CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAJA: Es urgente un plan específico de vacunación que atienda a las personas con discapacidad
Luis Fernando Astorga Gatjens
Señor Román Macaya Hayes: Ya hemos completado como país, más de un año y un mes desde que apareció el primer caso de Covid-19 en Costa Rica. Han sido y son tiempos muy difíciles, para la gran mayoría de las y los habitantes de Costa Rica, especialmente para los miles de personas que se han contagiado y, más grave y lamentablemente aún, desde luego, para las más de tres mil personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus.
La pandemia ha agravado y desnudado la situación económica, social y política del país. La esperanza de una pronta salida a esta crisis la trajo el primer cargamento de vacunas que ingresaron al país, el 23 de diciembre del año 2021. Pero esa esperanza se ha desvanecido producto del lentísimo ingreso de las vacunas y de la manera cómo el Gobierno y la CCSS, han organizado y desarrollado el plan de inmunización.
Cada vez se suman más voces que reclaman al Gobierno y a la Caja, por la manera que han gestionado y siguen gestionando el proceso de vacunación, tanto en la compra de las vacunas como la forma de organizar la inmunización.
Un sector que ha venido reclamando respuestas claras y contundentes, es el de las personas con discapacidad y sus familias. Aunque el CONAPDIS, ente rector en la materia, ha planteado el tema de que hay personas con discapacidad que requieren ser priorizadas en el plan de inmunización, las autoridades de salud, simplemente, han ignorado su petición.
En tal contexto y tratándose de un tema de vida o muerte para habitantes de este cada vez más alicaído país, es que personas con discapacidad y familiares, así como personas y organizaciones aliadas, queremos levantar la voz para presentar nuestras necesarias preguntas y reivindicaciones al Gobierno y la Caja, en espera de respuestas tan urgentes como razonables.
De no obtener tales respuestas en un plazo razonable, ya muchas organizaciones y personas con discapacidad, han planteado la idea de movilizarnos frente al edificio principal de la CCSS hasta obtener las impostergables respuestas. Las preguntas que le formulo, sitetizando los reclamos del sector, son las siguientes:
1) ¿Por qué el Gobierno y la Caja solamente han contratado compras de vacunas con las empresas farmacéuticas Pfizer y Astrazeneca, cuando existen otras vacunas en el mercado?
La información de que disponemos indica que la vacuna de la Pfizer resulta más cara, debe mantenerse a temperaturas bajo 70 grados centígrados (lo que exige equipo de refrigeración adecuado), esta farmacéutica fija condiciones al país (que se han mantenido en secreto) y, para colmo, las está entregando a cuentagotas.
Por su parte, la vacuna de Astrazeneca plantea dudas razonables por el problema de generación de coágulos sanguíneos en personas a las que se le ha administrado e, incluso, a algunas les ha provocado la muerte.
2) ¿Por qué no diversificar las compras para agilizar el proceso de vacunación cuando el disponer, en forma urgente, de tales vacunas es crucial para hacer efectivo el derecho a la salud y para la pronta reactivación económica y social?
Un ejemplo cercano y reciente de una compra muy grande, la ofrece El Salvador que contrató un millón de vacunas en un laboratorio de China. Mientras tanto Guatemala ha contratado la compra de la vacuna rusa Sputnik V y Panamá, además de contratar compras con Pfizer, Astrazeneca y Johnsson y Johnnson, ha contratado compras de la vacuna china Sinovac, la mencionada rusa y también mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas.
3) ¿Por qué las autoridades sanitarias y Caja no han sido completamente transparentes en el plan de vacunación, y no han respondido en forma oportuna sobre situaciones de «desorden», que han beneficiado a personas que se han brincado la fila, sin estar en los grupos de riesgo o en razón de su edad?
Se ha informado de que el Gobierno ha destinado más 47 mil millones de colones para las vacunas. Se tratan de dineros públicos; por lo que las autoridades no tienen más remedio que rendir cuentas claras y urgentes.
4) ¿Por qué la CCSS no ha diseñado un mecanismo adecuado de vacunación de personas con discapacidad, en las que existen razones muy claras de factores de riesgo?
Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han ofrecido razones para no emprender una política específica que proteja personas con discapacidad, que tienen mayor riesgo de contagio.
5) Hay personas con discapacidad física, que por su condición de inmovilidad permanente, tienen mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos. ¿A personas con tal riesgo potencial, se les administraría la vacuna del laboratorio Astrazeneca sin tomar en cuenta este grave factor de riesgo antes especificado?
Para un sector mayoritario de las personas con discapacidad de Costa Rica, la pandemia ha significado mayor empobrecimiento, que profundiza el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza preexistente. Igualmente, ha significado un agravamiento de su aislamiento social y comunicacional debido al limitado acceso a Internet; un profundo retroceso en el campo educativo y el incremento del desempleo y de las –de por si– limitadas oportunidades laborales. Y como lo estamos demostrando al presentar el panorama de acceso a la vacunas anti-covid, un amplio incumplimiento al derecho a la salud.
Ante tan justos y bien razonados planteamientos, Señor Presidente Ejecutivo de la CCSS, Dr. Román Macaya Hayes demandamos una respuesta inmediata a nuestras preguntas y reivindicaciones, que nos evite a las personas con discapacidad, a los familiares y a personas y organizaciones aliadas, llegar a tocar las puertas de su despacho en los próximos días.
Atentamente, Luis Fernando Astorga Gatjens, Cédula: 302050706
Más de 5688 solicitudes de apoyo para la conectividad han realizado estudiantes de la Universidad Nacional al 5 de abril de 2021, lo que representa un incremento del 63% en relación con el primer ciclo de 2020.
Como respuesta a esta creciente demanda de apoyo en este rubro tanto de población becada como no becada, la Rectoría y la Vicerrectoría de Vida Estudiantil anunciaron la decisión de dar cobertura al 100% de las solicitudes de ayuda para la conectividad de la población estudiantil que calificó según los criterios definidos, además en conjunto con la FEUNA: brindar apoyo a la población becada y becada parcial para el pago de créditos, así como el apoyo para el beneficio del cuido de hijas e hijos de las personas estudiantes.
“Dado el contexto nacional de crisis sanitaria y financiera, el principal rubro del Fondo de becas estudiantil que se ha priorizado para el 2021 es el de becas socioeconómicas, especialmente porque la situación de deterioro económico que enfrentan un número cada día más creciente de las familias costarricenses, aleja las posibilidades reales de ingreso de más personas estudiantes a la educación superior, así como, amenaza la permanencia de los estudiantes regulares”, explican el rector Francisco González y la Vicerrectora de Vida Estudiantil Alejandra Gamboa, en una circular dirigida a la comunidad estudiantil.
Es así como, pese a la compleja situación presupuestaria que enfrenta el país y la Universidad Nacional, el Fondo de becas estudiantiles para 2021 fue reforzado en aproximadamente ₡643 millones, en concordancia con las políticas de admisión a la UNA, que favorecen el acceso a la educación superior de jóvenes de sectores en vulnerabilidad socioeconómica.
En busca de respuestas para el acceso a la conectividad
Paralelamente, a partir del análisis de las ofertas de servicios prepago de operadores de telecomunicación en el país, se logró determinar que el monto asignado aporta a las necesidades para el aprendizaje remoto, además se visualizan oportunidades favorables en cuanto a costo y calidad del servicio del que pueda seleccionar el estudiante en las diferentes operadoras de servicio según el lugar de residencia de cada estudiante. Es importante destacar que la valoración por parte del equipo de trabajo social del Departamento de Bienestar Estudiantil, encargado de analizar las condiciones actuales del estudiantado con beca, visualiza como una oportunidad que la población estudiantil becada contemple la reorientación del monto de beca asignado para el pago de transporte y hospedaje, hacia gastos de conectividad, reconociendo que en la actualidad se constituye en una de las necesidades fundamentales para el logro académico.
El rector y la vicerrectora de Vida Estudiantil destacaron que la valoración del monto para el apoyo de la conectividad considera la ampliación de cobertura sobre demanda, en estricta responsabilidad con el presupuesto disponible para este rubro.
“Creemos en la conectividad como derecho humano, máxime en esta coyuntura nacional y mundial, actuando en consecuencia, no solo con el aporte para el apoyo económico para el acceso a internet, sino en la inversión de equipo tecnológico que realiza la institución en conjunto con la Federación de Estudiantes. Nuestro compromiso hacia la comunidad estudiantil es un hecho objetivo, verificable, nuestro sistema de becas es de los más robustos y lo reiteramos gracias a las formas de autogobierno impulsadas en la Universidad Nacional”, subrayaron los funcionarios.
Por lo anterior, la UNA asume el compromiso de continuar sus esfuerzos para posibilitar respuestas a los grandes desafíos que significan las desigualdades en el acceso a la conectividad en nuestro país.
***Mayores detalles con periodistas Oficina de Comunicación 8334-4150.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En su texto poético “Sermón del Migrante (a la sombra de una ceiba)” el escritor chiapaneco Balam Rodrigo relata el paso de riesgo y dolor de las personas migrantes centroamericanas por México.
Tan solo en un fragmento de ese texto inicial del galardonado “Libro Centroamericano de los muertos” (FCE, 2018) recoge toda la dimensión de la actitud hostil de una industria migratoria mexicana y de otros países de tránsito, conformada por múltiples actores, hacia las personas que se movilizan por su territorio buscando frontera con Estados Unidos:
“Y vi claro como sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera” (Rodrigo, 2018).
Pensar en el atravesamiento de los cuerpos de las personas migrantes en tránsito, en su vulneración por un poder real que utiliza la violencia en todos sus extremos como forma de imposición, es aludir a una política del exterminio como organización y administración migratoria.
La noción de Necropolítica acuñada por el filósofo camerunés Achille Mbembé alude a la forma como el poder define cuáles vidas importan y cuáles no, en un juego de decisión en el que la principal acción no es matarles, sino dejarles morir.
El sábado 27 de marzo 4 agentes de seguridad (tres hombres y una mujer) del mexicano municipio de Tulum en Quintana Roo, redujeron por la fuerza y a la mínima expresión a la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, madre de dos niños y poseedora de visa humanitaria en aquel país. Mientras ella imploraba por su vida, estos representantes de los órganos de seguridad mexicanos decidieron por la vida de Victoria: la dejaron morir mientras la castigaban según ellos con una acción ejemplarizante.
La autopsia practicada a Victoria determinó la fractura de la primera y segunda vértebras cervicales que le produjeron la muerte. En los videos que circulan sobre su asesinato, que confieso no he logrado ver aún y me resisto a ello, se aprecia un uso de la fuerza desmedido, un ensañamiento y una brutalidad comparada con el más odioso racismo y la más burda misoginia que puedan existir.
En manifestaciones lideradas por colectivas feministas en Tulum se leen frases directas y ciertas, escritas en pancartas levantadas con vigor por las manifestantes: “no se murió, la asesinaron”, “el sistema mató a Victoria”, “El paraíso huele a sangre”.
Y es que la movilidad ahora está proscrita. Es concebida como peligrosa. Por lo tanto hay que eliminarla. Como le pasó a Elvin Mazariegos, ciudadano guatemalteco abatido a tiros por el ejército mexicano al trasladarse a Chiapas a comprar mercancías. Un acto centenario hecho por generaciones de generaciones de guatemaltecos (y también de mexicanos que cruzan hacia Guatemala con el mismo objetivo) es ahora criminalizado y disuadido de esta manera, tan absolutamente violenta e inhumana.
Estos tiempos de excepcionalidad y pandemia han logrado instrumentalizar la violencia contra las personas migrantes en todas sus variantes. Y los riesgos permanecen. Justamente por estos días ya se anuncian nuevas salidas de colectivos de migrantes desde Honduras, país que recién empieza a conocer formalmente los estragos de una corrupción narco-política en la cual sus altos mandos han tenido participación directa.
La comunidad internacional calla y es timorata y el cuerpo diplomático acreditado en aquel país es cómplice al no alzar la voz para terminar con la impunidad de las clases dirigentes hondureñas. De este escenario complejo se anuncian nuevas salidas de personas buscando sobrevivir lejos, muy lejos de su patria.
La victoria de la esperanza tendrá que esperar por ahora. Lamentablemente es la victoria del poder y la violencia irrestricta y sistemática sobre los cuerpos migrantes la que campea. Esto tiene que cambiar. Absolutamente. Para siempre.
La violencia contra las personas que se movilizan es multidimensional. Y no por ello debe ser posible y legitimada. Un telenoticiario costarricense ha tematizado ya durante varios días sobre los ingresos irregulares de personas nicaragüenses al país. Los contenidos de sus notas orientan la conformación de opiniones públicas sesgadas contra esta población.
Solo esperemos que hechos como los ocurridos en México no tengan réplicas en nuestros contextos. Suficiente violencia simbólica experimentan quienes vienen a contribuir con el 12% de la economía costarricense para someterse a nuevas formas de vejación. Ya en 2018 tuvimos las primeras manifestaciones físicas de cierto odio exacerbado, violento y nacionalista en una marcha de la vergüenza en San José, la capital costarricense.
La victoria de la esperanza se alcanzará cuando una sola de las personas que se movilicen en el mundo dejen de ser criminalizadas y violentadas por el sistema económico, social e institucional imperante. Yo sigo aguardando por ese momento.
Entre médicos preparados para recetar medicamentos indicados por las farmacéuticas y, periodistas amoldados a decir lo que al público le gusta escuchar, se maneja la salud en este país. No hay cuestionamiento ni reflexiones sobre lo que está ocurriendo y el médico siempre tiene la última palabra sobre nuestra salud y, sobre nuestra vida. El periodista simplemente repite lo que el médico (a quien ligeramente califica de «científico») le dice que hace y decide la causa de un fallecimiento. El gremio de galenos se ha acomodado a lo que la OPS/OMS le indica (por lo cual la ciudadanía europea está en las calles ahora mismo).
En mucho todo eso sobre nuestra salud está lejos de la verdad. En un año, se ha logrado hacer desaparecer la generalidad de enfermedades crónicas. Los fallecimientos son por la «pandemia» y más por la plandemia. Se han prácticamente prohibido las autopsias. Así que la ciudadanía se ve obligada a aceptar lo que «el científico» médico le diga, sin importar la «burrada» que a éste se le ocurra. Como «son héroes de primera línea» el ciudadano de a pie no puede cuestionar esa verdad absoluta, que ahora es más cierta que la de un pastor de iglesia, «representante del todopoderoso» en la tierra.
Hace tres días falleció una buena amiga de Covid-19 en el hospital del Tórax, de Tegucigalpa, mientras estaba intubada. Sus más cercanos familiares le solicitaron al médico que la atendía, que le aplicara CDI o CDS intravenoso. El médico, quien se educó con otros cánones y las farmacéuticas le instruyeron distinto, se negó. Desde luego, la amiga falleció, como fallece arriba del 93% de intubados, puesto que nunca ha sido solución para salvar a pacientes ese mecanismo. Ese medio que pareciera de veterinarios para ganado vacuno, pero mantiene buenas ganancias a sus comerciantes. Sin embargo, como lo indican organismos internacionales, nuestros «científicos» sin conciencia científica, lo aplican y nadie les puede contradecir.
Al negarse en aplicar la sugerencia de los familiares de mi amiga, el médico desobedece las normas internacionales, al menos el Tratado de Helsinki, y puede ser procesado jurídicamente por homicidio.
No cabe dudas que ningún otro médico se solidariza con los dolientes, pues dentro del gremio se protegen mutuamente, no importa lo irresponsable que sea su colega. Es como una «mafia» de profesionales. Ahora no se cual gremio es peor en esto, si el de abogados o el de galenos.
Desde luego que mucho galeno ha sido sacrificado por estar en primera fila con la pandemia y por negligencia del gobierno. Aunque se sabe que, en mucho, han estado en la segunda fila, después de la fila de enfermeras. Lo que sucede es que los periodistas los colocan en primera por congraciarse más con los galenos.
Admitimos que muchos galenos cumplen con el principio Hipocrático, el cual afirma que su objetivo es salvar vidas, primeramente, pero, entre la universidad y los negocios de las farmacéuticas, ese principio se ha ido perdiendo, al grado de desaparecer en la mayoría. Ahora primero está el negocio y mucho después salvar vidas.
PorMemo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Es marzo de 2021. Ya se va, mejor dicho y continúo confirmando las sospechas que semanas atrás había adelantado en una observación participante, acerca de la pretendida tonalidad progresista con que alegremente se recibió en algunos círculos políticos y académicos al binomio Biden-Harris en cuanto a su política migratoria, especialmente la que interesa a la región centroamericana.
Es marzo de 2021 y tan pronto como se acaba, la primera gran coyuntura migratoria de la administración estadounidense entrante ha sido declarada.
La disuasión desde Estados Unidos hacia las movilidades humanas centroamericanas ahora no se realiza por medio de lacónicos tweets del tipo “aquí no vengan porque no serán bien recibidos”; no se hace así ahora, pero el discurso sigue siendo el mismo: no vengan, las fronteras para ustedes, pobres, desplazados de forma forzada, expulsados de sus comunidades, de sus países, están cerradas.
Pero la gente que no viaja en avión ni tiene condiciones materiales y subjetivas para contender con la pobreza, la exclusión, la violencia de los estados, las instituciones y las élites empresariales acumuladoras y despojadoras, sigue saliendo, sigue yendo a tratar de cruzar las fronteras. Y va. Y choca con discursos y puertas fortificadas desde las palabras hasta los operadores de las acciones de seguridad implementadas en las regiones de cruce entre países.
Hablamos de coyuntura y no de discursos. Es una decisión no solo semántica, sino política. Los discursos sobre las crisis migratorias, valga recordarlo, suelen colocar el acento en las personas que se movilizan. “Son muchos”, dicen. “Desbordan la capacidad de los Estados para atenderlos”, señalan. “Son incontenibles”, vociferan. «Vienen enfermos y sucios», murmuran.
Pero nada dicen esos discursos sobre las políticas de hambre y desigualdad, la rapiña de quienes buscan más para enriquecerse a partir de pactos de corrupción y silencio, la acumulación devastadora, racista y clasista que se contornea en todos los países centroamericanos. Por eso la gente se va. Por eso Biden-Harris disuaden. Y generan junto a los medios de comunicación hegemónicos la impresión de que la crisis la producen las personas que caminan. Para vivir. Para salvarse.
Es otro marzo. El de 2020. 15 de marzo para ser exacto. Llegamos con cierta urgencia a la línea fronteriza terrestre entre Honduras y Nicaragua llamada simbólicamente “Las manos”. Bajamos del autobús transnacional y una aguja que se levanta y baja al compás de las seis de la mañana en una frontera llena de polvo y pasos invisibles a vista y paciencia de todos, indica el corte: estar aquí, estar allá es cuestión de un solo movimiento del involuntario del dispositivo que flanquea los movimientos.
Nos anuncian que seremos testeados. Lo que posteriormente consistió en unas preguntas sobre las quince horas previas, monitorea el curso de mi vida en una Tegucigalpa que ya empezaba a cerrar sus puertas ante la pandemia. La urgencia de un país que solo meses después sufriría la devastación como consecuencia de dos huracanes seguidos en formación, una tras otros, como si hubieran sido planificados.
De un país así, de un escenario así, salpicado también por la corrupción y el crimen organizado como política de estado, sale la gente que Biden-Harris, los progresistas en materia migratoria, disuaden hoy bajo el discurso de la crisis y la contención militar en las fronteras de México y Guatemala.
Luego del testeo regresamos al autobús para continuar el viaje. En el camino leo el texto profundo y desgarrador de los hermanos Martínez (Oscar y Juan José) sobre la formación transnacional y compleja de las agrupaciones delictivas salvadoreñas llamadas pandillas. Debo la lectura a una de las pensadoras centroamericanas que más admiro y a quien tengo el gusto de conocer más allá de la academia. Para vos, Amparo Marroquín, va mi abrazo y agradecimiento por este libro que me regalaste.
En una parte de la introducción de “El niño de Hollywood” (Editorial Debate, 2016) se lee lo siguiente:
“Este libro no es sólo sobre la vida de un sicario de la pandilla más grande del mundo, la única en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la que recurrentemente vuelve a los incendiarios discursos de Donald Trump, la que tiene presencia en cada uno de los departamentos de El Salvador. Este libro es, en el fondo, nuestra forma de entender y explicar el patio trasero de Estados Unidos. “Shithole”, dijo Trump, hablando como algo lejano de lo que gobernantes como él ayudaron a construir, a destruir”
Al recordar esa introducción ahora, pienso en la continuidad y linealidad de la historia hegemónica, en la fuerza del lenguaje, en el rigor de las fronteras para determinadas poblaciones. Al cabo de más de un año de escenario pandémico global, las excusas de la soberanía y la protección sanitaria fueron instrumentalizadas por los estados y otros actores, para construir nuevas argumentaciones respecto a las movilidades forzadas en la región. Ese es quizá uno de los saldos más profundos que debemos revisar “cuando todo esto termine”.
Al regresar a casa el 15 de marzo de 2020, venía tras de mi como dominó inclemente el cierre de fronteras centroamericanas. La de Las Manos por ejemplo fue clausurada esa misma noche y así el resto. Hasta el día de hoy pienso en lo simbólico de ese viaje y mi paso por tres escenarios fronterizos regionales por aquellos días de cierres y suspensiones, comprobando su porosidad, observando sus condiciones para el rigor de las exclusas cuando los estados se resguardan con miedo, con temor.
Que aún persisten, hasta el día de hoy.
Imagen de cabeceras: https://www.conclusion.com.ar/religion-y-espiritualidad
Aunque parezca increíble, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez convirtió su país en “la casa del petróleo” no había pandemia de Covid 19, pero divisaba ya que una Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decorativa agravaría las crisis cíclicas en las naciones pobres.
Veintitrés años atrás nacionalizó la producción de petróleo, procurando el desarrollo y la integración de la región como bloque, tratando de llevar a la realidad el sueño del libertador Simón Bolívar (1783-1830). Él visualizó, sintetizando un vasto pensamiento del prócer, la unidad continental como forma de enfrentar amenazas comunes que vendrían sobre los pueblos, tras liberarse del férreo yugo español.
Sin esta nueva triada de geopolítica, petróleo y desarrollo social de Chávez – fallecido el 5 de marzo de 2013- no existiría hoy el plan Petroamérica, un gigantesco proyecto de Gaseoducto del sur, o de Petrocaribe, ideados como iniciativa de unidad e independencia latinoamericana y caribeña, ausente siempre en la agenda de los reiterados gobiernos de tendencia socialdemócrata y socialcristiana de Acción Democrática y COPEI, respectivamente en la Venezuela pasada.
La crisis cíclica del capitalismo en 2007-2008, y consecuentemente, la elevación de los precios del petróleo por arriba de los $ 100 el barril, hizo estragos en las economías centroamericanas, dependientes casi en su totalidad del “oro negro” y las grandes compañías petroleras. Ellas controlan en la subregión la exploración, el suministro y las rutas del petróleo. Aunque en 2019 y 2020 los derivados del hidrocarburo registraron, en términos generales, una leve disminución de los precios al consumidor, ello no quiere decir que la tendencia se mantendrá una vez levantadas las restricciones por la pandemia de Covid.
El mes de agosto de 2019, por ejemplo, el mundo se mantuvo en vilo por los enfrentamientos entre Estados Unidos y la República Popular China por cuestiones comerciales. El petróleo ese mes aumentó en 2.4 millones barriles después de casi dos meses de pérdidas. Asimismo, las gasolinas aumentaron 4.4 millones de barriles, después de dos semanas de pérdidas, juntamente con los destilados como el diésel, presentaron un aumento de 1.5 millones de barriles. Los cambios en las reservas permitieron que los precios internacionales de los derivados del petróleo mostraran tendencia a la baja. (https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Precios_de_combustibles_al_13_de_Agosto_2019). Adicionalmente a lo anterior debe reconocerse que el control del 90% de los pozos petroleros en Siria a vista y paciencia de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y sus aliados occidentales, hacen exista hasta ahora una especie de “ganancia para todos” en el consumo del hidrocarburo en tiempos de pandemia, evitando se disparen los precios, pues el hidrocarburo sale casi gratis a las compañías.
Una síntesis de los valores registrados para el 13 de agosto 2019 indica los siguientes precios para Centroamérica: galón de gasolina regular: Costa Rica $4,38, Nicaragua $3,78, Honduras $3,53, El Salvador $3,21, Guatemala $3,24 y Panamá, $3,03.
Para mediados de enero de 2020 los países centroamericanos registraron cierto alivio respecto al precio de los combustibles, sin imaginar que en marzo de ese año la pandemia debilitaría sus economías y, si bien es cierto bajo el consumo de petróleo por el virus y los encierros de las gentes, no significa ello que en los próximos meses los precios de los hidrocarburos se mantendrán a la baja. El siguiente recuadro ofrece una síntesis del tema.
Una reciente protesta de conductores y amas de casas en la capital costarricense por los altos precios de los combustibles ofreció, desde ya, el panorama que se avecina en la subregión, una vez superadas las restricciones de la Covid 19.En este país centroamericano de poco más de 51 mil kilómetros cuadrados y 5 millones de habitantes, dependiente en gran medida de las importaciones de los derivados del petróleo (tiene una refinería que no refina, aduciendo los actuales tecnócratas que es más barato importar derivados ya procesados), cada vez que los combustibles elevan su precio por cambios en el mercado internacional, inflación o demanda interna etc., el impacto en el consumo, la agricultura, la industria, el comercio, los servicios etc, no se hace esperar. Precisamente el enfado causado por una sustancial alza en precios de todos los combustibles por parte de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) hizo que los “ticos” olvidaran la pandemia y se adueñaran de las calles.
Ya entre enero y marzo 2021 los precios de los combustibles en Guatemala aumentaron en más de 20%, reconociendo las autoridades locales que este comportamiento continuará durante los siguientes meses. Alberto Pimentel, ministro guatemalteco de Energía y Minas, según expresó al diario digital Prensalibre.com, «… se podría ver incremento todavía unas semanas más y se espera que haya estabilidad de precios en mayo, ya que disminuye el consumo por fin del invierno en otras partes del mundo, sin embargo, también se está a la expectativa de las decisiones de la OPEP respecto a la producción, entre otros». (Jueves 18 de marzo 2021). Consultar: https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Combustibles_mercado_y_pronsticos).
Así, unos países centroamericanos más que otros, ya sufrieron elevaciones de precios de los combustibles, pues quiérase o no, el istmo forma parte de esa realidad en que el petróleo y sus suministros siguen siendo por excelencia el energético imprescindible en el mundo desde hace un siglo. Y lo seguirá siendo por muchas décadas más.
Dada la constante migración entre naciones del istmo, con exactitud no se conoce el número de habitantes, superando conservadoramente su población los 50 millones de personas. En contraste, se contabiliza en la región 50 % de la población en situación de pobreza, porcentaje que supera largamente el promedio de 33 % de América Latina y el Caribe; en tanto la FAO estima que 14,2 % de la población centroamericana sufre desnutrición, casi 6 millones de personas. Un porcentaje que supera en 6 puntos el promedio de habitantes con hambre de América Latina y el Caribe, que se sitúa en 9% (Fuente: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/229460/#:~:text=En%20Centroam%C3%A9rica%20el%2050%20%25%20de,Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe).
Un ejemplo de la dependencia subregional del petróleo lo reflejó el año 2016, cuando las importaciones de hidrocarburos de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), integrado el 13 de diciembre de 1991 (sin incluir a Belice), totalizaron 194,9 millones de barriles (Mbl), de los que 169,4 Mbl (87,3%) correspondieron a derivados del petróleo, 13,1 Mbl (6,7%) a petróleo crudo y 11,7 Mbl3 (6,0%) a gas natural. La factura de estas importaciones ascendió a 9,4 miles de millones de dólares, cifra que representó el 9,6% del valor de las exportaciones de bienes y servicios de la región. Más de la mitad (59,3%) de los hidrocarburos provinieron de puertos ubicados en los Estados Unidos. Los ocho Estados miembros del SICA, contando a República Dominicana, tienen una superficie territorial de 569.000 km2 y una población que supera los 57 millones de habitantes. Existen marcadas diferencias en la escala de mercados de hidrocarburos de los países, lo que a su vez está relacionado con el nivel y características de las economías y la población. El consumo promedio per cápita anual (barriles equivalentes de petróleo —bep— por habitante y año) de la región en 2016 fue de 3,0 (Fuente: Centroamérica y República Dominicana. (estadísticas: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/42711/S1800208_es.pdf).
Puede apreciarse que la producción de petróleo en Centroamérica es insignificante para satisfacer la demanda interna.
Los esquemas de cooperación concebidos dentro de la Alternativa Bolivariana (ALBA) y Petrocaribe evidencian que objetivamente hay alternativas viables para que Centroamérica revierta las viejas relaciones de comercio del petróleo y de dependencia, en términos generales, de Estados Unidos, sino además que pueda contar con opciones reales para bajar los impactos de las alzas del hidrocarburo en sus economías post pandemia. Esta epidemia dejó ver que la subregión está a la intemperie en materia de planificación energética en el mediano plazo. La carencia de infraestructuras adecuadas como refinerías, vías férreas y tecnología petrolera aumenta la dependencia totalmente de Estados Unidos, a pesar de que el mundo unipolar pasó a dormir los sueños de los justos con el surgimiento de grandes economías emergentes como China, la Federación rusa, India, entre otras. Esta realidad insoslayable hizo que algunos gobiernos de la subregión, con las previsiones o el permiso del caso, tímidamente plantearan en los últimos años planes energéticos a largo plazo. Frente a una inminente reactivación económica en la zona después de la Covid 19, con el consecuente disparo del consumo de petróleo, es posible haya un impacto negativo sobre la empobrecida población que al calor del Covid 19 sufrió reducciones salariales, despidos, disminución de jornadas de trabajo, entre otras, en la mayoría de las naciones.
Así, los esfuerzos por cambiar la matriz energética no van orientados a constituirse en lo que son y tienen todo el derecho del mundo: en la Organización de Naciones Centroamericanas y el Caribe Consumidoras de Petróleo, ni a aprovechar las oportunidades que ofrece un continente con las mayores reservas del “oro negro”, sino que incluyen ahorro y uso “eficiente” de energía, construcción de centrales hidroeléctricas casi en todos los países del istmo, la contratación y construcción de plantas de generación de energía eléctrica con base en el carbón, en Guatemala y Honduras; a partir de la crisis de 2009, la obligatoriedad del uso de biocombustibles, con mezclas de 7% en Costa Rica y los programas de ahorro de combustibles, mediante la prohibición de circulación al día de cierto número de vehículos, como existe en Costa Rica, carriles reversibles y las primeras fases del metro de superficie en Guatemala.
Como es público y notorio la República Bolivariana de Venezuela tiene reservas arriba de los 338 mil millones de barriles de crudo, aunque el Departamento de Energía de Estados Unidos afirma que estas reservas superan los 550 mil millones de barriles. Por menos reservas otras naciones como Libia, Irak o Siria son envidiadas y pagan un alto precio. ( https://www.indexmundi.com/map/?v=97&l=es).
Si bien es cierto la “libianización” de Venezuela – partición de los países en zonas petroleras, tras desembarco rápido de tropas- no se ha realizado en esa nación por su potencial defensivo encontrado en los modernos aviones Sujói0 Su 30 y el sistema defensivo antimisiles S–400 , que hace inimpugnable y carísima una invasión relámpago; la retención empero de al menos $30 mil millones a Caracas y los daños violentos provocados a la economía y a instalaciones energéticas, menoscaba sin duda alguna el potencial de desarrollo socio económico que “la casa del petróleo” significa para todo Centroamérica y el Caribe.
Bien decía el experto en energía y administración, Miguel Jaimes, en el marco del XI diplomado Internacional en Geopolítica del petróleo, este hidrocarburo no solo trajo a la humanidad guerras para apoderarse de él, sino que nos dotó también como civilización de comodidades y ciencia para que nos encontremos unos y otros y hagamos de nuestras diferencias un nuevo continente de paz, dialogo y progreso.
Hoy, como en tiempos de la conquista, son los valientes pueblos originarios quienes están abriendo horizontes de esperanza, con su lucha justa por afirmar su identidad/dignidad y defender sus derechos, particularmente la recuperación de sus tierras.
Se trata de una lucha digna, patriótica y ejemplar de más de 500 años y que también significa, en nuestros días, romper el cerco neoliberal que les ha negado el verdadero derecho de ciudadanía, que va más allá de portar una cédula de identidad o de un principio constitucional que afirma la identidad pluricultural de un país.
En nuestro país, se han visto obligados a tomar acciones de hecho para recuperar sus tierras ante la desidia del Estado para proteger y defender sus derechos. Les ha costado caro. Pero están dispuestos a no claudicar.
Se han convertido, así, sin proponérselo, en la punta de lanza de la gran batalla que está librando el pueblo costarricense para romper este cerco que ha creado dos Costa Rica, como acostumbraba a decir, ya en los aciagos años de 1980, el insigne filósofo don Oscar Barahona, y que no solo ha negado y violentado derechos a nuestros conciudadanos indígenas, sino también a las trabajadoras y trabajadores del sector público y privado del país.
El cerco neoliberal que se venía fortaleciendo con la triple alianza entre el Partido Acción Ciudadana, el bipartidismo PLUSC y los partidos religiosos fundamentalistas PRN y PNR, conforme se acercan las elecciones del 2022, se muestra cada vez más debilitado, y no se vislumbra ninguna señal de repunte de ninguno de estos partidos que podrían darle un nuevo aire.
La decadencia del cerco neoliberal es una tendencia dominante en América Latina y, a raíz de la pandemia, el impacto cada vez más devastador del cambio climático y los desesperados y masivos flujos migratorios, entre otros fenómenos asociados a esta “jaula de hierro”, adquiere alcance global.
Este cerco, que pretendió reconquistar Bolivia con la biblia fundamentalista desplazando a la bandera wiphala, símbolo sagrado de los pueblos indígenas del altiplano, perdió la batalla. Y en Brasil es cada vez más inminente su fracaso, de cara al vergonzante papel del presidente Jair Bolsonaro, apoyado también por el fundamentalismo religioso. En Argentina se desplomó y en Ecuador, al parecer, va por el mismo camino.
El binomio entre partidos de derecha política con rasgos neofascistas y el fundamentalismo religioso pierde credibilidad y fuerza política. Ha quedado expuesto su rostro antidemocrático, intolerante y violento, tanto en el golpe de Estado en Bolivia como en los actos en la Casa Blanca que buscaban deslegitimar la elección del presidente Biden.
Sin embargo, hay nuevos intentos de recuperar espacio político en países como Perú, con la candidatura de Rafael López Aliaga que emula el comportamiento del bolsonarismo, tal y como lo argumenta, el sociólogo de la religión, Pablo Barrera (ver aquí).
También, en nuestro país, el liderazgo político-religioso fundamentalista se apresta a una recuperación de su fuerza política, capitalizando el descontento mayoritario con el actual gobierno de perfil más laico. Pero, no le será fácil por su complicidad con la política neoliberal prevaleciente. Asimismo, ya no tendrá el mismo efecto electoral levantar la bandera del mesianismo para “salvar” al país, cuando han sido evidentes y escandalosas las disputas por repartirse el botín de la deuda política, que los ha conducido a dividirse. Una vez más, se muestran como partidos que van tras los panes y los peces.
Se están dando las condiciones para romper el cerco hegemónico neoliberal en Costa Rica. Es la única vía para defender y fortalecer el régimen democrático y garantizar el respeto a los derechos de los indígenas y de las trabajadoras y trabajadores hoy vilmente pisoteados.
Estrenando no más su mandato, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha desagradablemente sorprendido al mundo entero por el inusitado y brutal insulto proferido, en una entrevista a un periodista, al calificar de ”asesino” al presidente ruso Vladimir Putin; lo cual provocó, como era de esperar ante semejante agresión verbal, la inmediata respuesta del aludido; quien, no sólo devolvió el apelativo, sino que igualmente aprovechó la ocasión para mostrar una mayor madurez política al ofrecerle la posibilidad de un encuentro al más alto nivel. Lo anterior viene a agregarse a los reiterados ataques de Biden al gobierno chino; confirmando esta tendencia, recientemente en su primer encuentro con una delegación de alto nivel de la potencia asiática, los enfrentamientos fueron en extremo virulentos. Hemos de concluir, en consecuencia, que no estamos ante una escalada de exabruptos del anciano presidente yanqui, ni de una reacción agresiva debida solamente a su entorno inmediato, sino que debemos concluir que, en este caso, no se trata de una actitud personal, sino de una política de este gobierno, que no obedece a causas circunstanciales o coyunturales, sino a causas estructurales, que se expresan en una línea política claramente definida de antemano por el equipo que actualmente ha asumido las riendas de la Casa Blanca. Cabe, entonces, preguntarnos si no estamos ante la nueva versión de la Guerra Fría, que uno creería que había terminado con la caída del Muro de Berlín hace ya 30 años; podríamos, igualmente, pensar que Biden no desea proyectar una imagen de debilidad al asumir su gobierno; por lo que no quiere dar la impresión de que su política internacional, basada en priorizar los métodos tradicionales de la diplomacia, al asumir los problemas más álgidos dejados por su antecesor en el convulso escenario de la política internacional de una potencia imperial que viene dando, una vez sí y otra también, signos inequívocos de declive y de corrupción interna desde mucho antes de Donald Trump.
Esta posición me parece la más acertada. Toda la política exterior de este nuevo equipo demócrata busca debilitar, mediante un enfrentamiento directo, hasta ahora tan sólo en el campo político y no militar, al eje Pekín-Moscú; el cual, viene dando muestras fehacientes de haberse convertido en el nuevo centro del poder mundial. La pandemia provocada por el Covid.19, no ha hecho sino acrecentar la presencia planetaria de estas dos potencias, surgidas de sendas revoluciones inspiradas en el pensamiento marxista; dado que, si bien la pandemia surgió en una ciudad china, este país ha sabido superar la epidemia y sus secuelas, tanto sanitarias como económicas y políticas, con una solvencia que ha hecho palidecer y languidecer a las potencias occidentales. Las más derechistas de estas últimas han sido las que mayor fracaso han exhibido ante los ojos del mundo entero en el combate a la epidemia; Estados Unidos en América del Norte, Reino Unido en Europa y Brasil en Nuestra América, han sido los países con la mayor cantidad de muertos y contagiados por causa del covid-19; lo cual demuestra a ojos vista el fracaso estrepitoso de las políticas neoliberales impuestas por sus gobiernos; por su parte, las empresas transnacionales, que monopolizan los productos farmacéuticos en el mundo capitalista, acaparan la producción y venta de medicamentos, se han mostrado rotundamente insensibles e inhumanas en cuanto a la distribución de la vacuna. Por el contrario, Rusia, China y la India, por no mencionar a Cuba, que ha demostrado, una vez más, ser una potencia en ciencias médicas, han sido de una encomiable generosidad y solidaridad con todos los países, pero especialmente con los más marginados.
Ante esta incuestionable realidad, la debilidad del otrora incontestable poderío yanqui en la escena mundial, es patente. Los Estados Unidos evidencian estar siendo afectados por profundas e irreparables grietas internas; su mayor debilidad no está fuera sino dentro de sus fronteras; el intento de golpe de Estado, perpetrado por una horda de trumpistas y el desconocimiento de la legitimidad del resultado de las últimas elecciones presidenciales por parte de la mayoría de los que votaron por Trump, demuestra que las heridas provocadas por el ascenso de la extrema derecha en ese país, no ha hecho sino rasgar profundamente el vínculo que unía a unos estados, que hoy confirman que están más desunidos que nunca desde los ya lejanos días de la Guerra de Secesión. La pandemia hizo de Lincoln su principal y más ilustre víctima; más bien, esta epidemia desencadenó una crisis que venía incubándose desde décadas atrás. Todo lo cual no es más que la verificación de una ley de la historia, según la cual cuando un imperio decae, sus divisiones internas se hacen más y más profundas e irreversibles. Las contradicciones internas y no los enemigos de fuera son la causa de la caída de los imperios; desde “La Ciudad de Dios” de San Agustín, lo sabemos. En un imperio universal no hay política exterior, porque para sus dirigentes no hay exterior, todo el planeta está sujeto a su jurisdicción; para un imperio planetario no hay conflictos externos, todos son domésticos. Los Estados Unidos se erigieron por sí y ante sí en gendarmes del mundo; todo conflicto o crisis política, cualquiera sea el rincón del planeta donde se dé y cualesquiera sean las causas que la provoquen, debe ser dirimido según convenga a sus intereses; y para que, si a alguien se le ocurra pensar lo contrario, miles de bases militares están diseminadas en todo lado, hasta el punto de que el mundo entero podría convertirse en una prisión yanqui.
Pero las crisis internas de un imperio debilitan su poderío exterior; para ocultarlo, esos imperios se empeñan en seguir mostrando su poder dondequiera; para lograrlo, deben mostrar músculo y, si no lo pueden hacer con su fuerza militar, deben hacerlo con gestos y retórica de prepotencia y arrogancia; lo cual podría parecer histriónico, pero tratándose de potencias que poseen el más alto poderío nuclear, el riesgo de sobrepasar los límites pone en peligro de extinción a la especie humana más que cualquier pandemia provocada por la naturaleza. Una vez más se hace realidad aquello de que el mayor enemigo del hombre es el hombre mismo. Pero si el hombre es el causante de un mal, también el hombre debe ser el que produzca su curación. Todos los hombres y mujeres razonables y honestos del mundo, deben levantar su voz y emprender una cruzada en pro de la paz, una paz fundada en la justicia exigiendo el estricto cumplimiento de los principios del derecho internacional, encauzando los ingentes recursos económicos y científicos que hoy se destinan a la construcción de armas destructivas, a combatir la pobreza de los pueblos y a la defensa de la Naturaleza. Lo que no se haga en ese sentido no pasa de ser demagogia. Todo lo dicho, en las circunstancias actuales es algo más que una utopía, es un imperativo moral; más aún, es la conditio sine qua non que tiene la humanidad para lograr sobrevivir. La especie sapiens ha sido la más exitosa de todas las especies de mamíferos; lo cual la ha llevado a crear la más ingente acumulación de poder que jamás podría imaginarse. EL imperativo imprescindible en la actual encrucijada de nuestra historia, es poner ese inmenso poderío al servicio de las mejores causas. De no lograrlo, cualquier pandemia presente o futura, no será más que el preludio “de un apocalipsis anunciado”.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Raúl, un empresario centroamericano de élite se apresa a tomar un vuelo comercial reprogramado tan pronto se reestablecieron las comunicaciones aéreas internacionales. Se dirige a otro país centroamericano, donde debe trabajar en la reactivación económica bajo la premisa de que el resguardo de la salud es importante, pero también lo es la tan instalada idea que los sectores económicos, ciertos sectores económicos, deben contar con los apoyos gubernamentales regionales como requisito indispensable para garantizarles el re-despegue.
Antes que su vuelo parta, desde su teléfono inteligente, coordina reuniones, movimientos financieros, inversiones urgentes. Ha debido cumplir con todos los protocolos sanitarios para movilizarse con toda naturalidad, en medio de un contexto que todavía dibuja la excepcionalidad como principal concepto explicativo.
Sin embargo, A Raúl no lo alcanzan las limitaciones ni las expresiones de rechazo que predominan para otro tipo de movilidades, las que no se dan en las alturas, las que se producen a ras de suelo, entre las fronteras terrestres, donde la «inmovilidad de la movilidad» para diversas poblaciones se ha instalado como política migratoria planteada por los Estados.
Estamos claros. Existen movilidades legítimas, permitidas, tanto en los discursos como en las prácticas de relación entre las elites de los países regionales. Son las que representa Raúl y su movilidad higiénica, esa que de acuerdo con las agendas de los medios de comunicación son las necesarias, las que están bien y deben potenciarse.
Otras movilidades, sin embargo, pasan por el filtro de la construcción de percepciones en que la relación entre movilidad y enfermedad es casi obligatoria. Son las que están representadas por esos, los otros sujetos y sujetas a quienes se debe exponer, testear en público, aislar en sitios que no cumplen con las especificaciones de salud mínimas requeridas porque representan el peligro. Como hemos dicho en otro momento: son armas de destrucción biológica. Ejemplos de esta práctica se han reproducido en toda la región desde que la emergencia sanitaria inició en 2020.
En este contexto, la formación de «espacialidades del miedo» ha tomado fuerza. Lo hemos dicho ya: son las fronteras en la región centroamericana, por ejemplo. En particular tres puntos calientes: la frontera México-Guatemala, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y la espacialidad conformada por las fronteras entre Costa Rica y Panamá y Panamá y Colombia, con el Tapón del Darién como una auténtica geografía del riesgo para las movilidades humanas.
Pero también en el sur de la región la relación entre espacialidad-movilidad-enfermedad, ha devenido en la construcción de respuestas afincadas en un enfoque securitario y militar. Países como Perú, Chile y Colombia, han transversalizado una respuesta estatal prohibitiva, casi punitiva, cerrando sus fronteras y brindando tratamiento criminalizante a cientos de personas migrantes, muchas de ellas de origen venezolano, pero también extracontinental y caribeño.
Otro tipo de espacialidades de la incertidumbre también han sido expuestas en el año de la pandemia. Los albergues, los sitios de aseguramiento, los espacios de habilidad para personas migrantes (cuarterías en Costa Rica, pensiones en otros sitios), los lugares de trabajo. En todos los casos la sacrificialidad de la persona se produce y reproduce de forma cotidiana.
Sobre esta condición que avanza y no cesa, conversamos ampliamente el pasado 19 de marzo en un espacio transnacional de reflexión organizado por la Noda Chile del Proyecto regional (In) movilidad en las Américas en tiempos de COVID, denominado tal y como hemos titulado esta columna.
Junto a Cecile Blouin (Perú), Nanette Liberona (Chile), Gabriela Cano (Colombia) Felipe Vargas (México), moderados por la colega y amiga Carolina Stefoni (Chile) concordamos que existe una matriz autoritaria, discriminatoria y excluyente hacia las múltiples formas que ha tomado la persona que se moviliza en los actuales contextos. La realidad es un espejo, dijimos. También dijimos que la complejidad toma formas diversas y múltiples y que las personas en contexto de movilidad deben ser visibilizadas en sus condiciones reales de existencia. Dijimos que es urgente cambiar este estado de situación.
Frente a los devueltos, los varados, los deportados, los inmovilizados, los sitiados en espacios de confinamiento formal e informal, los obligados a trabajar en espacios laborales plagados de malas condiciones higiénicas (los delivery workers, los trabajadores agrícolas, las personas dedicadas a los servicios domésticos) la respuesta estatal ha sido común: aplicar medidas migratorias restrictivas, estrictos monitoreos, controles administrativos bajo la mampara de una supuesta tarea sanitaria. Son ellos, los otros, los que traen el virus que acabará con nosotros.
Siendo así, la época de excepcionalidad vivida solo potencia condiciones ya existentes. Las potencia y las agrava. Ante su funcionamiento, las respuestas desde quiénes las experimentan provienen de un verdadero espíritu de reconocimiento de la condición humana, la solidaridad circular y horizontal, el rostro de la mujer tras los mecanismos de afrontamiento, la movilidad como un acto de resistencia en sí mismo.
Raúl, nuestro empresario centroamericano exitoso, ha llegado ya a su destino tras una hora de vuelo. El trámite migratorio ha sido expedito: una rápida toma de temperatura, la revisión de su documento médico que confirma el resultado negativo de la prueba y un lavado de manos antes de salir de la zona de aduanas. Todo según lo previsto.
A algunos kilómetros de esa escena, una familia afectada por la pobreza, la inseguridad y los embates de los eventos naturales de noviembre anterior, toma la decisión de marcharse en una nueva estrategia colectiva. Les espera una férrea respuesta militar en cada frontera por cruzar. Les espera una política de la hostilidad que les confinará de nuevo, quizá para siempre, a sus condiciones reales de existencia. El ciclo de la incertidumbre volverá a abrirse. Una vez más.
Teatrinos aislaran a actores y actrices ante posible contagio y las obras requieren tan solo 2 personas para el montaje y actuación
En marzo del 2020 se dio el primer caso de COVID-19 en el país y las restricciones sanitarias generaron un impacto muy grande en todas las artes escénicas. Desde entonces el Teatro Girasol ha hecho esfuerzos de adaptación a una realidad sin precedente en los últimos tiempos y no solo ha desarrollado actividades en la virtualidad, sino que además se encuentra creando un nuevo proyecto de teatro presencial seguro para el público y el elenco artístico.
El proyecto Ciudad Girasol consiste en una serie de teatrinos: estructuras móviles para desarrollar puestas en escena con un solo actor o actriz que opera marionetas, brindándole protección. Así lo declaró Haydeé Rebeca Montero coordinadora del Teatro Girasol.
El objetivo es hacer intervenciones artísticas en espacios abiertos como ferias, parques o plazas. El teatrino supone una barrera física donde el actor o actriz contaría con protección mientras ejecuta su acto y solo se ocupan dos personas para su montaje, concluyó Montero.
El proyecto Ciudad Girasol se encuentra en etapa de diseño y montaje y se espera su aprobación para poder realizar giras en condiciones seguras en esta época.
Video llamadas teatrales
Durante la presente pandemia el Teatro Girasol se ha adaptado y ha desarrollado productos y actividades en línea para mantener el distanciamiento físico exigido por las medidas sanitarias.
Tanto las audiciones como los ensayos se están realizando de forma virtual para garantizar la seguridad de las y los integrantes.
Teatro Girasol es un proyecto de la Escuela de Estudios Generales, en conjunto con el Área de Prácticas Artísticas de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de la Vicerrectoría de Acción Social, de la Universidad de Costa Rica. Esta agrupación tiene como característica que sus integrantes son estudiantes de carreras diferentes a la carrera de Artes Dramáticas.
Es un proyecto de Gestión Cultural y Patrimonial que a lo largo del año presenta sus montajes teatrales en la Escuela de Estudios Generales y viaja a diferentes zonas, tanto dentro como fuera del país, con el fin de llevar el arte a distintos públicos y comunidades.
Desde su creación en 1993, el Teatro Girasol ha tenido una presencia importante en la actividad cultural nacional e internacional.
Imagen: Para manrionetas que permitarán obras unipersonales en condiciones seguras: Foto cortesía: Teatro Girasol
Autoría: Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoria de Acción Social-UCR)
