Ir al contenido principal

Etiqueta: violencia

Ante el Coronavirus, ¿la bolsa o la vida?, o ¿la sedición política?

Vladimir de la Cruz

Cuando la Revolución Rusa, recién triunfada en noviembre de 1917, puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para logar la Paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy bielorusa de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.

Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la Paz era esencial para la consolidación de la Revolución. Esta Paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la Revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.

Rusia perdió, principalmente, con la firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.

Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el Comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la Revolución.

La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la Revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.

Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.

Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.

Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.

Esta Pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…

Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.

Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.

Las políticas públicas, hasta hoy en ejecución, han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.

Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.

Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de 30 empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de trasmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.

La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.

En Costa Rica la Ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.

Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.

El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin las buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.

Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…

Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.

Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan, en el fondo, a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.

De la profundidad de mi alma mujer

El presente libro es una recopilación de experiencias y reflexiones que ha hecho la autora sobre lo vivido, de acuerdo con el propósito que tuvo su alma durante esta existencia: decir No a la violencia.

En él se narra la historia de violencia domestica que vivió la autora en carne propia desde su niñez y que la preparó y sensibilizo para poder luchar contra ella el resto de su vida.

Expone que si es posible vivir sin violencia y explica como lo ha logrado junto a su esposo e hijo, así como los conocimientos adquiridos, sus avances a nivel personal y espiritual.

Milena Barrientos Blanco es Licenciada en Planificación Social de la Universidad Nacional Costa Rica, ha dedicado toda su vida a la defensa de los Derechos Humanos, trabajando con la cooperación internacional en proyectos de desarrollo y protección de derechos, así como en instituciones estatales, como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, defendiendo tanto los derechos de las mujeres como de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas LGTBI.

Mucho de su tiempo laboral lo dedico a proteger a las mujeres de la violencia de género y la violencia doméstica, capacitándolas y empoderándolas para que hicieran use de las herramientas legales disponibles a nivel nacional e internacional para su defensa y protección.

En este momento de su vida esta jubilada y dedica su tiempo a ser escritora para compartir sus vivencias y los conocimientos adquiridos en esta trayectoria como defensora de los derechos humanos.

Pueden hacer los pedidos al WhatsApp 8988 6595.

En Costa Rica: Violencia sistemática contra las mujeres se profundiza en tiempos de coronavirus

Con entrevistas a Alejandra Bonilla, Naty Vargas, Lidia, Fer Segura y varias otras integrantes de colectivos feministas

Voces Nuestras. Mientras seguimos lidiando con una crisis sanitaria y un cambio radical en las dinámicas económicas y de interacción social, las formas de violencia sistemática contra las mujeres se profundizan.

Son muchos los retos que enfrentan las colectivas, organizaciones e instituciones que trabajan temas relacionados a violencia contra las mujeres y derechos humanos de mujeres y cuerpos feminizados. El trabajo que realizan desde estos espacios es fundamental en el contexto actual, por lo que resulta inevitable adaptarse y generar nuevas estrategias, para seguir aportando a la transformación social.

Vamos con el reportaje de Génesis Cruz, en voz de Fiorella Barahona desde la Asociación Voces Nuestras.

Esta es una producción de Voces Nuestras https://www.vocesnuestras.org/

Carta a la Ministra de la Condición de la Mujer y a la Junta Directiva del INAMU

Enlace para firmar abajo

14 de abril del 2020
Señora
Patricia Mora Castellanos
Presidenta Junta Directiva
INAMU

Junta Directiva
INAMU

Estimada señora y estimadas personas integrantes de la Junta Directiva,

Las integrantes del movimiento de mujeres y feminista abajo firmantes solicitamos se reconsidere el acuerdo de la Sesión de la Junta Directiva del INAMU mediante el cual se instruye a la administración a trasladar 4 mil millones de colones al Instituto Mixto de Ayuda Social, sin tomar en consideración las advertencias y recomendaciones de la Dirección Administrativa recogidas en el oficio INAMU-PE-DAF-158-2020 sobre el impacto que ello tendría en el funcionamiento regular de la institución ante la falta de liquidez producto de la reducción anunciada del 20% al 60% de los Fondos de FODESAF.

Solicitamos respetuosamente acoger la recomendación hecha por la Dirección Administrativa de hacer un traslado solidario de ₡1,200 millones del superávit institucional. Con esta medida se contribuye a paliar la crisis y sus efectos en las mujeres sin comprometer la estabilidad institucional.

Asimismo, instamos a la Junta Directiva del INAMU a considerar un mecanismo de administración conjunta de estos fondos con el IMAS, de manera que sean entregados efectivamente a mujeres que lo necesiten y no solo a las que se encuentran en extrema pobreza a las cuales se les financia con fondos regulares del IMAS.

Frente a la crisis generada por el COVID 19 y las repercusiones económicas y sociales, es el deber mantener a instituciones como el INAMU fuertes, sobre todo considerando que los recursos de FODESAF se han visto disminuidos y por lo tanto, las mujeres afectadas por situaciones de violencia, las de los territorios rurales, las indígenas, las empobrecidas arriesgan no encontrar un espacio para poder ser atendidas una vez concluida la pandemia.

Esta situación de confinamiento como medida sanitaria ha generado que muchas mujeres y niñas queden atrapadas en sus hogares con hombres agresores; ante los recortes laborales, son las primeras que ven sus jornadas disminuidas parcial o totalmente. Incluso la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado fortalecer las labores de atención estatal a mujeres para poder salir adelante ante la pandemia.

Es nuestro deber como movimiento solicitar la reconsideración de este acuerdo, en la medida en que pone en riesgo el funcionamiento habitual de la institución y la labor que realiza en la lucha por la progresividad de los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad.

Muchas gracias, por su atención

Para firmar haga clic en este enlace

 

Enviado a SURCOS por organizaciones feministas.

Perú es responsable por torturas y violación sexual a una persona LGBTI por parte de agentes policiales

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos

San José, Costa Rica, 6 de abril del 2020.- En la sentencia del Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a la República del Perú responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Azul Rojas Marín.

El caso se refiere a las agresiones sufridas por la ciudadana Rojas Marín, cuando el 25 de febrero de 2008 fue detenida, sin motivo alguno, por agentes policiales quienes la golpearon, mientras, en función de ser una persona LGBTI, le gritaban e insultaban. Luego en la Comisaría de Casa Grande, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada.

Al ser liberada, la víctima presentó una denuncia contra los agentes estatales en la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Casa Grande, que luego de varias instancias, fue desestimada, ordenando el archivo del expediente.

En su sentencia, la Corte reiteró que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, y que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención.

La Corte determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal de la señora Rojas Marín pues su detención se basó en motivos discriminatorios, de modo tal que fue ilegal y arbitraria.

El Tribunal concluyó que la señora Rojas Marín fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, los agentes estatales realizaron comentarios despectivos sobre su orientación sexual, y fue víctima de violación sexual; constituyéndose en un acto de tortura en contra de la víctima. En consecuencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Perú por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometida a tortura.

A su vez, la Corte determinó que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual, violando los derechos a las garantías y protección judicial.

En su sentencia, la Corte constató que en la sociedad peruana existían al momento de los hechos, y aún hoy en día, fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia. Estos hechos violentos en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales, incluyendo efectivos de la policía nacional, tal como ocurrió en el presente caso.

En este caso la Corte determinó diversas medidas de reparación.

La composición de la Corte para esta Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), presidenta; Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Vicepresidente; Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia) Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eduardo Vio Grossi (Chile) no participó en la deliberación y firma de la Sentencia por razones de fuerza mayor.

*El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

*Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr o envíe o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, secretario a corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce prensa@corteidh.or.cr

 

Enviado a SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Radiografía de un golpe de Estado blando

Dr. José Solano Alpízar

Vivimos tiempos difíciles, de eso no nos queda la más mínima duda, pero eso no es producto del Coronavirus. Es cierto que la pandemia cambiará nuestras vidas y la forma en que vemos el mundo y al propio planeta, pero no todos cambiarán su forma de pensar, lo han demostrado ayer, lo han demostrado hoy y lo demostrarán mañana.

Desde hace más de tres décadas hemos venido viviendo tiempos muy violentos -me refiero a las y los ciudadanos costarricenses-, hemos venido experimentando violencia económica, violencia mediática, violencia judicial, violencia legislativa, entre otras, impulsada por una camarilla político empresarial que no representa más allá del 0,1 % de la población de Costa Rica, pero cuyas componendas político-jurídicas y económicas tienen a la democracia costarricense al borde del abismo.

La democracia y el neoliberalismo (mercado salvaje y privatización a ultranza) son irreconciliables. La democracia para poder existir requiere de una institucionalidad fuerte, vigorosa, equilibrada.  La democracia es una forma de organización social, una forma de existencia en sociedad en la que se establece un pacto, y en la medida en que ese pacto se rompe y se violenta, la democracia pierde validez, y al perderla deja el terreno fértil para el caos y un tipo de anarquía en la que peligrosamente la ley del más fuerte se hará patente de la forma más brutal.

La democracia pierde sentido y valor cuando sus representantes pierden legitimidad y en Costa Rica eso ha venido sucediendo desafortunadamente. Montesquieu lo planteaba claramente, la democracia es sana, en la medida en que existe clara delimitación entre los poderes de una República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), pero cuando esas líneas se hacen borrosas, entonces nos enfrentamos a una crisis democrática de grandes proporciones.

Costa Rica vive un momento turbio, oscuro y siniestro en el que una mafia político-empresarial -que repito, no representa más allá del 0,1 % de la población del país- ha cooptado todas las instituciones públicas del país, pisoteando la Constitución Política de la nación y sobre todo violentando los derechos del pueblo soberano que le da contenido a la democracia misma. Alexis de Tocqueville hablaba del retroceso de la política, y por ende de la democracia, frente a formas blandas de tiranía, y no crean compatriotas que sólo existe la tiranía por dominación militar, también existe la tiranía del capital, la que es capaz de llevar a un pueblo a la miseria y pedir su inmolación en el gran altar del mercado.

Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. La culpa no es del ciudadano presidente Carlos Alvarado, podríamos pensar que su incapacidad nos ha llevado por ese despeñadero, pero NO, él es simplemente un palurdo ambicioso al que lo sedujo la posibilidad de ser presidente y a quien sentaron los dueños del poder en Costa Rica, como lo hicieron con Johnny Araya -recuerdan esa imagen- cuando le pidieron que renunciara a la campaña contra Luis Guillermo Solís. Mi hipótesis es que a Carlos Alvarado, el gran capital le ofreció ser presidente a cambio de que entregara las riendas del estado costarricense; de ahí el despliegue de una poderosa campaña de los medios y las redes sociales -durante la segunda ronda electoral- con el apoyo de acérrimos enemigos como los periódicos La Nación o CrHoy.

En virtud de ese acuerdo no es casual su llamado a formar un gobierno de unidad, que en realidad era un gobierno en que se nombrarían las principales fichas de la mafia político-empresarial para orientar el destino del país hacia la liberalización económica total y la privatización de los principales activos del estado (RECOPE, FANAL, INS, CCSS).  Es así como se completa el proceso de apropiación y distribución de las jerarquías de las principales instituciones estatales (juntas directivas, presidencias ejecutivas, ministerios, presidencias y gerencias de Bancos estatales, entes Contralores, Fiscalía General de la República) la lista es enorme, de forma tal que como como una hiedra expandieron su poder por cada uno de los resquicios institucionales y para culminar su esfuerzo crearon entidades de poder y decisión político-económico, que aunque están adscritas al estado, en realidad son dirigidas por el gran capital para favorecer su apetito voraz. Es así como surge el CONASIF (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional) y se crearon sus hijos putativos, las superintendencias: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); Superintendencia General de Seguros (SUGESE); Superintendencia General de Valores (SUGEVAL); la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y finalmente la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Todas orientadas por el gran capital empresarial que ha venido destruyendo las instituciones públicas y ha creado una cancha demarcada bajo los intereses y requerimientos privados.

¿No les parece curioso conciudadanos y conciudadanas que Tomás Soley, Superintendente de Seguros, órgano adscrito al Banco Central, en lugar de defender el proyecto impulsado por el gobierno para eliminar temporalmente un impuesto al INS para que parte de los recursos del INS pasen a un fondo que permita paliar la pandemia del Coronovirus, defienda a capa y espada el mercado privado de valores, y advierta al presidente y a los diputados de lo peligroso de distorsionar el mercado de seguros? Dicho de otra manera el señor Soley, siendo empleado público que probablemente goza de 9,5 millones de salario, se ha opuesto a una acción de salvamento solidario de aquellos costarricenses que se verán afectados por el recorte de empleos o la reducción de sus jornadas ¿Para quién trabaja el señor Soley?, la pregunta es una perogrullada, la respuesta ya ustedes la conocen y es muy obvia.

De igual manera hace pocos días recibimos la triste noticia de que Rocío Aguilar, flamante representante de la Junta Directiva de Aldesa, ex Contralora General de la República y ex Ministra de Hacienda, asume las riendas de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Sí usted costarricense que ha ahorrado durante toda su vida, para luego recoger unos dineros que son de su propiedad, le comento que la señora Aguilar ha sido puesta ahí porque los buitres del gran capital le tienen la mira puesta a sus fondos, e igual que hicieron las AFP en Chile, -el modelo que hemos seguido en diferentes campos de la vida económica- seguirán desarrollando estrategias para apropiarse de los fondos privados de los trabajadores.

Conciudadanos y conciudadanas, no podemos pasar inadvertidos los movimientos que realiza la mafia político-empresarial todos los días, mientras mueren personas por el COVID 19, la mafia político-empresarial que tiene como grupo de choque a la Unión de Cámaras Empresariales, sigue impulsando su agenda. La cooptación de los espacios de poder ha sido casi completa, lo vemos en la Asamblea Legislativa con figuras como Pedro Muñoz del PUSC, Carlos Ricardo Benavides del PLN, y diputados de diferentes fracciones al servicio de los proyectos que la UCCAEP presenta, o bien lo vemos en la Contraloría General de la República, entidad que ha venido violentando la Constitución, de alguna manera, pues se convierte en juez y parte, casi actuando en función ejecutiva y sobrepasando las facultades que la Carta Magna le confiere.

Si del ejecutivo se trata, basta comprender que el presidente del Banco Central es un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y que precisamente ha sido él quien se ha opuesto a la baja de las tasas de usura y casi todas sus decisiones están dirigidas a favorecer a la banca privada y a las grandes empresas, y el ministro de Hacienda ex funcionario del Banco Mundial, cuyas actuaciones cuestionables apenas comenzamos a digerir con su impuesto solidario. Finalmente, qué decir de la Fiscalía General de la Republica, la que al parecer ha dejado que el tiempo y la modorra transcurra para que venzan las causas por estafa y asalto de la hacienda pública en casos como los de: Juan Carlos Bolaños y el Cementazo, Hidrotárcoles, Asebanacio, Samuel Yankelewitz, entre otras.

Covid-19 no frenará migración de centroamericanos al Norte

Fronteras porosas no los detienen y profundización de problemas sociales como pobreza y desempleo los impulsarán a continuar buscando un futuro más seguro para sus familias.

La enfermedad covid-19 profundizará las condiciones de pobreza y violencia de los centroamericanos, por lo que las migraciones no se detendrán a pesar de los cierres de los puestos fronterizos oficiales, advirtió Guillermo Acuña, especialista en migraciones del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA).

Se calcula que, anualmente, un total de 400 mil personas intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos en busca de un futuro económico y social más seguro. La mayor parte son personas centroamericanas de países del llamado triángulo norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).

Según Acuña las fronteras de los países centroamericanos, México y Estados Unidos son muy porosas, lo cual permite el paso de migrantes por múltiples puntos ciegos, de manera ilegal. Sin embargo, es en estos puntos donde peligra la vida de los migrantes y sus familiares, pues la seguridad se ha intensificado, tanto por la policía migratoria como por el ejército de cada país.

La investigadora del Instituto Mora, de la ciudad de México, Leticia Calderón, comentó que “México no ha adoptado, hasta este el momento, una política de apertura o flexibilidad para permitir que las personas migrantes que ya están en el país puedan circular, moverse y en algún momento guarecerse de lo que esperamos casi como un tsunami respecto al tema del coronavirus”. Calderón considera que es un momento para reflexionar sobre la política de detención migratoria al sur de México.

El 2019 estuvo marcado por la salida de varias caravanas migrantes, que partieron de Honduras o El Salvador, y a lo largo del camino recogieron migrantes del resto de los países del triángulo norte. Ante las caravanas, Guatemala, México y Estados Unidos recrudecieron la seguridad en las fronteras para impedir el paso legal de los migrantes. Según datos del Instituto Nacional de Migración de México, para el 1 de enero de 2020 habían registrado 2.410 personas en los albergues para migrantes ubicados en México; muchas de estas personas están a la espera de una cita en las cortes de migración estadounidenses para exponer sus casos y tratar de ingresar como refugiados a este país.

La enfermedad covid-19 provocó el cierre de dichas cortes estadounidenses por lo que los juicios quedaron suspendidos y las citas para migrantes congeladas hasta nuevo aviso, por lo que los migrantes deben continuar esperando en condiciones sociales y de salud muy vulnerables.

Según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional sobre las Migraciones (OIM), al menos 497 personas perdieron la vida en la frontera entre México y Estados Unidos durante 2019. Esto coloca a dicha frontera con México como la segunda más mortífera del mundo para los migrantes, antes del covid-19.

Guillermo Acuña impartirá el taller virtual Migraciones y movilidad en Costa Rica: desafíos contemporáneos, el martes 14 de abril a las 9 a.m. por la plataforma zoom.

Enviado por Oficina de Comunicación UNA.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Vida familiar y solidaridad en el COVID-19

La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) compartió con SURCOS material educativo que está promoviendo en alianza con otras organizaciones, para apoyar la formación de conciencia en torno a valores como la solidaridad y la erradicación del machismo.

Una de las infografías, que invitamos a circular en todas las redes a su alcance, hace referencia a la acción de humanidad que implica cuidar a otras personas, como a la población adulta mayor, que es parte de nuestra familia o de la vecindad.

Otra ofrece el mensaje de que la emergencia no es excusa ni oportunidad para actuar con violencia en el espacio familiar o de pareja. La construcción de espacios seguros y sin violencia son factores claves para mantener la tranquilidad, fomentar la salud, y activar el respeto a todas las personas.

La campaña formativa la desarrolla ANDE en colaboración con la Fundación Justicia y Género, la campaña Metele un Gol al Machismo, la Asociación Cartaginesa de Atención a Ciudadanos de la Tercera Edad, y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

Puede reenviar la nota con los enlaces al pie o copiando y pegando este vínculo: https://bit.ly/2RfywIn ;o bien, también puede copiar las imágenes para compartirlas en sus redes.

Las mujeres del campo y el coronavirus

Los robles de sabana están en flor, en toda su belleza, los mangos también están en flor y los árboles de mayo, igual que otros en el norte y en el sur. Para nosotras ver los árboles en flor con sus distintos tonos de rosa, amarillo, naranja, es un regalo de la naturaleza y es hermoso. Podríamos disfrutarlos más si no estuviéramos en una situación tan difícil, tan peligrosa y sobre todo tan incierta. Este documento surge de diversas comunicaciones que hemos tenido entre las compañeras de la Red de mujeres Rurales desde sus regiones y la Asociación Tinamaste.

Hemos estado comentando varios materiales sobre la epidemia, el comportamiento del virus, y por supuesto son solo algunos, porque hay muchísimos sobre el tema y no podemos ni siquiera tratar de leer lo que sale y al ritmo que se están produciendo, sobre todo porque tenemos que seguir trabajando. No cabe duda que la información que tenemos es muy escasa.

Vemos muchas manifestaciones de solidaridad ante el desastre social y sobre todo de salud, y eso es maravilloso, y mucho se ha planteado que la pandemia nos debe hacer pensar que tenemos que salvarnos juntos o no nos salvaremos de esta crisis; ni de las que vienen.

Porque esta descomposición global, es resultado de un planeta enfermo y una sociedad enferma, todo deteriorado, maltratado. Y porque vendrán muchas más si no cambiamos.

Queremos plantear una vez más que esta situación no es resultado solo del virus como tal, ni que se resolverá una vez controlado el virus. Por eso queremos plantear y denunciar varios asuntos.

La crítica situación sanitaria nos pone enfrente de manifestaciones diversas, y podemos decir que todas agravan la discriminación que ya vivimos. Ya las relaciones sociales en esta sociedad nos afectan, pero se está profundizando el aislamiento y nos saca de la calle, de esa calle que nos ha costado tanto conquistar con muchos años de lucha y de ruptura del encierro de las mujeres. Esta situación además pone a las personas en una dependencia aún mayor de la comunicación electrónica, con el agravante de que no toda la población tiene acceso, y nosotras en particular no tenemos acceso a las mismas posibilidades de comunicación.

Algunas de las mujeres en el campo solo recibirán de información lo que vea en la televisión, en los noticieros que siempre nos han desinformado, sin acceso a internet, sin señal o sin el equipo necesario para poder comunicarnos, mientras que otros sectores de la población podrán buscar diversas fuentes de información, con las más variadas opciones tecnológicas. No es cierto que tengamos las mismas posibilidades.

Eso también nos pone en mayor desventaja ante la situación actual. Pero se nos presentan también otras muchas manifestaciones que evidencian que no todas y todos lo estamos viviendo de la misma manera. Suena fácil decir que no salgamos de casa. ¿será que no pueden pensar en cómo vivimos la mayoría de la población que vivimos con lo que nos ganamos al día.

Muchas de las mujeres de campo (y de barrios urbanos populares también) complementan sus ingresos con el trabajo doméstico en otras casas de otras familias. Aquí se presentan pocas opciones para aislarse y no entrar en contacto con otras personas, como pueden hacerlo familias de capas medias profesionales y por supuesto sectores dominantes. Las mujeres trabajadoras domésticas si no vamos a trabajar no tenemos ingresos para la alimentación de las familias y si vamos, debemos tomar autobuses, entrar en contacto con otras personas en diversos espacios, en fin, las posibilidades de contagio son mucho mayores. Y ni qué decir de las que trabajamos en reciclajes, donde nos llegan las basuras de otros lados. Hemos tenido que ser firmes en decir que no nos envíen desechos de hospitales.

Muchas mujeres en las comunidades rurales nos movemos a los centros de población a vender productos de los patios o parcelas, o productos procesados. El sistema capitalista neoliberal nos ha querido desaparecer como mujeres campesinas e indígenas, como familias y pueblos indígenas y campesinos, pero aún no lo lograba totalmente. La economía local se ha resistido a desaparecer y mucho de esto está en manos de las mujeres. Hoy denunciamos que bajo la excusa de la protección sanitaria, la policía persigue a las mujeres que requieren vender sus productos para poder llevar comida a sus familias. todas nosotras estamos paradas, vendemos cúrcuma, huevos, cacao, hacemos cajetas de leche y confites de cacao, vinagre casero y otras cosas, o le ayudamos a vender a otras mujeres y eso ya no lo podemos hacer. Pero no está prohibida la venta de alimentos en los supermercados, por supuesto. ¿Serán motivos sanitarios o será otra manifestación de discriminación de clase? Mientras en los espacios de las grandes discusiones se reconoce cada vez con más frecuencia que la producción local es la que nos puede salvar. Europa amanece con el gran dilema, cierra las fronteras y deja los miles de productos que alimentan a la población sin entrar o se verán obligados a dejar entrar los miles de vehículos terrestres, marítimos o aéreos con los alimentos. Pero el estado costarricense todavía no se entera que debe fortalecerse la producción y el mercado de productos nacionales y dejar de perseguir a las mujeres que con sus productos somos parte de la cadena de los mercados locales. Las grandes empresas que han venido acaparando la tierra, la producción y mercado, con el apoyo estatal, están aprovechando la crisis para intensificar la persecución contra nuestras ya reducidas economías para terminar de matarnos.

¿Será que con estos alimentos se provocará el contagio? ¿Será que se puede escoger entre no hacer las ventas o morirse de hambre? La solidaridad se debe practicar con el consumo de productos locales, no con la persecución.

Y también en las zonas rurales nos meten miedo sobre el consumo de nuestros alimentos.

Tenemos gallinas, y con la alerta sanitaria nos dicen que nos puede dar alguna enfermedad mortal, pero las cadenas comerciales si están haciendo billetes. Meterle miedo a la gente da buenos resultados a los grandes negocios y se trae abajo nuestra economía campesina y nuestras formas de sobrevivir. Están utilizando el coronavirus para legitimar la persecución social.

Y mientras el miedo por el coronavirus crece en el grueso de la población, las familias en zonas transfronterizas ven profundizarse las discriminaciones por su condición de pueblos transfronterizos. Estas fronteras establecidas sobre los pueblos que desde mucho antes se ubicaron en esas zonas. Por ejemplo, muchas familias ngäbes obtienen su sustento del trabajo que realizan a este lado de la frontera, pero duermen al otro lado de la frontera, o a la inversa, muchas mujeres tienen su casa a este lado y cuidan familiares al otro lado de la frontera. Hoy amanecieron con que no pueden pasar la frontera, y no pueden asistir a sus trabajos, y con ello no tendrán el jornal y con qué alimentar a sus familias. ¿Será el coronavirus es la amenaza mayor? ¿O la imposibilidad de comer? Por otra parte, las mujeres de los territorios indígenas, donde el Estado no ha procedido a dar ni un solo paso real para la defensa de los territorios y la protección de las poblaciones violentadas por los finqueros usurpadores, viven una amenaza inmediata a sus vidas, no por el virus, sino por los finqueros y matones pagados por los finqueros. A un año del asesinato de Sergio Rojas y a menos de un mes del asesinato de Yehry Rivera, ambos dirigentes indígenas en defensa de los territorios, la impunidad campea, los intereses de los finqueros racistas, usurpadores, ocupantes ilegales, se han impuesto con la protección del Estado costarricense. ¿Y la seguridad de las comunidades indígenas? ¿Y la aplicación de la ley y de las medidas cautelares de protección a las comunidades indígenas dónde queda? En estos momentos los finqueros se sienten seguros, confiados y están en total impunidad.

Eso les permite seguir quemando casas, cosechas, entrar en espacios privados y robar objetos, amenazar de muerte y violación a las mujeres. Se prevé que el encierro en las casas va a provocar más violencia en las familias y como mujeres debemos acompañarnos para que eso no suceda, pero ¿quién nos va a proteger de la violencia de los finqueros en los territorios indígenas?  Todas estas manifestaciones de la crisis de salud son resultado del mismo sistema en que vivimos. Por décadas el Estado neoliberal nos ha impuesto el monocultivo y la producción industrial como única forma de producción, diciendo que era progreso, que nos traía empleo y mejores condiciones de vida y con ello destruyeron la biodiversidad, nos llenaron de contaminación, con envenenaron el agua, nos quitaron la tierra, nos dieron trabajos mal pagados y en malas condiciones y nos enfermaron. Pero nos dijeron que eso era más limpio.

Hoy sabemos que el desequilibrio ambiental, la cría industrial de animales confinados y la destrucción de la Naturaleza, permiten la transmisión global de las enfermedades; la pérdida de la biodiversidad ha anulado barreras planetarias para responder ante virus y bacterias.

Además, sabemos que la producción industrial de alimentos nos ha quitado los alimentos saludables y diversos y todo ello se sostiene con la concentración de la tierra y otros bienes como agua y semillas. Nos plantean el aislamiento y las medidas de limpieza como las únicas vías para salir de la crisis del coronavirus, pero no dicen que solo es posible si tengo agua limpia, si tengo acceso a los productos de limpieza y sobre todo si podemos mantener altas las defensas del cuerpo y eso solo es posible si tenemos una dieta adecuada, diversa y suficiente.

Desde la Red hemos manifestado muchas veces la necesidad de cambiar estas relaciones de concentración económica, de concentración de la tierra. La diversidad de alimentos saludables y su producción solo puede estar en manos de la producción campesina. Se siguen gastando grandes cantidades de recursos públicos en prevención, contención y tratamiento, pero no se menciona ni una sola medida para cambiar las causas de tanto desastre.

Las mujeres del campo en el mundo hemos demostrado que desde otra lógica podemos producir los alimentos para nuestras familias y comunidades y comercializar en el espacio local para alimentar al mundo, que podemos producir manteniendo equilibrio con la naturaleza, siendo parte de ella y no explotándola. Ante la crisis de salud, de alimentación y de ambiente, solo hay una salida, distribución de la tierra, no acaparamiento de semillas, producción sin agrotóxicos, diversidad en la producción. Solo promoviendo la producción campesina, facilitando los mercados y las cadenas de distribución para poder comercializar nuestros productos, con la participación de las mujeres en la toma de decisiones y control de los bienes en las comunidades podremos construir otras formas de producir, otra forma de ser y otra forma de estar en el planeta.

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA
ASOCIACION TINAMASTE
20 de marzo de 2020



UCR: El Consejo Universitario condena la violencia en El Salvador

El ente universitario rechaza cualquier intención de sometimiento del Poder Legislativo de El Salvador pues, sin la independencia de los poderes, se debilitan las bases de la democracia

En la sección ordinaria N.° 6352, realizada el 18 de febrero de 2020, el Consejo Universitario (CU) condenó la violencia llevada a cabo por el presidente de la República de El Salvador, el Sr. Nayib Bukele.

El pronunciamiento del CU se da a raíz de los últimos acontecimientos registrados el 9 de febrero, cuando el presidente de la República de El Salvador irrumpió en el Congreso salvadoreño escoltado por militares armados.

La situación se da como una forma de presión a los diputados, con el propósito de que estos aprueben un préstamo de 109 millones de dólares para fortalecer las fuerzas policiales y militares. El objetivo final es continuar con el Plan de Control Territorial.

Además, Bukele invocó el artículo 87 de la Constitución de la República de El Salvador, para hacer un llamado a la insurrección, en caso de que los diputados salvadoreños no aprueben el préstamo.

La Universidad de Costa Rica (UCR), como institución de educación superior, se encuentra comprometida con la defensa de la paz, la justicia social, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Por lo tanto, condena la violencia ejercida por el Sr. Nayib Bukele y rechaza cualquier intención de sometimiento del Poder Legislativo de El Salvador, pues sin la independencia de los poderes se debilitan las bases de la democracia y de la institucionalidad salvadoreña.

“Las acciones violentas llevadas a cabo por el Gobierno salvadoreño contra la Asamblea Legislativa ponen en peligro la institucionalidad de ese país y la estabilidad de toda la nación. Este tipo de acciones autoritarias representan un retroceso para los procesos democráticos de la región centroamericana. No es aceptable que el Poder Ejecutivo, por medio del uso de la intimidación y violencia, actúe como árbitro final del poder político”, se lee en el pronunciamiento.

Históricamente, la intromisión entre los poderes del Estado ha propiciado el inicio de conflictos armados, que representan la pérdida de vidas humanas, migraciones masivas y el rompimiento del estado de derecho.

Lo anterior, aunado a la situación de violencia que vive El Salvador, con una elevada tasa de homicidios. Para el año 2017, fueron 60 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Para el caso de la región, las cifras del año 2017 registraron en promedio más de 30 homicidios por cada 100 000 habitantes; es decir, dos veces más que el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el fenómeno sea considerado como una epidemia.

La región no ha logrado superar las causas estructurales ligadas a esta problemática. Incitar a la violencia de la manera en que se ha hecho puede más bien agudizar las situaciones existentes. Es criterio de esta Universidad que no existe justificación alguna para incitar y usar la violencia como medida de presión, intimidación y control”, resalta el documento.

De acuerdo con el pronunciamiento, en la mayoría de los países centroamericanos sus líderes políticos han abusado del poder por medio de las fuerzas armadas. Cuando esto sucede, los pueblos son los que llevan la peor parte. Por lo tanto, es fundamental que sean las personas mandatarias quienes, de manera sensata, respeten la institucionalidad de su país.

“El CU apoya el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en defensa del respeto del estado de derecho y la independencia de poderes”, concluye el pronunciamiento.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/