Ir al contenido principal

Etiqueta: privatización

Llaman a defender la autonomía de la CCSS

Movimiento ciudadano diverso de todo el país llama a defender la Autonomía de la CCSS mediante carta pública

Luego de la destitución de quien fue reciente del expresidente ejecutivo de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos, más de 43 organizaciones e instituciones representadas entre el funcionariado de la CCSS, MEP, UCR, UNA, UNED, ICE así como organizaciones sociales y privadas en ámbitos como; derechos humanos, comunicación, defensa del ambiente, campesinado, asociaciones de desarrollo, juntas de salud, organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres, organizaciones estudiantiles y partidos políticos han difundido carta pública en defensa de la autonomía de la CCSS.

¿La Caja en quiebra… o buscan quebrar la confianza ciudadana en la Caja? es la carta pública que representa al movimiento y busca en síntesis posicionar el valor de la institución para beneficio de toda la ciudadanía, así como contrarrestar las falsas declaraciones sobre la sostenibilidad financiera de la CCSS, logrado suscribir al día 27 de septiembre, más de 484 personas, ciudadanas independientes y organizaciones de todo el país.

Las y los firmantes, son un movimiento de personas ciudadanas diversas, defensoras del modelo social, universal y solidario de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes han reunido más de 484 suscripciones de personas ciudadanas independientes en todo el país.

Elementos más destacados en la carta ante la opinión pública son los siguientes:

  1. Desafortunadas declaraciones y acciones del Sr. presidente Rodrigo Chaves que se da en un contexto de lucha sindical por la aplicación del reajuste salarial en institciones públicas que no significa para las personas funionarias de la CCSS ni 250 colones diarios, así como el desacato a la aprobación de este reajuste salarial via decreto en el 2019, lo que ha generado gran desprestigio a la institucionalidad y la autonomía de la Caja, mediante acciones como la destitución de la Junta Directiva de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos.
  2. La Caja no está quebrada, aunque sus desafíos actuales y futuros son enormes, como ocurre en cualquier otro país del mundo.

Algunos son de resorte directo de la institución y otros no lo son. Entre los primeros están sus ingentes inversiones y la eficiencia y calidad del gasto, las acuciantes listas de espera, la escasez de especialistas en áreas críticas. Y entre los segundos, la subdeclaración salarial, el elevado empleo informal, el no pago de la deuda del Estado, la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento y los nuevos retos ante el envejecimiento poblacional, entre otros.

  • La Caja no está quebrada. Una muestra contundente de la solidez financiera y de la extraordinaria fortaleza humana de sus funcionarios la vimos en su capacidad de respuesta a la reciente crisis de la Covid-19, dando un ejemplo mundial de robustez económica e institucional. En 2020, el peor año de la pandemia, y pese al enorme desafío sanitario afrontado por el país, el excedente del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) alcanzó los 772.7 miles de millones de colones. El excedente subió a 1 billón de colones en 2021, y se proyecta que a final de 2022 rondará los 1,1 billones de colones. A abril 2022, las reservas financieras del SEM alcanzaron 1.5 billones de colones.
  • Holgura financiera de la CCSS le permitió no solo salir bien librada de la crisis del Covid-19, incluso recibiendo menos ingresos, sino también cuidar los recursos que permitirán implementar un ambicioso portafolio de inversiones que incluye 227 proyectos para construir 1.25 millones de metros cuadrados de infraestructura entre 2022 y 2031. Lo anterior sin contar la apertura de 340 nuevos EBAIS, la reclasificación de 107 centros de salud y el fortalecimiento de los servicios de geriatría a escala nacional; proyectos que se acompañan con una contratación proyectada de 12,522 plazas de personal en salud para atender la demanda creciente de servicios entre el 2022 y el 2031.
  • Pese a la gigantesca deuda que el Estado costarricense le mantiene a la CCSS, la cual alcanza niveles alarmantes y vergonzosos, pues pasó de 1,064 billones de colones en 2015 a 2,669 billones en 2022. Aun así, la CCSS no está quebrada, por lo que la afirmación del señor presidente pone necesariamente en alerta al escudarse en el manual de la privatización, buscando desprestigiar la Institución más querida por el pueblo costarricense y generar desconfianza entre los actuales y futuros cotizantes.

Ante lo anterior que se describe a detalle en la carta pública, el Movimiento hace un llamado a defender la institucionalidad y la autonomía de la Caja, así como aportar soluciones para lograr su fortalecimiento y enfrentar los desafíos de la institución benemérita.

Vocerías

Augusto Guerrero: Federación de Estudiantes Universitarios Universidad Nacional (FEUNA).
Vivian Rodríguez: Dirigente sindical sector educación SEC.
Lenin Hernández: Secretario General Sindicato Nacional de Enfermería y AFINES (SINAE AFINES).
Henry Mora: Economista, investigador y académico UNA.
Juliana Martínez: Catedrática UCR, Premio Forster Fundación Humboldt.
Oscar Cruz Morales: Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUPCR)

Enlace para firmar la carta.

Documento con las firmas actuales para descargar y compartir:

¿La Caja en quiebra… o buscar quebrar la confianza ciudadana en la Caja?

Carta Pública

¿La Caja en quiebra, o quebrar la confianza ciudadana en la Caja?

Las recientes declaraciones del señor presidente Rodrigo Chaves, refiriéndose a una supuesta situación de quiebra de la Caja Costarricense del Seguro Social, no solo no son de recibo, también son altamente preocupantes. Y es que, si bien se dan en un contexto de lucha sindical por un reajuste salarial absolutamente justo, buscan desprestigiar la institucionalidad y la autonomía de la Caja, a la vez que trasluce la visión que el mandatario tiene de la seguridad social. 

Durante treinta años el señor presidente fue un funcionario de carrera del Banco Mundial, institución que durante ese período impulsó la privatización de los sistemas de seguridad social, incluyendo la salud y las pensiones públicas en todo el planeta, con su foco en América Latina, Asia y Europa del Este. De manera sistemática, el Banco Mundial ha venido aconsejando y financiando a diversos países para abandonar los sistemas públicos de seguridad social y transformarlos en sistemas privados de salud y de pensiones, utilizando como argumento principal, curiosamente, su situación de quiebra

La privatización de la seguridad social, sin embargo, ha fracasado. Diversos estudios, incluyendo publicaciones de la OIT de alcance mundial, documentan que, de unos 30 países mal aconsejados por los organismos financieros internacionales que optaron por privatizar parcial o totalmente sus sistemas de pensiones, hacia el año 2018 el 60 por ciento de ellos se habían visto obligados a revertir las reformas privatizadoras

El ABC del manual del Banco Mundial para promover la privatización sigue tres pasos, dados en Costa Rica desde los años 90, apoyados por políticos locales y por un sector financiero ávido de lucrar con los recursos públicos de la seguridad social. Pero esta privatización ha enfrentado la resistencia de quienes apoyamos una seguridad social colectiva y pública.

El primer paso del manual es apoyar la creación de la institucionalidad necesaria para impulsar la privatización desde adentro del Estado, como es el caso de las “superintendencias de pensiones” cuyo papel, se dice, es regular los seguros públicos y privados. A la vez, permite colocar en puestos de poder a funcionarios casi siempre afines a la idea de la privatización de las pensiones.

El segundo paso es financiar estudios “técnicos” que sin excepción “demuestran” que el sistema sufre de un déficit financiero actuarial insalvable (es decir, de desequilibro entre ingresos y gastos de largo plazo) y por lo tanto que “está quebrado”. De ahí, a decir que hay que “apagar y cerrar” hay solo un paso.

El tercer paso consiste en prestar recursos para financiar la transición hacia el sistema privado basado en cuentas individuales mediante las cuales cada persona se financia a sí misma. Este camino es el que, de manera reiterada ha llevado a los países a asumir enormes compromisos fiscales, a eliminar la solidaridad, y a transferir enormes recursos a través de comisiones de administración altamente costosas para sus afiliados, sistema impopular y solo conveniente para quienes obtienen jugosas ganancias con esa administración. 

En Costa Rica, sucesivas misiones del Banco Mundial vinieron acompañadas de “ayudas” financieras del Banco Mundial y de su institución hermana, el BID, intentando (sin éxito), la privatización total el régimen IVM de la Caja. La meta de la privatización quedó a medio camino con la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), un fondo de ahorro individual que le devolverá a las personas, proporcionalmente hablando, una “pensión complementaria” mucho menor que la del régimen colectivo de la Caja de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). 

Una Caja quebrada es el sueño de quienes quisieran manejar privadamente todos los seguros sociales, pero también de quienes piden una reducción en las cotizaciones a la Caja, con el pretexto de crear empleo y disminuir la informalidad laboral

No es de extrañar, entonces, la desafortunada e incorrecta afirmación del presidente Chaves. 

La Caja no está quebrada, aunque sus desafíos actuales y futuros son enormes, como ocurre en cualquier otro país del mundo. Algunos son de resorte directo de la institución y otros no lo son. Entre los primeros están sus ingentes inversiones y la eficiencia y calidad del gasto, las acuciantes listas de espera, la escasez de especialistas en áreas críticas. Y entre los segundos, la subdeclaración salarial, el elevado empleo informal, el no pago de la deuda del Estado, la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento y los nuevos retos ante el envejecimiento poblacional, entre otros. 

La Caja no está quebrada. Una muestra contundente de la solidez financiera y de la extraordinaria fortaleza humana de sus funcionarios la vimos en su capacidad de respuesta a la reciente crisis de la Covid-19, dando un ejemplo mundial de robustez económica e institucional. En 2020, el peor año de la pandemia, y pese al enorme desafío sanitario afrontado por el país, el excedente del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) alcanzó los 772.7 miles de millones de colones. El excedente subió a 1 billón de colones en 2021, y se proyecta que a final de 2022 rondará los 1,1 billones de colones. A abril 2022, las reservas financieras del SEM alcanzaron 1.5 billones de colones.

Esta demostrada holgura financiera de la CCSS le permitió no solo salir bien librada de la crisis del Covid-19, incluso recibiendo menos ingresos, sino también cuidar los recursos que permitirán implementar un ambicioso portafolio de inversiones que incluye 227 proyectos para construir 1.25 millones de metros cuadrados de infraestructura entre 2022 y 2031. Lo anterior sin contar la apertura de 340 nuevos EBAIS, la reclasificación de 107 centros de salud y el fortalecimiento de los servicios de geriatría a escala nacional; proyectos que se acompañan con una contratación proyectada de 12,522 plazas de personal en salud para atender la demanda creciente de servicios entre el 2022 y el 2031.

Las cifras anteriores desmienten de manera contundente las afirmaciones del señor presidente.

La solidez de la CCSS le permite soñar con tan ambiciosos planes de expansión, a pesar de la gigantesca deuda que el Estado costarricense le mantiene, la cual alcanza niveles alarmantes y vergonzosos, pues pasó de 1,064 billones de colones en 2015 a 2,669 billones en 2022.

Pero si la Caja no está quebrada, la afirmación del señor presidente nos pone necesariamente en alerta al escudarse en el manual de la privatización, buscando desprestigiar la Institución más querida por el pueblo costarricense y generar desconfianza entre los actuales y futuros cotizantes. Y una crisis de confianza sí que podría generar una crisis estructural en la seguridad social, afectando de manera gravísima la salud y el bienestar de la población. 

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a defender la institucionalidad y la autonomía de la Caja, y a aportar soluciones para lograr su fortalecimiento y enfrentar los desafíos.

Fuentes consultadas

C.C.S.S. (2022), Gerencia Financiera, Informe de liquidación presupuestaria 2018-2021.

C.C.S.S. (2022), Deuda del Estado con la CCSS, abril 2022.

C.C.S.S. (2022), Gerencia de Pensiones, Dirección de Inversiones. Informe Preliminar de Inversiones. Seguro de Salud, al 31 de julio de 2022.

Nota: La proyección del excedente del SEM a finales del 2022 se realizó mediante una proyección lineal basada en datos financieros a julio 2022.

Siga este enlace para agregar su firma en el espacio al final.

ES LA IDEOLOGÍA… es la ideología

Oscar Madrigal

¿Alguien con una pizca de sentido crítico podrá pensar que la venta del Banco de Costa Rica (BCR) contribuirá significativamente a reducir la deuda del Gobierno? Los números aportados en muy diversas instancias señalan que el BCR es un gran negocio para el país y su venta una reducción importante de ingresos.

¿O que el aumento de salarios a las trabajadoras y trabajadores de la CCSS afecte el déficit fiscal y con ello la deuda del Gobierno? Los salarios que paga la Caja en nada afectan los gastos del Presupuesto Nacional porque no se pagan de allí.

El Presidente Chaves no solo arremetió contra el aumento de salarios en la Caja sino que hizo la siguiente afirmación de forma contundente e inapelable:

LA CAJA ESTÁ QUEBRADA

¿Qué sentido tiene esta afirmación? Una es proponer un nuevo modelo de financiación del sistema de salud aligerando las cargas a los patronos o empresarios, tema sobre el que vienen insistiendo desde hace años y la otra es privatizar servicios importantes que brinda la Institución.

Estemos claros, lo que persigue el Presidente Chaves es privatizar servicios trascendentales de la CCSS.

Igual sucede con la venta de la mitad del INS, otra fuente de ingresos para el Estado.

Recordemos que tanto el Presidente Rodrigo Chaves como la Primera Dama son exfuncionarios del Banco Mundial, cuyo catecismo privatizador prometen ejecutar. Así lo hizo Chaves en Indonesia. La máxima ideológica del BM y sus representantes es que el Estado y sus instituciones son por definición ineficientes, a diferencia de la empresa privada que, por las leyes del mercado, según el dogma, actúan o sirven mejor. El objetivo que persigue el Presidente Chaves es pasar a un sistema de mercado donde fluyan supuestamente libres las fuerzas de mercado, con la mínima participación estatal.

Chaves y su grupo íntimo están convencidos de eso y en dirección a la privatización están trabajando. Para ello están buscando apoyo e inversiones en el exterior. No es que quieran reducir la deuda pública, no es quieran racionalizar el gasto, es que quieren privatizar o vender el Estado de Bienestar. Los hechos están a la vista.

Y nosotros dejemos de dar vueltas, el actual Gobierno incluyendo a la Primera Dama, quiere y pretende -lo dice abiertamente- privatizar todo lo que pueda, empezando ahora por los bancos estatales, la aseguradora estatal y parte esencial de la Caja.

Es la ideología, sin más excusas.

El virus ideológico privatizador llegó con fuerza. Hay que inmunizar el país.

Nota: mientas escribo esto, llega la noticia que Alemania nacionalizó la mayor planta de gas del país. Nosotros caminamos de espalda.

La venta del BCR requiere una reforma parcial de la Constitución Política

Por Manuel Hernández, abogado

En estos días tan lluviosos, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto denominado “Ley de venta del conglomerado financiero Banco de Costa Rica”.

El objetivo de este anunciado proyecto es vender, al mejor postor del mercado, el Banco de Costa  Rica y sus sociedades subsidiarias.

Aparte de la discusión acerca de las razones de conveniencia o no de vender este importante activo del Estado, ya sean motivos de orden político, económico y social, incluso de orden fiscal, que es hasta ahora donde el debate se ha centrado, es necesario entrar a discutir, de manera imprescindible, si mediante un proyecto de ley ordinario, desde el punto de vista del Derecho de la Constitución, se puede realizar esta jugosa operación de privatización y venta de un banco estatal.

En mi opinión, considero que no es pertinente promocionar así la venta de esta institución autónoma, por los siguientes motivos que formulo de manera resumida:

1.- En primer lugar, es necesario recordar el Decreto Ejecutivo N° 71, de 21 junio de 1948, emitido por la Junta Fundadora de la Segunda República.

Este decreto fundamentalmente definió lo siguiente: por una parte, estableció que sólo el Estado, por intermedio de sus instituciones bancarias propias, podrá movilizar los depósitos del público.

Por otra parte, nacionalizó la banca privada, expropiando por motivos de utilidad pública, las acciones del Banco de Costa Rica, Banco Anglo Costarricense (qdep) y el Banco Crédito Agrícola de Cartago (qdep).

En una elocuente alocución que realizó en la radio el Presidente de la Junta de Gobierno, José Figueres Ferrer, prácticamente en la víspera de la promulgación de este histórico decreto, lo justificó de esta manera:

“(…) De ahí nace el tremendo poder social que disponen [los bancos privados] y que, en la actualidad- en el siglo veinte- constituye un verdadero anacronismo. La administración del dinero y el crédito no debe estar en manos particulares, como no lo están ya tampoco la distribución del agua potable ni los servicios de correos. Es al Estado, órgano político de la Nación, a quien corresponde esas funciones vitales de la economía. El negocio bancario es el más seguro y el más productivo de todos los negocios. (…) Semejante poder, repito, no debe estar en manos de particulares, sino de la Nación.”
Cualquier comentario se quedaría muy corto frente a la contundencia de estas vigorosas palabras, que resuenan con tanta fuerza en la actualidad, 74 años después, que sería recomendable que el señor Presidente de la República leyera integralmente.

2.- El decreto-ley de nacionalización bancaria fue complementado y catapultado por la Constitución Política, promulgada el 07 de noviembre de 1949.

La Constitución emergente dibujó un nuevo diseño de la arquitectura de la institucionalidad pública, basado en un esquema orgánico de descentralización política y administrativa, que comprende las instituciones autónomas y municipalidades.

El artículo 188, en su redacción original, dispuso que las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia, en materia de gobierno y administración.

Luego, el artículo siguiente estipula:

“Artículo 189.- Son instituciones autónomas:

  • Los Bancos del Estado;
  • Las instituciones aseguradores del Estado;
  • Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menos de los dos tercios del total de sus miembros.”

Al tenor del primer inciso de este artículo, el constituyente preceptuó que los Bancos del Estado son instituciones autónomas.

Esta declaratoria constitucional tiene efectos y alcances determinantes que obstaculizan que por la vía de un simple proyecto de ley pueda ser vendido un banco del Estado.

3.- Ahora bien, volviendo a lo que venimos, el proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la venta, total o parcial, de los activos y pasivos del Banco de Costa Rica, sus sociedades subsidiarias, y “su extinción como institución autónoma, a partir del momento en que la venta total sea válida y eficaz (…).” (artículo 1).

Una vez que se haya realizada la venta total de las acciones, “(…)  se disolverá de pleno derecho el Banco de Costa Rica como institución autónoma y se deberá proceder con la liquidación correspondiente” (artículo 34).

Esta privatización del Banco de Costa Rica, en realidad, su reprivatización,  y consecuente extinción, jurídicamente no es posible, porque la Constitución Política de manera expresa e inequívoca estableció, ad litteram, que los bancos del Estado son instituciones autónomas.

La voluntad del poder constituyente originario, plasmada en el texto del artículo 189.1 de la Constitución, consolidando la nacionalización bancaria decretada por la Junta Fundadora de la Segunda República, fue reforzar su naturaleza pública; pero, además, todos quedaron configurados constitucionalmente como instituciones autónomas del Estado, incluido el Banco Nacional de Costa Rica.

Es decir, por mandato de la Constitución, por un lado, se constitucionalizó la naturaleza pública de los bancos del Estado. Pero, por otro lado, se rediseñaron como instituciones autónomas del Estado.

Esta regulación constitucional le impone un límite a la venta y privatización de los Bancos del Estado.

4.- Así las cosas, jamás podría sostenerse, al amparo de un proyecto de ley ordinario, la despublificación del Banco de Costa Rica, transformándolo en un banco privado.

El proyecto implica, por tanto, una desconstitucionalización que enerva la naturaleza pública y el régimen de autonomía que el constituyente le atribuyó a dichos bancos.

La  enajenación del Banco de Costa Rica, cuya naturaleza jurídica blindó la Carta Política Fundamental, norma normarun suprema, no se puede aprobar a merced de una reforma legislativa ordinaria; salvo que sea saltándose olímpicamente, con una buena garrocha fabricada en los astilleros del Banco Mundial (BM), la Constitución de 1949.

Si los bancos del Estado fueron configurados, ex constitutione como instituciones públicas y autónomas del Estado, sólo por una reforma constitucional podrían ser desposeídos de esta naturaleza jurídica, para que sin violentarse el ordenamiento jurídico, puedan ser susceptibles de un  proceso de venta y transformarse en un banco privado (regla de contrarius actus o paralelismo jurídico de las formas).

La eventual venta del Banco de Costa Rica, desde la óptica constitucional, si de algo todavía vale la Constitución de nuestro país, no se puede realizar a cuestas de un proyecto de ley común; excepto que se reforme el artículo 189.1 de la Constitución, mediante el procedimiento garantista de reforma parcial previsto en el artículo 195 de la misma.

¡Ni 38 votos, y mucho menos, la cifra de 29 votos, son pertinentes para vender esta institución fundacional del Estado Social y Democrático¡ La reforma constitucional es insalvable.

Lamentablemente, en los últimos 4 años, aquella devaluada Constitución se ha convertido en un producto más de la canasta básica alimentaria: un rollo de papel higiénico, de una sola capa.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Como el cangrejo

Manuel Hernández

El artículo 2 del decreto de nacionalización bancaria, Nº 71, de 21/06/1948, promulgado por la Junta de la Segunda República estableció:

“(…)

Artículo 2.- Exprópiese por motivos de utilidad públicas, las acciones del Banco de Costa Rica, el Banco Anglo Costarricense y del Crédito Agrícola. (…)”

En una alocución radial, prácticamente en la víspera de la nacionalización bancaria, el presidente de la Junta de Gobierno, J. Figueres Ferrer, manifestó:

“(…) De ahí nace el tremendo poder social que disponen [los bancos privados] y que, en la actualidad- en el siglo veinte- constituye un verdadero anacronismo. La administración del dinero y el crédito no debe estar en manos particulares, como no lo están ya tampoco la distribución del agua potable ni los servicios de correos. Es al Estado, órgano político de la Nación, a quien corresponde esas funciones vitales de la economía. El negocio bancario es el más seguro y el más productivo de todos los negocios. (…) Semejante poder, repito, no debe estar en manos de particulares, sino de la Nación”.

A la vuelta de varios años, el BAC y BANCREDITO ya los cerraron.

Ahora, pretenden vender el último banco, el BCR, que fue nacionalizado, hace 74 años.

Tanto poder, ese poder, como decía J. Figueres, no puede estar en manos privadas.

Sin duda, vamos como el cangrejo: cada vez más para atrás.

UNA MAÑANA EN EL COCAL

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Resulta evidente que las fuerzas sociales en el poder en Costa Rica han encontrado un terreno fértil para echar a andar la maquinaria privatizadora y recortista hacia el estado costarricense. Los vientos de ventas de activos como el Banco de Costa Rica presagian una temporada compleja en el campo ideológico y también en el político.

Lo vienen haciendo desde hace ya más de cuatro lustros, cuando posicionaron primero el discurso de la ingobernabilidad, luego el del déficit fiscal y posteriormente el del tamaño y eficiencia del Estado.

Al finalizar los años noventa ya la onda privatizadora había ganado sus primeros activos. He recordado durante estos días la compra de Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA), empresa estatal, por parte de un consorcio empresarial chileno.

Ubicada en Puntarenas, en el Pacífico costarricense, su planta empleaba una importante cantidad de personas trabajadoras en diversas labores del proceso. Las mismas estaban organizadas en la defensa de sus derechos sociolaborales en la Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE).

Al ser vendida, empezaron los conflictos y los despidos. Y la organización sindical, combativa, resistente, inició una feroz lucha que aún fuera ya de la empresa, despedidos todos sus miembros, se continuaba defendiendo de los embates del grupo empresarial comprador.

Realizo mis primeras armas como asistente de investigación social en aquella época. Acompaño un trabajo sobre la ruptura de acuerdos colectivos en el marco del estado costarricense como parte del contexto del Ajuste Estructural, realizado por la economista costarricense María Eugenia Trejos. Por esa razón me he citado con Don Marco, secretario general del sindicato de trabajadores de FERTICA en su casa. Es noviembre de 1996.

Es una mañana azul absoluta. Don Marco me da las coordenadas: El Cocal de Puntarenas, frente al mar. Nos disponemos en un pequeño rancho de techo de paja en la playa y enciendo la grabadora con un primer casette de 90 minutos.

Me relata el plan orquestado en el que supuestamente la empresa sería vendida a los propios trabajadores a través de acciones. De cómo ese proceso devino primero en la intromisión de consorcios con capital disponible, el aumento del valor de las acciones, impagable para las personas trabajadoras y la pérdida de su participación en la compra. Allí inició un camino de atropellos a los derechos laborales, que acabó con el despido de cerca de 50 personas trabajadoras.

Lo que en principio sería una entrevista individual con Don Marco terminó siendo un grupo focal frente a la playa. Recuerdo cerca de seis personas, todas pertenecientes al sindicato, conversando animadamente sobre su trabajo, la privatización y sus situaciones personales y familiares de aquel entonces.

Siete casettes con valiosa información sobre los derechos laborales y un aprendizaje para mí como incipiente investigador social, fueron el resultado de la jornada.

El inicio de la venta de FERTICA fue anunciado como un plan para “democratizar” su propiedad. Ciertamente ese fue el discurso original que luego se tradujo en participación empresarial de capital privado de altos manejos financieros.

Me temo que los vientos de venta de activos estatales en la actualidad van en la misma dirección y esta vez con una organización laboral debilitada, casi inexistente. El camino está servido y es posible que estemos ante la presencia del tramo final del proceso de reforma del estado costarricense.

Ante esta realidad es urgente diseñar una respuesta colectiva y plural. No queda otro camino.

Las condiciones subjetivas

Edgar Chacón.

Edgar Chacón

Condiciones objetivas y condiciones subjetivas:

Las condiciones objetivas son aquellas que están dadas por la naturaleza o la acción humana, como el frío o el calor en dos países distintos, por su cercanía a los polos o al ecuador, o el tamaño mismo de un país, en lo cual intervino la acción humana, o la pobreza o riqueza (no sus causas o explicaciones), por poner ejemplos muy básicos.

Las condiciones subjetivas, son aquellas que hacen parte del escenario para la marcha de procesos culturales, sociales, políticos, para lograr un propósito, sea este alcanzar un resultado en favor de una causa propia o desmantelar los propósitos de los que están o pueden estar en contra de la causa propia, o simplemente no son parte de ella.

En fin, será en función de los intereses de unos o, ir en contra de los intereses de otros.

En ese sentido, uno de los caminos es deslegitimar en sí mismos, a los actores contrarios como tales, o lo que promueven o sostienen, o sus condiciones de existencia.

Hacer ver los derechos, las conquistas logradas por medio de las luchas sociales, como privilegios, situaciones inmerecidas que van en contra de un conglomerado y que deben quitarse, es una táctica para generar condiciones de opinión, en ese conglomerado, en contra de esos derechos y conquistas.

Eso es lo que han venido haciendo, con maña y labor de zapa, los sectores conocidos como neoliberales y aunque sepa a amargura, hay que reconocer que lo han ido logrando, a tal punto, que muchos de aquellos a quienes les fueron heredados esos derechos y conquistas, están en contra de sus propias conveniencias (claro, no lucharon por ellos ni vivieron las condiciones de no tenerlos).

El desprestigio de la Caja Costarricense del Seguro Social se provoca para pasar a manos privadas, lo que ahí se convierte en beneficio de minorías y no en bienestar de mayorías.

¿Cómo lo han ido logrando? Difundiendo desinformación, discursos interesados por medio de los mal llamados medios de comunicación, que tienen presencia cotidiana en cantidades significativas de población. De manera que se hace creer que, si alguien viste con ropa limpia, “está mal” porque otros visten con ropa sucia, haciendo que se ignore las causas de ambas situaciones.

A menudo se oyen expresiones como “en las noticias dicen”.

En esta conformación de opinión pública, están coludidos personajes políticos, organizadores de espacios de confusión y de enturbiamiento del entendimiento, en canales televisivos, radio emisoras, así como púlpitos, micrófonos de pastores y hasta se crean “comisiones de notables”, para darles “la bendición” a decisiones tomadas o por tomar, en función de intereses de grupos o sectores.

Así, los y las trabajadoras del sector público, sus organizaciones, mensajes, acciones, medios de lucha, condiciones de vida, son desprestigiadas de manera sistemática, por medio de estos “medios”.

El propósito es su deslegitimación, “demonización”, para causar la desmovilización, paralización y desunión de los sectores populares y la generación en éstos, de opinión en contra de sus propios intereses.

La organización y su calidad movilizadora, es la condición principal y fundamental entre las condiciones subjetivas, entonces, mientras un actor político se organiza, debe velar, promover y provocar la desorganización del otro, de su contrario.

Otra condición subjetiva es el descontento, la desaprobación y hasta el enojo y la molestia con algo. El descontento se da por la vivencia, el contacto, la percepción original; o, debe provocarse, crear la idea de alguien, persona, grupo o institución, como el enemigo, como el que está en contra de la conveniencia de otro, por lo tanto, debe acabarse con alguna condición, laboral por ejemplo (ahora están proponiendo la jornada 4 x 3). Cuando esto se logra se tiene la disposición, por parte del “convencido”, de estar en contra o a favor de aquello que le interesa al actor específico que lo provocó.

Por eso es que se provoca que mucha gente piense que las condiciones de vida digna de unos, que han alcanzado con sus luchas y no por la divina providencia, van en detrimento de otros.

Una cosa es que en un país haya pobreza, esa es una condición objetiva; el descontento por esta situación es una condición subjetiva pasiva, la organización con miras a hacer algo, es una condición subjetiva activa. Se requiere trabajo para que la primera se transforme en la segunda.

En Ciencia Política, la visión y gestión conocida como “Suma Cero”, promueve que nada es neutro ni está “en el aire”, lo que no aprovecha un actor en contra de su enemigo, lo aprovechará el enemigo, todo, en su contra; lo que no toma un actor, lo tomará todo el contrario. Así, las riquezas del país, se las apropia determinado actor, porque si no, van a dar al pueblo.

Recuerdo el pensamiento del taxista: “Es que, si robaran, pero le dejaran algo a la gente.”

En cuanto al ejemplo de la ropa sucia, parece que la tendencia es a la baja: Todos con ropa sucia. Menos yo y los míos, por supuesto.

Una de las “armas” para crear condiciones subjetivas es la mentira goebeliana: “Miente, miente, miente hasta que te crean.”

Además, la demagogia no falta, por ejemplo, la directriz del Banco Mundial: “El combate a la pobreza”.

Una de las reflexiones del líder Mao Tse-Tung dice, “El pueblo es como el agua para el pez”. Lo que pasa es que las pirañas también son peces y lo devoran todo. Y en eso los sectores neoliberales van ganando, en el convencimiento de la opinión pública.

Menuda tarea queda por delante. Manos a la obra.

No a la privatización de nuestro patrimonio

Miguel Corea Castro

Miguel Corea Castro*

La clase gobernante de Costa Rica, jugando fútbol con una bomba de tiempo.

No hay que caer en las estratagemas de la clase gobernante. A saber; que a Costa Rica no le queda más remedio que “vender la finca de los abuelos”, o “empeñar las alhajas de mamá”, porque ya no hay más a qué echar mano.

No nos comamos ese cuento.

El pueblo de Costa Rica no es culpable de este descalabro fiscal.

Los culpables son la clase gobernante y la burguesía que vive de la explotación.

Costa Rica es un país con grandes recursos. Lo que sucede es que los que tienen que pagar impuestos los evaden y el gobierno los alcahuetea. Además, les perdonan deudas millonarias.

El déficit fiscal del país es igual a la evasión y la efusión fiscal. Y esa riqueza que ellos se dejan es producida por los trabajadores que son los únicos que producen riqueza.

Pero ¿qué se puede esperar de los gobiernos de derecha, empeñados a quebrar las instituciones y no tocar a los millonarios?

Toda América Latina sufre de ese cáncer llamado neoliberalismo, o capitalismo neoliberal, donde los gobiernos están a merced de la agenda que le dicten las gigantescas empresas multinacionales (del norte), las corporaciones transnacionales y del Banco Mundial.

Los gobiernos neoliberales siempre van a desprestigiar y quebrar su patrimonio nacional y sus activos, para privatizarlos y venderlos a precios ridículos. Una vez que el país pierde “hacha, calabazo y miel”, no le queda otra que humillarse y volver a firmarle OTRO PAGARÉ a los poderosos prestamistas Mister Banco Mundial y su hermano Mister Fondo Monetario Internacional – los dos igualmente usureros hasta más no haber. Y así la deuda externa sigue aumentando y se convierte en un problema de nunca acabar.

Lo bueno es que, poco a poco, toda la América Latina está abriendo los ojos y eligiendo gobiernos con el corazón en el lado del pecho donde el corazón siempre debería estar, que prefieren la justicia y el bienestar social de sus pueblos.

Solo la clase obrera costarricense sigue creyéndose ese cuento de hadas, de que los ticos “somos otro nivel”, social, económica y políticamente. Y por eso continúa eligiendo los mismos amos… con diferentes nombres y colores, pero que al final son los mismos ladrones.

 

* Trabajador Social, Gestor de Desarrollo Comunitario. Defensor de los Derechos de las y los refugiados. Expastor Bautista.

«Privatización» del INS

Gabriel Pérez Salguera

Quiero compartir las siguientes dudas y aspectos que se deben de tomar en consideración en el proyecto de ley que busca la privatización del INS, proyecto al que se refirió el Sr. presidente en su informe de 100 días de gobierno:

-La línea de seguros de riesgos del trabajo y seguro obligatorio automotriz (RT Y SOA) componen el 33% de la cartera del negocio de seguros del INS (% material). Son líneas solidarias que tienen un margen mínimo o nulo de ganancia. ¿Qué interés podría generarle un negocio sin ganancia en estas líneas a los posibles inversionistas? Para que estos productos tengan margen de ganancia, se tendrían que subir las primas de las dos líneas de seguros y esto evidentemente impactaría los bolsillos de los patronos (RT) y usuarios (SOA), este último se reflejaría en el marchamo. EL INS es la única aseguradora de Costa Rica interesada en ofrecer estos seguros.

-El INS construyó la Red de Servicios de Salud, como una subsidiaria del grupo donde cuenta con el Hospital del Trauma, centros médicos referenciales y regionales que atienden accidentes laborales, de tránsito y una pequeña porción de seguros comerciales. Los gastos de atención de los accidentes se cargan a las respectivas líneas de productos dependiendo del tipo de accidente y es importante mencionar que el INS ha procurado brindar un servicio de atención de primer mundo (inversión millonaria) a sus pacientes. ¿En una privatización del INS, este seguirá invirtiendo en infraestructura médica a como lo ha venido haciendo en los últimos años incluso en zonas rurales, tendiendo en consideración de nuevo, que estos seguros tienen un margen mínimo o nulo de ganancia?

-El INS es la única empresa estatal del sector financiero que entrega un dividendo al estado, adicional al impuesto de la renta y otras contribuciones, dicho dividendo (25%) se calcula con base a la utilidad después de aportes. ¿Qué pasaría con este dividendo?

-Actualmente la aseguradora cuenta con garantía estatal en caso de insolvencia, que no afectaría a sus clientes. ¿Qué pasaría con esta garantía si el INS deja de ser autónomo y se convierte en Sociedad Anónima?

-Con la privatización el estado se convertiría en accionista mayoritario con el 51% de dichas acciones, lo cual no significa necesariamente que el estado tiene control absoluto sobre el INS, ya que la junta directiva es un órgano colegiado que se compone de diferentes miembros, donde incluso los que son nombrados por el ejecutivo pueden tomar decisiones diferentes a la dirección que quiere el poder ejecutivo, esto es parte del funcionamiento del gobierno corporativo.

-La venta del INS según el estimado que brindó el Sr. Presidente en su informe rondaría los 598 mil millones de colones. Este precio lo tendría que determinar un estudio técnico con experiencia en fusiones y adquisiciones porque el precio de venta depende de muchas variables. Ahora sí se toma ese monto como un estimado, el ingreso sería menos de un 2% de la deuda pública.

Nota de la edición: Gabriel Pérez Salguera fue presidente ejecutivo del INS durante un periodo del gobierno Alvarado Quesada.

 

Publicado en: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CgsEK7sngBJr1xLVRL49LmaXSVxEo51F2XYniPCwKWq11JYGhfvwehvhEg38aehkl&id=830319468 y compartido con SURCOS por Gerardo Badilla.

Cien días de prepotencia y altanería

Cien días de insolencia y patanería. Cien días sin sustancia, cargado de exhibicionismo y de malos augurios

DECLARACIÓN DEL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR

En esta Costa Rica nuestra, cunde la desocupación y nunca antes vivimos en la pobreza que hoy azota a los trabajadores ocupados pero que se ensaña contra la enorme legión de los desocupados y de los viven pellejeándola. Son muchos los niños que buscan en el sueño de la noche el modo de esconder su hambre crónica.

Somos parte de los países más desiguales, es decir de los más injustos, en el mundo entero.

Pero no es a esa parte de la población a la que le habló el presidente Chaves en su informe sobre los primeros cien días de su gobierno. Habló a sus vecinos en un residencial de superlujo, donde las residencias se venden por millones de dólares.

Cien días de gobierno para el autobombo. Se presentó con aires mesiánicos, pero sin obras y sin sustancia. Sueña en convertir a nuestro país en una factoría para beneficiar a los grandes millonarios, a los grandes estafadores transnacionales. Su sueño es convertir a nuestra Costa Rica en un nuevo Singapur; pero la mayoría de los ticos no queremos esa vida, queremos continuar con nuestra esencia nacional, pero con justicia social. El bienestar sin brutales desigualdades es posible sin que nos impongan modelos ajenos. Como dice la canción patriótica: “es mil veces más bella mi tierra/ con su palma, su brisa y su sol”.

El gobierno que preside el señor Chaves es un gobierno de metidas de pata. No conoce ni las costumbres ticas, ni la Constitución ni las más elementales normas legales. No conocen ni el artículo 85 Constitucional y para que se percataran de su existencia fue necesaria una gigantesca manifestación de estudiantes y de trabajadores universitarios.

El ministro de Hacienda de este Gobierno, que antes lo había sido de otros, dice ahora “que no sabía que no se podía rebajar el FEES. Tampoco lo sabía la ministra de Educación. Realmente quien no lo sabía era el presidente Chaves.

Pero tras la paja del mensaje si existe un propósito claro: entregar el patrimonio nacional a las grandes empresas extranjeras o nacionales. No importa a quién, el propósito es entregar lo que, al menos en apariencia, es de todos, para el disfrute particular. El propósito es hacer que nuestro pueblo cada día sea más dependiente de poderes extranjeros o extraños. La Hacienda Pública la gobierna el Fondo Monetario Internacional y el comercio exterior los monopolios imperialistas de la agricultura y del comercio.

Los monopolios extranjeros y los explotadores con cédula tica comparten el mismo propósito: privar al pueblo de cualquier forma de propiedad de los bienes nacionales. Todos comparten el mismo propósito: establecer un monopolio absoluto de la propiedad privada sobre todos los bienes y empresas. El Gobierno de Chaves ganó las elecciones, financiado por los grandes millonarios, para que cumpliera ese designio: monopolio de la propiedad privada incluyendo los bienes hasta ahora han sido nacionales.

Los puertos son un retrato del encarecimiento del costo de vida: el monopolio TCM Terminal presta servicios encarecidos por su carácter monopólico; y lo mismo ocurre en Puntarenas, por sus deficiencias técnicas. En todo caso, al fin de cuentas, todo lo paga el consumidor final, paga por las deficiencias técnicas, por la corrupción y por los favoritismos gubernamentales.

La corrupción camina por los trillos y por las grandes carreteras, también por las costas y navega en alta mar.

La propuesta disimulada es la privatización del ICE. ¿por qué la dirección del ICE decidió dejar sin operar las plantas térmicas y la geotérmica? Pues sencillamente porque las van a sustituir con nuevos contratos con los operadores privados y será el primer paso hacia la privatización de la emblemática institución.

Pronto se cerrará el negocio de venta de la sección de telefonía y de la televisión.

El destino del ICE está marcado. Se privatizará, si se cumplen los propósitos del nuevo presidente. Ese es el camino trazado. El ICE es el negocio más apetecido por los monopolios.

En el pasado reciente se han dado grandes luchas en defensa del ICE, esa experiencia es necesario repetirla tantas veces como sea necesario.

Ahora todo depende del pueblo

Otro propósito del Gobierno de Chaves: privatizar el INS. A este gobierno le estorban las empresas nacionales, aunque, cómo este caso se trate de empresas boyantes.

El INS nació como instrumento público para luchar contra la corrupción, hace muchos años. ¿Renacerá la corrupción en el complejo negocio de los seguros? Ya el INS aparecieron casos flagrantes de corrupción; con el concurso de los privados estos crecerán con toda seguridad.

¿Esto es lo que persigue el Gobierno de Chaves? Pues sí, esto es lo que persigue.

Y los bancos.

Bicsa es un elefante blanco y seguramente no tendrá ninguna importancia su desaparición.

Pero no es lo mismo la venta del BCR. ¿Qué se persigue? Pues obviamente engordar los negocios de los bancos privados. No existe ninguna otra razón. La destrucción de la banca nacional es sencillamente entregar este negocio a los bancos privados, que pasarían a manejar y a dominar casi la totalidad de esta actividad.

El pretexto es tan estúpido como los intentos de privatizar al ICE. Perder fuentes de riqueza para el pago de deudas, es la sinrazón del engaño.

Esperamos que el pueblo consciente no muerda el anzuelo que les pone un gobierno sin sentido patriótico.

Es necesario organizarse para defender lo nuestro.

Nos dirigimos especialmente a los sindicatos que en el pasado reciente lucharon en defensa del patrimonio nacional, para que siga siendo nuestro.

Recordemos la enseñanza del Libertador, Juan Rafael Mora Porras: EL QUE NO CUIDA LO QUE TIENE TERMINA SIENDO INQUILINO EN SU PROPIA CASA

PARTIDO VANGUARDIA POPULAR

 

Texto e imagen enviada por el PVP.