17 de mayo, 2023 Pronunciamiento del Consejo Asesor de la Facultad de Artes, Universidad de Costa Rica
“Hoy la cultura no consiste en prohibiciones sino en ofertas, no consiste en normas sino en propuestas”. – Zymunt Bauman
Considerando que:
Primero: En la Declaración de los Derechos Humanos se establece “el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura, las artes y la ciencia, en la búsqueda del conocimiento, la comprensión y la creatividad humana[1]”, desde esta perspectiva no se puede renunciar a la cultura, es un derecho de todo ser humano.
Segundo: Las artes y las manifestaciones populares en nuestro país son abundantes y se establecen en nuestra cotidianidad, muchas veces sostenidas con el empeño y la vocación artística individual o grupal, otras gracias al aporte del Estado y otras son formas mixtas de gestión y colaboración entre el Estado e iniciativas de las personas gestoras.
Tercero: El ya de por sí crítico presupuesto con que trabaja el Ministerio de Cultura, institución estatal que vela por el derecho a la cultura en Costa Rica, ha servido en parte, para impulsar emprendimientos artísticos que luego se consolidan, se independizan, generan prestigio, dan empleo y riqueza para el país, son también un motor que activa la economía y promueven nuevas formas de conocimiento e iluminan otras formas de manifestación artística y de emprendedurismo cultural.
Cuarto: Con honda preocupación vemos desde la Facultad de Artes, como se pretende castigar al Ministerio de Cultura y Juventud por la sub-ejecución presupuestaria, en un monto que llega a los 4 000 millones de colones, mismo monto que en octubre del 2020 se propuso como recorte presupuestario ante la Asamblea Legislativa.
Quinto: San José es declarada como “Capital Iberoamericana de las Culturas 2023” por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).
Por Tanto:
Desde la Facultad de Arte de la Universidad de Costa Rica elevamos nuestra más profunda protesta por esta decisión que pone al arte costarricense en una situación de gravedad absoluta, como sucedió en octubre del 2020 y en el marco de la enorme paradoja de ser declarada San José como “Capital Iberoamericana de las Culturas.”
Una iniciativa como ésta le ocasionará serios daños a la promoción y al fortalecimiento del sector artístico –ya de por sí golpeado por la pandemia y sin recuperarse- al recortarle cerca de 4 000 millones de colones. Esto dejará sin acceso al arte y a la cultura a muchas personas y familias, que no podrán disfrutar de los programas culturales, ni del patrimonio artístico resguardado por el Estado. También, afectará a miles de trabajadores del sector cultura, quienes verán mermados sus ingresos por la falta de fondos para proyectos de arte.
Lanzamos nuestra más enérgica protesta ante semejante acto de despojo cultural y llamamos a las autoridades respectivas a reconsiderar esta decisión y proveerle a un sector profundamente afectado por la pandemia, la posibilidad de salir de la crisis y de proponerle una mejor calidad de vida al artista y a las personas que dependen directamente de sus ingresos.
Atentamente, M.A Juan Carlos Calderón Gómez Decano Facultad de Artes
Este miércoles 17 de mayo a las 5:00 pm, Radio Universidad de Costa Rica 96.7 tendrá al aire el programa “Modelos de gestión de territorios Marino costero: casos de Cahuita y Ostional”, el programa se presenta desde la mirada investigativa de jóvenes profesionales.
Las voces representantes están a cargo de la joven María José Castro Artavia, Ostional y conflictos de uso de la Naturaleza, tesis en Ciencias Política; y el joven Pablo Zagt Hernández, Multiterritorialidades del Mar en Cahuita, tesis en Geografía.
Se espera una amplia participación mediante las redes del canal y mediante la línea telefónica habilitada para la presentación del programa de radio 2234-3233.
Las jornadas de trabajo, hasta un máximo de 48 horas por semana, reguladas en la Constitución Política y el Código de Trabajo, datan de la década de oro del constitucionalismo social y laboral del siglo pasado.
Es más, desde 1920, se reconoció esta jornada en nuestro país.
Es la jornada típica de la sociedad industrial.
No obstante, los procesos de producción, y en consecuencia, las relaciones de trabajo, han experimentado modificaciones sustanciales, principalmente en los años que llevamos del SXXI.
Aquellas jornadas ya no se adecuan a las transformaciones contemporáneas de la sociedad, y mucho menos a las naturales exigencias de vida de las personas trabajadoras, que requieren más tiempo libre, para estudiar, descansar, para conciliar la vida laboral y familia; en definitiva, para disfrutar más de la efímera vida, que ya no puede seguir anclada en la jornada de 48 horas.
Por tanto, resulta imperativo una reducción sustancial de las jornadas de trabajo, sin afectar las remuneraciones de las personas trabajadoras.
Por esto, resulta absolutamente inasumible el proyecto de ley que pretende imponer la denominada jornada 4/3.
Verdaderamente, para tratar de comprender este proyecto, resulta imprescindible tener conocimientos básicos de paleontología, porque significa un retroceso histórico.
Yo estoy de acuerdo con una jornada 4/3, pero con un enfoque y una finalidad muy diferente al insidioso cometido del proyecto de ley, que, por una parte, tienda a reducir efectivamente los límites de las jornadas de la legislación actual, y por otra parte, que tienda a promover el desarrollo humano y el nivel de bienestar más alto de la clase trabajadora.
No se puede desconocer que la jornada 4/3 es un tema que se está debatiendo, principalmente en Europa.
La jornada 4/3 se está abriendo espacio, pero no para incrementar la cantidad de horas que se trabajan por día, sino, como ya se está implementando en algunos países europeos: para dejar de trabajar 5 días a la semana, y en su lugar, sólo 4 días semanales, pero reduciéndose la jornada de trabajo diaria, sin afectar la remuneración y procurando mantener la productividad de las empresas.
En esta hoja de ruta se han logrado importantes avances en países como Islandia, España, Inglaterra, entre otros, que han reducido la jornada de trabajo hasta 35 o 36 horas por semana, manteniendo incólumes las remuneraciones.
Esta es la hoja de ruta que se va abriendo espacio en Europa, en la que, además, la negociación colectiva está jugando un papel de primer orden en la reducción y flexibilización de las jornadas de trabajo. Muy por contrario, las patronales de nuestro país, con el auspicio de los partidos políticos conservadores, impulsan políticas típicas del periodo Jurásico, atizando un proyecto que pretende destruir la jornada de 8 horas y extinguir los derechos de la clase trabajadora.
El 15 de mayo fue designado como Día del Agricultor Costarricense, un justo reconocimiento a los hombres y las mujeres del campo, que con su esfuerzo y consistencia permanente obtienen los alimentos que como ciudadanos adquirimos en las ferias, en los mercados, en los tramos y diferentes entes del comercio, y por supuesto, constituyen una de las riquezas importantes del país, pero que lamentablemente esos esforzadas personas carecen de los apoyos imprescindibles de los diferentes gobiernos, los cuales no generan propuestas ni proyectos de apoyo y por el contrario los tienen en el abandono total y absoluto, lamentablemente.
No olvidemos que a través de la historia el agro ha sido, y sigue siendo hoy, sustento económico, social y cultural de nuestra nacionalidad.
A ellos y ellas debemos agradecer el sustento que en los hogares disfrutamos de sus productos, por ello decimos feliz Día del Agricultor y de la Agricultora, pero al mismo tiempo, demandamos del y los distintos gobiernos el apoyo imperecedero a este sector compuesto por personas productoras abnegadas.
La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social.
Eso me dijo Fernando Atria, abogado constitucionalista, entonces miembro de la Asamblea Constituyente, elegida en mayo del 2021. Gobernaba entonces, por segunda vez, el empresario Sebastián Piñera, hombre de enorme fortuna, líder de sectores de derecha menos estridentes que los de Juan Antonio Kast.
Conversé con Atria el día siguiente del primer turno electoral del 21 de noviembre de ese año, en el que Kast quedó en primer lugar, con casi 28% de los votos. Gabriel Boric, en segundo lugar, alcanzó algo menos de 26%. Toda una sorpresa, después de la verdadera rebelión del 2019, que había conducido a la convocatoria de la constituyente.
Las expectativas eran enormes. Ante un resultado inesperado, todas las miradas se dirigían a una incierta segunda vuelta en la que, finalmente, Boric logró alzarse con 56% de los votos.
–La derecha cree que la constitución de 1980 aun funciona, afirmó Atria. “Cree que si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo esas normas constitucionales”.
Vale la pena volver al escenario de entonces que –en mi opinión– Atria ayudaba a iluminar: “No se puede volver a una constitución que quedó aplastada por el 80% de los votos del ‘apruebo’ en el plebiscito de convocatoria de la constituyente. Pero es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas. Después de la nueva constitución va a seguir habiendo política”.
Pensaba entonces en la constitución que estaban elaborando (creo que todavía con la esperanza de que fuera aprobada). Pero la frase sigue vigente, pensado en esta nueva, cuya elaboración apenas comienza, en un escenario político distinto al de hace un par de años.
El resultado del primer turno presidencial, según Atria, mostraba que el colapso de una forma política, antes del surgimiento de una nueva, generaba “condiciones de extraordinaria fluidez”.
“Ha habido mucho más preocupación por la inseguridad, por la violencia, por la incapacidad del sistema político de mantener el orden y eso fue capitalizado por la ultraderecha”. “Espero que ese resultado produzca en la convención más conciencia sobre el riesgo que enfrenta. Y que eso lleve… (Atria para, piensa… le costaba encontrar las palabras…) a una discusión constituyente más consciente de los límites que enfrenta”.
En su visión, lo fundamental de una constitución es establecer el esquema en que se van a resolver las disputas políticas en el país. Construir una forma política que sea eficaz: esa la tarea de la constituyente, asegura Atria.
“Espero que lo del domingo (el resultado del 1er turno presidencial) haga consciente de eso a los constituyentes, de la necesidad de que lo que salga de la constituyente sea reconocido por la cultura chilena como una discusión de la forma política que Chile necesita. Eso es lo que lleva al éxito del proceso constituyente”.
Como sabemos, no ocurrió así. La propuesta fue rechazada meses después por un abrumador 62% de los votos.
Kast le parecía “la negación de la transformación que Chile necesita”. Él cree –dijo entonces– como cree el presidente Piñera, en las fórmulas neoliberales y piensa insistir en ellas.
Se estaba refiriendo a la posibilidad de un Kast en la presidencia de la República. No ocurrió. Pero ahora Kast tiene en sus manos, y en las de sus partidarios, la elaboración de una nueva versión de esa constitución que debe sustituir la que tuvo su origen en el golpe de 1973 (que Kast admira y defiende).
En la visión de Atria, Kast y sus partidarios podían hacer su propuesta, caso ganase la presidencia d la República. Pero que eso representara una solución para los problemas de Chile, ¡no! “Va en dirección contraria. Eso no es lo que Chile necesita: lleva a la inestabilidad, a la ingobernabilidad”.
¿Qué necesita Chile?
Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura.
La naturaleza polémica del tema puede ser ilustrada con una reflexión del periodista Patricio Bañado, recientemente fallecido, recordado por la conducción de la franja televisiva del “NO”, en el plebiscito que definió la no continuidad del régimen militar, en 1988. En diciembre pasado, en una última entrevista, Bañado afirmó nunca haber sido allendista. Y agregó:– Creo que el gobierno de Allende fue uno de los grandes errores históricos de Chile.
Una frase dramática, sin duda. En su opinión, lo que debió haber ocurrido fue la continuidad de unas reformas que había iniciado el demócrata cristiano Eduardo Frei, antecesor de Allende: una Reforma Agraria y la nacionalización de una parte del cobre. En su opinión, “si la izquierda se hubiese unido con la Democracia Cristiana para profundizar esos cambios e ir paso a paso, eso habría sido imparable”.
Me parece que la afirmación, dicha así, se despega de la realidad política de entonces. Especula sobre el camino que no estuvo sobre la mesa hace 50 años. Como sabemos hoy, Frei fue figura importante en la articulación golpista, pero también fue asesinado por esos mismos golpistas, envenenado cuando empezó a alejarse de una dictadura que mostraba ya sus rasgos más criminales.
Hoy, ¿qué necesita Chile? O, analizando el tema más ampliamente, ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para avanzar en unas reformas que desmonten el mundo neoliberal? Un mundo que asaltó los recursos públicos y destruyó toda red de solidaridad social, desde las organizaciones sindicales hasta los fondos de pensión, pasando por los recursos naturales.
La esencia del modelo neoliberal es la privatización de los recursos públicos. Allende dijo que el cobre era el sueldo de Chile. Fue más allá de las reformas de Frei y lo nacionalizó. Con el golpe, la minería pasó a manos privadas (menos los recursos con los que se financiaban las fuerzas armadas). Pero la historia sigue. Ahora se discute en el congreso chileno un aumento del royalty minero y la política para la explotación del litio.
En septiembre el golpe cívico-militar cumple 50 años. Esos 50 años de la historia chilena no pueden ser entendidos sino como la lucha por recuperar ese camino.
En Chile (también en Argentina y en otros países), quizás nada representó mejor el asalto a los recursos públicos que la privatización del sistema de pensiones. Significó la transferencia de inmensos recursos a pequeños grupos de interés al costo de pensiones miserables para los cotizantes. Manuel Riesco y su Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo han publicado estudios detallados sobre el sistema (puede verse uno, publicado en 2008, aquí.
Pese a las condiciones favorables de la economía chilena, que se recuperó de una crisis profunda de principios de los años 80, al final “la mayor parte de los afiliados simplemente no iban a recibir pensiones de las AFP” (como se conocen allí las administradoras de pensiones).
“Sus fondos acumulados al jubilar serían tan magros que sus pensiones alcanzaban montos ridículos, del orden de 10 a 20 dólares por mes para millones de afiliados, e inferiores al mínimo de 150 dólares para dos tercios de la fuerza de trabajo”, dice Riesco.
Pese al aspecto clave de este tema como factor de descontento en el país, el proyecto constituyente mencionaba apenas generalidades cuando decía que “las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile”. Asimismo, agregaba, “tienen derecho a envejecer con dignidad; a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna”.
Los muchos senderos del camino
La lucha para recuperar el camino perdido tiene muchos senderos, rutas de rebeldía y rebeliones. No se puede entender la historia de Chile de esos años sin acompañar esas luchas. La del 2019 terminó por remecer las instituciones. Pero no se caracterizó por cementar los pilares de unas nuevas. El 2007 había habido otra, lo de los estudiantes secundarios, los “pingüinos”. Se repitieron en 2011, con protestas contra la privatización de la enseñanza. Ahí se forjaron Boric y su grupo.
Pero el proyecto constituyente no recogió con acierto la fuerza de esas demandas. Como veremos, temas centrales para retomar el rumbo del país apenas están mencionados en el proyecto de constitución rechazado y creo que esto fue clave para su rechazo por casi dos tercios de los electores.
En vez de un texto con una visión política que sirviera de paraguas bajo el que se cobijaran las diversas demandas sectoriales, el texto recoge posiciones de sectores diversos, sin esa visión política que los articule. Pone a todos a competir contra todos.
Dos demandas se expresaron con particular fuerza en ese texto: la representación paritaria entre hombres y mujeres en los más diversos ámbitos políticos y la definición de espacios para los pueblos originarios, especialmente los mapuches, en un ambiente de renovadas tensiones en la Araucanía, en la zona del sur del país, donde con más fuerzas se asentaron.
El tratamiento de ambos temas no contribuyó a sumar votos a favor del proyecto que, como sabemos, fue rechazado también en las zonas de mayor presencia de pueblos indígenas.
El debate constituyente
Antes de continuar, quisiera señalar que no está en discusión aquí la validez de las reivindicaciones, sino del escenario (y de la forma) elegidas para reivindicarlas.
Creo que tiene una mayor capacidad explosiva el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas porque tiene que ver con la propiedad de la tierra. Sin que se pueda tampoco desconocer la importancia de la discusión sobre la naturaleza del Estado, la tensión entre la reafirmación de su unidad y la definición de su carácter plurinacional. “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”, decía el texto. “Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos”. En especial, “tienen derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura”.
El texto vuelve sobre esos temas una y otra vez, pretendiendo resolver, con esas declaraciones, un conflicto que está en pleno desarrollo, sin que una visión sobre el tema esté madura en la sociedad.
Si este tema me parece el más “explosivo”, hay otro, cuya reiteración está presente en todo el texto: el de la paridad en la representación de hombres y mujeres en las instituciones públicas.
El proyecto afirmaba que Chile se constituía como una “república solidaria” y que su democracia era “inclusiva y paritaria”. El Estado debería promover “una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva”.
Me parece difícil imaginar que formulaciones de este tipo cuenten con un apoyo mayoritario, como puede deducirse del resultado de la consulta.
Pero hay algo que me interesa todavía más y es el tratamiento de un tema relevante para el que la izquierda no ha encontrado una forma consensuada para incorporarlo a su proyecto. Naturalmente, no pretendo resolver aquí ese desafío. Pero quiero sugerir alguna cosa.
Uno de los problemas más relevantes para esa participación no es el establecimiento legal (o constitucional) de la paridad –que no tiene relevancia política, como veremos–, sino el cuido. El fracasado proyecto de constitución se centró, sin embargo, en la paridad.
Sobre el cuido –de niños y ancianos– que recae casi totalmente en las mujeres, se dijo muy poco, o nada. Se hablaba, en general, de “trabajo no remunerado” para referirse al cuido. Me parece otra gran equivocación. Desde mi perspectiva, se trata de trabajo remunerado y el problema es precisamente cómo se remunera ese trabajo.
La manera de enfrentar el problema no es que hombres y mujeres compartan el cuido. Eso no es posible, salvo en algunos aspectos, no sustantivos. La solución es que el cuido lo asuma el Estado, con guarderías, kinders y residencias para ancianos adecuadas. No se trata de que se pague a las cuidadoras por su trabajo. El cuidado lo tiene que asumir el Estado. Es la única manera de que se pueda asegurar un cuido adecuado. Es consecuencia de los cambios económicos y sociales que abrieron las puertas del mercado de trabajo a las mujeres, a las que se les debe pagar, no por el cuido, sino por su trabajo.
Nada de eso lo contemplaba el proyecto de constitución construido sobre el concepto de “paridad”, que pretendían presentar como un gran avance. No lo entendió así casi nadie (y me parece que con razón), salvo la derecha.
“Si me ponen un Congreso lleno de mujeres y todas piensan como Margaret Tatcher, yo me siento bien representado, no tendría ningún problema”, dijo al diario El Mostrador el diputado republicano Johannes Kaiser, conocido por su enfoque conservador. La nueva constituyente se conformará de forma paritaria, con la misma cantidad de hombres y mujeres, mayoritariamente conservadores.
Hacer transformaciones en el país
La del 2021 no fue nuestra primera conversación con Atria. Tres años antes, en noviembre de 2017, se celebraron elecciones en las que Piñera logró su segundo mandato presidencial. Atria no logró elegirse diputado.
Pero conversamos: –Hay un cambio de época en política chilena desde las manifestaciones de protesta del 2011. Esas manifestaciones, que no fueron solo estudiantiles, produjeron la impugnación del modelo neoliberal.
“Todavía estamos bajo efecto de estas movilizaciones”, dijo Atria. “Pero durante este gobierno (está hablando al final del segundo período de Michelle Bachelet) aprendimos cual es realmente nuestro problema: es una forma política incapaz de producir transformaciones significativas en el país”.
Desde su punto de vista, la política estaba “neutralizada”. No se podía hacer transformaciones. “Si uno mira los últimos 27 años en Chile, no ha habido prácticamente ninguna modificación significativa”, aseguró.
“No importa cuánta gente marche contra las AFPs. La posibilidad de discutir seriamente su eliminación no existe”.
“Aun cuando las transformaciones sean constitucionalmente posibles, no se pueden hacer porque las formas institucionales contienen una idea de lo que es apropiado o no, de lo que es una política seria o no”. “Esa política neutralizada no tiene fuerza para hacerle frente al poder económico. Solo funciona cuando responde al interés de ese poder económico”.
Atria tampoco veía posible hacerlas mediante grandes acuerdos. “Cuando hay reformas que interesan al poder económico, vienen rápidamente. Cuando provienen de los ciudadanos, son ignoradas”.
Entonces decía que la única salida era una asamblea constituyente. “El problema constitucional se va a solucionar, por las buenas o por las malas”, aseguró. “Algún día tiene que pasar algo; no mañana, quizás, pero algún día”.
Para quienes estamos en la izquierda –concluyó– “una prioridad es la unidad”. “Si no hay unidad de la izquierda vamos a tener dos izquierdas, que van a ver la destrucción de la otra como un desafío”.
Me gustaría seguir este diálogo cuando vuelva a Chile para la conmemoración de los 50 años del golpe.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
La desorientación política en materia de seguridad es solo uno de los síntomas del alto nivel de descomposición socio institucional que presenta la sociedad costarricense.
Antes que contar con una política pública a la que se le cambia de título un día sí y otro también, el país debería entrar en una profunda discusión sobre el enfoque adecuado para trazar un abordaje que supere la inmediatez.
No se trata tampoco de cambiar jerarcas como una medida paliativa. No son los jerarcas los que definen un enfoque determinado sino toda una estrategia colectiva, que proponga niveles socio territoriales y dimensiones sociales de amplio alcance para contender con una inseguridad predominante y una violencia que no cesa.
Al escribirse esta columna el país alcanza cifras inimaginables de homicidios (por arriba de los 300 en lo que llevamos del año) y la escalada no cesa.
Una discusión no planteada hasta ahora con seriedad es la emergencia que se ciñe sobre centros educativos de primaria y secundaria en todo el país. Si ya no fuera suficiente con el quiebre en los procesos de convivencia de la población estudiantil que se traduce en conflictos diarios, la amenaza de tiroteos y ataques empieza a encender las alarmas.
No se ha dicho lo suficientemente claro, pero tras el mito fundacional de la Paz y la tranquilidad potenciada por una blancura originaria, se esconde el funcionamiento de un mercado informal de armas de todo tipo. Este país está armado hasta los dientes y los centros educativos podrían ser pronto un espacio donde se usen sin límites.
A inicios de siglo un documental dirigido por Michel Moore (Bowling for Columbine, 2002) se preguntaba por los determinantes socioculturales del aumento de los tiroteos y la permisibilidad en la tenencia de armas en una sociedad que aún no se reponía de los eventos producidos en una secundaria en 1999.
Nos preguntamos qué ha cambiado en casi 25 años tanto en aquella sociedad como en la nuestra. En Costa Rica, lo hemos dicho, el contrato social caducó hace tiempo y la cohesión social se esfumó para dar paso a un superlativo grado de fractura a todo nivel.
Columbine podría estar a la vuelta de la esquina si no hacemos algo pronto. Algo como hablar horizontalmente sobre un enfoque y no tanto una política de seguridad que nos devuelva la tranquilidad a todos y todas.
El informe 2023 de EDUCASE[1] nos permite enfocarnos con mejor claridad frente al enfrentamiento que se ha dado entre el MEP FOD. No son tiempos para desgastarnos en discusiones pasadas sobre el derecho que tenía el PLN de privatizar los servicios educativos en el país (al menos uno de los más relevantes: las TIC, tecnologías de información y comunicación), o de cómo administrar los recursos acumulados en los últimos 37 años por la FOD.
La discusión debe ser un enfoque conjunto con miras al futuro y el papel de las TIC en la educación costarricense. No hemos escuchado ninguna mención, dentro de la discusión aludida, al papel de la inteligencia artificial (IA) que ha cambiado ya la forma de enseñar y aprender. No sólo, como indica el estudio, en el campo de la educación universitaria, sino en todos los niveles. No vemos surgir grupos de educadores, o sus sindicatos, inquietos por las implicaciones que la IA tendrá, no sólo en los métodos de enseñanza, sino y mucho más preocupante, en la posibilidad de que muchos empleos desaparezcan, y en el impacto que la IA tendrá en los estudiantes, en su bienestar, en sus vidas.
Por eso el informe que comentamos es importante, y deberían de leerlo doña Pilar y los personeros del MEP. También es un recordatorio para la FOD, tan enfocada en enseñar programación, cuando ya la IA hace innecesaria esa tarea. Enseñar a pensar críticamente puede hacerse usando otras estrategias, sobre las cuales hemos escrito en otro sitio*.
Analizar los temas que los panelistas de EDUCASE han indicado como urgentes y relevantes: “la suplantación de la actividad humana con poderosas nuevas capacidades tecnológicas y la necesidad de más humanidad en el centro de todo lo que hacemos”.
Tendencias : los panelistas de EDUCASE identificaron cinco tendencias en los ámbitos económico, social, ambiental, político y tecnológico. A) Social, en donde se enfatiza la demanda de los estudiantes por un aprendizaje flexible, el aprendizaje equitativo e inclusivo, y los cambios rotundos en los sistemas de evaluación, inclinándose por los microcredenciales. B)Tecnológico, en donde se enfatiza en la IA como corriente preponderante en el futuro, la enseñanza híbrida, y las tecnologías que permiten que todos puedan crear contenidos digitales. C) Económico: la brecha por falta de recursos, y la presión para que las escuelas hagan más con menos recursos, y la “demanda de aprendizaje permanente en el lugar de trabajo”. D) Ambiental: no hemos escuchado mucho sobre cómo el cambio climático está afectando la enseñanza y nuestras vidas. Algunos programas aislados en las escuelas han empezado a introducir los ODS dentro del currículo, pero debería de generalizarse la política. ¿Qué papel debe jugar la tecnología para impulsar estos cambios? E) Político: se estudian los fenómenos de la desinformación y la posverdad, impulsados, muchas veces por los gobiernos, cómo crece el nacionalismo en el mundo, y cómo los partidos políticos no se interesan por estudiar estos asuntos álgidos para la democracia, sino que se dedican a charlas insustanciales de búsqueda de poder. Aunque el estudio se centra en los EUA, su alcance es universal.
Los panelistas de Horizon analizan cuáles serán las tecnologías claves y las prácticas potenciales y la IA e IA generativa aparecen en primer lugar. Otro desarrollo es que las modalidades de aprendizaje se complementan, así como la modalidad de aprendizaje híbrido, y los cambios en los sistemas de evaluación, surgiendo las microcredenciales como alternativa. También hay una preocupación por acercar a los estudiantes a comunidades en que se sientan acogidos. Los impactos que tendrán las prácticas futuras se aplican no solo a universitarios sino a todos los niveles: “equidad e inclusión, resultados del aprendizaje, riesgos, alumno e instructor receptividad, costo, nueva capacitación requerida por parte de estudiantes e instructores, y el impacto potencial en la institucionalidad, metas estratégicas”.
Escenarios: de igual forma se hace un análisis de escenarios futuros, que pueden aplicarse también a otros niveles de enseñanza, como las enseñanzas que nos dejó la pandemia: modalidades de enseñanza en línea y uso intensivo de las TIC. En otros países, se empezó inmediatamente a incorporar las TIC al currículo, y se dejó atrás la prácta de crear laboratorios especializados en informática. Las TIC permean todo el sistema, desde la parte administrativa, la de enseñanza y evaluación. Frente a la enorme brecha digital y carencia de recursos, se abren posibilidades: en vez de dotar de una tableta a cada estudiante, dotarlo de un celular. Es un mínimo con el que se puede empezar. Aprendizaje personalizado e interinstitucional, grandes redes como las formadas en España, en Uruguay, o en México.
Que hacer? La FOD y el MEP, junto con los sindicatos deberían plantearse qué hacer hoy para enfrentar este futuro? ¿Qué planes pueden presentar a la Asamblea Legislativa? Este informe de Horizon es una excelente guía pues toma en considración la educación de adultos, la investigación, la docencia, estrategias para zonas desfavorecidas, equidad, accesibildad, espacios de aprendizaje que involucren a las municipalidades y bibliotecas públicas, todos los recursos posibles. Mucho en lo que se puede colaborar como adultos interesados en la educación de este país.
[1] Informe EDUCAUSE Horizon 2023 Edición de enseñanza y aprendizaje
Al cumplirse este 14 de agosto próximo 67 años de su desaparición física, el mundo de los trabajadores recuerda las verdades vigentes del Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchas muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: Esos son los imprescindibles”.
Quiénes durante 200 años creyeron que la riqueza originaria en nuestro país fue distinta a la violenta expoliación causada cuando la propiedad comunitaria pasó a manos privadas de los europeos, el siglo XXI los pone contra la pared.
Lo cierto es que, las oligarquías latinoamericanas, siempre apostaron al control político por encima de lo económico, pues controlando el primero, justificaban la administración y la apropiación de los recursos producidos por sus pueblos.
Los diversos estudios científicos demuestran que el control político durante la colonización europea en nuestro continente produjo al menos 55.8 millones de muertos; unas veces exterminados por problemas políticos, y otras por epidemias en sólo 100 años, lo que equivale aproximadamente el 90% de la población nativa.
De las 119 estimaciones de población analizadas por el grupo encabezado por Alexander Kock indican que antes de 1492 vivían en el llamado Nuevo Continente cerca de 60.5 millones de personas, con una utilización agrícola y forestal de 1,04 hectáreas por persona (Periódico La Vanguardia 01/02/2019).
En el caso costarricense, este reforzamiento del control político viene desde los pueblos originarios sobrevivientes, moldeó hasta nuestros días el llamado sistema “democrático liberal”, experimentando crisis como la de los siglos XIX y mitad del XX, con cruentos golpes de estado y hasta una guerra civil incluida. De esta manera, la gran crisis experimentada por la administración del expresidente Rodrigo Carazo (1978-1982), después de echar una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), vino a ratificar desde entonces que nuestra oligarquía nunca otorgó derecho alguno a los trabajadores; éstos se los ganaron, rehusándose a terminar como siervos. Es el punto tensional que viven los costarricenses más allá de que ubiquemos como principales problemas los salarios de hambre, las extenuantes jornadas de 12 horas, la mesa de negocios que tiene en crisis todos los niveles de la educación, las filas de espera en la Caja del Seguro Social, la posible exploración petrolera y hasta las pobres tortugas de carey; éstas últimas amenazadas en un proyecto de ley presentado y retirado por INCOPESCA.
En Costa Rica esta élite desde hace décadas atrás no corre ningún riesgo en ceder un ápice político a las mayorías. Los trabajadores y trabajadoras financian las carreteras, las escuelas, la justicia, la seguridad ciudadana, pero aquella clase social es la encargada de administrar los impuestos pagados por todos los costarricenses. Ella vende empresas de todos los votantes, da en concesión, puertos, aeropuertos, autopistas, espectro electromagnético y dice cómo deben de gastarse; así como quienes tienen la prioridad.
Así vemos cómo de cara a las próximas elecciones municipales, en la Asamblea Legislativa se promueve una “pensión universal”, que posiblemente, según algunos entendidos en la materia, terminará por desfinanciar otros regímenes de jubilaciones, pero ganarán con los votos necesarios para consolidar aún más el poder político. Es obvio que una compensación universal inferior a 180.000.00 colones mensuales (aproximadamente $300; un dólar igual a 600 colones) es alejada de toda realidad económica, tomando en cuenta, por un lado, la manipulación de toda clase de precios, y por el otro, a la ley de oferta y la demanda, en rubros tan importantes como los alquileres de casa, transporte remunerado de personas, alimentos, medicinas, combustibles, entre otros.
Lo anterior tiene como marco la tradición histórica de la Asamblea Legislativa de hacer leyes sin parar, para exonerar de impuestos a compañías agrícolas, importadoras, exportadoras, farmacéuticas, bancarias, minería, industrias, entre otras, beneficiando, además, como es “vox populi” a evasores, decretando además amnistías tributarias; bajo la premisa de “crear empleo” y el “mejoramiento” de millones de desesperados votantes.
Cuando el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986), con el concurso del Partido Liberación Nacional (PLN) y la llamada oposición Social Cristiana (PUSC), empezaron a desmontar el sistema agrícola nacional con el llamado Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAEI) las cartas marcadas para los asalariados, las amas de casa, los maestros, estudiantes, pequeños y medianos productores, y movimiento popular en general, se barajaron irremediablemente.
Con este “ilustre”, hoy benemérito de la patria, empezaron los famosos programas PAEs impulsados por la élite nacional, atrincherada en la que en algún momento nuestros críticos dieron en llamar el PLUSC. Fue, cuando, supuestamente, habría “producción” para que hubiera paz, porque sin ella no hay comida, “justicia social”, porque la ausencia de esta lleva a la intranquilidad; democracia, porque así hay garantía de libertad; mientras sin valores éticos y culturales no hay confianza en el pueblo. Con este “maravilloso” programa el “campesino de palmares” y “líder” sindical de los “sindicatos blancos”, llegó a la presidencia de la república; advirtiendo que su plan sería para los próximo 30 años (ver programa “Volvamos a la Tierra”, página 8).
Traer la crisis actual evadiendo responsabilidades políticas concretas, sobre cómo han ido desmontando el Estado Social del Derecho, mandaron al carajo la soberanía alimentaria, pusieron los cuerpos policiales en guerra contra el “narco”, mientras los grandes consumidores mundiales de estupefacientes siguen sin controlar su clientela, es la misma politiquería usada para que veamos la inseguridad ciudadana como un fenómeno reciente y focalizado, y no creado por una casta de burócratas al servicio del neoliberalismo. Las escuelas están cayéndose a pedazos como si fuera por generación espontánea, el sicariato juvenil es una cosa como si hubiera surgido en los dos o tres años y no consecuencia del desvío de fondos a otro lado, desfinanciando así el quehacer social del Estado.
Para combatir supuestamente la inseguridad ciudadana, promovida por el Estado mismo, al dejar en manos privadas tan delicada función Constitucional, hay quienes proponen un “estado de excepción” que no es otro que el mecanismo de control autoritario de todos los ciudadanos; como colofón de una sostenida campaña del miedo por radio, televisión y prensa escrita. Si bien los asaltos, ejecuciones, desapariciones, violaciones; etc etc, son parte de nuestro vivir, recientemente un amplio reportaje del Periódico El País de España dio cuenta de la marcada descomposición social en todo América Latina, como consecuencia de las políticas económicas a que han estado sometidos estos países del “Nuevo Continente”.
Lo que sí asusta es como estos medios de comunicación encausan sus informaciones tendientes a dividir la sociedad entre “buenos” y “malos”, similar a las prácticas realizadas por Hitler y Mussolini, en Alemania e Italia, respectivamente, cuando deseaban un fin asignado a sus hordas.
Según el periódico CRHoy, el Estado de excepción equivale a una suspensión de derechos y garantías individuales en casos de “evidente necesidad pública”. Esta posibilidad se encuentra contenida en los artículos 121 inciso 7, así como el 140 inciso 4 de la Constitución Política surgida tras la guerra civil de 1948 (Ver CRHoy.com 05/05/2023)
La realidad, a veces ingrata y fría es que, hasta ahora ningún Estado ganó una “guerra” contra el narcotráfico sin eliminación del consumo de las drogas. En el caso costarricense no solamente hemos fijado cuantiosos recursos en esta “guerra”, sino que seguimos poniendo los muertos y haciendo lo mismo que hicieron otros estados, para obtener los mismos resultados.
Por el contrario, las cifras trascendidas en los últimos días, al tenor de la “inseguridad ciudadana”, el número de parapoliciales dobla la cantidad de elementos de la Fuerza Pública. Johan Vargas, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines, puso recientemente a las órdenes del Gobierno unos 30.000 oficiales privados que “están dispuestos a trabajar en conjunto para combatir la delincuencia” (Teletica.com 04/05/2023).
Una reciente y brillante publicación coordinada por el Dr. Carlos Tiffeer Sotomayor, nos da cuenta sobre el deterioro el Estado Social de Derecho, ya que, hay consenso dentro del contexto actual de la globalización hegemónica (neoliberal de la presencia de la que Costa Rica como país de la periferia del sistema mundo no se escapa) del marcado discurso anti estatista, según el cual se requieren poderes absolutos en el Estado para que este desaparezca. Obviamente el Estado no desaparece. Lo que desaparece – poco a poco – es el Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales (al menos los económicos, sociales y culturales) para reaparecer en su lugar el Estado Penal de la mano de los nuevos discursos (Dr. Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, página 17; “Un Derecho fundado en la Dignidad Humana”; obra coordinada por el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, Primera Edición; Editorial Jurídica Continental, 2023).
Así, la versión neoliberal privilegia las funciones de los jueces y las instituciones en general que están dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado (op.cit, página 18).
Movimiento Popular Fragmentado
Independientemente que algunos sectores del movimiento popular añoren el viejo Estado Social de Derecho y centren su lucha en la mayoría de los casos en reinvindaciones cortoplacistas y sin articulación alguna entre sí, tal Estado de bienestar difícilmente volverá, si no hay un replanteamiento de la lucha en forma unida, más allá de la saturación de consignas individualistas valederas a corto plazo, como se visualizó durante el desfile del pasado 1 de mayo, sin que subyaciera una estrategia como movimiento agrícola y campesina ahogada por falta de una reforma agraria. O en el caso del movimiento sindical cuya consigna mayoritariamente no es la amplitud de los derechos políticos de las grandes masas de asalariadas, si no demandas muy concretas como aumento salarial, que las élites una y otra vez los han escamoteado con aumentos de precios inmediatamente, sin que la causa, que es el dogma neoliberal, sea tocada.
Así, caímos sin darnos cuenta en las llamadas “desigualdades evolutivas de las especies” – tesis refrescadas por algunos antropólogos y psicólogos estadounidenses- son explicadas como parte normal del discurrir social y cultural de una sociedad, y como esta “ciencia” borra de un plumazo, como hizo el funcionalismo de Webber cualquier tufo de lucha de clases, es más cómodo explicar la inseguridad ciudadana, el desempleo, la educación mercantilizada, el déficit fiscal, la preocupación de la señora de Purral por el costo de vida etc, fragmentando la realidad social. Los robos, los asaltos, la inseguridad ciudadana etc., aparecen desvinculados del congelamiento de salarios, del desempleo, de la falta de vivienda, etc. Así es muy fácil ser legislador, periodista, político, analista jurídico, sociólogo, economista, etc.
La realidad es, que como en años anteriores, no advertimos al pueblo costarricense que con el gobierno Liberacionista de Laura Chinchilla y cierre de los 8 años del Partido Acción Ciudadana, se cerraban las diversas etapas de los gobiernos corporativos o paralelos, determinantes para el “progreso” conceptualizado desde el punto de vista de nuestras élites (ver https://semanariouniversidad.com/etiqueta/horizonte-positivo/). De este modo pareciera que el gobierno del Presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) abre la tercera etapa caracterizada por el ingreso directo de las grandes corporaciones interesadas en materias primas como gas, petróleo, agua, pesca, tecnología, etc. Su mandato deja la sensación hasta ahora de medir todo por algo tan elemental aprendido desde la escuela primaria: Sumar y restar.
Esto explica la ruptura reciente con la Fundación Omar Dengo que durante décadas estuvieron financiando los costarricenses y a la hora de restar beneficios concretos a la educación nacional no tuvo números positivos a los ojos del gobierno. Por el contrario, dicha organización reclama actualmente a los costarricenses un giro de 168 millones de colones para inventariar los insumos que pasaron al Ministerio de Educación Pública, según se informó oficialmente. Dicha fundación, alega que para entregar los bienes a la cartera de Educación necesita pagar a las personas encargadas de inventariar los objetos que tuvo bajo administración.
Asimismo, hubo grupos políticos y económicos que reaccionaron con ira, por el cierre reciente de CINDE. Sin embargo, siguiendo la máxima de restar y sumar los fondos públicos girados a ese ente privado durante 40 años y el número de empleos creados, así como las exoneraciones dadas a las firmas empleadoras, cada empleo pareciera ser demasiado elevado como inversión hecha.
Entre los personajes políticos allegados o cercanos al PLUSC que han pasado por CINDE está José Rossi, Anabelle González, Gabriela Llobeth, Dialá Jiménez Figueres, Fernando Ocampo, entre otros.
Agresión pareja
En estos últimos 40 años (5 gobiernos del Partido Liberación Nacional y 5 de la llamada oposición, incluyendo 2 del PAC), las poderosas élites nacionales no cesaron un solo día en su golpeteo contra las mayorías costarricenses. Todo el proceso de globalización en que nos metieron ha sido pagado por la gente más humilde que se traduce por grandes filas para una cita de especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, una intervención quirúrgica o simplemente para ser atendidos en un Ebais. La Educación Pública y Obligatoria que dice la Constitución Política defendida por estos grupos dejó de ser derecho y hoy es uno de los negocios más lucrativos; la Educación Pública Superior está sometida actualmente a fuertes presiones provenientes de grandes cadenas de Universidades Privadas, a las que no les interesa ningún tipo de humanismo, y miden todo por las leyes del mercado.
Por el contrario, la falta de dignidad nacional y apego a los intereses de las grandes metrópolis se ve con tanta “normalidad”, que recientemente trascendió que funcionarios del Banco Mundial revisan datos financieros al más alto nivel dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social; mientras una misión del FMI se siente gobierno electo para venir a advertirnos que a la regla fiscal no debe introducírsele más reformas. Ocupando ello, destacados titulares en la prensa comercial. (La Nación, 29/04/2023).
A decir verdad, en el horizonte no hay visos de un replanteamiento político de la situación que afecta a millones de costarricenses, frente a la aparición de un nuevo orden multipolar. En el discurso del Presidente Rodrigo Chaves, el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, no hay una sola alusión de fondo que haga pensar un eventual abandono por parte del actual gobierno del viejo orden mundial unipolar, para aprovechar el surgimiento de nuevos bloques económicos y políticos, con otra visión de dominio y control absoluto sobre los países que en algún momento fueron colonia de Europa y hoy diplomáticamente están bajo las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ocasión del día internacional del trabajador tres reconocidos economistas plantearon lo que ellos consideraban los problemas más grandes en Costa Rica. Uno dijo que era la defensa de un salario decente y un trabajo digno. El otro cree que los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para convertirse como en voceros de una población muy marginada; y el otro enumeró que el problema más grave de Costa Rica es la pésima distribución de la riqueza generada en esta nación. (Ver https://www.youtube.com/watch?v=iooehH-UcHA, “Expertos plantean cuáles son elementos económicos que debe contener la agenda de los sindicatos”).
El presidente del Congreso y líder del PLN Rodrigo Arias Sánchez en cálido encuentro con el Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles (Foto Fabián Hernández, tomado del Semanario Universidad 10/08/2022).
Así el dilema de la izquierda democrática y amplios sectores preocupados por el rumbo de esta Nación de poco más de 5 millones de habitantes se debate entre jugar con las cartas marcadas de antemano por las élites tradicionales, o una solución, según ella, electoral y burocrática. La experiencia sufrida en otras naciones bajo esas premisas es que el problema no es ganar el poder, si no para qué y para quiénes se obtiene el poder.
Este enfoque de jugar bajo condiciones adversas dejó en México millones de millones de pobres esclavizados en 37 años de dominio “conservador”; en Uruguay sirvió la mesa al actual gobierno reaccionario de Lacalle; en El Salvador indirectamente ayudó al ascenso al poder de Bukele; y en Chile recientemente los grupos fascistas pro Pinochet preparan una Constitución Política a su medida.
En un reciente artículo del analista nacional Oscar Barrantes Rodríguez, trajo a acotación el dilema político anteriormente apuntado y que tantos dolores de cabeza causa actualmente a millones de ticos con esta misión miope de olvidar “los juegos” de poderes y los “dueños” del poder.
“Se debe salir del agujero electoral y superar el electorerismo enfermizo y cargado de vicios pequeños burgueses, de burocracia, y reformismo cándido, fatuo e inútil; porque ni hace diferencias del discurso con las franquicias electorales oligárquicas y terminan haciéndole el juego a la dictadura electoraria, lo cual coloca a las izquierdas, el movimiento electoral y las agrupaciones partidarias de las fuerzas humildes, núcleos revolucionarios como furgón de cola de la burguesía imperante y de la tiranía imperial – globalista de occidente…”. (sic. “Lucha política revolucionaria o izquierda a la moda” 12/05/2023).
Desde esta perspectiva, pareciera entonces que la llamada “izquierda democrática” habría renunciado a las ricas tradiciones de organización de movilización y beligerancia popular y campesina, comunal, indígena, de las zonas costeras, de los barrios, a la creatividad juvenil, etc que en años pasados inspiraron luchas gravadas en la historia patria como la lucha contra la explotación de bauxita en 1970 contra la Transnacional Aluminum Company of America conocida como ALCOA, que encabezaron estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, entre otros así como la lucha a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuando una camarilla intentó desmantelarlo de un cuajo en el 2000 y la oposición abierta contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) (2007); en este último caso los sectores más humildes, sean productores, agricultores o jóvenes en general siguen soportando los efectos al día de hoy.
Lo anterior pareciera reafirmar que un empoderamiento de los sectores populares costarricenses, así como mecanismos propios de una democracia con mayor participación ciudadana, no está en la agenda de las élites ganadoras en el presente proceso de globalización hegemónica del gran capital.
Lo que pareciera fuera de discusión es que por encima del atolladero económico en que estamos, el problema político está en el centro del debate. Esto no es nuevo. Lo observó quien el próximo 14 de agosto cumple 67 años de su desaparición física, enseñándonos que la política no puede sustraerse de los efectos nefastos que sufren los pueblos.
Planteó el problema político por encima del económico. Y escribió:
“El peor analfabeto / es el analfabeto político /. No oye, no habla / Ni participa en los acontecimientos políticos. / No sabe que el costo de la vida,/ El precio del pan,/ del pescado,/ de la harina,/ del alquiler,/ de los zapatos/ o las medicinas/ dependen de las decisiones políticas/ el analfabeto político,/ es tan burro,/ que se enorgullece,/ e hincha el pecho diciendo,/ que odia la política./ No sabe, el imbécil, que,/ de su ignorancia política,/ Nace la prostituta,/ el menor abandonado,/ y el peor de todos los bandidos,/ que es el político trapacero,/ granuja, corrupto y servil/ de las empresas nacionales y multinacionales; (Bertolt Brecht, el Analfabeto Político).
El segundo sábado del mes de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo, para concientizar a la opinión pública acerca de las desigualdades económicas impuestas por el sistema económico y comercial a los pequeños productores y comerciantes, que procuran un precio justo para sus productos. El sistema de comercio entre países e incluso entre empresarios no siempre es justo, pues la oferta y la demanda impone e sus condiciones y en muchos casos los pequeños y medianos productores se ven afectados por la imposición de condiciones económicas por parte de las grandes empresas nacionales o transnacionales. Esta brecha se acentúa aún más en países en vías de desarrollo y subdesarrollados, siendo fundamental la inserción y participación de los pequeños productores en el mercado, en condiciones sociales y económicas equilibradas. Cada año, la campaña del Día Internacional del Comercio Justo se centra en un lema o tema. Para 2023, será «El comercio justo le sienta bien a todo el mundo». Porque el comercio justo respeta los derechos laborales y el medio ambiente, por eso le sienta bien a todos, porque algo que cuida el planeta y contribuye a la justicia social, no hace el mal a nadie. El comercio justo es un modelo alternativo y solidario de comercialización de productos y servicios a un precio justo, promoviendo el acceso al mercado de pequeños productores y trabajadores, bajo un esquema productivo y comercial justo y equitativo. Con ello se trata de beneficiar o favorecer a los pequeños productores ante las grandes multinacionales que presionan para que ofrezcan su producción a bajos precios, en condiciones ampliamente desfavorables. En aras de proteger esta modalidad alternativa de comercio, surgió en el año 1989 la Organización Mundial del Comercio Justo o World Fair Trade Organization (WFTO). Dios quiera que cada día se fortalezca esta iniciativa para que el comercio entre países y entre empresarios y productores y haya justicia en favor de los más débiles dentro de las relaciones comerciales.
Esta semana, como Orquesta Sinfónica Nacional, estuvimos tocando conciertos didácticos en instituciones educativas. Como parte de nuestras funciones, tenemos programas de extensión a comunidades en todo el país. Hoy nos recibió una escuela pública. Entre paredes deterioradas y una infraestructura deficiente, se asomaban las sonrisas de los niños y jóvenes que esperaban con gran expectativa nuestro concierto. Ver quizá violines, bajos, trombones o instrumentos de percusión por primera vez, es la causa de este gran asombro.
Hoy, sin embargo, en el corazón de nosotros los músicos, se anidaba un sentimiento de nostalgia, sentimiento nacido al conocer que quizá, este sea nuestro último año de vida como Orquesta, que la Benemérita Orquesta Sinfónica Nacional, se encuentra en cuidados paliativos y a punto de morir. Y no solo la orquesta, sino el Instituto Nacional de la Música, lo que se conocía como el Programa Juvenil, aquel programa que vieron nacer niñas y niños en los años 70. Esos jóvenes que por primera vez se acercaron a un instrumento y que incluso conforman hoy día, años después, puestos como profesores y músicos en la orquesta. La triste noticia del recorte presupuestario para el próximo año al Centro Nacional de la Música incluye a la Orquesta Sinfónica Nacional y al Centro Nacional de la Música provocando un cierre técnico en la institución.
Parece impensable, la desaparición de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hoy es una realidad posible. ¿Como llegamos a esto? ¿Como empezamos a vislumbrar la pérdida de una institución como la nuestra?
Hacía unas décadas que el liderazgo político del país planteaba un estado social de derecho. Vivimos décadas exactamente de eso, un estado abocado a los programas sociales en educación, salud, cultura. Entre las grandes instituciones que se crearon, se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional. El programa Juvenil entonces, fue uno de los primeros en América, modelo copiado por Venezuela y demás países latinoamericanos, un ejemplo para el mundo de paz y democracia. Un país que decidió invertir en educación y cultura o por lo menos esa imagen hemos vendido en el plano internacional hasta ahora.
Hoy, a través de un marcado deterioro en los últimos meses, vemos como ese ideal, esa visión, se va exterminando. En una creciente y marcada disparidad social, el acceso a la educación y a la cultura se ha vuelto más compleja. A la larga, las manifestaciones artísticas, la educación integral, el acceso a la cultura, lo que es un derecho de todo costarricense, se volverá un privilegio de algunos pocos. Y aquel niño que nació en la pobreza, que necesita de los comedores escolares y que su única oportunidad de escuchar una obra sinfónica es a través de un concierto como el de hoy. ¿Que pasara con él? Se quedará en su triste realidad de paredes rotas y recursos escasos sin un SINEM al que asistir ni una banda a la cual escuchar. Crecerá viendo aquellos otros que si nacieron del lado correcto de la sociedad. Yo no me imagino una Costa Rica así, de hecho, no quiero una Costa Rica así. Yo nací en un estado social de derecho, un país en donde los programas sociales han sido una prioridad. Pero parece que ya no importan las sonrisas de los niños ni el asombro de un joven al escuchar por primera vez una sinfonía de Mozart. Plagados de problemas sociales, vemos una Costa Rica que se hunde cada vez más en la delincuencia y el desasosiego social, índices altos de asesinatos diarios y un marcado problema con el narcotráfico. Resulta ser al final del día, que dicha sonrisa vale menos que los dólares que se ahorran al cerrar programas. Un desarrollo integral de una sociedad no puede ir desligado del desarrollo cultural. Eso lo sabe un gobierno culto. Parece ser que nos quedamos sin tractores y sin violines.
