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Etiqueta: sistema electoral

¡Ahora sí!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Ahora sí se cuadró el chavismo y su principal partido jaguar, el Partido Pueblo Soberano, PPSO, con su nómina presidencial y con la lista de sus principales candidatos a diputados. Una buena lección para todos los demás partidos políticos.

¿Temprano para anunciar los diputados? A mí me parece que no. De hecho la campaña electoral el presidente de la República la había iniciado hace muchas semanas con su movimiento de jaguares,¡ con su beligerancia política atacando a todos los partidos políticos, especialmente a los que tienen actualmente representación parlamentaria, y llamando a la población para que en las próximas elecciones la Asamblea Legislativa tenga una nueva integración, de por lo menos 38 diputados, totalmente nuevos, que no pertenezcan a ninguno de los partidos actuales ni de los que tengan representación parlamentaria, para poder cambiar el andamiaje institucional del país.

Las renuncias que del gabinete presidencial se dieron en enero y en julio no todas van encabezando las listas de diputados de Pueblo Soberano. Algo falló, porque se suponía que ellos serían las locomotoras que moverían el movimiento de los jaguares en Pueblo Soberano. Y, no se ven todos, ni todos los que resaltaron, cuentan con el apoyo de los miembros de la asamblea nacional de ese partido. Ya empezaron a saltar protestas y acciones legales, recursos de amparo, y de nulidad de lo actuado, porque se violaron las formas y procedimientos de elección interna.

Por otro lado, están los jaguares menores, los otros partidos políticos que el presidente impulsó, que se identifican con él, que lograron inscribirse, que no agarraron ni una cuecha, lo que los deja con muy mal predicado. Estos partidos no alcanzan, por ahora, a tener ninguna presencia pública, política nim electoral. Nadie conoce a sus principales organizadores y miembros de las estructuras que se inscribieron ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por otro lado, no tienen ya la posibilidad de ser usados para una coalición política y dar la sensación de un gran movimiento.

En la naturaleza los jaguares no viven ni actúan en manadas. En la naturaleza política costarricense tampoco. Alcanzarán quizá para depredarse entre ellos.

La principal vocera de los jaguares desde la Asamblea Legislativa ha dicho que ninguno de esos partidos le gusta, que se va a apartar de cualquier militancia con ellos. Incluso no se ha expresado bien de Pueblo Soberano, hasta tanto el presidente no le dé alguna instrucción de que su apoyo a Laura Fernández y a sus candidatos puede ser muy importante.

El tema para la principal jaguaresa parlamentaria es que algunos de los candidatos de Pueblo Soberano no tienen un historial limpio políticamente. Algunos de ellos han participado como en una escala musical en distintos partidos desde finales del siglo pasado, sin buen recaudo político, actuando como buenos escaladores políticos y en ocasiones como turecas de partidos principales. Otros burlando el pago de obligaciones institucionales o sangrando instituciones con su falta de pagos supermillonarios, que le adeudan.

Debería haber en la legislación electoral nacional una prohibición para que personas que le adeudan al Estado, a sus instituciones, a la Tributación directa, no pudieran participar como candidatos a puestos de elección popular, o que se encuentran en trámites de denuncias por estafas a instituciones o a personas, a ciudadanos.

Así como existe el registro de delincuentes, debería haber el registro de este tipo de personajes para evitar que tales sujetos puedan incrustarse en estructuras que les den amparos de inmunidades legales para poder ser perseguidos administrativa o judicialmente. Y otra norma legislativa que debería aprobarse es que las deudas contra el Estado no prescriban.

La enseñanza de Pueblo Soberano hacia los otros partidos es que ya están organizados plenamente, aunque tengan sus apelaciones electorales, que hacen movilizaciones de ciudadanos, por pequeñas que sean, que se mueven por todo el país, que ya están dando a conocer a sus principales candidatos para alrededor de ellos empezar a organizar y movilizar electores.

No tiene ninguna importancia nacional que candidatos a diputados que ha propuesto Pueblo Soberano por una provincia no sean habitantes de esa provincia. Esto es posible porque los diputados se consideran “diputados por la Nación costarricense”, lo que permite que cualquier ciudadano pueda postularse en cualquiera de las provincias. El problema que ello produce es al interior de los partidos, cuando miembros de esos partidos, de las provincias relinchan porque les imponen candidatos de esa manera, y desplazan a quienes en esas provincia venían o estaban organizando el partido, venían movilizando a favor del partido y des candidatos presidenciales. Esta situación si les está causando problemas a los jaguares en las provincias.

La lista que se dio a conocer para candidatos a diputados, que se supone debe ser muy atractiva para poder lograr la enigmática suma de 38 nuevos y diferentes diputados, no alcanza siquiera para elegir 21, tres por cada provincia, lo que se verá hasta el primer domingo de febrero, porque mientras no haya elecciones no hay resultados.

La lista de candidatos jaguares y jaguaresas obliga a que los otros partidos propongan buenos candidatos, y candidatas, y que lo hagan prontamente. En política no hay espacios vacíos. Las personas que se van identificando con los candidatos difícilmente cambian una vez que toman la decisión de su compromiso.

La ventaja que tiene la audiencia nacional es que por puesta la lista de candidatos estos pueden someterse al mayor y exhaustivo escrutinio ciudadano, a la mayor investigación de atestados personales, profesionales y curriculares en general, para tener de ellos una mejor idea de lo que son y de la leche qué pueden dar.

Ahora sí, los partidos políticos, sus dirigentes, tienen al frente el espejo de los jaguares principales. Las candidaturas de los jaguares y jaguaresas parecía ser lo que se esperaba. Ya están, ya existen, son de carne y hueso.

Veamos que nos ofrecerán de candidatos a diputados los restantes partidos políticos. Ya sus candidatos presidenciales son conocidos a anunciados, sin que se hayan aprobado oficialmente.

Esta es la curva principal del tobogán electoral que ya tenemos a la vista.

Hay que estar más y muy atentos a cómo se desarrollan estas ofertas electorales.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Qué fruto nos dará el árbol electoral cuya cosecha se recogerá en febrero?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los cielos electorales se amplían cada vez más con candidatos a la presidencia de la República. Por ahora, hay 13 aspirantes con sus partidos políticos en marcha a la Casa Presidencial.

Ya definidos están ocho candidatos masculinos, José Aguilar del partido

Avanza, Fabricio Alvarado de Nueva República, Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, Eli Feinzaig del Liberal Progresista, Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Ariel Robles del Frente Amplio y Fernando Zamora de Nueva Generación, y cinco candidatas mujeres, Natalia Díaz de Unidos Podemos, Claudia Dobles de Agenda Ciudadana, Laura Fernández de Pueblo Soberano, Luz Mary Alpízar de Progreso Social Democrático y Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional que se le ha mencionado con una candidata más.

De todos ellos, Fabricio Alvarado ya ha sido candidato en dos ocasiones anteriores, Natalia Díaz y Eli Feinzaig en una. De ellos, han sido o son diputados, Eli Feinzaig, Natalia Díaz y Ariel Robles, y ministras Natalia Díaz y Laura Fernández, lo que les da cierta atención de los focos de la tarima y pasarela electoral de los periódicos y periodistas. Los demás, por ahora, son primerizos candidatos presidenciales, aunque son personajes activos en la Política nacional.

En la tradición electoral a los nuevos candidatos casi no los toman en cuenta para la información periodística, para entrevistas y para considerarlos en las encuestas, que muchas veces se diseñan intencionadamente para lograr ciertos resultados, de conformidad a las preguntas que se hacen a los consultados en esas encuestas.

No se anuncian, aunque estén activos sus procesos de inscripción electoral, otros candidatos y sus partidos. Probablemente no llegarán a la lista de 25 candidatos de la campaña electoral del 2022. Coaliciones políticas solo una, la de los Partidos Acción Ciudadana y Agenda Nacional, y una mujer más de candidata que en el 2022.

Me da la sensación de que las mujeres van a tener más protagonismo que los hombres, aunque no necesariamente sea el batallón delantero de la carrera presidencial. De los candidatos masculinos a mi parecer la atención debería centrarse entre Claudio Alpízar y Ariel Robles, y entre las candidatas femeninas la atención se orienta hacia Laura Fernández, Natalia Díaz y Claudia Dobles. Los demás no dejan de ser importantes, pero no les están dando la importancia que merecen en los medios de comunicación.

Las encuestas que ya se vienen haciendo toman en cuenta o destacan obviamente a los candidatos de interés principal de las casas encuestadoras, lo que provoca resultados conocidos, reales sí, porque responden como se quiere a la forma como se pregunta.

Las casas encuestadoras no exhiben el cuestionario porque evidenciarían justamente la intencionalidad de lo que se busca orientar en las respuestas y, en cierta forma, la intencionalidad de ir provocando corrientes favoritas a favor de unos u otros candidatos, por exclusión de los otros.

Esto tiene su impacto en la campaña electoral, y en la voluntad de los electores, por cuanto, a la hora final de buscar financiamiento para la campaña electoral, los bancos se orientan por esas encuestas, que de plano castigan a los partidos y candidatos menos destacados o mencionados en ellas. Por su parte, el sistema electoral no le garantiza nada, literalmente nada, a los nuevos partidos y sus candidatos para financiar su campaña lo cual, de la práctica y tradición electoral nacional, esto es lo más antidemocrático del proceso electoral mismo.

Las maquinarias electorales de los partidos tradicionales, históricos, de muchas campañas electorales, que también han dirigido el país, que hoy están muy devaluadas, como los son los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristina y Acción Ciudadana, están muy débiles y fragmentadas a su interior, lo cual presagia tiempos difíciles en la tempestad electoral que se avecina. Acción Ciudadana va oculto en la Coalición Agenda Ciudadana, pero no ha evitado una erosión interna enorme, desde su dirección política nacional. La Unidad Social Cristiana está igual y Liberación Nacional en el plano público con una lucha intestina de su Quijote contra muchos Molinos de Viento, como la representación de las fuerzas del mal que internamente debe vencer por la mala imagen que se les atribuyen, aunque sean a la vez la historia viva de ese partido político, que es lo que podría destacar publicitariamente, debido a que de los 18 gobiernos que ha habido en el país desde 1953, nueve los ha ejercido Liberación Nacional, seis lo que se reúne en la Unidad Social Cristiana, dos en Acción Ciudadana y uno en el actual gobierno, que ha gobernado sin partido político gobernante. Puestas así las cosas, lo bueno y lo malo del desarrollo institucional nacional, se les debe a esos partidos políticos en la parte proporcional que les toca.

Ninguno de estos partidos plantea en sus orientaciones electorales nada de lo que han aportado positivamente al desarrollo nacional. Se ha perdido la conciencia histórica nacional del desenvolvimiento histórico político que tenemos, que distingue a Costa Rica en su sistema y régimen democrático. Pesan más, en el ideario nacional las cosas malas de los gobiernos, no así de la democracia nacional, porque aunado a ello también esos partidos, especialmente desde 1982 se han dedicado fina o abiertamente a desmantelar, en lo que pueden, el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho.

De estos tres partidos Liberación Nacional tiene una base social dura, fuerte, lealtades políticas consolidados todavía en la masa electoral nacional que se ha expresado con darle apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa, pero cada vez más decreciente. La Unidad Social Cristiana totalmente ha abandonado sus principios sociales y cristianos, y sus banderas de Reforma Social. Acción Ciudadana borró en su segundo gobierno lo poco bueno que se logró en su primer gobierno, al punto que ni siquiera provocó en la última elección apoyo para su papeleta de diputados, dura tarea la que tiene en este momento la candidata presidencial de este partido, primera dama del gobierno anterior, que no da pautas de cómo corregir los entuertos de ese gobierno, en lo que debería enfocarse.

Por ahora, todos los partidos y sus candidatos, exceptuando a Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional y a Ariel Robles, del Frente Amplio, luchan y tratan de destacarse como los más fuertes conservadores políticos nacionales, seguidores o continuadores del actual presidente Chaves en sus políticas y acciones de gobierno, orientadas cada vez más a desbaratar lo poco que queda del Estado Social de Derecho.

El país necesita hoy mucha vitamina política, que no se está ofreciendo por los partidos políticos y sus candidatos presidenciales.

Los candidatos a diputados por ahora no cuentan, aunque ya se están definiendo los primeros puestos, que son los posibles a ser electos.

Están en estas próximas semanas próximos a madurar los frutos del árbol electoral costarricense hacia el 2026. ¿Cuántos de esos frutos se pasarán de maduros? ¿Cuántos se podrirán, se descompondrán, corromperán, estropearán o gangrenarán en el proceso electoral? Y, ¿cuántos de estos partidos y sus candidatos darán u ofrecerán su fruto político, al menos su néctar y aroma, con un buen sabor? Por ahora son insaboros, inodoros y casi incoloros…

Compartido con SURCOS por el autor.

Preocupaciones ciudadanas frente a las elecciones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia distintos tipos de inquietudes sobre el acontecer político que estamos viviendo. Son generalmente preguntas sencillas, pero importantes para quienes desean respuestas, que pueden aceptarlas o no, frente al momento que vivimos y frente a la información que recibimos.

A veces me da la sensación de que el ambiente político ya está alborotado y que hay buena información básica con la que a gente se va orientando, pero quedo siempre insatisfecho.

Algunas de esas preguntas, con las respuestas que he dado, y reflexiones que hago de esas preguntas, son las siguientes.

1.- ¿Ya está definido el panorama electoral?

No está definido el panorama electoral, aunque cada día que pasa se va aclarando, tanto con los partidos debidamente inscritos como con los candidatos presidenciales y algunos nombres de candidatos a diputados que ya se van nombrando y les suenan las matracas. Hasta ahora llevamos casi una decena posible de candidatos presidenciales ya definidos, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Laura Fernández, Claudio Alpízar, Fabricio Alvarado, Eli Feinzaig, Fernando Zamora, Ariel Robles.

Los menciono, generalmente, sin indicar su partido político. Pocas personas asocian a algunos de ellos a un partido de manera correcta.

Si menciono los partidos, sin indicar cual es su candidato, menos saben cómo son las correspondencias de partidos y candidatos.

Me he topado gente que postula personas como si fueran candidatos para esta campaña que viene, dentro de un partido, por el reconocimiento que tienen de las discusiones que se publican de dirigentes o activistas políticos de esos partidos peleando entre sí.

2.- ¿Cuándo inicia la actividad política electoral?

A esta pregunta siempre respondo que la actividad política electoral no se acaba con la finalización de un proceso electoral, y con la integración del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Les digo que la actividad política es permanente, no se acaba, todos los días se realiza, desde distintos ámbitos. Respondo que al terminar la campaña electoral y nombrar las autoridades de gobiernos, al instante mismo, los principales partidos políticos que participaron en las elecciones quedan embarazados para la siguiente. Los dirigentes, los activistas políticos y personas destacadas que van a ocupar puestos en la administración pública, por el partido que gana la presidencia y los partidos que eligen representantes populares, se concentras en sus actividades de gobierno. Una parte de ellos con imposibilidad de actuar y manifestar sus opiniones partidarias o de actuar favoreciendo sus partidos políticos porque constitucional y legalmente tienen prohibido hacerlo. Los que no van a gobierno ni fueron electos, inmediatamente se empiezan a articular para el siguiente proceso electoral y hacen cálculos electorales de las posibles oportunidades que les pueden tocar.

Una regla que tiene la política es que en la política no hay espacios vacíos. Todos los espacios se llenan.

3.- ¿Se debe participar en política?

Mi respuesta es categórica. Si, se debe participar en política. Es un deber ciudadano, es un derecho ciudadano. En la participación está la posibilidad de influir en las acciones políticas que se toman. Quienes me hace esta pregunta, generalmente me dicen que están desilusionados, porque no se sienten satisfechos con los resultados electorales y lo que esperaban de ellos.

Siempre respondo que todos los días se toman decisiones políticas que nos afectan positiva o negativamente, que son las decisiones de las acciones políticas que se toman o deciden desde la Presidencia de la República, desde la actuación de los Ministerios y desde la Asamblea Legislativa. Les recuerdo que a nivel cantonal también sucede lo mismo. De esa forma la política, las acciones políticas se meten con uno, se meten con nosotros, nos gusten o no esas decisiones. Por eso, si la política se mete con uno, uno debe meterse en la política. Esta es otra regla de la vida política. Y la forma de meterse organizadamente es actuando desde un partido político.

4.- ¿Las elecciones dan poder político?

Esta es una pregunta más difícil de responder. Dan poder de gobierno, de administrar, de dirigir las instituciones públicas con algunas y fuertes restricciones en muchos casos, por las instancias creadas a su interior que también frenan, a modo de pesos y contrapesos, las decisiones que se quieren impulsar.

El poder político no está totalmente concentrado en los órganos de gobierno, como son el Poder Ejecutivo, con sus Ministerios, o en la entramada institucionalidad pública, porque alrededor de estas estructuras, operan una serie de presiones políticas que pueden determinar el rumbo de esas instituciones o influir directamente para la toma de decisiones. Son las presiones y participaciones que se realizan desde el ámbito de las organizaciones empresariales, de las instancias del poder económico nacional, de las organizaciones sociales en general, cuando tienen algún grado de presión sobre los actores políticos del gobierno. El Poder Político es también el Poder Económico Nacional. Cómo se articule esta relación así se puede definir el Poder Político real, ¿de qué lado se encuentra, a quién satisface y representa? Hoy en esta estructura del Poder Político también actúan las fuerzas internacionales. Lo vemos en el actual gobierno sometido a las decisiones de la Casa Blanca, la Casa Presidencial de los Estados Unidos.

La parte económica del Poder Político permite definir a qué sectores económicos y sociales se favorece más, por ejemplo, a importadores o exportadores, a los productores nacionales o a los extranjeros, al capital nacional o extranjero, a las zonas francas, a los sectores nacionales de la industria, la agricultura, el comercio y las actividades de servicios, a la salud y educación pública o privada, al mantenimiento o debilitamiento de las políticas sociales y de asistencia social de los sectores más pobres, si se fortalecen más las políticas privatizadoras o no de toda la actividad pública e institucional, entre otras cosas.

5.- ¿Es válido abstenerse de votar en las elecciones?

Votar en Costa Rica, siempre respondo, es un derecho y un deber ciudadano, pero no es obligatorio, como en otros países, que se establecen sanciones para los que se abstienen de votar.

Lo importante, respondo, es que los abstencionistas no definen nada del proceso electoral. Las elecciones se definen con los que participan directamente expresando su voluntad electoral votando por un partidos o por candidatos de la simpatía de votante.

También digo que hay dos tipos de abstencionistas. Los que del todo no se presentan a votar y los que presentándose a las urnas se abstienen de dar su voto a un partido o a un candidato y los que votando en urna anulan su voto, porque no le simpatiza ningún partido, ni ningún candidato.

El punto determinante es que los votos nulos y en blanco no cuentan para el resultado electoral. Tan solo se toman en cuenta como una cifra electoral sin peso en el resultado, porque el resultado se produce por los votos emitidos considerados válidos.

Si los votos emitidos en blanco, abstencionistas reales, o nulos, que rechazan todos los postulados, partidos y candidatos, se tomaran en cuenta para el porcentual final de las elecciones, estos votos podrían tener una fuerza política, porque obligaría a los partidos a convocar con más fuerza a los electores para poder asegurar el 40% para definir una elección en la primera convocatoria, y hasta para definir mejor la segunda vuelta electoral, con los dos partidos que logren llegar a ella.

Incluso podría provocar un llamamiento político para votar contra todos, para deslegitimar a profundidad a quienes puedan quedar elector y obligarlos por esa vía a acuerdos políticos nacionales importantes.

Finalmente, les digo a esos abstencionistas, que en el fondo ellos votan, con su abstencionismo por el que gana, cualquiera que sea. Su abstencionismo los lleva a aceptar cualquier ganador sobre la base de que cualquiera de ellos le puede deparar algo ese abstencionista. Por eso, entre otros factores nuestros procesos electorales al final son muy tranquilos, y son procesos electorales aceptados en sus resultados por todos los que participaron votando y por los que del todo no participaron, absteniéndose de ir a votar o de ir a emitir su sufragio en blanco o anulándolo.

6.-. ¿Es válido quebrar el voto, votar por el candidato presidencial de un partido y votar por los diputados de otro partido?

Es absolutamente válido. Se da naturalmente en el proceso electoral. En los últimos tres procesos electorales hemos visto esta situación. El Partido Acción Ciudadana, que ganó las elecciones del 2014, y 2018, y el Partido Progreso Social Democrático, que ganó con el presidente Rodrigo Chaves las elecciones del 2022, no pasaron de elegir 13 diputados de los 57 que tiene la Asamblea legislativa, lo que los hizo gobiernos débiles, sin músculo político parlamentario para su gestión de gobierno.

Siempre les respondo a quienes así me interrogan, que lo correcto es dar el voto completo a un partido, con su candidato presidencial y sus candidatos a diputados, justamente para dar la posibilidad de un mejor gobierno.

Pero, la quiebra del voto que se hace es en cierta forma para fortalecer el poder de control político que tienen los diputados sobre el Poder Ejecutivo y sobre toda la administración pública. Esto probablemente se siga dando. Por eso es la desesperación del presidente Chaves de llamar a sus jaguares a lograr 38, 40 a más diputados, para poder tener el músculo legislativo que daría un poder político más efectivo, para hacer o deshacer institucionalmente lo que se proponga un presidente.

7.- Me preguntan, ¿qué es más importante para mí, la elección presidencial o la de diputados?

Las dos son igualmente importantes. Sin embargo, desde el accionar político más importante es la de presidente porque es donde se toman las decisiones y acciones políticas diariamente desde todas las instituciones del Estado y de la Administración Pública, que nos afectan positiva o negativamente, según las percibamos. Una decisión sobre alza de salarios y pensiones, congelamiento o no de salarios y pensiones, sobre crédito público, sobre becas y subsidios estudiantiles, sobre crédito para los productores nacionales etc., se toma desde el Poder Ejecutivo. La toma del poder, en este sentido, es lo más importante para el quehacer político inmediato y debe ser el tema central de un partido que participe con candidato presidencial. Si la toma del Gobierno no es el tema central de la lucha político electoral el partido que así participe es más una tertulia patriótica, un foro de discusión, o un grupo de amigos que se reúne para reflexionar de cualquier cosa menos de Política. Un partido político en un régimen y un sistema democrático que participa en elecciones lo hace para gobernar, para tomar el Gobierno, que es la forma de cómo se toma el poder.

Si solo se piensa en la representación parlamentaria o legislativa como finalidad electoral, no se está ante un partido político con vocación de poder. Se está ante un grupo de ciudadanos que desde el parlamento piensan que haciendo leyes se puede hacer un cambio institucional profundo, una revolución institucional. Será un grupo de ciudadanos o diputados que verán sus curules legislativas como meras tribunas para discursos políticos que se llevan a los oyentes de los debates parlamentarios. Ninguna revolución se ha hecho solo a base de discursos.

La presencia legislativa, para cambios institucionales y reformas profundas, solo es efectiva si al discurso parlamentario se le acompaña con la agitación de su contenido, con la movilización social en su apoyo y con la organización partidaria de los movilizados.

Comentaré en otros artículos otras inquietudes que me formulan.

Compartido con SURCOS por el autor.

Los días de la gran decisión, 30 y 31 de julio

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocas horas de saber cuál va a ser el futuro electoral inmediato del país. Estos últimos días se ha cuadrado mejor el panorama político y electoral nacional, y se perfila cuál va a ser el escenario principal de esa disputa, si el presidencial o el legislativo.

El Partido Liberación Nacional tiene su candidato consolidado, Álvaro Ramos. La Unidad Social Cristiana también lo consolidó, Juan Carlos Hidalgo. El Partido Unidos Podemos que postula a Natalia Díaz Quintana, la tiene consolidada. Todos ellos aspirando solamente a la Presidencia de la República, sin doble postulación.

El Partido Acción Ciudadana ya confirmó la candidatura de la ex primera dama, Claudia Dobles Camargo, con doble postulación, en coalición con el partido Agenda Democrática Nacional, que fusionados se llamará Coalición Agenda Ciudadana. El Partido Esperanza Nacional encabezado con Claudio Alpízar, también con doble postulación. El Frente Amplio se orienta por Ariel Robles.

Sin ratificar aún Fabricio Alvarado del Partido Nueva República y Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista.

A última hora ha surgido rugiendo el Partido Pueblo Soberano, que se identifica con el gobierno de Rodrigo Chaves, que ya integró su fórmula presidencial encabezada por Laura Fernández, y sus vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto, el único partido que ha hecho pública su nómina completa presidencial.

En el resto de los partidos todavía no suenan matracas.

De esta situación, la expectativa mayor descansa en el día de hoy miércoles 30 y mañana jueves 31 de julio. La de hoy por el posible anuncio del presidente de la República, si continúa o no al frente del gobierno hasta el próximo 8 de mayo, anuncio que puede hacerlo hoy en su acostumbrada reunión de los miércoles o mañana, que es el día final de plazo, en posibilidad de renunciar al cargo de presidente, para poder aspirar a una diputación en la próxima Asamblea Legislativa.

Si el presidente decide no renunciar a la presidencia se pega un tiro en los pies, pues pierde las posibilidades reales de seguir en política activa como diputado hacia otro período presidencial, que desde la Asamblea Legislativa podría preparar para ser de nuevo, al menos, candidato presidencial en el 2030, de lo contrario tendría que esperar hasta el 2034, obligado por el descanso de ocho años que le impone la Constitución Política. En el supuesto caso que un partido de los inscritos identificado con él ganara la presidencia, le podría nombrar ministro y continuar en el ejercicio de la política institucional con cierta presencia pública, pero sin beligerancia alguna. Puede haber presidentes beligerantes como él actúa, pero no ministros beligerantes.

Si no permanece en política activa desaparece como candidato posible para el 2034. Basta con mirar los candidatos presidenciales de las campañas electorales que no quedan electos, cómo desaparecen del escenario político, sobre todo aquellos que no tienen partidos políticos permanentes. Nadie los toma en cuenta. Los focos de la atención pública descansan en el Gobierno y sus ministros, y en los diputados electos por los partidos, sin que los partidos que ellos representan ocupen la misma atención que sus legisladores, más allá de lo que los resalta el debate parlamentario.

En el país, los partidos políticos no tienen vida propia. Locales importantes de esos partidos en San José los tienen Liberación Nacional, Acción Ciudadana y el Frente Amplio. Son desde hace mucho tiempo meros cascarones burocráticos de oficinas abiertas, sin que en ellos destaquen actividades públicas de reuniones. En las cabeceras de provincias y cantones ningún partido político nacional tiene oficinas abiertas, menos tienen locales para hacer reuniones semanales o quincenales con la gente. Los partidos de izquierda hasta 1990 mantuvieron locales para desarrollar cierto activismo político. El Partido Comunista o Vanguardia Popular mantiene un pequeño local, con cierta actividad pública sin participar en elecciones desde el 2006.

En la óptica del presidente Chaves, de continuar su proyecto político de reformar de manera radical y destructiva institucionalmente el país, debe tener un partido político que trabaje en esa dirección y los dirigentes que puedan conducir ese proyecto. En esa perspectiva está la opción del Partido Pueblo Soberano, el que más identificado está con ese ADN político, viéndose actuar desde la Asamblea Legislativa, para poder recuperar en el 2030 el gobierno en caso de que no lo gane en el 2026. Había en perspectiva cuatro partidos inscritos con ese propósito gobiernista, identificados bajo la bandera del jaguar, que se coaligarían para lograr el objetivo de elegir 38 diputados mínimamente. En menos de 15 días esos partidos entraron en contradicciones y pugnas, por las candidaturas presidenciales y de diputados, que abortaron la posible coalición y debilitaron a los partidos que no recibieron oficialmente el apoyo presidencial, manifestado de manera indirecta en la postulación de los candidatos de Pueblo Soberano, de la candidata Laura Fernández.

El Partido Pueblo Soberano es el partido que el presidente Chaves está apoyando, con el que se identifica, por la calidad de sus candidatos presidenciales, dos de ellos salidos del gabinete del presidente, con claro mensaje de su candidata que continuarán con sus políticas y acciones de gobierno.

Por sí mismo el Partido Pueblo Soberano no gana las elecciones, por tan solo ser un partido político, como es igual para todos los partidos políticos.

Para tratar de ganar una elección se requiere un equipo de gente, por pequeño que sea, de trabajo permanente en el Partido, lo que ya tiene Pueblo Soberano. Se trata de un equipo de gente con carácter de dirigentes del partido, que se movilicen constantemente en el territorio nacional, que establezcan los vínculos con los distritos, cantones y provincias. Se requiere también un local central, que también ya tiene Pueblo Soberano, con buen financiamiento para su mantenimiento y el de sus funcionarios, especialmente los que están a tiempo completo. Se requiere el aparato logístico de apoyo, especialmente de vehículos que permitan el desplazamiento de sus dirigentes o activistas políticos. Se requiere el cubrimiento propagandístico de materiales impresos, de vallas publicitarias, que ya van apareciendo, y de redes de comunicación, que también tienen.

Así las cosas, hoy Pueblo Soberano lleva la iniciativa política en la campaña electoral que ya está en marcha, sin que oficialmente esté convocada. Las concentraciones en apoyo del gobierno, que con frecuencia se hacen no están prohibidas, ni las movilizaciones que se hacen con las giras presidenciales. Eso lo puede seguir haciendo el gobierno si Chaves se mantiene en la presidencia hasta el 8 de mayo. Si renuncia quien le sustituya, cualquiera de las vicepresidencias, no lo pueden hacer igual.

Los demás partidos están entrampados en sí mismos. Tiene problemas serios de escogencia de candidatos a la presidencia, a las vicepresidencias y a los primeros puestos de diputados en cada provincia, partiendo de la base de que para cada partido sus posibilidades reales son elegir entre los dos primeros puestos por provincia, y en algunos casos entre los primeros tres a cuatro, de acuerdo a la experiencia parlamentaria de los últimos procesos electorales, considerando que en las últimas elecciones ningún partido ha pasado de 19 diputados, a un promedio de 2.5 diputados por provincia, y la mayoría de los partidos a un promedio de un diputado provincia.

Ahora bien, si el escenario de hoy o de mañana está en la renuncia del presidente Chaves para aspirar a una diputación a partir del 2026, lo que se perfila es lo siguiente.

El presidente Chaves ha venido sosteniendo en su ataque a las instituciones públicas que se necesita tener por lo menos 38 diputados dispuestos a transformar el país. Su mensaje ha sido para que no se elijan diputados de los actuales partidos políticos y se elijan preferiblemente de los partidos llamados jaguar o que se identifican con el presidente Chaves y su discurso antisistema.

La candidatura de Chaves a diputado se va a convertir en el eje central de toda la campaña electoral. Con su candidatura se va a procurar atraer al máximo número de diputados posibles, más de los 10 que lograron en el 2022. La candidatura de Chaves se va a acompañar de otras candidaturas importantes y fieles a Chaves, como son los ministros que renunciaron en febrero, que algunos de ellos podrían ir encabezando los otros partidos jaguares, restándole votos a Laura Fernández, o encabezando las listas de diputados de esos partidos para recoger votos dispersos en las distintas provincias. Difícilmente un solo partido podría lograr los 38 diputados que quiere tener Chaves. En la historia parlamentaria desde las elecciones de 1953 solo en dos ocasiones Liberación Nacional llegó a tener 32 y 33 diputados, y en todas las elecciones desde 1953 los partidos que más han logrado no han pasado de 25 manteniéndose entre 18 y 22. El resto de los partidos no ha pasado de 14, manteniéndose entre los que eligen un promedio de seis diputados.

Para mí es claro, que la candidatura de Chaves puede ser un gran imán para la lista que lo acompañe, que saldrían por arrastre. En la lista que Chaves encabece irán los candidatos de mayor confianza del presidente para que eventualmente sean electos con él y llegar a la Asamblea Legislativa como un equipo muy sólido y combativo de diputados. Sin embargo, puede descuidar los otros partidos jaguares inscritos, porque todos tienen posibilidad de elegir. Tiene que darles algo de buenos candidatos, de personas conocidas, para que también ejerzan el papel de imanes políticos en las provincias donde vayan como candidatos. Las gestiones y visitas de Chaves, como presidente, a las regiones y cantones ha tenido ese propósito de aglutinar, reunir y contactar personas hacia las elecciones del 2026, y de poner a esas personas en contactos directos con los ministros y altas autoridades de gobierno que le acompañan en sus giras. El mismo ha reconocido, que como gobierno, “democráticamente” ha dicho, ha fortalecido con propaganda oficial, lo que tampoco le está prohibido hacer, a medios de comunicación regionales y de las provincias y cantones periféricos y alejados del Valle Central, regiones que pueden dar votos, cuando han sido provincias de altos grados de abstencionismo electoral.

La eventual candidatura a diputado de Chaves solo puede hacerse por medio de un partido político, la que seguramente se hará con el Partido Pueblo Soberano, por la música que le tocan a ese partido. Esa candidatura presidencial, con Chaves de candidato a diputados, va a tener un gran apoyo político y electoral, porque se tratará de concentrar en esas dos candidaturas, la de la presidenta Laura Fernández y la del diputado Rodrigo Chaves todo el esfuerzo político, financiero y propagandístico principal.

Esto hará, de las candidaturas a diputados el principal escenario de guerra electoral. La mayoría de los partidos procurará tratar de desinflar electoralmente a Chaves, lo que no es suficiente si los partidos opuestos a Chaves no llevan en sus listas de diputados excelentes candidatos, sean viejos o nuevos.

Lo que no pueden llevar los partidos son candidatos gastados, cuestionados, dudosos éticamente o resultado de pugnas internas en sus partidos por lo que van con esos partidos heridos y divididos al combate electoral.

Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, como los partidos tradicionales más fuertes y de vieja data, tienen este problema interno, además de que sus candidatos presidenciales son muy débiles internamente, y ni siquiera pueden proponer más de dos candidatos a diputados, dejando esa elección a los caciques cantonales, que actúan como verdaderos sindicatos o mafias políticas locales de control de puestos electorales. Los comités políticos nacionales han dejado de dirigir verdaderamente esos partidos políticos. Son organizaciones sin rumbo nacional claro. No es suficiente un programa electoral, se necesita también un Programa de Partido para el país, del que todos los partidos hoy carecen.

Lo que es claro, para el día de hoy o de mañana, es que para acompañar a Chaves, como candidato a diputado, en caso de que renuncie a la presidencia, o para llevar el equipo fuerte de diputados chavistas a la Asamblea Legislativa, en capacidad de dar los combates parlamentarios con el rumbo que Chaves quiere imponer institucionalmente, también van a renunciar una parte de sus ministros, que aspirarán a ser candidatos a diputados igualmente.

Los que se señalan que van a renunciar a su condición vicepresidente y de ministros, que se suman a los que ya lo hicieron antes del 1 de febrero de este año, son las siguientes personas: el primer vicepresidente, Stephan Brunner Neibig, quedando la segunda vicepresidenta, Mary Munive Angermüller, a cargo del Poder Ejecutivo, el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, la ministra de Planificación, Marta Esquivel Rodríguez.

También se mencionan en posibles renuncias, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, el presidente de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada, la presidenta del IMAS, Yorleny León.

Del Gabinete Ministerial han renunciado Laura Fernández, ministra de la Presidencia, actual candidata a la presidencia del partido Pueblo Soberano, Anna Katherine Müller Marín, ministra de Educación, Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio, que es candidato a la vicepresidencia de Laura Fernández, Joselyn Chacón Madrigal, ministra de Salud, Mauricio Batalla Otárola, ministro de Obras Públicas, que está alejado de la participación electoral, Nayuribe Guadamuz Rosales, ministra de Cultura.

Con las renuncias de estos funcionarios y de otros, de las instituciones autónomas, se pretende formar el equipo de combate de la campaña electoral por las diputaciones y por la Presidencia de la República.

También renunciaron, haciendo casa aparte, Natalia Díaz, ministra de la presidencia y Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas, Patricia Navarro Molina, ministra de Comunicación.

En el caso de que el Partido Pueblo Soberano ni ninguno de los partidos jaguar ganare la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo, Rodrigo Chaves y su grupo de diputados se convertiría en el principal grupo opositor al próximo gobierno, gane quien gane de los otros partidos, para poder montar su regreso electoral en el 2030.

Otros asuntos relacionados con estos cambios de ser reales son:

1.- El vicepresidente que quede electo, por renuncia del presidente Chaves, tendrá a partir del 8 de mayo, el derecho de pensión que tienen los presidentes de la República, por su condición de sustituirlo de manera permanente en su ausencia definitiva del cargo.

2.-En caso de quedar Rodrigo Chaves diputado, no puede ser presidente de la Asamblea Legislativa porque tendría una prohibición constitucional de sustituir, en un caso extremo, de manera permanente al presidente de la República, porque para ello debería tener el plazo constitucional actual de los ocho años de haber dejado el cargo.

3.- Al renunciar a la Presidencia pierde su inmunidad política. Puede ser juzgado ordinariamente. Difícilmente, por los trámites judiciales sería condenado antes de ocho meses. Esto le da oportunidad de qué si es electo diputado y juramentado como tal por el Tribunal Supremo de Elecciones, de nuevo adquiere la inmunidad, que le protegería de cualquier trámite judicial, para lo que habría que levantarle la inmunidad parlamentaria. ¿Una jugada en ese sentido, puede ser también?

4.- Su renuncia no significa que falte al juramento que hizo al asumir el gobierno. Sencillamente es una renuncia para proponerse seguir en política, desde la Asamblea Legislativa, sirviéndole a quienes voten por él.

5.- Lo que en perspectiva queda es la imagen de un gobierno débil, desastroso, del que todo mundo salió corriendo por la cantidad de cambios de ministros y autoridades de gobierno que tuvo, y por la ausencia de un verdadero programa de acciones de gobierno propias de Rodrigo Chaves y de la mala gestión de sus diputados.

6.- Queda un gobierno “sustituto”, muy débil, por pocos meses, hasta abril, sin posibilidad de hacer cambios significativos ni de impulsar políticas públicas necesarias.

7.- Queda una incógnita sobre la confección y la perspectiva política del Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2026.

8.- Insisto. El tema electoral central es la elección de los próximos diputados y de rebote la elección de la próxima autoridad superior del Poder Ejecutivo.

Esta es la lectura que hago hoy de la situación que enfrentamos en el panorama electoral.

Compartido con SURCOS por el autor.

Entendiendo al presidente de Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El sistema electoral venezolano es tan asimilable en eficacia; como comprensible es el sistema electoral colombiano, en las falacias que lo sustentan, al pretender darle un razonamiento valido de eficacia. En Colombia predomina en lo electoral una apariencia de funcionamiento correcto en lo eficaz. Lo eficaz, en lo electoral, no dista del significado de la Real Academia de la Lengua: “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ambos sistemas electorales se fundamentan en la aspiración constitucional del derecho de cada ciudadano (a) a elegir y a ser elegido. Constituye premisa esencial de reconocimiento de los derechos políticos. Lo más característico de los sistemas electorales de Colombia y de Venezuela radica en diferenciar (no comparar) en donde arraigan los presupuestos de viabilidad para que ese ejercicio se dé o se cumpla. Por ello, en los sistemas electorales de ambos países, no existen punto de comparación. En Colombia asistimos a un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y además genocida y criminal. Enmarca dentro del álgido conflicto político que impera en Colombia. Esto no sucede, no se da, en la República Bolivariana de Venezuela. Por ende, el factor de eficacia es totalmente diferente.

Se puede predicar que en Colombia no existe un sistema de oposición político articulado. Ha hecho carrera, durante este último periodo presidencial, una oposición institucional (no institucionalizada) en que las diferentes ramas del poder se enfrentan a la rama ejecutiva, alterando el principio de desarrollo armónico de la tridivisión del poder público. Oposición política partidaria no se da en Colombia; esta se diluye en intereses difusos de camarillas y de un partido inscrito que más parece una secta. Hacen coro opositor los órganos de control constitucional (Contraloría General, Procuraduría General). También los que, mutuo propio, se erigen como “de control” y son apéndices, el uno de la justicia como lo es la Fiscalía General (no considero que fue, puesto que, con la manida elección de la Nueva Fiscal General, en nada cambio la componenda corrupta imperante en ese organismo, controlado por la clientelista Corte Suprema de Justicia.) El otro, el Defensor del Pueblo, cual una bolsa de residuos de la Cámara de Representantes de mayoría opositora de derecha y el titular de su elección, como otro integrante en el sainete de conspiradores.

Por el contrario, en Venezuela la oposición si hace uso, en ejercicio, de ese derecho político. Y las diversas ramas de poder (que no son tres como en Colombia) operan de forma armónica en garantía a la integridad de la Constitución Bolivariana. Allá, el Poder Público se constituye, nacionalmente, en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral. Ese Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente rector. De manera que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo, a la cabeza del presidente Maduro. Entre las múltiples funciones soberanas que tiene el Poder Electoral, está la de “reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que estas suscitan o contengan”. Organiza las inscripciones; vela por que se cumplan las disposiciones legales al respecto. Existe un Comité de Postulaciones Electorales que lo integran diferentes sectores de la sociedad civil (léase bien). De manera que la premisa del derecho fundamental de elegir y ser elegido si que redunda en garantía de existencia y de eficacia en el régimen electoral bolivariano de Venezuela.

Resalta que hasta el 1º de abril-fecha limite- 13 candidatos que cumplieron con los requisitos y respaldados por 37 organizaciones políticas se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para aspirar la Presidencia de la Republica en las elecciones nacionales del próximo 28 de julio de 2.024. De esos candidatos inscritos, 12, pertenecen a sectores de oposición política. El candidato y presidente Nicolás Maduro Moros, fue postulado como candidato de 11 organizaciones políticas que integran el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Todos, desde la extrema derecha opositora, disidente y nueva; hasta los partidos tradicionales vetustos: Acción Democrática y Copei, del antiguo régimen bipartidista oligárquico, gozaron de las mismas condiciones, requisitos, plazos, etc.

Lo incongruente, lo ilógico y lo contradictorio

En el abanico de aspirantes a elegir y ser elegido se inscribió un movimiento político conocido como Vente Venezuela, creado por la opositora María Corina Machado hacia finales del año 2.012. El 13 de mayo de 2.015 el CNE negó la inscripción como partido político de Vente Venezuela. Desde entonces no ha sido inscrito como partido electoral. En un trámite espurio, falso y fingido, la Asamblea Nacional profirió un acto de “legalización” de ese partido, sin tener jurisdicción para ello, puesto que el órgano de poder electoral es el CNE, al que no volvió a radicarse, por parte de interesado, solicitud de nueva personería. Esto a manera de explicación. La representante de esa expresión Vente Venezuela, optó por una posición abstencionista ya que María Corina Machado considera que las elecciones en Venezuela son “un sistema de extorsión” y una “simulación electoral”. Fue hasta el año 2.023 que María Corina Machado anuncio su precandidatura presidencial por Vente Venezuela. A sabiendas de la carencia de tipo para esa clase de aspiración por el no reconocimiento de Vente Venezuela, en el CNE, María Corina Machado, montó en escena unas elecciones primerias de la oposición, en Vente Venezuela, en que ella dizque logró el primer puesto con un elevado y mayoritario número de electores. Eso fue realizado por fuera del sistema electoral venezolano, que lo rige el CNE. Y así en esa ilusoria fantasía y despliegue publicitario internacional, bajo el arbitraje de una organización Súmate, de la cual María Corina Machado, es su fundadora, se proclamó candidata única de la oposición venezolana y obvio, pues no aparece inscrita en el Registro Electoral arbitrado por el CNE y, por ende, no es candidata para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2.024 en la República Bolivariana de Venezuela.

No voy a detenerme sobre acusaciones de tipo penal contra la señora María Corina Machado. Redunda si un prontuario de varios aspectos de carácter administrativo, tan a la mano en momentos como el actual, en que se necesitan. La Contraloría General de la República la inhabilitó el 13 de julio de 2015 y en 2021 la Contraloría extendió la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Siendo Diputada de la Asamblea Nacional, registra una situación difícil, que la lleva a un callejón sin salida, al aceptar ser embajadora alterna del gobierno de Panamá, en una sesión plenaria de la OEA, en que se invocaba, torticeramente, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, buscando sancionar a Venezuela; actuando, pues, como agente de un gobierno extranjero. Esto sobrepasa en violación todos los presupuestos constitucionales para que un originario de un país aspire a ser el presidente de esa República.

La falta de consistencia

Pues está bien que, sin tarjeta electoral, sin opción de participar en las elecciones presidenciales, engañe a incautos y/o enajenados por la dictadura mediática nacional e internacional. Pero a Jefes de Estado o a quienes dirigen el ejecutivo nacional de un país, prácticamente es desconcertante. Sorprende, suspende el ánimo, tanto de seguidores electores, en Colombia, como de cualquier desprevenido analista.

 Mienten al decir que el gobierno bolivariano la inhabilito y que le teme a su fantasiosa candidatura. Ella reta y mantiene su ilusa candidatura pese al veto oficial. Resume una ambición personal de poder personal. También al decir que inhabilitar a María Corina Machado significa una violación de los acuerdos de Barbados, sin sustentación alguna probatoria al respecto. Corresponde rechazar las amenazas e intentos de desacatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela e intentar desconocer el proceso electoral de 2024. También repudiar el ultimátum dado por los EEUU.

Es dado el concluir que no existe asomo de un “golpe democrático” en el limpio o preclaro proceso electoral analizado. Tampoco existe punto de comparación con algún caso similar en Colombia. Y en lo de la recolección de firmas.

La conducta asumida por la señora María Corina Machado es tan cómplice, que ya ad-portas de vencerse el plazo de inscripción, mutuo propio, designó a una sucesora, a quien busco con asonancia a su nombre de pila y presentó a la octogenaria Corina Yoris; resultando un fiasco, al no obtener el apoyo necesario de partidos de oposición que si parecían registrados y con capacidad legal de avalar.

Pero la oposición cuenta con otro u otros candidatos. La Plataforma Unitaria logra registrar, en una extensión del plazo, al diplomático Edmundo González Urrutia, antiguo integrante de Un Nuevo Tiempo, bajo las siglas de la Mesa de la Unidad Democrática MUD. El CNE, al parecer, abrió una prórroga de algunas horas para inscribir al candidato de la MUD. Eso pareció volvió a darle alas a la insulsa María Corina. También aparece registrado un candidato de la oposición menos pensado: Manuel Rosales.

La frustrada aspirante decidió no tomar la opción legal electoral de acudir a la recolección de firmas, siendo que decía tener mas de 2 millones de votantes. Tuvo todo el tiempo requerido y no lo hizo. Valga aquí explicar que ese recurso de grupos de electores, por iniciativa propia, de recolección de firmas, esta muy lejano, en Venezuela, a la practica de casino, de mejor postor y de compra de votos, imperantes en el corrupto sistema electoral colombiano. Vendrán las elecciones. Amanecerá y veremos.

El paramilitarismo en Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El excoronel de la policía Hugo Aguilar y ex gobernador del Departamento de Santander, Colombia, ahonda en su relación con el paramilitarismo Juan Pablo Vásquez/Bogotá.

El policía retirado narró, en audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cómo trabajó de la mano de esos grupos en diferentes etapas de su vida pública, y lo hace para obtener rebajas de pena a sus crímenes.

Aceptó que recibió apoyo del paramilitarismo para ser elegido gobernador; justificó su inmensa fortuna como producto de las recompensas por matar a Pablo Escobar, crear el grupo paramilitar los Pepes (Perseguidos de Pablo Escobar) y otros proyectos de inversión con recursos públicos…

Es producto del corrupto sistema electoral colombiano, ostentando el nepotismo de haber sido gobernador de Santander; contar con un hijo que fue senador y está preso por corrupción en el desvío de recursos de un mega estadio, y además, contar con que otro de sus hijos fue también gobernador de Santander y aseguró el triunfo del actual gobernador electo en ese departamento hasta el año 2027.

Un ejemplo palpable de Narco Estado en el poder, que se opone a las reformas de fondo que requiere el país, en cruzada criminal, con la secta -que no partido- Centro Democrático. Existen coroneles así por ser formados a imagen y semejanza de los generales. Y existen sargentos torvos por emular a sus coroneles. Ir al fondo de lo estructural.

¡Ojo! JEP: – Que el excoronel Aguilar desenmascare con nombres propios y contribuya a la verdad, por los crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el prolongado conflicto armado interno colombiano.

¿Por qué crece el paramilitarismo en Colombia?

  1. En cuanto exista conflicto armado interno las fuerzas estatales (ejército, policía, etc.) no dejan de aplicar “la doctrina del enemigo interno”.
  2. Un sistema electoral mafioso y de casino que permite el resultado electoral a favor de la corrupción galopante, envalentona, en las regiones, a la derecha militarista, neoliberal, que ve amenazados sus intereses, ante el auge de las organizaciones sociales y sus lideres en pro de la movilización de masas, en concordancia con el ejercicio de democracia participativa y directa en las calles.

¡Puro Abogado!

El frenazo al presidente Chaves y el fortalecimiento de la democracia costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El próximo cuatro de febrero la democracia política costarricense se someterá a una prueba electoral más. Costa Rica tiene reconocimiento internacional de ser un país de larga y estable democracia política y electoral. También tiene reconocimiento de una democracia social avanzada.

De América Latina es el país que más ha gozado de esa estabilidad política como ninguno otro. Trece constituciones políticas desde 1821. La primera, del 1 de diciembre de 1821, a cuatro semanas de haber declarado la Independencia el 29 de octubre de 1821. Once de ellas entre 1821 y 1871, unas de muy poca duración, dos de carácter decenal. La de 1871 llegó de hecho hasta 1949, con una breve interrupción entre 1917 y 1919, y la vigente actualmente desde 1949.

Desde 1849 prácticamente ha habido rotación presidencial cada cuatro años, con breves interrupciones, las últimas dos, en el siglo XX, la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919 y la Junta de Gobierno o Junta Fundadora de la Segunda República, 1948-1949.

La estructura del Estado, y del Estado de Derecho, con sus tres poderes clásicos viene desde 1824, con independencia funcional reconocida, respetada, exclusiva e indelegable; con sometimiento de los Jefes de Estado, 1824-1848 y de los Presidentes de la República, 1848-2023, a las Constituciones y las Leyes.

Con una presencia, en el ejercicio del Poder Ejecutivo, al frente del Poder Ejecutivo, de educadores, desde el primer Jefe de Estado, 1823-1833, Juan Mora Fernández, especialmente de abogados, de médicos, y de civiles; reformadores y liberales importantes; excepcionalmente de militares.

Administrativamente el país se desarrolló, siguiendo la tradición española, con tres Departamentos, entre 1835 y 1848, y con cinco Provincias y dos comarcas desde 1848 hasta hoy. Las dos comarcas evolucionaron a Provincias en la segunda mitad del siglo XIX.

Al interior de las provincias se desarrollaron, siguiendo la tradición española de los cabildos y ayuntamientos, los cantones, con sus Concejos Municipales y al interior de éstos, los distritos con Concejos distritales. Hoy existen 84 cantones y alrededor de 490 distritos.

El sistema electoral del país evolucionó desde los mismos días de la Independencia, en Centroamérica y en Costa Rica, eligiendo representantes a los organismos federales que se impulsaron y a los órganos de poder interno que surgieron. El sistema electoral evolucionó desde el voto directo, público, restrictivo, de electores y de segunda vuelta, al voto directo, 1913, al secreto en 1924 y al universal en 1949. En 1974 se amplió la ciudadanía a los mayores de 18 años, votando los jóvenes por primera vez ese año.

Desde 1889 se estableció un sistema de partidos políticos mediante el cual solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular.

El sistema de partidos políticos impuso el control del Gobierno y del Poder Legislativo por pocos partidos políticos, desarrollando en la segunda mitad del siglo XX un fuerte régimen bipartidista, dominado por corrientes políticas socialdemócratas y socialcristianas. Así de los últimos 18 gobiernos, nueve los ha ejercido la socialdemocracia, seis el socialcristianismo.

En el 2014 irrumpieron nuevas fuerzas políticas, heterogéneas, desdibujadas ideológicamente, con dos gobiernos del partido Acción Ciudadana, 2014-2022. En el 2022 surgió como partido gobernante el Partido Progreso Social Democrático, nuevo, de reciente formación, que llevó a la Presidencia a Rodrigo Chaves Robles, más desdibujado ideológicamente, con un discurso político populista, anti bipartidismo gobernante, anticorrupción, sin experiencia personal política en el país; un funcionario de muchos años del Banco Mundial. Acción Ciudadana quedó fuera del escenario electoral. Los tradicionales sobreviven, siendo actualmente la fracción legislativa más fuerte, la socialdemocracia con 18 de 57 diputados.

A nivel legislativo el bipartidismo tradicional socialdemócrata y socialcristiano se distribuyeron el Congreso mayoritariamente, hasta 1998 cuando perdieron las mayorías parlamentarias, obligados a pactar con pequeñas fuerzas políticas que elegían diputados. Esta situación no ha variado desde entonces. Rasgo importante de estos años es que los partidos de gobierno no han tenido mayorías parlamentarias, y los últimos tres gobiernos no han elegido más de 12 diputados. El actual partido gobernante solo tiene 10. Dos de ellos están fuera de la órbita del Poder Ejecutivo. Los otros restantes ocho diputados juegan a varias bandas políticas.

Alrededor del Presidente Rodrigo Chaves se han articulado diferentes grupos políticos, con ánimo de desarrollar casa propia, partido propio, ya que el Partido Progreso Social Democrático fue un partido taxi, Uber, prestado al candidato que resultó electo, sin que él controle en nada a dicha organización ni sea un líder de la misma. Así, han impulsado dos organizaciones electorales, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, que las trataron de poner a prueba en las próximas elecciones municipales del 4 de febrero.

La evolución electoral del país ha llegado a un punto de paridad de género, hombres y mujeres, casi absoluto, que obliga a que en las listas de candidatos obligadamente vayan alternos hombres y mujeres en el orden en que inician las papeletas. A ello se ha sumado que cuando un partido político, nacional o provincial, participa en varios cantones de la misma provincia, la paridad de candidaturas ofrecidas por cada partido también sea horizontal, de manera que, si una Provincia tiene 20 cantones, 10 deben ir con candidaturas encabezadas por mujeres y 10 por hombres. La igualdad opera a favor de la mujer. Si un partido llevase 12 candidatas mujeres en doce de veinte cantones no sería problema. Al contrario, sí.

El Tribunal Supremo de Elecciones, el órgano máximo, descentralizado, autónomo, independiente, con rango de Poder de Estado, que administra todos los procesos electorales desde 1948, es quien vela de esta paridad política. En las elecciones del 2022 obligó al Partido Unidad Social Cristiana a cambiar una candidatura masculina en la provincia de San José, donde descansa la capital de la República y los Poderes de Estado como la mayoría de las instituciones públicas.

Para el reciente proceso electoral, de las elecciones municipales, que elige popularmente casi 8000 dirigentes políticos cantonales, los dos partidos que para esta ocasión se trataron de inscribir a favor del actual Presidente Rodrigo Chaves, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, fallaron en la inscripción igualitaria de candidaturas, pese a las advertencias que el Tribunal Supremo de Elecciones les señalara, motivo por el cual les anularon la totalidad de sus candidaturas.

Obvio que sus fanáticos, por ahora visiblemente no muchos, han realizado protestas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, las que no han tenido éxito alguno. El mismo Presidente ha mantenido una campaña de descrédito hacia los poderes del Estado y hacia el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, que de paso investiga malas prácticas organizativo partidarias, y posiblemente de ilegales financiamientos a la campaña del Presidente, en las instancias paralelas y partidarias que se crearon para llevarlo a la Casa Presidencial.

Para mí es una lástima que le hayan dejado por fuera a sus esfuerzos partidarios, que son dirigidos por funcionarios que desde la Casa Presidencial operan. Una lástima, porque hubiera sido importante medir electoralmente cuál es el alcance, especialmente en simpatía electoral, que realmente ha tenido el Presidente Rodrigo Chaves en sus 21 meses de gobierno, dado que en las encuestas de opinión sobre su figura ha venido cayendo, mientras a nivel presidencial su figura se mantiene con índices relativamente altos para la experiencia política costarricense.

Sí el Presidente Chaves ha impulsado, con sus funcionarios y simpatizantes, dos partidos, por ahora, para participar en elecciones cantonales, es claro que para las próximas elecciones nacionales del 2026, va a tratar de participar con más fuerza para tratar de que con alguno de sus partidos, con estos u otros que pueda inventarse, se pueda elegir su sucesor presidencial, porque en Costa Rica, no hay reelección sucesiva. Es claro que quiere seguir en política, en política electoral y posiblemente sueñe y se desvele con volver a ser electo presidente, en el 2030 o el 2034…

El otro dato interesante es que el gabinete de ministros, y de altos funcionarios del gobierno de escogencia presidencial, del Presidente Chaves ha sido como sacar premios de una tómbola de feria. La inmensa mayoría sin experiencia de partidos políticos, lo que ha provocado, por el estilo de gobernar, que haya habido una remoción en sus 19 meses en promedio cada 15 días, lo que realmente impide desarrollar una real obra de gobierno sujeta a una visión país, de mediano o largo plazo, y de atacar los problemas principales del país, buscando los acuerdos políticos necesarios para ello.

Un problema central del país es el desarrollo del narcotráfico y el peso que cada día han ido tomando los grupos del crimen organizado en todas las esferas de la vida institucional, pública y política, al punto que, a Costa Rica, recientemente se le ha comparado, en su situación, con Ecuador, de ser las bodegas más importantes del tráfico de droga internacional de sur y de centro América hacia Estados Unidos y Europa.

El otro aspecto, es que en el gabinete del Presidente está su Ministra de la Presidencia, muy importante para él hasta este momento, que fue candidata presidencial que lo adversó en la campaña electoral del 2022, quien para las elecciones municipales del 4 de febrero próximo, le estaba compitiendo, con su propio partido, Unidos Podemos, que ha quedado inscrito para participar en estas elecciones, y posiblemente seguirá inscrito para las del 2026, con ella de candidata, por sí misma o como candidata del propio Presidente, quien por su parte tiene también sus ahijados políticos en su propio gabinete, al ministro de Obras Públicas y al de Hacienda, que son por ahora los que mantienen el mayor rumor a su favor.

Valorando el proceso democrático electoral hay que reconocer la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones con la decisión tomada, sin temor al Poder Ejecutivo, al Presidente como persona, permitiendo ejemplificar a este Poder electoral, y a la democracia costarricense, con los poderes electorales de Nicaragua o Venezuela, por citar dos casos de la región latinoamericana, donde estos poderes responden a los dictados de sus palacios presidenciales y de sus gobernantes.

Las cartas del proceso electoral ya están echadas. Ya empezó a entregarse la papelería electoral a las Juntas Electorales, que se integran con representantes de los partidos políticos en todo el territorio nacional. Los resultados los tendremos el próximo 5 de febrero a partir de las 8 de la noche, cuando empiecen a darse los primeros resultados electorales.

El poder ciudadano cantonal, base de la democracia administrativa nacional, ya está funcionando. Los votantes tienen la palabra decisoria. El abstencionismo electoral, que a este nivel ha sido alto históricamente, es un gran reto para superar. El aumento de partidos cantonales contra los tradicionales es una gran riqueza política que se manifiesta en esta dirección.

Por ley se ha dispuesto que casi la mitad de los actuales alcaldes y representantes populares cantonales no pueden reelegirse por tener dos o más períodos en el cargo, por lo que tendremos una gran renovación de autoridades políticas cantonales, lo que será una gran expectativa para la vida cívica y ciudadana de los cantones.

Con lo sucedido al Presidente de la República, y a quienes le impulsan en sus proyectos electorales, se les ha dado una gran lección. El Estado de Derecho funciona; el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano del Estado independiente en sus decisiones. En el Tribunal Supremo de Elecciones descansa, en este proceso electoral, la vida política de la democracia costarricense, con el apoyo de la ciudadanía. Al Presidente Chaves de le ha dado un frenazo y se ha fortalecido la democracia costarricense.

Artículo publicado en la revista internacional MEER.com el martes 23 de enero del 2024 y compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica en la encrucijada social y política

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Material electoral en Costa Rica.

Proximos escenarios frente al gobierno actual

Vladimir de la Cruz

Costa Rica se ha caracterizado por tener una historia pública, reconocida; un país de paz, de seguridad ciudadana, de estabilidad política, de un amplio régimen de ejercicio de derechos y libertades, bienestar social institucional garantizado a los ciudadanos.

Desde 1849, en términos prácticos, ha habido un proceso político electoral que ha permitido alternancia política cada cuatro años, con brevísimos momentos en que esto se ha alterado. En el siglo XX tan solo dos veces, en 1917-1919 y en 1948-1949 se interrumpió ese proceso.

Desde 1890, el sistema electoral y de representación política descansa en partidos políticos, mediante los cuales los ciudadanos, y solo por ellos, pueden participar y optar a puestos de elección popular; a la presidencia de la república, al Poder Legislativo y a los Consejos municipales.

El voto directo se estableció, eliminando elecciones de segundo grado de electores, en 1913; el voto secreto se estableció en 1924. Una reforma electoral para asegurar triunfos electorales, con el 40% de votos, se estableció en 1935, lo que le dio gran estabilidad al sistema electoral; el Tribunal Nacional Electoral, se estableció en 1946, hoy llamado Tribunal Supremo de Elecciones, desde 1949 con rango de poder estatal, es independiente y con exclusividad de su función electoral.

En 1949 se estableció el voto universal, con el reconocimiento del voto a las mujeres, situación que se había planteado desde 1890, y con movimientos sufragistas que surgieron a partir de la década de 1910.

Políticamente, en el campo electoral siempre ha habido una gran cantidad de partidos políticos, de diverso tipo y signo político, a nivel nacional como regional. El pluripartidismo ha sido un rasgo del desarrollo democrático nacional. Ha habido tendencias, incluso recientes a restringir el surgimiento de partidos políticos, a la vez que se han democratizado los mecanismos para constituir partidos políticos.

A nivel legislativo, desde 1949 hasta hoy, ha privado el pluripartidismo en la participación electoral, y en general en la representación parlamentaria.

A nivel nacional, presidencial, desde 1949 hasta el 2014, predominó un bipartidismo gubernamental, donde dos partidos políticos ejercieron alternativamente el mando y dirección del Poder Ejecutivo, uno de ellos en 9 gobiernos, el otro por 6 gobiernos, de un total de 18 gobiernos que ha habido desde entonces.

En el 2014-2018 y 2018-2022 se introdujo un nuevo partido político en el ejercicio del Poder Legislativo, desplazando a los partidos que tradicionalmente habían gobernado, que en las últimas elecciones desapareció del escenario nacional y parlamentarios con representantes populares.

En las últimas elecciones, 2022, apareció un nuevo partido, con semanas de haberse constituido, con un candidato presidencial improvisado, que logró imponerse frente a una campaña de desacreditación de todo lo político anterior, como se ha venido haciendo por parte de los movimientos populistas y autoritarios que han surgido, en el continente y en Europa, contra gobernantes y partidos políticos, criticando la política en general, señalando que anteriormente no había gobernantes; que ahora sí los hay; criticando el funcionamiento del sistema democrático, la institucionalidad democrática y pública estatal; impulsando la idea de gobernantes autoritarios, fuertes, casi dictatoriales en régimen democrático; promoviendo la reducción de gastos estatales en seguridad social, en educación pública y en la educación universitaria; debilitando la legislación laboral y social nacional, como ha sido el proyecto de ley, recién aprobado, para imponer una jornada laboral de 12 horas diarias, cuatro días a la semana.

En el campo de las libertades, actualmente está amenazada la libertad de prensa y de pensamiento. Acciones directas del Poder Ejecutivo presionan a empresarios y medios de comunicación para evitar críticas públicas, opiniones opositoras; la guerra de troles desarrollada por el Ejecutivo, contra sus críticos y gestores de opinión, abarca todos los espacios; el control de la propaganda estatal ha sido concentrado, así como las gestiones de contratos de publicidad institucional a favor de empresas o medios que mitiguen esas críticas o se pongan en paralelo con el gobernante y el gobierno.

El camino que se vislumbra, como diseño gubernativo, es acabar con toda la institucionalidad democrática del país; con las nuevas jornadas de trabajo de 12 horas diarias, con políticas de precarización laboral; con el régimen de seguridad social favoreciendo la privatización de la medicina social, con la venta de instituciones públicas, bancos estatales, por ejemplo, no por malas o porque tengan un mal desempeño, sino por negocio; la reducción de la educación pública, en todos sus niveles, para estimular más la educación privada. El gobierno ha eliminado subsidios para becas estudiantiles, comedores escolares y para transporte escolar; reducción por negarse a cumplir el pago constitucional del presupuesto para la educación pública y universitaria.

El trabajo informal ha aumentado casi al 60%, ha aumentado el desempleo, especialmente el de mujeres, y el de mujeres cabezas de familia, que son las principales en ingresos para sus hogares aun cuando tengan esposo o compañero.

La reducción de gastos en educación se ha orientado a justificar para fortalecer los gastos en seguridad pública, en policías de los distintos cuerpos existentes institucionales en el país, en una tendencia grave del actual mandatario de impulsar alianzas estratégicas con el sector de policías privados, que puede tener un contingente superior a los 50,000 trabajadores en este campo, que lo constituiría en la práctica en un ejército privado de alcances muy peligrosos.

La vida democrática que Costa Rica ha desarrollado está amenazada. Los meses que vienen probablemente serán de importantes confrontaciones sociales.

El primer escenario ocurrirá con la etapa final de la aprobación de la ley de las 12 horas diarias, que ha pasado en consulta de constitucionalidad, ante la Sala Constitucional del Poder Judicial. Esto se acompañará de acciones de inconstitucionalidad aparte que ya están preparando. Queda en este campo incluso la preparación de una consulta ciudadana por la vía del referéndum contra esta ley.

El segundo escenario está en la realización de los 84 procesos electorales, que se darán entre noviembre y febrero próximo, para elegir a todas las autoridades cantonales, regionales, del país. El reto lo llevan dos partidos, Liberación Nacional, partido que ha gobernado 9 veces y que mantiene un control político de 42 alcaldes de esos 84, y el actual partido de gobierno que no tiene ningún control municipal, por su juventud y por no haber participado en procesos electorales anteriores. Como gobierno tiene el reto de aparecer con presencia regional para valorar el efecto de su acción gubernativa y porque el actual presidente quiere seguir activo en política, si por él fuera de manera continua, dándole proyección a su actual gobierno por la vía democrática o por la vía autoritaria si se presentan las condiciones para actuar de esa manera, como constantemente lo hace entrever.

 

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Rodolfo Hernández. un contradictor inaceptable

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Por Carlos Meneses Reyes

El domingo 29 de mayo de 2022, será fecha recordada en los anales electorales de Colombia. El candidato progresista, Gustavo Petro Urrego, con un Programa de Gobierno Alternativo, coaligado con la izquierda, la socialdemocracia y demócratas de partidos históricos; acompañados de una fórmula presidencial encarnada en la afro descendiente Francia Márquez Mina, rompiendo el tradicionalismo político de no dar cabida a aspirantes de raza negra a un máximo cargo de elección a la Vicepresidencia de la República; pese a encabezar las preferencias mayoritarias de opinión de los electores, no alcanza el margen del 51% de los votos emitidos y por ende no logra coronar la elección como Presidente, en la primera vuelta.

El sistema electoral colombiano goza de desprestigio en el ámbito nacional e internacional, por ser clientelista, corrupto, discriminador, objeto de parcialización y de naturaleza de casino; por imperar impunes prácticas de compra y venta de votos; en una sociedad caracterizada por el predominio de una economía subterránea, producto de un sistema narco paramilitar en el ejercicio del poder.

Las pasadas elecciones del 13 de marzo de 2.022, en que se eligieron a los representantes del Parlamento; sistema electoral que abarca más de 200 representantes a la Cámara y más de 100 Senadores; dejaron al desnudo el cúmulo de omisiones y defectos, que conducen al engaño o error y que gracias a la prevención y trabajo de organización de la oposición política expresada en el partido Pacto Histórico, logró descubrir en el pre conteo, que en cerca de 30.000 mesas no se habían contado los votos del Pacto Histórico y ello trajo consigo la reivindicación y reconocimiento de cuatro curules o asientos más en el Senado, a favor del partido de oposición. Sumaron más de 700 mil los votos distraídos.

Ha hecho costumbre y es habitual y reincidente la práctica del fraude electoral en Colombia. El pasaje relatado obedece a la veeduría aplicada por desconfianza en el sistema electoral; asimilado en el movimiento popular por la máxima del cura guerrillero Camilo Torres R, de “el que escruta elige”. Es por ello que para el pasado 29 de mayo, el partido Pacto Histórico inscribió 50 mil testigos electorales, que, junto con los Observadores Internacionales, acompañaron el máximo de mesas posibles en el pre conteo de los votos. El pre conteo es un arbitrario adelanto de resultados que la Registraduría, con la venia del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la aplicación de un conteo manual y para demostrar eficiencia y rapidez, publica por las cadenas privadas de medios de comunicación. La labor de los testigos electorales radica en la observación y seguimiento de ese pre conteo que por lo general carece de precisión y exactitud. Luego del pre conteo sobreviene el escrutinio, que es el acto o momento administrativo en el que se precisa si hubo fraude o no, en el ejercicio electoral. De manera que ante el conocido pre conteo de votos en el que el candidato Gustavo Petro no alcanzó el umbral del 51% de los votos emitidos, pues llegó al 43% y con una ventaja de 2.580.000 votos sobre el segundo contendiente, Ingeniero Rodolfo Hernández; se habilita la labor de veeduría y seguimiento en estos tres días hábiles, para que se conozcan o se corrijan imprecisiones, vaguedades, etc. Solo en Colombia, pues en el resto de los países latinoamericanos, el umbral de porcentaje es del 40% de los votos emitidos, para de lo contrario acudir a una segunda vuelta. Múltiples son las falencias del Sistema Electoral colombiano, que fue objeto de definición a una reforma profunda en los Acuerdos de La Habana y la extinta guerrilla de las FARC, que como es conocido por de todo el mundo, la oligarquía militarista hizo trizas y no implemento.

DE LAS CIFRAS ELECTORALES

Gustavo Preto Urrego obtuvo 8.527.768 votos. Rodolfo Hernández obtuvo 5.953.209 votos, Federico Gutiérrez 5.058.010 votos

Gustavo Petro gana con el 40.33% de los votos emitidos, la Primera Vuelta y se disputará el gobierno con el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien obtuvo el 28. %; quedando el derrotado F. Gutiérrez con el 23.%

Un mapa por regiones indica que en el Centro del país (excluida la capital Bogotá DC.) y el Nororiente del país votaron por R. Hernández mayoritariamente.

En la Costa Atlántica. Petro en los Departamentos de la Costa (Atlántico, Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar y San Andrés, en el Caribe) con un 52% en promedio, alcanzando en Atlántico la mayoría del 56%, un fortín electorero del Clan Chard Fuad… R. Hernández, en esos Departamentos de la Costa obtiene un 17.2% y F. Gutiérrez, el 26.75%.

En La Región Pacífica. Por Petro 73% (Choco, Nariño, Cauca). Por R. Hernández 9.6% y por F. Gutiérrez 14.%.

Zona del Sur Occidente (Valle del Cauca, Tolima y Huila) 40% Petro; 34% R. Hernández y el 21% F. Gutiérrez.

El Eje Cafetero (Risaralda, Quindio, Caldas) 33% Petro. 32%. R. Hernández y 28.9% F. Gutiérrez.

Departamento de Antioquia. 25% Petro. 19% R. Hernández y 50% F. Gutiérrez.

En Medellín. Petro 275.497 votos, 24.5%. R. Hernández 141.415, 12 votos, 6% y F. Gutiérrez 603.092, 62%

En Los Santanderes: Departamento de Santander, la derecha acoge a R. Hernández con 67%. Por Petro el 55%, quedando F. Gutiérrez únicamente con el 9%. Y en el Departamento de Norte de Santader, cambio del panorama electoral, siendo un fortín del narco para militarismo en el gobierno y de confrontación armada en la zona de frontera con Venezuela y el conflictivo Catatumbo; donde las insurgencias mantienen control territorial, Por Petro 16%. R. Hernández 55%. Gutiérrez 25%

En Bucaramanga Petro 68.600 votos, 21% R. Hernández 219.748 votos, 67% y F. Gutiérrez 39.114, votos, 09%

En Cúcuta. Petro 46.288,21 votos, 14%. R. Hernández 169.932 votos, 50%. F. Gutiérrez 100.251 votos, 29%

Centro del País (Cundinamarca, Boyaca y Meta) por Petro el 32%. Por R. Hernández el 50% y por F. Gutiérrez el 13%.

En Bogotá, DC. 50% Petro (1.769.671 votos). El 22% R. Hernández (833.0169 votos) y el 19% F. Gutiérrez. (con 723.638 votos)

En Los Llanos Orientales (Vichada, Arauca, Casanare). Por Petro el 27%. Por R. Hernández 55% y por F. Gutiérrez 14%.

En La Amazonia (Putumayo, Vaupes, Guainia, Amazonas , Guaviare y Caquetá) Petro 52%. R. Hernández 29% y F. Gutiérrez 14%

DE PROPUESTAS CONCRETAS

Al cuestionado sistema electoral colombiano va engranado el sistema de encuestas y consultorías sin garantía de veracidad y objetividad. Genera un marrullo de imprecisiones, de falsas expectativas y de sobre dimensiones de mandatos sublimes, que conllevan, al elector, a referencias despectivas y falsedades presuntas. Contribuyen al juego de casino, apuestas e inversión de dineros en la compraventa de votos.

Ya la Dirección de la campaña del Pacto Histórico ha emitido pronunciamiento sobre las pautas a seguir para asegurar el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez el próximo 19 de junio. Ello se logra con votos y ante el reto de aumentar mínimo en un millón de votos los obtenidos, los activistas en el trabajo de proselitismo, a fuer de escoger los sectores en todos los niveles donde se analizaren necesidades de impulso, es recomendable poner en práctica y ejercer acción en temas y sectores como:1. El aspecto de la Abstención. ¡El equipo de publicidad de la Campaña Petro presidente! ha demostrado capacidad y eficiente alcance de información, así como educación y aportada claridad en sus mensajes. Una iniciativa de intensidad que busque educar y captar la atención de esas personas y dirigida a la población que no ejerce la obligación cívica y el derecho a votar, prefiriendo permanecer en sus casas u ocuparse en pasatiempo. Asumir el reto de disminuir el 45% que arrojo el índice de abstención en esta pasada primera vuelta electoral. Casi la mitad de la población votante indiferente ante el destino y futuro del país. 2. Atención de preferencia a la Mujer y aspecto de género. Se debe aumentar el índice de votación de las mujeres. Que aumente el número de mujeres que vayan a las urnas, borrando la mala fama que no salen a votar por atender los quehaceres del hogar. Precisamente, la aplicación de pedagogías de dignidad, liberación, organización participativa, auto valía y carácter de importancia de la mujer en la sociedad colombiana, son los motivadores para que ellas apliquen el papel que debidamente les corresponde. Mas aún, en este momento histórico en donde el machismo acosador y explotador las coloca en una situación servil y de inferioridad.3. Primordial atención a la Juventud. No descuidar la atención a la población juvenil del campo, áreas rurales, sub urbanas y juventud que depende de su fuerza de trabajo. La Juventud obrera organizada y vinculada al movimiento de masas, juntos con sus organizaciones sociales, constituye verdaderas correas de transmisión para la consecución de las reivindicaciones que un gobierno Alternativo propone y al que también, en ocasiones corresponderá exigirle. 4. Aplicar iniciativas organizativas de inteligencia popular, para descubrir, informar ante las masas, desacreditar y desenmascarar a los traficantes de votos, en veredas, comunas, barrios, etc. Superar los de “recibe la plata o dinero y vota por Petro”, en el entendido que corresponde arremeter contra tan delictivo proceder de la compraventa de votos.

¿QUIÉN ES RODOLFO HERNÁNDEZ?

El perfil del candidato de la contra parte, no aporta en modo alguno ejemplo, ni es modelo de buenas cualidades. No está entre sus virtudes el ser emulado, ni conduce a acciones con afán de superación. Posee una personalidad difusa, superabundante en palabras y gestos. Poco claro o preciso en sus planteamientos y compromisos. Es agresivo, machista, pendenciero. Posa de verraco. Propio de los sujetos que son ogros en sus casas y unas pascuas, portadores de sonrisas postizas, en la calle. Sus actitudes reflejan a una persona sagaz o astuta. Le cabe el calificativo de tunante, puesto que demuestra que tiene astucia y picardía para aprovecharse de las situaciones. Si no fue un oportunista con su candidatura, si fue el elemento oportunista utilizado por los hacedores de candidaturas, en momentos en que el candidato oficial del gobierno narco paramilitar en ejercicio, el señor Federico Gutiérrez, no llenaba las expectativas para los intereses del Innombrable, ante la personalidad arrolladora de Gustavo Petro, su figura de estadista; conocedor del país; docto en todos los temas a tratarse; figura de talla internacional reconocida; como persona indicada y con capacidad para elevar la dignidad y presencia de la Nación colombiana, en el escenario internacional y garante en el logro de una modificación del escenario de la geopolítica latinoamericana. Nos daría vergüenza a colombianos y colombianas escuchar a un sujeto como Rodolfo Hernández – así improvisado para gobernar al país- en escenarios como las Naciones Unidas, por ejemplo. No hay derecho a que luego de 4 años de la imposición de un sub presidente títere, haciendo el hazmerreír en sus periplos de visitas oficiales internacionales, nos endosen a un tal sujeto de marras. Entró en escena cuando imponentes consultores de estadísticas deciden “congelar” los ascensos de opinión de los candidatos Petro y Gutiérrez y salta la liebre apareciendo el personaje de piel curtida, escaso pelo teñido, gesticulador de gestos y señas, sanador de entuertos. El 70% de mala imagen, no favorable, perjudicial y adverso de su mentor gobernante, el sub presidente Duque, causaba estragos con la díscola personalidad desobediente y presencia personal nada habitual del candidato Federico Gutiérrez. A Rodolfo Hernández, un multimillonario con un haber de más US$ 100 millones de dólares, resulto fácil engranarlo y encajar en el desafiante y provocador sistema electoral en uso. Creció como espuma y acertó al propinar con sorpresa el golpe de gracia al candidato oficial, quedando incólume los intereses del militarismo; del monopolio bancario y financiero especulativo; del actual estado de cosas en el rancio estatus del Establecimiento dominante.

Espero que esta sucinta presentación del personaje opuesto al candidato Alternativo Gustavo Petro, contribuya en estimulante argumentos para destronar la aspiración del tal contradictor inaceptable.

Hacia el primer domingo de febrero

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Vladimir de la Cruz

Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.

A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.

De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.

Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.

Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.

De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.

Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.

En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.

Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.

Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.

Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.