Gilberto Lopes

Diciembre, 2022

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se vanagloria de que por primera vez, en trece años, el Gobierno va a amortizar el principal de la deuda. Nos sugiere que se cumple así «un hito en la trayectoria de consolidación de las finanzas públicas”.

Abonar al principal, en vez de renegociar la deuda y reactivar la economía no lo hace nadie, salvo en condiciones muy particulares. Ningún gobierno serio hace eso que propone el gobierno de Chaves. Eso es una tontería. Pero vender el patrimonio nacional para hacerlo ¡es más que una tontería!

La propuesta de vender activos para reducir la deuda no solo es un engaño –que oculta la verdadera ambición de comprar, a precios de liquidación, negocios muy rentables–, sino que es el verdadero objetivo de esas propuestas, que tienen poco –o nada– que ver con el tema del manejo de la deuda.

Ciertamente, hay que tratar de manera seria el problema de la deuda, como parte de un programa de desarrollo del país. No de someternos a inaceptables y dolorosas condiciones, con tal de satisfacer a las demandas de los acreedores.

No tiene sentido hacerlo, si se mantienen las condiciones que generaron la deuda. Con la venta de los activos se puede abonar algo, pero nada relevante. Al poco tiempo estaremos debiendo lo mismo, o más. Si vendemos activos nacionales para pagar la deuda estaremos, a corto plazo, no solo más endeudados, sino también más pobres.

La deuda, una bomba a desactivar

Hace tiempo un economista español, catedrático de la Universidad de Sevilla, profesor Juan Torres López, viene tratando el tema de la deuda.

Al profesor Torres lo fui a entrevistar a Sevilla hace ya algunos años y le he dado seguimiento a sus escritos. De sus textos viene la idea de que la deuda es una bomba que debe desactivarse, artículo publicado en el periódico español Público, el 11 de junio del 2021.

Es su opinión de que los datos sobre la evolución de la deuda en todo el mundo nos muestran que “estamos sentados sobre una bomba que va a estallar sin remedio, si no se adoptan medidas adecuadas para desactivarla”.

Le parecían impresionantes los datos sobre las deudas que acababa de publicar el Banco Internacional de Pagos (Bank for International Settlements (BIS), con sede en Basilea, Suiza). Las deudas acumuladas en el mundo a fines del 2020 habían llegado a unos 286 billones de dólares (millones de millones; trillions en inglés), cerca de 3,5 veces el producto mundial.

De esa deuda, 221,4 billones correspondían al sector no financiero: 53,8 billones al endeudamiento de los hogares; 83,4 billones a deuda de los gobiernos; 78,6 billones a deudas de las sociedades no financieras. A lo que había que sumar 65 billones de dólares del sector financiero.

Un año después, esa deuda había trepado a 303 billones, alimentada por la montaña de dinero inyectado en las economías para hacer frente a los efectos de la COVID 19 sobre empresas y personas, según datos del Institute of International Finance (IIF), una asociación de instituciones financieras mundiales, con sede en Washington.

Estos datos son graves por su cuantía pero, sobre todo, por su crecimiento vertiginoso, acelerado a causa de la pandemia. Según el BIS, la deuda total del sector no financiero se había triplicado desde el 2000.

El análisis de la economía de los países de la Unión Europea (UE) es objeto de especial atención del profesor Torres. Según los datos de Eurostat, que cita en el artículo mencionado, la deuda pública de toda la UE era de doce billones de euros. La de los países de la zona del euro (eurozona), ligeramente inferior, alcanzaba los 11,1 billones. Lo que, en su opinión, demostraba que las “mal llamadas” políticas de austeridad no servían para disminuir la deuda, “sino justamente para todo lo contrario”. Desde 2000 –afirma– la deuda de la eurozona ha aumentado en 6,8 billones. Cantidad similar a la que han pagado, en ese tiempo, en intereses.

En 2020, en plena pandemia, los países de la UE tuvieron que dedicar 191,6 mil millones de euros para pagar intereses. Es decir, “en retribución a bancos que le han prestado dinero creado, en su práctica totalidad, de la nada, sin ningún costo para ellos”.

Hace tan solo una semana la BBC publicó una nota revelando que había personas comiendo alimentos para mascotas en Gran Bretaña y calentando su comida con velas. Hace unos meses nos decía que muchos británicos mayores de 50 años, imposibilitados de pagar alquileres, tenían que vivir en casas compartidas. Quizás en pocos países las políticas de privatizaciones y contención del gasto público han sido tan eficaces como en Gran Bretaña.

Estos ejemplos evidencian la necesidad de discutir como enfrentar el problema de la deuda. No se trata de un problema técnico, sino político, como veremos.

¿Quiénes son los adictos a la deuda?

Torres se hace algunas preguntas. Una de ellas es ¿quiénes son los adictos a la deuda? Se trata de un artículo que publicó hace algunos años, en 2017. Poco antes había publicado un libro con el provocador título “Economía para no dejarse engañar por economistas”.

Uno de los mitos más extendidos sobre la vida económica –dice en su artículo– es el de que la enorme deuda acumulada en el mundo es consecuencia de que la gente vive por encima de sus posibilidades. Otro mito es el de que “los partidos de centro-izquierda son muy pródigos cuando gobiernan, produciendo grandes déficits que la aumentan sin cesar”.

Pone como ejemplo declaraciones de la entonces canciller alemana, Angela Merkel, de que ningún Estado puede gastar más de lo que ingresa. Eso tiene sentido en el caso de una familia, pero no tiene ninguno en un Estado, dice Torres. Si el Estado deja de gastar provoca una disminución de los ingresos de la gente, algo que no pasa cuando se trata de una familia.

Se trata, como tantas otras afirmaciones, “de una falsedad que se desmiente fácilmente con el conocimiento elemental de los procesos económicos y con los datos”, asegura Torres.

Los errores económicos tienen propósitos, asegura. Los adictos a las deudas no son las familias, mucho menos las familias de escasos recursos. Son los bancos, “porque esa es la fuente de sus ganancias y de su impresionante poder, no solo financiero, sino también mediático, cultural y político”. Cuando se nos dice que hay que salvar a los bancos, lo que se pretende es crear condiciones para que sigan endeudando a la gente.

La explicación de este proceso es relativamente sencilla y clara. Nos dicen que hay que imponer políticas de recortes de gastos para ahorrar, reducir el gasto y bajar la deuda. Pero lo que se busca –dice Torres– es todo lo contrario: reducir la capacidad de generar ingresos propios para que los bancos vuelvan a prestar, creando así nuevas deudas.

La prueba del engaño es que la deuda subió más “justamente en el periodo de aplicación de políticas de recortes sociales y rescate de la banca”, que las autoridades financieras aseguraban ser indispensables para disminuir la deuda.

Privatizar para pagar

El pasado 1 de diciembre, el economista brasileño José Álvaro de Lima Cardoso denunciaba la deuda pública como un “mecanismo infinito de drenaje de dinero público.

Cardoso se refería a la limitación de gastos para atender las necesidades sociales impuesta al presupuesto brasileño, luego del golpe de Estado contra la presidente Dilma Rousseff en 2016. Medida similar a la adoptada en Costa Rica, mediante ley aprobada sin necesidad de ningún golpe de Estado. En Brasil se congeló, además, el gasto social del gobierno por 20 años, con el resultado de una grave recesión económica y desastrosos resultados sociales.

En 2004, en medio de una nueva crisis financiera internacional, Ernesto Gutiérrez Betancor publicaba, en la revista “Conceptos Sociales”, de la UNAM, el artículo (reproducido por diversos medios) “La deuda externa, ¿quién debe a quién?”.

Ahí nos señalaba que “en los últimos años, las condiciones de vida de la mayoría de la población de África, América Latina y Asia han empeorado drásticamente”.

“En el África subsahariana, por ejemplo, el consumo medio por habitante es menor que en 1970. Los ingresos de la mayoría de los latinoamericanos son también inferiores, en un 20%, a los que recibían en 1980. Esta desesperada situación a menudo se nos presenta como el producto de la corrupción, la incompetencia o la ineficacia”.

Pero –dice Gutiérrez Betancor–, los datos estadísticos muestran una realidad bien diferente. “En 1999, los 41 países pobres más endeudados (PPME) transfirieron al Norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron. En el mismo año, los países del llamado «Tercer Mundo», en su conjunto, realizaron una transferencia neta de recursos de 114.600 millones de dólares”. Pese a esto, una deuda que, en 1982, ascendía a 780 mil millones de dólares había trepado a algo más de 2 billones (millones de millones) de dólares, menos de 25 años después.

A finales de 2019, la deuda externa total solo de los países de ingreso mediano y bajo (no de todo el llamado Tercer Mundo, o de los “mercados emergentes”) ascendía a 8,1 billones de dólares, según datos del Banco Mundial, institución a cargo de los programas de reducción de la deuda y de la pobreza, donde trabajaba nuestro presidente Rodrigo Chaves.

Ya en los años 70, Robert McNamara, exejecutivo de la Ford, Secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y luego presidente del Banco Mundial, entre 1968 y 1981, advertía que “la tasa media de aumento de la deuda luego de la década del 60 representa cerca del doble de la tasa de crecimiento de los ingresos por exportaciones, con las cuales los países endeudados deben asegurar este servicio de la deuda. Esta situación no puede continuar indefinidamente”.

Cuando se hizo evidente que los países subdesarrollados no podrían asumir sus compromisos en las condiciones pactadas, el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional propusieron como solución las llamadas «políticas de ajuste estructural».

Como medidas fundamentales de esas políticas están la reducción del gasto público y la privatización de las empresas estatales. Cuarenta años de esas políticas han dado como resultado la aceleración de un proceso contra cuyas consecuencias insostenibles ya advertía McNamara, hace 50 años.

En Costa Rica, el gobierno propone privatizar el Banco de Costa Rica, uno de los tres bancos estatales. Se vanagloria el ministro de Hacienda, afirmando que, por primera vez en trece años el Gobierno va a amortizar el principal de la deuda.

Pero el secreto no está ahí, sino en la venta del banco, un negocio excepcional, al que los posibles compradores (incluyendo la banca colombiana) tienen puestos los ojos desde siempre.

¿Cuánto se amortizaría con la venta del BCR?, le pregunté a un economista que acompaña estos procesos en el país. “No hay un valor definido. Se estima en unos 1.850 millones de dólares. Alcanza para pagar durante seis meses los intereses de la deuda.

Pero este es un valor puramente contable. El valor económico del banco es muy superior. Para el país, debe considerarse su valor social, que incluye la capacitación de su personal –unas cuatro mil personas–, el valor de sus instalaciones, los diversos servicios que presta a la sociedad, no solamente financieros, sino de trámites de documentos, como pasaportes o licencias de conducir”.

Qué significa para un banco privado ser muy eficiente, se pregunta: significa ganar la mayor cantidad de dinero posible. Eso se logra reduciendo personal, reduciendo salarios y los servicios que presta y, sobre todo, aumentando la tasa de interés crediticia, que hoy es de 8,4% anual en la banca pública y más del 15% en la privada.

¡Una estafa para el país!

En cambio, no se propone eliminar o reducir las diversas exenciones tributarias que favorecen a los inversionistas, en particular en el régimen de zonas francas.

Entre las medidas de transferencia de recursos para los bancos está también un proyecto de ley –que se está negociando a instancias del sector financiero– para permitir transferir a los acreedores un 30% de los ahorros del Régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP) de quienes se encuentren con problemas de deudas. Una medida que los afectará posteriormente, al reducir el monto de sus futuras pensiones, además de debilitar el sistema de pensiones.

En su “Estrategia de la deuda a mediano plazo”, publicada en abril pasado, el ministerio de Hacienda afirma que la deuda del gobierno central equivale a 66,46% del PIB. Y agrega que, “gracias a la dinámica de los ingresos y la contención del gasto pareciera que el país se dirige hacia una estabilización de las finanzas públicas”.

Nada dice de las condiciones sociales, del desempleo estructural, de la creciente concentración de la riqueza, ni del asalto sistemático a las eficientes instituciones públicas –la banca, las telecomunicaciones, la energía, la salud, la educación, las carreteras, los aeropuertos– donde las medidas privatizadoras han venido debilitando los servicios públicos, sin que ningún proyecto de país ofrezca un modelo de desarrollo que reduzca la deuda o la pobreza.

Durante años los promotores de esos proyectos han andado por el mundo con el bolsillo lleno y la cabeza vacía. Tratan de vendernos las viejas ideas, que nos han traído a esta crisis, como solución a nuestros problemas. Para eso cuentan en Costa Rica con el control de la presidencia y una holgada mayoría en la Asamblea Legislativa.

Con la venta de activos no se va a resolver el problema de la deuda, sino a agravar un proceso de concentración de la riqueza y de mayores sufrimientos sociales para la población costarricense.

Privatizaciones y contención de gastos, receta infalible para el deterioro de las condiciones de vida de la población costarricense, como lo ha demostrado la historia.

FIN