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Etiqueta: Rodrigo Chaves Robles

Choque de egos: Acosta versus Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Luis Valverde Morales. Periodista

Ni la contralora de la república Marta Acosta es santa paloma, ni el presidente de la república Rodrigo Chaves, el capataz de la patria, por encima de ellos está la institucionalidad del país.

Los cruces verbales y epistolares entre ambos, no presagian nada bueno para sacar al país del atascadero.

AMBIENTE DE PELEA.

En la cita de ambos jerarcas, debe haber respeto, espíritu magnánimo, altitud de miras, algo difícil, a juzgar por los entretelones, propios de combate de artes marciales mixtas.

Ni la Contraloría es infalible, ni el Presidente llega con la carga de la verdad, el encuentro no es auspicioso, ambos son empleados transitorios, el futuro de la gobernanza del país no se decidirá en el escenario de dimes y diretes.

La soberbia pareciera estar en ambas partes.

QUIRÓFANO.

El rol de la Contraloría debería revisarse en otro escenario, más académico que político, una vez alcanzado el consenso, procurar los proyectos en el parlamento para adecuarla al signo de los tiempos, no son Acosta ni Chaves los dueños de la verdad y la última palabra.

El ambiente está crispado, enrarecido, el ego de Marta Acosta, es de la altura del fortín del edificio faraónico de la Contraloría, el del Presidente Chaves, del tamaño de los señores feudales o los procónsules de los organismos financieros internacionales.

Ni el órgano fiscalizador es de Acosta, ni la presidencia del ejecutivo casa permanente de Chaves.

El país está urgido de estudio, análisis desapasionado de la realidad nacional, altitud de miras.

Dos empleados públicos en puestos efímeros mostrándose los dientes, no son buen presagio.

La grabación, en caso de concretarse la cita, será solamente un morboso radio teatro.

AVES DE PASO.

En un tiempo nadie se acordará, ni de Acosta, ni de Chaves, es la institucionalidad quien debe ir al quirófano.

Ni la Contraloría es hoy lo que demanda la patria, ni el Poder Ejecutivo, el soberbio mandamás.

Urge un centro para el estudio de los problemas nacionales, antes que la inteligencia artificial defina el escenario.

Fotos: Internet.

Publicado en Facebook y compartido con SURCOS por el autor.

La Patria en juego (2)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En un artículo anterior, bajo este mismo título, explicamos como algunas de las formas autocráticas de gobernar del presidente Rodrigo Chaves, ponían en juego a nuestra Patria. Por supuesto que los errores y las pifias no han disminuido durante este año que termina, sino que, por el contrario, han aumentado exponencialmente; lo que es motivo de congoja permanente para todos aquellos que nos negamos a caer en el limbo de la indiferencia y del “qué me importa a mí”.

Sin embargo, cuando el presidente de la República anunció que saldría del país por los días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, muchos respiramos y pensamos: ¡nos vamos a comer el tamalito con tranquilidad!; pero no, nos equivocamos de medio a medio, como dicen, pues no contamos con la astucia mañosa del chavismo y que iba a dejar al mando del descrédito de nuestra democracia a la diputada Pilar Cisneros y su infatuada forma de proceder y hablar…con base en el texto de su telepronter.

Siendo así, con altanería nunca vista, se atrevió a decir que vivíamos en una dictadura de tres instituciones: El Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional; personalmente en mis libros he realizado severas críticas a estas tres instituciones por su actuación en casos específicos, pero jamás he utilizado semejante y oprobioso término hacia esas tres instituciones. Será que por haber nacido en esta tierra, si conozco también sus virtudes y su papel fundamental para la democracia.

No tengo idea quien o que asesor le escribe sus intervenciones en el telepronter, pero no me cabe duda de que tiene un cerebro choreco, porque solo así se puede explicar estos ataques desaforados de doña Pilar a tres bastiones institucionales de nuestra democracia. Se puede estar en desacuerdo con las decisiones que se tomen en esas instituciones, discutir democrática e inteligentemente sobre las mismas; pero jamás hacer un llamado al odio que enciende los comentarios en sus granjas de troles, bien pagados por el chavismo, y que abiertamente gritan en favor de la destrucción institucional de la democracia.

Lo anterior, me hizo recordar una frase del comunicador y sociólogo español Manuel Castells en su libro “Ruptura”, en el cual al referirse a situaciones como la que propicia el chavismo irresponsable dice, “…esto abre las puertas a soluciones autoritarias que acabarían de descomponer las bases de la convivencia democrática, con consecuencias dramáticas que, sin necesariamente reproducir las atroces experiencias del siglo XX, podrían ser inductoras de nuevos dramas…” Cuidado doña Pilar, no jueguen con fuego.

Precisamente, en otro artículo Mía Fink U. una joven activista cívica, señaló claramente que la labor de los defensores de la democracia contrasta con el silencio ante la opresión; vea doña Pilar qué contradicción. Usted vivió en carne propia eso, la opresión; y huyendo de ella la recibieron los costarricenses de brazos abiertos; pero ahora usted y el régimen que aúpa, quieren que a todo se le diga sí, porque si no, la prensa vasalla que ha creado el Chavismo viene como jauría a dentelladas, contra quienes si defendemos el derecho a disentir y tener libertad de pensar y actuar.

Vamos a suponer una cosa, doña Pilar, que lo dicho por usted y su líder Rodrigo Chaves es cierto y que los ejemplos que ponen para afirmar que, anteriormente, las tres instituciones aprobaron proyectos semejantes y que hoy los rechazan. Pero resulta doña Pilar, que en todos esos proyectos rechazados se han dado los argumentos jurídicos más que suficientes para demostrar, sin lugar a duda, que hay serias violaciones a la legalidad. Ahora bien, resulta que ustedes ganaron las elecciones alegando que todo lo hecho anteriormente estaba mal, que era ilegal y corrupto; supongamos que ahora esas tres instituciones quieren corregir los errores del pasado (si en realidad los hubo, no se), pero ustedes ahora quieren que sigan pecando, cayendo en la ilegalidad y la corrupción y hasta han llegado a bendecir procedimientos que antes maldijeron. Ven don Rodrigo y doña Pilar, ¡qué fácil se les “deschoreca” su argumento!

No don Rodrigo, Doña Pilar, todos sus acólitos y vasallos, así no jugamos en esta bendita democracia, muchos la defenderemos hasta el final, y como principio fundamental deben saber que, ante una Patria en peligro, por el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos, no tenemos miedo de decir lo que pensamos.

El Presidente Chaves se quedó sin posibilidades electorales municipales propias

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Antes de 1890 en Costa Rica no había partidos políticos, como las organizaciones que hoy tenemos. Había sistema electoral, sin partidos políticos, con restricciones electorales significativas. Solo votaban los hombres, mayores de edad, que tuvieran cierta capacidad económica, que no fueran analfabetos, que constituían los electores. El voto era público, no secreto. De esa manera se podía determinar cuál candidato iba ganando el proceso electoral al conocerse los electores que por él iban a votar o le apoyaban. Eso fue lo que ocurrió con las movilizaciones del 7 de noviembre de 1889, para evitar un posible fraude electoral que se rumoraba.

Los electores, ya definidos, elegían entre ellos a un grupo, que pasaba a una ronda electoral, lo que se conocía como voto indirecto, disminuyendo su número. Así, por ejemplo, en las elecciones de 1889-1890 el número de electores era de 920 sobre una población nacional que rondaba los 340.000 habitantes, incluyendo los extranjeros que vivían en el país, lo que significaba el 0.3% de la población.

¿Eso era democrático? No, comparado con el sistema electoral actual, en el que votan todos los ciudadanos mayores de 18 años, de manera directa y secreta. Pero, así se construyó el Estado, 1821-1848, y la República de Costa Rica, 1848-1948.

Para este momento, 1948, se había eliminado la votación de segundo grado, en 1913, cuando se estableció el voto directo, y se había establecido el voto secreto en 1924. También se había establecido desde 1935 que el resultado de elecciones se definía por el 40% de votos a favor de un candidato. Estas tres medidas, aprobadas en gobiernos de Ricardo Jiménez Oreamuno, fueron altamente democráticas e importantes para el régimen electoral.

Desde 1890 al imponerse el sistema de partidos políticos para participar en elecciones, se estableció que solo por medio de estos los ciudadanos podían aspirar a algún puesto de elección popular. En cierta forma, se restringió y controló más a quiénes podían ser candidatos, porque primero había que ganarse el puesto de candidato en el partido y, luego, presentarse como candidato del partido, enfrentado a otros candidatos de otros partidos políticos. Este sistema sigue existiendo hoy. Así es como funciona hoy la democracia electoral nacional.

En 1946 se aprobó el Código Electoral, que se proyectó hasta el 2009, donde se reguló el sistema de partidos políticos y de elecciones. Con la Constitución de 1949 se le dio autonomía institucional al Tribunal Supremo de Elecciones, que se igualó a los otros poderes estatales, como el órgano que regula, administra, organiza y hace la declaración final de los resultados electorales sin apelación alguna.

Con motivo de la guerra civil de 1948 se proscribió al Partido Comunista, o Vanguardia Popular, por el Decreto No. 105 de la Junta Fundadora de la Segunda República. Al aprobarse la Constitución Política de 1949 se incluyó en el Artículo 98 una prohibición de participación electoral a los partidos que por sus vinculaciones internacionales pudieran afectar la democracia costarricense, aspecto que por interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones se aplicó casi a una decena de partidos políticos entre 1951 y 1969.

Con la reforma electoral que se hizo al Artículo 98, de la Constitución Política, entre 1974-1975, se amplió la democracia electoral permitiendo la participación de partidos de izquierda. Condición de participación para todos los partidos políticos es hacer una declaratoria de principios democráticos y de defensa del sistema democrático nacional, lo que debe establecerse en los Estatutos y programas de los partidos.

En 1898, bajo el poder de los gobiernos liberales se prohibió la participación del partido Unión Católica, porque tenía el apoyo de la Iglesia Católica. De esa manera se prohibió utilizar los sentimientos cristianos para la propaganda electoral.

En 1970 empezó a participar el partido Demócrata Cristiana, que luego en 1978 se integró a la Coalición Unidad, que postuló a Rodrigo Carazo, y en 1983 se fusionó en la Unidad Social Cristiana. En 1986 con el partido Alianza Nacional Cristiana emergieron las tendencias claramente político religiosas, no católicas, en el escenario electoral, sin que se pueda actuar contra su participación, porque la prohibición constitucional afecta solo a los católicos. En 1998 los grupos políticos evangélicos eligieron su primer diputado, Justo Orozco. De ahí en adelante tenemos un panorama diverso de grupos no católicos participando en elecciones, con toda su carga conservadora, respecto al Estado Social de Derecho y los Derechos Humanos que se han ampliado en el país.

Resultado de esta evolución electoral, en el campo de la presencia de la mujer, desde 1949 se reconoció el voto, que desde 1889, el Presidente José Joaquín Rodríguez, ya había señalado que debía reconocerse, con motivo del importante papel que jugaron las mujeres en las movilizaciones del 7 de noviembre de 1889. Participaron con su voto por primera vez en 1951, en el Plebiscito de la Tigra de San Carlos, y en elecciones nacionales desde 1953, cuando fueron electas las primeras tres diputadas.

Empezaron a lucir como candidatas a vicepresidentas y luego a presidentas de la República. La primera Presidenta lo fue Laura Chinchilla Miranda en el 2010. A nivel legislativo la primera Presidenta del Congreso lo fue Rosemary Karpinski. Después siguieron otras.

Reformas posteriores en el campo electoral le dieron cada vez más fuerza a la igualdad de género, como se dice, de manera que hoy obligatoriamente, por disposiciones legales electorales, los partidos políticos que quieran participar en elecciones, tienen que garantizar una alternabilidad entre hombres y mujeres en la postulación de sus candidatos a diputados, regidores y síndicos municipales, en cada una de las provincias.

Esta igualdad se amplió, recientemente, a exigir que cuando un Partido político está inscrito en escala nacional, la igualdad o paridad de género, se amplía a que en las siete provincias, al menos en tres de ellas deban ir encabezadas por candidatas, por mujeres.

Igual sucede en los Partidos políticos provinciales, que participan en sus respectivos cantones, de manera que en la mitad de ellos, al menos, las papeletas de candidatos deban ser encabezadas por mujeres. Igual se procede con los candidatos a los síndicos distritales.

Cómo se puede apreciar, esto es un verdadero enredo y dilema para todos los partidos políticos, asegurar la alternabilidad vertical y horizontal en todas las papeletas con que se participa.

Los partidos políticos han aprendido esta integración para que el Tribunal Supremo de Elecciones no les anule inscripciones.

En la elección del 2018 el Tribunal Supremo de Elecciones obligó al partido Unidad Social Cristiana a modificar, invirtiendo el encabezamiento de la papeleta de diputados de San José, para poder participar, de lo contrario se la anularía porque no se respetaba la igualdad horizontal nacional de sus candidatos provinciales.

En la elección del 2006 al partido que postulaba a Álvaro Montero Mejía a la Presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones le anuló todas, TODAS, la candidaturas de diputados, de regidores y síndicos y las de las dos vicepresidencias, por no haber corregido advertencias que le hicieron sobre sus inscripciones.

En el proceso de las elecciones municipales que tenemos encima, a realizarse el próximo 4 de febrero, en los 84 cantones del país, el Tribunal Supremo de Elecciones, prácticamente, ha anulado la inscripción de las papeletas de dos partidos totalmente identificados con el Presidente Rodrigo Chaves y su gobierno, los partidos Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda. Ambos partidos dirigidos desde la propia Casa Presidencial, porque sus principales activistas allí trabajan. Al partido Aquí Costa Rica Manda le anularon 69 postulaciones a alcaldes, éste dirigido principalmente por el asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco.

Esto es un duro revés al propio Presidente Chaves. Ha venido realizando un trabajo de proyección de imagen, que todavía la conserva alta en las zonas rurales y periféricas del país. Las elecciones municipales le hubieran servido para valorar mejor esa proyección y calcular su participación, como grupo político, en las elecciones nacionales del 2026.

Cuando el Partido Acción Ciudadana, en las elecciones municipales del 2014 y del 2018, era gobierno, no pudo elegir más de 12 y 10 alcaldes en esas elecciones, demostrando su debilidad organizativa como partido.

El gobierno de Rodrigo Chaves, sin partido propio, porque el que lo llevó a la Presidencia, el Partido Progreso Social Democrático, fue prestado, no le pertenece. Con este partido el Presidente tiene importantes pleitos, manifestados por la mayoría de sus diputados electos, que se identifican totalmente con el Presidente, y se manifiestan como la fracción oficial del gobierno. La Presidenta del Partido Progreso Social Democrático, en esta lucha, mantiene un proceso interno de expulsarlos de ese partido.

La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que tiene su propio partido, Unidos Podemos, mantiene la existencia de este partido, que lo inscribió para las elecciones municipales próximas. En algunos cantones se enfrentaba a los partidos Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda, ambos del Presidente Chaves. De esta manera, pareciera que Unidos Podemos puede resultar una expresión del apoyo al Presidente como a su Ministra, en las próximas elecciones municipales.

Hacia las elecciones nacionales del 2026 si el Presidente mantiene los dos partidos, Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda, se le convertirá en un enredo político. Él no puede postularse. Tiene que apoyar a un candidato. No tendría ninguna lógica que lance dos candidatos porque entre ellos se roban votos, o se los disminuyen.

La nulidad que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones de las candidaturas de los partidos Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda, es absolutamente válida. Impide la participación de estos dos partidos.

La Sentencia del Tribunal Supremo de Elecciones que las anuló tiene sus bemoles. La analizaré en enero.

Por ahora solo diré que arrancó dos votos de cinco a favor del Presidente, de sus partidos, de la inscripción de sus candidaturas aun cuando violaban lo que la legislación electoral ha establecido y que ya el Tribunal ha sancionado.

¿Fue resultado de alguna presión sobre los magistrados que así se pronunciaron a su favor? ¿O fue, simplemente, un razonamiento jurídico orientado a no ser tan rígidos en materia de igualdad vertical y horizontal de género en la integración de las papeletas de diputados, regidores y síndicos municipales, lo que rompería hacia el futuro esta obligatoriedad para los partidos políticos?

Decreto de Chaves: un disparo en el pie

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Dicen algunos que Huawei nos podría «espiar». ¿Espiar qué en Costa Rica? ¿Nuestro centro de inteligencia militar? ¡No hay nada de eso! Huawei es una empresa que cumple plenamente con las normas más estrictas de la Organización Mundial de Comercio y las regulaciones ISO.

No tiene ni una acusación de «espionaje», aparte de las promovidas por los interesados en competir con sus productos en el mercado mundial.

Chaves, unilateralmente, metió a Costa Rica en la «guerra comercial» que Trump, y ahora Biden, declararon a China, en vista del gran desarrollo del gigante asiático. Al meter a nuestro país en esa «guerra fría comercial», si antes no es anulado el atropellado decreto ejecutivo que parece dictado por alguna secretaria de la Casa Blanca, los costarricenses terminaremos pagando cientos de millones de dólares más por nuestros servicios de Internet (¡dinero que no tenemos!) por productos de menor calidad a los que oferta HUAWEI.

Lo que corresponde hacer, lo más correcto, lo ajeno a prejuicios, es permitir que las licitaciones sean transparentes, acordes con las normas de nuestra legislación y los convenios internacionales, como, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio CR – China y las normas de la OMC.

¿Choreco, una trama montada?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El ascenso a la presidencia de Rodrigo Chaves fue una sorpresa. En principio casi nadie podía asegurar que él fuera a ganar las elecciones. Pero, las ganó. Con un partido político prematuro logró imponerse. Lo que triunfó fue la necesidad del cambio, tesis que ha venido afirmándose desde las elecciones del 2014. Inició con el cambio al bipartidismo tradicional, de gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, partidos políticos que desde 1951 se habían venido alternando el gobierno del Poder Ejecutivo. Los grupos que se reunieron en la Unidad Social Cristiana, a partir de 1983, habían cogobernado en 1958, 1966 y 1978, con coaliciones políticas antiliberacionistas.

La corrupción que se había venido desarrollando en el ejercicio del gobierno de las instituciones del Estado, escándalos asociados a esos actos, personajes espurios que se asociaron a gobiernos, a presidentes y a partidos políticos, incumplimientos de promesas electorales, incumplimientos gubernamentales, insatisfacciones sociales de diverso tipo, deterioro sentido del Estado Social de Derecho, disminución en la capacidad de consumo de los habitantes, de sus ingresos y salarios, además de congelación tácita de los mismos desde los últimos cuatro años, crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema, del desempleo, la decepción de los electores y de los ciudadanos en general con el ambiente político nacional, ataques sistemáticos que se venían realizando contra los partidos políticos, contra los políticos, contra la misma democracia como sistema político, venían minando los escenarios electorales, que tuvieron como campo la necesidad del cambio político, partidario y gubernamental.

Así sucedió en la elección nacional del 2014, cuando los partidos Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana quedaron fuera del gobierno. Sus primeras fisuras habían sido en el 2002 en que iniciaron las segundas rondas electorales, por no alcanzarse el 40% de los votos para elegir en primera ronda.

La elección del 2014 todavía mantuvo a Liberación Nacional como partido finalista en la segunda ronda. La del 2018 sacó del juego a Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. La del 2022 permitió que Liberación Nacional llegara a la final, de primero en febrero, y de segundo en abril, originando al actual gobierno de Rodrigo Chaves, un improvisado en toda la línea, quien evidentemente no tenía clara la función que asumiría ni la ruta de trabajo que le exigía.

Su discurso electoral contra el bipartidismo y la corrupción pública ligada a los partidos gobernantes tradicionales logró imponerse, contra un partido Liberación Nacional que no pudo defender el impacto político y social trascedente de su paso por la vida institucional del país, desde 1948, desde la Junta de Gobierno, y a partir de 1951, cuando ya estaba constituido el partido Liberación Nacional, había logrado para el país, la población, los trabajadores, los distintos sectores productivos, y para el desarrollo de las clases medias.

Los escándalos asociados a Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de principios de siglo, contribuyeron al interior de estos partidos a debilitarlos, a golpear a sus líderes históricos y a improvisar nuevos liderazgos, carentes del bagaje político, doctrinario e ideológico que inspiró a esos partidos. La crisis interna de estos partidos condujo a la debilidad de sus organismos dirigentes, a la sustitución de ellos por las fracciones parlamentarias, de paso muchas veces micro divididas, y al abandono de los escenarios públicos de sus presencias.

Junto a todo esto, con los Planes de Ajuste Estructural, desarrollados desde la década de 1980, los Tratados de Libre Comercio, a partir de la década de 1990, la desintegración del mundo socialista y la superación del escenario de la guerra fría, imponiendo un sistema internacional hegemonizado por Estados Unidos, marcaron una hoja de ruta nacional trazadas por las corrientes económicas llamadas neoliberales, anti estatistas, privatizadoras, de las cuales ningún partido gobernante ha podido salirse.

Los procesos electorales en la investigación post campañas electorales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, como siempre lo hace, descubrió irregularidades en partidos que llevaron a algunos de sus funcionarios y dirigentes a condenas y a la cárcel.

La legislación electoral y sus controles se mejoraron. Se fortaleció la democracia participativa electoral con la igualdad y paridad de género para la nominación de candidatos.

Rodrigo Chaves supo intuitivamente, o bien asesorado en las elecciones, atacar todos los males representados en esa imagen pública que el electorado arrastraba. El ángel exterminador, recordando la película de Buñuel, había aparecido en el ambiente político nacional. Rodrigo Chaves se presentó como el Dr. Mengele del campo de concentración costarricense que había que sanear. El público que no se sentía preso de ese campo, ni se sentía en un gueto, que estaba sufriendo las políticas de exterminación que se venían estableciendo, ciegamente le dio su apoyo.

Bíblicamente el ángel exterminador es el demonio que con capacidad demoledora inundó Egipto. El Presidente Chaves está inundando a Costa Rica, con sus actos, con sus escándalos, con su desconocimiento, con su práctica política gubernativa, en su enfrentamiento con los poderes del Estado, que él mismo dijo que podía dinamitar, con el descrédito que le imprime a sus miembros, a los legisladores, a los jueces y magistrados, a los partidos políticos y los diputados que le son adversos o críticos, por su enfrentamiento con periodistas y medios de comunicación que también le son críticos, y que por su obligación informativa evidencian escándalos del nuevo gobierno, que se presentaba como impoluto, sin mancha alguna, cuando el traje del gobierno y del presidente Chaves parece hoy el de un leopardo o de un jaguar, lleno de machas por todo lado.

Los últimos escándalos parecen una película de terror. La Casa de Gobierno, la Casa Presidencial de Zapote, hoy parece más una Casa de Sustos, oscura, sin transparencia de ningún tipo, opacada, llena de desconfianzas administrativas, laborales y de tensas relaciones sociales, cuando el propio Presidente dio órdenes a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, de mantener intervenidas las comunicaciones telefónicas de sus ministros, y posiblemente de otros funcionarios públicos, especialmente de los directores de instituciones por él nombrados; de cualquier funcionario público. El presidente consideraba que había fuga de información de lo que él hablaba.

Respecto a los funcionarios de su entorno el Presidente les manifestó que los tenía vigilados, con chanchito y un perrito que olían si había drogas o desviaciones, amenazándolos de que con él no se jugaba, porque los decapitaba. En toda esta política se procuraba no dejar rastro.

Los funcionarios de la DIS revisaron los teléfonos, de “todo el mundo”, con aparatos especiales, de todos los que estaban en ese momento, violándolos en su intimidad y confianza.

Es claro, por lo que se ha dicho, que la DIS hizo esas intervenciones, y que posiblemente mantiene otras, que no se han señalado públicamente, especialmente de quienes critican y se oponen al Demonio de Zapote, al Ángel de la Muerte que está inundando el país, que está ahogando a la ciudadanía y al pueblo costarricense.

El papel inconstitucional de la DIS, que le dio el Presidente, la Asamblea Legislativa debe investigarlo. ¿A cuántas personas más el Presidente ordenó intervenir?

Hay diversos escándalos que hieden en Zapote. Uno de ellos, el manejo de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, por el cual se adjudicó un contrato por $300.000 dólares, para servicios de comunicación, que en todo su trámite se actuó dolosamente para favorecer un adjudicatario de dicha contratación, parte de una donación de $1.000.000 que se le daba al Presidente, para su primer año de labores. El Presidente integró un grupo Patricia Navarro, su primera Ministra de Comunicación, Jorge Rodríguez, su Jefe de Despacho y actual Ministro de Comunicación, Christian Bulgarelli, empresario comunicacional beneficiado, Federico Cruz, conocido como Choreco, asesor de imagen y táctica presidencial, Armando Gómez, Director de Prensa de la Presidencia. El mismo presidente quería revisar las pautas publicitarias.

En las acciones políticas que siguieron, otros funcionarios de la Presidencia, como Alexander Castilla y Hazel Mora, participaron porque les tomaban en cuenta.

Federico Cruz, Choreco, es también el Presidente del Partido Aquí Manda Costa Rica, que ha querido inscribirse y participar en las próximas elecciones municipales.

Como parte de este trabajo se trazó una estrategia, desde el inicio del gobierno, hace 18 meses, de controlar los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas. También se giraron instrucciones para eliminar medios de comunicación de esas partidas. A pesar de que al inicio de la Administración Chaves se consideró que el SINART no servía para nada en el manejo de estas contrataciones, a finales de año se ordenó a las instituciones descentralizadas firmar contratos con el SINART, en la acción política que el Presidente llamó de democratizar la pauta publicitaria, que no ha servido para nada si se aprecia la cantidad de pequeños medios informativos y comunicacionales que se han visto obligados a cerrar.

La democratización consistía en contratar a quien hablara bien del Presidente y del Gobierno, y en torcer de esa manera el brazo a los periodistas y a los medios informativos. Algunos funcionarios que recibieron la orden señalaron que sintieron una pistola en la cabeza si no procedían como se instruía desde Zapote.

La Ministra Navarro debido al mal olor que le generaba la iniciativa decidió grabar las conversaciones asociadas, que finalmente las hizo públicas, con toda la legalidad de su lado, que han evidenciado un negociazo, la “torta”, como la refirió el diputado Francisco Nicolás.

En todo este enredo, que se ha ido tejiendo en Zapote, y a la vez desenredando, emergió como la figura de fondo, Federico Cruz, el famoso Choreco, a quien han convertido en el chivo expiatorio, en el personaje de toda esta trama, a la que se le tratan de hacer recaer todas las culpas, que en parte le pueden ser ajenas, para eximir a los verdaderos culpables, que siguen allí en Zapote.

Para mí, el ascenso de Choreco, así llamado en todos los ámbitos, rebajándole su “personalidad”, en su trato presidencial, familiar y público, a un apodo, a un sobrenombre, casi delincuencial, ha sido para provocar un elemento distractor del principal artífice de toda esta historieta, el mismo Presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Choreco ha sido el asesor presidencial con más fuerza, con más peso, de mayor confianza; al extremo que él mismo se ha prestado para este montaje distractor, más allá de lo que haya manifestado de verdad, de despiste, de entretenimiento o de diversión política; de haberse convertido en la figura pública más importante, en estos últimos días, de los escándalos que giran alrededor de Zapote.

La confianza extrema está comprendida en el acercamiento laboral que tenía con el Presidente, que le tenía oficina en el mismo edificio de Zapote, independientemente de si se le pagaba o no, si se le habían cubierto los pagos de la campaña electoral del 2022, si se le habían dado bonos electorales o no, de si recibió de apoyo al asesor argentino José Norte. De alguna entrada económica ha de vivir el Choreco. En esto no ha de estar chorequeado.

La confianza se enriquecía por el papel electoral que Choreco ha tenido en la estructura político electoral que, desde Zapote, se ha trazado con la inscripción de varios partidos políticos, para las elecciones municipales, con funcionarios de Zapote trabajando directamente en ellos.

Mientras dure el escándalo alrededor de Choreco ha sido relevado de Comité Editorial del Presidente, que lo integran también el Ministro de Comunicación, la Ministra de la Presidencia y la diputada, experta en enseñar a mentir a los miembros del Consejo de Gobierno, Pilar Cisneros.

Con Choreco se han puesto en evidencia dineros y ayudas en especie, como una casa en el Barrio Roosevelt, para la campaña electoral del 2022, no reportados al Tribunal Supremo de Elecciones.

La presencia, de Choreco, en estas dimensiones electorales, ha dejado ver que en la campaña electoral del 2022 hubo organismos paralelos, que podían manejar aspectos estratégicos de propaganda y agitación; posiblemente de manejo de recursos, como en meses anteriores se ha tratado ante la opinión pública y de los llamados “servicios de la mano izquierda”.

De este asunto, Choreco se ha presentado como un mecenas político de Chaves, es decir como alguien poderoso que brindó su apoyo, su trabajo, su influencia para el triunfo de Rodrigo Chaves. Los mecenas clásicos ponían parte de su dinero para impulsar los proyectos que querían apoyar. ¿Le dio plata Choreco a Rodrigo Chaves? ¿Se la dio al Partido y no la reportaron? En la antigüedad los mecenas recibían beneficios de su “inversión”, no solo la satisfacción de haber contribuido a ver el resultado de su creación, en este caso política.

En la Asamblea Legislativa, en las indagatorias que se han iniciado, llevando funcionarios públicos asociados al Presidente, los partidos Liberal Progresista de Eli Feinzaig, y el Nueva República, de Fabricio Alvarado, se han puesto en el cabús presidencial, en el último carro del tren zapoteño, acuerpando, como escuderos parlamentarios adicionales, a los diputados oficiales, al Presidente y tratando de reducir o minimizar los impactos de las investigaciones parlamentarias.

Los involucrados en todo este escándalo e investigación parlamentaria deben ser investigados por el Ministerio Publico. No es un problema de renuncias o apartarlos de sus funciones. Es un problema de ética en la función pública. Puede ser un problema que linde lo penal por el mal ejercicio de esta función. Es un problema de Ética y de Decencia pública.

Rodrigo Chaves se suma a la crítica que él hizo del sistema político, de escándalos de corrupción, de desigualdades sociales que han crecido en su gobierno, de resentimientos sociales mayores.

Sus posiciones populistas se le reducen en su territorio. Sus sentimientos y desplantes autoritarios le crecen. Sus descomedidas continúan. Su instinto desbocado se ha acentuado. Cada vez más se acostumbra a decir palabras indecentes, ofensivas y desvergonzadas.

No es Choreco el florero ni el centro de la mesa, ni es el muerto del funeral. Es el presidente Rodrigo Chaves al que hay que investigar a fondo. Si sigue así su gobierno va a ganar el título del más corrupto.

Lamentablemente para los costarricenses la Casa de Zapote hiede, despide malos olores.

El más allá de los audios

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Sobre los audios, aunque nos muestran a un presidente irrespetuoso al hablar, lo que trasciende es un presidente irrespetuoso de la legalidad. A un Chaves que planeó jugar, no solo con US$300 mil de dinero público, sino que forzó la estructuración de un aparato propagandístico, sin importarle las consecuencias que tendría el poner en una balanza, su imagen (que le preocupa que se desmorone), frente a los intereses de instituciones estatales que requieren promocionar sus productos.

O la farsa de «firmar» un decreto ejecutivo sobre la vacunación para enfrentar el Covid, en un papel en blanco, pues ni siquiera se habían puesto de acuerdo en una idea.

Un presidente para quien le importa un comino romper ilegalmente contratos de publicidad, pues, para él, lo que habría eventualmente que pagar el Estado como indemnizaciones, será «una cuecha».

Así como ver a un presidente amenazando con cortar la cabeza de los jerarcas de entes autónomos, que preocupados por las acciones ilegales que les ordenaba Chaves, pretendían actuar con prudencia, dentro de un marco de legalidad.

Vulgar, chabacano, puede ser. Esa es su personalidad, y sobre ello no se ha de centrar lo que revelan los audios, sino en el modo autoritario conque matiza sus acciones.

La orquesta delictiva presidencial no es un choreco… Es un chorizo de antojos, chineos y cariñitos…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Lo que en derecho policial y penal se acepta, cuando se está ante un acto delictivo, en curso, o en proceso de ejecución, un robo, un crimen o asesinato, elaboración, o diseño de actos, que por su naturaleza pueden provocar un ilícito, o una cadena de ellos, es que quien se entera puede tratar de intervenir para prevenirlos o actuar con ese mismo propósito.

Una forma de actuación puede ser recabando pruebas, documentándolas, obviamente sin la autorización del presunto delincuente, malhechor, instigador, organizador o director del acto delictivo, o eventual actor directo o indirecto por complicidad manifiesta, o por constituirse de hecho en el autor intelectual del ilícito.

La ley regula de manera efectiva que los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su conocimiento.

Estos documentos privados entre otros pueden ser la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o cualquier otro medio; los videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, los discos, los disquetes, y cualquier otra forma de registrar información de carácter privado, utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o comprobar algo.

Igualmente, el Juez cuando resulte indispensable para averiguar la verdad, podrá ordenar, de oficio, a petición de la autoridad policial a cargo de la investigación, del Ministerio Público o de alguna de las partes del proceso, el registro, el secuestro y el examen de cualquier documento privado, siempre que pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna conducta delictiva.

Se anula este acto de decomiso cuando la autoridad lo realiza sin autorización de un Juez, para garantizar el no abuso de la autoridad represiva encargada de estos decomisos.

En las investigaciones policiales o judiciales los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, cuando involucre, entre otros, el esclarecimiento de delitos como la corrupción agravada, la legitimación de capitales, los delitos de corrupción contra los deberes de la función pública como el cohecho impropio, cohecho propio, corrupción agravada, aceptación de dádiva por acto cumplido, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, concusión, prevaricato, peculado, malversación, peculado y malversación de fondos privados, enriquecimiento ilícito, legislación o administración en provecho propio, sobreprecio irregular, tráfico de influencias, soborno transnacional, influencia en contra de la Hacienda Pública, fraude de ley en la función administrativa.

De esta lista de figuras delictivas no están exentos quienes ocupan cargos altos en la Administración Pública, desde el Presidente de la República para abajo.

Si un funcionario público es obligado, por su superior jerárquico, a realizar actos que considera que no debe hacerlos, puede abstenerse de ejecutarlos; o ejecutarlos salvando su responsabilidad; cuidando, hasta donde pueda su espalda.

La intervención de las comunicaciones orales o escritas se puede ordenar cuando pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna de esas conductas delictivas, y otras establecidas en la Ley. Esto cuando se está ante el estudio o investigación de delitos. Pero, cuando de facto, el funcionario entiende que se está tramando, urdiendo, una planificación delictiva, ¿cómo debe proceder? ¿Informando a la autoridad judicial, cuando ya ha pasado la conversación, o las conversaciones a las que se le integra, sin poder coordinar con la autoridad competente, para que le permitan grabar una conversación donde se dan directrices, o se evidencia lo que se planifica en esos sentidos? ¿O, si tiene la posibilidad de grabar, hasta para salvar su propio “pellejo”, y lo hace, sin autorización y sin el consentimiento del “autor” o “director de la orquesta delictiva”, sabiendo que con ello evidencia el ilícito, que terminó materializándose?

Cuando el Juez ordena la intervención indica que se vele porque la intervención se realice de la manera menos gravosa para terceras personas no investigadas, es decir, que comprenda únicamente a los involucrados en la trama que se monta o ejecuta.

Lo que está servido en la mesa nacional, como gran banquete, es tratar de investigar a altas autoridades de gobierno, como es el caso que está sonando, que se está destapando, por las grabaciones que ha aportado, para el conocimiento público, la exministra de comunicación Patricia Navarro Molina, de actos que en su momento consideró que atentaban contra la Ley y la ética.

¿Qué es lo que se discute o debe discutirse? Se planeó un contrato por servicios de comunicación, utilizando fondos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, para diseñar aspectos de estrategia de comunicación del gobierno. Se dijo que los fondos debían llegar a nombre de la Ministra para poder justificar, ante el Banco, el destino de esos fondos. Simultáneamente a esto se establecía un contrato con una empresa para realizar esa estrategia comunicativa.

Uno de los objetivos de esa estrategia era ejercer el control total de la publicidad institucional, de las instituciones del Estado y del gobierno, centralizadas y descentralizadas.

El beneficiado directo de esa contratación había redactado los requisitos y términos de la contratación, que finalmente le fue adjudicada; aspectos que se habían elaborado con el asesor de imagen de mayor confianza del Presidente, y jefe político de uno de sus partidos políticos, que operan intelectualmente desde Zapote. La empresa le da un nocaut al gobierno.

De manera gerencial, el inquilino de Zapote exigía la ejecución de los trámites y de las directrices que había dado, teniendo los dineros el actual Ministro de Comunicación, para soltarlos. La ministra Patricia Navarro se sentía zarandeada; que estaba siendo usada para limpiar una mezcla de políticas o acciones que no le parecía compartir por razones legales y éticas. La tenían disminuida, poco valorada, usada, irrespetada, como cucaracha en bisagra.

De los elementos graves que han trascendido, por lo manifestado por la exministra Patricia Navarro, es que supuestamente el Presidente tiene información de jerarcas institucionales, que eran vigilados; que algunos “huelen a droga y a desviaciones”, de manera que si no juegan como el Presidente quiere los “decapita”. Incluso, dijo, que al efecto tenía “chanchitos” y “perritos” que realizaban esas tareas olfatorias. Se dijo, también, que funcionarios sufren el autoritarismo presidencial siendo hostigados y perseguidos por órdenes emanadas del Mandatario, por la presión existente alrededor del dinero para la publicidad.

También, se destacó, ¿o destapó?, que para el Presidente la democratización de la pauta publicitaria era torcer el brazo a los periodistas para que solo hablen bien de él. De hecho, el mandatario no acepta que ninguno de sus ministros y subalternos puedan tener más ranking publicitario, o reconocimiento, en encuestas, que él. De igual manera, ha ejercido presión para disminuir pauta publicitaria en empresas que el Presidente ha señalado, casi colocando “una pistola en la cabeza” de funcionarios estatales. La “decapitación”, manifestada por el presidente, se tradujo en una institución en que “rodarían cabezas si no se hacía lo que el Presidente quería”, respecto al traslado de una pauta publicitaria. A uno de los bancos estatales le anunció la posibilidad de “darle unos golpecitos si no se sometía a estas políticas publicitarias”.

Al estilo hitleriano el gobierno ha entendido qué si no controla la comunicación, la “propaganda” oficial, se desmorona ante el pueblo. Aun cuando el Presidente todavía tiene importantes índices de popularidad y aceptación, las encuestas vienen señalando esa caída, no por la mala o falta de propaganda oficial, sino porque la gente no está viendo nada de obra real del nuevo gobierno, contra el encarecimiento de la vida y de la canasta básica, contra el desempleo creciente, contra el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, contra el congelamiento de los salarios e ingresos, contra la inseguridad ciudadana, el sicariato, la lucha contra la corrupción, la lucha contra las drogas, ni por evitar que Costa Rica sea, en este momento, la bodega de droga más grande del continente, lo que puede generar sospechas si hay complicidades importantes y comprometidas de altas autoridades de Seguridad Pública, de la lucha contra las drogas y de la propia Casa Presidencial.

Si alguna persona, que sepa leer correctamente, duda del estilo autoritario, dictatorial, tiránico, casi fascista, entronizado en el Poder Ejecutivo, con la intención de aumentar por la fuerza las potestades del Poder Ejecutivo; de disminuir las capacidades legislativas y judiciales; de disminuir y acabar con el prestigio de estos Poderes de Estado, de anular las exclusividades y especificidades de sus funciones constitucionales, y asumirlas hasta donde el Presidente cree que puede hacerlo, lo que tiene que hacer es leer, despaciosamente, con serenidad, la información que esta semana se ha dado, en medios de comunicación escritos, sobre lo que se desprende de la valerosa actitud de la exministra Patricia Navarro, de dar a conocer toda la porquería, la inmundicia y suciedad que hay en la Casa de Gobierno.

La amenaza de llevar a la exministra Patricia Navarro y al periódico La Nación a los tribunales penales no tapa la realidad de lo denunciado, de lo evidenciado en las grabaciones, que son delitos graves contra la probidad pública. Nada de lo que dijo la exministra se ha dicho que sea falso. Los audios que han provocado el escándalo y la amenaza ante los tribunales no han sido desmentidos por los involucrados en ellos. Esto es lo que debe investigarse, los hechos de corrupción y tráfico de influencias evidenciados y puestos en conocimiento público.

Los que deben ir a la cárcel, si así fuera, son los que han cometido delitos contra los deberes de la función pública, qué es lo que está expuesto.

El Presidente Chaves si fuera consecuente debería premiar y garantizar la protección de la exministra denunciante de los actos de corrupción como planteaba en la ley que quiso tramitar en la Asamblea Legislativa.

Cada vez más se evidencia la existencia de una orquesta presidencial de músicos; una banda formada por un conjunto de intérpretes musicales desatinados.

No es un choreco lo que allí gobierna. Se ha puesto en evidencia que es un chorizo de antojos, chineos y cariñitos…O, mejor dicho, un gobierno de antojados, chineados y encariñados…con las mieles del Poder.

De seguir así, escándalo tras escándalo, acusación tras acusación, denuncia tras denuncia, todo relacionado con corrupción, el gobierno de Chaves entra en la recta final de su caída; se coloca en la curva del tobogán. En esa curva, puede llegar a una estrepitosa caída, en la cual las escasas luces de su gobierno, ya titiritan, y se irán apagando hasta provocar una oscuridad absoluta.

¿Estaré equivocado? Hoy apenas es 8, no 28 de diciembre.

Cinpe-UNA rechaza categóricamente manifestaciones de presidente y ministra

Escrito en . Publicado en Derechos.

De nuevo, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA) se ve en la necesidad de denunciar y rechazar categóricamente las manifestaciones dadas por el presidente de la República y de la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), con respecto al estudio Evaluación de impacto económico de la exclusión de proveedores en las inversiones de la red 5G en Costa Rica”.

Con fecha del 22 de noviembre del 2023, el Cinpe-UNA envió el oficio a UNA-CINPE-OFIC-358-2023, dirigido al viceministro del MICITT, Humberto Vargas Picado, donde se da respuesta a cada una de las consultas que se plantearon con respecto a la realización de este estudio.

Al respecto, se detallan elementos técnicos que fundamentaron su elaboración, como, por ejemplo, el modelo econométrico utilizado, la utilización de fuentes y el modelo tarifario. Por ende, no tiene ningún asidero las críticas emanadas públicamente por el Mandatario y la ministra, que fueron justamente contestadas en dicho informe.

“Este ataque directo de parte del Gobierno hacia el trabajo profesional, serio y dedicado de un grupo renombrado de economistas representa un severo intento de amenaza a la labor investigativa, ética e independiente que ejercemos las universidades públicas, en el debate de temas que son de trascendencia nacional. El hecho de que el Poder Ejecutivo no comparta las conclusiones no debe dar cabida a un ataque en estas dimensiones”, manifestó el director del Cinpe, Olman Segura.

Como lo expresara el rector de la UNA, Francisco González, semanas atrás, las universidades públicas tienen como ejes de acción la docencia, la investigación y la extensión universitaria, que justifican la realización de este estudio. “Nuestra credibilidad no se negocia por lo que no aceptamos injerencia alguna en los resultados de nuestras investigaciones, independientemente de que las financien entidades públicas o privadas”.

Así como este trabajo se realizó para la empresa de telecomunicaciones Huawei, el Cinpe destacó que de la misma manera ha procedido con otras instituciones como el propio MICITT, Recope, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana, FAICO, entre otras.

De esta manera, la UNA no solo lamenta la forma en que se ataca a mansalva la labor de la UNA a través de este informe, sino de la sistemática forma en que el actual Gobierno pretende descalificar la acción de las universidades públicas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Está descontrolado mentalmente el Presidente?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Las Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa constituyen el período de seis meses, dividido en dos trimestres, en las cuales la Asamblea Legislativa solamente conoce, para su trámite de leyes, los Proyectos de Ley que el Poder de Ejecutivo envía para su conocimiento y eventual aprobación.

Desde el año 2022 esta división trimestral se estableció, empezando el Poder Ejecutivo en los meses de mayo, junio y julio; realizando su segunda jornada de Sesiones Extraordinarias, en los meses de noviembre, diciembre y enero. Por su parte, los diputados pueden presentar sus proyectos en las Sesiones Ordinarias que comprenden los meses de febrero, marzo y abril, y en su segunda parte de sesiones, agosto, setiembre y octubre.

Esta nueva formulación del trabajo legislativo se pensó para favorecer al nuevo gobierno, cualquiera que fuera, que en este caso le correspondió al actual inquilino de la Casa Presidencial de Zapote, para que inmediatamente después de las elecciones, al quedar electo, pudiera impulsar sus proyectos de ley, para que pudiera materializar sus ofertas de la campaña electoral, de la que salió electo, y pudiera canalizar legislativamente sus Proyectos de Ley estrella, los que guiarían su gestión desde sus primeros días de gobierno, los que marcarían la ruta y derroteros de lo que sería el nuevo gobierno.

La idea y la filosofía de este cambio, era también para poder satisfacer mejor a los votantes respecto a lo que se les ofrecía electoralmente, para tratar de recuperar la confianza en los electores, en los grupos políticos que llegan a la Casa de Gobierno y para que gobierno y electores pudieran armonizar mejor la representación de su mandato presidencial.

Con el sistema anterior las Sesiones legislativas empezaban en mayo, junio y julio, con Ordinarias, que estaban en manos de los diputados. Después se le daba un mes de Sesiones Extraordinarias en agosto al Poder Ejecutivo y luego venían los meses de setiembre, octubre y noviembre, de nuevo para los diputados, para cerrar con cinco meses, desde diciembre hasta abril para el Ejecutivo.

Con este sistema anterior, todos los presidentes y sus partidos gobernantes, se veían imposibilitados de impulsar proyectos de ley asociados a su campaña electoral y a sus promesas a los electores; situación que redundó históricamente en ir acumulando una frustración, un desengaño, un incumplimiento de promesas electorales, en un ataque a la Política, a los políticos, a los partidos políticos, a la misma Democracia como sistema político, y en la alta tasa de abstencionismo que se fue dando de manera acumulada, provocando también presidentes ocasionales, como los que se fueron dando en el 2014, 2018 y en el momento actual, a partir del 2022, donde irrumpió de manera más nítida una figura desconocida políticamente, improvisada, desconocedora de la Historia Nacional, de la Historia política y electoral costarricense, ignorante total de lo que es la división política de los Poderes del Estado, de entender que esos poderes públicos son exclusivos en sus funciones, que están claramente establecidas en la Constitución Política, que tienen funciones indelegables a los otros poderes o a cualquier otra instancia púbica.

En ambos sistemas, de sesiones legislativas, el presidente se encuentra que el Presupuesto Nacional que tiene al asumir el mandato, fue establecido en noviembre del año anterior a su llegada a Zapote, y que responde para todos los efectos al diseño de gestión de obra institucional del gobierno anterior, y que no puede hacer más que administrar y ejecutar ese Presupuesto Nacional como está establecido, lo que constituye una camisa de fuerza para iniciar un gobierno. Esta situación también golpea el incumplimiento de un Gobierno que inicia, porque literalmente no tiene dinero para actuar. Lo más que puede hacer es algunas reformas a las partidas del Presupuesto Nacional para redireccionar fondos públicos. Así las cosas, el verdadero año presupuestario de un gobierno es el segundo, cuando al terminar el año de su elección, en noviembre se aprueba el Presupuesto del año siguiente. Así sucedió en noviembre del año 2022 que se aprobó el Presupuesto del año 2023, que es el primer año real del presidente Rodrigo Chaves.

De esta manera, este año 2023 se supone que el Presupuesto Nacional está acorde con las políticas y directrices de gobierno, hacia el futuro de la gestión, qué el presidente quiere impulsar en lo que le queda de ejercicio presidencial.

En el año 2022, en mayo, el presidente no tenía nada listo, nada preparado, ni un solo Proyecto de Ley que presentar a los diputados, lo que paralizó la Asamblea Legislativa unos días, porque en Sesiones Extraordinarias, si el presidente no envía Proyectos de Ley, la Asamblea Legislativa y los diputados no trabajan, porque solo el presidente puede poner proyectos en discusión.

Está claro que este Presidente, no conoce nada de cómo funciona la Administración Pública; que no tiene idea de lo que es la división de poderes y el Estado de Derecho que debe respetar; que quiere gobernar violando la Constitución y las Leyes, que encuentran defensa en la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, en la Contraloría General de la República, en las distintas Defensorías de los Habitantes, y en los propios ciudadanos y diputados que pueden interponer acciones de inconstitucionalidad ante los actos que ilegal e inconstitucionalmente pueda realizar el presidente.

En el ejercicio de Gobierno del actual inquilino de Zapote se puede apreciar su incapacidad, cada vez más pública y manifiesta, para gobernar una institucionalidad total estatal. Las destituciones y renuncias de ministros, viceministros, altos funcionarios de las instituciones y de sus juntas directivas, a razón de uno cada 13 días en promedio desde que llegó a dirigir la Casa Presidencial, son apenas la punta del iceberg político en que está parado.

Con esta situación no puede haber plan de gobierno, acciones de gobierno, políticas de gobierno que puedan ejecutarse de conformidad a una ruta, a un camino trazado, porque en apariencia falla el funcionario renunciado o destituido; falla el que lo sustituye porque no puede darle continuidad a lo que el anterior venía o trataba de realizar y hacer, porque el mismo sustituto se ve con las manos amarradas ante su Presidente que, usando a ese funcionario público, como se utilizaban las máscaras en el Teatro griego, es quien actúa limitadamente.

El derecho supremo, y orgásmico, que tienen los funcionarios cercanos que rodean al mandatario es, como me han dicho, aplaudirle en las sesiones del Consejo de Gobierno algunas de sus intervenciones, porque nadie puede brillar más que él, ni nadie puede tener un ascendiente público superior por ejercicio del cargo en imagen pública que la que tiene el presidente, en su propia percepción.

El equipo de Gobierno actual está como un barco a la deriva, sin quilla, sin velas, sin timón, sin brújula, sin astrolabio, ni sextante, sin remeros y sin Capitán, por lo que el Barco de la Patria, en manos de este conductor, no tiene orientación; y, quien está a cargo del buque nacional no tiene idea de hacia dónde dirigir el país, carece de astros que lo guíen, qué le den hora y latitud de dónde se encuentra, sin poder ver el Sol. La quilla de este barco apenas sostiene el armazón institucional del gobierno. Las corrientes de aire político que podrían ayudarle a dirigir el barco no tienen velas náuticas qué empujar, porque el supuesto Capitán las ha arriado, las ha bajado; sintiéndose como un Dios todopoderoso quien cree que con dar órdenes, fijar plazos, metas y pedir cuentas, como se hace en algunas empresas, se maneja un país de leyes y de equilibrios institucionales.

Lo que le sobra al Presidente es su soberbia y su arrogancia; su sentimiento de superioridad y hasta de sentirse en posición privilegiada sobre las demás personas; su altivez manifestada en la forma como trata despreciativamente a sus propios subalternos inmediatos, cómo los exhibe en las mesas de prensa que realiza, con el tono frío y distante de cómo los trata a ellos, a periodistas, a los diputados y miembros de los Supremos Poderes; su vanidad que no puede ocultar de sentirse sobrestimado y admirado por los méritos que él cree tener de más. Pero, sobre todo, lo que exalta es su prepotencia; sentirse no solo superior o más grande que otras personas, sino alardear con el poder que deriva de solio presidencial, qué como el Vaticano, en Zapote, se siente el Papá de todos…porque sabe ejecutar estos atributos abusivamente, intimidantemente, autoritariamente.

Uno de los actos sublimes, extraordinariamente bello, de gran emoción lo realizó el presidente Rodrigo Chaves el pasado miércoles, cuando en su mesa de prensa, despotricó, habló sin ninguna consideración ni medida, criticando y casi insultando a los diputados; diciendo tonterías y barbaridades, donde evidenciaba no tener conectada su lengua con su cerebro, donde se le veía y oía actuar de nuevo con su brutalidad y violencia a boca de jarro. Sinceramente, parecía desquiciado, perdiendo su seguridad, su cordura, su serenidad; mostrando su trastorno mental ocasionado porque los diputados, con todo su derecho parlamentario, no apoyaron un Proyecto de Ley del presidente relacionado con la seguridad ciudadana, de más de una treintena de Proyectos de Ley que existen en el trámite legislativo. Ese desquicie mental, ese desencaje mental, casi lo hacía parecer un insano, un loco, un demente político mental; alguien que en ese estado mental no puede ni debe dirigir el país y el gobierno de la República.

Entre las tonterías que dijo hizo casi renuncia pública de la función Ejecutiva que tiene como presidente de gobernar las Sesiones Extraordinarias legislativas. Descontrolado como estaba dijo que retiraba todos los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo y que los diputados discutieran los suyos, que eran más de 30, que los siguieran discutiendo. Como si estuviera enterrado, con el mecatito en la mano para jalar la campana, se salvó cuando dijo que había instruido a la ministra de la Presidencia para que solo pusiera en la Agenda Legislativa, de las Sesiones Extraordinarias, los Proyectos de Ley de los diputados, porque él como presidente no iba a enviar ninguno… casi cerró el Congreso…momento ideal que perdió para gobernar mediante Decretos Ejecutivos, como ha sido su sueño…que no es lo mismo que los Decretos Ley de 1948 y 1949.

El problema de los Proyectos de Ley relacionados con la seguridad ciudadana es que el gobierno no se está sintiendo. La inseguridad ha aumentado enormemente en este gobierno. La criminalidad, el sicariato, el hampa grande y pequeña, los delitos contra la propiedad y las personas han aumentado. Los asesinatos nos colocan en la cima del mundo. La imagen de Costa Rica casi cambia ya de Pura Vida a Pura Muerte… en este gobierno.

La corrupción que genera el negocio de las drogas, por las aduanas y puertos de control, marítimos, terrestres y posiblemente aéreos, con complicidad de empresas productoras, empacadoras y transportadoras de productos, y de funcionarios públicos, políticos, de seguridad, policial y de hacienda, que tienen que ver con esos controles, se evidencia por las grandes cantidades que decomisan en los puertos y aduanas de entrada a otros países…

Pero, evidencia que es el Poder Ejecutivo el que está fallando. No es competencia del Poder Legislativo esta función de control. Las leyes existen. Se pueden aplicar. También se pueden mejorar y hacer más represivas, si eso se quiere.

La actitud del presidente del pasado miércoles, su pérdida de cabeza, su ofuscamiento al frente del Poder Ejecutivo, de casi dejarlo tirado, de no asumirlo cómo debe hacerlo; su razón y juicio descontrolado contra los diputados es de ponerle atención.

Que el presidente no logre consensuar alrededor de un Proyecto de Ley suyo a los diputados, es una falla de negociación del Poder Ejecutivo, que evidencia que el Presidente tiene poco qué hacer por el país…

Con poses autoritarias, dinamitando puentes con la oposición política y con los diputados, como dijo alguna vez, casi de manera terrorista, no va a llegar a ningún lado…Ni siquiera tiene capacidad para comprarse las broncas que dijo que iba a pelear; las riñas violentas que quería enfrentar.

Llevamos solo año y medio de gobierno…De seguir así, el presidente debería tener entre sus asistentes, en el molote de carros y vehículos que lo acompañan, con sirenas y sin sirenas, una unidad de médicos bien preparados y de siquiatras porque en cualquier momento se puede descarrilar totalmente…

Sensatez, prudencia, inteligencia emocional política, buen tacto, confianza en las distintas fuerzas políticas que también están interesadas en corregir y superar los grandes problemas y desafíos que tenemos como país, como nación y como pueblo, es lo que tiene que proponerse tener y amarrar.

Debe procurar que haya unidad de acción política tomando en cuenta la diversidad de opiniones nacionales.

Presidente Chaves no quiere comerse la bronca de la seguridad ciudadana

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La lucha contra la criminalidad común y organizada requiere de un esfuerzo coherente, coordinado y estratégico de todo el Estado. Ningún órgano puede excluirse de participar en ese esfuerzo respetando la separación de poderes; entendiendo que tanto la seguridad ciudadana como la seguridad nacional son ámbitos de extrema complejidad en donde la unidad y la coordinación de la institucionalidad del Estado son imperativas. Por eso, las palabras del presidente de la República, en la conferencia de prensa de hoy, cuando frenético acusa a los poderes Legislativo y Judicial de la inseguridad en Costa Rica y, peor aún, intenta eximirse de su obligación de liderar la ejecución de políticas públicas en esa materia, son inaceptables y repudiables.

En vez de seguir la “ruta” del descrédito de los poderes Legislativo y Judicial tal y como ha sido el mantra del presidente Chaves, desde su toma de posesión, el mandatario debe ponerse a trabajar en conjunto con los otros poderes y la sociedad civil organizada en el combate de ese terrible flagelo que está desangrando nuestra sociedad.

Si el presidente Chaves intenta generar una crisis dentro del Estado para eximirse de su incapacidad, debe entender que la seguridad y el bienestar de las y los costarricenses se verá aún más amenazada por las acciones del crimen organizado.

Instamos al Ejecutivo que reconozca con humildad su incapacidad de liderar en solitario las tareas de la seguridad, asuma la responsabilidad que le compete, deje de culpar a otras instancias públicas de sus propios yerros y se ponga a trabajar junto con éstas para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en todo el país.

San José, 22 de noviembre del 2023.

Partido Acción Ciudadana