Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En esta columna, durante mucho tiempo, hemos hecho referencia a la pérdida de contrato social en Costa Rica. Eso se expresa en muchos órdenes de la vida social, cultural e institucional del país.
Pero un indicador claro, contundente, que refleja ese nivel de caducidad del proyecto horizontal e igualitario de la sociedad en su conjunto, es la ausencia absoluta de presente y horizonte para un sector de nuestra población.
En febrero del año en curso, en menos de una semana, tres adolescentes entre 15 y 16 años fueron abatidos en presuntos hechos relacionados con el sicariato.
Las reglas del juego de la inclusión social le fueron arrebatadas a mecanismos de movilidad como la educación y la cultura misma.
En su lugar, grupos del crimen organizado se han encargado de mostrar a las personas jóvenes que con menos esfuerzos y con niveles de compromiso inéditos hacia la acción delictiva, podrán escalar posiciones, mejorar ingresos y construirse un nombre, una identidad en medio de una crisis profunda de legitimación en todas las dimensiones.
Hace poco un medio nacional hacía referencia a una estadística demoledora: cada 12 días es asesinada una persona menor de edad en Costa Rica, lo que significa que entramos a una crisis sin retorno en la destrucción de las posibilidades para estas nuevas generaciones.
Hablamos poco en el país de este hecho. No lo entendemos o no lo queremos enunciar, verbalizar. Las cifras son orientadoras de que algo está pasando: 2023 fue el año más violento de la historia y para el caso que nos ocupa, desde 2018 no se habían producido tantas muertes (42) de personas menores de edad.
Algo de verdad está pasando. Nos bajamos del proyecto colectivo y entre las víctimas colaterales, directas más bien, se encuentran niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy son la primera línea de los ataques sistemáticos del modelo social y económico impuesto en este país hace más de 40 años.
Hablemos. Accionemos. No volvamos a perder una década de esta manera.