege al asegurado sobre los riesgos previstos en el contrato de seguro, en la póliza, en la posibilidad de que se produzcan resultados dañinos resultado de su trabajo, por el que deban afrontar una demanda de gastos por el daño o incidentes causados.

Es usual en Costa Rica tomar obligadamente pólizas sobre créditos bancarios o financieros, con las cuales los bancos obligan a los que reciben esos préstamos a tomar una póliza a favor del banco, y del crédito mismo, en caso de que no se pueda cubrir por alguna situación, durante el tiempo fijado o determinado de vigencia de esa póliza.

Las pólizas tienden a producir seguridad y tranquilidad para cubrir posibles riesgos. Así la persona asegurada puede presentar la reclamación para recibir la inmunización acordada en la póliza.

Hay pólizas de muchos tipos, de gastos médicos, de autos, de vida, de estudiantes, para flotillas de autos, las colectivas de vida.

Póliza y seguro son conceptos que se relacionan. El contrato de seguro es el acuerdo que se establece entre el asegurador y el cliente asegurado. La póliza refiere al documento donde se establecen los datos, coberturas y condiciones que se pactan.

Todas las pólizas tienen lo que se llama un saldo, que es un porcentaje de lo pactado que siempre se lo deja el asegurador, una vez descontado de lo que se cubrirá al asegurado. De manera que si se toma una póliza, por ejemplo, de 300 millones de colones y el saldo que se deja la empresa aseguradora es de un 10%, la empresa se deja 30 millones, sea la empresa o quien dentro de la empresa realiza el contrato de seguro o la póliza pactada como pago de comisión por el contrato hecho. Así, cuando desde el gobierno se impulsa un proyecto de tomar una póliza para cubrir actos de ciertos funcionarios, del más alto nivel, bien podrían estarse negociando aspectos relacionados con esos porcentajes, de a quien le quedan. Todas las pólizas tienen gastos por tipos de interés y de comisión.

En teoría, las pólizas ayudan a aclarar y reforzar los niveles que se esperan de los empleados en todas sus relaciones profesionales o laborales. Igualmente, se deduce de esto que los empleadores que gestionan, al personal asegurado por la póliza, pueden ejercer un control más directo y eficaz sobre lo que se acepta o no de su trabajo.

Los gobernantes, por el principio de representatividad política, son mandatarios del poder soberano del pueblo, son depositarios de un mandato, que resulta del voto de los ciudadanos, en cuyo nombre ejercen el gobierno de la República.

El pueblo en general y los votantes en particular son los mandantes de los mandatarios. El pueblo en general y los votantes en particular pueden exigir cuentas, ejercer control político directo. Pueden pedir incluso, en la teoría política, la destitución, la renuncia o pueden proceder a remover al mandatario que se aparte del poder de sus mandantes, exigiendo que gobiernen bien, a favor del pueblo.

Los mandatarios, llámense presidente, vicepresidentes, o funcionarios que resulten electos por votación popular, o aquellos que sean nombrados por estas autoridades, como los ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, NO pueden actuar en contra del pueblo o los mandantes. NO pueden abusar del pueblo. NO pueden excederse de su ejercicio de gobierno. NO pueden producir actos de corrupción, de deshonestidad, de extralimitarse sobre todo de manera dolosa, alevosa o criminosa. NO pueden justificar o tratar de cubrirse, por medio de una póliza, de actos que presumiblemente valoran en posibilidad de que les califiquen de corruptos que puedan realizar, o de actos dañinos que puedan ejecutar contra el interés público, el medio ambiente, los derechos y libertades, o incluso contra la misma alteración del Estado de Derecho.

Es justamente este Estado de Derecho el que obliga al mandatario, al presidente y sus colaboradores, a actuar en el marco de las leyes y de la Constitución Política, sabiendo que solo pueden realizar, hacer o ejecutar lo que las leyes y la Constitución Política les permite. NO pueden salirse de ese marco normativo alegando que no les dejan gobernar.

Los gobernantes, sea como se llamen, están limitados por las leyes. Los ciudadanos a diferencia de ellos están gobernados por las libertades y derechos que disfrutan constitucional y legalmente establecidas. Para los ciudadanos las libertades y derechos no están limitados porque no serían libertades y derechos. Se ejercen en el ámbito del disfrute colectivo de las mismas libertades y derechos respetuosos para los ciudadanos.

Los dictadores, los tiranos, los déspotas, los gobernantes autoritarios, los gobernantes militaristas justamente se distinguen por no someterse a las limitaciones de las leyes y de la Constitución en su actuar gubernativo. Se distinguen también cuando dolosa y alevosamente las violan, las incumplen, las desconocen y rechazan con sus actos, o cuando en procura de sus malas actuaciones, conscientes y previsibles, tratan de cubrirse de demandas civiles y penales que puedan causar sus políticas, y personales actuaciones, en ejercicio del cargo que desempeñan, incluso prolongando esa protección más allá de su mandato funcional.

En materia de seguros se dice que las pólizas sirven para brindar cobertura total o parcial al asegurado ante un siniestro, de un acto que obligadamente se tenga que indemnizar, por el conjunto de daños que puedan producirse de esas actuaciones.

Siniestro implica mala intención. Si el gobierno está tratando de cubrirse con una póliza hay que entender que tienen, en el gobierno, malas intenciones en el ejercicio de los cargos que desempeñan quienes así quieren cubrirse y protegerse, del mal ejercicio de su obligación laboral y directora institucional. El malintencionado es un malvado. Malvados son los miembros del gobierno que están impulsando la cobertura de la póliza para sus malvadas intenciones de actuación pública, sin importarles si violan o no las leyes y la Constitución, si con la póliza pueden protegerse de actos que están realizándose, o que se tiene planeado realizar o impulsar.

El siniestro es también una destrucción total o parcial de los bienes sobre los que recae el interés asegurado. Esto significa que estamos ante la destrucción total o parcial del país y del Estado costarricense por quienes están gobernando Costa Rica, y quieren protegerse a cuenta de una póliza de una entidad estatal de lo mal que pretenden administrar el país en los pocos meses que le quedan. En el reino animal, que puede ser el del jaguar, es depredar el ecosistema, degradarlo. En lo política equivaldría a depredar y degradar la democracia como sistema, como el inquilino de Zapote lo está haciendo cotidianamente.

Siniestro significa también maldad, daño y peligro. La póliza que se está tratando de justificar desde la guarida del Jaguar de Zapote nos está advirtiendo de la maldad, del daño y del peligro que significa para el país la continuidad del mandato que está depositado en ese jaguar, sus jaguaras y sus cachorros.

Sicológicamente, siguiendo a Freud, lo siniestro se evidencia en la persona que se encuentra desconcertada y perdida. Entendido así, hay que comprender que el presidente está perdido y desconcertado; es decir, y es evidente con lo que llevamos de gobierno, que no sabe para donde ir, que no tiene ruta, ni velas, ni brújula, ni sextante, ni astrolabio. Como diríamos en lenguaje popular costarricense: el presidente se encuentra más perdido que el niño de la Llorona…

En general, las pólizas obligan a ambas partes, al que la da y al que la recibe. En los anuncios de la póliza, que es como un manto protector de tortas, de mala praxis, de mala praxis gubernativa, no se ha dicho a qué se compromete la cuadrilla de trabajadores que se quieren cubrir con esa póliza estatal, que la pagan todos los costarricenses.

Por las leyes laborales del país, las de la seguridad social y las de seguridad e higiene ocupacional, la Casa Presidencial está cubierta para todos sus funcionarios sin necesidad de brindarles una cobertura especial adicional. Si tiene una caída, una enfermedad o un accidente están cubiertos como cualquier otro trabajador, siempre y cuando sean ocurrido como resultado de su actividad laboral, no de sus intenciones de realizar trabajos riesgosos, peligrosos, dañinos, que pueden tener efectos sobre los ciudadanos, sobre la sociedad, sobre bienes públicos, sobre el medio ambiente.

La póliza que el gobierno gestiona no es como las de la ley de Tránsito que protegen, en caso de lesión y muerte, a las víctimas exista o no culpa del conductor. Tampoco son pólizas por incapacidad laboral, que le dan un subsidio al trabajador.

Las pólizas que se quieren recetar en el Gobierno es una manera disfrazada, lo que se llama un fraude de ley, de aumentarse el salario mensual de los funcionarios, de aumentarse el aguinaldo y lo que les pueda aumentar en sus futuras pensiones. Es contrario este aumento a la legislación que se ha venido aprobando en contra de todos los trabajadores. Es también fraudulento el proceso de enriquecerse con los fondos públicos, de esa manera, para tener un ingreso adicional disfrazado mediante la póliza.

Por otra parte, si las autoridades de gobierno quieren recetarse esta protección y este aumento de salario solapado, ¿por qué no extender la protección de la póliza, del presidente y sus amigos, a todas las autoridades municipales, al alcalde, a los vicealcaldes, a miembros de los concejos municipales y aquellos funcionarios que tengan responsabilidades en la toma de decisiones, en la misma proporción que las autoridades que rodean al presidente? ¿Acaso no son lo mismo a nivel de los gobiernos locales? Ahí tenemos 84 pequeños gobiernos. ¿qué espera la Unión de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento de Ayuda Municipal para sumarse a la gestión de Zapote. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, dice el refrán popular. Igual para todos los funcionarios: que los jerarcas se cubran por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para PROTEGER SU REPUTACION y COSTEAR ASESORAMIENTOS DE RELACIONES PUBLICAS. Este último aspecto muy importante ante las próximas elecciones, en catorce meses, para mejorar imagen de posibles candidatos. La protección de la póliza cubre sobre actuaciones ejercidas durante el período en que ocupó el puesto mientras la póliza se encuentra en vigencia.

¡Qué rico gobernar así!, casi sin responsabilidades. Con posibilidades abiertas de cometer cualquier acto ilegal, inconstitucional, dolosa y alevosamente si fuera del caso…

La realidad que ha puesto a la vista el presidente con esta gestión en estudio, de la póliza que disfraza el aumento de salario y protege de cualquier torta, es que estamos a las puertas de la asunción celestial, en cuerpo y alma, de un equipo de Gobierno Absoluto de la Corrupción Nacional, sin descuidar la mala fama internacional que el gobierno ha adquirido y goza de tener un narco Estado en el país, bajo su administración.

Compartido con SURCOS por el autor.

Unión Sindical de la CCSS exige destitución de presidenta de la CCSS

La Unión Sindical de la CCSS, tras las consecutivas denuncias de mal uso de los fondos públicos en el caso que se investiga de presunto aumento irregular de contratación a cooperativas, expresa su complacencia hacia la Fiscalía por la detención de integrantes de la junta directiva de la Caja que participaron en la toma de decisión.

“Estas acciones afectan los fondos públicos que deben ser priorizados para la atención de los asegurados” señala la Unión Sindical de la CCSS, además de ser una actuación irresponsable, por parte de los directivos.

Exigen al presidente de la República que destituya a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel. 

UNDECA denuncia a presidenta y otros directores de la CCSS por adjudicación de licitación mayor

  • UNDECA denuncia con nuevos elementos a presidenta ejecutiva y otros directores de la junta directiva de la CCSS ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por adjudicación de licitación mayor.

  • Despilfarro de las cuotas que cotizan en su mayoría los trabajadores a la CCSS: 4.000 mil millones de colones mensuales en contratación de servicios de salud a privados.

UNDECA, organización gremial mayoritaria de los y las trabajadoras que prestan servicios en la CCSS, en defensa de los fondos públicos que garantizan la seguridad social, presentó este miércoles 4 de setiembre 2024 denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, contra los integrantes de la junta directiva de la CCSS que participaron con su voto para adjudicar la licitación mayor de prestación de servicios de salud desarrollados por terceros.

UNDECA se fundamenta en nuevos elementos que aportan a la investigación tales como:

  1. Recurso  de revisión  del Acuerdo de Adjudicación en cuestión,  presentado por Martha Elena Rodríguez González,  directiva representante del sector laboral- sindical  ante dicho Órgano que fue rechazado de plano,.
  2. Solicitud de revocar el Acuerdo de Adjudicación, presentado por la misma Directiva Rodríguez González,  con fundamento en la Ley de Contratación Pública ( 142 Reglamento a dicha Ley) que a la fecha no ha sido visto y ha quedado fuera de asuntos de interés de ese Órgano Colegiado.
  3. Supuesto conflicto de intereses de la representante estatal María Isabel Camareno Camareno que es actual directiva de Conacoop y que debió de haberse abstenido de participar en la decisión.

A pesar de todas esas actuaciones hechas de conocimiento al Órgano que adjudicó la  tan cuestionada Licitación Mayor,  no solamente fueron obviadas, sino que desaprovechó  la oportunidad de enmendar y subsanar dejando pasar los plazos establecidos para esa posibilidad que otorga el ordenamiento jurídico.

A lo anterior se suma que se apartaron al momento de adjudicar de calificados y competentes criterios técnicos  institucionales en las áreas administrativas, técnico-financiero,  estudios de costos de las ofertas , criterios  legales y Comisiones  que recomendaron declarar la Licitación Mayor de Prestación de Servicios de Salud por Terceros infructuosa y no adjudicar por los excesivos precios, mucho más costosos que los que otorga la propia institución.

UNDECA en defensa de la correcta gestión de los fondos públicos solicita que de demostrarse el incumplimiento grosero del ordenamiento jurídico y poner en riesgo reputacional y financieramente a la CCSS, en perjuicio de la población, se proceda con prioridad a realizar las acciones necesarias, que son competencia del Ministerio Público para que esta investigación penal solicitada, avance como corresponda.

San José, jueves 05 de setiembre de 2024.

Luis Chavarría Vega
Secretario General
UNDECA

Fernando Zamora pedirá al Banco Central y a la SUGEF explicación sobre qué pasó con fondo para auxiliar a ahorrantes de entidades quebradas

El abogado constitucionalista Fernando Zamora hace denuncia de lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Costa Rica, explicando que en la década de 1980 el gobierno estadounidense le entregó al Banco Central una cantidad de dinero de 16,000,000 de colones con el objetivo de auxiliar a los ahorrantes en caso de quiebras financieras como la que ocurrió en Copemex, Aldesa o Coopeservidores.

Se explica también que dicho dinero fue dado ilegalmente en custodia del Banco Central con el propósito de generar intereses, capitalizarlo y que el fondo creciera. Según la investigación periodista del Semanario Universidad, el Banco Central le entregó fondos millonarios a una entidad bancaria privada para que siguiera manejando el dinero del fondo. Por su parte, el señor abogado expresa que desde su experiencia profesional, no entiende cómo se realizó esa transferencia de dinero a un ente privado si se trataba de fondos públicos en razón de que fue entregado por el gobierno estadounidense a un ente público, el Banco Central, y con un fin público: el de auxiliar a los ahorrantes. 

Han pasado más de 40 años desde la entrega del dinero por lo que a día de hoy ya habría generado muchos intereses, pero según la información del Semanario Universidad, no hay información suficiente. De tal manera, se establecerá la denuncia en los órganos competentes y se avisará de cualquier eventualidad en el caso. Se les invita a ver el vídeo en el que se explica dicha situación en el siguiente enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2024/08/Fernando-Zamora-denuncia.mp4

Caso Aldesa y caso Coopeservidores

En el programa «Desde la Otra Acera» de la APSE, Flora Fernández expone su situación en relación con el caso Aldesa. Durante su intervención, se mencionan casos similares que no recibieron la atención adecuada. También se espera que Rocío Aguilar, en el mismo programa, haga comentarios sobre la percepción de que «en Costa Rica en ninguna parte la plata está segura».

Entre las críticas expresadas, se destaca la falta de regulación efectiva en el sistema financiero. Además, se menciona la existencia de nepotismo y la protección de grupos dentro de instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones y posiblemente también en el ámbito de relaciones exteriores. Se sugiere que los nombramientos en estas áreas a menudo se basan en favores políticos, lo que resulta en la permanencia de funcionarios considerados inconvenientes pero vinculados a círculos políticos.

Se critica también la falta de intervención efectiva por parte de CONAPAM en asuntos relacionados con adultos mayores afectados por el caso Aldesa. Se menciona específicamente que en la semana anterior al programa, falleció la víctima número 101 relacionada con este caso, destacando el impacto severo que ha tenido en esta población durante los últimos cinco años.

Contralora General de la República comenta el proyecto de ley para el referéndum impulsado por el gobierno

En un video recibido por SURCOS, se expresa por parte de la Contralora lo siguiente:

Buenas tardes:

Con todo respeto, deseo manifestarles que, en días pasados, cuando fue presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el referéndum, orientado principalmente a desmantelar el control sobre los fondos públicos que la Constitución Política le encarga a la Contraloría General, manifestamos nuestra preocupación por la supresión de importantes competencias del sistema de control de los fondos públicos, no solo los ejercidos por la Contraloría General, sino también desde las auditorías internas y desde la misma Asamblea Legislativa, porque cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende enseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance.

Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, esto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la Asamblea Legislativa perderá insumo de control político que actualmente recibe de la Contraloría General de la República, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el Poder Ejecutivo le impondría al Poder Legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad. 

El control de la plata pública tiene distintos momentos, justamente para poder parar a tiempo las ilegalidades y poder alertar desde una perspectiva independiente, técnica y legal, cuando se están usando los fondos públicos sin eficiencia y sin ley, buscando una ruta poco transparente. Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum. ¿Qué obras públicas se pueden contratar a dedo? ¿Que no se registre deuda pública? Que no se puede alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles. También le impediría a la Contraloría General la fiscalización de la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como el uso de instrumentos vinculantes, o sea, de acatamiento obligatorio para los funcionarios y funcionarias públicas, tales como disposiciones y advertencias. 

De modo que, por ejemplo, si la Contraloría recibe una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y se encuentran ahí posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, no podría la Contraloría tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar lo que encontró en su investigación. Y como si fuera poco, elimina también los controles preventivos de la Contraloría, incluyendo los controles previos, a pesar de que de la Constitución Política se disponen materias como la aprobación presupuestaria, el refrendo de los contratos públicos y la fase recursiva en materia de contratación pública. O sea, la Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la hacienda pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción.

En relación con el Artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ley que por cierto solo tiene un año y medio de vigencia y ya se quiere debilitar, se permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y no teniendo certeza de que se escoge la mejor oferta, el Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, ni siquiera las de la Asamblea Legislativa, de manera que se potencian riesgos asociados a la baja credibilidad de las cuentas nacionales, produciendo incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente. 

Y en relación con Japdeva, se intenta cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos, para permitir a Japdeva escoger a dedo a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública y dejando en duda el proceso de rendición de cuentas y la tan necesaria transparencia por la que claman los costarricenses.

El panorama es bastante claro, se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos, o sea aquellos que pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes. Ante lo delicado de esta situación es que quedamos atentos a la consulta que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa realice a la Contraloría General en este proceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite de Referéndum. 

Muchísimas gracias

Defensoría monitorea control del Estado a centros de personas adultas mayores con fondos públicos

Realizó seguimiento con el CONAPAM en visita a centro diurno de la Asociación de la Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM)

En el mes de abril 2024 se tuvo conocimiento de denuncias por presuntas agresiones (maltratos psicológicos, emocionales y tratos discriminatorios) en contra de personas adultas mayores en el centro diurno de cuido Asociación Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM).

La información recibida por CONAPAM refiere que realizarán labores de observación y trabajo de campo para verificar la atención que se brinda a las personas adultas mayores que continúan asistiendo al lugar. La Asociación mantiene suscrito y en vigencia, el convenio de transferencia de recursos púbicos del CONAPAM para el año 2024.

La Municipalidad de Moravia informó que las siete denuncias recibidas fueron trasladas a la Junta Directiva para un abordaje en coordinación con la psicóloga del centro diurno para los procesos de contención de las personas denunciantes y refiere la creación de una Comisión Especial para la evaluación operativa del Centro Diurno del Adulto Mayor del Concejo Municipal y una revisión de los registros contables, sobre lo cual se ha solicitado mayor información.

La Defensoría de los Habitantes solicitó al CONAPAM ampliar información sobre las coordinaciones interinstitucionales que se realizan para contar con un diagnóstico integral de la condición de las personas adultas mayores usuarias del servicio, por lo que la Unidad de Gestión Social de esa institución realiza un proceso de observación, realizándose entrevistas a cada una de las personas adultas mayores que acuden al centro, así como su personal.

Esta semana, la Defensoría de los Habitantes en acompañamiento al CONAPAM, realizó una inspección en el centro diurno, donde se llevó a cabo un encuentro con representantes de la Municipalidad local y la administración del centro diurno.

CONAPAM informó que la actual intervención de la entidad se da a fin de identificar si hay situaciones de abuso, posibles usuarios agredidos y posibles responsables de las agresiones, así como, corroborar la prestación del servicio a favor de la población adulta mayor y desescalar las situaciones de conflicto que se han presentado. Asimismo, efectuar una verificación de la información financiera referente a la utilización de los recursos y efectuar un informe contable.

Desde la Municipalidad de Moravia, manifiestan se han efectuado algunas visitas, se ha intentado un acercamiento con la población adulta mayor y las personas funcionarias. Se ha detectado una mejora significativa en el trato, los horarios y la alimentación. Se prevé mayor contacto con el centro, más visitas periódicas, y mayor fiscalización.  Desde la oficina de la Persona Adulta se les da seguimiento a los casos denunciados, se conversa con las personas usuarias para constatar cómo se sienten y tratar de darles contención ante las preocupaciones suscitadas con ocasión de las denuncias.  Se procura trabajar en la modificación del reglamento y del convenio que se tiene con la Asociación el cual vence en el 2025.

La actual administradora del centro informó que continúa recibiendo un promedio de 34 personas usuarias diarias, a quienes intenta unirlos y siempre estar pendiente de sus necesidades y su estado general. Se compromete a realizar una depuración de los usuarios activos, a intentar un acercamiento con la comunidad y con quienes fueron usuarios y se hayan retirado.

La Defensoría de los Habitantes continuará dando un estricto seguimiento a este trabajo de campo realizado por la CONAPAM a diferentes centros, en aras de la protección de los derechos de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad.  

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Auditoría Ciudadana Integral busca transparentar manejo de fondos públicos y de pensiones

SURCOS conversó con la licenciada Marjorie Hernández Delgado, -presidenta de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) y coordinadora del Movimiento Magisterial por una Pensión Digna-, en torno al esfuerzo que realizan con el impulso de la Auditoría Ciudadana Integral. Compartimos la entrevista.

  1. ¿Cuál es el objetivo con el cual se crea la Auditoría Ciudadana Integral?

El objetivo primordial de la Auditoria Ciudadana Integral es transparentar el manejo de los fondos públicos y los fondos de pensiones. Esto por cuanto comprendimos que un alto porcentaje del presupuesto nacional se destina al pago de los intereses de la Deuda Pública, siendo estos los más altos a nivel mundial hasta hace unos meses. De tal manera que los dineros recaudados por el fisco por medio de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos no están siendo empleados para beneficio de toda la población como debería ser, puesto que se le da prioridad al pago de intereses y algo del principal de los bonos. Así mismo, en cuanto al manejo de los fondos de pensiones también nos genera grandes inquietudes, como cotizantes, las “inversiones” riesgosas que se han realizado y se continúan haciendo con los dineros de todos los trabajadores que cotizamos en los diferentes regímenes de pensiones incluyendo las complementarias que son administradas por las OPC, las cuales reflejaron grandes pérdidas en 2022 y aún en 2023, debido a la falta de mecanismos para asegurar estos dineros que son el ahorro de todos los trabajadores para optar por una pensión digna en el momento de su retiro. Por tanto, como todos los fondos de pensiones están siendo colocados en las mismas bolsas de valores extranjeras y se han generado grandes pérdidas en las complementarias es lógico pensar que también hay pérdidas enormes en las “inversiones” de los regímenes básicos. Sin embargo, al respecto no se sabe nada debido al hermetismo con el que manejan el asunto y por la misma naturaleza de estos regímenes.

  1. ¿Cuál es el papel de ACOJUPEMA en este proceso?

ACOJUPEMA acudió al llamado de la investigadora Esperanza Tasies quien es miembro del Equipo de Investigación de la Deuda Pública de la Universidad de Costa Rica y a la vez de ACOJUPEMA, para que apoyáramos y respaldáramos toda la investigación realizada por este equipo en el tema. De esta manera como organización civil, sin fines de lucro, asumió el compromiso y la responsabilidad de impulsar la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral al encontrar un factor común en el manejo de ambos fondos (públicos y pensiones). Por ello nos hemos dado a la tarea de la organización y movilización de sectores civiles, no político partidarios, sino aquellas organizaciones civiles y de trabajadores que se identifican con la causa y realizan esfuerzos en pro del bien común.

  1. ¿Cuál actividad marca el inicio de la Auditoría?

Es un proceso que se compone de varias etapas, iniciamos con la convocatoria a diversas organizaciones civiles y nos encontramos en la etapa de “Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”.

  1. ¿Cuáles avances se pueden mencionar?

Aparte de los mencionados anteriormente, respecto a la organización y movilización de sectores sociales y el inicio de la Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”, hemos tenido contacto con algunos diputados porque en una etapa más avanzada se ocupará del aporte legislativo. Se ha conseguido el presupuesto para que la señora María Lucía Fatorelli brinde conferencias y explique a la población en qué consiste el proceso de la Auditoría Ciudadana. Así mismo, estamos en la búsqueda del presupuesto para la realización de la auditoría en nuestro país. La señora Fatorelli, es especialista en este tipo de auditorías y ha tenido mucho éxito en países como Uruguay, Irlanda y Grecia, logrando ordenar las finanzas públicas y a la vez una mejor repartición de la riqueza. Eso es precisamente lo que pretendemos para Costa Rica.

  1. ¿Hay obstáculos que puedan dificultar el logro del objetivo?

En toda iniciativa ciudadana siempre se va a contar con la oposición de los grupos y personas interesadas en que no se logren los objetivos planteados por la ciudadanía. Hay múltiples obstáculos que hemos debido superar y los habrá durante y después de este proceso. Pero si hay algo que tenemos claro en ACOJUPEMA es que la Auditoría va porque va.

  1. ¿Cómo opera el concepto de participación ciudadana en la organización y accionar de la Auditoría Ciudadana Integral?

ACOJUPEMA se sustenta en los Derechos Humanos Fundamentales y la Constitución Política, procurando su cumplimiento en todo nuestro accionar. De ahí que el concepto de participación ciudadana establecido en el artículo 9 de la Carta Magna, está totalmente presente en la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral. Por tanto, asumimos el derecho y la responsabilidad constitucional que nos corresponde como ciudadanos, como el Soberano, el legítimo dueño del país, y desde esta posición buscamos que se respete el mandato constitucional, que se ponga orden donde se ha creado caos, que haya equidad y justicia social.

La participación ciudadana ejercida de manera activa y con responsabilidad genera a su vez, el cumplimiento del artículo 11 de la Carta Magna sobre la rendición de cuentas por parte de aquellos funcionarios públicos que no cumplieron con sus deberes, mientras ocupaban un cargo público. Así mismo, conlleva el ejercicio de derechos humanos y constitucionales como los establecidos en el artículo 50 constitucional donde se establece que: “El Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…”, el cual se está violentando; también los artículos 27 y 30 respecto al acceso a la información pública entre otros.

Es imperativo que se reestablezca el Pacto Social que se instituyó en 1949 con la nueva constituyente, porque se ha roto. Actualmente priva más el interés y hambre de poder económico de unos cuantos sobre el resto de la población. El resultado de esto es la violación constante de los derechos humanos fundamentales y constitucionales de las personas y como consecuencia, la desigualdad, el hambre y la miseria. El Estado ha dejado de ser protector para las grandes mayorías que sí pagan impuestos, para que, de una manera solidaria, se beneficien todas las personas habitantes del país y se ha convertido en la herramienta de unos cuantos que se enriquecen cada vez más a costa del resto de la población. Por eso, la participación ciudadana es fundamental en la búsqueda de justicia social y una democracia participativa que asegure políticas públicas y leyes acordes con el mandato constitucional.