Una solución sugerida por Ulate es permitir que Recope negocie de forma anticipada el precio de los hidrocarburos en los mercado internacionales, cuando estos tienden a la baja.
Analista cuestiona viabilidad de proyectos para detener el encarecimiento de hidrocarburos
La reducción en el impuesto único a estos derivados dificultaría la construcción y el mantenimiento de obras viales
¿A quién no le gustaría gastar menos dinero cuando paga el pasaje del bus o el taxi, o bien cuando llena el tanque en una estación de servicio? Este anhelo se intensifica en un momento como el actual, en el que la gasolina y el diésel están alcanzando precios históricamente altos desde el último incremento que entró a regir pasado miércoles 31 de marzo.
Y para empeorar las cosas, la incertidumbre desatada por la guerra entre Rusia (segundo productor de crudo en el mundo con 9,7 millones de barriles por día) y Ucrania en los mercados, hace más de un mes, es el factor de mayor incidencia para que el precio de los hidrocarburos esté por las nubes.
En este contexto y desde hace varias semanas, el país está a la expectativa de que un proyecto de texto sustitutivo para reducir el impuesto único a los combustibles, gestado en la Asamblea Legislativa. De aprobarse, esta iniciativa permitiría bajar el precio del litro de estos derivados en 100 colones, además de exonerar de dicho impuesto a los concesionarios del transporte público y a productores agrícolas registrados ante la Dirección General de Tributación.
Al mismo tiempo, desde finales de febrero hay otra propuesta más conservadora que viene desde el Ejecutivo. En Zapote proponen detener el mecanismo de actualización de ese impuesto por un año. Es decir, no se reduciría el precio de la gasolina pero – al menos – ya no subiría más.
Ahora bien, el impuesto único a los combustibles compone una parte importante del valor total del producto en las estaciones de servicio, aunque su porcentaje varía en los diferentes tipos que existen. Según la última actualización del precio en febrero, los montos de este impuesto significan ₡272.5 para la gasolina súper, ₡260.5 para la regular y ₡154 para el diésel.
Del total recaudado con este impuesto, el 51,4 % va a las arcas de Hacienda (aunque no queda clara su redistribución posterior), mientras el restante 48,6 % tiene varias designaciones claras y específicas: mayoritariamente se destinan a la red vial cantonal (22,25 %) o a la red vial nacional, a través del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi, 21,75 %).
En otras palabras, si el país decide recortar el precio (propuesta del Legislativo) o subsidiar al consumidor estos incrementos (propuesta del Ejecutivo), deberá hacerlo en el impuesto único a los combustibles, ya que el pago del crudo en el mercado es ineludible. Así lo explicó el profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, M. Sc. César Ulate.
Hay otro detalle adicional que no se puede obviar: al ser el petróleo un bien que importa Costa Rica, conforme más se devalúe el colón con respecto al dólar, más cara será su compra para el país y, por lo tanto, también para quienes adquieran sus productos derivados (se pagan más colones por un valor que se vende en dólares). Todo suma, o más bien resta.
Entonces, sería iluso pensar que el precio de los combustibles puede bajar sin que esto repercuta en una afectación directa para otra área que beneficie a la población, ya sea en la construcción y mantenimiento de la red vial cantonal y nacional, o en el financiamiento a los servicios del Estado.
Con respecto a esta última consecuencia, Ulate recuerda que este impuesto es el tercero o cuarto en importancia para las arcas de Hacienda (suele variar según el año), por lo que su reducción implicaría un importante ajuste para las finanzas públicas. Además, es difícil sugerir cuáles de las partidas podrían reducirse dentro de las que Hacienda redistribuye estos fondos, debido a la falta de claridad en la colocación de estos recursos.
Entonces ¿cómo proceder?
La solución más integral, según Ulate, sería una pronta y rápida transición hacia vehículos que utilicen energías limpias. No obstante, el costo de estos automotores en el mercado sigue siendo alto, a pesar de las ventajas impositivas que se han impulsado. De hecho, el experto señaló que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) hizo un estudio en el pasado que evidenció un encarecimiento de la tarifa de buses si se hacía una transición masiva a unidades eléctricas.
Además, el hecho de que el valor del combustible no se mantenga alto por un tiempo prolongado hace que eventuales compradores no se animen a cambiar sus carros por otros que solo necesiten electricidad para su funcionamiento.
Mientras se llega a ese estado ideal de independencia del petróleo, el docente de la Escuela de Economía propone transparentar los destinos de este recurso, es decir, que el Ministerio de Hacienda sea más específico en los rubros de su destino. También se podría pedir a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) más eficiencia y mejor control en el gasto, así como revisar los márgenes destinados a las estaciones de servicio (alrededor de ₡57 por litro), o los fletes (₡12,77).
Otra recomendación planteada por Ulate es permitir que Recope negocie anticipadamente en el mercado de derivados financieros, para aprovechar precios bajos en el futuro y que se reduzca el rezago actual entre las variaciones en su valor internacional con respecto al precio nacional (esta propuesta está en discusión en la Aresep).
Específicamente, sobre la intención del Gobierno de reducir el precio de los combustibles a los sectores agrícolas y del transporte público, el académico manifestó que la medida es compleja de sostener, debido a que genera una distorsión en el flujo de las transacciones que alguien deberá pagar, ya sea el Estado o los consumidores. En este mismo sentido, el experto considera que sería mejor tomar parte de los dineros obtenidos con este u otros impuestos para subsidiar a estos sectores y no provocar una complicación adicional en el manejo de estos recursos.
Otra posibilidad sugerida por este académico es que un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en otros productos pudiera reemplazar parte de los fondos aportados por el impuesto único a los combustibles.
Algunos países, como Chile, han implementado un monto de compensación cuando los precios del combustible han estado bajos, es decir, una especie de pago adicional al precio para subsidiar el valor de los hidrocarburos en momentos en que estos han estado altos, como ahora. No obstante, Ulate no cree que esa sea la medida más conveniente para el país.
Y por supuesto, siempre está la opción de reducir el uso de vehículos para viajes innecesarios. Pero para el experto, esta solución requiere de cambios en el comportamiento de las personas y una fuerte campaña de concientización, ya que en la población siempre existe la necesidad o el deseo de movilizarse. Esperar resultados inmediatos sería algo iluso.
Pablo Mora Vargas,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Nuestro Planeta, Hogar Común para la Humanidad, hoy como nunca antes, enfrenta una destrucción sin límites de sus Recursos Naturales, y por ende, el imperio de la potencias industriales que establecen medidas para proteger y ahorrar los propios, mientras explotan los de nuestros países en su favor. El Cambio Climático; es decir, la muerte de nuestro planeta, nos incumbe a todos. Esto exige nuestro compromiso, y la obligación que Ustedes como Políticos aspirantes a la Primera Magistratura, adquieren para garantizarnos un país ejemplar ambientalmente que nos permita, no en el papel sino en los hechos, el BUEN VIVIR.
La Comunidad “Buen Vivir Costa Rica”, presente y activa en todo el territorio nacional, interpela respetuosa y públicamente, a todas las personas aspirantes a ocupar la presidencia del país a partir de las próximas elecciones.
Con preocupación notamos un vacío de temas ambientales en sus discursos, entrevistas, mesas redondas, publicaciones firmadas por ustedes y apariciones públicas. Por esta razón llamamos su atención y los conminamos a incluir y opinar acerca de los asuntos relacionados con el deterioro y el maltrato de la Madre Tierra; maltrato que incide directamente en la calidad de vida de nuestro Pueblo. La población de Costa Rica tiene el legítimo derecho de conocer sus posiciones y propuestas al respecto.
Estos asuntos son iguales, o incluso, más relevantes que los ejes económicos y sociales. Hoy está en juego la vida humana, la vida de muchas especies y la vida del planeta Tierra en su conjunto.
El sistema económico acumulativo, la industria de sobreproducción y el uso abusivo e indiscriminado de los recursos naturales, va en contra de la armonía con la Madre Tierra.
En Costa Rica, una vez llegado al Poder, durante años se ha incumplido con la ejecución de las propuestas programáticas planteadas en los planes de gobierno; supuestamente en favor de la Madre Tierra. Por ejemplo, en la administración 1994-1998, se derogan 18 artículos del Reglamento a la Ley de hidrocarburos; y en la administración 2006-2010 se declaró «de interés nacional» la destrucción del ecosistema en Crucitas; además del dragado del Río San Juan, que siendo una Cuenca Binacional debió contar con el aval de Costa Rica por su impacto ambiental en nuestro territorio.
Entre los temas prioritarios planteamos:
*La protección del agua como Bien Demanial del Estado y derecho humano.
*El calentamiento global y la crisis climática.
*La exploración y explotación de gas y la minería a cielo abierto.
*El uso de transgénicos y la protección de las semillas criollas.
*El uso de agrovenenos que afectan la salud humana, del agua y de los suelos. *Los monocultivos de piña, banano, palma africana, cítricos, café, melón y sandía, entre otros.
*La ganadería extensiva.
*La generación de Energía Geotérmica en Parques Nacionales.
*La soberanía alimentaria y el uso diversificado de la tierra.
*Las regulaciones para el transporte con hidrocarburos, público y privado.
*La protección de los Parques Nacionales y la asignación de su presupuesto.
*Las zonas protegidas, amenazadas por las embotelladoras de agua.
*La ausencia de Planes Reguladores que produce un desarrollo inmobiliario descontrolado.
*La industria y el consumo excesivo de plástico.
*La ausencia de la Educación Ambiental en nuestro Sistema Educativo.
Todos los temas mencionados están entrelazados de muchas maneras.
Es indispensable conocer la trayectoria y la posición de las candidaturas sobre estos temas, más allá de lo consignado en los programas de su partido.
Agradecemos su atención.
*Carlos Manuel Muñoz (Naranjo)
*Claudio Enrique Monge (San Isidro de Heredia) *Edison Valverde (Pasoancho)
El Msc Cristóbal Pérez que pertenece a la asociación sin fines de lucro “Madre Tierra”, hace llegar una información proveniente del periódico El País y teleSURtv.netsobre el daño que provoca el derrame de petróleo para el planeta. Nuestra Madre Tierra, ha enfermado severamente debido a la producción y distribución de hidrocarburos, petróleo, gas natural, carbón mineral. También el gas metano es un gran contaminante que contribuye al calentamiento global.
Según lo que se plantea en la nota Planelles (2021) pese a los esfuerzos que se han hecho en la lucha contra el cambio climático, reducir el impacto del efecto invernadero en la atmósfera ha sido el reto más grande para la sociedad y las personas que habitamos en este planeta, pese a que bosques y árboles contribuyen a mitigar esos gases no son suficientes, por lo que la temperatura global podría seguir subiendo.
Otra problemática que causa preocupación son los derrames de petróleo en las costas, ya que muchas especies habitan en los mares, además de los efectos nocivos que generan para la salud de las personas.
La Asociación Madre Tierra respetuosamente insta a todos los congéneres y ciudadanos a sumarse a la más grande y noble de todas las luchas: la que se emprende por buscar un desarrollo sostenible y sustentable con la naturaleza, la vida, los ecosistemas, el ambiente.
Esta es la más importante y trascendental de todas las luchas contemporáneas. La invitación es para que todas las personas puedan sumarse a esta gran empresa humana para entregar a las generaciones venideras un planeta vivible.
Adjuntamos algunas fotografías en la siguiente galería, que se encuentran en teleSURtv.netsobre el derrame de petróleo en California, Estados Unidos:
Petróleo o turismo, parece ser el dilema que nos quieren imponer, y la respuesta es obvia. ES EL TURISMO, PRINCIPALMENTE DE MAR Y PLAYA, LA FUENTE DE DIVISAS Y EMPLEO MÁS IMPORTANTE DE COSTA RICA. El ramillete de maravillosas y pequeñas playas que tenemos en ambas vertientes, no es usual encontrarlo en otros países. Caracterizadas por un clima admirable y una vegetación esplendorosa, la gran mayoría exhibe una limpieza certificada ambientalmente, que permiten vislumbrar para después de la pandemia, una recuperación y desarrollo turístico acelerado, si contribuimos con ello. Un nuevo aeropuerto internacional en Orotina, unido por una nueva autopista hacia el Pacífico, será parte de esa infraestructura necesaria. De lograrse, se facilitará el ingreso anual de al menos seis o siete millones de visitantes, atraídos es cierto, por el verdor de nuestros remanentes bosques y diversidad de zonas de vida, pero inobjetablemente, por el sol, el mar y la playa, que conforman el imán virtual que invita a venir a los millones de visitantes, principalmente del hemisferio norte.
Pero, imprudentemente, frente a esa realidad, desde hace unos años hay quienes muestran obsesión por LOS ESPEJISMOS DEL NEGRO PETRÓLEO. Hace unos 40 años, en la administración de don Luis Alberto Monge, pretendieron construir nada menos que en bahía Culebra, ¡donde hoy se desarrolla el visionario Polo Turístico Golfo de Papagayo!, decenas de tanques gigantescos y un muelle para buques petroleros, como parte de la infraestructura de un OLEODUCTO interoceánico. Gigantesco ducto, que supuestamente iría a trasladar diariamente 1.200.000 barriles de petróleo estadounidense a través de Costa Rica, por el que nos pagarían US$10 millones anuales. Aunque, como ahora, lo presentaban como la salvación fiscal de Costa Rica, fácil es imaginar que, de haberse ejecutado dicho proyecto, el desarrollo del turismo ¡jamás habría sido una realidad tangible!
Pasado ese capítulo y luego de la aprobación de una Ley de Hidrocarburos, modelo de entreguismo antipatriótico, un día sí y otro no, como abejones de temporada, brotan los que, ¡SIN PRUEBA ALGUNA!, afirman que nuestro precioso país está prácticamente FLOTANDO EN PETRÓLEO Y GAS METANO, ese al que llaman “gas natural” y que es decenas de veces más contaminante que el CO2.
¡Que es «un pecao» no aprovecharlo, dicen, pues con su explotación pasaríamos a ser una nación petrolera casi como Catar! ¡Que es increíble (como decía el Trump) que los prejuicios “ideológicos” impidan que los costarricenses no podamos gozar de la riqueza que el petróleo nos garantizaría! Hasta ahora no han dicho que con él todos tendremos un BMW, como “vendían” el TLC, pero quizá no habría que esperar mucho.
Y lo peor es que hay gente que les cree esos CUENTOS DEMAGÓGICOS. Cuentos en los cuales no se menciona que habría que gastar cientos de millones de dólares para tratar de encontrar, después de muchos años, dónde se esconden esos hidrocarburos altamente contaminantes, pues ni sus fanáticos proponentes tienen idea. Cuentos también, que no mencionan que el Estado costarricense tendría que construir una REFINERÍA a un costo cercano a los US$2.000 millones, para un supuesto petróleo del que no se sabe cuál sería su costo de extracción, su transporte desde quien sabe dónde, su valor de mercado internacional, su cantidad explotable ni sus características.
Así, cual si los costarricenses pudiésemos endeudarnos más para financiar esa «LOTERÍA PETROLERA», no nos hablan de por cuántos años tendríamos que estar pagando más caros los combustibles que eficientemente nos ofrece el Estado, mientras superamos esa jarana sin sentido y dimensiones inimaginables.
O sea, compatriotas, mientras por un lado una cosa semejante sería como un MAZAZO DEMOLEDOR PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA que tantos beneficios socioeconómicos concretos nos aporta, por otro, y esto también es de la mayor importancia, algunos ilusos quieren que Costa Rica se promocione COMO NACIÓN ENEMIGA DEL AMBIENTE y entusiasta promotora del cambio climático. Quieren que se nos reconozca como un pueblo ajeno al futuro que se vaticina para nuestro planeta, el único habitado del Universo, el que tenemos el deber de resguardar como parte del esfuerzo común que la mayoría de pueblos del mundo ha asumido como tarea. Gente que, cual si eso no importara, mira hacia atrás y no hacia las fuentes de energía limpias del futuro, que como costarricenses hemos de estar comprometidos en promover. Gente a la que tampoco le importaría, ya a nivel nacional, los inevitables y frecuentes DERRAMES DE PETRÓLEO que podrían arrasar con quién sabe cuántas de nuestras formidables pequeñas playas, para así mandar al carajo el esfuerzo de tantos años. Personajes que, además, quieren llevar esas ideas a la Presidencia de la República…
El pasado 18 de diciembre del 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su fallo en el que se declara competente para conocer de la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en el 2018: véase texto en francés y en inglés de su decisión.
Como previsible, Venezuela emitió un comunicado oficial de su diplomacia en la misma fecha, en el que rechaza categóricamente la conclusión a la que llegó la CIJ (véase texto completo del comunicado oficial).
Dos cuestiones zanjadas, pero una sola de manera unánime
Nótese que luego de un largo análisis realizado por la CIJ, son dos únicos puntos resolutorios sobre la competencia de la CIJ que contempla esta sentencia en su párrafo final.
De las dos cuestiones a resolver, la única conclusión que fue adoptada por unanimidad por parte de los quince jueces titulares (véase lista oficial) así como por la jueza ad hoc designada por Guyana, Hilary Charlesworth (Australia), es la siguiente: la CIJ es únicamente competente para conocer de hechos anteriores a 1966 (párrafo 138) y no a hechos posteriores como lo sostenía aventuradamente Guyana.
Como bien se sabe, esta antigua controversia territorial entre Guyana y Venezuela no había dado lugar a mayores tensiones entre ambos Estados antes del 2015, año en el que la empresa Exxon Mobile anunció el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos frente a las costas de Guyana (véanse esta nota de la BBC del 10/06/2015 así como esta nota y mapa del Spectrumgeo del 2016). El entusiasmo de Exxon Mobile fue tal que se anunció que sufragaría los gastos de defensa de Guyana ante la CIJ contra Venezuela, calculados en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa del Guyana Times): es posiblemente la primera vez en la historia que un Estado reconoce oficialmente recibir montos de una empresa privada para sufragar sus gastos en La Haya.
Cabe indicar que la totalidad de los gastos que supone una demanda en La Haya para un Estado constituye un ámbito en el que imperan la discreción y el recelo, y en el que la prensa se ha mostrado muy poco curiosa, incluyendo la costarricense (Nota 1).
Un intenso debate inter pares
Más allá del entusiasmo inicial de Exxon Mobile y de Guyana (que debería decaer significativamente a raíz de esta decisión de la CIJ), cabe precisar que esta sentencia no fue exenta de debate entre los mismos jueces sobre el otro punto resolutorio: el de saber si hay (o no) manera de sostener la existencia de un consentimiento previo de Venezuela (sin el cual, la CIJ debió de declararse incompetente).
Como bien se sabe, en marzo del 2018, Guyana presentó una demanda unilateral con base en una carta del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018 dirigida a ambos Estados. Esta carta se fundamenta en un acuerdo de 1966 entre Venezuela y Reino Unido que designa al máximo representante de Naciones Unidas como la entidad encargada de ayudar a ambos Estados a resolver la disputa entre Guyana y Venezuela.
El juez Ronny Abraham (Francia) externó su profunda inconformidad en un voto disidente (véase texto), así como el juez Mohammed Bennouna (Marruecos), en otro voto disidente (véase texto): ambos jueces indicaron que no se pueden hacer derivar del acuerdo de 1966 entre Venezuela y Reino Unido las consecuencias jurídicas a las que llegó la mayoría de la CIJ. El juez marroquí concluyó su opinión disidente señalando que:
«A mon avis, ce n’est que par une interprétation rigoureuse du consentement des Parties à sa compétence que la Cour renforcera sa propre crédibilité ainsi que la confiance dont elle bénéficie de la part des Etats parties au Statut«.
En un texto que lleva el nombre de «declaración» (y no de «opinión disidente«, por alguna razón que sería de interés conocer), el juez Giorgio Gaja (Italia) también consideró que no existen bases jurídicas para establecer el consentimiento de ambos Estados (véase texto de su declaración) y concluyó su denominada «declaración» señalando que:
«In conclusion, the Parties are, in my opinion, under an obligation to resort to judicial settlement and therefore to confer jurisdiction on the Court. Pending consent to that effect, the Court does not yet have jurisdiction on the dispute».
En otra opinión disidente llamada como tal, el juez Kirill Gevorgian (Rusia) llegó una conclusión muy similar a los anteriores jueces citados, al indicar (véase texto completo) que:
«Rather than basing itself upon an unequivocal, indisputable indication of Venezuela’s consent, as its jurisprudence requires, the Court goes looking for reasons to exercise jurisdiction, relying in particular on the presumed intentions of the Parties and upon a series of statements that are, at best, of ambiguous meaning. The Court ignores language in the text of the Geneva Agreement that squarely contradicts its position and is unable to point to any express statement evidencing either consent to this Court’s jurisdiction or an acknowledgment that the Secretary-General’s choice of the means of settlement is legally binding. In my view, this approach is wrong and undermines the fundamental principle of consent by the parties to the jurisdiction of the Court«.
Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo.
La no comparecencia ante la CIJ y sus riesgos
Como se recordará, Venezuela optó desde un inicio (junio del 2018) por no comparecer en el procedimiento, al oponerse frontalmente al accionar unilateral de Guyana y cuestionar la competencia de la CIJ para conocer de esta demanda El texto integral de la demanda de Guyana (cuya lectura completa se recomienda) fue respondido por Venezuela 24 horas después con este comunicado oficial (véase texto del comunicado del 30/3/2018), cuya lectura también se recomienda.
Históricamente, Venezuela se ha mantenido siempre muy distante de la justicia internacional, persistiendo por ejemplo en no ratificar el Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado de firmas y ratificaciones) y en no reconocer la competencia de la CIJ mediante la declaración prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto). Esta actitud, que se ha mantenido a través del tiempo, se explica en gran parte por la sensación de haber sido objeto de una maniobra acordada entre los árbitros ingleses, norteamericanos y ruso para favorecer al Reino Unido en un laudo arbitral de 1899 sobre precisamente la frontera entre Venezuela y Reino Unido (Nota 2). Lo llamativo de recalcar en el marco de estas breves reflexiones, es que Guyana tampoco es parte al Pacto de Bogotá de 1948 y que tampoco ha reconocido nunca la competencia de la CIJ mediante la precitada declaración prevista para ese efecto (véase listado oficial de declaraciones hechas).
En una anterior nota sobre la posición venezolana titulada «El reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella: algunos apuntes» (véase nota), habíamos indicado el riesgo que corría Venezuela al privarse ella misma de poder arrebatir los argumentos de Guyana.
Ello sin considerar además el hecho que la no comparecencia por parte de un Estado en La Haya puede ser percibido por algunos jueces de la CIJ como un acto de rebeldía, que puede disimular la poca solidez de los argumentos del Estado ausente. ¿Podría ello explicar el hecho que de quince magistrados, solo cuatro consideraran equivocado el sostener que Venezuela sí ha dado su consentimiento para que la CIJ pueda conocer de una demanda como la planteada por Guyana? Es una interrogante que nos podemos hacer, al ser todos reconocidos juristas, que conocen muy bien los alcances así como las limitaciones de la justicia internacional para funcionar en ausencia de un consentimiento previo del Estado demandado.
Mapa de lo que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba», extraído de nota de prensa de la BBC titulada «El Esequibo, el territorio que disputan Venezuela y Guyana desde hace más de 50 años», edición del 30/03/2018
En el hemisferio americano, el último caso en el que se pudo observar la no comparecencia a un procedimiento contencioso ante la CIJ en La Haya remonta a la decisión tomada por Estados Unidos en 1985, luego de declararse competente la CIJ en su decisión del 24 de noviembre de 1984 (véase texto completo) para examinar la demanda interpuesta por Nicaragua en abril de 1984. En el mes de setiembre de 1985, la CIJ dio por concluidas las audiencias orales a las que solamente participaron los asesores de Nicaragua (véase comunicado de prensa de la CIJ), procediendo a elaborar lo que se convertiría en un histórico fallo cuya lectura tuvo lugar el 27 de junio de 1986. La situación de Venezuela es no obstante distinta, en la medida en que Estados Unidos sí participó en la fase preliminar sobre competencia de la CIJ, y optó por no comparecer cuando la CIJ se declaró competente.
Para completar el panorama en lo correspondiente a Estados del hemisferio americano, cabe mencionar una actitud un tanto original de Colombia en abril de 2016, al optar por no asistir a una reunión en La Haya convenida con el Presidente de la CIJ, en el marco de las dos demandas pendientes de resolución contra Colombia presentadas por Nicaragua en el 2013 (Nota 3).
La figura de las excepciones preliminares en breve
Ahora bien, si un Estado demandado por otro no está de acuerdo en que una controversia sea llevada ante la justicia internacional, puede hacerlo ver ante la misma CIJ: en efecto, el procedimiento contencioso de la CIJ prevé una primera etapa procesal (denominada «excepciones preliminares«) en la que precisamente, el Estado demandado puede cuestionar ante los jueces de la CIJ la base de competencia usada por el contrincante. Con una primera fase escrita de dos rondas de alegatos, seguida luego de una fase oral de usualmente también dos rondas de alegatos. Culminada la etapa oral, la CIJ delibera y decide si es o no competente: esta primera etapa procesal toma varios años cuando ambos Estados comparecen (tres a cuatro), pero mucho menos si uno se abstiene de hacerlo. En el presente caso, las audiencias orales se realizaron el 30 de junio del 2020 (véase verbatim de estas audiencias) con la única participación de los asesores legales de Guyana.
En América Latina, en años recientes, podemos citar dos casos en los que, luego de resolver la cuestión sobre su competencia, la CIJ decidió sobre el fondo en contra – primer caso – y a favor – segundo caso – del Estado que presentó excepciones preliminares: se trata del fallo a favor de Nicaragua contra Colombia de noviembre del 2012 (véase detalle del caso) y del fallo a favor de Chile ante la demanda de Bolivia de octubre del 2018 (véase detalle del caso). Tanto Colombia como Chile, ambos Estados demandados por Nicaragua y Bolivia respectivamente, cuestionaron en un primer momento la competencia de la CIJ, sin mayor éxito en ninguno de los dos casos.
Colombia reiteró el fracaso de sus gestiones ante la CIJ al escuchar la lectura de dos fallos dados a conocer el mismo día, en la que el juez internacional se declara competente para conocer de dos nuevas demandas interpuestas en su contra por la misma Nicaragua en el 2013 (véase texto integral del fallo del 17 de marzo del 2016 ) y otra también en el 2013 (véase texto integral del fallo del 17 de marzo del 2016).
A modo de conclusión
Al anunciar oficialmente que no comparecería Venezuela, la CIJ decidió que su primera decisión sobre este caso versaría únicamente sobre aspectos de competencia (Nota 4), la cual fue dada a conocer este 18 de diciembre del 2020: los jueces de la CIJ reconocen que sí son competentes, pero únicamente para conocer de hechos anteriores a 1966.
Es probable que esta decisión sea objeto de fuertes críticas en la doctrina del derecho internacional público, al relativizar de manera bastante osada lo que constituye un principio angular del sistema de justicia internacional: ello, a partir de una interpretación muy propia hecha del alcance de un tratado de 1966 y de una carta emanada del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018.
En las próximos semanas, la CIJ procederá a convocar nuevamente a ambos Estados, para precisar esta vez el cronograma a seguir en la segunda etapa sobre el fondo que durará varios años antes de la lectura del fallo (cuatro a cinco cuando ambos Estados comparecen, mucho menos si uno no lo hace).
Venezuela podría por supuesto mantener su posición de no comparecer ante la CIJ: en este caso, la CIJ tomaría una decisión sobre el fondo – sobre hechos anteriores a 1966 – sin que Venezuela tenga la posibilidad de responder a los alegatos de Guyana. Desde el punto de vista táctico, es en la fase oral del procedimiento contencioso en la que la ausencia del no compareciente surte mayores efectos, ya que en la fase previa (escrita), el Estado que no comparece tiene manera de hacer llegar a los jueces de la CIJ su posición sobre algunos de los argumentos escritos presentados en su contra.
Posterior al cierre de las audiencias orales, la CIJ inicia su período de deliberaciones internas («délibéré«) que duran varios meses hasta la lectura final del fallo a ambos contendores. Peruanos y chilenos debieron esperar más de 13 largos meses en el caso del fallo dado a conocer en el mes de enero del 2014 en materia de delimitación marítima (véase texto completo). La fase del «délibéré» es la fase en la cual pueden surtir mayores efectos las presencias de los jueces ad hoc designados por ambos Estados (y solo el de uno de los dos, en caso de no comparecencia).
–Notas–
Nota 1: Sobre algunos (pocos) datos arrojados por Estados de América Latina que han litigado en La Haya, y que viene a confirmar el dato de 15 millones de US$ dado a conocer por Guyana, remitimos a nuestros estimables lectores a la sección “El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura” de este artículo nuestro publicado en CIAR Global: BOEGLIN N., «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ«, portal de CIARGlobal, edición del 25/07/2017, y disponible aquí.
Nota 2: Este litigio territorial entre Guyana y Venezuela sobre la región de Esequibo es la más antigua controversia que se mantiene irresuelta en el hemisferio americano. Un laudo arbitral de octubre de 1899 (véase texto completo), escasamente fundamentado, y considerado como muy favorable al Reino Unido, fue objeto de investigaciones que llevaron a Venezuela a considerarlo como nulo en los años 60. En este valioso artículo del Dr. Allan Brewer-Carías publicado en 2009 por el prestigioso Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, se lee que:
“The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal’s president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich’s discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later” (punto 17).
En 1966 el Reino Unido y Venezuela suscribieron un tratado en aras de encontrar una solución negociada (véase texto del tratado en inglés y español).
Nota 3: Nos permitimos escribir en una nota al respecto que: “estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oído de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas”. Nótese que la misma nota fue también publicada en el sitio jurídico especializado colombiano de Debate Global (disponible aquí) en la que nos permitimos también indicar que: “Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida)“.
Nota 4 : Véase sobre esta primera ordenanza de la CIJ tomada en el mes de julio del 2018 nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Guyana-Venezuela: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anuncia que fija plazos«, publicada en CiarGlobal, edición del 5/07/2018, y disponible aquí .
(*) Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Desde hace más de un año se encuentra listo para debate y votación el proyecto de la Ley de Combustibles en la Asamblea Legislativa, la cual declararía de una vez por todas a Costa Rica como país libre de exploración y explotación de hidrocarburos. Extrañamente, el Congreso le está dando la espalda al proyecto.
Conscientesdelextraordinariopaísquehemosheredado, vemos con mucha preocupación el intento de algunos grupos de interés por bloquear este proyecto clave, haciendo que la prohibición petrolera y de gas natural siga dependiendo de un decreto presidencial.
ExigimosalCongreso:
1- hacer transparentes los procesos legislativos; 2- rechazar cualquier intento por silenciar los argumentos científicos, técnicos y económicos que demuestran los desastrosos efectos de una economía basada en combustibles fósiles; 3- elevar a Ley de la República la declaratoria de Costa Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos.
La factura que paga el país por los efectos del cambio climático es demasiado alta en salud pública, en las finanzas del Estado y en la calidad de vida de los y las ciudadanas.
En un momento en el que el planeta avanza hacia la sostenibilidad económica y ambiental, nuestro país no puede ni debe levantar la bandera del petróleo.
Este 14 de noviembre, se presentó en Costa Rica el Informe sobre el Estado de la Nación (EDN): se trata de un valioso diagnóstico anual realizado por un equipo de investigadores, con el apoyo de las universidades públicas costarricenses y la Defensoría de los Habitantes. El documento completo está disponible desde ya en este enlace.
Uno de los capítulos del EDN es el ambiental, titulado «Armonía con la Naturaleza» (véase texto completo). Constituye un capítulo que cobra una particular relevancia, en la medida en que, desde hace más de 15 años, las reiteradas advertencias que contiene sobre el rumbo insostenible del modelo de desarrollo desde la perspectiva ambiental, siguen sin ser atendidas por los decisores políticos. La falta de solución a muchos de los conflictos que se han generado explica en parte la presencia en Costa Rica de expertos o de relatores independientes de Naciones Unidas sobre Agua y Derechos Humanos (2009, véase informe disponible en este enlace en los seis idiomas de Naciones Unidas), Derecho de los Pueblos Indígenas (2010 y 2011, véase informe), Ambiente y Derechos Humanos (2013, véase informe), cuyas recomendaciones de carácter urgente tampoco son implementadas por las autoridades costarricenses.
Sobre la pérdida del patrimonio natural, se señala en la valoración general del capítulo que: «La gestión inadecuada del suelo explica varias formas de afectación del patrimonio natural que reporta este Informe, como la derivada de patrones de ocupación y producción agrícola: cambios de uso del suelo e invasión de zonas protegidas por la expansión de cultivos, pérdida de manglares y frentes de deforestación, acompañados por el alto impacto de un paquete tecnológico dependiente de los agroquímicos, tendencia que no cede ni muestra avances en el estímulo y crecimiento de prácticas alterativas» (página 179).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
La ausencia de planificación y de políticas en materia de ordenamiento territorial está llevando a Costa Rica a una vulnerabilidad cada vez mayor, que se materializa con cuantiosas pérdidas que ocasionan eventos metereológicos. La marcada dependencia a los hidrocarburos del sistema de transporte persiste como un agravante de la huella de carbón, agudizado con un aumento en la flota vehicular de un 7,4% registrado para el año 2016. Entre los diversos hallazgos relevantes con los que inicia este capítulo, se señala que: «… el decreto ejecutivo 40379 designó al Incopesca como la Autoridad Científica para especies marinas de interés pesquero y acuícola, y al MAG como Autoridad Administrativa. De esta forma, se eliminó la participación de una instancia científica colegiada en la emisión de criterios técnicos, permisos y certificados de pesca para las especies mencionadas» (página 177).
Con relación a una valiosa herramienta aplicable a megaproyectos como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se lee por ejemplo que: «Además, se determinó que no existe una metodología homogénea para la adecuada integración de la variable ambiental. La CGR analizó seis propuestas de planes de ordenamiento territorial que recibieron viabilidad ambiental entre 2010 y 2015, y encontró que en cinco de ellas falta información indispensable para evaluar el sustento técnico con que se incorpora esta variable. No se ha delimitado la naturaleza, nivel de profundidad, alcance y efectos de las medidas ambientales que deben resultar de la incorporación de la EAE, especialmente en planes reguladores municipales» (página 227).
Foto escogida para ilustrar la portada del Informe del Estado de la Nación (EDN) 2017 sobre la situación en Costa Rica.
Ello sin hablar de la situación de «estress hídrico» que viven muchas comunidades de Costa Rica. A modo de ejemplo, en la Gran Area Metropolitana (GAM), las zonas de recarga del acuífero del Barva y del Colima sufren el avance de un desarrollo urbano descontrolado: este año, el capítulo ambiental del EDN refiere a cómo este «modelo» de desarrollo urbano se ha expandido a ciudades intermedias fuera de la GAM (San Isidro de El General, Ciudad Quesada y Guápiles), las cuales ya están registrando los mismo síntomas. Mientras tanto, en Bagaces y Cañas, el arsénico detectado en el agua persiste sin que se haya encontrado una solución duradera al problema. En la costa Pacífica, la intrusión salina en los acuíferos costeros de Brasilito, Tamarindo, Potrero, Playa Panamá y Playa del Coco evidencia la deficiente política en materia de recurso hídrico. Nótese que la alta vulnerabilidad de estos acuíferos costeros a la extracción masiva e incontrolada de agua fue alertada hace más de 15 años.
Un grave conflicto no resuelto como el del agua en Sardinal amenaza con revivir, ante el anuncio de reiniciar los trabajos (véase nota de La Nación del 13 de noviembre) y ante la renuencia de las autoridades de dialogar con las comunidades concerñidas (véase esta nota y otra nota publicadas esta misma semana por CRHoy, así como una más reciente sobre el intento de legalizar proyectos ilegales). Nótese que en el caso de Sardinal, el juez constitucional procedió a una verdadera regresión declarando en febrero del 2017 que la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). En un reciente foro sobre la piña, se pudo confirmar otro tipo de renuencia por parte de las actuales autoridades costarricenses: debatir públicamente sobre los problemas que genera este monocultivo para las comunidades rurales de Costa Rica (véase nota nuestra al respecto).
Los gráficos elaborados por el EDN sobre la conflictividad socio-ambiental en Costa Rica evidencian un aumento creciente sin que se vislumbre mecanismo alguno para resolver esta grave situación (gráficos de páginas 222-223). Se lee al respecto, en la sección inicial «hallazgos relevantes» del capítulo ambiental que: «Por sexto año consecutivo, las acciones colectivas sobre asuntos ambientales se mantuvieron en sus máximos niveles desde 1993. En 2016 este tema registró su valor más alto como porcentaje del total de protestas sociales del país (15,8%)» (Página 177).
Con relación a la efectividad de los fallos del juez constitucional en materia ambiental, se lee que las entidades recurridas optan por desacatarlos: «Entre las instituciones que de manera regular incumplen lo dispuesto por la Sala se encuentran el Minae, el Minsa y las municipalidades» (páginas 224-225).
Con relación a una reglamentación inconsulta relativa al registro de nuevos agroquímicos, que movilizó al sector ecologista en los últimos años, se lee que: «estos reglamentos proveen mecanismos que facilitan el registro y posterior uso de plaguicidas. Sin embargo, se generan riesgos ambientales y de salud por las limitaciones para evaluar los productos (individual y directamente) o por la revalidación de algunos que no pasaron por los análisis que el país estableció en 2006 (decreto nº 33495-MAG-S-Minae-MEIC). Esto afecta el principio precautorio y preventivo, según el cual, en caso de duda, prevalece el objetivo de evitar posibles impactos ambientales y en salud» (página 219).
El abanico de temas analizados es extremadamente ámplio y se recomienda la lectura completa de este capítulo del EDN, cuyos gráficos, fotos satelitales e ilustraciones de gran calidad permiten superar la densidad de los datos técnicos que aporta.
De cara a las próximas elecciones a realizarse en el 2018, este texto plantea, como sus antecesores, una serie de interrogantes a la sociedad costarricense y a la clase política, la cual no pareciera haber incluído el tema ambiental como un tema de campaña. Sobre este último punto, remitimos a nuestros estimables lectores al reciente artículo de opinión del Dr. Allan Astorga publicado en HablandoClaro (Radio Columbia) y titulado precisamente «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?»
Foto extraída de artículo de prensa titulado «Tormenta Nate destrozó 28 mil kilómetros de esfuerzo tico» Afirma UNGL» (Prensa Libre, octubre 2017).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El juicio oral y público mediante el cual el Tribunal Contencioso Administrativo, por unanimidad, había anulado en sentencia del 12 de junio del 2013, el conocido como “Decreto Pro Petroleras”, emitido por el expresidente José María Figueres, por su ministro de Ambiente René Castro, sería realizado este jueves 15 de diciembre a las 8:30 de la mañana, en el mismo Tribunal, en el II Circuito Judicial, frente a la fábrica de Café Dorado, en calle Blancos, Goicoechea.
La petrolera Mallon Oil Company y la Procuraduría General de la República, alegaron que el señor juez había notificado la sentencia dos días después del plazo, y en votación de 3×2, la Sala Primera les dio la razón, por lo que hay que repetir el juicio.
Breve explicación
Antes del decreto ejecutivo Nº 26750-Minae el 27 de febrero de 1998, las empresas petroleras tenían que cumplir estrictos requisitos ambientales para acceder a la firma con el Estado, de los contratospara explotación de hidrocarburos. El decreto Figueres Castro, emitido cuando ya se había adjudicado la licitación para explotación petrolera a la empresa Harken Oil (antes MKJ Xploration) le permitió a ésta firmar el contrato de exploración y explotación de petrolera, sin tener que cumplircon la presentación de un estudio de impacto ambiental integral que señalaba el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos de 1995.
Y sucedió así pues el decreto que aspiramos anular, eliminó los 20 artículos del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, del Título “De la Protección Ambiental – Del Estudio de Impacto Ambiental –“ que formaba parte de los requisitos necesarios para que las empresas petroleras pudieran suscribir contratos de explotación petrolera con el Estado. Al suceder así, la empresa Harken suscribió el respectivo contrato con el Presidente Miguel Ángel Rodríguez y su ministra Elizabeth Odio, año y medio después de la publicación del decreto…Decreto mediante el cual se sustituye ese importante requisito, por la presentación de “proyectos” que, según las normas de Setena no requieren estudio de impacto ambiental, alguno pues se trata de actividades de muy bajo impacto, como son un estudio de reflexión sísmica o un “proyecto” de estudio bibliográfico, como sucediera con las petroleras Harken y Mallon Oil, respectivamente.
Proyectos que, ante el “muy especial” decreto ejecutivo, la Setena consideró obligatorio ver como “proyectos” y los documentos como “estudios de impacto ambiental”, por lo que les otorgó, en su momento, la “viabilidad ambiental”.
En la sentencia apelada, según el Tribunal, ni la Procuraduría ni la Mallon Oil demostraron en el juicio “Que la realización de un Estudio de Impacto Ambiental único o total desde el inicio de las etapas de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sea muy oneroso e innecesario”, argumento esgrimido en defensa del decreto que favorece a las empresas petroleras en general- Los testigos no pudieron demostrar, según el Tribunal, la existencia de “parámetros técnicos y científicos que dan sustento al reglamento impugnado” -.
Lo que pretendemos lograr nuevamente este jueves 15 de diciembre, es que a partir de su anulación, toda empresa petrolera (china, latinoamericana, estadounidense, etc.) interesada en explotar petróleo en Costa Rica, deba antes de firmar los respectivos contratos de explotación petrolera con el Estado, elaborar un verdadero Estudio de Impacto Ambiental para con él, buscar la declaratoria de viabilidad ambiental de parte de la Setena, según lo determinaba el derogado Título del Reglamento, emitido acorde con la Ley de Hidrocarburos (art.41), la Ley Orgánica del Ambiente (art.17) y reafirmado eventualmente por la Ley de Biodiversidad.
Dr. Freddy Pacheco León
Biólogo
Especialista en estudios de impacto ambiental
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.petroleoamerica.com
Semanas atrás se realizó el VII Congreso de Energía, organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica, siendo el tema de los precios de los hidrocarburos en el país uno de los que más interés despertó en su audiencia.
A nivel nacional, se ha generado un cierto debate sobre este particular, el que por momentos ha tendido a ser muy ideológico; considerando sólo las visiones extremas, por un lado se encuentran los “aperturistas”, cuya posición se resume en que los precios de los combustibles en el país son altos porque se está en presencia de un monopolio estatal en manos de RECOPE, con una estructura de costos y gastos ineficiente, que además se ve impactada por los privilegios con que cuentan sus empleados en el marco de la respectiva Convención Colectiva, en consecuencia, la solución es abrir este mercado a la “competencia”; por otra parte, están los “estatistas”, menos mediáticos que los primeros, quienes se muestran a favor de la “defensa” de la institucionalidad costarricense.
Sin embargo, antes de valorar ambas posiciones y de hecho, externar la contenida en este artículo, es necesario tener presente algunas consideraciones previas alrededor del tema:
A nivel centroamericano, Costa Rica compra (importa) la mayoría de derivados del petróleo al más bajo costo (CEPAL) y además vende los combustibles de mayor calidad (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
Según estimaciones de la Cámara de Industrias de Costa Rica, el margen con que trabajan las refinadoras de petróleo, relativamente eficientes, es de 7 dólares por barril.
En el país, el impuesto sobre las gasolinas es el más alto de la región, ronda alrededor de los 43 centavos de dólar por litro, seguido por Honduras con 33 centavos, mientras que en Panamá apenas es de 0,16 centavos (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
Las variaciones en el precio internacional de los combustibles, tardan aproximadamente entre 35 y 45 días para verse reflejadas en el monto que pagan los consumidores costarricenses, mientras que en el resto de países del Istmo no supera los 15 días (RECOPE).
A partir de la anterior información, se derivan las siguientes reflexiones, a manera de interrogantes:
Por su carácter de monopolio, RECOPE también es el único comprador de combustibles en los mercados internacionales para el país ¿Será que esta condición le permite realizar compras por volumen de tal manera que consigue los mejores precios de importación a nivel centroamericano? En caso de ser así ¿Con una eventual apertura se perdería esta ventaja?
Se sabe que la calidad siempre tiene un costo adicional y este caso no ha de ser la excepción, en ese sentido: ¿En qué medida el menor precio de los combustibles en el resto de Centroamérica se debe a que su calidad también es menor?
Con su estructura actual de costos y gastos, así como con sus niveles de eficiencia ¿Podrá RECOPE retomar plenamente sus funciones de refinamiento sin sobrepasar el margen de los 7 dólares por barril, tomando en cuenta que en caso contrario, es mejor seguir importando el producto terminado?
Es evidente que la ventaja del país en lo que respecta al precio de importación de los combustibles se desvanece luego de aplicarse los respectivos impuestos ¿Es excesivo el monto de impuestos que se le cargan a los combustibles en el país? De ser afirmativo: ¿Son realmente destinados estos recursos a los fines para los que fueron creados, sobre todo en el mantenimiento de las vías de comunicación? O bien ¿Qué tan eficiente se hace?
5.¿Es posible contar con una metodología para la fijación del precio de los combustibles, que también considera la “oportunidad ciudadana” como uno de sus criterios?
Bajo este contexto, es evidente que son varios los factores que intervienen a lo largo del proceso de fijación del precio de los hidrocarburos en el país, por lo que en este sentido, es preciso que la agenda que se vaya a articular alrededor del tema sea guiada por un debate menos ideológico y más pragmático, por cuanto no se trata de convertir la apertura en un fin en sí mismo pero tampoco, de defender a ultranza la situación actual. En este sentido, algunos de los temas que deberían considerarse son:
Balance del rol de importador único de RECOPE y conveniencia nacional de la apertura en esta materia.
Revisión y depuración de las actividades legalmente asignadas a la Institución, para que, desde una perspectiva de interés nacional, se determine cuáles funciones sí y que otras no debería realizar RECOPE.
Valoración de la estructura impositiva actual sobre los combustibles, así como determinación de mecanismos de control para velar por el uso efectivo de los recursos que el Gobierno obtiene a partir de los mismos.
Elaboración de una nueva metodología tarifaria que reduzca el desfase en el ajuste del precio interno de los combustibles con respecto al mercado internacional.
Por último, cabe indicar que este tema no debería esperar, por cuanto tiene un impacto directo en el bolsillo de todos los costarricenses, en la competitividad del país, es un elemento clave para lograr el objetivo nacional de carbono – neutralidad y resulta fundamental para participar con éxito de la revolución energética mundial que se encuentra en marcha.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.
