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Autor: Hector Ferlini Salazar

Soberanía alimentaria: Una deuda país pendiente

Este miércoles 21 de junio tendremos el programa: «Soberanía alimentaria: Una deuda país pendiente».

Con la participación de Guido Barrientos Matamoros del Programa Estado de la Nación y representantes del Equipo de producción Kioscos y Canal 15.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.

Firma de Pacto Nacional por la Educación Pública

Tras la llegada de la multitudinaria marcha de las universidades estatales a la explanada de la Plaza de la Democracia, en Cuesta de Moras, San José, los rectores de las cinco universidades públicas y otros sectores realizaron una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa.

Además de contar con el respaldo de la bancada liberacionista se firmó un Pacto Nacional por la Educación, en virtud de la crisis que afronta el sector, sobre todo por la negativa del Ministerio de Hacienda a reconocer el pago del 1% por inflación, el cual corresponde a unos ¢6 mil millones.

Dicho documento busca garantizar la pertinencia y calidad de los servicios de la educación pública, así como la paz social y libertad política como herramientas indispensables para la movilidad social.

Sesión de la Comisión de Enlace del FEES y más detalles en Vamos con la U Pública

Información compartida con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Imagen UCR

En el marco del “Pacto Nacional por la Educación Pública” se logró una gran marcha

Comunicado

Pacto Nacional por la Educación Pública

Martes 20 de junio 2023

• Miles de personas de diferentes zonas de Costa Rica marcharon demandando respuestas ante la emergencia nacional educativa que atraviesa el país.

• Se presentó públicamente la propuesta “Pacto Nacional por la Educación Pública” como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP.

• En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales.

La peor crisis educativa en los últimos 40 años debe abordarse con prontitud. Urgen soluciones ante los múltiples retos de la educación pública: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, mejoramiento de la educación técnica, participación comunitaria y articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.

Hoy, el Ministerio de Educación Pública carece de verdaderos liderazgos. Por eso, este martes 20 de junio miles de personas de todo el país unieron esfuerzos para hacer un llamado vehemente en contra de una nueva “generación perdida” -como ya sucedió en la década de 1980-, un ejercicio democrático y propositivo para la construcción de un Pacto Nacional por la Educación Pública que propicie salir de esta emergencia nacional.

Reunidos en la Plaza de la Democracia, este Pacto Nacional por la Educación Pública se planteó públicamente al Gobierno y la Asamblea Legislativa. Entre las urgencias y demandas prioritarias que requiere el sector educativo costarricense, se puntualizan:

• Declarar una emergencia nacional educativa.

• Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB.

• Liberar a la educación pública de la regla fiscal.

• Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.

• Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías robustas que se adapten a nuestras realidades educativas.

• Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.

• Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.

• Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.

• Crear la red nacional de conectividad educativa.

• Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas.

• Aprovechar el bono demográfico para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.

• Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.

• Dictar las reformas legales necesarias para que se corrijan los errores legislativos que generan “salarios pagados de más” y que impiden sustituir las plazas docentes, pagar recargos de funciones y ampliaciones de jornada.

• Generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta el 2026 para cumplir con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

• Revisar la Ley 9931 con el fin de garantizar una educación técnica de calidad.

Costa Rica debe garantizar para sus habitantes una educación inclusiva, crítica, creativa e innovadora, que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, -como establece la Constitución Política-, que nos permita sentar las bases de un país donde nadie se quede atrás.

En la Gran Marcha por la Educación Pública se realizó un llamado para que más organizaciones, familias y personas se sumen en la construcción de este Pacto Nacional por la Educación Pública que, sin duda, fortalecerá la democracia costarricense y el Estado Social de Derecho.

Imagen de la marcha: Semanario Universidad

Sanear la CCSS, no quebrarla

José Luis Pacheco Murillo

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha sido por muchos años un botín del que se han querido apropiar muchos. Esa apropiación no ha consistido en una acción encaminada a mejorarla sino, al contrario, a tratar de desmantelarla y ojalá desaparecerla para así, con total tranquilidad la medicina privada imponga sus reglas y se acabe la seguridad social pública en el país.

La semana pasada nos dieron a conocer detalles de cómo se han venido saqueando los recursos de la CCSS. La institución insignia de la seguridad social del país es tan robusta que a pesar de todos los embates de que ha sido objeto para destruirla sigue en pie y sigue brindando un servicio, que, aunque deficiente, mejorable.

El “plan escudo” fue un golpe bajo y casi que mortal para la CCSS. Crear de golpe 10 mil plazas para funcionarios administrativos, fue debilitar las finanzas de la institución y aumentar la burocracia.

El sistema de compras ha sido una oportunidad de corrupción y saqueo desmedido.

Los enemigos de la CCSS están dentro y fuera de la institución y hay que acabar con ellos, pero se debe tener mucho cuidado con las formas porque está muy bien que se ataque la corrupción y se despidan funcionarios corruptos, pero no deben paralizarse las obras urgentes y necesarias para mejorar las posibilidades de una mejor atención para los asegurados.

Está muy bien que se limpien y transparenten las finanzas de la CCSS, pero no está bien que se dejen de construir las obras que se requieren con urgencia en diversos hospitales del país, por ejemplo, el más nacional de todos por el área de atracción que tiene, me refiero al hospital San Rafael de Alajuela, con una área de atención de más de 750 mil personas, dos autopistas, un aeropuerto internacional, un complejo penitenciario, la zona franca más grande del país. Dejar de hacer lo que se requiere en este hospital es condenar a la población a tener pequeños servicios de salud aumentando filas y requiriendo de equipo vital.

Está muy bien que se hagan los esfuerzos por limpiar la corrupción que existe en y por medio de la CCSS y que se envíen al Ministerio Público todas las denuncias del caso, pero debe mantenerse el equilibrio demostrando que el deseo es fortalecer la institución y no quebrarla, y por ello, la necesidad de que se construyan las obras urgentes que se requieren.

Dios quiera que podamos tener un CCSS fuerte, sana, limpia de corruptos y de corrupción, fortalecida con los aportes que deben darse incluyendo los del Estado y que pueda servir a los ciudadanos por muchos años más.

Naranjo defiende la Zona Protectora El Chayote

Edison Valverde Araya, miembro Comunidad Buen Vivir

Empresarios, alcaldía y regidores de la Municipalidad, así como funcionarios que debieran velar por el ambiente, amenazan la Zona Protectora El Chayote metiendo maquinaria, arrancando árboles de raíz, dañando nacientes y escorrentías, destruyendo la flora y desplazando la fauna, amenazando además con la contaminación de suelos, aguas, aires y seres humanos, con el intento de sembrar miles de árboles de aguacate, ante el posible uso de agrovenenos en este monocultivo.

Por eso se manifestó la comunidad naranjeña el pasado domingo 18 de julio.  Ahí estuvieron vecinos, amigos y dirigentes de las asadas, el Cerro Espíritu Santo, Buen Vivir, El Rosario de Naranjo que también sufre la amenaza por el tajo Gavilanes y la naciente la Estrella y diversos distritos del cantón, preocupados por la naturaleza, por el agua, por el presente y futuro de sus hijos y nietos.

Próxima acción de la comunidad en defensa de la Zona Protectora El Chayote:  lunes 26 de junio, sesión del Concejo Municipal, se invita a todas las personas interesadas en apoyar esta lucha.

Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad – Walter Antillón

Invitación del Ciclo de conferencias 80 años Del Código de Trabajo

Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad, Dr. Walter Antillón Montealegre Premio Rodrigo Facio Brenes 2022, catedrático UCR.

Conferencia Presencial con transmisión por Comunica – Territorios Onda UNED.

Jueves 22 de junio 05:00 p.m.

Sede San José contiguo al Boliche Dent.

La comunicación en las agendas de defensa territorial de las comunidades

Invitación

El próximo jueves 22 de junio, a las 6 de la tarde, en la sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales UCR, se llevará a cabo el conversatorio «¿Qué papel juega la comunicación en las agendas de defensa territorial de las comunidades?», en donde estarán participando personas representantes de distintas organizaciones con las cuales trabajamos.

La actividad está organizada por el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, la Escuela de Comunicación Colectiva, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales, y además son organizadores el Departamento Ecuménico de Investigaciones, la Asociación Voces Nuestras y la Coordinadora de Lucha Sur-Sur.

Alto a la represión en Jujuy, Argentina

Mesa de Articulación de Niñez

Expresamos nuestro repudio a la represión que se está desplegando, por orden del Gobernador Gerardo Morales, contra el pueblo jujeño, en el marco de su legítimo derecho a la protesta social en contra de la reforma a puertas cerradas de su constitución provincial. La misma fue recientemente aprobada sin seguir los lineamientos que la constitución hasta entonces vigente prevé y sin permitir la participación social en el recinto.

Referentes sociales denuncian que el texto constitucional aprobado dispone el cercenamiento de la división de poderes, una reforma electoral que contribuye a la concentración de poder en manos del poder ejecutivo y la afectación de derechos básicos a la población que apuntan a diezmar la capacidad de protesta de los movimientos sociales.

La reforma también avanza con modelos extractivistas que afectan los territorios ancestrales de los pueblos originarios y sus modos de vida, así como su derecho a la consulta previa e informada, y creando vías expeditas para disponer desalojos, en abierta contradicción con la prohibición de desalojos de los territorios ancestrales, previstos en la ley 26.061. 

Esto se ha conjugado con la huelga docente que fue ampliamente apoyada por el pueblo jujeño, en masivas movilizaciones y marchas de antorchas, en las que participan niños, niñas y adolescentes, en ejercicio legítimo de sus derechos políticos.

  • Exigimos el cese de la represión al pueblo jujeño y la plena vigencia del estado de derecho en la provincia, en particular, que se garantice la integridad de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su derecho a la protesta social.
  • Exigimos la inmediata libertad de detenidas y detenidos en el marco de las jornadas de movilización y la puesta a disposición inmediata de la información necesaria para conocer el paradero de las personas que por el momento se encuentran desaparecidas.
  • Convocamos a las organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos a mantenernos en estado de alerta.
  • Exigimos al estado nacional que adopte las medidas que en el ámbito de su competencia para garantizar la plena vigencia del estado de derecho en la provincia.

Mesa de Articulación de Niñez

Hermanas y hermanos de Buen Vivir Mendoza y Buen Vivir Jujuy de Argentina, así como Buen Vivir Costa Rica, suscribimos estas demandas y nos solidarizamos con el pueblo de Jujuy, Argentina.
Édison Valverde Araya