El Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsöchok elaboró esta historieta titulada “Cantando sin guitarra”, en la que se ilustra cómo el asesino del líder indígena Jehry Rivera, se jactó frente al gobierno, policía y personas de la comunidad de haberlo hecho y aún así mantuvo su libertad.
¡Justicia para Jehry! ¡Alto a la impunidad! Defender las tierras ancestrales es un derecho humano de todos los pueblos originarios del mundo.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) comparte la transmisión en vivo del juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera, compañero líder Brörán asesinado el 24 de febrero del 2020. Jehry fue asesinado por su participación en los procesos de recuperación de tierra-territorio en el Territorio Brörán de Térraba.
Agradecemos profundamente a las y los compañeros de Bloque de Vivienda por transmitir esta primera sesión del juicio que tomó lugar el día 23 de enero del 2023, en el que se interroga al señor William Mora Alfaro, investigador judicial en la unidad de Buenos Aires, que fue convocado como uno de los testigos respecto a las actuaciones policiales en este caso.
Puede ver la transmisión completa en el siguiente enlace https://fb.watch/iesy9G3Ea6/
JUSTICIA PARA JEHRY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
COMUNICADO PÚBLICO
Lunes 23 de enero del 2023. El día de hoy inició el juicio por el asesinato de líder Brörán del Territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera. Jerhy fue asesinado por su rol en los procesos de recuperación de tierras-territorios del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero del 2020, en el segundo día en el que una turba de entre 150-200 personas asedieron a las personas del Pueblo Brörán que se encontraba recuperando tierras territorios desde el 23 de febrero de ese mismo año.
En las afueras del recinto judicial se encuentran distintas organizaciones acompañando a la madre, familiares de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba: una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (Autogobierno Bribri de Salitre), la Red de Mujeres Rurales, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsöchok, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), además de personas de los Pueblos Originarios de otros Territorios de la Zona Sur y otras organizaciones de distintas partes del país.
Entre los hechos más importantes y que han sucedido en el desarrollo del juicio hasta ahora se encuentran: 1) *el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón admitió como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jerhy Rivera* y; 2) según el testimonio de *William Mora Alfaro, investigador judicial de Buenos Aires, *reconoció que Jerhy fue asesinado por su participación en el conflicto de tierras-territorios en la Zona Sur y además admitió que Jerhy fue arrastrado 5 metros después de ser asesinado.*
Mora Alfaro fue el investigador encargado del levantamiento de informes policiales, así como de las primeras investigaciones del homicidio por razones políticas. *Su testimonio confirma que Jerhy fue asesinado por razones políticas y que además sufrió ensañamiento por parte de la turba que se encontraba hostigando y violentando a las personas recuperadoras del Pueblo Brörán desde el 23 de febrero del 2020.*
Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones hermanas y solidarias a continuar atentos y atentas al desarrollo del juicidio sobre el asesinato de Jerhy Rivera Rivera. A estar vigilantes de que la impunidad sobre este caso se detenga.
*Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).*
Justicia para Jehry Rivera y su familia
El 24 de febrero del 2020 quedará en la comunidad Bröran de Térraba como una mancha de dolor. El asesinato del líder indígena y recuperador de territorio ancestral fue ejecutado durante un ataque de una turba de 150 personas no indígenas y aliadas quienes, desde el 23 de febrero del 2020, habían hostigado, violentado y amenazado al Pueblo Bröran, pese a que el 23 de febrero se había dado una alerta temprana a los viceministros de Diálogo y de Seguridad. Semejante acto de cobardía y atropello solo puede ser explicado como parte de una violencia sistemática contra la identidad y la cultura de los pueblos originarios.
Las palabras de su madre, Digna Rivera, aclaran muy bien la dimensión de este duelo nacional: “Porque mi hijo murió por defender el derecho legal de las tierras indígenas que, como territorio indígena, nos pertenecen en el territorio de Térraba y en todos los demás territorios. …Creo que no ha sido bonito para nosotros y creo que no ha sido bonito para ningún pueblo indígena perder un compañero, un luchador, un entregado a la lucha y la defensa de los derechos, aparte de ser hijo, hermano, sobrino, nieto, padre que lo sufrimos en carne propia, también se nos va una pieza importante de los valientes que se atreven a salir a reclamar por nuestros derechos”.
Justicia para Jehry Rivera y cese a la impunidad
Jehry fue asesinado por la espalda y con presencia policial que no garantizó su protección ni la del Pueblo Bröran. Antes de que Jehry, como es parte de la cultura, regresara a la tierra, antes de que sus familiares y amistades se despidieran, su asesino confeso fue puesto libertad. Si el Estado costarricense cumpliera sus compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este asesinato y el de Sergio Rojas en marzo del 2019 no se habrían producido, pues, desde el 30 de abril del 2015, dicha comisión le había solicitado a Costa Rica medidas cautelares en favor de los Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre. Las medidas cautelares “MC 321-12” establecen que el Estado costarricense es responsable de garantizar y resguardar la vida e integridad física de esos pueblos.
En lugar de cumplir con el mandato de cuidar la vida y la seguridad en los territorios indígenas, el Estado costarricense propicia reuniones como la de la Mesa Técnica el 17 de agosto del 2022 en Buenos Aires de Puntarenas; en la cual, se incentivó el racismo y se aplaudió la declaración del presunto asesino de Jehry Rivera cuando se enorgulleció de haberlo matado.
Justicia para Jehry Rivera y respeto a los derechos humanos
Todas las instancias del Poder Judicial deben acoger como parte de su actuar las formulaciones que, sobre Derechos Humanos de los pueblos originarios, ha construido la legislación nacional e internacional. La impunidad con que actúan finqueros y ocupantes de los territorios ancestrales debe terminar. Son continúas las amenazas, las agresiones y las violaciones a los derechos de estas poblaciones en forma de ataques a la integridad física de las personas y en forma de incendios y destrucción de cultivos a la integridad de sus territorios. Tal y como lo señala el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe del 28 de septiembre de 2022:
“91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.
Tal y como lo plantea este relator especial de Naciones Unidas, exigimos que el Tribunal de Pérez Zeledón acate:
“Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a:
Suscribimos este comunicado público:
– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
– Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha.
– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.
– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Asociación Voces Nuestras.
– Frente Tierra.
– La Juventud Vanguardista Costarricense.
– Confluencia Solidaria.
– Partido Vanguardia Popular.
– Partido Frente Amplio
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
– Bloque de Vivienda.
– Radio 8 de octubre
¡La justicia para Jhery Rivera es la justicia para reparar una mínima parte de 500 años de atropello y violencia!
Del 23 al 25 de enero se realizará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera, indígena bröran, recuperante de tierras y defensor de los derechos ambientales en su territorio. Estos acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre la violencia que se vive en el campo costarricense, nos debe obligar a no ser indiferentes, a tomar posiciones y actuar.
Es necesario empezar diciendo o recordando que este país se ha construido sobre el racismo. El proceso de invasión española marca el origen de las relaciones que hoy se viven y que no se revisan ni se critican a profundidad, por eso Costa Rica es un país tremendamente racista y lo vivimos a diario las comunidades indígenas, además del racismo que viven otros grupos. En este país se desconoce o niega la historia local y nacional y con ello la historia oficial borra la identidad de cada región que ha tenido presencia indígena.
En la Red de Mujeres Rurales, en conjunto con Tinamaste, hemos ido analizando que hay muchas formas en las que se muestra el racismo. Este racismo, si bien ha existido desde hace mucho tiempo, con muchas discriminaciones por el color de la piel, por el grupo al que se pertenece, no es un asunto del pasado. Sigue existiendo y es alimentado por muchas políticas que ignoran, olvidan o se dedican a agredir a los pueblos.
Vivimos en una sociedad que quiere ocultar las discriminaciones, para hacernos pensar que son naturales, mientras nos siguen despojando de la tierra y los bienes de los pueblos.
El control que ejercen los gobiernos, representantes de los sectores dominantes, mediante sus instituciones, impone una visión del mundo occidental, neoliberal, extractivista y egoísta hacia nuestros territorios, hacia nuestras formas de vida y los bienes comunes.
Este control institucional, que llaman desarrollo, ha significado para los pueblos la pérdida de autonomía, que repercute en el debilitamiento de las relaciones comunitarias, del tejido social que nuestros ancestros y ancestras tenían como parte de su identidad. Han venido matando nuestras culturas, y por lo tanto matando nuestra identidad.
El juego de los poderosos ha sido dividir para vencer, se han impuesto gobiernos locales por medio de las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIS), en muchos casos con dirigentes que abusan del poder y abusan de los bienes que le pertenecen a las comunidades; hacen lo que el poder les dicta y traicionan a los pueblos. Estas ADIS no representan al territorio, son representantes del gobierno, no de la comunidad. El absurdo es que en la mayoría de los territorios participan invasores no indígenas en la elección de las ADIS. Por eso decimos que los territorios deben ser saneados.
En la Red hemos caminado en reivindicar e indagar para conocer la historia de las mujeres y hombres, de las áreas rurales y las comunidades. Consideramos que es necesario conocer la historia de los procesos de cómo se organiza una comunidad, la forma de vivir de los hombres y mujeres que habitaron los territorios ancestrales, que vivieron en equilibrio con los demás elementos, que se organizaban para realizar tareas comunales desde la autogestión, la solidaridad y para el bienestar de la comunidad.
Las mujeres del campo hemos intercambiado información y conocimiento entre nosotras, indígenas y campesinas, para conocer las distintas formas de despojo, de discriminación y desprecio. Porque vivimos discriminación por el color de la piel, por nuestros rasgos, por nuestra forma de hablar. Y hemos conocido de las compañeras que hemos sido discriminadas en los servicios de salud, en las instituciones que no toman nuestras denuncias por violencia física, sexual o psicológica, y menos tenemos posibilidad de respeto sobre nuestros bienes, sobre los daños al ambiente. Nuestras demandas no son atendidas por ser mujeres del campo, por ser indígenas, afrodescendientes o campesinas y por ser pobres.
Pero el racismo ha llegado a sus formas más brutales contra las mujeres y los pueblos indígenas, con el asesinato. Por eso los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, no son hechos aislados. Y como mujeres organizadas en defensa de nuestros derechos vemos el incremento de la violencia contra las mujeres y contra los pueblos indígenas. Esto no es casualidad, mujeres y pueblos indígenas estamos no solo conociendo nuestros derechos, sino luchando porque sean realidad estos derechos.
Las mujeres rurales, indígenas y campesinas vivimos discriminaciones y racismo desde que nacemos, porque nos establecen y nos agreden cuando nos niegan el derecho a producir nuestros alimentos y nos imponen en el mercado qué debemos comer, cómo vestir, cuando nos imponen qué trabajos realizar, cuando no podemos estudiar e incluso somos excluidas de poder decidir. La política y las instituciones se especializan en no favorecer realmente a las mujeres, porque las mujeres seguimos sin acceso a la tierra, sin acceso a bienes y sin poder decidir en nuestros espacios y territorios.
Las mujeres del campo, igual que los distintos pueblos de este país, hemos venido viviendo una economía que concentra cada vez más la tierra, para que la población rural seamos solo peones y peonas, que no tomemos decisiones sobre la tierra, la forma de producir y la organización de las comunidades. La violencia en nuestros territorios tiene que ver con las características económicas de este país. Por eso se violan leyes y convenios internacionales, o se hacen otras leyes para favorecer a las empresas, mientras se dejan impunes los asesinatos y femicidios.
Por eso como Red de Mujeres Rurales-Tinamaste seguimos luchando para que esto cambie y nos podamos respetar aunque los colores de nuestras pieles sean distintos y nuestras formas de vida y culturas tengan diferencias.
Llamamos a toda la población a exigir justicia, a exigir no más despojo y violencia contra los pueblos indígenas, no más despojo y violencia contra las mujeres, que son manifestaciones del mismo modelo de sociedad.
¡No más impunidad ante la violencia contra las comunidades indígenas!
¡Repudio a los asesinatos políticos de Sergio Rojas y Jehry Rivera y exigir justicia!
¡No más impunidad ante los femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres!
¡Respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios!
¡Respeto a los derechos de las mujeres indígenas en sus territorios!
RED DE MUJERES RURALES-TINAMASTE
18 de enero 2023
El próximo lunes 23 de enero iniciará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera ocurrido en febrero de 2020 en Térraba, en la zona sur de Costa Rica.
Jehry Rivera Rivera, indígena brörán de Térraba, lideraba un proceso de recuperación de su territorio, ubicado en el cantón de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas.
En Térraba, al igual que en otros territorios indígenas de la región, las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios por ley y por herencia ancestral han sido usurpadas por terratenientes. En consecuencia, ante la permisividad e inoperancia de las instituciones estatales, las comunidades han decidido ejercer su derecho y tomar posesión de algunos de los terrenos usurpados.
Desde el domingo 23 de febrero de 2020, familias brörán habían emprendido varios procesos de recuperación de terrenos que estaban bajo ocupación ilegal por parte de personas no indígenas. La noche del 24, una turba de usurpadores, terratenientes y sus peones atacó a las familias recuperadoras. Al enfrentárseles, Jehry recibió cinco disparos por la espalda.
El que disparó es un hombre de apellido Varela, quien en su momento se entregó a las autoridades pero posteriormente fue puesto en libertad. En agosto de 2022, Varela confesó haber cometido el homicidio y fue ovacionado por el público durante una actividad pública con presencia de funcionarios oficiales en Buenos Aires de Puntarenas.
El juicio comenzará el lunes 23 a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles 25. Familiares y amistades de Jehry invitamos a acompañar este proceso durante los tres días del juicio en los Tribunales de Pérez Zeledón.
Por Mauricio Álvarez Mora, docente UCR-UNA y ecologista.
Hace 28 años, el 7 de diciembre, Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández, murieron en su casa destruida por un incendio, del que nadie pudo escapar. Es extraño que no pudieran salir, María del Mar -guerrera defensora del golfo Dulce- luchó hasta el final y pereció tratando de abrir la puerta, sin llave y con los rasguños cercanos a la cerradura que evidencia que la puerta no abrió o alguien no lo permitió. Óscar y Jaime murieron en unas camas.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no hubo resultado de las investigaciones que indicaran mano criminal; no obstante, tampoco se pudo hallar otra causa del incendio. Todo se enrareció y se justificó con la práctica del fumando y la bohemia.
Sin embargo, como ecologistas, veníamos de una importante campaña contra la transnacional Stone Conteiner, justamente tres días antes del incendio celebramos la victoria en conjunto con la gente de las comunidades del Golfo Dulce en Puerto Jiménez. Una campaña que en menos de dos años logró articular a las comunidades con organizaciones nacionales y hasta redes globales como Greenpeace, otras europeas y de Estados Unidos, por la defensa del valioso ecosistema del pacífico sur de Costa Rica que alberga patrimonio natural y cultural para la humanidad como los es el Humedal Térraba-Sierpe y el Parque Nacional Corcovado , contra la intención de construir un muelle industrial para procesar y exportar astillas para hacer papel de las plantaciones de melina que invadió la zona.
Durante la campaña persona ecologistas recibimos amenazas y actos de violencia, como el hecho de aflojarle las tuercas a las llantas del vehículo de la AECO (Asociación Ecologista Costarricense) y se recibieron llamadas anónimas a la oficina después, de lo que consideramos, el asesinato de Oscar, Jaime y María del Mar, diciéndonos “la lista no ha terminado”, amenaza que cumplida meses después, cuando apareció muerto el compañero David Maradiaga.
Tantos años después la memoria sigue vida, a veces se nubla, se evapora pero vuelve a condensarse para dar paso a momentos elegidos, que se amontonan desordenadamente y como una tonada sin rima se activan por reflejos, se gatillan en un juego de estímulos inesperados: un aroma, un lugar, una frase o una gota de agua en la espalda desde donde puede emerger la memoria de lo sencillo, lo trivial de los mejores momentos y también los de gran dolor. Así han venido siempre los recuerdos durante 28 años continuos, con el empuje de los vientos alisios y los atardeceres de bronce.
El hipocampo es el lugar del cerebro que alberga la memoria, la de episodios pasados y la memoria espacial. Su nombre proviene de agregar los términos griegos «hippos» y «kampos», que significan respectivamente «caballo» y «monstruo», debido a su parecido con un caballito de mar. Entre las principales funciones del hipocampo estan en la generación y recuperación de recuerdos, por lo que es clave en nuestros aprendizajes y la generación del conocimiento. También está implicado en las emociones, debido los sentimientos que nos generan los recuerdo. Además, es el lugar donde se enquista la enfermedad del Alzheimer provocando la pérdida de memoria y desorientación.
¿Qué activa las conexiones de las neuronas que nos devuelven los recuerdos?, ¿cómo los mezclamos con los sueños, deseos, pasiones y dolencias para sembrar la memoria en nuestro hipocampo? ¿dónde y cómo constituir un hipocampo colectivo si no intencionamos, escribimos y reivindicamos cada 7 de diciembre?
Ya pasaron muchos años y sigue la necesidad de escribir todos los años para recordar, para vencer el olvido y la impunidad. ¿Cómo contar algo que no está nombrado y llorado?, ¿cómo puede la memoria ser una duda torturante, un recuerdo de amor, miedo y sufrimiento?, ¿cómo aliviar el peso de nuestro hipocampo con uno más colectivo para distribuir los sufrimientos?
La vida nos va llevando por otros senderos de tiempos y espacios que van y vuelven cíclicamente, vamos cambiando y con ello algunos sentimientos se atenúan, otros tienden a desplomarse, los que están atorados o incendiados nos causan las mismas sensaciones, los mismo fríos y dolores.
En todos estos años, donde se ha sumado más violencia a las estadísticas, he percibido una especie de efecto Coriolis, no la rotación de un cuerpo en movimiento en distintos hemisferios, es otro efecto humano de indiferencia, lo he observado cuando he expuesto sobre la criminalización y la violencia política , la respuesta es desviar la mirada a la derecha o a la izquierda según su lado de cuerpo dominante o “diestricidad”, una vez vuelta la mirada, dejan de escuchar y cortan la atención. No sé si sea alguna reacción del lenguaje corporal o simple mecanismo de evasión o negación, pero cuando uno cuenta algo doloroso, la gente comunica muchos gestos de empatía, solidaridad, incredulidad, descalificación y el peor de todas es la Coriolis emocional. ¿Cuál será el gesto suyo a esta altura de texto?
Para el excepcionalismo tico y cuento de país verde y feliz, estos hechos son una distorsión, un error en la postal, donde el futuro nos alcanza y una amenaza a nuestro papel en la debacle ambiental del planeta. Nuestro país siempre ha jugado a ser esa esperanza, ese papel de vitrina, de laboratorio de cuentos tan buenos y curados que los termínanos creyendo, repitiendo y hasta reproduciendo. Es así, pero a veces quisiera hacer Coriolis y desconectar el interruptor para mal vivir con la misma indiferencia. Para mantener el excepcionalismo hay que castrar la memoria e invisibilizar todos los errores del guion.
Para la región latinoamericana la pérdida de Oscar, María, Jaime y David inauguró una oleada de represión y criminalización algo distinta, pareciendo menos masiva y más selectiva que el saldo de las dictaduras y ejército con su masivo y sangriento monopolio del terrorismo de Estado. Sólo parece distinta pues se privatizó parte del monopolio de la violencia y ahora los intereses trasnacionales y privados han perpetrado más directamente la represión en la última tres décadas contra personas activistas, indígenas, mujeres y campesinas defensores de la tierra.
Para muestra las 1733 personas defensoras de tierra y derechos humanos en todo el mundo que han sido asesinadas en los últimos diez años (2012-2022), esto de acuerdo con el informe más reciente de Global Witness (setiembre 2022), organización que desde 2012 documenta este tipo de violencias. El 68 % de esos ataques se han registrado en países de América Latina. Las comunidades indígenas concentran el 39 % de los ataques registrados, pese a que representan menos del 5 % de la población mundial. Las mujeres como María del Mar Cordero suman 11 % de esta inmunda lista en 10 años.
A pesar de que Oscar, María, Jaime ni David estan en esa estadística, si lo están Jairo Mora, Diego Saborío, Sergio Rojas y Jhery Rivera, casos casi todos conocidos y la mayoría en la impunidad. Todas estas cifras y números estan además subregistrados y son la superficie de un ciclo de violencia en cuyas aristas hay amenazas de muertes, atentados, agresiones, judicializaciones y muchas otras formas de violencia que no siempre terminan en la estadística por terror al terror.
La impunidad, miedo y olvido son el Alzheimer que carcome nuestro hipocampo social, oxida toda la estructura de evasión, tiñe todo el pacto social de indiferencia, para dar paso zonas grises llenas de consumismo narcotizante, donde se extingue la vida y el fututo del planeta.
El año pasado 2021 al menos 200 personas defensoras de tierra y derechos humanos fueron asesinadas, por estas y todas las personas activistas asesinadas, sus familias y los tejidos comunitario rotos y por la naturaleza que también muere con ellas, extendemos un abrazo colectivo de justicia y verdad para hacer entre todas y todos un hipocampo colectivo donde recordemos con amor y dignidad a las personas que ponen el cuerpo y la vida para defender el planeta y otros futuros posibles.
Nota: Gracias a la edición de Rebeca Arguedas Ramírez
El pasado 28 de septiembre del 2022, se dio a conocer el informe realizado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita in situ en Costa Rica a finales del año 2021.
El informe está desde ya disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas en este enlace. El delegado oficial de Costa Rica indicó en su intervención (véase comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas del 28 de septiembre del 2022) que:
» Costa Rica reaffirmed its unwavering commitment to the protection of all under its jurisdiction, and their exercise of their human rights, without discrimination. Costa Rica worked to eliminate discrimination, and had accepted and analysed international recommendations, strengthening mechanisms for dialogue and interaction with indigenous peoples, leading to a better understanding of the impediments to their socio-economic development and exercise of their rights. Their land rights should be respected, as one of the main causes of violence was the lack of certainty in the property system«.
Sobre algunas recomendaciones hechas a Costa Rica
Más allá de las cosas que se oyen a veces por parte de un delegado costarricense en Ginebra, se sugiere la lectura integral y detallada del informe como tal, el cual contiene una gran cantidad de datos recopilados durante su visita por este experto de Naciones Unidas. Las conclusiones ubicadas en la parte final revisten gran interés para sectores sociales y deberían de poder propiciar una reflexión en el seno de algunas entidades estatales.
En la parte conclusiva, se lee por parte del Relator Especial que:
«91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos».
Entre las numerosas recomendaciones hechas al Estado costarricense, y que interesan a una multitud de entidades estatales, se lee, en el párrafo 98, que el Relator recomienda a Costa Rica:
«f) Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los ataques, incluidas las amenazas contra los líderes indígenas;
g) Garantizar la investigación administrativa y judicial, el juzgamiento y la sanción de los responsables del supuesto abuso de la fuerza por parte de la policía en marzo de 2020 contra las personas indígenas recuperadoras de tierra en China Kichá;
h) Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a:
i) Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes;
ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública;
i) Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
El instrumento internacional al que refiere el Relator en este punto i) es más conocido como Acuerdo de Escazú, el cual fue suscrito en Costa Rica en marzo del 2018. Este tratado fue recientemente objeto de una nueva ratificación en este 2022 (Chile), luego de Argentina y México (que lo ratificaron en el 2021). Tuvimos la oportunidad de analizar la cada vez mas incómoda situación que le significa a Costa Rica cada nueva adhesión a este acuerdo regional de vanguardia, adoptado en suelo costarricense: véase nuestra breve nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú: Chile oficialmente es Estado Parte número 13. Algunas reflexiones desde Costa Rica«. Se trata de una nueva excitativa hecha a Costa Rica, de muchas ya realizadas desde el ámbito internacional, y que de ser seguida, le permitiría a Costa Rica ser más consistente y coherente con la imagen internacional que proyecta al mundo en materia de derechos humanos.
Sobre la disculpa oficial recomendada en su informe por el Relator Especial
Cabe recordar que las acciones violentas que sufren los líderes indígenas en Costa Rica, y el hecho que dos de ellos perdieran la vida en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019 y Jerhy Rivera, febrero del 2020) sin que a la fecha las autoridades de justicia hayan sancionado a los responsables de estos dos graves hechos, colocan a Costa Rica en una situación bastante insólita, en particular desde una perspectiva internacional de derechos humanos (Nota 1).
Al tiempo que persiste un indignante clima de impunidad que tiene un efecto intimidador para muchas comunidades indígenas costarricenses: desde esta perspectiva, la «disculpa pública» recomendada en el punto h) ii) del precitado párrafo 98 por el Relator de Naciones Unidas al Estado costarricense cobra mucha mayor relevancia.
Otra disculpa, por la denominada «arrastrada» vivida en el edificio de la Asamblea Legislativa en el 2010 por integrantes de varias comunidades indígenas costarricenses, podría también facilitar el proceso de diálogo (véase nuestra breve nota publicada al conmemorarse 10 años de este triste episodio que marcó y sigue marcando profundamente a las comunidades indígenas costarricenses).
Finalmente, en el 2020, al analizar el trámite dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una petición de indígenas térrabas con relación al proyecto hidroeléctrico El Diquis, habíamos escrito en una breve nota (véase enlace) que:
«Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase la nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho de que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura y al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, lo cual puede ahora entrar a ser valorado por la CIDH«.
A ese respecto, un informe anterior del 2011 elaborado por otro experto de Naciones Unidas titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica» (véase enlace) puso de manifiesto las carencias del Estado costarricense a la hora, esta vez, de llevar a cabo un megaproyecto que impacte negativamente a poblaciones indígenas costarricenses.
A modo conclusivo
Este nuevo informe de Naciones Unidas viene a detallar de manera muy completa la situación de total vulnerabilidad e indefensión de muchas comunidades indígenas en Costa Rica. Se da a conocer después de que, en el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara una histórica sentencia contra Argentina (véase sentencia del caso Lahka Honhat): la cual viene a completar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y expandir los alcances de la jurisprudencia en la materia de forma notable (Nota 2). El ex Presidente de esta jurisdicción regional no dudó en escribir en su voto razonado que se trata de un verdadero «hito»:
«El caso Lhaka Honhat representa un hito en la jurisprudencia interamericana fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, constituye la primera ocasión en que el Tribunal Interamericano se pronuncia de manera autónoma sobre DESCA que atañen a pueblos y comunidades indígenas. En segundo término, a diferencia de los precedentes que había tenido la oportunidad de conocer, la Sentencia declara la vulneración de cuatro DESCA que pueden ser derivados y protegidos por el artículo 26 del Pacto de San José —derecho a la identidad cultural, en lo atinente a participar en la vida cultural, derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación, y derecho al agua—7 . En tercer lugar, las reparaciones ordenadas están centradas de manera diferenciada, tratando de restituir la violación de cada uno de los derechos sociales, culturales y ambientales declarados violados en la Sentencia» (véase párrafo 4 de su voto, disponible después del texto de la sentencia, pagina 2)
Como bien se sabe, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limita al Estado incriminado en un caso concreto, sino que interpela a los otros Estados del hemisferio americano y los invita a paliar las insuficiencias y las lagunas en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales: no paliarlas constituye una invitación velada al litigio internacional ante los órganos del sistema interamericano.
Haciendo a un lado el sistema interamericano de derechos humanos, es de esperar que estas nuevas recomendaciones proviniendo de Naciones Unidas sean ampliamente difundidas y conocidas por muy diversos sectores en Costa Rica.
Y que, en algún momento, logren inspirar a decisores políticos sobre la urgente necesidad de ir paulatinamente remediando la grave situación que sufren las comunidades indígenas costarricenses. La profunda desconfianza con las que muchas de ellas viven a diario constituye un obstáculo que debe superarse poco a poco: en ese sentido, este informe de Naciones Unidas ofrece valiosas pautas y herramientas al Estado costarricense.
Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil y el movimiento social en favor de los derechos de estas comunidades pueden activar los diversos mecanismos internacionales en aras de forzar al Estado costarricense a cumplir con las diversas obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido, sin extender su beneficio a las comunidades indígenas, tal y como lo detalla de manera contundente este informe.
–Notas–
Nota 1: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran nunca más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera.
Nota 2: La paciencia y la perseverancia de las comunidades afectadas son dignas de resaltar en el presente caso: esta sentencia culmina un reclamo de 36 años impulsado por varias comunidades indígenas de la provincia de Salta en Argentina, cuyo objetivo era obtener el título de su propiedad territorial. Las comunidades indígenas en 1992 conformaron la “Asociación Lhaka Honhat” e iniciaron su reclamo por los territorios ancestrales en 1984. Posteriormente, en el 1998, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH dictaminó su informe sobre el fondo en el año 2012, emitiendo una serie de recomendaciones a Argentina. Frente al incumplimiento de sus recomendaciones, la CIDH sometió el caso a la Corte IDH en febrero de 2018, la cual dio a conocer su sentencia en el 2020.
Imagen ilustrativa. Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.
El Centro de Amigos para la Paz hacemos un ferviente llamado a las autoridades civiles y sobre todo a las autoridades gubernamentales involucradas en los procesos de negociación y resolución atinentes la problemática de recuperación de tierras que viven las comunidades indígenas de la región del Pacifico Sur de nuestro país a que evalúen y asuman responsablemente su rol protagónico en dicha problemática.
En tal sentido es impostergable que manifestemos ante las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, instancias judiciales y medios de comunicación, nuestra posición de no aceptación de los mecanismos y métodos implementados al día de hoy que han llegado al extremo de validar y vitorear a personas que aceptan ser culpables de homicidio y otras con cargas penales ser actores del proceso de búsqueda de soluciones a un conflicto que lejos de proponer soluciones se encamina a la profundización de las contradicciones y al ejercicio de la violencia y el asesinato.
Con suma preocupación ante un conflicto que lleva décadas a pesar del ordenamiento legal de nuestro país y de los compromisos internacionales atinentes suscritos por el Estado Costarricense y que ha cobrado la vida de dirigentes y líderes indígenas y que, lejos de encontrar vías de solución con gran dolor y preocupación tenemos que presenciar el vitoreo y aceptación pública del asesinato de un líder y dirigente indígena en una mesa de negociación regentada por autoridades gubernamentales, hecho que nos interpela a llamar a la sociedad costarricense y a nuestras autoridades judiciales y administrativas a asumir su responsabilidad y compromiso constitucional ante tal situación.
Pedimos por este medio que se actué de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, garante de la justicia y la paz social y que por normativa constitucional las instituciones involucradas y funcionarios involucrados sean garantes de un debido proceso que al día de hoy a la luz de los hechos están ausentes.
Nos pronunciamos como pacifistas y activistas de la no violencia activa ante nuestras autoridades gubernamentales, autoridades judiciales y civiles en aras de la paz y la justicia social a que se tomen las medidas correctivas y se proceda de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, nuestros Pueblos Indígenas merecen el reconocimiento de sus derechos y el Estado de nuestro país tiene la obligación de garantizarlos.
Paz para nuestros Pueblos Indígenas con Respeto a sus Derechos y Autonomía Indígena.
Palabras de la madre de Jerhy Rivera[1]
Transcribo literalmente el mensaje enviado por doña Digna Rivera al programa Voces y política de la Radio Universidad de Costa Rica. Aunque el Semanario Universidad publicó algunos fragmentos de esta intervención, considero fundamental conocer lo que esta madre angustiada tiene que decirle a toda la sociedad costarricense:
“Un saludo para todos aquellos luchadores hermanos y hermanas indígenas de los territorios indígenas. Para toda aquella persona solidaria que nos entiende y nos apoya, un gran saludo.
Con respecto a la conmemoración del segundo año de la muerte de mi hijo, ha sido para mí una situación que he enfrentado con humildad ante Dios y con esperanza en que las leyes se cumplan un día en Costa Rica. Hoy nos encontramos a dos años y espero que durante lo que dure el proceso de esta situación poder tener la oportunidad de pedirle a Dios justicia por lo que ha sucedido anteriormente y por lo que puede suceder, que nos dé la tranquilidad de no pasarnos, de entender las cosas porque el asesinato de mi hijo, en estos dos largos años que he tenido de análisis y comprensión, de buscar una respuesta por lo menos en mi corazón, me parece que les sirve a los grandes políticos. Son los grandes interesados de que nosotros no tengamos las tierras.
Porque mi hijo murió por defender el derecho legal de las tierras indígenas que como territorio indígena nos pertenecen en el territorio de Térraba y en todos los demás territorios. Consciente de que no todos los territorios viven lo que nosotros vivimos porque nuestro territorio ha sido pequeño siempre y en una gran extensidad, pues seguro no se echa de ver tanto el acoso, el asedio, el robo de las tierras como sí lo vivimos nosotros.
Felicito a todos aquellos hermanos y hermanas valientas que nos han acompañado, que han hecho lo posible de adquirir tierras en nombre de mi hijo. Eso para mí ha sido una gran ayuda, una gran satisfacción.
Hoy a ustedes como noticieros[1] que no desmayen, que no descansen, que siempre se pueda denunciar lo que sufrimos los pueblos indígenas. Creo que no ha sido bonito para nosotros y creo que no ha sido bonito para ningún pueblo indígena perder un compañero, un luchador, un entregado a la lucha y la defensa de los derechos, aparte de ser hijo, hermano, sobrino, nieto, padre que lo sufrimos en carne propia, también se nos va una pieza importante de los valientes que se atreven a salir a reclamar por nuestros derechos.
Si bien es cierto que tenemos unos territorios declarados, quizás no conocemos todo lo interno, lo que se habla y no se escribe, pero que llevan en las mentes muchas personas y que se valen hoy de hacer caso omiso a los sufrimientos, a las denuncias que hacemos, al reclamo territorial que hacemos, al sufrimiento que muchos no se atreven a decir porque temen por su vida, todo lo entendemos, pero de eso se está valiendo el sistema político que habla de derechos, que habla de respeto a los derechos humanos, que se habla de que somos un país de leyes, un país de democracia, pero yo creo, a mi poco entender, la democracia debe ser donde todos tengamos lo que nos corresponde y se nos respete donde estamos y lo que nos corresponde también en este caso del territorio indígena, porque eso es lo que nosotros necesitamos.
A nosotros no nos interesa de que nos hablen de grandes riquezas, de grandes desarrollos del país que tampoco los vemos en ninguna parte, cuando en nuestro territorio no podemos desarrollarnos ni siquiera en competir entre nosotros mismos porque todos estamos viviendo una marginación, un despojo, un desprecio de la presencia de nosotros como humanos en el país.
Para mí, como pueblo indígena, y como una india que soy y como una madre luchadora que he sido y como una hija de una madre luchadora que también tuve, no puedo aceptar que simplemente nos vengan a decir una mentira los políticos y a irse. Esto que estoy diciendo es porque el 24 de febrero o el 26 de febrero del año 2020 que sucedió este caso, el gobierno se sentó aquí, sus representantes que enviaron, se sentaron aquí a decirnos que no estuviéramos metiéndonos en las tierras porque en dos meses nos las iban a entregar porque el gobierno tenía una deuda con los pueblos indígenas y que esa deuda estaba pendiente y por eso nos iban a entregar las tierras que estábamos tomando en esos días.
Eso fue, como dicen, una tomada de pelo, una burla y me lastima porque muchas veces esos representantes son algunos indígenas, otros que estaban en el gobierno, otros que representan el sistema legal en Costa Rica y otros que los enviaron como representantes o escuchadores del diálogo ciudadano. El diálogo ciudadano no simplemente es que hablemos, tampoco es que nos estén mintiendo porque no somos niños, somos personas luchadoras que entendemos muy bien, pero por la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, nuestros hermanos y sobrinos, a veces tenemos que ceder no porque creamos sino porque nuestra lucha no es enseñar a nuestros hijos o nuestros descendientes a ser criminales a la vista y a la paciencia de los estados, no ellos son seres humanos que necesitan vivir disfrutando de sus tierras y de sus territorios, de sus culturas.
Por eso he vivido dos años de angustia”.
Lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestra voz contra el atropello cotidiano que viven los y las habitantes de los territorios indígenas.
Isabel Ducca D.
[1] Se refiere al programa Voces y Política de la Radio Universidad de Costa Rica.
El programa completo de Voces y política puede escucharse en: https://radios.ucr.ac.cr/programa/radio-universidad/voces-y-politica/
