Hoy miércoles 24 de febrero y el 18 de marzo se estará llevando a cabo una vigilia en conmemoración de la muerte de Jerhy Rivera y Sergio Rojas. La misma se realizará en Desamparados Muro Sur, Polideportivo El Porvenir, la hora de la actividad es de 4:00pm a 7:00pm.
¡Esperamos su participación y acompañamiento!
Adjuntamos la invitación al evento:
Compartido con SURCOS por Édison Valverde.
Federación de Estudiantes de la UCR:
Se convoca a una concentración en la Asamblea Legislativa este miércoles 24 de febrero a las 10:00am.
Esta manifestación presenta los siguientes ejes de discusión:
Nota importante: Se está coordinando desde las sedes y recintos el habilitamiento del transporte que facilitará la participación.
Adjuntamos invitación formal:
UNA comunica:
“La U pública te necesita, nuestro encuentro es frente a la Asamblea Legislativa. Juntas y juntos somos fuerza”.
Esta es la invitación de Francisco González, rector de la Universidad Nacional para que como ciudadanos, comunidad universitaria y sociedad se exprese las preocupaciones y rechazo al Proyecto de Ley de Empleo Público.
Tres razones fundamentales asisten la convocatoria:
La invitación es para que el día 24 de febrero a las 10:00am frente a la Plaza de la Democracia, en Asamblea Legislativa se pueda reunir personal docente, administrativo, estudiantes y ciudadanos a manifestarse en contra de este Proyecto de Ley.
Adjuntamos el video completo:
Enviado por Efraín Cavallini
El doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica llama a concentrarse este miércoles 24 en la Plaza de la Democracia en defensa del Estado Social de Derecho y la Constitución Política.
Información de la ODI-UCR
Óscar Madrigal
El Presidente Alvarado se reunió ayer con la fracción del Partido Liberación Nacional.
El objetivo de la cita fue ponerse de acuerdo acerca de cómo impulsar más rápidamente y aprobar la agenda con el FMI.
Los diputados de Liberación aprovecharon la ocasión para quejarse de algunos diputados del PAC que estaban diciendo cosas diferentes al discurso oficial. Eso crea, lo que ahora llaman de manera muy raro: RUIDO. En consecuencia, lo mejor para estos señores es el silencio, que nadie, Dios guarde, piense diferente y mucho menos exprese desacuerdos.
Los diputados de Liberación Nacional quieren que todo pase a golpe de tambor, sin discrepancias, sin sorpresas, sin que nadie se dé cuenta.
El Presidente Alvarado, regañado por los mediocres diputados liberacionistas, casi de rodillas, les imploró que “calmaría” a los díscolos diputados o diputadas del PAC. ¡¡Impondría inmediatamente el silencio!!
Los diputados del Partido Liberación Nacional más parecen la fracción oficialista que los del PAC.
En realidad, ha sido la fracción liberacionista la más beligerante, la más intransigente y la más reaccionaria de esta Asamblea Legislativa. Es la fracción liberacionista la que ha propuesto las leyes más antipopulares, más antisindicales, más regresivas tributariamente y más injustas contra los trabajadores del sector público. Si bien todas las fracciones legislativas han contribuido a la aprobación de una legislación anti-trabajadora, la de Liberación Nacional les gana por mucho.
A lo anterior se suma un gobierno dócil, sin carácter y también favorable a todo el conjunto de la legislación retrógrada.
Pero no olvidemos que los diputados del PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL han sido los peores, lo más malvados contra los trabajadores.
Existen 300 mil funcionarios públicos a los que han jodido hasta decir basta, 100 mil pensionados a los que piensan joder más, miles de trabajadores del sector privado a los cuales se les niegan los derechos, que todos pueden sumar unos 500 mil trabajadores. Estos tienen al menos una compañera o familiar, lo cual suma UN MILLÓN DE VOTANTES.
Un millón de votantes que pueden decidir las próximas elecciones, no solo a nivel de presidente sino de diputados.
Pero hay que tener memoria.
En las actuales circunstancias el VOTO es el arma más próxima para cobrar las conductas de esos diputados contra el pueblo.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector, Universidad de Costa Rica
Presente.
Reciba un saludo atento. Quienes suscribimos la presente, todos, todas integrantes de la comunidad de docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Costa Rica (UCR), queremos manifestarle, de manera muy atenta y respetuosa, pero también enfática, las siguientes inquietudes.
Por medio de noticias de prensa, entre las que se incluye información publicada en el Semanario Universidad el pasado 16 de febrero, nos enteremos de que los rectores de las universidades públicas, entre ellas la UCR, se encuentran haciendo “lobby” para intentar “conciliar con los diputados una moción con la que se buscaría dejar por fuera del proyecto de Ley Marco de Empleo Público a las universidades estatales” (Zúñiga, Adrián, 16 de febrero del 2021, “Universidades promueven moción para ser excluidas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”; en: Semanario Universidad).
Entendemos que esta gestión se da como reacción ante la inclusión de las universidades públicas en el mencionado proyecto. A su vez, tenemos claro que, con dicha iniciativa de ley, los sectores conservadores, amparados en la gestión del actual gobierno y en las bancadas de los partidos de línea conservadora con los que ha conformado alianza en la Asamblea Legislativa, aspiran a apuntalar el proceso neoliberal de desmantelamiento y pauperización de las instituciones solidarias del Estado Social de Derecho en el país, así como a configurar un mecanismo autoritario y antidemocrático de control político para el sector público. Hacemos eco de estas consideraciones en virtud de que se desprenden tanto del texto del proyecto como de los muchos intercambios y reflexiones que se han generado en diversos foros alternativos sobre el tema.
Sin duda, coincidiremos en que la UCR —al igual que las demás universidades públicas— forma parte sustantiva de toda esta institucionalidad solidaria a la que se intenta asestar un golpe definitivo en la actual coyuntura. En el caso de la UCR, el fundamento solidario de su institucionalidad se pone de manifiesto en su Estatuto Orgánico, particularmente en lo expresado en los artículos 3, 4 y 5. No es casual que la UCR fuera, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, una de las primeras instituciones creadas en el marco del proceso de reforma social que, con perspectiva solidaria, se gestara en los años 40.
Como todos sabemos, gracias al impacto social agregado de todas las políticas y de todas las instituciones creadas en esa época, fortalecidas y complementadas en el devenir de la implementación del modelo de desarrollo que las sustentaba, nuestro país llegó a lograr y a ostentar, por décadas, elevados índices de desarrollo humano. La UCR y las universidades públicas —a la par del resto de instituciones estatales—, no solo aportaron cualitativamente a esos logros, sino que han servido como elementos de “contención” ante el evidente y progresivo deterioro institucional y social generado por la paulatina radicalización de la “contra reforma” neoliberal, de la cual el proyecto de ley Marco de Empleo Público constituye un evidente punto de llegada.
A todas luces, no es solo la UCR ni es solo la educación superior pública lo que está en juego en este momento, es toda la institucionalidad pública en su conjunto, la paz social y la perspectiva de futuro de la nación.
Por lo tanto, en una coyuntura tan crítica como la presente, y ante una acción tan contundente de parte de los sectores conservadores, promotores del deshumanizado proyecto neoliberal, sorprende sobremanera ver que los rectores acuden, al margen del resto de instituciones, fuerzas y movimientos sociales, a tratar de negociar por su cuenta, de manera exclusiva, una supuesta salida o salvamento para las universidades públicas. En un momento histórico que, más que nunca, demanda la mancomunidad de esfuerzos para contrarrestar la arremetida neoliberal, la sociedad costarricense y quienes componen los movimientos sociales miramos anonadados a las autoridades universitarias hacerse a un lado para intentar salvarse a sí mismas, de manera exclusiva, mientras dejan al resto de instituciones a su suerte, con todo lo que eso implica.
Y sorprende aún más cuando el principal recurso argumentativo al que se apela es la “autonomía universitaria”, como si dicho principio constituyera un fin en sí mismo, al margen de las condiciones y circunstancias de la realidad social. La autonomía universitaria sin justicia social es un principio vacío y expresa más una suerte de defensa de «privilegios» que un valor social. No hay duda de que la autonomía universitaria está en juego, pero esta autonomía solo tiene sentido y contenido en función de una sociedad en la que prevalezcan el Estado de Derecho, la solidaridad, la justicia y la paz social. Apelar a la autonomía universitaria para protegerse individualmente y volver la mirada hacia “otra parte” mientras se deja a la suerte al resto de instituciones públicas, mientras se pisotean las estructuras solidarias y se compromete el futuro del país, es una completa incoherencia con los funda-mentos de la Universidad Pública.
Con este accionar, las autoridades universitarias apelan a una “táctica” que poco o nada tiene de estratégica: no solo dan la espalda al resto de la institucionalidad pública y al modelo de sociedad por y para el cual fueron creadas, sino que, además, se dejan llevar por la consabida estratagema, tan propia de los sectores conservadores, de dividir para vencer, con el inminente riesgo de que, al final, se pueda perder todo, incluyendo el supuesto “salvamento” propio.
Además, se dejan tentar por focalizar la discusión en el tema de los salarios, lo cual, si bien es un asunto significativo que hay que enfrentar y resolver, sobre todo desde la perspectiva de las inequidades internas, de ninguna manera refleja la cuestión de fondo, que es el intento de los sectores conservadores de desmantelar la institucionalidad solidaria del Estado Social de Derecho.
Así, toda la pertinencia de la Acción Social, la Investigación y la Docencia, asentados en las lógicas del pensamiento crítico, se ponen en “entre dicho” ante este tipo de procederes de parte de las autoridades universitarias.
Una parte significativa de la “buena imagen” que han tenido nuestras instituciones de educación superior en las últimas décadas se ha asentado en su relativamente coherente y consistente vinculación con la sociedad. Sin embargo, esta imagen ha venido sufriendo un deterioro progresivo. Y, si bien es cierto que esta desmejora se debe en parte a la narrativa conservadora que se reproduce de modo sistemático contra la educación superior pública, también es claro que se suman otros aspectos relacionados con un paulatino inconsecuente accionar social de las universidades en los últimos años.
Destaca de manera especial la gregaria y poco solidaria actitud adoptada por las autoridades de las universidades públicas durante el movimiento social contra la Reforma Fiscal, a finales del 2018, que llevó a las organizaciones sindicales de las instituciones públicas a sostener el movimiento de huelga más largo de la historia del país. En aquella ocasión, mientras esas organizaciones se expusieron al sesgado juzgamiento social —en un contexto de informaciones parcializadas, así como de narrativas políticas y mediáticas plegadas a los intereses del gobierno y del sector empresarial— en el caso de la UCR solo se “concedió” permiso para acudir a un par de marchas, convocadas para caminar “por la acera”, como si la movilización social no tuviera en su carácter disruptivo uno de los principales sustentos para procurar presión y generar cambio en la política pública.
Si bien, en el caso de la UCR, aquella situación se dio bajo la circunstancia de una administración claramente conservadora y poco proclive a apoyar acciones sociales como esas, lamentablemente, pese al advenimiento de una nueva administración que se presentó como defensora de una propuesta progresista, el mismo movimiento social que antes tuviera que ver a las universidades hacerse a un lado ante una lucha tan trascendente, ahora mira cómo los rectores intentan negociar por aparte, a espaldas de los demás.
En estas circunstancias, y ante todas las consideraciones planteadas, nos parece muy importante exhortar a las autoridades universitarias, y en particular las de la UCR, para que reconsideren su accionar, de cara a hacer frente tanto al proyecto de ley concreto como a las transformaciones institucionales que lo motivan.
En particular, recomendamos que las autoridades universitarias de la UCR, antes que promover acciones –negociaciones y marchas— de manera independiente, al margen del resto de actores sociales, apelen a un esfuerzo mancomunado y apunten a sumar esfuerzos con el resto de fuerzas vivas de la sociedad, pues solo de esa manera —sumando fuerzas, antes que dividiéndolas— podremos aspirar a salvaguardar la institucionalidad solidaria como un todo, y a mantener condiciones sociales e institucionales que permitan retomar el rumbo para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Suscribimos, atentamente:
1.Marvin Amador Guzmán, docente e investigador, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106730592.
2. Carmen Caamaño Morúa, docente e investigadora, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 105770718.
3. Lucía Molina Fallas, docente, Escuela de Psicología, cédula 107930190.
4. Adriana Rodríguez Fernández, profesora, Escuela de Psicología, cédula 1-11220442.
5. Adriana Maroto Vargas, docente, Escuela de Psicología, cédula 2-0519-0760.
6. Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), cédula 302200485.
7. Roberto Fragomeno Castro, profesor catedrático, Escuela de Filosofía, cédula 8 0137 0052.
8. Isis Campos Zeledón, docente e investigadora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106750974.
9. Andrés Dinartes Bogantes, docente interino, Escuela de Psicología, investigador colabo-rador del Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 113010879.
10. Helga Arroyo Araya, docente Escuela de Psicología, cédula 603030677.
11. Eva Carazo Vargas, productora de Desayunos de Radio Universidad, cédula 108930621.
12. Miguel Regueyra Edelman, docente, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 104910119
13. Vilma Leandro Zúñiga, profesora, Escuela de Psicología, cédula 303360920
14. Yorlenny Madrigal Vargas, Centro de documentación, Instituto de Investigaciones Socia-les, cédula 601590539.
15. Amanda Mesén Badilla, profesora, carrera de Psicología, Sede Occidente, cédula 1-13950114.
16. Maurizia D’ Antoni Fattori, docente, Escuela de Psicología, cédula 8-0119-0458.
17. Ignacio Dobles Oropeza, docente, Escuela de Psicología, cédula 104330692.
18. María José Masís Méndez, docente, Escuela de Psicología, cédula 304050372.
19. María del Rocío Murillo Valverde, docente, Escuela de Psicología, cédula 106530858.
20. Mauricio Castro Méndez, docente, Facultad de Derecho, cédula 107130156.
21. Teresita Cordero, docente, Escuela de Psicología, cédula 401200379.
22. Laura Chacón Echeverría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1512 278.
23. Eduardo Bolaños Mayorga, docente, Escuela de Psicología, cédula 113860823.
24. Ruthman Moreira Chavarría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1 1017 0869.
25. Mario Andrés Soto Rodríguez, docente, Escuela de Psicología, cédula 1-1312-0325.
26. Mirta González Suárez, profesora emérita, Escuela de Psicología, cédula 800480869.
27. Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado, Escuela de Matemática, cédula 90013012.
28. Ana Patricia Maroto Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 204500764.
29. Jesús Rodríguez Rodríguez, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205880957.
30. Héctor Mauricio Barrantes González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205750207.
31. José Adrián Moya Fernández, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206890333.
32. Javier Francisco Morera Soto, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206440864.
33. Evelyn Alfaro Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206120068.
34. Carlos Márquez Rivera, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 800750594.
35. Andrés Cubillo Arrieta, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206620597.
36. María Fernanda Vargas González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206560425.
37. Imelda María Rojas Campos, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205820789.
38. Jéssica Jiménez Moscoso, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206310569.
39. Melissa Cerdas Valverde, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206530134.
40. Bryan Gómez Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 113710405.
41. Wendy María Araya Benavides, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 207020684.
42. Priscilla Angulo Chaves, docente y estudiante, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 116750218.
43. Sindy Mora Solano, profesora, Escuela de Sociología, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 1-1051-0573.
44. Gustavo A. Jiménez Barboza, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1358-0886.
45. Sergio Villena Fiengo, Director Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 8-0086-0259.
46. Gabriela Jiménez Rodríguez, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B23510.
47. Andrey Gerardo Carrillo Sánchez, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné A61235.
48. Javier Cisar Arce, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B82248.
49. Daniela Oconitrillo Calderón, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B95663.
50. Wilder Johan Díaz Gutiérrez, estudiante, Educación Primaria, Sede de Occidente, carné B92608.
51. José Armando Obando Vega, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede Rodrigo Facio, carné B85700.
52. Tiffany Rodríguez Aragón, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B96581.
53. Alex González Rodríguez, estudiante, Gestión de los Recursos Naturales, carné B83488.
54. Julio Armando Villalobos Bermúdez, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B88482.
55. José Pablo Ramírez Marín, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C06343.
56. Luis Ernesto Aguilar Carvajal, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1025-0338.
57. Héctor Ferlini Cartín, Sede del Pacífico y Escuela de Filosofía, cédula 113220032.
58. Flory Chacón Roldán, docente, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 113900025.
59. Adriana Vindas González, docente, Escuela de Psicología, cédula 108760608.
60. Adriana Sánchez Lovell, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
61. Silvia Azofeifa Ramos, docente, Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 402000281.
62. Guillermo A. Navarro Alvarado, investigador, IIS, cédula 114190096.
63. Amanda Alfaro Córdoba, docente e investigadora, Sección de Artes, Escuela de Estudios Generales, cédula 205590541.
64. George García Quesada, docente e investigador, Escuela de Filosofía, cédula 901070687.
65. Carlos Guillermo Calderón Tenorio, estudiante de la Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica, cédula 115860293.
66. Esteban Andrés Morales Solano, estudiante de Bachillerato en Sociología, cédula 305130524.
67. Laura Pamela Gamboa Granados, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B93124.
68. María Catalina Acuña Blanco, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B80053.
69. Yeisy Dayana Varela Arroyo, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C08101.
70. Joshua Rojas Zamora, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B66307.
71. Andrea Molina Ovares, docente Escuela de Psicología, cédula 1 13060256.
72. Andrés Cambronero Rodríguez, estudiante egresado de la Maestría en Psicología Comunitaria, UCR, cédula 1-1516-0984.
73. Maricel Monge Chaves, estudiante de Geografía y Enseñanza de Estudios Sociales, cédula 115620858.
74. Melissa Hernández Vega, estudiante, Maestría en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades, cédula 1-1472-0652.
75. Luis López Ruiz, docente e investigador, Escuela de Sociología e IIS, cédula 108030653.
76. Josué Arévalo Villalobos, docente, Escuela de Psicología e INIE, cedula 109790015.
77. Marisol Jara Madrigal, docente, Escuela de Psicología, cédula 109990220.
78. María Andrea Araya Carvajal, docente, Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente, cédula 1 1090 0787.
79. Soledad Hernández Carrillo, docente, Escuela de Psicología, cédula 110900469.
80. Roberto Herrera Zúñiga, docente, Escuela de Filosofía y Sede de Occidente, cédula 1 1146 0533.
81. Damián Herrera González, docente, Escuela de Psicología, Sede de Occidente, cédula 206070116.
82. Gerardo Cerdas Vega, docente, Escuela de Trabajo Social, cédula 108970131.
Manuel Hernández
De última: en la última reunión de la COMISION DE EXPERTOS EN APLICACIÓN DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE OIT (CEACR), reunión N° 91°, celebrada a finales del año pasado (2020), convocada para examinar las memorias de los países miembros, este órgano de control de OIT revisó el cumplimiento del Convenio N° 98, acerca del derecho de sindicación y la negociación colectiva (1949), determinando, una vez más, que el Estado de Costa Rica persiste en el incumplimiento de este Convenio.
Además, el informe de la CEACR, señaló dos aspectos de la mayor importancia relacionados con el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público:
1.- Que constando las reiteradas denuncias de las organizaciones sindicales acerca de las restricciones del derecho de negociación colectiva, le pide cuentas al Gobierno de Costa Rica acerca de la evolución del proyecto de empleo público “y confía que en el marco del mismo se tomarán plenamente en cuenta las garantías del Convenio.”
2.- Asimismo, la CEACR reitera que las y los servidores del sector público deben gozar del derecho de negociación colectiva, “inclusive con respecto a las remuneraciones”.
Con base en este pronunciamiento de CEACR se puede sostener que:
22/02/2021
SURCOS comparte la siguiente invitación:
El domingo 21 de febrero a las 7:00pm se estará llevando a cabo un festival que lleva por nombre: “Un abrazo solidario por las comunidades Del Bajo Aguán” y tiene la finalidad de
entrelazar vínculos de solidaridad entre nuestros pueblos. La transmisión será a través de la página de Facebook del colectivo: “Solidaridad con el Pueblo hondureño” https://www.facebook.com/Solidaridad-con-el-pueblo-de-Honduras-101688735303846
El Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras-Costa Rica expresan que a partir que tienen confianza en que nada ni nadie detendrá el objetivo de lograr construir un mundo de verdadera justicia social, libre de presos y presas políticas, libre de toda represión, libre de feminicidios.
Invita:
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras-Costa Rica
Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta de ACODEHU
Para más información:
colectivodesolidaridadhn@gmail.com
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
Adjuntamos la invitación formal al evento:
Comunicado de ANEP:
• Fuerte oposición en la institucionalidad municipal costarricense a ser incluida en la Ley Marco de Empleo Público
Cerca de 50 representaciones obrero-laborales de igual número de municipalidades del país, se manifestarán mañana lunes 22 de febrero, en las afueras de la Asamblea Legislativa, a partir de las 9 de la mañana.
Se trata de dirigentes sindicales de base que representan a igual número de juntas directivas de las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en igual número de gobiernos locales.
Igualmente, otras 15 representaciones municipales de base, aunque no asistirán por diversas razones, indicaron adhesión rotunda a este movimiento y a la causa que lo inspira.
En el evento se dejará constancia explícita de la más rotunda oposición al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, en lo específico, exigirán la exclusión del régimen municipal del mismo.
Fuerte respaldo a este planteamiento se manifiesta en la práctica totalidad de la institucionalidad del sistema municipal costarricense.
Abrumadora mayoría de alcaldes, de alcaldesas, de concejos municipales, han venido expresando su crítica y oposición a lo que se considera un nuevo ataque del Gobierno Central de la República por controlar la acción político-ejecutiva y financiera de las municipalidades.
Aparte del mundo obrero municipal, entidades como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), manifiestan claro oposición al indicado proyecto de ley, pues atenta, como nunca antes había ocurrido, a la autonomía constitucional del régimen municipal.
Los gobiernos locales no dependen de las finanzas del Gobierno Central-Ministerio de Hacienda para funcionar pues son autosuficientes.
Además, como reiteradamente lo ha demostrado la ANEP y ya nadie lo refuta, los salarios de las personas trabajadoras asalariadas estatales no son responsables del déficit fiscal; mucho menos, la clase trabajadora asalariada de las municipalidades.
En la actividad, se leerá un nuevo manifiesto del mundo obrero municipal sindicalizado en la ANEP; y se espera, que varias personas diputadas de la República, salgan de sus despachos, para que dialoguen con los y las visitantes.
La actividad abre paso a nuevas acciones contra la nefasta Ley Marco de Empleo Público en el plano local y en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal.
San José, domingo 21 de febrero de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Dr. Federico Montero Mejía. Exdirector del CENARE
¿Es ético y cierto afirmar que el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) está funcionando, como lo afirman repetidamente autoridades de oficinas centrales de la CCSS y del CENARE en diferentes medios de comunicación? Yo digo que no lo es, porque lo que era el CENARE está siendo utilizado en gran parte para la hospitalización de personas con Covid-19 y como bodega o inutilizada otra parte. Además, se llama CEACO, y aunque se diga que “el hábito no hace al monje”, en el caso del CENARE sí, porque lo que allí se hacía para proporcionar rehabilitación integral y de calidad, no se puede garantizar en otro sitio que no sea ese. Los profesionales de rehabilitación que laboraban en lo que era el CENARE, ahora desarrollan sus actividades en diferentes espacios físicos de los alrededores y en condiciones que no en todos los casos son las más adecuadas, para ellos o para los pacientes.
Nadie pregunta ni hace referencia al perjuicio que esto ha ocasionado a muchas personas con discapacidad, incluyendo el desalojo que también han sufrido para la atención de Covid-19 otros servicios de rehabilitación como los de los hospitales de Liberia, San Ramón, San Carlos, Heredia, Alajuela. En el Hospital de San Carlos el gimnasio de terapia física es ocupado por ginecología porque ginecología es para pacientes con Covid-19, en el de Heredia el área de consultorios y espacios de terapia es para Covid, en el de Alajuela, el Hospital de día es ahora bodega de camillas, en el Hospital de las Mujeres gimnasio de rehabilitación permanece cerrado. Tampoco existe una sola cama en ningún hospital del país, disponible para la atención de personas con lesiones o enfermedades agudas que ocasionan discapacidad y exigen atención a nivel de hospitalización.
Pienso que la verdadera realidad no se ha discutido a profundidad ni las cosas se han dicho con la claridad y sinceridad que se requiere. Sigue poniéndose de manifiesto en las autoridades, la incapacidad para comprender la importancia y la necesidad de garantizar servicios de rehabilitación integrales en todas las regiones del país, como lo establece la normativa nacional e internacional, y también se hace evidente en ellas la subvaloración que hacen de las personas con discapacidad y de la necesidad de la rehabilitación.
Se sigue ignorando que en el Siglo XXI el mundo se enfrenta a un conjunto de retos como por ejemplo el rápido envejecimiento de la población acompañado con un aumento de las condiciones crónicas y de multimorbilidad. La población mayor de 60 años proyecta duplicarse para el año 2050, en tanto que la prevalencia de enfermedades no trasmisibles se ha incrementado en un 18% en los últimos 10 años. Igualmente no hay plena conciencia de que las condiciones crónicas no solo son responsables de una significativa proporción de muertes prematuras, sino que además son causa de número significativo de discapacidades y que la rehabilitación tiene un papel crítico en la prevención y reducción las limitaciones en el funcionamiento (e,g, movilidad, cognición, respiración, visión, comunicación) asociadas con el envejecimiento y condiciones crónicas.
Tomar en cuenta las limitaciones de funcionamiento de las personas, ayuda a minimizar el impacto sobre la salud y las condiciones sociales y económicas de esta, y mejorar el bienestar (Rehabilitación 20-30 / OMS).
En un reciente estudio realizado por la OMS y el Instituto de Métricas en Evaluación en Salud, de la Universidad de Washington y publicado en línea en la revista The Lancet del 20 de diciembre, 2020; se demuestra que un tercio de la población mundial vive con una condición de salud que se beneficiaría de la rehabilitación. La lectura y el análisis de esta y otra información, quizá contribuyan a mejorar el criterio de las autoridades CCSS, en relación con la necesidad y prioridad de los servicios de rehabilitación en nuestro país.