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Etiqueta: sindicatos

94 años de la masacre de las bananeras

Adela Torres, secretaria general de Sintrainagro | Foto: Alexandra Muñoz.

¡Prohibido olvidar!

Este 5 y 6 de diciembre el movimiento sindical recuerda los 94 años de la masacre de las bananeras, un acontecimiento que la historia colombiana intentó, sin éxito, disimular.

Gerardo Iglesias

En noviembre de 1928, más de 30.000 trabajadores de la compañía estadounidense United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) estaban en huelga en la zona bananera del Magdalena.

La empresa se había negado a estudiar un pliego petitorio que solicitaba celebrar contratos de trabajo, aumento salarial, el pago de los sueldos en dinero y no en vales, y el cierre de los comisariatos de la compañía bananera.

Nada muy extravagante, pero el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez calificó a esos trabajadores como malhechores e insurrectos, declarando el estado de sitio y el toque de queda.

El 6 de diciembre de 1928, en la estación de ferrocarril de Ciénaga, donde había reunidos más de 7.000 trabajadores, el ejército colombiano abrió fuego contra los huelguistas.

En la represión murieron casi 4.000 trabajadores.

Este lunes 5, en esa misma localidad, el Sintrainagro participa del Foro Nacional sobre la desmitificación de los hechos ocurridos en 1928, reivindicando la memoria de quienes los antecedieron en la lucha por mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras bananeros.

¡Prohibido olvidar!

Trabajadores del Gobierno Central podrán solicitar pago adeudado por reajuste salarial del 2019

La Caja Costarricense del Seguro Social anunció que procederá con el pago del reajuste salarial por costo de vida adeudado a todos sus trabajadores, en una lucha de la cual ANEP fue parte, y ahora con base en esta lucha, nuestra organización velará y activará todo su conocimiento político-legal para que, con esos mismos fundamentos jurídicos, sea reconocido en todo el Gobierno Central. 

Para más información, compartimos el siguiente video:

Denuncias contra Rainforest Alliance por violentar los derechos laborales de los trabajadores en plantaciones bananeras y piñeras en Costa Rica

SURCOS comparte la siguiente información 

Organizaciones sindicales denuncian negligencia e inoperancia de la certificadora Rainforest Alliance.

  • A pesar de las reiteradas denuncias, continúa certificando a empresas productoras de banano y piña que violentan derechos humanos, contraviniendo lo establecido en sus propias cláusulas de certificación.
  • Certificadora no cumple con la responsabilidad de brindar información adecuada y precisa ante consumidores y entes de control de los gobiernos, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Desde SITRAP, ANEP y COSIBA-CR, organizaciones que tenemos décadas trabajando por el respeto de los derechos laborales en plantaciones bananeras y piñeras de Costa Rica, presentamos el siguiente comunicado, a modo de denuncia pública, debido a la reiterada negligencia e inoperancia de la certificadora Rainforest Alliance (RA), la cual ha ignorado, una y otra vez, nuestras sistemáticas denuncias de violaciones a derechos laborales en diversas empresas bananeras y piñeras, a las cuales continúa certificando, muy a pesar de que las denuncias que hemos presentado contravienen las cláusulas de certificación establecidas por la propia certificadora.

Asimismo, en el comunicado de los sindicatos SITRAP, ANEP y COSIBACR, se indica:

“Que las empresas cuenten con la certificación Rainforest Alliance no significa ninguna garantía en cuanto a la mejora de los derechos laborales, la salud ocupacional, el respeto al medioambiente, el respeto a la libertad sindical y a la negociación de convenciones colectivas.”

“Que se deben crear normas o políticas vinculantes en los supermercados y/o en países consumidores de banano y piña para que se exija al productor y exportador, el cumplimiento de la libertad sindical, la negociación colectiva.”

“Que los sindicatos suscribientes de este comunicado solicitamos el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos para dar a conocer las violaciones a los derechos laborales que se están dando en las empresas bananeras y piñeras.”

Se adjunta el comunicado público de los sindicatos. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=492231362885182&id=100062949684754&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Lucha de sindicatos de la CCSS por pago de la deuda salarial logra sustento en Contraloría General de la República

Ha sido constante la lucha por parte de los sindicatos para que se les realice el pago de la deuda salarial y que el gobierno en las últimas semanas ha intentado boicotear. En tal sentido, se les hizo llegar una respuesta al oficio presentado por las organizaciones, mediante el cual, se solicitaba el criterio de la Contraloría General de la República sobre aspectos relacionados con las leyes sobre política salarial, normativa fiscal y el grado de autonomía de que goza la CCSS.

En la respuesta del órgano contralor se explica que esa institución se encuentra imposibilitada de realizar un análisis del caso concreto, puesto que se pretende brindar al consultante las observaciones y el análisis técnico-jurídico general que le permita definir su situación particular, no así, sustituir a la administración o entrar a valorar una decisión ya tomada por ella.

Del mismo modo, se indica que según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, cuando se tratan de seguros con aportes tripartitos, como el de enfermedad y maternidad (cuestionado por los consultantes), todos los recursos de dicho fondo se encuentran cubiertos por la protección constitucional, imposibilitando su afectación por medio de las medidas fiscales propuestas. Todo esto constituye una excepción, en defensa de la autonomía de gobierno de la CCSS.

Se agrega que a partir de tal dimensionamiento, que fue realizado por la Sala Constitucional, el actual jerarca del Ministerio de Hacienda, estableció puntualmente, mediante el oficio n.° DM 2409-2022, que “toda la estructura programática que conforma el presupuesto de la CCSS está integrada por tres componentes, a saber: Salud; Invalidez, Vejez y Muerte; y Régimen no Contributivo, los que coinciden con las excepciones establecidas para la CCSS señaladas anteriormente, motivo por el cual no fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas”.

Por otra parte, en relación con la aplicación del principio de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera contemplado en la Constitución Política, el artículo 9 del proyecto consultado establece que la regla fiscal consiste en fijar un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central a PIB, lo que significa una regla de política económica que comprende al PANI. Sin embargo, por sí solo, esto no afecta a la Constitución Política en el tema de las autonomías. 

Respecto a todo este tema, la Contraloría General de la República concluyó diciendo:

“Al vincularse la consulta con decisiones adoptadas por la CCSS, que a su vez involucran temas para los cuales se cuenta con criterios emitidos por diferentes instancias e incluso por la asesoría legal interna; no corresponde a este Órgano Contralor pronunciarse -vía consultiva- cuya naturaleza es previa y además reservada a temas generales, sobre las interrogantes planteadas”.  

SINAE AFINES, UNEBANCO, y SINTRAJAP hablan de frente común con sindicatos privados

Se reúnen para conversar sobre las políticas públicas, acciones del gobierno, que son a través de estas estrategias que le dan respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Se puede entender como uso estratégico de recursos para liberar los problemas nacionales. Esta es la preocupación de un grupo de organizaciones sindicales que han visto que estas políticas públicas no resuelven los problemas de los ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras del sector del mercado laboral. Es por eso que estas organizaciones sindicales han tomado un acuerdo y una decisión de unirse para crear estrategias que puedan establecer un cambio en esas políticas públicas.

Gracias a esta iniciativa y esfuerzo que realiza los sindicatos se quieren dar una perspectiva diferente a estas políticas públicas, como dar en concesión en obra pública, dar un bono de sesenta mil colones a los trabajadores o bien permitir que las operadoras revolucionan y usen los recursos de los trabajadores para invertir fuera del país, mientras otros países invierten en sus fondos en nuestro país. Son algunas de las cosas que se han hecho, este grupo de trabajadores tienen una mentalidad diferente a lo que se está proponiendo. 

El señor secretario general del sindicato nacional de enfermería, menciona que este proceso de unidad en acción sindical nace aproximadamente hace dos meses con el propósito de defender el estado social de derecho en nuestro país, para tener un equilibrio en el desarrollo económico y social. Estas instituciones públicas que han permitido a todos los costarricenses indistintamente de su condición social, de su condición de género, poder optar por las riquezas que tiene el país y cuando se habla de estas riquezas refiere a estas instituciones que brindan un servicio que son esencial para la dignidad humana, seguridad ciudadana, educación pública y acceso a la banca.

Donde se refiere a un estado social de derecho que les permita a todas y todos los costarricenses contar con servicios de salud y con un fondo de pensiones para el momento de su jubilación. Destacar que a través de las políticas de los últimos años hemos visto este debilitamiento estructural en estas instituciones y que este gobierno actual no escapa de esta realidad con una política muy agresiva. Por tanto este grupo nació con el propósito de defender el estado social de derecho. Para llevar esa equidad entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por otro lado, con el propósito de defender y propiciar los derechos laborales y las libertades sindicales. Ese es el motivo por el cual este grupo anunció esta unidad en la acción sindical donde vendrán acciones muy concretas donde trate de articular con el sector.

Estas organizaciones sindicales quieren establecer estrategias de alianza con organizaciones sociales y fuerzas del país a través del diálogo y la concentración social con la finalidad de tener una verdadera incidencia positiva en la política pública que se ejecuta e impulsa desde la asamblea legislativa y el poder ejecutivo. Para promover y defender los derechos fundamentales en el trabajo considerando lo comunal, la protección del medio ambiente así como también cualquier modelo de desarrollo humano. 

Muy pronto las acciones que realizará esta unidad sindical se va a hacer escuchar y los ciudadanos que desean participar, pueden unirse a alzar la voz, aquí pueden encontrar un buen momento, un buen lugar para poder cuestionar todas las políticas públicas que no solo afectan a los trabajadores públicos sino a cada ciudadano que está en su casa, pero aquí está la unidad sindical precisamente para ir contra esas políticas públicas que no son en beneficio de los y las trabajadoras del país. 

 

Imagen ilustrativa.

UNI Global UNION en contra de la venta del BCR e INS

UNI Global Union es la voz de 20 millones de personas trabajadoras del sector de servicios del mundo entero. A través de 900 sindicatos afiliados, UNI representa a trabajadores y trabajadoras en 150 países y en todas las regiones del mundo. UNI representa a los trabajadores de los sectores de Limpieza y Seguridad, Comercio, Finanzas, Juegos de Azar, Gráficos y Embalaje, Peluqueros y Esteticistas, Medios de Comunicación, Espectáculo y Artes; Correos y Logística, Seguro Social, Deporte, Trabajadores Temporales y de Agencias y Turismo.

Dos de sus representantes se han posicionado respecto al proyecto de ley del Gobierno de Costa Rica, que pretende vender el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros. Citan el caso de Argentina, un país en el que se comenzó vendiendo acciones de los bancos estatales, con porcentajes similares como los que se pretende en Costa Rica (un 49% de las acciones del INS); sin embargo, todas las funciones sociales se perdieron poco a poco y terminó siendo de dominio privado.

Consideran que el problema con esta privatización, es el deshacerse de una herramienta financiera a largo plazo que pertenece al Estado y le da solvencia económica por medio de sus utilidades, por una disminución realmente simbólica del 3% de la deuda pública. Pero además, no solo en términos económicos, las afectaciones repercuten en el apoderamiento del Estado y la afectación a toda la institucionalidad pública.

Además, se refieren al caso de la pandemia, escenario global de crisis y de consecuencias nunca antes vistas, pero a pesar de ello, un país como Costa Rica se sostuvo gracias a su estructura pública y al financiamiento de bancos estatales para las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto también destacan el papel del INS para cubrir condiciones de salud que por lo privado, hubiese sido inviable para la mayor parte de la población.

Finalmente, reflexionan sobre la tendencia creciente de América Latina y Costa Rica, de limitar la libertad en los derechos de negociación colectiva, diálogo social y sindical. Consideran que es necesario que el Poder Ejecutivo escuche las opiniones de las organizaciones y sindicatos, previo a cualquier ejercicio de toma de decisiones.

 

Información compartida con SURCOS por Alejandra Apuy Alvarado.

Fentragh y sindicatos de la agroindustria se movilizaron al MTSS

Foto: Fentragh

Tras el cierre del seminario “La plaga de los agrotóxicos”, organizado por Fentragh y Rel UITA con el apoyo de FES, SINAE y ANDE, delegados y delegadas de sindicatos agroindustriales se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Rel UITA

Mostrando pancartas y banderas de la Fentragh y la Rel UITA, trabajadores y trabajadoras del banano, palma africana y piña exigieron respuestas inmediatas a las denuncias y solicitudes de inspecciones presentadas hace meses, así como los resultados de las que ya fueron realizadas.

“Desde el año 2019 venimos presentando denuncias y reclamos y no han avanzado. El 10 de agosto de este año nos reunimos con las nuevas autoridades y presentamos un documento con nuevas denuncias. Han pasado dos años y no hay respuestas”, dijo Maikol Hernández, secretario general de Fentragh.

“Es una grave falta de atención a los trabajadores agroindustriales y es por eso que, una vez concluido el seminario, decidimos venir hasta aquí para que nos escuchen, atiendan las solicitudes de los sindicatos y se instale una mesa de diálogo”, explicó el dirigente sindical.

En este video, dirigentes de Sinatraa, Sitrapa, Sintrapybcr y Fentragh explican las razones de este plantón de protesta.

Video Fentragh | Rel UITA

El suicidio de los sindicatos

Hay que atacar el sistema en su raíz, no ser cómplices y defender privilegios que desvían la atención de los verdaderos problemas del país.

Miguel Sobrado. 19 agosto, 2019*

Afectar la salud y provocar el malestar de los asegurados, en un momento cuando se responsabiliza a los privilegios pagados a los empleados públicos del déficit fiscal del Gobierno Central y el mal funcionamiento del Estado, no parece cuerdo ni inteligente.

Por ese camino terminarán por destrozar las organizaciones sindicales y su capacidad de incidir en los cambios que necesita el país para superar el patrimonialismo del sistema o capitalismo de cuates, donde se incuba la corrupción y contagia a casi todo el aparato público.

El movimiento sindical, tanto del sector privado como público, debe poner su atención en garantizar servicios públicos eficientes y de buena calidad. Que nos sirvan a todos para el mejoramiento de la sociedad y la continuidad y estabilidad institucionales.

Hay que encontrar las causas en el sistema, que, muy acertadamente, Denise Dresser llama “capitalismo de cuates”, como he explicado en artículos anteriores.

Hay que preguntarse por qué las medicinas son más caras en nuestro país que en gran parte del mundo; por qué las carreteras son más caras, su construcción más lenta y pagamos más por el cemento, el transporte público y los créditos.

Hay que atacar el sistema en su raíz, no ser cómplices y defender privilegios que desvían la atención de las verdaderas causas sistémicas.

El sindicalismo, si quiere permanecer como lo que debe ser, un movimiento social que defiende sus legítimos intereses y propicia el cambio, pero no procura privilegios, debe recuperar las banderas solidarias de la salud y el buen servicio público y jamás recurrir al maltrato de los enfermos, que son trabajadores igual que ellos.

Actuar de manera irresponsable, como lo hicieron durante la huelga de la Caja Costarricense de Seguro Social, es ignorar el clima de repudio que generan sus acciones y su debilidad estratégica en la actual coyuntura, en la cual los medios han logrado ubicarlos como responsables de la crisis nacional. Es poner la cabeza bajo la guillotina en el momento en que el verdugo está listo para dejarla caer.

miguel.sobrado@gmail.com

El autor es sociólogo.

* El autor comparte con SURCOS esta reflexión dada su actualidad.

Sindicatos del Bloque Salud-CCSS en defensa de la autonomía de la CCSS

COMUNICADO DE PRENSA

El Bloque Salud-CCSS, que reúne a las organizaciones más representativas de la Caja Costarricense de Seguro Social, Sindicatos de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), UNIÓN MÉDICA NACIONAL, Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME), Asociación de Profesionales en Enfermería (ANPE), Unión Nacional de Empleados de la CCSS (UNDECA), Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS) y el Sindicato Nacional de Servicios de Salud (SINASS) en reunión del día de hoy, por la negativa del Gobierno de reconocer el derecho al ajuste salarial de los y las trabajadoras de la Institución y debido a la desinformación y polarización fomentada desde el gobierno de la República, respecto de la situación de la CCSS, demandamos:

  1. Exigimos respeto a la autonomía constitucional de la CCSS: Nuestro Estado de Derecho exige el respeto al principio de legalidad, que obliga a cualquier ciudadano a cumplir las leyes; por lo que debe respetarse la autonomía y la independencia del Poder Ejecutivo de que goza la CCSS, consagrados en la Constitución Política y la Ley Constitutiva de la CCSS.
  2. La Caja no está quebrada: Rechazamos las declaraciones tendenciosas que pretenden desfinanciar, desprestigiar, mercantilizar y privatizar la Caja. La Caja está solvente, como lo manifestaron y demostraron los directores de la Caja que representan a las personas trabajadoras de nuestro país, donde se manifiesta que la Institución a pesar de la pandemia y el ciberataque viene atendiendo la demandas en salud y pensiones de la población costarricense.
  3. Que el Estado pague lo que le debe a la CCSS: Éste y otros gobiernos no solo han usado a la Institución como Caja Chica, financiándose con los recursos institucionales, evidenciado por los 900.000 millones de colones del seguro de salud, actualmente destinados a ese fin. Adicionalmente, la deuda siempre creciente del Gobierno que no paga lo correspondiente a asegurados por el estado, entre otros, llega a la escandalosa suma de 2.7 billones de colones, sin contar lo adeudado por traspaso del primer nivel de atención
  4. Exigimos el pago inmediato del ajuste salarial: En virtud de que el acuerdo de ajustar los salarios en el orden de los 7.500 colones se encuentra en firme, como ha sido comunicado, las organizaciones hemos cursado un oficio exigiendo el pago inmediato del ajuste respectivo, conforme al acuerdo del 8 de setiembre pasado.

En defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y ante las maniobras para no reconocer un ajuste salarial, producto de la negociación colectiva y que está jurídica y técnicamente fundamentado, las organizaciones sindicales del Bloque hemos acordado consultar a las bases las acciones de lucha que estaremos realizando.

San José, 20 setiembre de 2022

UNA MAÑANA EN EL COCAL

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Resulta evidente que las fuerzas sociales en el poder en Costa Rica han encontrado un terreno fértil para echar a andar la maquinaria privatizadora y recortista hacia el estado costarricense. Los vientos de ventas de activos como el Banco de Costa Rica presagian una temporada compleja en el campo ideológico y también en el político.

Lo vienen haciendo desde hace ya más de cuatro lustros, cuando posicionaron primero el discurso de la ingobernabilidad, luego el del déficit fiscal y posteriormente el del tamaño y eficiencia del Estado.

Al finalizar los años noventa ya la onda privatizadora había ganado sus primeros activos. He recordado durante estos días la compra de Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA), empresa estatal, por parte de un consorcio empresarial chileno.

Ubicada en Puntarenas, en el Pacífico costarricense, su planta empleaba una importante cantidad de personas trabajadoras en diversas labores del proceso. Las mismas estaban organizadas en la defensa de sus derechos sociolaborales en la Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE).

Al ser vendida, empezaron los conflictos y los despidos. Y la organización sindical, combativa, resistente, inició una feroz lucha que aún fuera ya de la empresa, despedidos todos sus miembros, se continuaba defendiendo de los embates del grupo empresarial comprador.

Realizo mis primeras armas como asistente de investigación social en aquella época. Acompaño un trabajo sobre la ruptura de acuerdos colectivos en el marco del estado costarricense como parte del contexto del Ajuste Estructural, realizado por la economista costarricense María Eugenia Trejos. Por esa razón me he citado con Don Marco, secretario general del sindicato de trabajadores de FERTICA en su casa. Es noviembre de 1996.

Es una mañana azul absoluta. Don Marco me da las coordenadas: El Cocal de Puntarenas, frente al mar. Nos disponemos en un pequeño rancho de techo de paja en la playa y enciendo la grabadora con un primer casette de 90 minutos.

Me relata el plan orquestado en el que supuestamente la empresa sería vendida a los propios trabajadores a través de acciones. De cómo ese proceso devino primero en la intromisión de consorcios con capital disponible, el aumento del valor de las acciones, impagable para las personas trabajadoras y la pérdida de su participación en la compra. Allí inició un camino de atropellos a los derechos laborales, que acabó con el despido de cerca de 50 personas trabajadoras.

Lo que en principio sería una entrevista individual con Don Marco terminó siendo un grupo focal frente a la playa. Recuerdo cerca de seis personas, todas pertenecientes al sindicato, conversando animadamente sobre su trabajo, la privatización y sus situaciones personales y familiares de aquel entonces.

Siete casettes con valiosa información sobre los derechos laborales y un aprendizaje para mí como incipiente investigador social, fueron el resultado de la jornada.

El inicio de la venta de FERTICA fue anunciado como un plan para “democratizar” su propiedad. Ciertamente ese fue el discurso original que luego se tradujo en participación empresarial de capital privado de altos manejos financieros.

Me temo que los vientos de venta de activos estatales en la actualidad van en la misma dirección y esta vez con una organización laboral debilitada, casi inexistente. El camino está servido y es posible que estemos ante la presencia del tramo final del proceso de reforma del estado costarricense.

Ante esta realidad es urgente diseñar una respuesta colectiva y plural. No queda otro camino.