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Representantes afirman que la impunidad estatal ha desencadenado agresiones y amenazas contra sus comunidades
Personas indígenas Bribri de la comunidad de Salitre y Brörán de la localidad de Térraba denunciaron este miércoles 03 de abril el miedo con el que lidian cada día como resultado de la violencia, la inseguridad y las constantes amenazas de muerte que reciben por parte de personas no indígenas que han tomado sus territorios.
En el año 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los miembros de estos territorios, sin embargo, los representantes indígenas señalan una total ausencia del estado para atender la situación y garantizar sus derechos.
Los representantes indígenas aseguran que, tras el asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz ocurrido el 18 de marzo anterior, diversos medios de comunicación “han tomado la palabra” para criminalizar la situación que viven los pueblos indígenas y darle voz a los finqueros que se han apropiado de sus tierras.
Según el director de Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Luis Paulino Vargas en menos del 20% de las notas entre 2010 y 2017 la voz principal era de una persona originaria, lo que evidencia la poca relevancia que los medios de comunicación han dado a las voces indígenas.
“Las personas indígenas no tienen voz sobre sus propias problemáticas, si son sus problemas ellos y ellas son quienes primero deben hablar” remarcó Vargas.
A la actividad realizada en conjunto por la UNED y la Universidad de Costa Rica (UCR), también asistieron Lucía Rojas Lázaro y Albán Rojas Lázaro, hijos de Sergio Rojas y Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores Brörán.
Lucía Rojas fue la primer representante indígena en tomar la palabra y le solicitó al “Gobierno de Carlos Alvarado que se comprometa con los pueblos Bribri y Brörán a seguir con los procesos sobre las tierras y que todo esto se coordine con los pueblos indígenas, no con gente fuera de nuestro pueblo”.
Además también participaron Vanessa Jiménez, abogada de Forest People Program y asesora legal de los pueblos afectados y Mariana Delgado, indígena recuperadora de territorios en las localidades de Salitre y Térraba.
Delgado expresó el miedo que experimentan los pueblos indígenas por el desamparo que han sufrido por parte de las autoridades gubernamentales, pues cuando llaman a la Fuerza Pública al escuchar disparos estos acuden “una hora y media después”.
“Ellos llegan (los policías) y dicen que tiene mucho miedo y que ellos no pueden hacer nada. Dicen que ellos no tienen órdenes de sus superiores para protegernos, solamente se dan una vuelta y si no hay un herido o un muerto ellos no hacen nada” remarcó la recuperadora.
La situación descrita es el resultado de una posesión ilegal de entre el 40% y 80% de las tierras en manos de personas no indígenas, pese a que la Ley Indígena establece desde 1977 la posición exclusiva de estos territorios por parte de los grupos originarios.
Según Vanessa Jiménez, abogada del Forest People Program, el estado ha incumplido los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas por medio de diversas acciones, como la suspensión injustificada de las órdenes de desalojos a finqueros no indígenas y la desatención de medidas cautelares.
“El Estado no ha desalojado ningún no indígena, pero sí ha desalojado personas Bribri y Brörán de su propio territorio. No se había detenido ningún perpetrador de violencia hasta este mes por el asesinato de don Sergio Rojas” concluyó la abogada.
Jiménez afirmó que continuará apoyando la lucha de los indígenas por visibilizar la situación que experimentan sus comunidades y que en los próximos días, se acercarán a las autoridades de gobierno para demandar una intervención que les devuelva los territorios usurpados.
Roger Bolaños Vargas
Asistente Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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