San José, 4 de junio (SURCOS) – La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, emitió una carta pública dirigida al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la que expresa su profunda preocupación por la creciente violencia en Costa Rica y hace un llamado a bajar el tono de las diferencias para buscar el diálogo y la conciliación ante los problemas nacionales.
En el comunicado compartido con SURCOS por el despacho de la diputada, Castro le recuerda a Chaves que tanto ella como el fueron electos por la voluntad popular para servir a la Patria desde diferentes poderes, compartiendo una gran responsabilidad con el pueblo costarricense. Castro subraya que los homicidios han alcanzado una cifra histórica y que la violencia y la delincuencia, especialmente relacionada con el narcotráfico, se han vuelto comunes en las calles del país.
La señora diputada, insta al presidente a utilizar su posición para promover un diálogo respetuoso y la búsqueda de consensos. «Con el respeto a su investidura, me parece que todos los que tenemos voz, empezando por usted presidente, debemos levantarnos y usar nuestras facultades para bajar el tono de nuestras rencillas, pregonar el diálogo, la conciliación y la búsqueda de consensos, nos sobrepasan nuestras responsabilidades con la Patria», afirma la socialcristiana
La diputada Castro Mora también hace un llamado a establecer una «gran alianza por Costa Rica», convocando a representaciones legítimas de la sociedad, colectivos y fuerzas vivas para colaborar en soluciones conjuntas a los problemas que enfrenta el país. «Es el momento de reconstruir los grandes equilibrios que nos distinguían. Le solicito apertura para un diálogo respetuoso, objetivo y transparente, con la paz social como nuestro objetivo principal», agregó.
A pesar de las diferencias que ha tenido Castro con Chaves, la diputada subraya la necesidad de unir esfuerzos para enfrentar los desafíos actuales de Costa Rica.
«La hostilidad nunca ha sido buena consejera y sembrarla nunca ha dado un fruto sano. No conozco sociedad que se haya construido y desarrollado con identidad, prosperidad y justicia para las personas que la conforman, en un ambiente donde la paz social no sea el objetivo», enfatizó Castro.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Tuve la posibilidad de asistir, en el marco de un coloquio sobre inclusión desarrollado en la Universidad de Angers en Francia, a dos excelentes mesas en las que expusieron la ama académica y el académico de la Universidad de Costa Rica, Mariana Mora y Mar Fournier.
Debo decir que ambas presentaciones me gustaron por su manejo teórico, pero sobre todo por asumir con responsabilidad y riesgo metodológico la implementación de herramientas desde la geografía política y social con enfoque feminista, la descripción de sendas realidades que desnudan una Costa Rica que hace tiempo dejó su excepcionalidad empacada al vacío.
En el caso de Mariana, dibuja una clara relación entre el aumento de los femicidios en Costa Rica y el grave nivel de impunidad, omisión y desatención estatal en la materia.
Producto de su tesis doctoral, la investigadora construye una herramienta digital necesaria por actual en la que se puede ubicar georeferenciadamente cómo se va construyendo la cartografía del dolor en el país.
Esta herramienta muestra tendencias de los lugares en los que ha recrudecido la violencia criminal en contra de las mujeres costarricenses y extranjeras a manos de sus compañeros, amigos y conocidos.
Mar Fournier, por su parte, plantea un interesante acercamiento sobre la construcción del poder material y simbólico en la ciudad de San José sobre los cuerpos de las disidencias económicas, sexuales y sociales.
Utilizando también herramientas de la cartografía social, Fournier dibuja esos puntos calientes en los que un poder biopolitico es ejercido con brutalidad, violencia e impunidad en grado sumo en contra de los cuerpos de esas personas excluidas por su identidad sexual, su marginalidad económica y su s orígenes en la ciudad capital.
Ambas presentaciones me dibujaron con absoluta claridad política un escenario de una Costa Rica, ya no imaginada, sino real, que ha iniciado un viaje sin retorno hacia su desintegración como comunidad política y social. Herramientas como las que Mora y Fournier trabajan en sus investigaciones dan cuenta con precisión que hace bastante tiempo el país dejó de ser la narrativa que era.
Asumir esta realidad es el primer paso para intentar reparar el daño que como sociedad ha infligido a sus poblaciones excluidas. Asumir y poner en práctica la consecuencia. Que tanta falta nos hace.
Hasta hace muy pocos años jamás pensé que en este, “mi país”, escaseara el agua o se tuviese precaución a la hora de tomarla directamente del tubo, porque podría estar contaminada. O que no se pudiera salir por la noche con la seguridad de la que siempre gozamos en nuestra loca juventud cuando, chicas y chicos, deambulábamos a pie, hasta la madrugada, sin preocupación ni zozobra; o en nuestra niñez, cuando jugábamos en potreros, terrenos baldíos, parques, calles, callejones, alamedas, hasta altas horas de la noche. Mucho menos que hubiese apagones ni asaltos o crímenes en la vía pública y a plena luz del día.
Y hubiese jurado que la seguridad social –seguro universal y gratuito– crecería y gozaríamos de ella para siempre, cada vez con mayor eficiencia y más oportuna; que, por ejemplo, las ciudades capitales de cada región contaran con un hospital como el México o el Calderón Guardia, asunto para nada inalcanzable si no se hubiese desfinanciado a la Caja (CCSS). Lo mismo con la educación pública, gratuita y costeada por el estado, con estándares de calidad semejantes a cuando cursaba mis estudios secundarios en el otrora prestigioso Liceo San Carlos, el cual, para entonces, por la calidad de sus docentes, no tenía nada que envidiar a cualquier colegio privado de San José. O que las telecomunicaciones y la electricidad podrían exportarse a toda Centroamérica y más allá, contando con una institución como del ICE, por mucho tiempo la mejor empresa en su línea en América Latina y con las tarifas más baratas. (Recuerdo, en mis épocas de hippie, cuando un profesor francés que me hizo raid hasta Sámara, Nicoya –se daba el lujo de vacacionar en Costa Rica y alquilar un auto con su salario– me asegurara que estábamos mejor que en París puesto que, con unas cuantas monedas y sin la mediación de una operadora, podía llamar desde una cabina en la playa directamente a su casa en Lyon). Tampoco podía imaginar un banco privado, o decenas de universidades privadas atacando a las públicas en pos del presupuesto estatal que se les asigna(ba), aunque el estado no cumpla a cabalidad con el mandato constitucional. A pesar de ello, continúan siendo las más prestigiosas, solventes y eficientes; las únicas que aún pueden llamarse “universidades”.
En fin, presumía, con amigos y conocidos latinoamericanos, usamericanos y europeos, porque generalmente ocupábamos los primeros lugares del continente en cuanto a salud –atención médica, erradicación de enfermedades, campañas de vacunación, prevención–, educación –eliminación del analfabetismo, nutrición escolar, infraestructura escolar, cobertura nacional–, vivienda popular, agua potable, telecomunicaciones y electricidad –cobertura nacional–, distribución del ingreso, producción agrícola –con el orgullo de los estancos del CNP–, eliminación de la pobreza, etc. Casi siempre al lado de los también buenos índices de Cuba. (Hoy, vergonzantemente, somos el país más desigual del mundo).
Trato de decir que el Estado Social de Derecho erigido a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, luego de una cruenta guerra civil (1948) y de un pacto social inédito (oligarquía, clase media y trabajadores, representados por socialcristianos, socialdemócratas, iglesia católica y comunistas), parecía alzar vuelo y funcionar al margen de la guerra fría, de las dictaduras y de las guerras civiles que asolaban a Centroamérica y al resto del subcontinente. Un estado que, a pesar de errores y corruptelas, se presentaba como el proyecto político más logrado y solvente de la región prometiendo mayor estabilidad social en un marco geopolítico sumamente violento y de agudas contradicciones sociales. ¡Pero llegó la contrareforma!
Luego de la lúcida defensa de dicho estado y de la soberanía nacional por parte de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), misma que le fuera cobrada sin indulgencia por parte del FMI y el BM, hincándonos con la devaluación de la moneda, lo que provocó ira en el pueblo costarricense (pero no contra el FMI o el BM, desafortunadamente, sino contra el gobierno defensor de la soberanía, ¡habrase visto!), sobrevino el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) que implementa los primeros planes de ajuste estructural (PAEs), iniciando así la contrareforma neoliberal y la ruptura de un estado que, hasta entonces, operaba –mal que bien– con un rostro humano y sin tanta sangría social, ofreciendo oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos.
Más tarde los neoliberales, con Óscar Arias a la cabeza, asaltan el Partido Liberación. Nacional (PLN), trastocando lo que aún le quedaba de socialdemócrata. Con un “bazoocazo constitucional” –paradoja: así lo bautizó Luis Alberto Monge Álvarez– y sin oposición, logran reelegir al susodicho. Igual sucede con el partido Social Cristiano (PUSC) con la llegada del junior –Calderón Fournier–, quien, junto al otro junior –Figueres Olsen– firmarán un pacto para repartirse el pastel tratando de cerrar y privatizar instituciones. El segundo logra quebrar y eliminar el Banco Anglo Costarricense, entre otros desmanes concertados. Dicho de otra manera, el bipartidismo se alía y conforma un sólo partido –que, cual máscara de Jano, intercambiará el mangoneo del gobierno: el PLUSC. Cuando el jueguito se les agota, entonces deciden crear el Partido Acción Ciudadana (PAC) dilapidando muy pronto su caudal electoral, ya que los dos gobiernos que logran posicionar –atizando la hoguera del fundamentalismo y embobando a izquierdistas parlamentarios y progresistas pro derechos humanos– aceleran la contrareforma de manera agresiva, ganándose la animadversión de una masa ya confundida e intoxicada con el discurso único de esa entente y de la globalización bajo esquema neoliberal administrada por USA. Entonces, ya casi desesperados, inventan una nueva candidatura y envían por un desconocido ávido de poder y de riquezas. Solo que, al parecer, les salió un poco careto aliándose con nuevos ricos y fuerzas espurias. Lo demás lo estamos padeciendo.
Es este un recuento, grosso modo –quizás de manera harto gruesa– para comprender el galopante proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho y el avance de la contrareforma neoliberal dirigido por la plutocracia nacional –con sus contradicciones interclase (grupos de poder que reclaman su tajada), claro está– agenciada por franquicias políticas cada vez más de derecha rayanas en un alarmante y criollo proto fascismo. Es lo que hay. Lo que se lamenta es que el período de desmontaje y deterioro del estado y de la república en general, haya sido tan vertiginoso y virulento; tanto que todavía nos preguntamos cuándo fue, exactamente, que empezó a joderse este paisito. Lo peor: con el apoyo de miles de fanáticos que aplauden dicho desmontaje desconociendo la gravedad del asunto, toda vez que serán ellos los más castigados cuando esta ínsula se privatice en absoluto y pase a ocupar la vanguardia en términos de concentración de capital en pocas manos, bancarrota social y violencia criminal. Lo que se avizora es más que patético. A no ser que demos un golpe de timón y enderecemos la barca en busca de los principios que hicieran de este país un ejemplo mundial en la segunda mitad del siglo XX; algo así como el trapito de dominguear de las democracias capitalistas, una rareza en una Centroamérica convulsa y desangrada. ¿Tendremos los arrestos espirituales, políticos y socioculturales para ello todavía? ¿Será posible la conformación de un verdadero frente político y social que enfrente la, hasta ahora, imparable contrareforma?
La Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua, capítulo Costa Rica (FANCA-CR) condenamos la violenta represión, así como la cancelación forzosa del Foro Popular del Agua, que se realizaba en forma paralela al X Foro Mundial del Agua en Bali, Indonesia.
Nos sumamos al llamado urgente de distintas plataformas y colectivos, así como a los organizadores locales, para exigir al gobierno de Indonesia:
1.Que cese de inmediato todas las formas de intimidación, represión y violencia en contra de las organizaciones de sociedad civil.
2.Respetar el derecho universalmente reconocido, que tienen todas las personas a manifestarse pacíficamente, así como a la libre expresión de su pensamiento.
3.Garantizar la seguridad de todas las personas participantes en este evento.
4.Demandamos al Consejo Mundial del Agua, así como las demás entidades organizadoras de los foros mundiales del agua, a que abran mayores espacios de participación para la sociedad civil y establezca puentes de comunicación y diálogo con los espacios paralelos que se organicen con motivo de los foros mundiales.
Manifestamos toda nuestra solidaridad con los movimientos y organizaciones ambientalistas de Bali, de Indonesia y del mundo entero, que luchan en todos los frentes, por un mundo mejor.
Esta semana, 10 países de América Latina realizaron sesiones de trabajo
Costa Rica se convirtió, esta semana, en la sede internacional para el abordaje integral sobre los avances y desafíos de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, en la cual participan miembros de 10 países de América Latina.
En los últimos años, los países de la región han intensificado el uso de la respuesta penal para hacer frente a problemas sociales complejos, lo cual ha traído como consecuencia un uso excesivo de la fuerza y otras situaciones en materia de detención, así como el surgimiento de acontecimientos de violencia intracarcelaria, hasta la adopción de políticas de seguridad para el manejo de los movimientos migratorios, hechos que han elevado los riesgos para la existencia de casos de tortura y malos tratos.
Esteban Vargas, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Costa Rica, con sede en la Defensoría de los Habitantes, dijo que este es un espacio muy provechoso para armonizar procesos relacionados con inspecciones, registros y otros instrumentos, para que en América Latina, los países tengan las recomendaciones necesarias que les permitan prevenir este tipo de hechos de tortura.
Aparte de Costa Rica, los países que tienen una representación en esta sesión de trabajo internacional son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Este evento es organizado y auspiciado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), una Organización No Gubernamental con sede Suiza, líder en la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura.
Debemos recordar que recientemente el Tribunal Constitucional de Costa Rica resolvió un habeas corpus presentado por una persona detenida en la provincia de Guanacaste, y en la cual el órgano jurisdiccional logró acreditar que hubo tortura, a raíz de las acciones de oficiales de la Fuerza Pública.
El delito de tortura en Costa Rica está tipificado en el artículo 381 bis del Código Penal, y debe entenderse como: un acto intencional de producir a una persona dolor y sufrimiento, físico o mental, con el fin de obtener de ella (o de terceros) información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En esta columna, durante mucho tiempo, hemos hecho referencia a la pérdida de contrato social en Costa Rica.Eso se expresa en muchos órdenes de la vida social, cultural e institucional del país.
Pero un indicador claro, contundente, que refleja ese nivel de caducidad del proyecto horizontal e igualitario de la sociedad en su conjunto, es la ausenciaabsoluta de presente y horizonte para un sector de nuestra población.
En febrero del año en curso, en menos de una semana, tres adolescentes entre 15 y 16 años fueron abatidos en presuntos hechos relacionados con el sicariato.
Las reglas del juego de la inclusión social le fueron arrebatadas a mecanismos de movilidad como la educación y la cultura misma.
En su lugar, grupos del crimen organizado se han encargado de mostrar a las personas jóvenes que con menos esfuerzos y con niveles de compromiso inéditos hacia la acción delictiva, podrán escalar posiciones, mejorar ingresos y construirse un nombre, una identidad en medio de una crisis profunda de legitimación en todas las dimensiones.
Hace poco un medio nacional hacía referencia a una estadística demoledora: cada 12 días es asesinada una persona menor de edad en Costa Rica, lo que significa que entramos a una crisis sin retorno en la destrucción de las posibilidades para estas nuevas generaciones.
Hablamos poco en el país de este hecho. No lo entendemos o no lo queremos enunciar, verbalizar. Las cifras son orientadoras de que algo está pasando: 2023 fue el año más violento de la historia y para el caso que nos ocupa, desde 2018 no se habían producido tantas muertes (42) de personas menores de edad.
Algo de verdad está pasando. Nos bajamos del proyecto colectivo y entre las víctimas colaterales, directas más bien, se encuentran niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy son la primera línea de los ataques sistemáticos del modelo social y económico impuesto en este país hace más de 40 años.
Hablemos. Accionemos. No volvamos a perder una década de esta manera.
Este martes 7 de mayo a las 4:00 pm, hora de Centroamérica, se realizará un foro virtual de la mano de referentes regionales de la lucha por la defensa de los ríos.
Contaremos con la presencia de Gustavo Castro, de Otros Mundos; Juan Pablo Soler, de Comunidades SETAA-MAR y con Ana Laura Rojas, quien es defensora de los derechos humanos en Guatemala y comunicadora social, además, es parte de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Empresa TRECSA.
Esta organización ha sido víctima de múltiples agresiones por parte de personas vinculadas a TRECSA.
En esta ocasión modera Dylanna Rodríguez, de Kioscos Socio-Ambientales.
Puede inscribirse al foro en solidaridad con Ana Laura en el enlace siguiente:
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo comparte un importante video que refleja la postura del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) en relación con las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Chaves.
Expresamos nuestro firme repudio a cualquier forma de incitación a la violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la paz social y la estabilidad democrática de Costa Rica.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
“La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual sino pasara nada”; así dice una de las estrofas de la canción que durante mucho tiempo acompañara la trova latinoamericana de la voz del gran cantautor cubano Pablo Milanés.
Hace unos días, un medio de comunicación de Costa Rica me contactó para que me refiriera a unas imágenes en circulación donde se veía un camión de gran tamaño rebasar a otro y quedar de frente a una ambulancia, en una carretera del país. Me preguntaba la periodista sobre que podría estar explicando esta actitud del conductor del camión.
Ensayar una respuesta inmediata quizá no dimensiona lo que efectivamente nos está ocurriendo a nivel civilizatorio. En muchas de estas columnas he hablado justamente de esta hora fronteriza, en la que no tendremos retorno si no concordamos un nuevo pacto social en el que la convivencia sea realmente una práctica cotidiana.
Lo que pasa en las carreteras costarricenses no es más que la confirmación de un hecho cierto: la competencia, esa que ha introducido el mercado como valor de uso, nos ha ganado la partida y el desprecio por los otros, por la vida de los otros, es una cosa cierta.
“La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada” sigue diciendo Milanés en esa joya de canción. 2023, que fue uno de los años más violentos de la historia con más de 900 homicidios en Costa Rica, también lo fue en accidentes de tránsito en tres décadas, con 517 muertes.
La imprudencia, el tiempo restringido, la creencia que el espacio de la carretera me pertenece y, de nuevo, el desprecio por la vida del otro, explican esa suerte de ser humano transformado bajo un volante. En la imagen referida, por suerte, el conductor de la ambulancia pudo esquivar un seguro choque frontal con consecuencias inimaginables. Se observa, incluso, cómo el camión continua su irresponsable paso por el carril contrario, “cual si no pasara nada”.
Es hora de resolvernos. De reinventarnos, de parar esta vorágine en que nos ha convertido el mercado, la competencia, la deshumanización. Paremos ya para que la vida valga algo.
Desde la Universidad Bíblica Latinoamericana observamos con angustia y preocupación el recrudecimiento de violencia en territorios palestinos. Como Raquel en Ramá, nos “lamentamos y tenemos un llanto amargo” por la muerte de palestinos, como también de civiles israelíes. Tras décadas de despojo y sometimiento, Gaza y Cisjordania se encuentran hoy bajo una cruenta ocupación que crece día tras día, y de forma acelerada se incrementa el número de víctimas inocentes en dichos territorios considerados Tierra Santa para las tres religiones monoteístas: judía, cristiana y musulmana.
Como institución de educación teológica, nos preocupa el uso de argumentos y lenguajes religiosos para justificar la violencia; discursos que hacen un uso inadecuado de escritos y símbolos, particularmente la Biblia, con relación a Dios, madre y padre, dador de la vida y defensor de los y las débiles.
Violencia no solo de balas y las bombas que ponen en evidencia el desprecio por la vida humana dejando miles de personas muertas y heridas; sino también la insana destrucción de la infraestructura habitacional y de hospitales, el bloqueo de ayuda alimentaria y médica. Todo eso ha ocasionado condiciones de hacinamiento que están contribuyendo a la propagación de la desnutrición y enfermedades que afectan a toda la población.
Ante este Vía Crucis que atravesamos como humanidad, el guardar silencio implica la complicidad contra quienes son los y las personas crucificadas de la historia. Como Universidad Bíblica Latinoamericana nos resistimos a justificar la violencia y la muerte y levantamos nuestra voz y afirmamos lo siguiente:
Denunciamos:
Los procesos de colonización y despojo surgidos desde inicios del siglo XX, promovidos por potencias imperiales, y que han traído la conmoción y la violencia a los territorios de Palestina e Israel, con incontables vidas perdidas.
La irracional violencia militar ejercida contra la población civil palestina está sujeta a los asesinatos extrajudiciales, la ejecución de civiles, el bombardeo de zonas habitacionales y la infraestructura de salud, así como el impedimento al acceso de recursos médicos y alimenticios.
La violencia ejercida con la complicidad de los países más poderosos, pone en evidencia una necropolítica, como llama Achille Mbembe, a los estados que ejercen la “licencia para matar” bajo un discurso de orden y de seguridad.
El irrespeto a los mínimos acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos, negados sistemáticamente para el pueblo palestino por las instituciones y poderes globales.
La instrumentalización de la religión, de la fe, de los símbolos y objetos sagrados, para legitimar el exterminio y la violencia contra los pueblos.
Afirmamos:
La voluntad del Dios de la vida, que nos invoca a la construcción de sociedades pacíficas, inclusivas, y que defiendan a todas las personas que las conforman, especialmente a quienes son objeto de violencia, sometimiento y opresión.
La urgencia de un alto al fuego y a las hostilidades en Gaza y Cisjordania, así como la provisión de los recursos básicos – alimentación, salud, infraestructura habitacional – para las poblaciones desplazadas que hoy se encuentran al borde de la muerte.
El derecho a la paz, al bienestar, a la dignidad, y al territorio, para todos los pueblos, sin importar su procedencia étnica, su cultura o su religión.
La constitución de una solución que garantice el derecho a la reivindicación, a la vida y a la justicia del pueblo palestino, en su tierra ancestral.
