Dentro del marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre a las 10 a.m. se llevará a cabo el foro: «Pandemia, violencias y resistencias de mujeres».
Este encuentro se llevará a cabo por Google Meets. Para participar debe confirmar su participación al correo: aniversario10redmujeresrurales@gmail.com
Enviado a SURCOS por Alejandra Bonilla Leiva.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) repudia la orden de desalojo que emitió recientemente el Tribunal Agrario de San José contra varias familias indígenas cabécares de China Kichá de una finca dentro de su propio territorio, en la zona sur del país.
Las tierras estaban ocupadas por personas ajenas a la comunidad y fueron recuperadas hace más de un año por esas familias.
El Órgano Colegiado le reiteró al Gobierno de la República su deber de garantizar la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica, de respetar la legislación nacional e internacional sobre la materia y asegurar que no exista impunidad ante los atropellos y la violencia a la cual se encuentran sometidas estas poblaciones.
Además, le exigió al Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública tomar las medidas necesarias para que la Fuerza Pública no se exceda en sus competencias y se asegure que no existan actos discriminatorios y persecutorios contra las personas indígenas.
El acuerdo del Consejo Universitario contiene también una solicitud al Ministerio Público para que continúe la investigación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, al considerar que la desestimación y archivo de este caso genera un ambiente de impunidad en las comunidades indígenas.
Para el Órgano Colegiado, “tanto la desestimación y archivo del caso de Sergio Rojas, como la orden de desalojo contra la población indígena China Kichá representan el racismo, la discriminación, la violencia física y simbólica, el asedio y la intimidación que viven los pueblos indígenas en sus territorios”.
Miembros del Consejo expresaron que, por más de 40 años, el Estado costarricense ha sido negligente en su obligación legal de garantizar la territorialidad indígena, de acuerdo con la Ley N.° 6172, de noviembre de 1977, tras el incumplimiento de las promesas de solución que han realizado las últimas administraciones y la inexistencia de una política pública eficiente en la materia.
En reiteradas ocasiones, el Consejo Universitario se ha pronunciado sobre la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como a los homicidios de líderes indígenas y al papel que debe asumir el Estado costarricense, de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.
Este último acuerdo fue aprobado en la sesión N.º 6439, con base en una propuesta presentada por los miembros Valeria Rodríguez Quesada, Madeline Howard Mora, Teresita Cordero Cordero y Carlos Méndez Soto, la cual toma en consideración la solicitud que al respecto presentaron las escuelas de Antropología y Sociología.
Información del Consejo Universitario UCR.
Las organizaciones, mujeres y personas que suscribimos el presente posicionamiento, rechazamos y repudiamos con vehemencia la violencia y el abuso policial contra las mujeres y las niñas en el marco de las protestas y manifestaciones contra el FMI y las medidas de impuestos regresivos por parte del gobierno contra la clase trabajadora.
Denunciamos que el pasado 29 de octubre fue detenida en Ochomogo, Cartago, junto a otros compañeros, de manera arbitraria y violenta Stella Chinchilla Mora destacada comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos, quien enfrenta ahora un proceso de judicialización.
Enfatizamos nuestro repudio contra la detención abusiva, arbitraria e ilegal de Stella, mientras ella se encontraba reportando un abuso de poder por parte de la policía contra una persona con una condición de discapacidad, antes de iniciar una manifestación pacífica.
Condenamos que la violencia policial obstruya el derecho a la comunicación, información y a la libre expresión de todas las personas en Costa Rica. Exigimos el cese inmediato de los abusos de autoridad y la violencia policial contra las mujeres y niñas, o cualquier otra persona que haga uso de su legítimo derecho a la protesta social. Le recordamos a la policía que su principal labor es proteger a la sociedad civil, no perpetuar la violencia ni la masculinidad tóxica que ha manifestado como institución desde la base de su matonismo policial.
Este atropello a la integridad física y emocional de Stella se da en el marco de la violación sistemática a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, bajo las órdenes del Ministro de Seguridad Michael Soto y el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, contra el movimiento social en resistencia desde las calles.
Puntualizamos:
Es inaceptable la violencia sufrida por la compañera Stella Chinchilla Mora, siendo ésta abuso sistemático de poder por parte de la policía, antimotines y diferentes órganos de seguridad nacional bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.
Este atropello a los Derechos Humanos se suma a un conjunto de hechos registrados contra el ejercicio a la libre comunicación, periodistas y comunicadores sociales en el país, demostrando que el gobierno irrespeta acuerdos internacionales como el contemplado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que establece el Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Que en la detención de Stella el Ministerio Público aduce “obstrucción de la labor policial” y “resistencia agravada”, lo cual además de no tener fundamentación, es la justificación bajo la cual el gobierno pretende legitimar el uso de armas químicas de forma indiscriminada con los gases lacrimógenos a la población, las cuales han dejado personas afectadas incluyendo niñez y adultas mayores, que se encontraban en sus casas. También, se han registrado agresiones físicas, verbales y con arma de fuego, envío de infiltrados para ocasionar disturbios con el fin de deslegitimar la protesta social, desapariciones y detenciones arbitrarias como la descrita aquí contra la compañera Stella, sumando al día de hoy más de 141 detenciones de esta naturaleza inconstitucional.
El gobierno de Costa Rica no respeta la libertad de prensa y comunicación popular, y a su vez, es cómplice de la campaña mediática basada en falacias emitidas desde medios de comunicación como La Nación cuyas publicaciones intentan denigrar la labor profesional y comprometida de Stella Chinchilla Mora.
Consideramos que no es posible ni congruente la disposición de un gobierno que convoca al diálogo multisectorial mientras persista un escenario donde se dé la represión, intimidación, persecución, y desapariciones contra sus habitantes, pues caracterizan un estado reproductor de la indefensión, impunidad, cuando acciones como la criminalización y judicialización de la protesta social, son propias de gobiernos antidemocráticos.
Es por esto que en medio de esta crisis política, económica y social donde la pandemia se ha convertido en la cortina de humo para intentar invisibilizar la desigualdad y violencia contra las mujeres, exigimos al gobierno de Carlos Alvarado Quesada ser consecuente con la voluntad manifestada de abrirse al dialogo con el pueblo mediante la priorización del respeto y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, comunicadores, defensores y todos los habitantes de Costa Rica por medio del alto definitivo a la represión del legítimo derecho a la protesta social.
Le recordamos al Gobierno que el disenso es clave para la democracia, y no puede ser acallada con armas químicas, golpes y aprisionamientos. La democracia es un proyecto continuo y debemos protegerlo, reducir nuestros derechos humanos a partir de la represión policial o políticas públicas para criminalizar y judicializar el disenso es una alerta en cuanto el proyecto país que deseamos y que merecemos.
Por último, invitamos a medios locales, nacionales e internacionales a que se sumen a esta denuncia porque comunicar, informar y expresarse libremente ¡Son Derechos Humanos! Un Estado que limite el ejercicio libre de estos no es una democracia. ¡Libertad para Stella! ¡Libertad para protestar! ¡Justicia para las personas en procesos por ejercer su derecho humano a la Protesta Social!
Para apoyar esta iniciativa, ingrese en el siguiente enlace: https://forms.gle/VtC3VUJgSpDWeEEW9
Luego de la innegable y contundente victoria del MAS en Bolivia, y sus candidatos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, con el 55% de los sufragios a su favor, la oposición radical liderada por Luis Fernando Camacho, cual “pataleo de ahogados”, recurre a su vieja y anterior practica de golpista, no reconociendo la constitucionalidad de las elecciones en Bolivia, y desconociendo la transparencia del proceso electoral.
Además de llamar al viejo y recurrente paro cívico en Santa Cruz de la Sierra, ha declarado: “Lo que hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer ahora”.
Mediante un decreto de la autoproclamada Jeanine Añez, que ordena una auditoria de los comicios, el “macho” Camacho, pretende evitar la posesión de la dupla Arce-Choquehuanca ganadores de las elecciones.
Ha arengado a sus seguidores en el paro cívico, con su tradicional referencia a “luchando con fe en Dios” y su repetitivo slogan de “queremos vivir en un país libre, en un país en el que se respete la pluralidad y la democracia”.
Más adelante agregaría: “Bolivia será la esperanza de toda América Latina, terminó el comunismo, tendremos libertad y democracia”, dijo el hombre que afirma querer luchar contra la izquierda en todo el continente. “Los bolivianos reanudaremos la lucha para restaurar la dignidad de Venezuela, así como a todos los países que han sido humillados”.
Perfil del excandidato Presidencial y exlíder Cívico
Luis Fernando Camacho Vaca, ha sido mencionado por Evo Morales, en varios de sus pronunciamientos como culpable, junto con Carlos Mesa, de lo que Morales denomina el golpe de Estado, que resultó en su renuncia, el año pasado 2019.
El líder cívico, en ese momento, ya había pedido no solo la renuncia del presidente, sino también de los parlamentarios y máximas autoridades judiciales, para dar paso a un gobierno transitorio, conformado por “notables” que llamen a nuevas elecciones. “No tumbamos gobiernos, liberamos un pueblo en fe”.
Censurado de racista y ultraderechista, que utiliza formas que hacen recordar a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Considerado carismático, histriónico, conservador y verborrágico.
Es abogado, con maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona-España, con 41 años de edad. En febrero del año pasado 2019, fue elegido presidente del Comité Pro-Santa Cruz, una organización cívica conformada por agrupaciones de empresarios de derecha y asociaciones “a favor de derechos sociales de esta ciudad”, la más rica y poblada de Bolivia, y bastión opositor al gobierno de Evo Morales, en ese momento.
La región produce el 70 % de los alimentos del país y tiene un enorme potencial energético e hidrocarburífero que, tras la nacionalización de Morales en 2016, está hoy en manos del Estado. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el PBI del Departamento de Santa Cruz representaba en 2016 al 28,9 % de la Economía total del país. «Santa Cruz representa un tercio del PBI».
Camacho, formó su liderazgo en el Comité Cívico Juvenil de Santa Cruz UJC, una organización de Derecha Radical, y en las “fraternidades”, y comparsas carnavaleras elitistas.
A su vez, la organización juvenil es una “especie de grupo paramilitar”, quien según la Federación Internacional por los Derechos Humanos, que la ha denunciado, junto al Comité Cívico de Santa Cruz, por sus “discursos secesionistas, gremialistas y racistas”, que terminaron en ataques contra indígenas.
Los “cambas”, como se definen, La UJC, de la que Camacho fue vicepresidente, fue una organización clave en la escalada de la violencia en Santa Cruz y luego en el resto del país.
Según el portal Primera Línea, forma parte de la logia Los Caballeros del Oriente, una de las dos grandes logias influyentes en Santa Cruz. Además, el opositor es reconocido por justificar siempre, sus acciones, basado en Dios y la Biblia.
Según la visión de Camacho, la llegada de Morales a la presidencia, este sacó a Dios del gobierno, y con su gesto logró un objetivo que venía anunciando desde que comenzó su campaña para exigir la dimisión del mandatario hace algunas semanas: “devolver la Biblia al Palacio de Gobierno”.
No obstante, recordemos que, pese a sus constantes invocaciones a la religión, éstas contrastan con una retórica muchas veces violenta. Hablando de sus rivales políticos, Camacho dijo que lo que había que hacer, “salvando las diferencias, era sacar la agenda como lo hacía (el narcotraficante colombiano) Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo, porque queremos que el día de mañana vayan presos, pero no por rencor y odio, sino por justicia”.
Frente a ataques de partidarios suyos a seguidores de Morales, Camacho se negó a repudiar la violencia. Jamás ha pedido moderación, y no apoyó los pedidos de la OEA, para que haya una salida democrática a la crisis desatada en Bolivia. Organizaciones sociales y feministas lo han tildado de misógino.
De familia oriunda de Cochabamba, región central caracterizada por gente combativa, el líder, es además socio de una empresa familiar inmobiliaria y otra avícola. Las medidas de Camacho son acatadas masivamente en Santa Cruz, pero solo parcialmente en otras regiones como Cochabamba (centro), Tarija (sur) o Potosí.
Debajo de su fachada religiosa, como hemos señalado, se esconde un millonario ultracatólico, que afirma luchar “no con armas sino con Fe”.
Una parte no muy conocida de su vida revela que, según un informe elaborado por una Comisión Legislativa que investigó el asunto de, los Panamá Papers, a través de la creación de tres sociedades (Medis Overseas Corp., Navi International Holding y Positive Real Estates), Camacho habría operado como intermediario para “coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos”.
La última perla del “macho” Camacho, es que en el contexto del triunfo y la asunción de Luis Arce, se están dando alertas sobre planes golpistas de derecha boliviana, contra la victoria del MAS, y según informaciones comprobadas detrás está Luis Fernando Camacho. Prueba de ello, es el reciente atentado con dinamita contra Arce en la Paz.
Finalmente, las posturas antidemocráticas de estos grupos, incluido Camacho, son el temor a la justicia, porque todo “macho” es cobarde.
Imagen ilustrativa tomada de: https://www.france24.com/
SERPAJ Costa Rica y CENAPRONOVA le invitan al ciclo virtual de talleres 2020 “Derechos Humanos y No Violencia Activa” a realizarse en los meses de noviembre y diciembre de 4:00 a 6:00 p.m. por Jitsi Meet.
Los detalles del enlace a la reunión y los temas a tratar los puede encontrar en la siguiente imagen.
Para más información comuníquese al correo: serpajcostarica@gmail.com o ingrese a la página de Facebook SERPAJ-Costa Rica.
El miércoles 14 de octubre se llevó a cabo la segunda sesión programada dentro del seminario «Crisis de la democracia en los tiempos del COVID-19. Crítica y propuesta”, con motivo de celebración de los 10 años de creación del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), el cual inició el miércoles pasado.
Para esta sesión la temática fue “Territorios, ambiente y organizaciones comunitarias” y la moderación de esta segunda estuvo a cargo de Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE. Las dos ponencias presentadas fueron a cargo de Tanya García Fonseca y Francis Muñoz Calvo, ambos investigadores pertenecientes al Programa en Gestión de Alternativas con Organizaciones Indígenas y Campesinas (PROICAM) del centro.
Antes de comenzar con la presentación de las primeras dos ponencias para la jornada de este día el director del CICDE, Luis Paulino Vargas Solís, hizo una reflexión sobre el momento de crisis que actualmente está atravesando el país. “De alguna manera, y de una forma no anticipada ni prevista, planteamos que el tema de este seminario fuera la crisis de la democracia y coincide precisamente con un momento nacional convulso como el que estamos viviendo en estos días, en estas semanas. Un momento que alguna manera pone en evidencia, dramáticamente, que efectivamente de democracia costarricense atraviesa por una crisis profunda, que esta cuarteada por profundas rupturas, por profundos desequilibrios, por graves asimetrías. Es lo que estamos viviendo en un ambiente de violencia que no deseamos para nuestro país, seguramente ambicionando que se encuentren vías para recuperar la paz y el entendimiento”, comentó Vargas Solís.
La primera ponencia fue la presentada por García Fonseca titulada “Más allá de la piña: contiendas sociambientales y alternativas comunitarias”, la cual se deriva de la investigación “El agronegocio de la piña ¿es realmente un buen negocio para Costa Rica?, que actualmente desarrollan García Fonseca y Carazo Vargas.
La exposición presentó datos sobre la situación socioeconómica de la Región Huetar Norte, datos que comprueban el rezago en que se encuentra esta región y lo poco que se ha visto beneficiada por la actividad agroindustrial piñera, la cual se ha extendido en este territorio, genera grandes sumas de dinero en concepto de exportaciones, pero esto no se traduce en mejores condiciones para estas comunidades.
En lugar de ser un beneficio para estas comunidades, se convierte en el origen de más problemas, por la transformación del paisaje y de los usos del suelo poniendo en riesgo la seguridad alimentaria no solo de la región sino también del país; el uso intensivo e irregular de agrotóxicos y sus impactos en la salud humana, así como de la flora y la fauna; las condiciones de explotación, inseguridad y vulnerabilidad a los que son sometidos los y las trabajadoras.
Pero ante este oscuro panorama, se expuso sobre las acciones que vienen realizando las comunidades, ejemplo de ello es un grupo de familias de La Virgen de Los Chiles, principalmente mujeres, grupo llamado la Feria Agrícola y Cultural El Cornizuelo, quienes se han organizado para producir alimentos y comercializarlos, y así demostrar que en Los Chiles aún se producen alimentos, que sus saberes y conocimientos aún cuentan y pesan.
Seguido de la ponencia se presentó el video “Sembrar para cosechar” que está incluido en el audiovisual “La era de sembrar”, producción audiovisual realizada entre el Programa de Producción de Material Audiovisual (PPMA), de la UNED, y el CICDE.
Francis Muñoz Calvo presentó la ponencia “Transformaciones socioproductivas de las economías campesinas durante la fase neoliberal: el caso de Potrero grande y la estrategia del sector agro-alimentario del Estado”, en la que exhibió pequeños avances de su investigación “Memorias agrícolas de Potrero Grande.”
Muñoz explicó que los pueblos de la zona sur del país estuvieron desvinculados del Valle Central y sus procesos políticos, sociales y culturales durante la colonia y el inicio del período republicano. Sin embargo, desde tiempos precolombinos los pueblos originarios tenían fluidas relaciones económicas y culturales con los pueblos del norte de Panamá. Fue hasta mediados de S.XIX que empezaron los intentos de las autoridades costarricenses por construir una vía de comunicación entre Cartago y el Valle del Diquís. Esta condición favoreció las migraciones de personas provenientes de la provincia de Chiriquí Panamá y la conformación de pueblos como Potrero Grande.
Es hasta mediados del S.XX que el Estado costarricense comienza a tener un poco más de presencia en la región e instala diferentes instituciones como el Banco Nacional, a través de las Juntas Rurales de Crédito, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la Caja Costarricense de Seguro Social. Antes de eso lo que existían eran diferentes corresponsales del estado (cartero, policía y el cura de la iglesia).
Además, el investigador plantea el concepto de Unidad Productiva Potrereña, que son las formas campesinas de producción en Potrero Grande. “Se caracterizaban por formas cooperativas de trabajo y sobre todo por lo que los teóricos llaman unidades económicas campesinas, que en realidad son pequeñas económicas basadas en la mano de obra familiar.” La economía en la región, tuvo un cambio importante a raíz de los énfasis de la política durante el desarrollo del proyecto histórico neoliberal.
Al terminar la exposición de las ponencias se presentó un mapa colaborativo, en donde días previos se les pidió a las personas participantes identificar los distintos conflictos socioambientales que se vienen dando en el territorio nacional, y propuestas que vienen desarrollándose desde las comunidades. Finalmente se facilitó un espacio de reflexión e intercambio entre todas las personas participantes.
Para acceder el video completo de la sesión lo pueden hacer aquí y el próximo miércoles 21 de octubre será la tercera sesión “Arte, cultura, política y subjetividad”, a partir de las 9 a.m.
El Dr. Arturo Fournier Facio fue invitado a participar en representación de nuestro país y junto con otras personas de diversos países, en una Comisión Internacional de Investigación en relación con la escalada situación de violencia policial y racismo sistémico en la actividad policial que resulta en violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos contra afrodescendientes en los Estados Unidos.
Anteriormente, varias familias y más de 600 grupos de derechos humanos solicitó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la conformación de una Comisión de Encuesta. Aunque la petición fue apoyada por los 17 miembros del Grupo Africano, el Consejo de Derechos Humanos sucumbió a la enorme presión diplomática de Estados Unidos y otros países aliados y se negó a establecer una Comisión de Encuesta para investigar a Estados Unidos.
Reconociendo que los asesinatos y mutilaciones de negros desarmados por parte de la policía y los grupos de autodefensa en los Estados Unidos continúan aumentando sin cesar y que cualquier recurso interno efectivo es inexistente o agravado por las políticas del gobierno federal de los Estados Unidos, la Internacional La Asociación de Abogados Democráticos (IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Negros (NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (NLG) decidieron convocar una Comisión Internacional de Investigación compuesta por Miembros Expertos Distinguidos de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribbean1 para realizar una investigación independiente sobre:
1) Casos de víctimas de violencia policial, ejecuciones extrajudiciales y mutilaciones de afrodescendientes y racismo estructural arraigado en las prácticas policiales en los EE. UU.
2) El racismo estructural y el sesgo en el sistema de justicia penal que resulta en la impunidad de los agentes del orden por las violaciones de la ley estadounidense y las normas internacionales de derechos humanos.
La Comisión llevará a cabo audiencias públicas de investigación en varias ciudades de los Estados Unidos manera virtual.
Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se negó a convocar una investigación específica centrada en los Estados Unidos, el Consejo de Derechos Humanos en la resolución A / HRC / RES / 43/1 ordenó a la Oficina del Alto Comisionado que preparara un informe sobre el racismo sistémico y las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra los africanos y los afrodescendientes por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial.
Imagen tomada de: https://apnews.com/
México y Centroamérica, 15 de octubre de 2020.- Además del fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en el acceso a derechos y servicios básico, esta ha resultado también en una profundización de la crisis democrática y de derechos humanos en la región mesoamericana. Como respuesta a la pandemia, algunos Estados de la región han implementado acciones de carácter punitivo, como toques de queda, estados de excepción o la militarización de la seguridad ciudadana, entre otras medidas contrarias a los derechos humanos de la población. En este contexto, la defensa de los derechos humanos enfrenta nuevos obstáculos y, a la vez, se vuelve más urgente que nunca.
Estas son algunas de las conclusiones del brief “Defender derechos en tiempos de COVID: Balance regional de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica”, publicado el día de hoy por el Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas (Espacio OSC), Front Line Defenders, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), el North American Congress on Latin America (NACLA), y Trade Unions for Energy Democracy (TUED).
Este informe surge a raíz del evento homónimo: una serie de foros virtuales que, durante cinco semanas, convocó a 26 personas defensoras de la región con el fin de evaluar de qué manera la pandemia ha impactado su labor de defensa. El ciclo de conversaciones estuvo compuesto por cinco espacios: Mujeres defensoras y el derecho a defender derechos humanos; La libertad de expresión y el acceso a la información en tiempos de pandemia; La lucha por la memoria, la verdad y el acceso a la justicia; La defensa del ambiente y el territorio en Mesoamérica; y Derechos laborales y sindicalismo.
A raíz de estos diálogos, las organizaciones concluyeron que las condiciones para defender derechos y defender la libertad de expresión en México y Centroamérica han empeorado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, denunciaron un incremento en las agresiones contra personas defensoras, en forma de desprestigio y estigmatización, represalias administrativas, amedrentamientos, detenciones arbitrarias e incluso criminalización. De acuerdo con registros de las organizaciones, al menos 25 personas defensoras fueron asesinadas en la subregión entre enero y agosto de 2020.
El informe reconoce como una primera barrera las restricciones a la movilidad impuestas como respuesta a la contingencia sanitaria, que han limitado significativamente la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico. Así, sostiene que las personas defensoras y comunicadoras no cuentan con medidas para ejercer de manera segura tareas como el acompañamiento de grupos vulnerados, monitoreo u observación, o el desarrollo de trabajos de investigación periodística.
Por otra parte, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos enfrentan barreras tanto físicas como tecnológicas: complejizando aún más su camino para acceder a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas. Todo esto sin que las autoridades judiciales de la región brinden alternativas para el avance de sus procesos.
Para las mujeres defensoras los riesgos se profundizan. En la región, las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia contra las mujeres. Al menos en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México se ha registrado un aumento de casos de violencia contra las mujeres en el espacio privado a partir de la pandemia, al tiempo que defensoras denuncian un incremento en los ataques y violencia digital.
Según el informe, las agresiones a la prensa también se han agudizado notablemente a partir de la crisis sanitaria. La exclusión de la prensa independiente y bloqueos informativos se han denunciado en El Salvador, Nicaragua y Guatemala; mientras que en Panamá el acoso judicial se ha incrementado. En México y El Salvador, las y los periodistas han recibido amenazas y acoso digital como represalia de su cobertura. Por su parte, el gremio médico también ha enfrentado ataques a partir de la COVID-19. En Nicaragua, al menos una treintena de profesionales han sido despedidos y acosados como represalia de su crítica contra a la política sanitaria oficial.
Aunado a ello, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, situación que no cede en pandemia. Por lo menos en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala han continuado las invasiones territoriales, desalojos de comunidades, ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio. Al tiempo que, aún con el alto riesgo de contagio en centros penitenciarios, en México, Guatemala y Honduras, personas defensoras del territorio continúan privadas de libertad ilegalmente.
En lo que corresponde a la defensa de derechos laborales, los Estados por lo general han sido incapaces de garantizar el trabajo dentro de entornos seguros, teniendo a las industrias ligadas a las cadenas de suministro global como aquellas más afectadas por brotes epidémicos. Encima, reconoce el retroceso en garantías laborales, la estigmatización pública, y la exclusión de personas trabajadoras del mercado laboral, formal e informal, como represalia a sus reivindicaciones sindicales y a la lucha por el acceso a derechos laborales.
Frente a este contexto, las organizaciones hacen un llamado a los Estados de la región, entre otros a:
Descargue el informe completo en español e inglés aquí.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.taringa.net
El sistema económico capitalista vigente ha entrado en una etapa donde los contrastes entre clases sociales se han agravado, de tal manera que estamos señalados como uno de los países más desiguales del mundo.
Con la crisis sanitaria, estas diferencias se han profundizado y la tasa de desempleo ha crecido a niveles históricamente nunca vistos. Los sectores de la diversidad sexual y de género, especialmente las mujeres trans, son uno de los sectores de los más golpeados por carecer de oportunidades de educación y empleo.
El descontento ha crecido, especialmente cuando se anunciaron medidas dirigidas contra los trabajadores y el pueblo en lugar de instruir a las direcciones tributarias para que realicen la función efectiva para recaudar los fondos necesarios dejados de percibir por las ganancias de empresarios, y fundamentalmente porque estas medidas no se han dirigido hacia eliminar la elusión, la evasión, la exención y la mora en el pago de los impuestos de empresarios poderosos, tanto locales como transnacionales.
El anuncio del posible préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la manera de conseguir fondos para el pago de la deuda interna; han provocado con mucha razón el descontento popular. Descontento alimentado, en cierta manera, por oportunistas politiqueros, y noticias falsas, pero que realmente es un descontento sentido y justificado.
La violencia en los bloqueos y ante las Oficinas Presidenciales nos preocupan como Organización, especialmente porque no entendemos que suceda, ahora que se ha llamado a un diálogo nacional. Nos parece que ningún grupo debe negarse a participar ante el llamado presidencial, porque, quien se niegue cerrará las puertas de la credibilidad a sus planteamientos sin embargo también se debe dar participación activa de la sociedad civil.
El presidente, en su alocución referida a los bloqueos de carreteras, anunció que eliminaba la propuesta original, sin embargo, no ha mencionado que no se va a solicitar el préstamo al FMI, tampoco que se ha dejado de pensar en la posibilidad de venta de empresas del Estado, pues no incluyó, por ejemplo, en la lista, no vender la Fábrica Nacional de Licores. Pero rescatamos su llamado a la conversación o diálogo, y nos parece que las negativas de algunos sectores a conversar son injustificadas y solo perjuicio pueden causar a la paz social, ya tan lastimada.
Destacamos eso sí, que ya en las primeras conversaciones se ha logrado que se busque financiamiento al aguinaldo y los aumentos de los empleados públicos.
Creemos que se debe encontrar alternativas al préstamo del FMI, por ejemplo, como la que se ha sugerido de conseguir un préstamo de las reservas económicas y de las inversiones efectivas que mantiene en el exterior el Banco Central, a sabiendas que el sector financiero nacional también es parte del Sector Público Costarricense, además que es el Banco Central de Costa Rica el ente público que se encarga de la emisión y administración de los billetes y monedas.
Y en todo caso los objetivos principales de las conversaciones son investigar y poner denuncias contra elusores y evasores de impuestos. Ya sabemos que este procedimiento es muy lento, la investigación no es fácil, empresas y empresarios esconden sus maniobras minuciosamente. Además, una vez descubiertos y acusados los procesos judiciales duran bastantes años, pero ese camino hay que recorrerlo como una manera de evitar que se siga produciendo este desfalco fiscal que nos perjudica a todo el pueblo. Debe hacerse que los auditores fiscales con los que cuenta el Ministerio de Hacienda efectúen la labor de una forma efectiva para cobrar la cifra millonaria que aún se encuentra pendiente de recuperar y a su vez que esas empresas regulen su situación tributaria eficientemente.
Si el Gobierno necesita más ingresos no debe de ninguna manera cargar impuestos a quienes menos tenemos. Los impuestos deben ser cobrados para quienes tienen más ganancias de sus negocios. Debe revisarse las exenciones que dejan un hueco fiscal considerable.
Sobre los gastos nos parece adecuado, de forma perentoria, la revisión del costo de alquileres, tal y como se está haciendo. Pero a un plazo muy corto hay que construir los tantas veces planeados edificios propios para las diversas oficinas estatales.
Sí a la justicia tributaria.
Adelante siempre adelante.
San José, 13 de octubre de 2020.
La violencia es el miedo a las ideas de los demás
Mahatma Gandhi
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.
El No y el Sí siguen siendo las consignas que retratan el alto grado de polarización sociopolítica que ha marcado el derrotero del país en lo que va del siglo XXI.
Inauguramos el siglo, en el año 2000, con el Sí y el No a la privatización del ICE, el denominado “Combo Energético”; en el 2007 con el Sí y el No al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; recientemente, en el 2018, con el Sí y el No al Plan Fiscal de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; y ahora, en el pandémico 2020, con el Sí y el No al Convenio con el Fondo FMI.
Las fuerzas políticas partidarias, aprovechando que se está a las puertas de una nueva contienda electoral y atendiendo al descontento popular, cada vez más beligerante y masivo, se aprestan a desmarcarse de lo que ha sido un gobierno de coalición pluripartidista. De alguna manera, los partidos de “oposición”, que realmente no lo han sido, ahora se aprestan a tratar de sacar ventaja de esta inesperada irrupción popular.
Por su parte el autoritarismo del gobierno y su falta de capacidad de diálogo han contribuido a que se fortalezca la “democracia de la calle”, que no solo es el pueblo en las calles si no el pueblo apropiándose de las calles y prácticamente paralizando al país; al parecer, la única vía para encarar un gobierno que se ha tomado muy en serio el consejo de Maquiavelo de que el príncipe debe ser más temido que amado. Y ahora que se apresta a dialogar, empieza mal convocando a sectores de manera bilateral, como si se tratara de una estrategia para ir midiendo fuerzas, cuando la calle arde.
Por otra parte, los medios de comunicación más influyentes, como Canal 7, Radio Monumental y La Nación brillan por la forma burda de manipulación y visión parcializada. Bastan dos ejemplos.
En una de las ediciones de Telenoticias se hacen malabares periodísticos con montajes de imagen, para echar leña al fuego del movimiento de protesta, manipulando una imagen en donde los manifestantes atacan con piedras a los antimotines que vienen más que protegidos. En ese preciso momento, pasa un vehículo de la Cruz Roja y entonces resulta que los atacantes son presentados como si estuvieran apedreando al vehículo. Este hecho es retomado desde un discurso delirante y enardecido para tratar a todos los manifestantes como los que muerden la mano a quienes la extienden; es decir, utilizando el recurso habitual de la sinécdoque (juzgar el todo por la parte).
En una comparecencia, en Radio Monumental, de cuatro economistas para debatir sobre salidas a la crisis, con la advertencia de hablar con numeritos y precisión técnica, la mayoría, tres de los cuatro, estuvieron encantados con los numeritos alegres sobre reducción del gasto público, venta de activos, fusión de instituciones públicas, y el oro y petróleo del subsuelo etc. Solo uno de los participantes destacó que el asunto no competía solo a los “expertos» sino a la diversidad de actores sociales, con sus ideas y propuestas. Y ninguno, ni por broma, mencionó las billonarias evasiones y elusiones de impuestos.
Este tipo de prensa, tan descaradamente parcializada, a la par de un gobierno que, como alguien dijo, solo escucha con el oído derecho, se han venido convirtiendo en agentes de la violencia simbólica y política que está abonando el terreno para el caos. Sin embargo, cuando se habla de violencia se responsabiliza únicamente al movimiento de protesta con sus piedras de “juguete”, comparadas con la “ráfaga” de ideas parcializadas y manipuladoras de la prensa. Sí, la violencia se cultiva cuando se le tiene miedo, y no se le da cabida, a las ideas de los demás, como señalaba el maestro de la no-violencia, Mahatma Gandhi.
Llegó la hora de aprovechar que estamos tocando fondo, para conjuntar buenas voluntades, inteligencias y sabidurías ciudadanas y concertar las políticas de estado que se requieren para salir del sótano y proyectar el país por los senderos de la equidad económica y del bienestar y la paz social. Postergar esta tarea ineludible es poner en peligro la paz del país, ya lesionada por una agresión socioeconómica y política de la que poco se habla. Efectivamente, muy poco se habla de la violencia mediática, psicológica, económica y política que se ejerce sobre el pueblo, cuando se ignoran y pisotean sus derechos y se utiliza el poder para institucionalizar la corrupción legalizada.
Hay que abocarse a superar la polarización entre el Sí y el No a paliativos o placebos; y decidirse con seriedad y voluntad ciudadana a decirle Sí a Costa Rica, para encontrar la mejor medicina para un paciente en cuidados intensivos.
Ya para inicios de la década de 1980 el visionario pensador costarricense don Luis Barahona Jiménez percibió cómo la polarización económica y social estaba conduciendo a la existencia de dos Costa Rica, y apelaba al patriotismo para superarla: “[…] dos rostros que no coinciden y que, por lo mismo, suponen una división creciente que se radicaliza día con día, no por razones ideológicas o de propaganda política, sino por un planteamiento sociológico, político, económico y moral errado, que acabará por enfrentar estos dos sectores […] aquellos costarricenses que quieran proceder con honradez, sentido humano y patriotismo, están en la obligación de evitarlo […]”[1].
Con gran tino, señalaba don Luis que el nudo de la cuestión competía a una racionalidad socioeconómica, ética y política “errada”, y no se reducía a cuestiones ideológicas y propagandísticas, el sendero frecuentado por una clase política y una partidocracia de pocas luces y más interesada en “vivir de la política que para la política” (Weber), es decir, en resolver los problemas sustantivos del país.
En el marco del conflicto suscitado por el referéndum convocado sobre el TLC con Estados Unidos, apuntábamos que la ciudadanía mostraba especial interés por “reconstruir el espacio democrático, para proyectar un nuevo modelo de desarrollo con amplia participación popular”[2]. Asimismo, hacíamos referencia a “las provocaciones de una tecnocracia” renuente al diálogo, la vía para profundizar la democracia, antídoto de la violencia en sus diferentes manifestaciones: económica, social, simbólica y política. Además, percibíamos la voluntad ciudadana de proyectar el país “hacia una cultura del diálogo y la no-violencia”[3].
Sin embargo, hoy la polarización social del país se ha intensificado al punto de estarnos conduciendo a un estallido social violento. Nuevamente, más allá del Sí o el No al FMI, persiste un doble desafío: reconstruir el espacio democrático para fortalecer su carácter participativo y dialogal y reconstruir el pacto social para superar de una vez por todas ese doble rostro de Costa Rica, que debe ser causa de indignación para todo costarricense que se precie de serlo.
[1] Barahona, J. Luis (1980) La patria esencial. San José, C.R. Litografía e imprenta Lil, pp.102-103.
[2] Vega, Alvaro (2010) El despertar de la ciudadanía. Ideología del miedo y cultura de la no violencia en Costa Rica. Heredia, C.R., EUNA, pp.94-95.
[3] Ibid, p.96.
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