Etiqueta: impacto ambiental

Ante la ciudadanía denuncio

Escrito en 21/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

Abril 18 del 2023

En ocasiones anteriores hemos planteado que la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica No.7554 del 04/10/1995, se promulgó en un contexto mundial caracterizado por efectivos y trascendentes avances en cuanto a legislación ambiental; entre otros aspectos gracias a las motivaciones generadas por la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. “Un esfuerzo masivo por reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas humanas con el medio ambiente^1,2”. Obviamente no fue un hecho más del optimismo ambiental del momento, tomando en consideración por ejemplo que, le precedió el proyecto legislativo que representó la trigésima novena reforma de la Constitución Política vigente; propuesta en 1988³ con el objetivo de reformar su Artículo 50, finalmente sancionado como la Ley No. 7412 del 24 de mayo de 1994. La cual, estableció el derecho de todo habitante de este país a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, la obligación del Estado a velar por la protección y conservación del ambiente, elevado a rango Constitucional en justa coherencia con los principios 15 y 17 de la Declaración de Río 1992⁴.

Pero esa progresividad del bloque normativo ambiental no se detuvo con la puesta en vigencia de ambas leyes, casi en lo inmediato también se aprobaron y publicaron la Ley Forestal No. 7575 del 16/04/1996, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 21/05/1998 y Ley de Biodiversidad No. 7788 del 27/05/1998. En resumen, un bloque de Constitucionalidad y Legalidad, claramente consistente con principios ambientales y de derechos humanos a fin de proteger ampliamente el ambiente, y el deber de emprender una evaluación ambiental como instrumento nacional de aplicación obligatoria sobre cualquier propuesta de desarrollo de posible impacto negativo sobre el ambiente⁵. Claro está y vale decir que, no son las únicas, ya que, por ejemplo, otras leyes conexas como la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15/11/1968 y la Ley General de Salud No. 5395 del 30/10/1973 son pilares de gran contribución al respecto.

Sin embargo, y a pesar de que los hechos descritos, tanto por su trascendencia como por el tiempo en que sucedieron determinaron una época álgida en la historia ambiental jurídico-política del país, la reglamentación y aplicación de lo legislado en materia de Evaluación Ambiental durante los años siguientes, no ha contado con mayor o similar respaldo por parte de las autoridades estatales. Tampoco y mucho menos de los grupos del poder económico, cuyas influencias en las políticas públicas han sido y son determinantes en el estancamiento y/o retrocesos. Es más, en las últimas cuatro administraciones gubernamentales incluyendo las aciagas acciones de la actual, se observa una involución cínica e inmoral; pues la propaganda oficial, no cesa ni escatima gastos para así divulgar dentro y fuera del país que, Costa Rica es líder mundial en la conservación y protección de la naturaleza y el desarrollo ambientalmente sostenible. Sin dejar atrás que, en la práctica las mismas autoridades, además de que administran con deficiencia y casi nula transparencia instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (el ente Rector de la EIA)^6,7,8; también ejecutan una derogación paulatina y recientemente abrupta de los requerimientos técnicos y legales establecidos mediante el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental y sus Manuales Técnicos. Requerimientos a los que impúdicamente denominan “cuellos de botella”, señalados por el empresariado privado para ser eliminados por el gobierno⁹. Gratuita y tendenciosa concesión contra una reglamentación que, aunque todavía parcial del contenido total de la Ley No. 7554, con amplia participación ciudadana, técnica y científica, se había logrado consolidar entre los años 2004 y 2007 inclusive, mediante la siguiente seguidilla de decretos ejecutivos: 31.849 (28/06/2004), 32.079 (05/11/2004), 32.711 (24/10/2005), 32.712 (18/11/2005), 32.966 (04/05/2006), 32967 (04/05/2006) y 33.959 (19/12/2007)¹⁰.

Nótese que, indicamos reglamentación parcial de dicha Ley además de paulatina, lo cual, si a esta característica se recalca de que, el proceso de implementación duró más de diez años en quedar vigente y no obstante que, la misma ley contempla en su artículo 117 el deber de cumplirlo en plazo de tres meses al promulgarse la ley; son indicadores de que existió un deliberado atraso en procurar la efectiva aplicación de los principios que contempla. Por consiguiente, ésta es una prueba fiel del modelo de desarrollo excluyente de la variable ambiental que ha interesado por parte de los grupos oligárquicos (empresariado privado) en contubernio con las autoridades de gobierno y en ciertos momentos otras entidades como el CFIA y colegio de Geólogos de C. R. Para ellos, las riquezas naturales y el medio ambiente en general, valen mientras estén a expensas del neoestractivismo, enemigo natural de la evaluación de impacto ambiental y el desarrollo ambientalmente sostenible. Nada extraño resulta que, hoy día a los geólogos agremiados a dicho colegio, los preside un renombrado consultor ambiental, con amplia carrera sobre la SETENA e Industrias Infinito¹¹.

Otra prueba de esa connivencia en la “democrática, abanderada de derechos humanos, campeona del ambiente y pacífica Costa Rica”; es su campaña sistemática contra la ratificación del Acuerdo de Escazú^12,13,14. Un Tratado “visionario y sin precedentes”, el cual, “incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones”. Es ampliamente conocido que, con este Acuerdo se persigue la aplicación plena del Principio 10 de la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe” de la cual somos signatarios. Es decir, la obstinación de estos grupos dominantes del poder económico político de Costa Rica, la cual es a la vez violenta; hasta hoy no sólo es real y evidente que actúa contra el ya firmado Acuerdo de Escazú, sino contra la Declaración de Río y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues el viraje en la política ambiental de Costa Rica entre el Pacto de San José y el Acuerdo de Escazú, ahora liderado por el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles¹⁵, si algo logra con creces, es exponer al país al desprestigio internacional; en tanto las dañinas prácticas a que da lugar su política ambiental, son noticias que cada vez con más frecuencia circulan por el mundo a través de diferentes medios¹⁶.

Por consiguiente y en ese orden, es honrado preguntamos con qué respaldo moral y ético desde su país de origen por parte de autoridades y actores afines, dispone el Dr. José Manuel Salazar Xirinach, quien asumió el desafío de cumplir cabalmente la función para la que fue nombrado como Secretario Ejecutivo de la CEPAL a la vez que, le correspondió también asumir la Secretaría de dicho Acuerdo, según lo dispone su propio Artículo No. 17. Especialmente si se tiene en cuenta que, una de sus obligaciones en el doble puesto, es la continuidad de los esfuerzos y acciones necesarias por parte de sus representadas para la incorporación plena al Tratado de todos los países de la Región de América Latina y el Caribe que faltan. Efectivo compromiso que Costa Rica con otros liderazgos políticos de gobierno, desde el año 2012 en la Conferencia Río+20, había asumido junto a Chile, hasta la adopción del texto del Acuerdo por los países que así lo dispusieron el día cuatro de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú¹⁷.

Es claro que, el siguiente paso de esa adopción por parte de nuestro país, consistió en la firma del Tratado en la sede de la ONU el día 27 de setiembre del mismo año. Sin embargo, si bien el primero de febrero del 2019 inició el trámite de ratificación por parte del Parlamento, y con la aprobación en primer debate (13 de febrero 2020) el compromiso costarricense se mostraba aparentemente sólido e invariable con el respaldo unánime de los parlamentarios presentes; es a partir de ese momento que la situación empezó un cambio radical. Una virulenta campaña de desinformación contra este Acuerdo por parte de diferentes cámaras empresariales y otras acciones como el lobby legislativo, rápidamente surtieron efectos en los tres poderes de la República, dejando como primera o principal evidencia, cómo y quién gobierna en este país. Los pronunciamientos o manifestaciones de la ciudadanía y organizaciones civiles como las Universidades públicas y organismos internacionales (ONU, CEPAL, OCDE, PNUMA) a favor del acuerdo, siguen ignorados.

Para colmo de males, con el nuevo gobierno (2022-2026), ese poder e intereses empresariales y corporativos se acabaron de consolidar. Por ejemplo: a) la campaña contra el Acuerdo no ha cesado, inclusive con actores desde el mismo parlamento, desde donde un hereje y protestante diputado (supuesto representante del pueblo), no ha tenido empacho en declarar públicamente de que se trata de un “instrumento de comunistas¹⁸; b) el primero de febrero de este año 2023, la Asamblea legislativa nuevamente sometió a votación el proyecto pero para archivarlo (enterrarlo han dicho algunos medios), negándole la posibilidad hasta de mantenerlo en la corriente legislativa para que en algún momento posterior se le pudiera dar continuidad; así lo dispusieron 41 diputados de los 57 que integran esta Asamblea¹⁹; c) El presidente Rodrigo Chaves Robles y su ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach Capra, son opositores confesos del Tratado²⁰, y por ende a la ONU-CEPAL y la Corte IDH.

Llama la atención de que, la Indecorosa conducta de Costa Rica fue en su momento acompañada por el otro protagonista inicial (Chile), y a ellos, también se sumaron otros como el gobierno y empresarios colombianos; peruanos y paraguayos. Pero para bien de la Región, nuevos gobiernos en Chile y Colombia, con respecto al proceso de ratificación del Acuerdo, ya rectificaron el triste papel de sus antecesores, y para la satisfacción de sus naciones, ostentan el título de Estados Parte²¹. Mientras Costa Rica, prácticamente quedó sola en su traicionera postura desde la cintura del continente, donde de las cinco naciones, el único Estado Parte del Tratado es la Nicaragua sandinista que, sin reparos fue de los primeros en la ratificación correspondiente por parte de su gobierno, no obstante ser insistentemente vilipendiados hasta por los gobiernos y empresarios costarricenses.

Y volviendo al tema de la Reglamentación de Impacto Ambiental, desde el día 8 de febrero 2023 según divulgaciones de gobierno, la ciudadanía costarricense y por ende los defensores activos del medio ambiente, quedamos a la espera de la publicación oficial de la normativa titulada “Nuevo Reglamento General de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental”; acción derogatoria del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. Como puede observarse, en la nueva titulación sobre lo que supuestamente involucra el mismo tema, es significativo determinar la suplantación específica del concepto Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Además, sobre el objetivo que persigue esta nueva normativa, sin duda que también es relevante la carencia de sustentación técnica-científica en las alocuciones del presidente y ministro del MINAE, al haber declarado conjuntamente: “Estamos muy, muy contentos en el Minae con este logro. Es una reforma de fondo” al “manual de tortura de la santa inquisición. Era un atraso para el emprendimiento^22,23”. Primero que no se trata de un simple manual, sino un Reglamento General, el cual, una parte sustantiva del mismo lo conforma un Manual de Procedimientos Técnicos. A la vez, aunque el ministro hable de “reforma de fondo”, lo cierto es que el Artículo No. 101 plantea: “– Derogaciones. Deróguese los Decretos Ejecutivos números 31849 –MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sus reformas…”.

De principio a fin, el nuevo reglamento que mantienen firmado y que tampoco es el mismo que firmó en su momento el expresidente Solís y sus ministros de turno (41139 del 03/05/2018) con similares intensiones; no da margen a ninguna duda de que, fueron las cámaras empresariales las que lo elaboraron, pero sin contemplar siquiera el deber de la sustentación técnica. De manera que por la preponderancia que en estos asuntos debió asumir la SETENA, su secretario Ulises Alvares y Comisión plenaria, deberían ser llamados a la comparecencia ante la Comisión de Ambiente legislativa, y que rindan cuentas por el adefesio de reglamento que normará el trascendente funcionamiento de su institución y directamente determina el tipo de desarrollo del país. Entre muchos aspectos regresivos a instaurar, está por ejemplo la cantidad de proyectos, obras o actividades que genéricamente se disponen a relevar de la obligación de cumplir la evaluación de impacto ambiental (Observar tan sólo su Artículo 3). Asunto que, por años llamaron proyectos de muy bajo impacto ambiental, además, año con año los ampliaban en listas emitidas mediante simples resoluciones administrativas para excluirlos de esta evaluación, engañosamente agregando algunas actividades que no reunían características de un proyecto. Pero ahora, no sólo reglamentan esa histórica exclusión, sino que, una vez más les aumentan los umbrales. Es el caso por ejemplo de los movimientos de tierra y área constructiva, una práctica viciosa de siempre.

Otro aspecto a prestar atención al menos por el momento y que, denota omisión impropia es que, en materia tan sensible y sobre todo que pretenden derogar, es el deber de observar y entender como ya se dijo, los conceptos básicos de evaluación de impacto ambiental y daño ambiental. Se observa así una velada intencionalidad de retroceder con estas conceptualizaciones, incluso más allá del anterior Reglamento de la Setena (D.E. 25705-1997). Veamos:

Reglamento General de la EIA del 2004

“39. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma general, la Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: a) la Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos.”

“28) Daño Ambiental: Impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex -ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA).”

RECSA 2022

“Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento técnico-científico realizado por un equipo de consultores ambientales para identificar y predecir los efectos de una actividad, obra o proyecto (AOP) sobre el ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, cuantificándolos, ponderándolos y estableciendo medidas de control ambiental.”

“17. Daño Ambiental: Impacto ambiental negativo, significativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA)”.

En estas definiciones básicas, queda completamente demostrado una intencionalidad de cambiar a su favor conceptos fundamentales, así cómo se elimina la obligación de cumplir la EIA de muchos proyectos por medio de este reglamento “nuevo” y otras leyes ya vigentes. Y la gravedad de tales decisiones radica en que, se lleva a cabo en momentos de que se tramita también una reforma de Ley 7554 que corta las alas a la SETENA²⁴. Igualmente, cuando la violencia que azota al país, vive momentos extremos, inclusive en temas ambientales; 27.871 denuncias ambientales registradas durante los últimos cinco años²⁵ son alarmantes. Pero no observamos preocupación del gobierno, no obstante, con disimulo la mesa ha sido golpeada por los gringos²⁶.

Conclusión: Costa Rica hoy día enarbola en su política ambiental, no sólo los antivalores más innobles como la traición a nivel regional, sino también, la mentira y el engaño para desatender (desgobernar) los bienes más preciados de la Nación, su salud, la seguridad y en general sus derechos humanos. ¿Podrá haber una reglamentación más retrógrada que la que comentamos? Seguro que no.

Texto de Despegando con el extractivismo: Caso del aeropuerto internacional del sur – Costa Rica

Escrito en 24/02/2023. Publicado en Comunidad, Cultura, Derechos, Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes – CIEP-Kioscos Socioambientales

A partir de la gira presidencial que realizó el presidente Rodrigo Chaves Robles en la zona sur del país, donde realizó declaraciones en torno ha retomar las acciones de impulso del megaproyecto del aeropuerto internacional del sur, como una de las acciones para promover la reactivación económica de Región Brunca.
Esta iniciativa, pretende construir las instalaciones en las Fincas 8, 9, 10 y 11 de Palmar Sur de Osa, Puntarenas. Para los promotores de este proyecto, son fincas donde lo que existe apenas son bananos y maleza.
A partir de este interés gubernamental de reactivar la economía de la región a través de este tipo de mega-infraestructura para generar un empuje al sector turístico con la llegada de vuelos internacionales, nos preguntamos ¿Qué sucede en estos territorios? ¿Es cierto que están abandonadas estas tierras? ¿Acaso no habían yacimientos arqueológicos? ¿Qué lugar tiene la historia y cultura viva de estos territorios?
Para responder esto, valoramos las implicaciones de la reactivación de este megaproyecto a partir del proceso que inició en el 2013 y fue archivado en el 2015 con el número de expediente D1-11752-2013-SETENA. En este proceso, luego de varios gestiones de consultas y revisiones, se logró determinar que los promotores, habían obviado algunos elementos importantes:
– Las Fincas están habitadas por decenas de familias campesinas que han desarrollado sus propias formas de producción, además cuentan con zonas de recreo y reunión, es decir hay comunidades establecidas.
– La estrecha relación de esta región con los humedades de Térraba-Sierpe, lo cual hace que sea una zona clave para su conservación y protección.
– La presencia de pueblos indígenas y yacimientos arqueológicos en esta región representa un valor cultural incalculable, como lo son las esferas de piedra Patrimonio de la Humanidad.
Como parte del proceso de archivo de la iniciativa, a partir del oficio SG-SEA-1451-2015 de SETENA, dirigido al Consejo Técnico de Aviación Civil resaltamos que solicitó:
-Declarar desierta la licitación del proyecto de estudio de factibilidad socioeconómico, técnico, legal e institucional, para el desarrollo del Aeropuerto Internacional de la Región Brunca
-Solicitar a Organización de Aviación Civil Internacional la devolución de los dineros para el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Región Brunca
-Instruir al director general para que remita los estudios pertinentes para fortalecer y mejorar los aeródromos de la región
¿Qué podemos aprender?
Como parte de los aportes que podemos reseñar, es que esta obra en particular reforzó los puntos débiles que representan las ambiciones detrás de estos megaproyectos, que consisten en el marginamiento, ninguneo y exclusión de las comunidades locales de cualquier toma de decisión y vinculación, así como el desplazamiento de estas poblaciones, en el caso particular del aeropuerto, podemos citar:
– No se consideran los impactos ambientales de la operación del aeropuerto en ecosistemas tan vulnerables como los humedales. Así como las implicaciones que representa la promoción de un tipo de modelo turístico masivo (infraestructura invasiva y cambio del paisaje, impacto desmedido de actividades humanos, entre otros) que requiere flexibilización en la regulación, y más grave sobre una región que se ha caracterizado por formas de turismo de baja escala y comunitario.
– Se desprecia las formas de vida campesina, y se marginan a las personas que habitan está región.
– Prioriza un desarrollo ajeno a las comunidades, al promover beneficios centrados en un tipo de turismo a corto plazo, e ignora la sostenibilidad de la región al desconsiderar otras formas de gestión y promoción local.
– Al desestimar los sitios arqueológicos y promover su extracción, refleja un desprecio patente al legado y la vida cultural de la región.
Para reforzar lo anterior, podemos citar las mismas declaraciones que brindó el señor Presidente, al señalar al respecto de la importancia de este megaproyecto que “El hecho de que ahí haya algo, no es justificación para atrasar el progreso” (CRHoy-Villegas, A, 21/2/2023)1. Esta manifestación nos lleva a preguntarnos si una iniciativa como esta ignora las formas y modos de vida local y el legado cultural ¿Cuál desarrollo promueve el gobierno actual? o mejor dicho ¿El desarrollo para quienes?
Por esta razón, les compartimos esta infografía que nos aproxima a problematizar algunas de las tensiones que envuelven este megaproyecto, por lo cual planteamos ¿Qué lugar tienen las formas y modos de vida de las comunidades en estos megaproyectos?
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/despegando-con-el-extractivismo-caso-del-aeropuerto-internacional-del-sur-costa-rica/

Este material se pudo desarrollar a partir de la Investigación Mora, José Antonio (2022). Multiterritorialidades y conflictos por la tierra en Costa Rica: el caso del Antiguo Distrito Bananero de Palmar. [Tesis de Maestría Académica en Geografía, Universidad de Costa Rica]. Repositorio Institucional, Universidad de Costa Rica).

1Villegas, Andrey (21/2/2023) Chaves sobre zona arqueológica: «El hecho de que ahí haya algo, no es justificación para atrasar el progreso». CRHoy. Tomado de: t.ly/qgJ6

¿Una SETENA en manos de un político?

Escrito en 29/11/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

No hay institución que no sea mejorable; siempre hay que aspirar a la inalcanzable perfección. Pero usar como pretexto el que tal o cual ente no nos gusta cómo funciona, según nuestros intereses, para proponer su degradación hacia una simple oficina bajo el alero de cualquier ministro, no tiene sentido.

¡Y eso es lo que están proponiendo hacer con la Setena! Con el organismo encargado de hacer cumplir la Ley Orgánica del Ambiente, en lo correspondiente a las evaluaciones de impacto ambiental, para que éstas sean tramitadas ante un ente donde predominan los criterios científico-técnicos y no los intereses políticos de un ministro de Ambiente, como lamentablemente se está proponiendo en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que se tramita en la Asamblea Legislativa.

De aprobarse algo tan insensato, se estaría ante una clara e inconstitucional REGRESIÓN AMBIENTAL, vergonzosa para un Estado que lucha por hacer del desarrollo sostenible el principio que rige su accionar en estos muy preocupantes tiempos del cambio climático. Si la Setena requiere de más recursos humanos y materiales, ha de atenderse esa demanda, por ejemplo, con el 1% del impuesto a los combustibles sería un aporte formidable, sugerimos. Algunos pensarán que no, pero, de todos modos, por allí ha de caminar las respuestas a ciertos cuestionamientos mal intencionados unos, y nacidos del desconocimiento, otros, jamás erosionándola. Ante eso no debemos ser indiferentes.

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Audiencias por el juicio penal por caso Crucitas inicia nuevamente este viernes

Escrito en 17/11/2022. Publicado en Madre Tierra.

(Bloque Verde, 17/11/22) El Tribunal Penal de II Circuito de San José comenzará nuevamente el juicio por prevaricato por la concesión ilegal de la mina Crucitas, luego de que este mismo tribunal declarara en octubre del 2019 el sobreseimiento definitivo a favor de don Oscar Arias Sánchez, por prescripción de en este caso, pero que otros siete ex-jerarcas tendrán que someterse nuevamente a juicio.

En esta ocasión la Fiscalía acusa al exministro de Ambiente, Roberto Dobles y a seis personas más del supuesto delito de prevaricato, luego de que otorgaran la fallida concesión del proyecto minero en Cutris de San Carlos.

Este es uno de los casos de corrupción más importantes del país y es gracias a las denuncias por parte de organizaciones y abogados ambientalistas que el Tribunal Contencioso Administrativo en 2010 anuló la concesión otorgada a la empresa canadiense Industrias Infinito en 2008 para la explotación a cielo abierto de la mina y señaló una “orquestación de voluntades” por parte de altos jerarcas incluido el expresidente Oscar Arias Sánchez, el exministro Roberto Dobles.

El proceso judicial inicia en medio de denuncias por desobediencia al fallo de la Sala Constitucional sobre la responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de remediar ambientalmente el impacto que sufre la zona de Cutris de San Carlos por la minería ilegal. Esto debido a un recurso de amparo interpuesto por organizaciones ambientalistas desde el 2019 en dónde los y las magistrados les han dado razón, declarando el recurso con lugar y obligando al gobierno a hacer acciones para remediar el problema de la minería ilegal, pero que administración Alvarado-Quesada, ni la administración Chaves-Robles han ejecutado con eficacia. Incluso el ministro de ambiente Franz Tattenbach se ha mostrado reacio a cumplir con este mandato judicial (1), lo cual podría incurrir en un delito por desacato a la Sala Constitucional.

Al mismo tiempo la empresa Infinito Gold ha reabierto el proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial en la que demanda a Costa Rica por más de 300 millones de dólares por cancelar dicha concesión en 2010. Este proceso ha servido como excusa para que le Gobierno de Rodrigo Chaves para emitir una serie de opiniones desafortunadas sobre el futuro de la mina Crucitas, sin que necesariamente el futuro fallo del CIADI comprometa a Costa Rica a activar dicha concesión, como se ha insinuado por parte del gobierno. Este tribunal internacional solamente puede determinar sí la compensación económica solicitada por la empresa está apegada o no a lo que determina las normas sobre inversión de la Organismo Mundial de Comercio. Hay que recordar el CIADI en junio del 2021 falló a favor de Costa Rica, librandola de toda responsabilidad con la empresa minera, pero esta decidió apelar dicha sentencia.

1. Gobierno renuncia a limpiar mercurio de Crucitas https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-renuncia-a-limpiar-mercurio-en-crucitas/

Imagen ilustrativa.

Impactos del mega turismo en playa San Juanillo en Guanacaste

Escrito en 18/10/2022. Publicado en Madre Tierra.

El próximo miércoles 19 de octubre a las 5:00 p.m, en el programa Voces y Política, se conversará acerca de los “Impactos del mega turismo en playa San Juanillo en Guanacaste.

Se contará con la participación de:

Nadya Sklema.
Ana Fernández
Juan Carlos Cotua
Arturo Silva de la organización Alba Sud.

Escuche la transmisión por 96.7 FM en Radio Universidad y véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.

¿Legalizar y ampliar la minería “artesanal”?

Escrito en 04/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Mag. Daniel Fernández Vásquez y MSc. Mauricio Álvarez Mora, docentes e investigadores de la UCR

Actualmente se discute el proyecto de ley “para regular la actividad minera artesanal y de pequeña escala (MAPE)”, bajo el expediente N° 22.934, que intenta regular la minería artesanal que se ha desarrollado en diferentes regiones del país de manera ilegal. Dicha ley, se ha planteado supuestamente, para corregir contradicciones dentro de la Ley N° 8904, las cuales impiden el ejercicio legal por parte de personas físicas y jurídicas que desde hace muchos años llevan a cabo la actividad de forma ilegal. Pero, además, plantea herramientas legales para la incorporación de nuevas concesiones.

Hay que recordar que la minería (aún desde la lógica de artesanal o “pequeña escala”) se trata de una actividad extractiva. Esto significa que busca explotar diferentes minerales en altas cantidades, generando graves afectaciones a nivel ambiental y cuyas ganancias son mayoritariamente obtenidas por exportaciones y en el extranjero.

Esta actividad se caracteriza por tener un escaso procesamiento y dejan pocos recursos y encadenamientos productivos a la escala local o regional. Es importante acotar que este tipo de extracción también está vinculada a la extracción de la fuerza de trabajo.

Este tipo de actividad es particularmente dañina e irreversible ya que se caracteriza por ser depredadora de la naturaleza, ya que no solo mercantilizan a la naturaleza, sino que también la agotan. Ya que la intensidad de estas actividades implica un uso desmedido del agua, de químicos (cianuro) que contaminan de forma permanente los cursos de agua y los mantos acuíferos.

Es importante poner evidencia que este discurso pro extractivista ha girado en torno a la promoción de la minería “científica” o la minería “responsable” suponiendo que esta es mejor que la ilegal. Sin embargo, no existe minería “responsable” o “sostenible” ya que todas estas prácticas mineras tienen un serio impacto en los ecosistemas y en las comunidades. En este marco es posible ubicar diferentes aspectos de este proyecto de ley que pueden considerarse portillos o incluso propuestas directas que plantean amenazas a la progresividad en materia de protección del ambiente. En primer lugar, al realizar una ley conjunta para lo que se considera minería artesanal y minería “a pequeña escala” se da una definición muy amplia, en la cual se plantea que dicha actividad se define de esta forma a partir de “un volumen de extracción anual de toneladas métricas”. Dicho volumen queda abierto a definición en un futuro reglamento, como la mayoría de aspectos técnicos de esta ley.

En esta misma línea la ley establece las áreas de concesión entre un kilómetro cuadrado (100 hectáreas) y diez kilómetros cuadrados (1000 hectáreas). Sumado a esto se avala el uso de la extracción mecanizada. Todo esto da miras a formas de extracción que no son ni “artesanales” ni “de pequeña escala”, sino minería a gran escala. Por otro lado, la propuesta de ley plantea la posibilidad de exploración, explotación de nuevos yacimientos siempre y cuando se cumpla con el permiso de SETENA. Esto preocupa sobremanera ya que implica la posibilidad de explotación de territorios más allá de las zonas donde, en inicio, se busca regularizar la actividad minera.

Además, no se establecen límites físicos y cantidades de concesiones por lo que puede acumular las mismas creando enjambres de proyectos que amplifican y acumulan impactos transformando la escala y dimensión del impacto socio ambiental.

Otro punto a considerar dentro del proyecto es la posibilidad de otorgar permisos para el uso de Cianuro. Sustancia que actualmente se utiliza de manera desmedida en la actividad minera y que provoca contaminación permanente de los mantos acuíferos.

Cabe señalar que para el establecimiento de diferentes evaluaciones se señala como responsables directos a la SETENA y a la DGM. Esto sin señalar nuevos recursos para el seguimiento de estas tareas y por lo tanto el control de la ley. Considerando que ambas instituciones se encuentran con altos volúmenes de expedientes y tareas para el seguimiento, el no asignar nuevos recursos implicaría una aprobación nominal de la ley sin los recursos necesarios para los controles requeridos.

Finalmente, se vuelve preocupante que muchos temas técnicos vitales para la comprensión del proyecto quedan sujetos a la elaboración posterior de un reglamento. Lo cual, partiendo de lo planteado dentro del proyecto de ley, genera preocupaciones sobre la posibilidad de incentivar y promover la actividad minera en el país. Actividad cuyas repercusiones ambientales y sociales se encuentran más que demostradas en la región.

Se considera que este proyecto, al igual que otros planteados recientemente en la materia, no se plantea como una solución o un avance en la temática social y ambiental alrededor de la minería en el país. Al contrario, el mismo se vislumbra como un retroceso a nivel ambiental con similitudes a otros proyectos sobre los cuales ya se han pronunciado la fiscalía y diversas organizaciones e instituciones.

Imagen ilustrativa.

Carta a diputados y Comisión Caribe sobre crisis de ecosistemas

Escrito en 21/09/2022. Publicado en Madre Tierra.

El pasado 11 de setiembre de 2022, se envió a la diputada Marta Carballo, diputado Salas y Comisión Caribe, una carta con respecto a sus declaraciones en un audio y su forma despectiva hacia los animales. Empero, se socializó información sobre la protección de los monos y el desarrollo turístico del Caribe Sur, que están provocando construcciones sin control en zonas protegidas.

Por otra parte, el turismo es uno de los graves impactos para el hábitat de muchas especies con las cuales debemos de aprender a convivir, pero no se está haciendo ningún esfuerzo para alcanzarlo, todo lo contrario, pues lo que están defendiendo, es la causa de la destrucción de los ecosistemas de esta región, en dónde las mismas comunidades se van a ver seriamente afectadas, porque es un problema de salud pública, salud integral.

Lamentablemente por más que se trabaje en educación ambiental desde las universidades públicas, ONG, comunidades, las personas que desean dejar algo a las presentes y futuras generaciones es cada día más difícil proteger.

¡El ser humano es apenas parte de un todo, no somos el centro del Universo, somos parte del mismo!

Caribe-Informe-Monos-Larvas-SINAC Descarga

La bella y la bestia

Escrito en 22/08/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Ahora que se realiza en Costa Rica una actividad anunciada el año pasado, es oportuno recordar lo que escribimos hace tres años, como reacción a detractores que nunca faltan. Y es que por primera vez en la historia, Costa Rica es sede de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Palacios de Congresos (AIPC), que está realizándose en el CENTRO DE CONVENCIONES DE COSTA RICA.

Escribimos entonces que el Centro de Convenciones, en menos de un año, había logrado ventas superiores a US$3.3 MILLONES, lo que se calificaba de excelentes resultados tomando en cuenta que (como sucede con un nuevo hotel, por ejemplo) se requiere un tiempo de adaptación, para insertarse en una actividad que ya está sobre la marcha y donde los contratos turísticos y organización de convenciones, se hacen con dos o tres años de anticipación.

«El vaso está medio lleno» ¡y llenándose!, y el turismo se reafirma como la más importante fuente de divisas extranjeras y empleo de Costa Rica.

Bienvenidos los distinguidos participantes a la citada Conferencia Anual, acogidos en unas instalaciones donde los diseñadores y arquitectos se esmeraron en construir un edificio amigable con el ambiente, conforme al prestigio que tiene Costa Rica como un activo soldado en contra del cambio climático.

Por otro lado, no sabemos cómo lo lograrán los anfitriones, pero ojalá eviten que los amigos extranjeros lleguen a ver, ni a un kilómetro de distancia, el horrendo y antiecológico edificio legislativo, que en forma de block de cemento se construyó impunemente SIN Estudio de Impacto Ambiental, pese a que el gasto fue cercano a ¢85.000 millones.

Visitantes que ahora admiran «la bella» del cuento infantil, pero que no merecen llevarse la imagen de «la bestia».

Consideraciones sobre el proyecto AGUA PARA GUANACASTE

Escrito en 01/08/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Los grandes proyectos de obra pública que se han desarrollado en nuestro país, siempre han sido vistos como parte del proceso de desarrollo que nos hemos propuesto en pro del progreso. ¡Jamás se ha objetado que una carretera, una represa hidroeléctrica, un acueducto, un aeropuerto, un hospital, una universidad, etcétera, pudiese beneficiar a un grupo particular de compatriotas!, por lo cual, para evitar que algunos fueren a resultar “premiados”, lo mejor que se podría hacer es tomar la decisión de no construir la infraestructura pública que se ha propuesto. Y así alegan, que si tal o cual carretera va ser usada por los que no son de nuestra simpatía, pues que no se construya. Si tal o cual proyecto hidroeléctrico o de acueducto va a llevar electricidad y agua a unos habitantes que “de por sí ya son ricos”, pues a detener el progreso… aunque las grandes mayorías se queden sin esos servicios públicos, solo les falta decir irracionalmente.

Por ello, porque algunos prejuicios así hemos percibido en relación con el proyecto Agua para Guanacaste, queremos compartir con ustedes algunas consideraciones que podrían ser de utilidad si así fuere posible. ¡Veamos!

HOY toda el agua que se aprovecharía proveniente del embalse Arenal (después de generar electricidad en tres plantas del ICE) sigue «cuesta abajo» hasta irracionalmente DESPERDICIARSE EN EL MAR vía río Tempisque, mientras, paradójicamente, cientos de miles de guanacastecos padecen de escasez de agua para consumo humano y producción agropecuaria.
Agua con que se abastecerían decenas de acueductos rurales (asadas) de los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo…, que hoy sufren por no tener acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuadas, incumpliéndose así el derecho humano al agua.
También el importante sector turismo, principal fuente de empleo de la provincia, no solo podría sustituir con esa agua a la de origen subterráneo que hoy utilizan (¡y que no sobra!) sino que también permitiría reactivar proyectos que esperan ser desarrollados y que no lo han sido precisamente por escasez del líquido vital. La mayoría se trata de pequeños hoteles de menos de 30 habitaciones, como es la norma en todo el territorio nacional.
Se estima que unas 400 fincas existentes en las más de 16 mil hectáreas de fértiles tierras de uso agropecuario, que ven limitada su producción por falta de agua, tendrían eventualmente la que necesitan, sin importar quiénes sean los dueños de fincas que podrían abastecerse, para así generar producción y empleo para los guanacastecos.
Agua, tanto la de aprovechamiento agropecuario como la de consumo humano, que independientemente de las tarifas que la Aresep ha determinado para su uso actual otorgada por concesiones, será igualmente sujeto de fijación tarifaria en cuanto el ansiado proyecto entrare en funcionamiento. Es decir, después de construir los cientos de kilómetros de nuevos canales, la represa, el lago artificial de 800 hectáreas, y los acueductos que la trasladarán hacia la margen derecha del río Tempisque. Cumplida esa magna tarea, entonces sí será posible para el organismo técnico del Estado fijar las tarifas que sean necesarias. Antes, sencillamente, es imposible.
El agua de la represa en el río Piedras, también podría, y esperamos que así sea, aprovecharse parcialmente por el ICE para generar electricidad para la región.
De la reserva biológica Lomas de Barbudal, donde se destaca la presencia de unas 250 especies de valiosas abejas, y flora y fauna de la zona de bosque seco, se inundarían 113 hectáreas de un total de 2.279 HECTÁREAS, o sea ¡el 4.9% del área de conservación!, que se compensarían con dos fincas colindantes de unas 500 hectáreas, de características ambientales similares, según fuere estudiado por los equipos de expertos que realizaron la evaluación ambiental.
Es preciso anotar que en la reserva biológica que, repetimos, se inundaría en menos del 5%, se encuentran y no se tocarían, varias asociaciones vegetales como la sabana arbolada, el bosque siempre verde, el bosque ripario al lado de los cursos de agua y principalmente, el bosque tropical seco de mayor extensión. Y sobre la esplendorosa ave “Galán sin Ventura” (Jabiru mycteria) ha de aclararse que por error, hay quienes han afirmado que esta especie en extinción en Costa Rica se vería afectada por el área del embalse que impacta el borde de la reserva, cuando en realidad sus especímenes remanentes NO se encuentran en el sitio, pues entre otros, están ausentes las tres especies de árboles que forman parte de su hábitat de anidación y reproducción, como sí sucede en el Cerro Corral de Piedra y otros ecosistemas del parque nacional Palo Verde, que son determinantes para su conservación.
Es relevante, además, señalar que la evaluación de impacto ambiental la realizaron profesionales de la Organización de Estudios Tropicales (OET) de muy reconocido prestigio e independencia, donde participan universidades costarricenses y estadounidenses, con programas en biología tropical, además de profesionales del ICE y Senara. Estudio de impacto ambiental, que como corresponde al principio del DESARROLLO SOSTENIBLE, valora en una balanza por un lado los impactos y por otro los beneficios sociales y económicos que tendría el proyecto para Guanacaste y Costa Rica. La meta: de garantizar a las futuras generaciones un uso sustentable de los recursos naturales, en este caso muy particular, del agua, lo más valioso que podamos imaginar en tiempos del cambio climático.
Se ha señalado por allí, que pareciere probable que se hubieren detectado algunas inconsistencias en los registros catastrales en los bordes del gran embalse, que, dicho sea de paso, ese lago artificial se convertiría en un atractivo turístico y recreativo de gran potencial. Por razones de técnicas usadas hace muchos años y por errores muy comunes en mapas de catastro, lo que corresponde es hacer las correcciones pertinentes si así se determinare, pero ¡jamás! concluir que por esas particularidades el proyecto no debe construirse. Los guanacastecos no merecen que algo soñado por tantos años, ahora que está a punto de iniciarse, vaya a rechazarse por algo tan intrascendente.
Recordemos: en tan solo dos años, estaremos celebrando el BICENTENARIO de la incorporación, de la anexión voluntaria de la tan querida Región Chorotega a la entonces «incompleta» Costa Rica. Sin duda alguna, porque su vida fue un ejemplo, el Benemérito de la Patria diputado del Partido Confraternidad Guanacasteca, Dr. Francisco Vargas Vargas, muy posiblemente estaría al frente de su pueblo luchando porque se haga realidad ese trascendental proyecto en su todavía olvidada provincia. Por su memoria, por su pueblo, al cumplirse los doscientos años de aquella decisión que vino a transformar nuestro suelo patrio, deseamos infinitamente que en el año 2024 esa fiesta nacional se celebre con la información de cuánto se ha avanzado en la construcción del proyecto. Los guanacastecos, los costarricenses, no podemos desaprovechar esta histórica oportunidad.

Calles mal diseñadas y, por ende, los pasos de fauna

Escrito en 30/07/2022. Publicado en Madre Tierra.

La falta de pasos de fauna ha sido una gran problemática para los ecosistemas del país debido a que las calles fragmentan los bosques y esto muchas veces ocasiona que se aíslen las poblaciones de animales y que no puedan cruzar de un lado a otro sin verse expuestos a peligros como el de un atropello.

Sin embargo, en India se ha encontrado una alternativa para crear calles que a su vez, sean un paso de fauna, haciendo que el impacto de la fragmentación de bosques se vea reducido. Sin embargo, parece haber falta de voluntad en nuestro país para realizar algo, a pesar de ser tan simple, debido a que por los TLC, los proyectos deben cumplir las exigencias económicas sin importar su impacto ambiental.

Compartido con SURCOS por María Elena Fournier como información enviada por Jorge Solano.