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Etiqueta: privatización

Exportar excedentes de electricidad: una mentira para asegurar negocios privados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

Aumentar la generación privada de electricidad usando todas las fuentes disponibles en el país y asegurar espacios igualitarios con el ICE en distribución y comercialización en el país y en el mercado centroamericano, son los objetivos comunes de los 3 proyectos que están en la Asamblea Legislativa, expedientes #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”.

Esos proyectos no responden a “necesidades nacionales” para atender el servicio social de electricidad; responden a la meta de los generadores privados de no perder su negocio en tiempos en que el ICE decidió no renovar automáticamente algunos contratos con esas empresas privadas. En todo caso no debemos ser optimistas pues en el “Informe Ejecutivo del Plan de Expansión de la Generación 2020-2040” del ICE, con fecha marzo 2023, se contemplan contratos con privados hasta el año 2026. Para el 2024 “Se agrega, como proyectos fijos, el 100% de las plantas que están ociosas, suponiendo contratos de dos años para comprar energía durante el 2024 y 2025”. Dice el Informe que “el modelamiento de la extinción de los contratos de generación privada se hace para conocer con mayor precisión las necesidades de capacidad futura y no significa el retiro o cancelación de activos que prueban ser valiosos para el sistema” (PGE, p.23). En la revisión de este plan de expansión debemos preguntarnos si hay colusión de objetivos entre la actual dirección del ICE del Gobierno de Chaves y los generadores privados. En menos de un año están presentando este nuevo plan de expansión de la electricidad que refuerza a los generadores privados.

Desde hace mucho tiempo los generadores privados han insistido en ampliar su participación en el mercado eléctrico, y eso resulta imposible sin debilitar el carácter social del ICE. Ahora, de nuevo, eempresarios privados y diputado.as repiten lo escrito en el expediente legislativo #23.414: que venderán excedentes de electricidad privada en el Mercado eléctrico regional, MER; pero esa mentira se desdice con el texto del mismo proyecto de ley. El expediente #23.414 de “Armonización” dice en su artículo 40 que “Los productos eléctricos que resulten de los desbalances contractuales o de los excedentes extracontractuales, se deben ofertar en forma obligatoria al Mercado Eléctrico Nacional. Los que no son despachados y adquieren la condición de excedente de energía, podrán ser ofertados por cada agente nacional en el Mercado Eléctrico Regional”, y añade que “aquellos excedentes de los contratos que no se utilicen para la satisfacción de la demanda nacional, podrán ofertarse en forma automática en el mercado de ocasión nacional o en el Mercado Eléctrico Regional”.

Decimos que es mentira que se busque únicamente la venta de excedentes, pues el artículo 44, que expone sobre la “potencia de los activos de generación privada” indica que “el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) podrá contratar plantas de generación privada, según se establece en la ley No. 7200 y sus reformas, de hasta una potencia máxima de 50 MW, referido al Capítulo I, y de hasta 100 MW para compra de energía bajo régimen de competencia, para proyectos bajo la modalidad Build Operate Transfer (BOT por sus siglas en inglés) de la ley No. 7508”. Si lo que se busca es la venta de excedentes únicamente, lo propio es medir un eventual “excedente” a partir de la potencia autorizada en la legislación actual, que es de 20 megavatios para los proyectos bajo la ley 7.200 y de 50 megavatios para los que se pueden construir bajo la ley 7.508. Pero en el caso de la primera ley, buscan que se aumente más de un 100% su potencial pasando de 20 a 50 megavatios y los proyectos bajo la ley 7.508 pasarían de 50 hasta 100 megavatios. Es evidente que si se persiguiera exportar “excedentes” este artículo no se hubiera incluido.

Pero el proyecto de ley es muchísimo más ambicioso. El artículo 53 se orienta a permitir la construcción de megaproyectos, cuando dice: “Se reforma, de forma parcial, la Ley No. 7200, Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, del 28 de septiembre de 1990, en las siguientes disposiciones: Se reforma el artículo 7. El Texto es el siguiente: “ARTICULO 7.- El Ente Operador del Sistema, o el Ministerio de Ambiente y Energía en alzada, podrá declarar elegible un proyecto para la explotación de una central de limitada capacidad, siempre y cuando la potencia, por concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional”.

Si tomamos como referencia la capacidad efectiva instalada del sistema eléctrico nacional de 3.482 megavatios que se indica en el ICE en el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040, un 15% son 522 megavatios. Esto le daría a cualquier empresa privada la potestad de presentar y solicitar la construcción de megarepresas o proyectos de generación de cualquier fuente, con un riesgo inminente sobre los ecosistemas y las comunidades, y además sobre espacios en los cuales hasta hoy se han mantenido restricciones, como territorios indígenas y áreas silvestres protegidas de distinta categoría. Permitir proyectos y esta magnitud supone un riesgo incalculable. Los generadores siguen valorando únicamente la ventaja financiera de la generación, pero no sus impactos; eso aplica para cualquier ecosistema y comunidad del país.

Los otros 2 expedientes 22.561 y 22.701 que mencionamos, son técnicamente débiles y están mal redactados. Parecen más bien extensiones sin integrar al de “armonización” y repiten su articulado enfocado a la incursión en el mercado regional, con beneficio directo para otras empresas. Es notable que los proyectos de ley igualan la finalidad de negocio y lucro entre generadores privados, empresas distribuidoras, grandes consumidores, empresas de servicios públicos y las 4 cooperativas que operan en el país. ¿No se supone que al menos las cooperativas tienen fines de beneficio colectivo y solidario? Esto lo analizaremos posteriormente.

La prisa nunca ha sido buena consejera

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Madrigal Mora
Secretaría General
Comité Ejecutivo
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional

La sabiduría popular siempre nos ha enseñado que aquello que va a definir nuestro futuro debe ser pensado y repensado con mucha tranquilidad y seso, no respondiendo a las presiones del momento, mucho menos metiéndonos en una vorágine, donde nos quieren convencer de que hay que hacerlo porque urge o porque nos van a sancionar.

No es posible por un lado, que tengamos un discurso donde hemos defendido que la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) con su salario global, lo que hace es precarizar el empleo en el sector público (las universidades públicas dentro de él) con el fin de deteriorar el servicio que se presta, como preámbulo para justificar su privatización total; pero por el otro, correr a aprobar una propuesta transitoria de salario global, muy probablemente definitiva, sin hacer un verdadero análisis prospectivo de sus posibles implicaciones en el quehacer de la Universidad, ni analizando si realmente es la única salida que tenemos como Institución.

En estos momentos no podemos declararnos ignorantes del análisis que realizó una comisión integrada a lo interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Consejo Universitario de dicho centro, de la LMEP, así como de las sentencias y respuestas de la Sala Constitucional respecto a dicha ley, sobre la Autonomía Universitaria y la negociación colectiva. Máxime cuando el Dr. Mauricio Castro Méndez, académico de dicha facultad y quien presidió dicha comisión, ha sido vasto y contundente a la hora de divulgar los resultados de dicho análisis, más recientemente, atendiendo una invitación de nuestro Consejo Universitario en la sesión del pasado jueves 22 de abril.

Dicho análisis, según esta comisión, arroja varios resultados que, podemos considerar, son muy favorables para las universidades públicas, y que muy resumidamente podemos plantearlos así:

Con respecto a la LMEP, la Comisión concluye que, la Sala IV ha dicho:

– La negociación colectiva es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser vaciado de contenido, por lo tanto, no se puede prohibir negociar derechos salariales en ella.

– Las partes tienen libertad de negociación dentro de los límites establecidos de racionalidad y proporcionalidad, por lo tanto, no se les puede obligar ni a negociar ni a denunciar la Convención Colectiva.

– La implementación del salario global, en las universidades públicas es una posibilidad no una obligatoriedad.

– La vía para seguir con la implementación del salario compuesto (el formato que actualmente tenemos) es la negociación colectiva.

– Si las universidades deciden aplicar el salario global (único), lo deben hacer bajo las reglas establecidas por la ley y su reglamento, sin poder modificarlas, por lo tanto, el salario debe aplicarse al puesto y no a las personas.

Siendo que, entonces, los regímenes de carrera académica y probablemente, el de Carrera Administrativa no serían compatibles con el salario global.

Ahora bien, el académico Castro Méndez claramente anticipa que, de tomar las universidades la ruta de salvaguardar el salario compuesto por medio de la negociación colectiva, esto implicaría chocar de frente con el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General, la prensa, etc., etc., etc. Por lo que, requerimos de una decisión institucional, ojala de Conare, que valientemente plante cara en defensa de la tan cacareada, Autonomía Universitaria (esto último de mi autoría).

Por otro lado, no vamos a desconocer que hay otros criterios jurídicos que nos dicen que no hay nada que hacer, que hay que someterse a la ley. Así como otros que sin tener clara dicha obligatoriedad, sueñan con implementar el salario global en las universidades públicas.

Entonces, ¿quién tiene la razón?

Por ahora, lo mejor que podemos decir, es que no sabemos, pero, bien vale la pena explorar si, una comisión de la Facultad de Derecho de la UCR, la mejor de Centroamérica y una de las mejores de América Latina, tiene la razón. Aparte, porque a priori sabemos que es mejor seguir optando por este esquema salarial que por uno que congela nuestros salarios y los precariza, independientemente de que, al inicio pudiera parecer algo o muy atractivo, por lo menos para los profesionales y académicos de las universidades, pero que a los sectores de servicios generales y técnicos los deja sin mayores aspiraciones, tal y como pudimos apreciar el pasado viernes, pareciera resultar de la propuesta elaborada por Conare de salario global, en este sentido, debemos advertir que no hemos tenido tiempo suficiente para analizarla, ni siquiera la hemos recibido oficialmente, así como tampoco fue negociada ni consultada con este sindicato, como corresponde.

Finalmente, queremos hacer el llamado vehemente a no intentar imponer dicha propuesta y más bien, a sentarnos, lo antes posible, a analizar y definir una estrategia para, vía negociación colectiva y salvaguardando nuestra autonomía, definir una ruta y una estrategia para defender el esquema salarial compuesto de la Universidad Nacional, adecuándolo al contexto actual, pero sin renunciar a definir nuestra propia política salarial.

Flaco favor le haríamos a esta universidad si habiéndonos dicho la Sala IV que tenemos dicha posibilidad, somos más bien nosotros quienes decidimos ignorarla y hacernos el «harakiri», una vez más, por temor al qué dirán o porque urge nombrar a los nuevos.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Privatizar y desnacionalizar, sí son decisiones ideológicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

En el debate sobre apertura, privatización y exportación de electricidad privada, la diputada del Partido Liberal Progresista, PLP, Kattia Cambronero dijo que “en un tema tan importante como el tema de energía, tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo desde una perspectiva técnica, no ideológica. No se vale la ideología cuando lo que estamos haciendo es empobreciendo cada día más a los costarricenses”.  Este es el discurso de todos los partidos que buscan debilitar al ICE y acabar con el servicio social de la electricidad; por ahora revisaremos la coincidencia entre algunos textos del PLP y el proyecto de ley expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”.

No vale la pena perder tiempo repitiendo los manuales (como los del Banco Mundial) de los cuales copian para tratar de convencer de que disponer de servicios públicos básicos como la electricidad, gracias a una alta inversión estatal, es una cuestión puramente “técnica” y no de orden ideológico.  Cualquiera que haya estudiado lo básico de historia y políticas sociales, entiende que la creación y consolidación de Estados sociales y de derecho, como el de Costa Rica, es un asunto de escogencias políticas e ideológicas.  La verdad no es que importe “discutir” con alguien en particular, pero desgraciadamente ése es el nivel de debate en la Asamblea Legislativa de quienes defienden la privatización del sector eléctrico.  Sus tesis son vergonzosamente rudimentarias y calcadas, precisamente, de le prédica ideológica de la privatización.

En el Plan de Gobierno 2022-2026  del Partido Liberal Progresista, que ostenta el patriarcal título “Es tiempo de valientes”, se expone con claridad el apoyo a la privatización.  En el apartado “Apertura de los monopolios en el sector eléctrico”, se puede leer: “Impulsaremos la apertura real del sector eléctrico, para que así, el sector privado tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones tanto en generación como comercialización”.  El PLP no ha presentado ningún proyecto de ley a la Asamblea Legislativa pero se ha plegado por completo a las propuestas de ley Expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, Expediente #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y Expediente #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, que coinciden plenamente con su posición ideológica privatizadora y anti estatista, y más claramente en contra del ICE como entidad de servicio público.

El proyecto de “armonización” argumenta en extenso sobre la “necesidad” de apertura del mercado eléctrico en beneficio del empresariado privado tanto nacional como internacional.  Este proyecto no busca transformar al ICE, como se ha dicho, sino más bien disminuirlo y desmantelarlo pues coloca a todas demás empresas privadas del sector eléctrico en condición de igualdad con éste, pero, además, poniendo a disposición de los privados la infraestructura estatal para la venta de electricidad dentro del país y eventualmente en el mercado regional, usando el sistema de interconexión regional SIEPAC.  La propuesta va más allá de proyectos anteriores pues amarra a otros participantes del mercado eléctrico como cooperativas y empresas de servicios públicos y hasta “consumidores de alta tensión” a los mismos privilegios que buscan para los tradicionales generadores privados.  Esta idea se incluye en el artículo 37 que dice:  “Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas naturales o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como los grandes consumidores de energía eléctrica indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta”.  En la lista de “agentes” del Centro Nacional de Control de Electricidad del ICE se registran “grandes consumidores” como Florida Bebidas, APM Terminals, Intel, Holcim, Bridgestone, los Ingenios Taboga y El Viejo, entre otros.  Recuérdese que Azucarera El Viejo e Ingenio Taboga también son generadores privados de electricidad.

En vista de que los proyectos que se discuten ahora en la Asamblea llenan las expectativas de los generadores privados, y despojan al ICE de sus tareas como institución rectora del sistema eléctrico nacional, no ha sido necesario que el PLP gaste tiempo redactando o presentando su propuesta de “Ley Marco del Sector Energía que promoverá la competencia, la descentralización, la penetración y la adopción de nuevas tecnologías” (p.69) que menciona en su Plan de gobierno.  Esas propuestas de apertura, privatización, exportación privada de electricidad son compartidas por todos los partidos políticos que apoyan los proyectos de ley en discusión.  Ese discurso se puede resumir en la pretensión del PLP que se orienta a un nuevo sector Energético “simplificando, modernizando y reemplazando una serie de leyes y normativas que en conjunto generan proteccionismo, incluyendo las leyes N.º 449 y N.º 8660 para el ICE, la Ley N.º 7200 y N.º 7508 para generadores privados, la Ley N.º 7593 de la ARESEP” (p. 70).  Sin duda el PLP dedicó tiempo a pensar en el desmantelamiento del ICE, pero el partido gobernante, en cuyo panfleto de programa de 24 páginas de enunciados generalísimos, ni siquiera menciona cuál es su propuesta en materia de energía y electricidad.  Esa carencia total de pensamiento y propuesta explica la alianza del Ejecutivo y su fracción parlamentaria con los otros partidos neoliberales, a tal grado de que el presidente de la República gasta tiempo para hacerle campaña de reelección como presidente de la Asamblea Legislativa a uno de los beneficiados de la generación privada, como es Rodrigo Arias Sánchez.

El PLP expone que “Las políticas públicas en temas de energía enfocarán sus esfuerzos de negociación con las autoridades respectivas de los países de la región” para lo cual apuntan a las “Alianzas Público Privadas” (p 70-71) y plantean el mismo objetivo que persiguen los proyectos en debate y otros en anteriores administraciones cuando indican: “…sentaremos las bases para que el sector privado pueda desarrollar proyectos para transaccionar en el Mercado Eléctrico Regional (MER) y en el Mercado Eléctrico local con seguridad jurídica” (p 72).  Eso es lo mismo que propone el expediente N°23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional” en su artículo 5 “Participantes en los servicios públicos de electricidad”.  Este artículo mantiene como servicios públicos la “generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica”, pero agrega que “se considera también servicio público, la generación eléctrica privada derivada de contratos suscritos con el Estado”, lo cual le da condición similar al servicio público prestado por el ICE que a los negocios de las empresas privadas.  De eso se trata la nueva “seguridad jurídica”.

“Desideologizar” el debate sobre el mercado eléctrico nacional no es más que una manera de ocultar que en la Asamblea Legislativa, excepto el Frente Amplio, todos los demás  partidos están haciendo un “valiente” trabajo para beneficiar al grupo de empresas privadas que por décadas han saqueado las finanzas del ICE y de la sociedad costarricense, incluidas las empresas del presidente de la misma Asamblea.  Amparados en esa componenda entre el Gobierno y la Asamblea es que mienten diciendo que los generadores privados venderán “excedentes” de electricidad en el mercado regional centroamericano; pero esta es otra falsedad la discutiremos luego.

Nuestros niños, los más pobres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Delgado

Impactó la noticia de que nuestro país es el que tiene mayor tasa de pobreza infantil de las 38 naciones que componen la OCDE. Según esos datos, el 27% de los menores de 17 años viven en pobreza. Por cierto, a diferencia de la de otros países, nuestras cifras son del 2021, lo que quiere decir que toman en cuenta la situación creada por la pandemia del Covid-19, que presumiblemente empeoró la situación de la población, especialmente la de la más pobre. Es decir, en la realidad estamos peor de lo que dicen los datos de la OCDE.

Es, además, dice ese organismo, el segundo país con mayor desempleo (solo superado por España).

Es posible que ambas cifras tengan que ver, pues son las mujeres las más golpeadas por el desempleo y la pobreza. Y mujeres solas crían a la mitad de los niños que nacen en este país.

Para ese organismo uno de los motivos que explican este fenómeno es la cantidad de niños nacidos de madres adolescentes. Pero sucede que nuestro país redujo esos índices de manera ejemplar en la pasada década. El porcentaje correspondiente cayó de un 19% en el 2012 a un 9% en el 2021. Ese factor, el de ser hijos e hijas de madres adolescentes, sigue pesando, sin duda. Pero podríamos pensar que hay otros factores más decisivos.

El 70% de los niños que nacen en Costa Rica son nacidos fuera de matrimonio, y la mitad de ellos de madres solteras, es decir, sin pareja. Son un total de 24.140 pequeños. Y eso sí parece ser significativo, sobre todo porque las madres solteras siguen tomando la delantera. En el 2008 eran no más de 16.331.

Además, de los niños así nacidos, un 30% carece por completo de soporte económico de su padre.

La OCDE dice:

«La custodia de los hijos suele corresponder a la madre, quien frecuentemente tiene un ingreso personal menor que su expareja. Por consiguiente, no es de sorprender que el riesgo de pobreza (de 31%) de las familias monoparentales sea tres veces mayor que el de las familias con dos padres (10%) en toda la OCDE en promedio”.

Según el Banco Mundial (Oportunidades para reducir la pobreza en Costa Rica) “las madres solteras enfrentan desafíos mayúsculos. Sus ingresos laborales tienden a ser bajos y aquellos provenientes de transferencias públicas y privadas no resultan ser un complemento suficiente. Más de la mitad de todas las madres solteras pueden clasificarse como pobres y su situación pareciera haberse deteriorado en la última década”. La tasa de pobreza calculada por ese informe para las mujeres es de 27,7%. La de los niños de 0 a 14 años, del 40%.

El aumento de la pobreza infantil tiene esos componentes que tienen que ver con las malas prácticas de la sexualidad y la reproducción, la desigualdad a que se ve sometida la mujer, la poca efectividad de nuestras leyes y prácticas de paternidad responsable y muchas otras, que aparentemente tienen que ver con el comportamiento individual de las personas. Pero la verdadera causa no se encuentra allí. Está en un régimen social de por sí injusto, en la que el ser humano es mercancía de segunda, y donde los niños, por ser improductivos, por su vulnerabilidad y su dependencia, son los más sacrificados.

Resulta especialmente triste comprobar que los niños de todos los países de esa organización privilegiada, entre ellos el nuestro, sean el sector de la población que muestra mayores cifras de pobreza y que, además, representan un sector cuyo número va en aumento. Son más pobres que los ancianos, mucho, pero mucho más pobres que la media de la población adulta y además cada vez son más. Eso es así en todos los países, En España y en Israel, en Estados Unidos y en Francia, y más, como vemos, en Costa Rica.

Es el resultado más demoledor de un régimen estructuralmente injusto, cuyos males sociales se han agravado por las políticas de contención del gasto público y la privatización galopante.

Al fin y al cabo, la clave está allí, y el sacrificio de nuestros niños ante el altar del capital es un signo de la debacle de nuestro régimen social y político corrupto e inhumano. Esa sangre inocente clama por un cambio de régimen, que transforme esta democracia podrida que los condena a la muerte por otra democracia, popular, participativa, socialista.

Unidad en la acción para derrotar la privatización y desmejora en los servicios de salud

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Con el fin de detener la privatización y el desmejoramiento de los servicios de salud a nivel nacional, el próximo miércoles 29 de marzo del 2023, a las 6:00pm, en el Centro de la Cultura de Grecia, se llevará a cabo una reunión para generar acciones a favor de la defensa de los servicios de salud de la CCSS.

Se hace un llamado a toda la población, a  los diversos actores sociales y organizaciones de la comunidad a sumarse a esta unidad de acción. Esta iniciativa ha sido el fruto del esfuerzo de muchos griegos ubicados en los sectores: comunales, magisteriales, salud, autoridades municipales, sociedad civil etc.

Esta iniciativa del Cantón de Grecia, debe de analizarse y con carácter de urgencia, iniciarse en los demás cantones, ya que ¡el impacto de las medidas del gobierno son negativas a nivel nacional!

 

Compartido con SURCOS por Carlos Vega.

Urgente unidad en acción para derrotar la privatización y desmojora en los servicio de salud

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

SURCOS comparte la siguiente información:

¡O NOS UNIMOS EN LAS GRANDES TAREAS, O NOS, SEGUIRÁN APLASTANDO! 

Un excelente día compañeros de luchas y sueños por un mundo mejor que estén bien en sus familias.

Esta lucha que inicia en el cantón de Grecia por la Defensa del Derecho a la Salud con estándares de calidad, oportunidad y eficiencia como sinónimo del Derecho a la Vida, tiene que verse con la mayor amplitud posible, sin protagonismos, y con ello, unir a todas fuerzas sociales del cantón que permitan enfrentar este gigantesco reto: detener la privatización y el desmejoramiento de los servicios de salud a nivel nacional.

A mejor criterio, es una excelente oportunidad para reencontrarnos y vernos las caras las distintas organizaciones sociales y sindicales ubicados hoy en diferentes aceras, no obstante este y otros temas de actualidad que impactan la vida de toda la sociedad, se enfrentan de manera separada o sea, cada uno por su lado, en tanto son TEMAS PAÍS que NINGUNA organización por más numerosa que sea, podrá sacar adelante si no es mediante la UNIDAD EN ACCIÓN!

Esto ha sido una UTOPÍA en las últimas décadas y por ello, las cúpulas políticas empresariales responsables del DESASTRE FISCAL han hecho lo que les ha dado la gana con Derechos Fundamentales de la ciudadanía.

Esta iniciativa ha sido el fruto del esfuerzo de muchos griegos ubicados en los sectores: comunales, magisteriales, salud, autoridades municipales, sociedad civil etc.

Insto desde este chat a todos los compañeros y compañeras que cuenten con afiliados en el Cantón de Grecia con el objetivo de que este 29 de marzo a las 6pm se apersonen a la Casa de la Cultura a participar en esta jornada de Lucha por el DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL A LA SALUD CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA.

Esta iniciativa del Cantón de Grecia, a mejor criterio debe de analizarse y con carácter de URGENCIA, iniciarse en los demás Cantones, ya que el impacto de las medidas del gobierno son negativas a nivel nacional! 

Saludos fraternos 

Ing. Carlos Vega Luchador Social Grecia

FRENASS denuncia intento de destruir la CCSS para favorecer negocio de la enfermedad

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Comunicado

… eliminan de un plumazo las Normas que regulan la Contratación de Servicios por medio de Proveedores Externos “Terceros” derogando tanto la Política como el Reglamento.

Como era de esperarse del gobierno neoliberal del mandatario Rodrigo Chaves Robles, según la doctrina económica destructora de lo social, bien aprendida durante años por el exempleado del Banco Mundial, hoy de manera irresponsable, temeraria y con acciones espurias, apoyadas por el obediente Concejo de Gobierno se violentan flagrantemente los Convenios de OIT, la Constitución Política y la misma Ley Constitutiva de la CCSS, metiéndole mano y secuestrando la Caja Costarricense de Seguro Social.

En claro zarpazo a los más elementales principios democráticos que caracterizan el ser costarricense, desconociendo el bloque de legalidad y violentando la Autonomía Constitucional de la Caja, se destituye a fuerza de imposición y en la verticalidad del autoritarismo, primero al Presidente Ejecutivo nombrado por el mismo gobierno y después a cinco Directores que no eran obedientes (como el concejo de gobierno), a los designios de quienes quieren el jugosos negocio de la enfermedad y ven con claridad que para alcanzarlo deben destruir a la Caja.

Posterior a ello nombran ilegalmente a cinco sumisos miembros en la Junta Directiva, poniendo precipitadamente en manos de estos neófitos, sin conocimiento ni experiencia en el modelo de Seguridad Social, la más sagrada Institución de Costa Rica, patrimonio del pueblo costarricense. Hoy la gloriosa Caja está secuestrada por amigos de la Presidencia Ejecutiva, que como una de sus primeras acciones, en el artículo 9 de la sesión #9315 celebrada el 27 de Febrero de 2023 en su Acuerdo Primero, eliminan de un plumazo las Normas que regulan la Contratación de Servicios por medio de Proveedores Externos “Terceros” derogando tanto la Política como el Reglamento.

Esta maniobra lo que pretende es allanar el camino a la privatización, ya que las normas “derogadas”, establecían en tutela Constitucional, el deber que tiene la Institución de ser no sólo recaudadora, sino prestadora de los servicios públicos de salud con sus trabajadores.

Estas normas que la ilegal Junta Directiva invalidó, garantizaban que las contrataciones por terceros eran medidas excepcionales, transitorias y temporales, con contratos de vigencia de un año, cuando se demostrara mediante estudios técnicos calificados, que la CCSS temporalmente no podría brindar esos servicios con una “Declaratoria de Inviabilidad” y con ello no afectar el interés público, dando la prestación por terceros, pero también establecía la obligación de la jerarquía de la Caja Costarricense de Seguro Social, de realizar los esfuerzos administrativos para que posterior a ese año los servicios tercerizados se institucionalizaran nuevamente.

La Coordinación de FRENASS hace un llamado a los sectores sociales y la población en general, a prepararse para combatir los intereses mercantilistas contra la CCSS y a confrontar las medidas privatizadoras solapadas de la Presidencia Ejecutiva y su séquito.

San José, viernes 03 de marzo de 2023

Defender la Caja es defender la vida de nuestro pueblo

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Partido Pueblo Unido.
27 de febrero 2023.

Actualmente contamos con una institución que posiciona a Costa Rica entre los países con mejores sistemas de salud en el mundo, justamente en el tercer puesto de esa categoría. Nos referimos a la Benemérita Caja Costarricense del Seguro Social.

Esta institución, lograda en las calles por el pueblo organizado en los años 40, que nos garantiza donde nacer, curarnos y hasta dónde morir con dignidad, está sufriendo en estos momentos una de las peores embestidas de su historia, la intención es clara: destruirla.

Quienes hoy golpean a la Caja son los herederos de aquellos que hace 80 años se opusieron férreamente a su creación, ya que mientras tengamos un sistema de seguridad social solidaria no podrán hacer el negocio que pretenden a costas de la salud del pueblo costarricense. Hablamos de los grandes millonarios, expresados en una clase social dominante que desprecia al pueblo trabajador y busca enriquecerse a toda costa.

Pensemos por un momento en cómo podrían los trabajadores y trabajadoras, junto a los más humildes de este país, costear tratamientos crónicos, por ejemplo, contra la diabetes, hipertensión o cáncer. ¿Podrían quiénes dependen de un salario mínimo o no muy alto costear cirugías complejas en los centros de salud privados? ¿Tienen todas las costarricenses embarazadas la posibilidad de pagar por un parto en centros de salud que no sean de la CCSS? Es evidente que el costarricense de a pie no tiene acceso a la salud privada y necesita de la Caja del Seguro Social, que es baluarte de nuestra gente.

Nuestro sistema de salud ha sido debilitado a propósito por los peones de esos grandes millonarios que sueñan con desaparecer la salud pública; las largas listas de espera, la falta de especialistas, el no poder cubrir al total de la población, son problemas causados por los enemigos de la seguridad social incrustados en la Caja. La única solución es luchar por rescatar y llevar más allá a nuestra institución insigne.

Denunciamos al Estado costarricense, que valiéndose del actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles, continuador de los anteriores gobiernos, asesta hoy un feroz ataque contra la autonomía de la CCSS, a fin de mover sus fichas y que éstas cumplan con su tarea destructiva dentro de la Caja.

Nuestro pueblo es un pueblo valiente y sabio, que ha sido engañado y anestesiado por décadas, pero que tiene la capacidad de defender lo suyo para no ser inquilinos en nuestra propia tierra.

Hacemos un llamado a sumarnos a las movilizaciones en defensa de la CCSS del seguro social, así como a la vinculación de las organizaciones sindicales y sociales con el pueblo trabajador en su conjunto para defender, fortalecer y superar nuestras conquistas sociales.

¿DE QUIÉN ES LA CAJA?
¡DEL PUEBLO QUE TRABAJA!

 

Compartido con SURCOS por Rafael Ugalde Quirós.

Un A, B, C básico sobre el informe de auditoría externa del Seguro de Salud de la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
22 febrero 2023

1- El informe de auditoría externa del Seguro de Salud, está centrado en el abordaje de las cuentas contables, en tal sentido debemos tener claridad de que existen métodos o técnicas de análisis contables que son sin duda más profundos y ayudan a detectar las debilidades estructurales, lo cual no es el caso actual.

Por lo tanto el manejo informativo del presidente Chaves Robles y su acólita presidenta ejecutiva, ahora acompañada por una junta directiva que hace las veces de un club de amigos y amigas, -que coinciden ideológicamente en rutas privatizadoras en sus distintas modalidades tanto para salud como para pensiones-, y que ha dado señales inequívocas de promover el miedo y la distorsión informativa, como un mecanismo que coloca un cartucho más de dinamita en la reputación de la Caja, para desde ahí allanar los caminos de los negocios para los nuevos socios comerciales de Zapote, que esperan ávidos la recompensa por sus favores de campaña electoral.

2- Podríamos considerar o concluir que el riesgo financiero más relevante de la auditoría externa radica precisamente en la deuda estatal, ya que es una cuenta contable no conciliada, siendo que dicha falencia parece ser que se esconde por parte de la presidenta ejecutiva y el propio gobierno, lo cual nos genera una alta dosis de malicia.

En tal sentido resulta de exigencia solicitar públicamente que nos den un informe público de las convocatorias, actas y sesiones de la comisión CCSS- Hacienda y transparenten y actualicen los datos de la deuda estatal con salud y con pensiones.

3- Esperamos que el posicionamiento del accionar distorsionado y hasta atrofiado puede tener móviles diversos, pero no descartamos que sea parte de toda la táctica y estrategia mediática gubernamental, -y ahora de la actual junta directiva-, para dinamitar aún más la reputación institucional y profundizar formas de privatización en salud, como en pensiones.

4- La presidenta ejecutiva debe mostrarle a la ciudadanía las más recientes valuaciones actuariales y los estudios de riesgo de salud y pensiones, ya que posiblemente el riesgo mayor para la sostenibilidad financiera de la Caja en el mediano y largo plazo, sea precisamente las deudas del Estado, pues patronos y trabajadores y trabajadoras han cotizado religiosamente.

Lo que se avecina en la CCSS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR

8 Febrero 2023

Un recuento superficial de estas maniobras de Gobierno en su afán de tomar el control político ideológico del órgano superior de la CCSS, nos permite formular un primer un acercamiento de ideas básicas y cortas de lo que suponemos se avecina:

1- El avance de un enfoque conservadurista muy peligroso para la CCSS, cuyos efectos e impactos potenciarán una ruta de mayor debilitamiento de la autonomía constitucional especial de la CCSS, lo cual es la columna vertebral para avanzar en la privatización o tercerización de diversos procesos de gestión de servicios asignados al seguro de salud y de pensiones, lo cual se posesionará mediante una narrativa destructiva como la utilizada por el Presidente Chaves Robles.

2- El reimpulso de la contrareforma laboral en la CCSS, que aspirará a operativizar entre otros temas no menos relevantes, como la posible liquidación del Fondo de Retiro (FRE, que depende de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa), la aplicación del SALARIO GLOBAL en la CCSS, a contrapelo de los criterios conocidos y los más recientes vinculados al tema de la autonomía constitucional especial de la CCSS.

3- La puesta en desarrollo del concurso para la asignación por parte de la. Junta Directiva (ahora sí), del puesto de la Gerencia General, aspirando a colocar una ficha de enfoque conservadurista y anti laboral en ese cargo y a partir de ahí una profundización de la política en desarrollo desde la llegada de Marta Eugenia Esquivel como lugarteniente del Presidente Chaves Robles, cuyas características meter miedo y amenaza contra mandos intermedios, lo cual incluye persecución laboral a partir de investigaciones administrativas o similares que buscan ampliar el control político de la estructura institucional por parte del Gobierno Chaves Robles, lo cual es un símil en relación con las políticas en desarrollo en buena parte de las instituciones públicas y que son la fotografía en blanco y negro de la disputa interburguesa nacional en pleno desarrollo y que retrata fácilmente en las disputas entre el Grupo Nación y otros grupos de poder fáctico y el Presidente Chaves Robles que presentan ataques fuertes (“prensa canalla” – sicarios de la información) y retiradas tácticas de los distintos actores, según el tema y los intereses en conflicto.

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