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Etiqueta: salud

UCR: Costa Rica, el país que condimenta la malnutrición con el alto precio de los alimentos

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez., UCR

Costa Rica, el país que condimenta la malnutrición con el alto precio de los alimentos

Un conversatorio en la UCR abordó los desafíos del país y las soluciones nacionales que actualmente se llevan a cabo

Los datos del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) divulgados a inicios del 2023 mencionaron que la inflación en Costa Rica aumentó y, además, se agravó por las restricciones de suministro global y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Esa situación de inflación, por supuesto, puede cambiar durante el año. Las expectativas a 12 meses comunicadas por el Banco Central de Costa Rica muestran pronósticos más alentadores.

Sin embargo, desde la mirada nutricional, la inflación (aunque sea en porcentajes menores) es un hecho que persiste y afecta en el precio de los alimentos y la energía, los que más tienden a subir según explica la OCDE.

¿El resultado de esas dinámicas económicas? Para las y los especialistas la respuesta es solo una: una influencia directa en la inseguridad alimentaria y nutricional de la población.

Así se habló en el conversatorio “Sumando acciones hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) desde los gobiernos locales”, liderado por la Escuela de Nutrición, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva —ambas de la Universidad de Costa Rica (UCR)— y la Red de Economía Social Solidaria (RedESS).

Durante el conversatorio, en el cual participaron profesionales del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Red Costarricense de Agricultura Familiar y la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las y los profesionales analizaron los importantes desafíos que vive Costa Rica en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Los datos son claros.

Si se hace una cuidadosa revisión estadística en la tabla de la OCDE, esta indica que en enero del 2023 la inflación de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas de Costa Rica se posicionó con una cifra de inflación del 18.5 %.

Dicho porcentaje, uno de los más elevados, hizo que nuestro país ocupara el lugar número 17 entre las naciones de la OCDE con mayor inflación en ese mes de enero. Esta tendencia no era nueva y ya se venía registrando meses anteriores.

En agosto del 2022, por ejemplo, la OCDE comunicó que la inflación en el precio de los alimentos en Costa Rica alcanzó el 22.5 %, lo que ubicó a nuestro país en el top de las naciones con uno de los mayores aumentos registrados.

Lo anterior es especialmente importante ante un contexto en el cual los salarios e ingresos de la población no suelen aumentar tan rápido como la inflación.

“Si le decimos a las personas compren frutas y vegetales, pero la estructura de precios en nuestro país no lo permite porque somos uno de los que tienen los más altos costos de los alimentos —que son el pilar del sistema alimentario— es claro que se va a afectar la seguridad alimentaria nutricional a nivel nacional, especialmente a las poblaciones más vulnerables”, dijo la Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias del Ministerio de Salud.

Por fortuna, en los últimos tres meses de febrero, marzo y abril de 2023, la misma OCDE registró una dinámica diferente con datos más positivos. Los porcentajes de inflación fueron 14.3 %, 12.3 % y 9.9 %, respectivamente para cada mes. Sí, los porcentajes son menores pero el fenómeno de inflación continúa.

¿Una posible solución? Fortalecer el consumo de alimentos nacionales y de temporada. Esto ayudaría no solo a dinamizar la economía local y alimentos a un menor costo, sino también a incentivar una alimentación saludable, un punto en el cual Costa Rica ha estado bastante alejado.

Las cifras más recientes publicadas en el 2022 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), indican que Costa Rica está dentro de los diez países con los mayores índices de obesidad en personas adultas.

Dicha condición de sobrepeso y obesidad aumentó en todas las naciones de la región de América Latina y del Caribe entre 2000 y 2016, donde Costa Rica, Haití y República Dominicana predominan con un aumento significativo en más de 10 puntos porcentuales, señala la FAO.

Lo mismo refleja el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (Elans), al respaldar en Costa Rica el problema de obesidad. Por supuesto, la población infantil tampoco es la excepción. El censo de Peso y Talla reveló en el 2016 que más de 118 000 escolares tienen sobrepeso y obesidad. Algunas personas profesionales en nutrición desde el 2019 ya catalogaban este fenómeno en Costa Rica como una “epidemia de obesidad”.

¿Los lugares más afectados con esa “epidemia”? Cuatro de los distritos con los índices más bajos de desarrollo social (IDS): Zapotal, Picares, Caldera y Desamparaditos, zonas cuya prevalencia de obesidad es superior al 50 %, según el Censo de Peso y Talla 2016. Así, no es de extrañar que el alto precio de los alimentos incida en la malnutrición. Para algunas familias las comidas baratas y poco nutricionales son sus únicas opciones.

¿Y qué está haciendo el país?

La respuesta es solo una: mucho. Ante los desafíos económicos, una de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional es la agricultura familiar.

Actualmente, la agricultura familiar es uno de los principales generadores de alimento en el país pero, al mismo tiempo, uno de los más inseguros y pobres, expresó la Lic. Karen Rodríguez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

De acuerdo con la FAO, más del 70 % de los alimentos en la región de América Latina y el Caribe se genera a raíz de la agricultura familiar. En Costa Rica, los datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) expresan que aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar. Estas representan un 26 % de la extensión total de uso agropecuario del país.

Sin embargo, a pesar de esa importante contribución, el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 del MAG informa que en la región seis de cada diez de los hogares, que dependen de la agricultura, viven en situación de pobreza e inseguridad. Precisamente, por esa razón nace este Plan Nacional, con el fin de cambiar esta realidad, disminuir la pobreza que vive el sector, dinamizar la economía y favorecer la nutrición a nivel nacional.

La agricultura familiar es un modo de vida. En Costa Rica esta se relaciona con familias rurales, urbanas, y periurbanas a nivel de población indígena, afrodescendiente y, también, con las organizaciones que promueven la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en la familia como en la población. La agricultura familiar tiene tipologías como el autoconsumo o el mercado para comercializar. No hablo solamente de las huertas familiares, sino en diferentes agronegocios”, ahondó la Lic. Rodríguez, quien además coordina el Plan Nacional desde el MAG.

La experta dijo que el plan actualmente está conformado por 36 intervenciones y ocho pilares estratégicos. Todos ellos, además de fortalecer a las familias, propician el desarrollo territorial mediante el apoyo de la infraestructura productiva, incubación de microempresas familiares y el fomento del emprendimiento en mujeres y jóvenes.

Asimismo, robustece el desarrollo de mercados locales, las alianzas entre el sector público y privado, el fomento de la asociación de los productores familiares y hasta la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.

En este sentido, Wagner Suazo Chanto, de la Red de Economía Solidaria de Costa Rica, concuerda. Además, agregó el componente de economía solidaria que está directamente conectado con el tema de la agricultura familiar. Esto es especialmente importante si se conoce que el país tiene 736 asociaciones de productores identificadas, un número bastante considerable con base en la última estadística del 2017 de Infoagro.

“La producción de alimentos es, esencialmente, asociativa y está presente hasta en el tema de la comercialización. En el país existen 85 ferias del agricultor. Esto quiere decir que siguen siendo un espacio de comercialización y de acceso a los alimentos importantes de manera directa y, en muchos casos, sin intermediarios. También, organizadas por asociaciones o centros agrícolas cantonales”, expuso Suazo.

¿El impacto económico para las familias? Mucho. Suazo mostró que el 5 % del ingreso de los hogares proviene de la producción para el autoconsumo, donación y trueque. En cambio, para los hogares de menores ingresos, este porcentaje de ingreso se eleva considerablemente a un 12 %, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018-2019.

“Estamos hablando de unos 40 000 o 50 000 colones por hogar dependiendo si es rural o urbano. Esto juega un rol importante para que las personas mejoren su situación”, añadió.

En Costa Rica, aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Una guía

A esas acciones de agricultura familiar y economía solidaria se le suma otra: las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios de Costa Rica del Ministerio de Salud, que iniciaron su implementación en 1997.

La Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión, manifestó que las guías alimentarias reconocen la necesidad de reforzar prácticas y hábitos alimentarios nutricionalmente adecuados como el consumo de frutas y vegetales.

Además, se orientan en promover la modificación de aquellas prácticas inadecuadas como el consumo excesivo de sal o azúcar e, incluso, motivar la incorporación de nuevos alimentos. “Especialmente, revitalizar toda la agricultura, los alimentos autóctonos tradicionales y la incorporación de nuevas prácticas alimentarias”, comentó la Dra. Madriz.

Por supuesto, la especialista fue clara que se deben intervenir los sistemas alimentarios y el entorno para generar los medios y las condiciones que le permitan a la población tomar decisiones más saludables. Una de esas condiciones está en el precio de los alimentos si lo que se busca es tener un impacto integral.

“En las guías partimos de una realidad nacional y es la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, relacionadas con una inadecuada nutrición. Es así que surge la necesidad de iniciar todo un proceso nacional para mejorar la salud de la población mediante una alimentación saludable, dado que estas enfermedades son las responsables de las altas cargas de morbimortalidad y de los altos costos de atención al seguro que generan grandes pérdidas económicas y un importante impacto social”, profundizó la Dra. Madriz.

Ejemplos de éxito

En el conversatorio también se compartieron algunos ejemplos de éxito sobre acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional. María Carmen Elizondo Soto, licenciada en Trabajo Social y coordinadora de Asuntos Sociales y Económicos de la Municipalidad de Sarapiquí, dio a conocer algunas de las ideas que se realizan en su cantón.

Una de las iniciativas más importantes fue incorporar el enfoque de mejoramiento de vida, cuyo objetivo final es lograr el bienestar mediante el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las comunidades y de las familias. El enfoque tiene como pilares los hábitos del capital social y la economía familiar, con los cuales se busca mejorar la nutrición, la autoestima y la expansión económica.

“El enfoque de mejoramiento de vida surge en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno y las agrupaciones empiezan a acercarse a las comunidades para ver qué es lo que tienen las personas y cómo, a partir de sus recursos disponibles, lograr el bienestar y la mejora continua. Este enfoque lo iniciamos en el 2019 y lo hemos estado incorporando en el acompañamiento a giras, en el conocimiento de las comunidades y en propiciar que se articule lo que se puede desde la municipalidad”, mencionó la Lic. Elizondo.

Los primeros logros ya se hacen evidentes. Tres comunidades del cantón este 2023 cumplen dos años o más de estar participando en el Programa de Mejoramiento de Vida. Estos son: el distrito de Puerto Viejo, Cerro Negro y la comunidad de Río Magdalena. El enfoque ha permitido que la comunidad pueda trabajar temas de jornada diaria, comunicación y alimentación.

“El enfoque le dice a la comunidad coman rico, coman saludable, cuiden su salud y produzcan con lo que tienen disponible. Además, se ven temas sobre cómo manejamos nuestras finanzas y cómo las ordenamos. El enfoque no busca que las familias se conviertan en productoras a gran escala, sino que puedan ser capaces de tener una estabilidad financiera que les permita un balance y un acceso económico y oportuno a los alimentos”, completó la Lic. Elizondo.

A eso se le añade el empoderamiento que ganan las comunidades, al romper las barreras culturales e incentivar el trabajo en equipo desde las necesidades de la zona. Todos y todas se involucran gracias a diferentes metodologías participativas y el trabajo interinstitucional (academia-organizaciones-instituciones).

“Sarapiquí es un cantón meramente rural, con capacidades para la producción, para la agricultura y para la ganadería. Estas metodologías nos acercan a poder entender qué es lo que las comunidades pueden hacer, cuáles son sus capacidades y cómo pueden desarrollarse”, profundizó Elizondo.

Llama la atención que Costa Rica tenga importantes índices de sobrepeso y obesidad cuando posee un alto precio de los alimentos. Para las y los nutricionistas, gran parte se debe a que las familias terminan por inclinarse a consumir comidas más baratas y poco nutricionales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

Santa Bárbara saludable

Otro ente que compartió sus experiencias fue la Municipalidad de Santa Bárbara. El Ing. Victor Manuel Hidalgo Solís, alcalde de esa municipalidad, habló sobre la política cantonal en seguridad alimentaria y nutricional que han implementado. El esfuerzo se enfoca en unir todas las acciones que se realizan desde la individualidad y generar un trabajo permanente que, a su vez, se adapta al día a día con base en las nuevas necesidades y cambios.

“Santa Bárbara es un cantón ubicado en Heredia. Somos un territorio en el cual la agricultura ha sido la base desde tiempos atrás y, para nosotros, un eje importante es la reactivación de la economía, específicamente, poder producir. Lo que nosotros actualmente producimos se va, no lo comemos. Nuestra feria del agricultor viene de afuera y la plata se va. Vienen agricultores de otros lugares y son muy pocos, o casi nada, los agricultores del cantón que logran poder posicionar sus productos”, expuso el Ing. Hidalgo.

Justamente, esa es una de las realidades que se busca cambiar, y más, si se toma en cuenta los retos actuales que amenazan la producción nacional, como el cambio climático, la escasez de agua, la escasez de alimentos, los residuos, los plásticos, la economía y la salud.

“Somos un país agrícola con una tierra riquísima para cultivar, pero ya nadie quiere cultivar. Todo el mundo quiere vender las herencias, quiere construir casas y nadie está pensando en la comida. ¿La traemos de otros países? ¿Qué pasa si vuelve otra pandemia? ¿Y si nos cierran las fronteras qué vamos a comer? ¿Cemento? Estas cosas nos preocupan y, sobre todo, por las nuevas generaciones”, enfatizó Hidalgo.

La idea, comentó el alcalde, es sacarle provecho a la gran cantidad de tierra que tiene disponible Santa Bárbara, así como ríos y fuentes importantes de agua para sostener proyectos de agricultura. ¡Claro! También se contempla la economía circular que fortalezca el reciclaje y la creación de abono mediante el compostaje.

Por eso, hoy Santa Bárbara tiene una política basada en el consumo saludable que engloba la nutrición, la calidad de vida y la salud de la población. Para el alcalde, la prioridad es sembrar y que los agricultores de la zona puedan vender la comida en el cantón. Además, generar espacios permanentes para la agricultura que no se pierdan en el tiempo.

¡Ya la cosecha se está recogiendo! Al día de hoy ya se han logrado más de 30 acciones materializadas, precisó el Ing. Hidalgo.

Entre ellas están las campañas de recolección de residuos de manejo especial, educación ambiental, modernización de un sistema de riego cantonal, reintegración al clima local de semillas, seis fincas bajo programa de agroinnovación tecnológica para reducir los agroquímicos y hasta fincas en el Programa de Bandera Azul.

Un camino por delante

Si bien Costa Rica ha tenido grandes avances, aún falta un largo trayecto por recorrer y una deuda pendiente por pagar.

Wagner Suazo sostuvo que en el pasado hubo una destrucción sistemática del agro que inició a mediados de los años 80 por ajustes de corte neoliberal. Además, desde su criterio, Costa Rica experimentó fuertes cambios en el modelo de desarrollo. Por ejemplo, pasamos de ser un país agricultor a ser un productor de servicios.

También, se pasó de apoyar la producción local a la atracción de inversión extranjera directa la cual, “hay que decirlo: es un fracaso. El desempleo no ha dejado de subir. En los últimos 30 años, tenemos 25 % de pobreza. La mitad de las personas que trabajan en este país lo hacen desde la informalidad. Entonces, es una apuesta que salió bastante mal”, aseveró Suazo.

Ante esto, y a pesar de las políticas a nivel país realizadas y de las acciones efectuadas por los gobiernos locales, es claro que el pasado generó intereses por saldar, con la gran diferencia de que hoy hay menos recursos.

“Solamente el año 2018 a 2022, el presupuesto anual de las instituciones del sector agropecuario se redujo casi en 30 000 000 000 de colones. En este contexto, nos parece que el rol de los gobiernos locales se vuelve clave para fomentar el reconocimiento, la visibilización y el apoyo. Cuando decimos reconocimiento desde lo asociativo, se trabaja mucho desde la parte de emprendimiento individual, pero hay que reconocer que la producción de alimentos se hace de manera asociativa y hay que tener claridad de las implicaciones que tiene ese tipo de particularidades”, mencionó Suazo.

Así, el experto añadió que se deben hacer nuevos marcos normativos, generar más espacios de diálogo, promover la capacitación de actores en economía social, apoyar el fortalecimiento organizativo y estimular la demanda social.

Por último, Raquel Hernández, nutricionista de la Municipalidad de Santa Ana, platicó sobre el proyecto de gobiernos locales de la FAO. La iniciativa busca apoyar la sensibilización y la educación a los líderes y tomadores políticos de decisiones en temas de seguridad alimentaria y nutricional.

Desde la FAO, comentó Hernández, se da acompañamiento, seguimiento y articulación para que cada gobierno local pueda ir trazando una ruta hacia la seguridad alimentaria nutricional, con acciones cada vez más concretas y debidamente institucionalizadas.

“Cuando un gobierno local trabaja la seguridad alimentaria y nutricional, no hay pérdida, todo es ganancia. Estamos trabajando en el desarrollo integral del municipio, en la calidad de vida de las personas de ese municipio y en pro de la agricultura del cantón. Es un tema que nos compete a todos”, remarcó Hernández.

El gran sueño ahora, concluyó Hernández, es que en algún momento Costa Rica tenga más oficinas de seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, que trabajen desde las municipalidades para que verdaderamente se pueda llegar a acciones concretas.

Reviva todo el conversatorio aquí

 

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Sala Constitucional declara con lugar recurso de amparo por contaminación con clorotalonil en Santa Rosa de Oreamuno de Cartago

Gracias a la acción constante y bien fundamentada del Frente EcoCipreses, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso orientado a garantizar la salud de la población.

Puede verse un detalle del proceso mediante este enlace:

https://surcosdigital.com/?s=Frente+EcoCipreses

SURCOS comparte el documento con la resolución de la Sala Constitucional.

Prueba de esfuerzo físico para valorar su actual condición física, rendimiento atlético y comportamiento cardiaco

FUNDACIÓN CAMINANTES DE COSTA RICA

Cedula Jurídica 3006-514690

Aplicación prueba de esfuerzo físico, para valorar su actual condición física,  rendimiento atlético y comportamiento cardiaco

DESCRIPCIÓN

La presente opción es una alternativa para que toda persona que tome la decisión de iniciar la actividad física o reiniciar un proceso de acondicionamiento físico deba tener presente.

La aplicación de una prueba de esfuerzo físico básica es una medición muy importante que nos da una referencia de nuestro actual estado de condición física.

DÍA: 10 Junio 2023

HORARIO DE APLICACIÓN: 7.00 am

LUGAR: UCR.

INSCRIPCIÓN ABIERTA.

COSTO: Contribución voluntaria.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Medir a través de la ejecución  de una secuencia de ejercicios al aire y por parte del participante su estado físico actual, su rendimiento corporal y muy importante su comportamiento cardiaco.

Cada uno de los ejercicios ejecutados nos dará un porcentaje de valoración en la persona en los elementos de equilibrio, fuerza, potencia, coordinación psicomotora, resistencia y concentración.

Lo anterior se complementa con un trote o caminata sobre una determinada distancia y aquí mediremos la frecuencia cardiaca (FC), de previo su presión arterial (PA) al igual que en todos los ejercicios a realizar.

La inscripción la pueden realizar a través de nuestro correo y les estaremos enviando su ficha personal, que debe ser llenada y reenviada a la dirección abajo indicada.

Contamos con más de 50 años de experiencia en el deporte nacional e internacional y en especial en la población de adultos mayores.

El resultado le será enviado a su respectivo correo.

La salud es el bien más preciado de todas las personas, cuidémoslo.

FUNDACION CAMINANTES DE COSTA RICA

Correo-e  caminantecostarica@yahoo.com / Telefono. 71894252

Imagen ilustrativa, UCR.

Nuestras razones para oponernos al Proyecto No. 21.182

El Colectivo Mujeres por Costa Rica manifiesta su oposición al Proyecto de Ley Número 21.182 que extiende las jornadas laborales a 12 horas sin pago de horas extra (proyecto 4/3).

La sólida democracia costarricense se ha consolidado en el respeto a la búsqueda de bienestar para toda la población. Consideramos que este proyecto representa un retroceso en los derechos laborales, que afectará a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El Estado no puede promover un crecimiento económico que perjudique a los más desfavorecidos, sino que, por medio de sus políticas públicas, debe buscar un desarrollo acorde con las tradiciones legales, institucionales y democráticas de nuestra historia, que han sido garantía de la paz social.

Quienes defienden el proyecto lo hacen en el nombre de la productividad empresarial. Curioso argumento, que desconoce las discusiones dadas en países europeos.  En varios países desarrollados se ha constatado una relación inversa entre duración de las jornadas laborales y productividad: a jornadas MENOS largas, la productividad es MAYOR. Costa Rica se convertiría en uno de los países de la OCDE con jornadas laborales más largas, puesto que otros países miembros de esa organización tienen jornadas de 35 o 36 horas por semana. Otro argumento dado por sus defensores es de que la aprobación de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra atraerá más inversión y generará más empleos. Este es otro curioso argumento, que olvida que Costa Rica ha logrado atraer empresas por la calidad de la mano de obra y su estabilidad política, no por ofrecer empleo precarizado. Las empresas que funcionan actualmente con jornadas de 8 horas, mantienen tres turnos; si se pasan a jornadas de 12 horas, solo emplearán la cantidad requerida para dos turnos.

Varias son las razones que nos ponen en alerta contra este proyecto:

  1. Impacto en la salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el deterioro en la salud física y psicológica de las jornadas laborales largas, como es el caso de las 12 horas. En sectores bien remunerados como en el caso de quienes laboran en computación, se llega al llamado “burn out”.  Con mucha más razón en ocupaciones expuestas al ruido de máquinas, a agentes químicos, a altas o bajas temperaturas durante largas horas, a las vibraciones de máquinas. Esta situación produce más accidentes laborales, fatiga crónica, problemas cardio vasculares, intoxicaciones, sordera, trastornos del sueño, estrés. En el caso de las mujeres, debido a la manera como se ha establecido la división del trabajo, a estas jornadas prolongadas se suman las horas de trabajo no remunerado en el hogar: cuidado de los niños y de las niñas, labores domésticas, cuido de personas adultas mayores o con alguna discapacidad.  El desgaste físico y emocional para las mujeres será mayor, haciendo tambalear el sostén afectivo necesario que requieren las personas a su cargo y perjudicando de manera más destructora el bienestar de esas mujeres.
  2. Retrocede en el derecho a la creatividad, al descanso, al disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones. La jornada de 8 horas, establecida desde inicios del siglo pasado, dio derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas recreativas. En Costa Rica se estableció en 8 horas desde la aprobación del Código del Trabajo de 1943, se incorporó a la Constitución de 1949 y se ratificó con la firma del convenio 1 de la OIT, ratificado por Costa Rica el 20 de enero de 1982. La jornada de 12 horas arrebata esos derechos, pues los días libres tendrán un trabajo doméstico acumulado y un cansancio tal que no habrá tiempo para desarrollar cualquier otra actividad a la que toda persona tiene derecho.
  3. Significa para las mujeres un factor de exclusión más del mercado laboral: la pandemia demostró con claridad algo que las mujeres conocíamos, es decir, que en los mercados laborales son muchos los factores que se presentan en contra de las mujeres, tales como dificultades para ascender a puestos de mando, rechazo velado a mujeres embarazadas, menor pago a las mujeres por igual trabajo, etc.  Los datos del INEC muestran que la pérdida de empleo en este año ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres: comparando los datos de setiembre del 2022 con los de abril 2023, hay 110 mil mujeres menos en el mercado laboral. Las jornadas de 12 horas significarán más cantidad de horas pagadas por el cuido de los niños y las niñas. El proyecto presentado, además, al eliminar el pago de esas horas extra, hará aumentar los gastos de cuido sin contar con el pago de horas extra. Si no se paga ese cuido, la calle será el refugio de niños, niñas y adolescentes durante esas horas. La situación se complica entonces mucho más para las mujeres. No podemos olvidar el drama de los hogares monoparentales (la mayoría de los cuales tiene una mujer como jefa de familia) ante esa situación.
  4. El proyecto 4/3 repercute de manera negativa en la vida familiar: con jornadas extenuantes, sumadas a las horas de trayecto desde y hacia la casa, afectarán la dinámica de pareja, los niños, niñas y adolescentes crecerán sin momentos de compartir vida familiar, no contarán con el apoyo cotidiano en sus tareas, no tendrán momentos de ser escuchados y acompañados por sus padres. ¿Quién los lleva y trae para ir a la escuela? Los horarios de los días libres para quienes viven en pareja, no siempre van a coincidir, provocando trastornos a la relación. En hogares monoparentales la situación de los hijos e hijas se agravaría aún más. Las tareas de cuidado de la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, no se pueden posponer, ni ajustarse a 4 días no se cuidan y tres días sí se cuidan.
  5. Cierra las posibilidades del ascenso social vía educación: pese a que esa vía de movilidad social se ha dificultado cada vez más, permanece aún para muchas personas la posibilidad de estudiar fuera de las horas de trabajo y lograr, no solo su desarrollo como persona, sino abrirse oportunidades de mejoras futuras en su situación económica. Con la jornada de doce horas es imposible para quienes trabajan, estudiar después de cumplir su jornada.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica hace un llamado a los diputados y las diputadas para que cumplan con la tarea de salvaguardar las condiciones de vida de las y los costarricenses, a velar por el bienestar de toda la población. Les instamos a rechazar el Proyecto de Ley Número 21.182, que produciría efectos nefastos en la vida de muchas personas, sobre todo mujeres, personas con alguna discapacidad, niñas, niños y adolescentes y haría tambalear los cimientos de nuestra democracia.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica

Dra. Nora Garita Bonilla
M.Sc. Sandra Cartín Herrera
Ana Helena Chacón Echeverría, Exvicepresidenta de la República
Dra. Yamileth González García
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Arq. Eugenia Solís Umaña
Licda. Vera Sancho Mora
Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021
Dra. Margarita Bolaños Arquín
Periodista Erika Henchoz Castro

San José, 5 de junio de 2023

Comunidades de Cartago se empoderan del espacio y construyen un ambiente sano

La realización de huertas urbanas es parte de las actividades del proyecto. Foto Cortesía del TC-311

¡Un ambiente sano es nuestro deber y derecho!

El sentirse parte es el primer paso para conquistar grandes metas sociales

Con el objetivo de empoderar a las comunidades sobre sus derechos ambientales y brindarles herramientas para colaborar en conjunto con los gobiernos locales, el proyecto de Acción Social TC-311 “Atención primaria ambiental por la sostenibilidad de la salud” ha estado en desarrollo durante los últimos 25 años.

Este proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) lleva a cabo una serie de actividades para construir espacios de concertación que unan esfuerzos y acciones entre ciudadanas y ciudadanos, estudiantes de TCU, organizaciones y gobiernos locales, con el fin de elevar las condiciones de vida en los cantones de la provincia de Cartago.

El deterioro ambiental está generando alteraciones significativas en la salud y calidad de vida de las personas, por lo que el proyecto promueve la Atención Primaria Ambiental (APA) como una estrategia para empoderar a la ciudadanía en su entorno y ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano, destacó Ana Luisa Zuñiga, coordinadora del proyecto.

La Universidad de Costa Rica (UCR), a través del TC-311, se incorpora como un ente impulsor y mediador en la transformación de una población con deseos de cambio y soluciones a los problemas que enfrentan. Resulta crucial unir esfuerzos tanto de instituciones públicas como privadas, sin dejar de lado el papel fundamental que desempeña cada persona que conoce la problemática de su propia comunidad.

El TCU actúa como un ente articulador entre diferentes organizaciones locales, concentrándose principalmente en los cantones centrales de Cartago, especialmente en San Nicolás y su gestión de residuos. Un ejemplo destacable es el caso del distrito San Nicolás, donde se logró articular con varias personas para llevar a cabo campañas de recolección de desechos sólidos con el apoyo del proyecto.

Entre las acciones realizadas se encuentran la facilitación de charlas, capacitaciones sobre el manejo adecuado de residuos, el aprovechamiento de espacios verdes, cultivos urbanos en espacios reducidos y el cuidado del agua. Además, se promueve una alimentación adecuada y la creación de espacios verdes.

Integrante de la Asociación Específica del Adulto Mayor de San Blas de Cartago, durante el trabajo sobre espacios verdes. Foto: Cortesía del TC-311

El proyecto trabaja con diversas poblaciones, incluyendo a los niños y niñas de preescolar, algunas escuelas, jóvenes y personas adultas mayores de la Asociación Específica del Adulto Mayor de San Blas de Cartago, así como otras organizaciones locales, las ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado) y las asociaciones de desarrollo.

Recolección y clasificación de residuos sólidos en la comunidad de Ochomogo. Foto Cortesía del TC-311

Zuñiga destacó el papel histórico del TCU y la Universidad como un ente neutral, técnico y apolítico, lo cual es ideal para facilitar el trabajo con ciertos grupos que de otra forma no colaborarían juntos.

María José Ruiz Cerdas, integrante de la Comisión Ambiental de San Nicolás y Colectivo Morpho, destacó cómo el TCU los ha acompañado en los esfuerzos de campañas de reciclaje, recolección y separación de residuos, ferias ambientales, y estuvo presente en la formación de la Comisión de Medio Ambiente que ha realizado actividades en La Lima, Quircot y Ochomogo, además de campañas de reforestación del Río Reventado.

«Me parece muy necesario para las comunidades y, de mi parte, han ayudado a la comunidad a tener un sentido de pertenencia y valor hacia nuestro entorno», finalizó Ruiz.

 

Esteban Umaña Picado
Periodista Comunicación Vicerrectoría de Acción Social, UCR

Gestión institucional de los plaguicidas en el país a la deriva sentencia la Contraloría

Comunicado de Bloque Verde

  • MAG no podría seguir emitiendo decretos unitariamente sino coordinadamente

Como hemos estado viendo en los últimos días: cargamentos contaminados de melones devueltos de Europa, reportajes internacionales, la contaminación el agua de Cartago y Río Cuarto, Escuelas y la niñez fumigadas en la Zona Norte, productos agrícolas con restos de venenos que superan el límite permitido en las ferias del agricultor y uno de los agroquímicos más mortíferos de las abejas sin ninguna prohibición, son evidencias de la falta de planes para el control y fiscalización del uso de plaguicidas para actuar de forma preventiva y no reactiva, como evidencia un reciente informe de la Contraloría General de la República.

Según el informe N.º DFOE-SOS-IAD-00002-2023 los ministerios no coordinan de oficio esas labores y solo reaccionan a desastres ambientales, es decir con todos los eventos de emergencia que se intensifican año con año y no hay planes para prevenir contaminación con plaguicidas.

La contraloría también recuerda que Costa Rica es uno de los países con mayor consumo de plaguicidas según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Otro aspecto importante que deja ver el informe es la división que hay entre el bloque de ministerios de Salud, Ambiente y el MAG, pues si bien los primeros sugieren prohibiciones el MAG veta, atrasa y cuestiona todas las sugerencias del ambiente y la Salud, como ha sido evidente en el caso de fipronil que no ha sido prohibido su uso agrícola como determinaron informes técnicos que la Sala constitucional mandó a pedir. El MAG amparado en que el uso agrícola es su competencia de dedica no hacer nada y justificarlo de manera muy detallada. Esto también se evidencia, una vez más, en un reciente informe emitido por los equipos técnicos del Ministerio de Salud, el MINAE y AYA, donde recomiendan la prohibición del clorotalonil, pero el MAG continúa guardando silencio, con tal de seguir manteniendo el peligroso plaguicida en el mercado y en el agua de la tubería en Cartago.

La contraloría asegura que la coordinación institucional: “Es importante recalcar que mediante el control se pueden detectarse causales de cancelación del registro de plaguicidas y sacar de circulación aquellos que, por ejemplo, aún utilizados bajo las recomendaciones de uso, representan un riesgo inaceptable para la salud, el ambiente y agricultura; son ineficaces para todos los usos aprobados por el SFE; o bien cuando por razones de afectación a la salud o al ambiente, se encuentran prohibidos en el ochenta por ciento de países de la OCDE o el producto registrado por la modalidad de homologación es cancelado o desautorizado por la autoridad reguladora del país miembro OCDE” ( pg. 18).

Esto último sería un paso muy importante porque el interés comercial de los vendedores de venenos y transnacionales es inscribir usando el registro europeo, pero cuando se habla de prohibir moléculas usando el mismo criterio y para lo cual hay normativa vigente ha sido hasta ahora imposible de aplicar. Es decir, lo que es bueno para el ganso debe ser para la gansa, pero sabemos que somos el basurero de productos prohibidos en Europa porque tiene un gran margen de ganancia para los que lucran a costa del ambiente y la salud pública.

La disposición final del informe ordena a las personas jerarcas de MINSA, MINAE y MAG “Definir, oficializar, divulgar e implementar de forma conjunta, la política que seguirá el país en cuanto a la gestión de los plaguicidas y los patrones de uso en Costa Rica en el corto mediano y largo plazo, que direccione el actuar de las instituciones competentes en la materia hacia un propósito común y de forma coordinada. Dicha política deberá incorporar objetivos, metas, actividades, roles, responsabilidades y seguimiento, con el fin de proteger el ambiente, la salud humana y la seguridad alimentaria”.

Informe completo en:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023007921.pdf

Únase a nosotros para promover un sistema de salud inclusivo y participativo en Colombia

Prisma Latinoamérica publica un mensaje que hace un llamado a los colombianos para que se unan a la promoción de un sistema de salud inclusivo y participativo en Colombia. Existe un gran debate en Colombia sobre la reforma de la ley de salud, donde se plantea incorporar el sistema de salud de Costa Rica, que contó con una etapa primordial para un estado pleno unido. 

Dicha etapa es el “hospital sin paredes” donde se levantó caso por caso información de la comunidad para combatir las enfermedades. “Un sistema de salud que transformó vidas en Costa Rica y que es posible replicarlo en Colombia. Por un futuro en el que nadie se quede sin atención médica, donde cada vida importa y todos tenemos la oportunidad de contribuir al bienestar de nuestra comunidad”, mencionó Prisma Latinoamérica. 

Para escuchar el mensaje y la explicación del sistema ingrese en el siguiente enlace:  https://fb.watch/kTi3dpAd8F/?mibextid=ya87ob

 

Imagen ilustrativa, Hospital Sin Paredes.

Sentires y Saberes: ¿Qué está pasando en Quebrada Honda de Patarrá? Conversamos con Julio Rojas sobre las Carboneras

Observatorio de Bienes Comunes

Salimos a la calle y visitamos a la comunidad de Quebrada Honda de Patarrá, donde conversamos con Julio Rojas sobre el impacto de las actividades relacionadas a las carboneras  en la vida comunitaria, nos ayuda a comprender las implicaciones ambientales y en la salud de las personas.

Para escuchar el programa, haga clic en este enlace.

29 de mayo Día Nacional de las Personas con Discapacidad

Los productos de asistencia: requisito indispensable para la integración social.

Dr. Federico Montero Mejía
Especialista en Medicina Física y Rehabilitación
Miembro de Número de ACANAMED

Durante los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado varios documentos que resultan muy importantes, para convencer y ayudar a las autoridades de salud de todos los países, acerca de la importancia de los productos de asistencia.

Uno de los documentos es el llamado “Lista de Productos de Apoyo Prioritarios”, con el propósito de “mejorar el acceso a ayudas técnicas de calidad y a un precio asequible, en todos los países”. Dicha lista, al igual que la lista de medicamentos esenciales, es una guía que puede ser aprovechada por los sistemas de salud y servicios sociales de todo el mundo, con el fin de garantizar servicios integrales y equitativos a sus habitantes. El otro documento relevante, es el “Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia”. En este reporte se señala que:

  • La tecnología de asistencia incluye a todos los sistemas y servicios relacionados con la utilización de productos de asistencia y la prestación de servicios que los proveen y los distribuyen.
  • Los productos de asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para manejarse, con lo que promueven su bienestar.
  • Audífonos, sillas de ruedas, elementos de apoyo a la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros o recordatorios son algunos ejemplos de productos de asistencia.
  • En todo el mundo hay más de 2500 millones de personas que necesitan por lo menos un producto de asistencia.
  • Tomando en cuenta el envejecimiento de la población mundial y el aumento de las enfermedades no transmisibles, para 2050 habrá más de 3500 millones de personas que necesiten como mínimo un producto de asistencia, y muchas personas mayores a las que hagan falta 2 o más.

De acuerdo con la OMS, la tecnología de asistencia permite a las personas llevar una vida sana, productiva, independiente y digna y tomar parte en la educación, el mercado laboral y la vida social. La tecnología de asistencia reduce la necesidad de servicios oficiales de salud y apoyo y de atención crónica, así como la carga de trabajo que recae en los cuidadores. La falta de acceso a esta tecnología, ocasiona que muchas personas queden excluidas y aisladas de las actividades de la sociedad, llevándoles muchas veces a tener que vivir en la pobreza. Esto obviamente empeora las consecuencias de una enfermedad o discapacidad para la propia persona, su familia y la sociedad en general, pues aumenta significativamente los gastos por parte de los servicios de salud y otros servicios.

En la presentación del informe, el Director General de la OMS, expresa que “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.

Pero es importante saber que los productos de asistencia, no son requeridos solamente por aquellos a quienes nosotros generalmente conocemos como “personas con discapacidad”. También son requeridos por

  • las personas mayores;
  • las personas con enfermedades no transmisibles como diabetes;
  • las personas con condiciones de salud mental como la demencia o el autismo;
  • las personas afectadas de deterioro funcional progresivo;
  • por muchos niños con dificultades de aprendizaje, pues en la actualidad existen una gran cantidad de productos de asistencia que facilitan los procesos educativos.

La legislación nacional como la Ley 7600 principalmente en sus Artículos 3, 4, 5, así como la legislación internacional como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país fue promulgada como Ley No. 8661, obliga a que las instituciones públicas que proporcionan servicios de salud y otros, garanticen la provisión de los productos de asistencia para todas las personas que los requieran.

Pero lamentablemente, a pesar de esta legislación que el Estado en general y el gobierno en particular tienen la obligación de respetar, vemos como recientemente el gobierno  propone gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, lo cual obviamente no solo refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, sino que ignora las recomendaciones de la OMS que hemos mencionado, y la legislación que tiene la obligación de cumplir.

Se olvida también, que la pandemia que hemos vivido con muchos dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero. Y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados, por lo que no podrían adquirir estos productos a más alto costo de que ya de por sí tienen. Sabemos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no satisface todas las necesidades de la población en la provisión de estos productos, lo cual obliga a muchas personas a sufragarlas por cuenta propia.

Busquemos entre todos las mejores soluciones para que “nadie se quede atrás”, y que el acceso a los productos de asistencia sea posible para todas las personas que los necesiten. Eso es posible.

Impuesto a sillas de ruedas y otros implementos médicos elevaría la pobreza

Federico Montero Mejía

La intención del gobierno de gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, así como de las recientes recomendaciones Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con el tema.

De acuerdo con la OMS, los Productos de Asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para movilizarse, con lo que promueven su bienestar y la seguridad. Incluyen entre muchos otros: audífonos, sillas de ruedas, dispositivos para la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros y recordatorios. Se trata de artículos que son utilizados por personas de todas las edades, quienes presentan alteraciones en alguna de sus funciones corporales, desde muy leves hasta muy severas.

Abunda la información basada en evidencias, de muchas agencias internacionales, sobre el hecho de que las personas con discapacidad están entre las más pobres de las pobres. Desde el 2011 el Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-BM) consigna esa estrecha relación entre la discapacidad y la pobreza.

La pobreza es la principal causa de la discapacidad, y una vez que una persona adquiere una discapacidad, o en una familia hay una persona con esa condición, la pobreza aumenta sustancialmente.

La pandemia que hemos vivido, con dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero, y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados.

Contra el aumento de los costos de los productos de asistencia como resultado del pretendido impuesto nos mantendremos firmes.

La propuesta del gobierno evidencia el desconocimiento absoluto acerca de para quiénes y para qué, son requerido dichos productos. Además de que no son exclusivos para la rehabilitación, son requeridos por muchas personas que en el mundo en general, y en nuestro país en particular, presentan limitaciones funcionales. De acuerdo con un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista The Lancet en el 2019, a nivel global 2.400 millones de personas tuvieron condiciones que les exigiría el uso de productos de asistencia. Esto representa un incremento de un 63% de 1990 al 2019.

En el reciente lanzamiento del Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia (OMS-UNICEF), el director general de la OMS, expresa que: “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.

Obviamente el aumento en el costo de estos recursos como lo pretende el gobierno contribuiría no solo a exacerbar un alza de la pobreza, sino también el aislamiento social de muchas personas, con las consecuencias que esto conlleva: complicaciones que aumentarían la demanda de los servicios de salud y consecuentemente mayores gastos por parte de ese sector, y mayor daño a la salud física y mental de muchas personas y familias, entre otros.

También constituye una clara violación a los derechos de las personas e incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado mediante la Ley número 8661.

¿Ignora el gobierno los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado? Ignora la existencia de la Ley 8661?. Todo indica que sí.

Con mucha vergüenza, constatamos como costarricenses que estas decisiones del gobierno que afectan la salud y la integración social de muchas personas se pondrán en evidencia en todas las denuncias que se expondrán en los informes de las agencias internacionales.

Con planteamientos como este, el gobierno de la República suma otro agravante al estado de segregación y pobreza de muchos de sus habitantes y viola principios y derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la libre movilización, al trabajo y a la educación, entre muchos otros. Y todo ello, no solo como consecuencia de su descontrolado e inhumano afán por recaudar fondos a como dé lugar. Peor aún: el gobierno hace caso omiso de los acuerdos sobre derechos humanos que nuestro país ha asumido como propios, y que todos tenemos la obligación de respetar y cumplir.

 

Imagen ilustrativa: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste