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Etiqueta: protesta

Análisis de coyuntura: “La Costa Rica Política en tiempos del FMI: segunda parte”

El Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó el cuarto análisis de coyuntura del año titulado “La Costa Rica Política en tiempos del FMI: segunda parte”, correspondiente al período que abarca entre octubre y noviembre.

En el análisis se abordan tres temas:

– Protesta y conflictividad social en la Costa Rica post-pandemia: es en este contexto económico, político, sanitario y social que se comprende el surgimiento del Movimiento Rescate Nacional.

– Tres semanas de diálogo multisectorial: actores y posiciones: ante la negativa de distintos sectores de participar en este proceso de diálogo multisectorial, los poderes Ejecutivo y Legislativo vuelven a convocar un tercer intento de diálogo.

– Análisis de los acuerdos: la oportunidad que no fue: se presenta un escenario de incertidumbre para el futuro cercano y que al no generarse consenso sobre medidas estructurales sobre gasto y captación de recursos como la Ley de Empleo Público, nuevos empréstitos internacionales o la depuración del presupuesto 2021, la economía costarricense sigue en peligro.

SURCOS invita a consultar el documento aquí

Tres apuntes urgentes por Costa Rica

Juan Carlos Durán Castro*

1-Debemos desprendernos de enfoques corporativos gremiales, sectoriales o personales y optar seria y patrióticamente por la defensa del país en su conjunto, definiendo además una agenda nacional muy puntual, pero estratégica, que busque cambios sistémicos que sean inclusivos y piensen en las mayorías más vulnerables.

2- Apoyar, impulsar y orientar respetuosamente cualquier forma de protesta en cualquier sector, entendiendo que estas luchas están inscritas como parte de un proceso que apunte a una enorme ALIANZA CÍVICO-PATRIÓTICA NACIONAL, que permita modificar la correlación de fuerzas para aspirar a la disputa del poder en un marco de lucha democrática.

3- Redoblar toda acción política con sentido de urgencia para acelerar un proceso social y político que potencie las condiciones para alcanzar en un mediano plazo (4 o 6 semanas a lo sumo), un proceso real de alianzas intersectoriales de alcance nacional que realmente coloque a los poderes fácticos en una disyuntiva histórica y permita condiciones para UN NUEVO PACTO SOCIAL.

HACIA EL PACTO DEL BICENTENARIO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL.

* Secretario de Seguridad Social CTRN

Concentración por los Parques Nacionales y la Amazonía

Bloque Verde y Diwö Ambiental están organizando para este sábado 24 de agosto de 4 p.m. a 7 p.m. una concentración en protesta por el abandono de nuestros parques nacionales y la destrucción del Amazonas en la Plaza de la Cultura.

«Mientras el pseudo-líder Carlos Alvarado es condecorado por organizaciones anti-ambientales (WWF) por destruir nuestro mundo las y los Guardaparques padecen en sus sitios de trabajo en condiciones precarias, además, se les priva de los incentivos del riesgo policial, contratos de disponibilidad y tiempo extraordinario, entre muchas otras atrocidades.

Por su parte el gobierno fascista de Jair Bolsonaro en Brasil insiste en desmantelar las políticas ambientales y deja su huella quemando el Amazonas». se manifiesta en el evento creado en Facebook para este fin.

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Radicalizar la protesta

Marcos Chinchilla Montes

 

En casa tuvimos el gusto de hacer la primera reunión cantonal de San Sebastián del Partido Acción Ciudadana; así, avanzábamos nacionalmente en la inscripción del partido para que participara en sus primeras elecciones nacionales.

Era mucha la esperanza, principalmente, enfrentar la corrupción del bipartidismo, y desarrollar un nuevo derrotero en materia de participación ciudadana, mismo que parecía quedar ampliamente evidenciado en el lema “acción ciudadana”. En muy pocos años, la decepción fue cundiendo entre quienes simpatizábamos por el PAC, y si bien no se le pueden negar logros a sus diputados y al gobierno de Luis Guillermo Solís, se hizo más que evidente el contubernio que existía entre cuadros del PAC, y la dirigencia política y empresarial neoliberal representada en el PLN y el PUSC.

A fin de cuentas, muchas personas nos decantaríamos por otras tiendas partidarias afines y congruentes con la justicia social, la equidad y la distribución de la riqueza.

La marcha del día de hoy, y que pasará a la historia como la de los “cuatro gatos”, será también recordada por el grado de represión ejercida por Carlos Alvarado para evitar que miles de personas lograran arribar a la capital a ejercer su derecho a la participación y la protesta social.

Los reportes que llegan de todo el país son espeluznantes y hacen referencia a la instalación de un estado de terror que procura aplacar cualquier manifestación de participación social contra el Combo Fiscal: buses universitarios detenidos, buses en el caribe y en norte a los que se les bajaron las placas, empresarios autobuseros amenazados de perder sus concesiones si se brindaban servicios a los manifestantes, requisas en el camino. En algún momento del día, el diario La Nación reportó que se le habían bajado las placas a 22 autobuses. Esas acciones policiales no las vemos ni contra uber ni contra la delincuencia, pero si contra quienes tiene el atrevimiento a defender sus derechos.

Hoy, nuestro Estado se asemeja de manera peligrosa más al hondureño, al guatemalteco o al colombiano que persiguen activamente la protesta social, dejando en evidencia, que los sectores hegemónicos en un contubernio vergonzoso con el gobierno de Carlos Alvarado, recurren a la institucionalidad pública para quebrar a la huelga a como sea posible. El miedo que tienen ante la reacción popular, les hace reaccionar desconociendo y persiguiendo elementales derechos de la población.

El germen fundacional del PAC, la participación ciudadana, queda definitivamente mancillada y sepultada con las acciones represoras asumidas por el gobierno. El autismo y autoritarismo del binomio Alvarado-Piza, pero particularmente de los sectores económicos y políticos que mueven los hilos de sus acciones públicas, riñen con una perspectiva societal de democracia y construcción de ciudadanía que ha venido construyendo nuestra sociedad.

Paradójicamente, la insensatez política del gobierno que niega y reprime la participación -recuérdese, que era un tema fundacional en su expresión partidaria- se convirtió en una ejemplar manifestación política que se ha instalado a lo largo y ancho de todo el país durante ya tres semanas, desafiando el autoritarismo y la represión de un gobierno que parece, ya llegó al fondo de su legitimidad.

Como sociedad, nos quedan poco más de tres años y medio en la que el gobierno de Alvarado enfrentará una relación muy tensa, conflictiva y desacreditada con la colectividad; y lo más grave, es que el Combo Fiscal así como está formulado y desean aprobar en la Asamblea Legislativa, es insuficiente no solo para atender el desarrollo de la institucionalidad pública, sino para garantizar el desarrollo a escala humana de nuestra sociedad, lo que supone que junto al aumento de la pobreza, vendrán nuevos Combos Fiscales de naturaleza regresiva.

El gobierno nos empuja a un complejo escenario: radicalizar la protesta, entendida esta como derecho, especialmente cuando ha sido incapaz de incorporar en la matriz societal de representación las aspiraciones de las mayorías. Lamentablemente el gobierno parece que es incapaz de hacer esa lectura política y sigue estando sordo a las demandas populares, aunque todo oídos a favorecer los intereses de los sectores económicos que se niegan a ser parte de un plan fiscal progresivo.

 

Enviado por el autor.

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María Elena Fournier: nuestra protesta ante los organizadores del Foro de Protesta Social

Desde la lucha contra el Combo ICE se hicieron evidentes desacuerdos entre ecologistas, que se han ensanchado abismal e irreconciliablemente a raíz de los proyectos de ley sobre la gestión del recurso hídrico, promovidos casi todos por el Banco Mundial y su agencia privatizadora del agua, la Global Water Partnership (GWP).

Recientemente el foro «Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica», organizado en la Universidad de Costa Rica, desató las protestas de un sector ambientalista, debido a que el Foro ofrecía como comentarista a la señora Eva Carazo, quien con su actuación, negando espacios de participación ciudadana, mereció la fuerte crítica de ese sector, para quien el mensaje es claro: “prohibido pensar diferente”. No hay tolerancia, se irrespetan los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión de los que piensan distinto y esto está muy cerca al neofascismo… ¿neofascismo académico?… ¡peligro!

Dos veces al mes, Eva Carazo y Ciska Raventós, dirigen el programa Desayunos de la Radio Universidad de Costa Rica, que se nutre con los fondos del pueblo de Costa Rica, desde donde ignoraron la solicitud de respuesta, febrero 2015, solicitada por un grupo de ecologistas que mantienen una posición crítica sobre la promulgación de una nueva Ley de Aguas impulsada por el Banco Mundial. En ese programa radial, se había dado a conocer la posición de la Presidenta Ejecutiva del AyA Yamileth Astorga y CEDARENA, pero no se permitió que se presentaran argumentos contra del proyecto de ley de aguas por los grupos opositores, entre los que destacan CONCEVERDE, el Colectivo Agua es Vida y No Mercancía, la Asociación Conservacionista Yiski, el Comité Ambiental de Miramar, entre otros. Tampoco abrieron espacios a distintas personas como el Lic. José Fco. Alfaro, la abogada Leda Méndez, la educadora y diputada Ligia Fallas, la empresaria Flora Fernández, la extensionista María Elena Fournier, el biólogo Freddy Pacheco y la forestal Sonia Torres.

Algo similar ocurrió en el programa de televisión Era Verde, donde su directora Laura Chinchilla, solo luego de reiterados reclamos, abrió espacio a dos participantes del sector crítico de la nueva ley de aguas. Sin embargo, al mejor estilo de los medios de comunicación privada, con un guión impuesto… ¡así no se vale!

Se pone en evidencia la doble moral de las personas encargadas de programas radiales y televisivos universitarios, convertidas en “terratenientes” de medios de comunicación públicos, violentando derechos de algunos movimientos o colectivos ambientalistas porque no se coinciden en las posiciones. Se utilizan esos medios como vitrinas, escaparates y “tarimas” electoreras, para mantenerse vigentes, con la mirada fija en la Asamblea Legislativa.

De manera que la criminalización de la protesta social, trasciende los garrotes, golpes, detenciones y juicios contra la gente que protesta, ya que en su concepción más amplia, se reconoce la criminalización también como la negación de los espacios de participación en radioemisoras, televisoras, foros, talleres, reuniones, consultas y cualquier espacio donde se confronten ideas distintas en el marco del respeto mutuo.

A raíz de estas violaciones, en procura de la construcción de Universidades inclusivas, respetuosas de procesos democráticos, transparentes, donde priven la libertad de expresión y la libertad de información, proponemos que tanto en la Radio como la T.V. de la Universidad de Costa Rica y cualquier otra, se permita el manejo de espacios, una o dos veces al mes, del otro sector ambiental de este país, actualmente ignorado e irrespetado por quienes ostentan el poder mediático financiado con recursos del pueblo de Costa Rica.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.taringa.net

Enviado a SURCOS por la autora.

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Periodista torturado hace un llamado internacional de auxilio

Yo, Ronnie Ezequiel Huete Salgado, licenciado en periodismo, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y con posgrado en Cooperación al Desarrollo, graduado en la Universidad Politécnica de Valencia, España y con número de identidad 0801-1981-01554 y con número de colegiación periodística C-1342 emitida por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ciudadano de Honduras, comparezco ante los organismos internacionales, que mantienen un fuerte vinculo diplomático y económico en Honduras, y sobre todo porque están al tanto del respeto de los derechos humanos en este país centroamericano, que como será de su conocimiento, hay un fuerte debilitamiento del respeto a la vida y por ende a los derechos humanos.

He trabajado en el ejercicio del periodismo durante los últimos 17 años, y me he desempeñado como catedrático universitario en la Escuela de Periodismo de la UNAH entre otras universidades privadas, así mismo he sido testigo de violaciones a los derechos humanos en Honduras, y de las que me he encargado de denunciar en su debido momento, en pro de la defensa de la vida.

Este trabajo periodístico que realizo como corresponsal internacional, me ha costado amenazas a muerte en 2009, exilio en 2010 y ahora estuve a punto de perder mi vida al brindar cobertura periodística en la noche del 24 de mayo de 2017, hasta la madrugada del 25 de mayo, día del periodista en Honduras.

Esta cobertura periodística la realice en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), específicamente en el edificio administrativo en donde un grupo de 19 estudiantes realizaban una toma pacífica de este predio, utilizando el derecho universal de la protesta, tal y cual lo establece la carta universal de los derechos humanos.

Desde hace 7 años, brindo cobertura periodística en la UNAH, y a la vez realizo observación en el respeto de los derechos humanos, puesto que, en la UNAH, en los últimos meses se han violentado estos derechos.

Yo, recibí una llamada anónima, de que se efectuaba una toma en la UNAH, y que había peligro del irrespeto a la vida, inmediatamente como periodista y defensor de derechos humanos, me hice presente en las instalaciones del Alma Mater.

Al llegar, no comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo, y al observar a los alrededores del edificio administrativo de la UNAH, observe a un grupo de guardias de la seguridad privada de la UNAH, cuya compañía privada es conocida como ESPA.

Como periodista internacional, les pregunte a ellos que estaba ocurriendo, sin embargo, me respondieron que no estaban autorizados a brindar declaraciones, por lo que me desplace a los alrededores del edificio administrativo y vi a un grupo de personas que cubrían su rostro y se identificaron como estudiantes, quienes accedieron a dar declaraciones en vivo para el medio al cual trabajo.

Comencé hacer mi labor periodística, a grabar los hechos, a explicar al mundo lo que estaba pasando, esa noche del 24 de mayo de 2017 en la UNAH.

Seguí con mi trabajo periodístico indagando sobre lo que ocurría, me desplace al estacionamiento de la planta baja del edificio administrativo, en donde observe que los estudiantes y un grupo de personas, encapuchadas y con palos en sus manos, estaban discutiendo con los estudiantes, quienes también se cubrían el rostro; la escena me dictaba a mi persona, que podría haber pérdidas humanas, por lo que me dispuse a seguir grabando con mi herramienta de trabajo periodístico, un celular que me permitía transmitir en vivo, para la página oficial para el medio de comunicación para el cual realizo corresponsalía internacional hasta la República Federativa de Brasil con cobertura por internet al mundo.

Al ver que el peligro era latente hice el llamado a la prensa nacional e internacional, así como a mi familiar más cercano, mi papá. Comenzó una fuerte discusión entre ambas partes, por lo que intente mediar para que primara la paz, pero ya era tarde, los sujetos encapuchados con una camisa blanca y algunos hasta dejaron al descubierto su dorso, se lanzaron de la planta baja del edificio hasta el estacionamiento, para dar persecución a los estudiantes.

Estos sujetos al bajar, comenzaron a golpear con sus palos una de las puertas que conduce a la recepción del edificio y luego se abalanzaron hacía mi persona, rociándome con gas pimienta directamente a mi rostro. Este toxico que es prohibido por convenios internacionales.

Luego de haberme rociado me identifiqué como periodista, les mostré mi credencial como corresponsal internacional y defensor de derechos humanos, sin embargo, ellos procedieron a quitarme mi celular y carnet de periodista internacional, acto seguido comenzaron a golpearme con los palos que sujetaban en sus manos, y con fuertes patadas me tiraron al suelo.

Les repetí constantemente que estaba trabajando en mis funciones como periodista, sin embargo, no me escuchaban y sus respuestas solo eran golpes contra mi persona, les implore por mi vida, pensé que moriría en ese momento.

Uno de esos sujetos quien portaba un pantalón negro con rayas verdes, y su dorso desnudo, les dijo que pararan, procedieron a levantarme del suelo de ese estacionamiento, para decirme que no me moviera, les volví a repetir que era periodista, pero se limitaron a decirme que me callara o procederían a golpearme nuevamente, estaba privado de mi libertad por sujetos encapuchados, cuyo pantalón negro era delineado por una raya verde.

En mi vista y manos sentía fuego, como producto del gas pimienta que me habían rociado, sentía dolor en mi mano derecha por la contusión de la que fui víctima, y el mismo dolor se fue desplazando en varias partes de mi cuerpo, fui víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes, fui torturado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Nunca en la historia de la UNAH, un periodista había sido torturado por cumplir sus funciones como corresponde.

Seguido de esto, después de un tiempo de estar tirado en el suelo suplicando por mi vida, los sujetos torturadores me vigilaban, para que no saliera del lugar, ocupaba asistencia médica de inmediato, pero a ellos, no les importo.

No recuerdo el tiempo exacto que estuve allí, pero sí del fuego en mi rostro y manos como producto del gas lacrimógeno, me puse de pie como pude, para pedir auxilio, ya un defensor de derechos humanos estaba presente, escuché su vos, por lo que me dispuse a moverme con el temor de que los sujetos torturadores me torturan nuevamente.

Logré salir del estacionamiento, para desplazarme hacía la recepción del edificio administrativo, en donde se encontraba mi papá y el defensor de derechos humanos, les dije a los sujetos torturadores que me regresaran mi celular y mi credencial como periodista internacional, pero mi conversación fue en vano, nunca me regresaron mi herramienta de trabajo, ni tampoco mi credencial.

Seguido de esto, el defensor de derechos humanos, me dijo que necesitaba urgentemente asistencia médica, por lo que me desplace con él y mi papá hacia la planta baja del estacionamiento para poder salir.

Al salir del edificio se encontraba un contingente de la Policía Nacional, quienes nos preguntaron hacía donde íbamos, por lo que el defensor de derechos humanos, le respondió que aun hospital para asistir a mí persona, sin embargo, respondieron que tenían la orden de detener a todo el que saliera del edificio.

Rápidamente mostramos las credenciales, yo tenía una acreditación del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), guardada en mi cartera de bolsillo, a la que no tuvieron acceso los sujetos torturadores, se la mostré al policía que coordinaba el operativo, sin embargo, obvio mi credencial y procedió a detenerme.

Luego, fui trasladado a una posta policial, en donde se me privo de mi libertad por aproximadamente 36 horas, la tortura de la que fui víctima en la UNAH, seguía en los centros de detención, ya que dormí en el suelo, olores nauseabundos primaban en el lugar, y el acceso al agua y comida se había limitado.

Esposado de pies y manos en los juzgados de la granja, se me trato como un delincuente común, por el hecho de estar ejerciendo mi profesión como periodista.

Parte de estos hechos narrados, fue la experiencia que viví como torturado, por lo que hago de conocimiento internacional y nacional de que mi vida corre peligro en Honduras, me siento vulnerable y aún con fuertes traumas psicológicos, como producto de la tortura que se me propició en el Alma Mater de Honduras.

Alzo mi voz ante el mundo, pidiendo el auxilio internacional, ya que mi vida está en constante peligro después de estos hechos, me avoco hacía ustedes como instancia internacional veedora de los derechos humanos en Honduras, para solicitar la protección correspondiente, tal y cual lo establece la carta universal de los derechos humanos.

Pese a ser una víctima de tortura, se me imputan cargos judiciales en mi contra, y actualmente estoy con medidas cautelares, ya que los denunciantes aducen que yo fui parte de esa toma, lo cual es totalmente falso, puesto que me desempeñaba en mis funciones como corresponsal internacional, cumpliendo con mi labor de informar al mundo como periodista, lo que considero una acción violatoria al libre ejercicio del periodismo en Honduras, ya que fui víctima de tortura, en el lugar de los hechos ya descritos.

Comparezco ante ustedes muy respetuosamente, para que tomen en consideración mi testimonio, ya que mi vida corre peligro después de este hecho y mi derecho a la libertad tiende hacer irrespetado por la denuncia que pesa sobre mí. Denuncia que considero injusta, ya que como he descrito solo estaba cumpliendo con mi labor periodística.

 

A los 30 días del mes de mayo de 2017.

Atentamente.

 

Msc. Ronnie Ezequiel Huete Salgado

Periodista y Defensor de Derechos Humanos.

 

Detienen y torturan a periodista Ronnie Huete. Video:

https://youtu.be/6hSGqO2hg6I

 

Seguimiento de este hecho dado por otros medios hondureños:

http://criterio.hn/2017/05/31/periodista-torturado-la-policia-presenta-denuncia-violacion-derechos-ante-organismos-acreditados-honduras/

http://www.clibrehonduras.com/alerta/periodista-hondure%C3%B1o-es-detenido-el-d%C3%ADa-del-periodista

 

*Imagen tomada de criterio.hn

 

Enviado por Ronnie Huete Salgado.

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La protesta social como derecho. Campaña de firmas

Comunicado del Colectivo del Derecho a la Protesta Social en Costa Rica

  • Luchadores sociales de Costa Rica a juicio penal en abril por participar en manifestación por la defensa de la seguridad social
  • Cinco luchadores sociales van a juicio penal en el mes de abril 2017, por su participación en la MARCHA del 8 de NOVIEMBRE de 2012, en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social
  • Denunciamos que se trata de un caso de persecución política y de criminalización de la protesta social; solicitamos solidaridad nacional e internacional

 

El Colectivo Derecho a la Protesta Social, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional, la persecución política del Estado Costarricense, contra ciudadanos y luchadores sociales, que se manifestaron en defensa de la SEGURIDAD SOCIAL de este país, en el mes de noviembre del año 2012.

El 8 de noviembre de 2012 se realizó una manifestación pacífica organizada por varias comunidades del occidente del Valle Central, Puntarenas y Guanacaste; descontentas por los recortes aplicados en ese momento a la seguridad social que se tradujo en un deterioro del servicio, la reducción del horario de atención de emergencias por ejemplo de 24 a 12 horas, que se traducía incluso en pérdida de vidas humanas que pudieron haberse evitado. La manifestación recibió el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales que se solidarizaron con las consignas que levantaban las comunidades. Ese 8 de noviembre desfilaron por la Avenida Segunda josefina adultos mayores, personas en muletas, gente de comunidades rurales que pedían pronta atención de sus padecimientos; el objetivo de la acción política era entregar un pliego de peticiones a la Dra. Ileana Balmaceda, quien en ese momento fungía como Presidente Ejecutiva de la CCSS. Sin embargo las y los manifestantes encontraron cerrados los portones de la institución, por lo que se mantuvieron al costado norte del edificio central de la Caja esperando que permitieran que un comité entrara a entregar el pliego.

Para sorpresa de las y los manifestantes la policía antimotines, dirigida en ese momento por el comandante Raúl Rivera y bajo las órdenes del hoy Magistrado, Celso Gamboa, quien en ese momento fungía como viceministro de seguridad, empezó a formarse a la altura del Ministerio de Hacienda y avanzó en contra de las y los manifestantes, golpeando y empujando a diestra y siniestra, abusando de su autoridad y realizando detenciones arbitrarias. La indignación de la golpiza y los arrestos provocó que muchas personas se movilizaran al lugar de los hechos para exigir la liberación de la gente que arrestaron sin ninguna justificación, razón por la cual la manifestación se extendió mucho más de lo previsto. En horas de la tarde se apersonaron varios diputados del PAC, entre ellos Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge y Carmen Granados, también el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quienes, como consta en varios videos de la prensa televisiva, también fueron agredidos por la policía. Los últimos arrestos ocurrieron en medio de una brutal represión policial en contra de estudiantes universitarios y funcionarios públicos, a eso de las 6:00 p.m.

Las y los manifestantes no solamente fueron arrestados y arrestadas sino que muchas y muchos de ellos fueron enjuiciadas y enjuiciados en los tribunales de Flagrancia y Contravencional siendo absueltas y absueltos de toda pena y responsabilidad.

Entre el lunes 3 y el jueves 6 de abril se realizará la primera etapa del proceso penal contra cinco personas que participaron en dicha manifestación: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano; quienes eran estudiantes universitarios en el momento en que ocurren los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.

El Colectivo por el Derecho a la Protesta hace un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas costarricenses a que se sumen a las jornadas de protesta y de solidaridad que se están programando durante los días de juicio, a las campañas económicas de solidaridad y de recolección de firmas que ya se tienen programadas; también que se integren a las reuniones de coordinación del Colectivo por el Derecho a la Protesta Social.

 

Puede leer más y firmar la petición aquí:

https://www.change.org/p/lic-jorge-chavarr%C3%ADa-guzm%C3%A1n-jefe-del-ministerio-p%C3%BAblico-fiscal-general-de-la-rep%C3%BAblica-5-luchadores-sociales-en-costa-rica-a-juicio-penal-en-abril-por-manifestaci%C3%B3n-por-la-ccss-8nnoseolvida?recruiter=13229025&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

 

Para leer el comunicado del Colectivo completo, ingrese en el siguiente enlace:

5 LUCHADORES SOCIALES VAN A JUICIO PENAL

 

Enviado a SURCOS por Marcela Zamora Cruz.

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