Federico Montero Mejía

La intención del gobierno de gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, así como de las recientes recomendaciones Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con el tema.

De acuerdo con la OMS, los Productos de Asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para movilizarse, con lo que promueven su bienestar y la seguridad. Incluyen entre muchos otros: audífonos, sillas de ruedas, dispositivos para la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros y recordatorios. Se trata de artículos que son utilizados por personas de todas las edades, quienes presentan alteraciones en alguna de sus funciones corporales, desde muy leves hasta muy severas.

Abunda la información basada en evidencias, de muchas agencias internacionales, sobre el hecho de que las personas con discapacidad están entre las más pobres de las pobres. Desde el 2011 el Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-BM) consigna esa estrecha relación entre la discapacidad y la pobreza.

La pobreza es la principal causa de la discapacidad, y una vez que una persona adquiere una discapacidad, o en una familia hay una persona con esa condición, la pobreza aumenta sustancialmente.

La pandemia que hemos vivido, con dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero, y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados.

Contra el aumento de los costos de los productos de asistencia como resultado del pretendido impuesto nos mantendremos firmes.

La propuesta del gobierno evidencia el desconocimiento absoluto acerca de para quiénes y para qué, son requerido dichos productos. Además de que no son exclusivos para la rehabilitación, son requeridos por muchas personas que en el mundo en general, y en nuestro país en particular, presentan limitaciones funcionales. De acuerdo con un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista The Lancet en el 2019, a nivel global 2.400 millones de personas tuvieron condiciones que les exigiría el uso de productos de asistencia. Esto representa un incremento de un 63% de 1990 al 2019.

En el reciente lanzamiento del Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia (OMS-UNICEF), el director general de la OMS, expresa que: “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.

Obviamente el aumento en el costo de estos recursos como lo pretende el gobierno contribuiría no solo a exacerbar un alza de la pobreza, sino también el aislamiento social de muchas personas, con las consecuencias que esto conlleva: complicaciones que aumentarían la demanda de los servicios de salud y consecuentemente mayores gastos por parte de ese sector, y mayor daño a la salud física y mental de muchas personas y familias, entre otros.

También constituye una clara violación a los derechos de las personas e incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado mediante la Ley número 8661.

¿Ignora el gobierno los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado? Ignora la existencia de la Ley 8661?. Todo indica que sí.

Con mucha vergüenza, constatamos como costarricenses que estas decisiones del gobierno que afectan la salud y la integración social de muchas personas se pondrán en evidencia en todas las denuncias que se expondrán en los informes de las agencias internacionales.

Con planteamientos como este, el gobierno de la República suma otro agravante al estado de segregación y pobreza de muchos de sus habitantes y viola principios y derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la libre movilización, al trabajo y a la educación, entre muchos otros. Y todo ello, no solo como consecuencia de su descontrolado e inhumano afán por recaudar fondos a como dé lugar. Peor aún: el gobierno hace caso omiso de los acuerdos sobre derechos humanos que nuestro país ha asumido como propios, y que todos tenemos la obligación de respetar y cumplir.

Imagen ilustrativa: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste