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Etiqueta: sindicatos

Lucha de sindicatos de la CCSS por pago de la deuda salarial logra sustento en Contraloría General de la República

Ha sido constante la lucha por parte de los sindicatos para que se les realice el pago de la deuda salarial y que el gobierno en las últimas semanas ha intentado boicotear. En tal sentido, se les hizo llegar una respuesta al oficio presentado por las organizaciones, mediante el cual, se solicitaba el criterio de la Contraloría General de la República sobre aspectos relacionados con las leyes sobre política salarial, normativa fiscal y el grado de autonomía de que goza la CCSS.

En la respuesta del órgano contralor se explica que esa institución se encuentra imposibilitada de realizar un análisis del caso concreto, puesto que se pretende brindar al consultante las observaciones y el análisis técnico-jurídico general que le permita definir su situación particular, no así, sustituir a la administración o entrar a valorar una decisión ya tomada por ella.

Del mismo modo, se indica que según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, cuando se tratan de seguros con aportes tripartitos, como el de enfermedad y maternidad (cuestionado por los consultantes), todos los recursos de dicho fondo se encuentran cubiertos por la protección constitucional, imposibilitando su afectación por medio de las medidas fiscales propuestas. Todo esto constituye una excepción, en defensa de la autonomía de gobierno de la CCSS.

Se agrega que a partir de tal dimensionamiento, que fue realizado por la Sala Constitucional, el actual jerarca del Ministerio de Hacienda, estableció puntualmente, mediante el oficio n.° DM 2409-2022, que “toda la estructura programática que conforma el presupuesto de la CCSS está integrada por tres componentes, a saber: Salud; Invalidez, Vejez y Muerte; y Régimen no Contributivo, los que coinciden con las excepciones establecidas para la CCSS señaladas anteriormente, motivo por el cual no fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas”.

Por otra parte, en relación con la aplicación del principio de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera contemplado en la Constitución Política, el artículo 9 del proyecto consultado establece que la regla fiscal consiste en fijar un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central a PIB, lo que significa una regla de política económica que comprende al PANI. Sin embargo, por sí solo, esto no afecta a la Constitución Política en el tema de las autonomías. 

Respecto a todo este tema, la Contraloría General de la República concluyó diciendo:

“Al vincularse la consulta con decisiones adoptadas por la CCSS, que a su vez involucran temas para los cuales se cuenta con criterios emitidos por diferentes instancias e incluso por la asesoría legal interna; no corresponde a este Órgano Contralor pronunciarse -vía consultiva- cuya naturaleza es previa y además reservada a temas generales, sobre las interrogantes planteadas”.  

SINAE AFINES, UNEBANCO, y SINTRAJAP hablan de frente común con sindicatos privados

Se reúnen para conversar sobre las políticas públicas, acciones del gobierno, que son a través de estas estrategias que le dan respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Se puede entender como uso estratégico de recursos para liberar los problemas nacionales. Esta es la preocupación de un grupo de organizaciones sindicales que han visto que estas políticas públicas no resuelven los problemas de los ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras del sector del mercado laboral. Es por eso que estas organizaciones sindicales han tomado un acuerdo y una decisión de unirse para crear estrategias que puedan establecer un cambio en esas políticas públicas.

Gracias a esta iniciativa y esfuerzo que realiza los sindicatos se quieren dar una perspectiva diferente a estas políticas públicas, como dar en concesión en obra pública, dar un bono de sesenta mil colones a los trabajadores o bien permitir que las operadoras revolucionan y usen los recursos de los trabajadores para invertir fuera del país, mientras otros países invierten en sus fondos en nuestro país. Son algunas de las cosas que se han hecho, este grupo de trabajadores tienen una mentalidad diferente a lo que se está proponiendo. 

El señor secretario general del sindicato nacional de enfermería, menciona que este proceso de unidad en acción sindical nace aproximadamente hace dos meses con el propósito de defender el estado social de derecho en nuestro país, para tener un equilibrio en el desarrollo económico y social. Estas instituciones públicas que han permitido a todos los costarricenses indistintamente de su condición social, de su condición de género, poder optar por las riquezas que tiene el país y cuando se habla de estas riquezas refiere a estas instituciones que brindan un servicio que son esencial para la dignidad humana, seguridad ciudadana, educación pública y acceso a la banca.

Donde se refiere a un estado social de derecho que les permita a todas y todos los costarricenses contar con servicios de salud y con un fondo de pensiones para el momento de su jubilación. Destacar que a través de las políticas de los últimos años hemos visto este debilitamiento estructural en estas instituciones y que este gobierno actual no escapa de esta realidad con una política muy agresiva. Por tanto este grupo nació con el propósito de defender el estado social de derecho. Para llevar esa equidad entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por otro lado, con el propósito de defender y propiciar los derechos laborales y las libertades sindicales. Ese es el motivo por el cual este grupo anunció esta unidad en la acción sindical donde vendrán acciones muy concretas donde trate de articular con el sector.

Estas organizaciones sindicales quieren establecer estrategias de alianza con organizaciones sociales y fuerzas del país a través del diálogo y la concentración social con la finalidad de tener una verdadera incidencia positiva en la política pública que se ejecuta e impulsa desde la asamblea legislativa y el poder ejecutivo. Para promover y defender los derechos fundamentales en el trabajo considerando lo comunal, la protección del medio ambiente así como también cualquier modelo de desarrollo humano. 

Muy pronto las acciones que realizará esta unidad sindical se va a hacer escuchar y los ciudadanos que desean participar, pueden unirse a alzar la voz, aquí pueden encontrar un buen momento, un buen lugar para poder cuestionar todas las políticas públicas que no solo afectan a los trabajadores públicos sino a cada ciudadano que está en su casa, pero aquí está la unidad sindical precisamente para ir contra esas políticas públicas que no son en beneficio de los y las trabajadoras del país. 

 

Imagen ilustrativa.

UNI Global UNION en contra de la venta del BCR e INS

UNI Global Union es la voz de 20 millones de personas trabajadoras del sector de servicios del mundo entero. A través de 900 sindicatos afiliados, UNI representa a trabajadores y trabajadoras en 150 países y en todas las regiones del mundo. UNI representa a los trabajadores de los sectores de Limpieza y Seguridad, Comercio, Finanzas, Juegos de Azar, Gráficos y Embalaje, Peluqueros y Esteticistas, Medios de Comunicación, Espectáculo y Artes; Correos y Logística, Seguro Social, Deporte, Trabajadores Temporales y de Agencias y Turismo.

Dos de sus representantes se han posicionado respecto al proyecto de ley del Gobierno de Costa Rica, que pretende vender el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros. Citan el caso de Argentina, un país en el que se comenzó vendiendo acciones de los bancos estatales, con porcentajes similares como los que se pretende en Costa Rica (un 49% de las acciones del INS); sin embargo, todas las funciones sociales se perdieron poco a poco y terminó siendo de dominio privado.

Consideran que el problema con esta privatización, es el deshacerse de una herramienta financiera a largo plazo que pertenece al Estado y le da solvencia económica por medio de sus utilidades, por una disminución realmente simbólica del 3% de la deuda pública. Pero además, no solo en términos económicos, las afectaciones repercuten en el apoderamiento del Estado y la afectación a toda la institucionalidad pública.

Además, se refieren al caso de la pandemia, escenario global de crisis y de consecuencias nunca antes vistas, pero a pesar de ello, un país como Costa Rica se sostuvo gracias a su estructura pública y al financiamiento de bancos estatales para las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto también destacan el papel del INS para cubrir condiciones de salud que por lo privado, hubiese sido inviable para la mayor parte de la población.

Finalmente, reflexionan sobre la tendencia creciente de América Latina y Costa Rica, de limitar la libertad en los derechos de negociación colectiva, diálogo social y sindical. Consideran que es necesario que el Poder Ejecutivo escuche las opiniones de las organizaciones y sindicatos, previo a cualquier ejercicio de toma de decisiones.

 

Información compartida con SURCOS por Alejandra Apuy Alvarado.

Fentragh y sindicatos de la agroindustria se movilizaron al MTSS

Foto: Fentragh

Tras el cierre del seminario “La plaga de los agrotóxicos”, organizado por Fentragh y Rel UITA con el apoyo de FES, SINAE y ANDE, delegados y delegadas de sindicatos agroindustriales se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Rel UITA

Mostrando pancartas y banderas de la Fentragh y la Rel UITA, trabajadores y trabajadoras del banano, palma africana y piña exigieron respuestas inmediatas a las denuncias y solicitudes de inspecciones presentadas hace meses, así como los resultados de las que ya fueron realizadas.

“Desde el año 2019 venimos presentando denuncias y reclamos y no han avanzado. El 10 de agosto de este año nos reunimos con las nuevas autoridades y presentamos un documento con nuevas denuncias. Han pasado dos años y no hay respuestas”, dijo Maikol Hernández, secretario general de Fentragh.

“Es una grave falta de atención a los trabajadores agroindustriales y es por eso que, una vez concluido el seminario, decidimos venir hasta aquí para que nos escuchen, atiendan las solicitudes de los sindicatos y se instale una mesa de diálogo”, explicó el dirigente sindical.

En este video, dirigentes de Sinatraa, Sitrapa, Sintrapybcr y Fentragh explican las razones de este plantón de protesta.

Video Fentragh | Rel UITA

El suicidio de los sindicatos

Hay que atacar el sistema en su raíz, no ser cómplices y defender privilegios que desvían la atención de los verdaderos problemas del país.

Miguel Sobrado. 19 agosto, 2019*

Afectar la salud y provocar el malestar de los asegurados, en un momento cuando se responsabiliza a los privilegios pagados a los empleados públicos del déficit fiscal del Gobierno Central y el mal funcionamiento del Estado, no parece cuerdo ni inteligente.

Por ese camino terminarán por destrozar las organizaciones sindicales y su capacidad de incidir en los cambios que necesita el país para superar el patrimonialismo del sistema o capitalismo de cuates, donde se incuba la corrupción y contagia a casi todo el aparato público.

El movimiento sindical, tanto del sector privado como público, debe poner su atención en garantizar servicios públicos eficientes y de buena calidad. Que nos sirvan a todos para el mejoramiento de la sociedad y la continuidad y estabilidad institucionales.

Hay que encontrar las causas en el sistema, que, muy acertadamente, Denise Dresser llama “capitalismo de cuates”, como he explicado en artículos anteriores.

Hay que preguntarse por qué las medicinas son más caras en nuestro país que en gran parte del mundo; por qué las carreteras son más caras, su construcción más lenta y pagamos más por el cemento, el transporte público y los créditos.

Hay que atacar el sistema en su raíz, no ser cómplices y defender privilegios que desvían la atención de las verdaderas causas sistémicas.

El sindicalismo, si quiere permanecer como lo que debe ser, un movimiento social que defiende sus legítimos intereses y propicia el cambio, pero no procura privilegios, debe recuperar las banderas solidarias de la salud y el buen servicio público y jamás recurrir al maltrato de los enfermos, que son trabajadores igual que ellos.

Actuar de manera irresponsable, como lo hicieron durante la huelga de la Caja Costarricense de Seguro Social, es ignorar el clima de repudio que generan sus acciones y su debilidad estratégica en la actual coyuntura, en la cual los medios han logrado ubicarlos como responsables de la crisis nacional. Es poner la cabeza bajo la guillotina en el momento en que el verdugo está listo para dejarla caer.

miguel.sobrado@gmail.com

El autor es sociólogo.

* El autor comparte con SURCOS esta reflexión dada su actualidad.

Sindicatos del Bloque Salud-CCSS en defensa de la autonomía de la CCSS

COMUNICADO DE PRENSA

El Bloque Salud-CCSS, que reúne a las organizaciones más representativas de la Caja Costarricense de Seguro Social, Sindicatos de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), UNIÓN MÉDICA NACIONAL, Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME), Asociación de Profesionales en Enfermería (ANPE), Unión Nacional de Empleados de la CCSS (UNDECA), Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS) y el Sindicato Nacional de Servicios de Salud (SINASS) en reunión del día de hoy, por la negativa del Gobierno de reconocer el derecho al ajuste salarial de los y las trabajadoras de la Institución y debido a la desinformación y polarización fomentada desde el gobierno de la República, respecto de la situación de la CCSS, demandamos:

  1. Exigimos respeto a la autonomía constitucional de la CCSS: Nuestro Estado de Derecho exige el respeto al principio de legalidad, que obliga a cualquier ciudadano a cumplir las leyes; por lo que debe respetarse la autonomía y la independencia del Poder Ejecutivo de que goza la CCSS, consagrados en la Constitución Política y la Ley Constitutiva de la CCSS.
  2. La Caja no está quebrada: Rechazamos las declaraciones tendenciosas que pretenden desfinanciar, desprestigiar, mercantilizar y privatizar la Caja. La Caja está solvente, como lo manifestaron y demostraron los directores de la Caja que representan a las personas trabajadoras de nuestro país, donde se manifiesta que la Institución a pesar de la pandemia y el ciberataque viene atendiendo la demandas en salud y pensiones de la población costarricense.
  3. Que el Estado pague lo que le debe a la CCSS: Éste y otros gobiernos no solo han usado a la Institución como Caja Chica, financiándose con los recursos institucionales, evidenciado por los 900.000 millones de colones del seguro de salud, actualmente destinados a ese fin. Adicionalmente, la deuda siempre creciente del Gobierno que no paga lo correspondiente a asegurados por el estado, entre otros, llega a la escandalosa suma de 2.7 billones de colones, sin contar lo adeudado por traspaso del primer nivel de atención
  4. Exigimos el pago inmediato del ajuste salarial: En virtud de que el acuerdo de ajustar los salarios en el orden de los 7.500 colones se encuentra en firme, como ha sido comunicado, las organizaciones hemos cursado un oficio exigiendo el pago inmediato del ajuste respectivo, conforme al acuerdo del 8 de setiembre pasado.

En defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y ante las maniobras para no reconocer un ajuste salarial, producto de la negociación colectiva y que está jurídica y técnicamente fundamentado, las organizaciones sindicales del Bloque hemos acordado consultar a las bases las acciones de lucha que estaremos realizando.

San José, 20 setiembre de 2022

UNA MAÑANA EN EL COCAL

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Resulta evidente que las fuerzas sociales en el poder en Costa Rica han encontrado un terreno fértil para echar a andar la maquinaria privatizadora y recortista hacia el estado costarricense. Los vientos de ventas de activos como el Banco de Costa Rica presagian una temporada compleja en el campo ideológico y también en el político.

Lo vienen haciendo desde hace ya más de cuatro lustros, cuando posicionaron primero el discurso de la ingobernabilidad, luego el del déficit fiscal y posteriormente el del tamaño y eficiencia del Estado.

Al finalizar los años noventa ya la onda privatizadora había ganado sus primeros activos. He recordado durante estos días la compra de Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA), empresa estatal, por parte de un consorcio empresarial chileno.

Ubicada en Puntarenas, en el Pacífico costarricense, su planta empleaba una importante cantidad de personas trabajadoras en diversas labores del proceso. Las mismas estaban organizadas en la defensa de sus derechos sociolaborales en la Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE).

Al ser vendida, empezaron los conflictos y los despidos. Y la organización sindical, combativa, resistente, inició una feroz lucha que aún fuera ya de la empresa, despedidos todos sus miembros, se continuaba defendiendo de los embates del grupo empresarial comprador.

Realizo mis primeras armas como asistente de investigación social en aquella época. Acompaño un trabajo sobre la ruptura de acuerdos colectivos en el marco del estado costarricense como parte del contexto del Ajuste Estructural, realizado por la economista costarricense María Eugenia Trejos. Por esa razón me he citado con Don Marco, secretario general del sindicato de trabajadores de FERTICA en su casa. Es noviembre de 1996.

Es una mañana azul absoluta. Don Marco me da las coordenadas: El Cocal de Puntarenas, frente al mar. Nos disponemos en un pequeño rancho de techo de paja en la playa y enciendo la grabadora con un primer casette de 90 minutos.

Me relata el plan orquestado en el que supuestamente la empresa sería vendida a los propios trabajadores a través de acciones. De cómo ese proceso devino primero en la intromisión de consorcios con capital disponible, el aumento del valor de las acciones, impagable para las personas trabajadoras y la pérdida de su participación en la compra. Allí inició un camino de atropellos a los derechos laborales, que acabó con el despido de cerca de 50 personas trabajadoras.

Lo que en principio sería una entrevista individual con Don Marco terminó siendo un grupo focal frente a la playa. Recuerdo cerca de seis personas, todas pertenecientes al sindicato, conversando animadamente sobre su trabajo, la privatización y sus situaciones personales y familiares de aquel entonces.

Siete casettes con valiosa información sobre los derechos laborales y un aprendizaje para mí como incipiente investigador social, fueron el resultado de la jornada.

El inicio de la venta de FERTICA fue anunciado como un plan para “democratizar” su propiedad. Ciertamente ese fue el discurso original que luego se tradujo en participación empresarial de capital privado de altos manejos financieros.

Me temo que los vientos de venta de activos estatales en la actualidad van en la misma dirección y esta vez con una organización laboral debilitada, casi inexistente. El camino está servido y es posible que estemos ante la presencia del tramo final del proceso de reforma del estado costarricense.

Ante esta realidad es urgente diseñar una respuesta colectiva y plural. No queda otro camino.

Catalina Crespo agrava la persecución sindical en la Defensoría de los Habitantes

Jueves 24 de agosto del 2022. El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes denuncia nuevos hechos persecutorios de parte de Catalina Crespo Sancho y Mario Zamora Cordero, en contra del Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez, con la intención de desacreditarlo y desmovilizar la lucha sindical.

Durante la presentación del informe anual en la Asamblea Legislativa, el pasado 30 de junio, Catalina Crespo, acusó al Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez de incurrir en un conflicto de intereses por el hecho de que a la vez ocupa un puesto directivo en la institución. Crespo trató de disimular sus intenciones persecutorias leyendo una carta que supuestamente le escribió una persona que ella metió en la Defensoría en calidad de meritorio, pero que en realidad la trajo para que la asesora en movidas en materia de recursos humanos. De hecho, cuando le solicitamos el documento, su despacho respondió: “lo que se dijo es lo único que se puede informar, por cuanto lo demás no es de acceso público”. Ante este atropello las acciones judiciales están en curso, para que no utilice el cargo de Defensora con el que fue honrada para refugiarse en la impunidad.

En esa misma ocasión, Catalina Crespo desacreditó públicamente la denuncia por persecución sindical que se investiga en su contra en el Ministerio de Trabajo, dando a entender a los diputados y diputadas que se trata de prácticas reiterativas del sindicato contra las personas que ocupan el cargo de Defensor/a, y no por los hechos persecutorios en los que incurre sistemáticamente.

Efectivamente, de manera sistemática, como actúan los acosadores laborales, el 7 de julio siguiente, Catalina Crespo fue al Territorio Indígena Salitre, donde se reunió con un grupo de personas que apoyan las usurpaciones de tierras indígenas, recogió una queja contra el compañero Álvaro Paniagua y otras personas, en la que de manera infundada lo acusan de actuar de manera parcializada. Aprovechando la ocasión, Crespo hizo caso omiso de la normativa interna, violentó el derecho de defensa y el debido proceso al compañero Paniagua, y sin ninguna valoración fue y planteó la queja como una denuncia penal ante el Ministerio Público.

La visita de Crespo a Salitre fue cubierta en exclusiva por el periodista Alexander Méndez, del diario Extra, quien desde el 5 de julio anunció la visita y preparó el terreno; posteriormente, los días 8, 11, 18 y 26 de julio, y el 6 de agosto, ese diario publicó el nombre y fotografías del compañero Paniagua, así como extractos y fotografías de la denuncia presentada por Crespo en su contra, en la que incluso consta el sello de recibido en el Ministerio Público.

Pero la sed persecutoria de Crespo parece ser insaciable. Ahora el periodista favorito de Crespo, Alexander Méndez, ha solicitado acceso a un expediente disciplinario que le abrieron al compañero Paniagua en el 2015. Lo que pareciera casual deja de serlo, pues la intención persecutoria es más que evidente.

“Efectivamente –manifestó el compañero Paniagua-, en el 2015 fui sancionado con una suspensión de 15 días debido a que cometí un error. Resulta que tuvimos que llevar de emergencia a mi madre al hospital, donde estuvo muy grave. Nos advirtieron que el seguro estaba a punto de vencer para que lo renováramos. En el Ebais nos pidieron, entre los requisitos, copia de mi orden patronal. Me pareció arbitrario que la CCSS solicitara un documento que ella misma expedía, pero insistieron. Como mi trabajo era defender los derechos de las poblaciones discriminadas, entre tales las personas adultas mayores, en ese momento, obnubilado por la salud de mi madre, me pareció totalmente normal enviarle un oficio institucional al Ebais, y así lo hice, le puse un consecutivo al oficio, expuse la situación, cité la normativa de aseguramiento de la CCSS y les solicité que rectificaran el procedimiento pues violentaba los derechos de las personas adultas mayores, y por si negaban la situación, puse de ejemplo el caso de mi madre. Ese fue mi error, en ese momento no me pasó por la cabeza que eso podría malinterpretarse. De hecho, hasta adjunté copia de mi orden patronal para que no se retrasara más el trámite de renovación. Y así de manera transparente, sin ningún dolo, imprudentemente, mezclé lo público con lo privado, y por eso fui sancionado. Año y medio después falleció mi madre.”

Contrario a lo esperado de una defensora de derechos de las personas, Catalina Crespo Sancho, ordenó que de inmediato se le entregara la información a la Extra, ante lo cual fue necesario recordarle las restricciones que estipula la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, en lo que se refiere a los datos sensibles y de acceso restringido.

Como ya ha sido ventilado en las redes sociales, no podemos pasar por alto el vínculo del candidato sucesor a Defensor, preferido de Crespo, Mario Zamora Cordero, con el diario Extra, para comprender cómo lo que parece ser casual da paso a lo evidente.

Repudiamos las estrategias persecutorias y criminalizantes de Catalina Crespo Sancho y de Mario Zamora Cordero, ambos denunciados por persecución sindical, quienes no dudan a atropellar el honor y la dignidad de las personas para lograr sus intereses.

Punto y Seguimos…

Enviado a SURCOS por SIDEF.

No a la venta de activos, debe renegociarse el pago de intereses de la deuda pública

Comunicado de Prensa por Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

  • EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ES DESCOMUNAL Y ESTÁ FUERA DE CONTROL AL DÍA, EN EL ÚLTIMO SEMESTRE, CRECIÓ A RAZÓN DE POCO MÁS DE 9 MIL MILLONES DIARIOS

Con datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, aparecidos en prensa en esta fecha, a diciembre del año pasado 2021, el total de la deuda pública era de 27 billones 271 988 millones 400 mil colones. En cifras así: 27.271.988.400.000.

6 meses después, a junio de 2022, el monto de la deuda pública llegó a los 28 billones 914 mil 265 millones 530 mil colones. En cifras así: 28.914.265.530.000.

Es decir, la deuda pública creció en el último semestre en 1 billón 642.277 millones 130 mil colones: 1.642.277.130.000.

Esto quiere decir, 273 mil 712 millones 855 mil colones, cada mes del último semestre (273.712.855.000).

Por tanto, se manifestó un crecimiento diario de la deuda pública, en el último semestre, de 9 mil 123 millones 761.833 colones: ¡380 millones 156 mil 743 colones por hora!

Esta gigantesca cantidad de endeudamiento lleva aparejada la no menor cantidad gigantesca de pago de intereses. Durante el año 2021, por este concepto se consumió el 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, unos 5 mil 300 millones diarios (5.300.000.000).

Nuevamente, la ANEP alerta a la ciudadanía, a la clase trabajadora, al pueblo costarricense: es imposible aceptar que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo sigan “imperturbables” ante este desastre fiscal de consecuencias imposibles de imaginar ante la eventualidad de un estallido social o de una quiebra abierta y cruda del Estado.

Particularmente, la reciente propuesta del gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles de vender activos del Estado, como el Banco de Costa Rica (BCR), como la venta “camuflada” del Instituto Nacional de Seguros (INS), y la venta-subasta de las frecuencias del ICE, ni “cosquillas” le harán a la monstruosidad de la deuda pública tal y como lo reseñan datos del propio Ministerio de Hacienda. Reafirmamos la oposición rotunda de esta idea que consideramos descabellada e, por supuesto, ideológicamente matriculada.

ANEP reitera sus principales propuestas de emergencia ante la magnitud de la gravedad del problema de la deuda pública: 

  1. Una auditoría ciudadana de la deuda pública, mediando Ley de la República que incluya participación civil; 
  2. Una renegociación con los acreedores internos que, en conjunto, tienen tres cuartas partes del total de la deuda pública para, al menos, reducir el pago de intereses.  
  3. Tramitar con urgencia legislación para parar-atenuar el gigantesco fraude fiscal anual, estimado en 3 mil 600 millones de dólares por el actual mandatario, tomando como base la serie de propuestas que fueron consignadas en el informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá.
  4. Profunda revisión del dispendioso régimen de exenciones y de exoneraciones de montos fiscales escandalosos en la actualidad.

ANEP estima que es más que urgente, a la vez, una articulación de las partes más conscientes de nuestra sociedad civil actual para forzar a la clase política a que aborde este problema con visión democrática y deje de mirar para otro lado, protegiendo así los más que abusivos sectores del capital financiero, de cuyo enriquecimiento a partir del estado actual de la deuda pública, el 99 % del pueblo costarricense no tiene noción porque le han venido ocultando la realidad de este mal que está amenazando la propia Democracia.

San José, sábado 20 de agosto de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ASDEICE: Impresiones iniciales ante el informe de 100 días de gobierno de la administración Chaves-Robles

Para la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), el informe de 100 días de la actual administración, queda debiendo en materia de diálogo social. Manifiestan que, a diferencia de otras organizaciones del sector privado, a esta Asociación no se le ha abierto las puertas de Casa Presidencial ni del MINAE, para dialogar acerca del modelo eléctrico nacional ni de la propuesta técnica que ASDEICE y el FIT realizaron sobre la conectividad 5G.

Consideran que el gobierno se ha inclinado por temas populares para la clase política tradicional, sin embargo, no ha abanderado otros temas estructurales como la evasión o elusión fiscal, tampoco identifican propuestas que permitan dar capacidad salarial a las personas trabajadoras para que puedan enfrentar el costo de vida. Finalmente, señalan que el tema de venta de activos del Estado únicamente está logrando que se polaricen las discusiones en el país y no brinda soluciones a largo plazo.

El presidente Chaves, al momento de su candidatura, NO se comprometió a la venta de activos del Estado. Esta Asociación apunta que de seguir en esta dirección, al gobierno de Chaves le pasará lo mismo que a anteriores: inician la gestión con un alto índice de popularidad, pero terminan con cifras récord de desaprobación.

Le invitamos a escuchar la exposición de César López Dávila en el siguiente video:

 

Compartido con SURCOS por César López.