Etiqueta: violencia
Continúa criminalización de pueblos indígenas en Costa Rica
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Caminata en Silencio
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La Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia – Costa Rica organizó el pasado 22 de abril frente al Teatro Nacional una Caminata en Silencio en solidaridad con los Pueblos Indígenas, exigiendo protección del estado en contra de la violencia que sufren nuestros hermanos y hermanas indígenas en sus propias tierras.
A los asistentes se les solicitó llegar a la actividad con ropa blanca y una manta o afiche relacionado con el tema.

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UCR: Indígenas Bribris y Brörán denuncian miedo a la violenta lucha por sus territorios
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Violencia en contra de líderes sociales en América Latina: una perspectiva desde las juventudes trabajadoras
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Por: Benjamín Sevilla García,
Secretario de Juventud ANEP
Se está desarrollando en América Latina un fenómeno altamente preocupante, la violencia en contra de líderes sociales y la muerte de dirigentes con capacidad de incidencia es cada vez mayor. Costa Rica recientemente es testigo de uno de los crímenes más escandalosos de los últimos tiempos. La muerte violenta del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, líder del pueblo Bribri y defensor de los derechos humanos de esta población.
La defensa del territorio indígena de Salitre y su enfática actividad en favor de sus derechos, parece ser la razón principal por la que se silenció la voz de un respetable activista en Costa Rica. La tierra de gente pacífica y del “pura vida” está siendo opacada por acciones repudiables, porque sus autoridades no son capaces de tomar medidas de prevención adecuadas; porque están más interesados en criminalizar la protesta social que en resolver el desarrollo de la criminalidad con políticas de prevención adecuadas. Se interesan más en aprobar proyectos de ley que cercenen derechos de las personas trabajadoras que en promocionar una buena política de seguridad.
Pero también, los elevados niveles de violencia en contra de líderes sociales en América Latina son una alarma objetiva que nos vienen advirtiendo, desde hace algunos años, el grado de descomposición social y el poco o nulo interés de los gobiernos por atender con acciones efectivas el problema.
La corrupción y la impunidad en sus distintos matices, a veces descaradamente expresa en otras, con extrema diplomacia, son una clara señal de que algo no anda bien. El silencio cómplice de los gobiernos nos lleva a sospechar si se trata de una problemática incluida en sus políticas de seguridad o si, por el contrario, la indiferencia responde a los intereses de ciertos grupos de poder.
La defensa de los derechos humanos de algunas poblaciones históricamente excluidas se ha vuelto una alternativa estratégica para que los gobiernos ganen popularidad, para que reciban ensordecedores aplausos en el escenario de las Naciones Unidas. Sin embargo, el salir a defender los derechos de ciertas poblaciones les debería obligar, por autenticidad o por decencia, velar también por los derechos de otros grupos que siguen siendo víctimas de injusticia.
Las personas jóvenes, aquellas que creemos que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos como lo indica la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos cuestionamos los motivos por los que las políticas de los gobiernos se enfocan en los derechos de unas personas e ignoran los derechos de otras, olvidando en la práctica la universalidad de los derechos humanos. La indiferencia, por ejemplo, con la que tratan la violencia en contra de lideresas o líderes sindicales es vergonzosa e injustificada.
El temor que tenemos las personas jóvenes, por hechos concretos que se han dado en la región, es que se llegue al extremo de averiguar si una persona agredida, una persona procesada judicialmente, o a cualquiera que defienda un derecho, es sindicalista o no. Pues de su respuesta dependerá si merece que se le haga justicia o si, por el contrario, la mora, la denegación y la impunidad serán la receta.
Resulta extraño que los gobiernos levanten la voz para condenar a otros gobiernos amparados en una supuesta defensa de derechos humanos, cuando las verdaderas razones son discrepancias ideológicas. Lo cual no niega que puedan existir violaciones de derechos elementales, pero la censura obedece a cualquier otro interés, menos al de velar por el bienestar de las personas.
Todos coincidimos en la necesidad de promocionar y defender los derechos humanos, la pregunta es: ¿Cuáles derechos humanos y para quiénes? Nos alegramos cuando a un grupo de personas a quienes históricamente se les ha negado el disfrute de ciertos derechos logran su reivindicación. Pero, nos preocupa el desarrollo de un pseudo-progresismo, que únicamente reconoce unos derechos y ataca a mansalva el derecho de otras personas.
El asesinato de 113 sindicalistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia durante el 2018 y 29 nuevos casos en lo que va del año; la muerte de Berta Cáceres en Honduras; el asesinato de más de 20 personas en Guatemala durante el 2018, entre ellas el secretario de conflictos del Sindicato de Embutidos Bremen, Tomás Francisco Ochoa y el Secretario General del Sindicato de la Municipalidad de Villa Canales, Domingo Nach; el encarcelamiento de la periodista Lucía Pineda Ubau en Nicaragua y así, una serie de represalias y procesos judiciales en contra de personas que participaron de la reciente huelga en Costa Rica, es preocupante.
Todos estos casos y aquellos que, por una u otra razón no se logran citar, pero que también tienen el mismo valor y por los que se demanda igual justicia, constituyen un motivo suficiente para que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos se pronuncien y llamen a cuentas a los gobiernos.
Las personas jóvenes que tenemos un particular compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, con la búsqueda permanente del bien común y con el fortalecimiento de los principios democráticos, exigimos justicia y el fin de la impunidad.
Fuente: https://anep.cr
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SEC Sobre las denuncias por violación, abuso y acoso sexual
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La Secretaría de la Mujer, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, hace un llamado a la sociedad costarricense, en especial a la mujer para que sean valientes y denuncien todas las formas de violencia que sufren por esta sociedad patriarcal.
Romper con el silencio ante la violencia sexual (sea esta en el plano de violación, abuso, acoso sexual en el trabajo o acoso callejero) es fundamental para poder hacer efectivos los derechos de las mujeres y acercarnos más a la equidad, a una vida sin amenazas, a una vida sin miedo y sin dolor.
Lo importante es señalar que nadie tiene derecho a irrespetar nuestros cuerpos ni nuestras decisiones, que no se va a seguir permitiendo impunidad ni naturalización de la violencia sexual contra las mujeres.
Consideramos que debemos recordar que socialmente estamos en la obligación de entender la violencia estructural que ejerce el patriarcado contra las mujeres, para apoyarlas en su búsqueda de justicia, no sólo porque es asunto de sus derechos, sino porque es el derecho de las nuevas generaciones que nos observan como modelo para saber cuál es la forma correcta de actuar.
Consideramos que la educación es el medio más importante para formar esa cultura de respeto, equidad y solidaridad de género.
Cuanto más nos empoderemos contra la violencia, cuanto más nos involucremos en denunciarla, más protegemos a las niñas y mujeres jóvenes de los depredadores sexuales.
Nuestro compromiso como Secretaría de la Mujer del SEC, es trabajar a lo interno de nuestra afiliación con formación para empoderar a las mujeres contra todo tipo de violencia.
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC

Enviado por SEC-CR.
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Boletín ODHAIN
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Observatorio de los Derechos Humanos y Autonomía Indígena
Adelanto al Informe Final de la 15° Misión
La 15° Misión del ODHAIN, al terminar su segunda parte, (4 y 5 de febrero 2019), entrega el siguiente comunicado a las autoridades oficiales y a la opinión pública, ante el aumento de la conflictividad que genera el aumento de la tensión y la posible violencia que puede desencadenar en enfrentamientos cuyas consecuencias sean irreversibles en la vida y la humanidad de las partes intervinientes en estos conflictos.
En esta oportunidad la 15° Misión tuvo contacto con tres situaciones de conflicto en los territorios indígenas, Rey Curre, finca Du Tuj, (borucas); Térraba finca Crun Shurin/ Potomac, (broran); Salitre finca Kapliña en La comunidad de Puente (bribris). Siendo que, en estas dos últimas fincas en recuperación por parte de familias indígenas, logramos constatar la conflictividad y la violencia, hechos que observamos en ambos lugares, en los que hay presencia física de no indígenas que pretenden esas tierras recuperadas por los indígenas. Esta tensión es permanente y creciente, tanto así que la misma policía permanece largas horas en medio de las partes para evitar los enfrentamientos, sin embargo, este elemento no está solucionando ni respondiendo al tema tan antiguo, al que el ODHAIN ha hecho recomendaciones que no han sido atendidas.
Es oportuno señalar que los territorios de Térraba y Salitre desde el 2015 cuentan con Medida Cautelar 321-12, de la CIDH, en razón de los índices de violencia, presentados y denunciados entre los años 2013 y 2015, en ambos territorios. Urgimos a las autoridades del Estado costarricense (Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo) a garantizar los Derechos Humanos, acatar las resoluciones de los organismos internacionales sobre saneamiento territorial indígena, y a velar por la vida y la integridad física de los intervinientes en estos conflictos de las Fincas señaladas.
Este llamado, a efecto de que se establezcan responsabilidades de los hechos que puedan sobrevenir, con el interés de estar a tiempo en una acción disuasiva en este conflicto.
Estamos convencidos de que la prevención es la solución en cualquier camino que busque alternativas de solución a los conflictos y la construcción a una PAZ POSITIVA.
San José, 11 de febrero 2019.
El ODHAIN es el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, creado en el 2012, tiene como objetivo observar, documentar e informar sobre la situación de los derechos humanos en los territorios indígenas de Costa Rica. Además, el ODHAIN busca acompañar a estos pueblos en la difusión y la denuncia a fin de incidir positivamente en la solución de los conflictos. Está integrado por personas representantes de organizaciones sociales, universidades, asociaciones y federaciones estudiantiles, organizaciones sindicales y magisteriales, organizaciones ecologistas, de mujeres, de derechos humanos, paz y no violencia, de gremios profesionales, humanistas, pastorales de las Iglesias Católica y Luterana, entre otras.
Más información: Tel. 2223-4472 de Serpaj – CR (lunes – miércoles – jueves en horario de oficina).
Imagen ilustrativa.
Enviado por Centro de Amigos para la Paz.
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Actuación lenta del gobierno en Salitre no previene ni impide violencia directa
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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
DESPOJO DE TIERRAS CON VIOLENTAS AGRESIONES A
INDIGENAS BRIBRIS EN COSTA RICA
El 25 y 26 de diciembre de 2018, aprovechando los días festivos, nuevamente un grupo de personas NO indígenas, invadieron el Territorio Indígena Bribri de Salitre, en los sectores de Río Azul y Fila de Palmital, despojando con violencia armada (de fuego y machetes) a las familias bribris dueñas de esas tierras.
El 24 de diciembre de 2018, en horas de la mañana, en un momento en que salieron a visitar a un vecino, los dueños bribris de la casa, Mariana Delgado Morales, Alberto Figueroa Calderón, Claudina Figueroa Rojas y siete menores de edad, fue aprovechado por los NO indígenas Eliodoro Figueroa Díaz y un hijo suyo Figueroa Uva (no son indígenas aunque coincidan los apellidos) con 8 (ocho) peones no indígenas, para ingresar a la casa, cortaron árboles con sierras de motor, pusieron alambres y cuando regresaron las familias dueñas, las amenazaron con agredirlas y matarlas, aun así, las familias indígenas se mantuvieron en su propiedad; así se mantuvo todo ese día, hasta el 25 de diciembre de 2018 como a las 7 de la noche, cuando hubo un ataque violento de los usurpadores, quiénes asaltaron la vivienda disparando armas de fuego, macheteando todo en la casa a la que prendieron fuego, las familias indígenas huyeron a la montaña para proteger sus vidas. La policía llegó muchas horas después y dijo que nada podían hacer pues no tenían suficientes pruebas y ninguna orden de detención, esto a pesar, de que se les mostraron los documentos legales otorgados por el gobierno local de la comunidad; se retiraron dejando instalados impunemente a los usurpadores, en la tierra indígena. Los usurpadores enviaron amenazas a otras familias indígenas, para que salgan de sus propiedades, porque si no les pasaba lo mismo que a la familia de Mariana Delgado.
El 26 de diciembre de 2018, Gerardo Figueroa Rojas y sus hijas e hijos, dueños originales de Finca Las Huacas, de 180 hectáreas, sector de Fila Palmital de Salitre, la recuperan al usurpador NO Indígena, José Nicanor Arauz Villanueva, quién hace 20 (veinte ) años les había quemado la casa y los desalojara injustamente, con sus hijos/as y nietos/as que hoy son hombres y mujeres mayores de edad y regresaron a reclamar su derecho a su tierra; en ese momento la policía les dijo que se fueran y pusieran la denuncia porque no tenían pruebas de los hechos del desalojo violento; el proceso agrario en la Corte tiene 20 años y no se resuelve todavía; por esa razón y amparados a las leyes y convenios internacionales, tomaron posesión de sus tierras y expulsaron al usurpador Arauz Villanueva, quién había sido notificado semanas atrás de la resolución del Consejo de Autoridades Propias Indígenas Defensoras de la Tierra – Ditsö Iriria Ajkônuk Wakpa de Salitre -. Hoy las Familias Bribris Figueroa Vargas, Figueroa Torres y Mayorga Torres, están instaladas en su finca, parte del territorio bribri de Salitre, acompañados por el Awá quién es una autoridad propia entre los bribris.
Después de varias llamadas por teléfono a las autoridades policiales y judiciales, la lentitud y actuación negligentes, parecen condescendiente con estas personas violentas usurpadoras, que por ley y por distintas resoluciones judiciales, les está prohibido ingresar o permanecer, menos poseer de cualquier modo tierras dentro de estos territorios (Ley 6172 de 1977 – Ley Indígena).
Las familias indígenas agredidas y despojadas violentamente, tuvieron que huir por la montaña y permanecer a la intemperie sin abrigo, sin alimentos y bajo la zozobra de un ataque a balazos, macanas y machetes.
Uno de los agresores, alegó que otro usurpador le había alquilado un terreno para echar ganado a pastar, como si fueran tierras de nadie, incluso llegó con un cabezal y el furgón placa No. 164122, a vista y paciencia de autoridades policiales y judiciales.
Desde el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena se hicieron contactos con funcionarios y personeros de la presidencia de la República, quienes informaron que se habían girado las órdenes e instrucciones para evitar más violencia y detener a los agresores/ usurpadores, hecho que esperamos se cumpla, pues los responsables de los actos violentos permanecen invadiendo y con armas amenazando a las/ los dueños de las tierras y otros habitantes bribris que se acercan para reclamarles. Las familias agredidas han regresado acompañadas de otros bribris y han informado que desalojarán a los usurpadores, a como sea, lo que aumenta la tensión y una salida violenta ante la injusticia e impunidad.
Cabe agregar que desde abril del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH estableció medidas cautelares (MC-321-12 CIDH), sobre dos territorios indígenas de Costa Rica, ambos al Sur del país: el Brörán de Térraba y el Bribri de Salitre, justo donde están ocurriendo las agresiones y despojo desde el pasado 25 de diciembre de 2018; siendo que desde hace 6 años se repite este «patrón» o conducta delictiva de los/as usurpadores, quiénes aprovechan los días festivos de fin de año y Semana Santa para atacar, invadir, agredir, despojar tierras y apoderarse ilegalmente de las mismas, las que son inalienables, intocables y exclusivas de los ocho pueblos indígenas que habitan en Costa Rica, según el ordenamiento jurídico costarricense.
Responsabilizamos al gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada y su gabinete, por las agresiones y despojos violentos aquí denunciados, y, los que ocurran de aquí en adelante, ya que no está cumpliendo con el Protocolo Específico y Especial de Implementación de las Medidas Cautelares de la CIDH, que lo obliga a mantener vigilancia y control preventivos para impedir estas acciones delictivas de los/ as no indígenas usurpadores, siendo esta la causa principal por las que se establecieron las citadas Medidas Cautelares.
Es reiterada la violencia e impunidad en que viven las comunidades indígenas costarricenses, no sólo por actos delictivos como los descritos, sino por otras violaciones de DDHH provenientes de particulares como despojos de tierras, destrucción de bosques, contaminación de ríos, cacerías y pescas ilegales; y por las cometidas por los agentes del Estado, como imposición de políticas públicas, mega-proyectos y planes de investigación y educación SIN consulta, irrespeto a sus tradiciones y costumbres, no reconocimiento de sus autoridades propias, ni de los procesos autónomos de salud y construcción de viviendas por ejemplo.
SOLICITAMOS,
- A las autoridades policiales y judiciales intervenir, oportunamente, para evitar nuevos y más graves hechos de violencia; capturar e iniciar causas penales contra los/as agresores/ as de estas comunidades bribris y, cumplir con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares, de lo que debe responder el Estado/gobierno costarricense.
- A la comunidad nacional e internacional, les pedimos dirigirse al gobierno de Costa Rica y exigirle intervenir preventivamente para evitar mayores daños y proteger la integridad física y la vida de estas personas y comunidades, así como el cumplimiento de todos los DDHH de estos pueblos indígenas.
Estamos vigilantes y daremos seguimiento a estas denuncias y este llamado; aprovechamos para solicitar al Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena de Costa Rica (ODHAIN), preparar y realizar una misión de observación urgente, que documente e informe sobre esta la violencia directa contra estas comunidades bribris de Palmital y Río Azul de Salitre.
San José, viernes 28 de diciembre 2018.
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS – FRENAPI.
COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDIGENA (compuesto por 23 organizaciones sociales).
Comisión Justicia Paz e Integridad para la Creación (JPIC) – Claretianos Costa Rica.
Asociación Centro de los Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP).
Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA) – Amigos de la Tierra Costa Rica.
Asociación Servicio Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ – CR).
Pastoral Indígena de Costa Rica.
Centro Amigos para la Paz
centroamigosparalapaz@gmail.com / info@amigosparalapaz.org
+506 2222-1400 / 2233-6168
Nery La Colectiva: Sobre situación de organizaciones sociales en Nicaragua
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Rosa-Luxemburg-Stiftung
Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe
La Oficina Regional en México de la Rosa-Luxemburg-Stiftung manifiesta su profunda preocupación por la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de cancelar las personerías jurídicas a nueve organizaciones sociales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellas nuestras organizaciones coparte: Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río) y la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal (Popol Na).
Lamentamos que el Parlamento tomara esta decisión sin permitir que las organizaciones sociales tuvieran la oportunidad de defenderse de las graves acusaciones de las que fueron objeto.
Nos sorprendieron las confiscaciones y allanamientos realizados en la madrugada del 14 de diciembre del presente a dichas organizaciones, actos que no cumplieron con el derecho al debido proceso al realizarse sin orden judicial previa.
Deploramos la orden posterior emitida por el Ministerio de Gobernación en la que establece la expropiación inmediata de los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones sociales, contraviniendo el plazo de 72 horas que había dispuesto la Asamblea Nacional para que dichos colectivos procedieran con lo que estaba establecido en sus estatutos sobre el tema.
Lamentamos las violaciones de las que son víctimas activistas, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación, que afectan sus derechos y libertades fundamentales.
Reconocemos ampliamente el trabajo que Fundación del Río y Fundación Popol Na han realizado en y desde las comunidades del pueblo nicaragüense.
Ciudad de México el 17 de diciembre de 2018.
Contacto: info@rosalux.org.mx
Fotografías: Archivos Popol Na y Fundación del Río
*Imagen tomada de la nota: La decisión de Nicaragua de dar por terminada la Misión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.
Enviado por Lili León, Voces Nuestras.
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Académicas de la UCR demandan al Gobierno acciones ante femicidios en el país
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Pronunciamiento cataloga »de papel» el derecho a la vida de las mujeres y niñas
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer (PPEMu) de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitieron un pronunciamiento que demanda al Gobierno de la República tomar acciones ante el incremento de femicidios en el país.
El texto, emitido el 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, señala los 25 femicidios ocurridos en lo que va del año y los atribuye a hombres que “creen estar en el derecho y la autoridad de controlar la vida de las mujeres y de someterlas a su voluntad”.
En el contexto de la conmemoración internacional, las instancias universitarias reconocieron su deber de señalar “la negligencia estatal y el doble discurso”, pues consideran que el derecho a la vida de las mujeres y las niñas en Costa Rica es “de papel”.
El pronunciamiento otorga la responsabilidad de los acontecimientos a los tres poderes de la República, a los que señala además la obligación de analizar la forma en que sus estructuras reproducen discursos sexistas que normalizan y la justifican la violencia contra las mujeres y el femicidio.
“Esos discursos permean la toma de decisiones en el funcionamiento de las diversas instituciones del Estado y, por lo tanto, con cómplices de la reproducción de una cultura tolerante con los agresores y con los femicidas” señala el texto.
El mensaje se dirige también al presidente Carlos Alvarado, a quien demandan tomar acciones serias, inmediatas y basadas en los compromisos que el país tiene con los derechos humanos de las mujeres, para enfrentar lo que denominan una emergencia nacional.
DOCUMENTOS
Pronunciamiento sobre aumento de femicidios en Costa Rica
Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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