Desde el 11 de enero aproximadamente comenzaron las marchas desde las diferentes regiones del Perú; muchos deben hacer largas caminatas desde los pueblos más recónditos del país.
Miles personas de todo el territorio peruano realizan un viaje masivo hacia Lima, la ciudad capital del Perú, respondiendo a la convocatoria popular de la denominada “Marcha de los 4 suyos” (*), en rechazo al actual Gobierno del país, cuya política represiva contra las demandas sociales (renuncia de Dina Boluarte, renuncia del Congreso golpista, nuevas elecciones y nueva constituyente) ya apaga casi 50 vidas.
La primera «Marcha de los 4 suyos» que dio fin a la dictadura de Alberto Fujimori fue en el año 2000. Hoy esta forma de movilización adquiere vigencia ya que las fuerzas armadas, policía nacional, Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Congreso de la República se encuentran bajo el control del fujimorismo que, según las organizaciones sociales, gobierna el Perú desde la cárcel, a través de la presidencia de Dina Boluarte, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Desde el 11 de enero aproximadamente comenzaron las marchas desde las regiones provincianas del Perú, que involucran largas caminatas desde los pueblos más recónditos del país, así como movilización autogestionada en camiones, camionetas o busetas. “Desde el sábado ya empezaron a llegar en marchas de sacrificio a Lima, pasando por Miraflores, sede de entretenimiento de la clase media alta limeña, apoyados por las masas que salen a su encuentro desde los barrios populares que rodean la metrópolis limeña», nos dice José Manuel Mejía, joven investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos.
José Manuel nos explica que las “marchas de sacrificio” son formas de lucha que inicialmente realizaron los trabajadores mineros del centro del Perú (en su mayoría campesinos semiproletarizados), quienes tras la militarización de las minas a partir de 1989 tuvieron que movilizarse caminando hasta Lima para dar su última lucha, exigiendo el pago de sus salarios atrasados, así como el cese a la represión militarizada y criminalización de sus sindicatos.
Hoy, la masividad de la “Marcha de los 4 suyos”, ha generado alerta en el Gobierno de Dina Boluarte, quien declaró “Estado de Emergencia” en todo el país, lo que otorga autorización extraordinaria a las fuerzas armadas y policiales para usar la violencia, suspendiendo las garantías constitucionales más elementales de una democracia. Con esto, la policía y el ejército han tratado de impedir las marchas hacia Lima. Sin embargo, esta respuesta represiva no ha detenido al pueblo peruano, que continúa su avance hacia Lima, ciudad que progresivamente se convierte en el epicentro de las protestas, que se retomaron desde el 4 de enero de 2023.
José Manuel opina que, si bien la respuesta a la “Marcha de los 4 suyos” recibe apoyo espontáneo desde todos los caseríos y pueblos del Perú profundo, también es gracias al trabajo organizativo que valientemente asume la organización campesina más importante del Perú en la actualidad: la CUNARC (Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú), que agrega a las organizaciones ronderas de todo el país. Las rondas campesinas son organizaciones campesinas de base, inicialmente creadas en los años 70 para defender a los pueblos del crimen organizado, así como de la violencia política que generó la guerra interna entre 1980 y 1993, pero en la actualidad asumen también la defensa del territorio, el agua y la vida frente a la expansión de la frontera extractiva minera en los Andes peruanos.
A esto se suma la convocatoria que han realizado diversos gremios civiles de trabajadores, organizaciones políticas de izquierda como Vamos Pueblo, Unidad Patriótica, los frentes de defensa regionales y provinciales a nivel nacional, así como apoyo de artistas folclóricos como Larita Lizeth Yanarico, que se han organizado para sumar y plegarse a esta gran marcha hacia Lima. Asimismo, la participación de organizaciones estudiantiles como la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y la Federación Universitaria del Cusco, ha sido vital para sostener las movilizaciones con colectas populares, ollas comunes y puntos de acopio de donaciones de alimentos, cobijas y medicinas, para los pueblos que llegan de todo el Perú.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo remarcó que las prácticas policiales que tengan por objetivo obstaculizar o limitar el desplazamiento de personas hacia Lima se encuentran fuera del marco legal. Los asesinatos civiles provocados por estas prácticas policiales ya son cerca de 50.
La presidenta Dina Boluarte niega su responsabilidad en estas muertes y acusa a “infiltrados internacionales”. Su discurso acusa oscuramente al pueblo peruano de estarse matando: “Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado por el sur del país, esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas”, dice Boluarte. Cuando los disparos desde helicópteros, el uso de armas de fuego, pistolas, metralletas, han sido la principal causa de muerte como bien ha quedado documentado y expuesto a la opinión pública nacional e internacional, no solo por redes sociales sino también desde medios de prensa alternativos y oficiales a nivel internacional.
La gran “Marcha de los 4 suyos”, cuyos ríos de gente posiblemente desemboquen en un poderoso mar limeño el 19 de enero, según la convocatoria de la CUNARC, es una demostración de la fuerza del Perú profundo, rural, campesino, trabajador, indígena, cholo, pobre, que emprende esta lucha “no para devolver la presidencia a Pedro Castillo, sino para refundar el Perú”, como lo explica nuestro compañero José Manuel Mejía, en la lectura que recomendamos en el siguiente enlace: https://www.iepa.org.pe/la-fundacion-de-la-patria-por-el-…/…
Tomado de Apak TV, página de FaceBook.
(*) Nota de Rebelión: La palabra quechua suyo significa «región». Tahua significa «cuatro». Tahuantisuyo es el nombre del territorio inca compuesto por las siguientes regiones: al noroeste, el Chinchaysuyo; al noreste, el Antisuyo; al suroeste, el Contisuyo y al sudeste, el Collasuyo.
Si bien la mayor parte de golpes de Estado de los que tenemos recuerdo en América Latina han tenido la activa participación de políticos y empresarios de derecha, militares, y su conjunción con la maquinaria política y fáctica de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América; lo cierto es que esa articulación política ha experimentado una metamorfosis en las últimas dos décadas en nuestra región.
Ya no se requiere del decisivo empujón de los militares, aunque una vez establecido el golpe, el respaldo de estos será fundamental para sostenerlo. Y es que un golpe orquestado por los militares finalmente resta legitimidad y queda así registrado en la historia, además del derramamiento de sangre que implica y los procesos judiciales que eventualmente le supondrá a los represores.
Por otra parte, el papel de la Casa Blanca en muchos casos pareciera ser un tanto opaco, pero es innegable la confluencia de intereses que tienen con los golpistas; y a la postre, las acciones diplomáticas que desarrollan en muy pocas semanas terminan dándole sostenibilidad y legitimidad política a los golpistas. El fracaso con Cuba o el soberano ridículo que han hecho en Venezuela son excelentes muestras de que la virulencia golpista que estimulan no siempre acaba bien, y que se puede trabajar de manera sigilosa debajo de la mesa, siempre en pro de su limitada visión de democracia pero anteponiendo sus intereses hegemónicos.
Lo que si me resulta un logro indiscutible de la derecha en el presente, es el amplio trabajo mediático y la activa movilización social favorable al golpe de Estado que han orquestado, sea de manera blanda o violenta. Y no es que en el pasado no existiera -recuérdese Chile antes del golpe del año 1973-; pero lo que se experimentó con el golpe de Estado en Bolivia (2019) o el día de ayer en Brasil contra el gobierno de Lula, en el cual se manifestó de forma sostenida y violenta la activa participación de una parte de la ciudadanía, evidencia la constitución de una suerte de organicidad golpista que se ha instalado en el ADN de los movimientos de derecha de corte fascista de nuestra región, y que incluso se materializó en el asalto al Capitolio por la hordas trumpistas en el año 2021 y que también tuvo cabida en la intentona golpista reciente en Alemania.
En esa organicidad golpista se reúnen una serie de intereses que han sabido cultivarse, amalgamarse, posicionarse y sostenerse muy bien, incluso más allá de sus diferencias y banderas: antiderechos, iglesias cristianas radicales, anti ambientalistas, neoliberales, conservadores, anti ciencia, negacionistas, pro tenencia de armas, pro dictaduras, anticomunistas, antimigración, supremacismo blanco, extrema derecha, fascistas, etc. Un movimiento que adquirió vida y autonomía a partir de la violencia política y socio cultural derivada de la imposición capitalista del neoliberalismo, y que sin lugar a dudas se convierte en una severa amenaza a todo lo que represente democracia, derechos humanos, justicia, igualdad, emancipación social y sustentabilidad ambiental.
El panorama político es realmente complejo y sus consecuencias sociales y políticas presumibles.
La derecha golpista, cristalizada ahora en amplios sectores sociales que defienden sus intereses de manera violenta, incluso rechazando principios como la democracia, la legitimidad del sistema electoral, la división de poderes, o la integración social, suponen un reto de enorme envergadura para toda América Latina. Los recientes golpes contra Evo, contra Castillo, contra Lula, o el intento de asesinato contra Cristina Fernández, son solo la punta del iceberg de un proceso político de mayor amplitud que ya se dibuja de manera amenazante en nuestro horizonte.
En el ámbito periodístico, la mitad de las mujeres han experimentado violencia política, acoso sexual, maltrato psicológico, acoso en línea y otras formas de violencia de género (VG) mientras trabajaban, esto según datos de la Federación Internacional de Periodistas. Estos actos de violencia no sólo tienen como objetivo intimidar y silenciar a las mujeres que trabajan en los medios de comunicación, sino que sus efectos amedrentadores contribuyen a acallar historias y privar al público de información. Como consecuencia, estos ataques socavan el pluralismo y el derecho de acceso a la información.
Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, ponemos la mirada en la violencia online; es hora de que los medios de comunicación y los sindicatos denuncien públicamente TODOS los actos de abuso en línea. Es urgente que los/as legisladores/as conviertan el abuso en línea en una cuestión de salud y seguridad. Para ello, nuestra Asamblea Legislativa debe aplicar urgentemente el Convenio C190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el ámbito laboral.
Las direcciones de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y proporcionar, un mecanismo fiable para que las mujeres puedan denunciar y ser protegidas cuando sean objeto de abusos en línea.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica; la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su Consejo de Género de la cual somos directivos; pedimos al Gobierno de Costa Rica que actúe de manera responsable para erradicar la violencia contra las mujeres y que la Asamblea Legislativa agende el Convenio 190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo e instamos a las plataformas sociales a que introduzcan medidas efectivas contra el acoso online. El convenio prohíbe la violencia contra las mujeres en el trabajo, incluido el abuso en línea, y la convierte en un problema de salud y seguridad. Una vez ratificado por un país, obliga a los empleadores de los medios de comunicación a garantizar un lugar de trabajo seguro y a proporcionar un mecanismo sólido para que las mujeres periodistas presenten denuncias y estén protegidas cuando sean objeto de abusos.
Ninguna mujer periodista debería enfrentar los abusos en línea, y por supuesto, ninguna mujer debería hacer frente a ello sola.
El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica hace un llamado para pedir al Gobierno de Costa Rica y a las plataformas sociales que tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia de género online. Instamos a las empresas a que adopten medidas inmediatas para prohibir los comentarios sexistas, racistas y abusivos en sus plataformas y que nos apoyemos en el Convenio 190 para que Costa Rica goce de mejores instrumentos para la eliminación de la violencia contra la mujer.
Licda. Sonia Arrieta Mora Secretaría General SNP
Junta Directiva 2022-2025 Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica
La AAJ manifiesta su más enérgico repudio al intento de magnicidio perpetrado en el día de hoy contra la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Este atentado contra su vida está enmarcado en un clima de incitación a la violencia por parte de comunicadores mediáticos y de algunos representantes políticos de la oposición, que incluso han llegado a pedir la “pena de muerte” para ella, pena aberrante abolida desde la génesis misma de la Argentina.
Es preciso señalar que este hecho inédito marca una situación límite en el país, donde le cabe la máxima responsabilidad a quienes integran las instituciones, de recobrar el sendero de la democracia, la legalidad y convivencia pacífica. La AAJ espera a que todo el arco político argentino, manifieste una unánime condena de lo acontecido, y se tomen todas las medidas necesarias para evitar repeticiones. Esperamos que todo el Continente, así como la comunidad internacional, condenen y repudien el intento de asesinato de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
La AAJ exige una exhaustiva investigación de los hechos y sus responsables materiales e intelectuales, directos e indirectos, y la asunción de las medidas adecuadas y suficientes para garantizar la seguridad e integridad física de la Dra. Fernández de Kirchner.
Manifestamos, toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta y su familia, a la quien al agobio de la persecución judicial y la violencia verbal y mediática -en ocasiones misógina-, se le agrega esta barbarie.
Por ello, convocamos a los juristas, a los pueblos y a todos los sectores de la sociedad civil a repudiar este hecho, mostrar solidaridad y unidad, y exigir el retorno a la convivencia pacífica y democrática.
A 2 de septiembre de 2022
Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Beinusz Szmukler. Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ
El reciente condenable atentado contra la vicepresidente argentina, felizmente fallido, constituye un hecho que no debería verse como algo fortuito, sino como el resultado de esa habitual permisibilidad que existe en la sociedad argentina con las personas que incitan al odio y la violencia.
Viene al caso recordar un lamentable episodio ocurrido durante el diálogo con el chofer de un taxi. Cuando se tocó el tema de los desaparecidos durante la dictadura, esta persona con la mayor naturalidad del mundo nos dijo que había que matar a otros 30 mil, o mejor 60 mil. Cuando comentamos con tono crítico y un tanto alterado dicho episodio sentimos que nuestra reacción les pareció a nuestros interlocutores un tanto exagerada y no faltó quien soltara ese “bueno, es una opinión”.
Fue en ese momento en que nos aventuramos en señalar que tal comportamiento no se considera, al menos en muchas sociedades, que se jactan de ser democráticas, una simple opinión política sino algo muy grave y distinto.
Traemos a colación el popular refrán a Dios rogando y con el mazo dando, porque consideramos que el reciente lamentable hecho abre un espacio de oportunidad y un momento privilegiado para que la sociedad argentina se aboque a una profunda reflexión sobre este tipo de reprochables conductas, públicas y no públicas.
No bastan los llamados a la cordura, la tolerancia y el respeto a la opinión ajena. Algo está faltando y ese algo debería ser motivo de encuentros para llegar a amplios acuerdos que conlleven sanciones ejemplares para quienes incurren en comportamientos de tal naturaleza. La incitación al odio y la violencia contra un oponente, -fuere del color político que fuere, no cabe en la práctica cotidiana de la democracia.
En cuanto a los enunciados de buenas intenciones si solo se quedan ahí, sin remontarlos a acciones efectivas, todo seguirá igual, y aún peor, lo que puede desencadenar enfrentamientos no deseados y de tal magnitud que amenacen esa tan proclamada y ansiada paz social que los unos y los otros manifiestan en el discurso oficial.
Investigación UCR consultó a 18 mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La legislación existente en Costa Rica no detiene la violencia política contra las mujeres
El aumento de la participación de las mujeres en la política nacional promueve las manifestaciones de violencia y discriminación en redes sociales, así lo determinó una investigación desarrollada por la M.Sc. Yanet Martínez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“En 2018, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa alcanzó el mayor número de diputadasen la historia del país. Aunque esto representa un hito y fue un logro político importante, también fue el año en que tuvimos un aumento de la violencia política contra las mujeres”, expresó Martínez.
Los resultados de esta investigación se derivan de 18 entrevistas a mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en el período entre 2014-2022; con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales.
Entre los criterios de selección de las mujeres entrevistadas, se buscó a aquellas con participación en la función política en los últimos ocho años y que fueran provenientes de diversos partidos políticos y posturas ideológicas, para lograr un equilibrio en los resultados por analizar.
La violencia política en Costa Rica se tipificó en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2021. Esta normativa contempla el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, como medio de protección a las mujeres en el escenario político.
“La existencia de esta legislación no asegura su cumplimiento ni la erradicación de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política, ya sea de tipo simbólica, mediática o en redes sociales”, expresó Yanet Martínez.
La académica agregó que “Cada avance es resultado de la lucha colectiva, en este caso de la mujeres y de personas aliadas, pero una vez lograda la normativa no se acaba la historia ahí, sino que debemos trabajar el tema educativo, cultural, entre otras dimensiones”.
Yanet Martínez Toledo, directora e investigadora en temas de género del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La violencia política trasciende al espacio digital
La investigación determinó que las redes redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se manifiesta la violencia contra las mujeres vinculadas a la función pública, como lo es el caso de las entrevistadas más jóvenes, quienes experimentaron la utilización de fotografías de sus perfiles privados para desacreditar su labor política.
Según detalla el estudio, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en espacios digitales forman parte de una cultura de discriminación hacia esta población en el espacio público. Existe un círculo de violencia en el que se conjugan expresiones en espacios presenciales y digitales; siendo entornos donde se presentan de manera directa la violencia de género y un ataque al ejercicio político de las mujeres, como medios para transgredir la ideología y a las opiniones de las mujeres y sus cuerpos.
Martínez aseguró que “las mujeres vivimos en contextos de violencia y violencia simbólica, que puede pasar por el acoso, pero en las redes sociales pasa por otras formas de acoso y hostigamiento. Cuando eres una mujer en política estás entrando en un territorio que tradicionalmente ha sido masculinizado, que es un espacio donde está naturalizado la violencia contra las mujeres”.
Respecto al uso político de redes sociales, las mujeres entrevistadas reportan las expresiones de violencia y hostigamiento a través de diversas plataformas. Se determinó que 17 de las 18 entrevistadas han experimentado manifestaciones de violencia siendo usuarias de Facebook; 11 como usuarias de Instagram y 7 a través de la plataforma de Twitter.
“En los mensajes privados es donde a veces pasa de todo. Uno dice: no puede ser que alguien en sus cinco sentidos llegue a estas cosas. Pero de ahí en fuera tratamos de manejar todo con cautela, con mucha prudencia. Y respirando un poco, porque sí a veces uno desea contestar muchas cosas, pero sabe que no debe o no puede hacerlo”, declaró una diputada del PLN-Alajuela (2018-2022).
Algunas entrevistadas optaron por un uso limitado de sus redes sociales, como forma de autocuidado, velando por su propia salud mental y obviando de cierta forma las manifestaciones de violencia suscitadas por su función política.
La investigadora afirma que la totalidad de las mujeres entrevistadas han vivido violencia política de manera directa, o al menos conocen a una mujer que lo haya experimentado. Sin embargo, también se ha determinado que en algunas ocasiones no se reconoce la violencia y por tanto, se omite haberla experimentado.
El estudio contempló una serie de medidas para mitigar las expresiones de violencia contra las mujeres entrevistadas mediante diversos esfuerzos de sus equipos de comunicación, a fin de identificar los comentarios con contenido de odio, el establecimiento de diálogos y publicaciones que apelen a la conciencia de la población sobre este tipo de contenidos.
En Costa Rica existen entidades que desarrollan acciones de incidencia para promover la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación, como son la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Estas instancias contemplan la investigación como estrategias colectivas para el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres que incursionan en política.
Para la coordinadora del PROLEDI, la M.Sc. Giselle Boza Solano, el estudio abordado propicia el debate político y académico para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación en diversos escenarios.
“La investigación contribuye hacia una apertura del plano académico, el fortalecimiento de los usos políticos de las redes sociales, así como en la construcción de una ciudadanía política que ayude a afrontar las manifestaciones de violencia política, mediática y en redes sociales”, expresó Boza.
Gustavo Martínez Solís, Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Nosotras, las mujeres y personas en su diversidad y colectivos disidentes, nacemos de la disputa por nuestros espacios, por colectivizar la alegría y las resistencias para alcanzar nuestros derechos, pero sobre todo, porque desde la autonomía tenemos el derecho de posicionarnos políticamentedesde los feminismos, porque lo personal es político.
Es por eso que en este contexto electoral nos posicionamos a favor de las mujeres, los cuerpos feminizados y personas del colectivo LGTBIQ+, pero además todas aquellas poblaciones históricamente excluidas y vulnerabilizadas, como las personas adultas mayores, personas de pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes, personas con diversidad funcional y menores de edad.
Por lo tanto, pese a que nacemos en un contexto electoral, ninguna oferta electoral se ha acercado de manera responsable a nuestras demandas y se han instrumentalizado las necesidades de la ciudadanía, sobre todo en territorios rurales y periféricos.
Hoy 31 de marzo del 2022, nos pronunciamos en sororidad ante la situación que está viviendo la joven Sofía Agüero, miembro del partido Progreso Social Democrático, una mujer que en el contexto electoral, ha sido instrumentalizada para fines corruptos en un país donde la democracia nunca ha sido representativa.
Queremos así mismo denunciar el acoso violento y abusivo por parte de los seguidores del candidato Rodrigo Chaves hacia nosotras y otras colectivas posicionadas en el contexto electoral, lo cual denota que se sienten acuerpados por una lógica misógina, machista empoderada por lo que ha representado dicho candidato, el cuál no se hace responsable por este tipo de campañas agresivas y polarizadas.
Comprendemos que la población desea un cambio y que esta polarización en ciertos contextos nace de este deseo, pero precisamente aquí es dónde vemos una oportunidad: no podemos seguir permitiendo el acoso y la violencia sexual o política hacia las mujeres y otras personas en contextos electorales.
Adjunto podrán encontrar material que se ha recopilado desde los activismos inscritos desde No Más Acoso CR, que son evidencia de los ataques fanáticos realizados por los seguidores de Rodrigo Chaves contra nuestros feminismos.
¡Sumemos nuestras voces contra el acoso sexual, contra la política tradicional y machista!
¡Sumemos unidad entre nosotras las mujeres que desde nuestros posicionamientos e incidencia seguiremos haciendo historia por todas, todes, quienes no están y quienes vendrán!
Los tentáculos del uribismo, el fallido narco-estado colombiano, las indecisiones de Iván Duque, la estructura paralela de los grupos paramilitares. Tienen un rasgo esencial. No cesan de asesinar al pueblo de nuestra hermana República de Colombia.
En los últimos días el asesinato de Mario, profesor de agricultura que adhería la filosofía rastafari; la prestigiosa médica LUZ ARTEAGA, que combinó su noble profesión con su papel de lideresa social. BREINER CUCUÑA, niño indígena Nasa, defensor de la tierra. Sí, los tres comparten un destino común, fueron asesinados en sus territorios, defendiendo las causas sociales más nobles.
Llamamos a los organismos de sociales nacionales de Colombia, a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, para que inicien una campaña sostenida, cuyo eje esencial sea el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, pero sin la injerencia del ejército de los Estados Unidos, en dichas negociaciones.
Está demostrado que las “Fuerzas del Orden”, tienen como objetivo básico el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, contra el movimiento social y la población disidente. Como lo dice el autor citado. La doctrina promovida por EEUU básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”. (Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas. /… / el mismo autor citado agrega que, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos que toman los policías de este en América Latina, lo hacen bajo la dirección de la Escuela de las Américas, de tal suerte que, en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información” (https://www.alainet.org/es/articulo/183982). La sostenida provocación del actual gobierno de Iván Duque y la escalada de acciones militares en la frontera de Venezuela, explican el trasfondo de lo que estamos denunciando.
Por eso compartimos como lo señalan el periódico digital El Clarín de Colombia y el noticiero de radio el Clarín, cuando señalan lo siguiente: La urgente desmilitarización de la frontera con Venezuela, que cese los asesinatos de líderes populares, que se evite el desplazamiento masivo en Catatumbo. (https://fb.watch/aGJ5wVJ1CW/).
No nos es extraño por eso que el embajador de Rusia en Venezuela, Serguei Melik-Bagdasárov, considere la posibilidad de que, entre Rusia y Venezuela, se intensifiquen los lazos de cooperación militar ante un eventual aumento de las presiones por parte de los Estados Unidos.
Podría parecernos no razonable. Pero, a decir verdad, la escalada militar en la frontera entre Colombia y Venezuela, responde a la naturaleza intervencionista de los Estados Unidos en nuestras soberanías nacionales. No olvidemos que el Departamento de Arauca, dirigido por un militar, es uno de los puntos de mayor fricción en este momento histórico entre ambos países.
En otro orden de cosas, también denunciamos, los ataques violentos con artefactos explosivos de las sedes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, las sedes del Pacto Histórico y de Comunes.
Citamos nuevamente los medios de comunicación masiva colombianos que al respecto señalan:
Finalmente, como partido elevamos este comunicado ante la opinión pública nacional e internacional y exigimos el respeto a los Derechos Humanos esenciales del pueblo de Colombia. Respeto a la vida de las lideresas y líderes populares, sindicales y partidistas.
Vendrá un momento, en que Uribe, Duque y los otros testaferros del imperialismo norteamericano, tendrán que ser sentados en el banquillo, para que dé cuenta de sus crímenes de lesa humanidad.
San José, lunes 24 de enero de 2022
HUMBERTO VARGAS CARBONELL. Secretario General. TRINO BARRANTES ARAYA. Presidente. LUIS ALFONSO PARDO MARTÍNEZ. Secretario de Relaciones Internacionales. Partido Vanguardia Popular
El 1 ero de julio del año 1981, en Costa Rica, la joven Viviana Gallardo Camacho, de 18 años de edad, fue asesinada por varios disparos en una diminuta celda de detención de la Dirección General de la Guardia Civil, al tiempo que fueron heridas de bala dos compañeras suyas, también detenidas con ella.
Los tiros provinieron de un oficial de esta misma Guardia Civil, José Manuel Bolaños Quesada, quien, sin tener asignada la vigilancia de Viviana Gallardo y la de sus compañeras aquel fatídico día, llegó con su metralleta y al parecer, instrucciones muy claras.
En un texto del juez Rodolfo Piza Escalante adjuntado a una decisión de setiembre de 1983 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso (véase enlace, páginas 19-31), se precisa que:
«2. El 1o. de julio de 1981, el Cabo de la Guardia Civil José Manuel Bolaños Quesada, que no estaba a cargo de la vigilancia de las detenidas, logró llegar hasta la puerta de su celda y disparar con una metralleta a través de la mirilla de la misma, causando la muerte de Viviana e hiriendo a sus compañeras Alejandra y Magaly«.
La noticia de la muerte de Viviana Gallardo estremeció a toda la sociedad costarricense y causó un profundo impacto en Costa Rica, en una época de violencia política que caracterizaba a la región centroamericana.
Desde la perspectiva internacional, el caso fue informado usando los canales usuales: por ejemplo, en este cable desclasificado de los archivos de la diplomacia de Argentina, se precisa la forma – algo escueta – en que fue informada la capital argentina por parte de uno de sus representantes en Costa Rica (véase texto). No se ha tenido acceso a otros cables diplomáticos enviados en la época desde San José (y se considera que una investigación al respecto sería muy deseable en aras de conocer mejor cómo la correspondencia diplomática comunicó al mundo este asesinato, y con base en qué tipo de fuentes).
Una reacción insólita del Estado costarricense
Desde la perspectiva del derecho internacional público, el caso del asesinato de Viviana Gallardo constituye una verdadera rareza, como lo detallaremos a continuación.
Se lee, en una primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de noviembre de 1981 (véase texto completo), que el Estado costarricense presentó una denuncia, muy pocos días después de los hechos, ante la misma Corte:
«1. Mediante telegrama del 6 de julio de 1981, el Gobierno de Costa Rica (en adelante «el Gobierno») anunció la introducción de la instancia de una demanda para que la Corte entrara a conocer el caso de Viviana Gallardo y otras. Por escrito del 15 de julio de 1981 ese anuncio fue formalizado. En su demanda el Gobierno manifestó a la Corte la decisión de someter a su conocimiento el caso de la muerte en prisión de la ciudadana costarricense Viviana Gallardo, así como el de las lesiones de sus compañeras de celda, causadas por un miembro de la Guardia Civil de Costa Rica, encargado de su vigilancia, en la Primera Comisaría de la Institución; hechos ocurridos el 1 de julio de 1981. En su demanda el Gobierno, invocando el artículo 62.3 de la Convención, solicitó que la Corte decidiera si esos hechos constituían una violación, por parte de las autoridades nacionales de Costa Rica, de los derechos humanos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención, o de cualquier otro derecho contemplado en dicho instrumento internacional «.
El entonces Presidente de la Corte, el costarricense Rodolfo Piza Escalante, tramitó de manera muy célere la solicitud. Se lee en esta misma precitada decisión que:
«5.Por resolución del 15 de julio de 1981, el Presidente de la Corte, Dr. Rodolfo E. Piza E., decidió someter directamente la consideración de la demanda del Gobierno a la Corte en pleno. Resolvió igualmente, según lo dispuesto por el artículo 5.3 del Reglamento, ceder la Presidencia para el conocimiento del presente asunto al Vicepresidente, Dr. Máximo Cisneros. Habiendo sido electo Presidente de la Corte el Juez Carlos Roberto Reina el día 17 de julio de 1981, pasó desde la misma fecha a presidir las sesiones en sustitución del Juez Máximo Cisneros«.
La respuesta del juez interamericano se dio en dos tiempos.
En una primera decisión del 13 de noviembre de 1981 (cuyo documento original puede apreciarse en este enlace) los jueces decidieron rechazar la solicitud de Costa Rica, al leerse en la parte dispositiva que la Corte:
«1. Decide, unánimemente, no admitir la demanda introducida por el Gobierno de Costa Rica para el examen del caso de Viviana Gallardo y otras. 2. Decide, unánimemente, aceptar y tramitar la solicitud subsidiaria del Gobierno de Costa Rica para remitir el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. Decide, unánimemente, retener la petición del Gobierno de Costa Rica en su lista de asuntos pendientes en espera del trámite ante la Comisión«.
Reenviado el caso a la Comisión, en este enlace se puede apreciar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 30 de junio de 1983, que concluye:
«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el Artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«.
En un segundo tiempo, en una resolución del 8 de setiembre de 1983, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase enlace pp.16-17), páginas decidió:
«1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Comunicar esta resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4. Incluir la presente resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el artículo 59 inciso g) del Reglamento de la Comisión«.
El precitado juez Rodolfo Piza Escalante se apartó del criterio de la mayoría (véase enlace, página 31), al indicar en una larga opinión disidente (o voto salvado) que:
«MI VOTO SALVADO es para que la Corte declare: 1. Que, en virtud de la Resolución de la Comisión No. 13/83 de 30 de junio de 1983, deben tenerse por agotados jurídicamente los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2. Que, en consecuencia, cumplida la condición de procedibilidad impuesta por el artículo 61.2 de la Convención y de conformidad con la Decisión de esta Corte del 13 de noviembre de 1981, debe la Corte reasumir el conocimiento de la petición presentada por el Gobierno de Costa Rica«.
En los anales del derecho internacional público, este caso resulta a todas luces insólito, en la medida en que, por primera (y única) vez, un Estado presentó una denuncia … en su contra. El sistema internacional de protección de los derechos humanos funciona como un régimen que asiste a las víctimas en caso de no encontrar justicia o respuesta a sus reclamos en un Estado Parte a un tratado internacional de derechos humanos: pero nunca fue ideado para que los Estados presenten denuncias en su contra.
Cuando el caso fue enviado para conocimiento de la Comisión, órgano interamericano jurídicamente habilitado para recibir denuncias por parte de las víctimas, una desgarradora carta de la madre de Viviana Gallardo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de julio de 1983 (véase texto completo) señaló las condiciones inhumanas de detención previo al asesinato de su hija y las humillaciones a la que fue sometida días antes de aquel 1ero de julio de 1981.
Viviana Gallardo: preguntas lancinantes que no logra borrar el tiempo
En este muy completo artículo publicado por la BBC en el 2017 y titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:
«Sin embargo, el Tribunal Superior Primero Penal condenó a Bolaños como autor único del crimen a 24 años de prisión, que después se redujeron a 18. Luego se le permitió visitar a sus hijos los fines de semana y el 30 de septiembre de 1987 obtuvo el beneficio de la libertad condicional.«
Una libertad condicional otorgada en setiembre de 1987 para hechos acaecidos en julio de 1981 plantea algunas interrogantes. No se ha tenido acceso a algún análisis desde la esfera penal que pueda explicar tan generoso beneficio obtenido de forma tan rápida por los defensores del señor Bolaños. Es de notar que en el precitado informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1983, el Estado costarricense se refirió a la pena de 18 años impuesta al señor Bolaños en una de sus respuestas:
» 13. El Gobierno de Costa Rica en nota del 24 de agosto de 1982 dio respuesta a la solicitud de la Comisión, adjuntando dos certificaciones debidamente autenticadas de las sentencias dictadas en la causa contra José Manuel Bolaños por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de Viviana Gallardo, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nasser. También informó que la pena de 18 años de prisión impuesta al señor Bolaños se cumple actualmente en el Centro Regional de Adaptación Social de Pérez Zeledón».
Fotografía de placa conmemorativa artesanal que apareció en el 2017 y fue a las pocas horas retirada, extraída de artículo de la BBC del 2017 titulado «Las incógnitas que rodean la muerte de Viviana Gallardo, unas de las páginas más opacas de la historia de Costa Rica».
En las conclusiones de su libro publicado en el 2017, titulado «El crimen de Viviana Gallardo» (véase texto completo), luego de un exhaustivo análisis, el historiador costarricense David Díaz Arias finalizó con dos preguntas que, 40 años después de los hechos, permanecen siempre muy válidas:
«El cabo Bolaños murió en junio del 2014 y la prensa comentó entonces que se había llevado a la tumba “el secreto” de por qué mató a Gallardo. En ese contexto, la segunda esposa de Bolaños repitió que aquel hombre había sido bueno, pero le indicó a La Nación que no quería ahondar en el pasado porque “ya lo que pasó pasó y él recibió la condena. Solo él y Dios saben lo que pasó y ya se lo llevó a la tumba”. Como se ve, es imposible que se dejen de tejer dudas sobre la muerte de Gallardo si la prensa insiste en crearlas o reproducirlas. No era exacto que Bolaños no hubiera dado una causa de por qué mató a Gallardo; de hecho, sí lo hizo, construyó dos explicaciones: la de que había sido una venganza, que ensayó entre julio de 1981 y marzo de 1982 y la de que había sido un plan construido desde “arriba” que primero reveló al Semanario Universidad en 1981 y que sostuvo y amplió en detalles desde 1982 hasta 1991. Su pena, además, fue drásticamente reducida de la que originalmente se le había impuesto.
Resulta claro ahora que la teoría de que Gallardo fue asesinada para evitar que delatara a los miembros de “La Familia” carece de fundamento, ya que desde el 17 de junio de 1981, las autoridades habían capturado prácticamente toda la documentación necesaria relacionada con ese grupo. Tampoco es creíble la teoría de que fueron altas autoridades políticas o policiales las que planearon el asesinato, dado que para efectos de combatir el comunismo era más estratégico que Gallardo permaneciera viva. Las preguntas de fondo, que permanecen sin responder son: ¿a quiénes les convenía que Gallardo muriera? ¿Quiénes podían ser directamente perjudicados si ella declaraba en los tribunales? » (pp.26-27).
En este artículo publicado por el periodista Fernando Francia el 2 de julio del 2020, titulado «Viviana Gallardo: un crimen aleccionador«, se lee que:
«El debate sobre terrorismo o revolucionaria se instaló para siempre. Los medios mantienen la versión de terrorismo, aunque estudiosos de historia, tanto David Díaz de la Universidad de Costa Rica como Eduardo Tristán de la Universidad de Santiago de Compostela, sostienen que, por sus postulados políticos, por los documentos encontrados y por las prácticas demostradas atribuidas a la organización no puede adosárseles el término de terrorismo. Era un grupo que cuestionaba el orden establecido y las injusticias y que pretendía realizar cambios por la vía armada».
A modo de conclusión
Salvo error de nuestra parte, en este 1ero de julio del 2021, no se ha observado ninguna iniciativa para conmemorar los 40 años desde que fue asesinada Viviana Gallardo en Costa Rica.
Pese a ello, no cabe duda que en este caso (como en muchos otros casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en América Latina), la exigencia de justicia y de verdad se acentúa con el pasar de cada primavera, de cada conmemoración; al tiempo que, algunos de los testigos de aquella convulsa época en América Central podrían sentir (tal vez) que ya ha llegado el momento de liberar algunas cosas ocultadas durante 40 años.
(*) Este texto fue elaborado por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
A diferencia de Chile donde el neoliberalismo se impuso como política económica después de un golpe de Estado y una cruel y brutal represión por parte del ejército, encabezado por el general Augusto Pinochet, en Costa Rica se impuso después de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con impactos menos privatizadores pero siempre devastadores en lo social.
El filósofo Constantino Láscaris logró percibir que la oligarquía costarricense, sin seguir el patrón dominante en América Latina, había logrado someter a su pueblo sin necesidad de ejército. Efectivamente, en el país se desactivó el dispositivo militar pero se activó el ideológico y cultural, para contener los impulsos transformadores de gran calado. Se instauró, así, un sistema que privilegia la dominación cultural e ideológica. La violencia asume una dimensión predominantemente simbólica y política, propia de una “cultura autoritaria”.
Así lo constata el sociólogo Manuel Solís: “Ni la insignificancia del ejército ni su abolición pueden identificarse con la desaparición de la violencia política […] El fondo del asunto lo pusieron en palabras los jueces insubordinados del año 2.000, cuando hablaban de una institucionalidad marcada por una cultura autoritaria […] La arbitrariedad, la corrupción y las distintas formas de violencia civiles pueden convivir, e incluso escalar, con un discurso de paz cuando este apuntala una cultura autoritaria” (Solís A. Manuel (2006) La institucionalidad ajena. San José, Editorial UCR, p.529).
Efectivamente, en las últimas cuatro décadas, nuestra oligarquía ha sabido imponernos el derrotero del autoritarismo neoliberal con un discurso de paz. En su primera administración (1986-2000) el expresidente Oscar Arias mientras propiciaba la paz en la región impulsaba la privatización de las telecomunicaciones en el país y un proyecto que pretendía privatizar al ICE, al mismo estilo que hoy proponen algunos economistas, es decir, vendiendo acciones de instituciones públicas al sector privado. En su segundo mandato (2006-2010), enarboló el lema de “paz con la naturaleza”, mientras decretaba la explotación minera a cielo abierto de interés público e impulsaba la firma del TLC con Estados Unidos, para, al fin, lograr privatizar las telecomunicaciones y profundizar el pacto neoliberal.
Hoy la oligarquía y sus voceros persisten en un discurso que “llama a la guerra” contra la institucionalidad social y el empleado público. Nuevamente, apela a La violencia simbólica del discurso del miedo, ahora aprovechando el contexto de pandemia, para crear un enemigo del pueblo: el sector público, y legitimar, así, el rumbo privatizante para dar la última estocada al Estado Social de Derecho.
Se comporta con una alta dosis de desesperación porque se resiste a reconocer el fracaso rotundo de su apuesta neoliberal, que solo ha producido desempleo, empobrecimiento y una escandalosa desigualdad social. Una realidad que la pandemia se ha encargado de mostrarnos en toda su crudeza, y que debería conducirnos más bien a conjuntar voluntades políticas y sociales intersectoriales, para impulsar medidas y acciones alternativas dirigidas a fomentar la equidad para garantizar bienestar humano, social y cultural.
“En tiempos de epidemias es más fácil entender que un mundo construido sobre la indiferencia, la injusticia social y las profundas desigualdades es un mundo sin futuro» (Albert Camus, citado por Nuccio Ordine). Tal parece, que en este país no está resultando fácil hacer entender que llegó la hora decisiva de apostar por la solidaridad, la justicia social y la equidad, es decir, por la Costa Rica post-neoliberal.
