La Federación Ecologista (FECON) se encuentra articulando con diferentes organizaciones sociales para impulsar propuestas justas y combativas ante la crisis del Covid-19. Desde el 2 de abril publicamos un comunicado de FECON exponiendo 12 propuestas basadas en nuestros valores organizativos y en rechazo directo a propuestas neoliberales presentadas por la UCCAEP al Gobierno de Carlos Alvarado.
Hemos hecho énfasis en que es momento para impulsar un plan de recuperación económica reorganizando el modelo de producción de alimentos. Hay que fortalecer la participación y articulación comunitaria entre pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y grupos pesqueros, apoyando primordialmente las prácticas ecológicamente sanas.
Esto significa que se deben establecer mecanismos de gestión público-comunitaria para la recuperación de la soberanía alimentaria del país. Los tratados de libre comercio ahogaron la producción local de alimentos y ahora nos ponen en indefensión ante el impacto internacional de la crisis de la salud.
La atención económica de la emergencia
El Estado tiene el desafío de hacer sostenible económicamente la atención de cientos de miles de personas afectadas por reducción de ingresos, recortes de jornadas laborales, paralización económica total, como por la pobreza estructural del país que supera el millón de habitantes. Sin las necesidades económicas cubiertas las medidas de aislamiento social son inviables.
Carlos Alvarado expresó que “en este momento el gobierno cuenta con recursos económicos suficientes para manejar los primeros tres meses de la emergencia”. Indicó además que “el Ejecutivo maneja actualmente cuatro alternativas para extender la atención luego de esos tres meses, que son: 1) Reducción o redistribución del gasto, 2) más ingresos con impuestos, 3) recurrir a más endeudamiento con el FMI, 4) generar política monetaria.”
Llamado de las organizaciones
Desde siempre y ahora más que nunca consideramos necesario detener las propuestas que aceleren la liberalización económica en Costa Rica. Casi cuarenta años y esta nueva crisis sanitaria internacional demuestran que es un modelo absolutamente dañino para la naturaleza e incapaz de garantizar la protección y el bienestar social de los pueblos.
Consideramos que el Gobierno debe analizar otros planteamientos creativos, con criterio de realidad y sin condicionamientos especulativos del capitalismo financiero. El modelo neoliberal requiere salidas urgentes y la participación ciudadana organizada es vital para construir las nuevas alternativas. Hay que combatir las desigualdades con propuestas que apunten a la justicia social, ambiental y de género, para incidir en las acciones del gobierno ante la crisis.
«Nos interesa conocer su opinión (*) sobre el papel e impacto que ha jugado el solidarismo costarricense en sus organizaciones y en la sociedad.
Le solicitamos su valiosa colaboración y se sirva contestar las breves preguntas planteadas.
Este es un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Academia Solidarista Alberto Martén y el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, quienes han considerado importante y necesario conocer su opinión sobre el papel e impacto que ha jugado el solidarismo costarricense en sus organizaciones y en la sociedad.
Por esta razón, para efectos de ampliar y conocer el sentir del sector solidarista referente a la realidad del Solidarismo Costarricense, después de más de siete décadas de vigencia en el ámbito nacional les compartimos este instrumento.
Sus respuestas nos permitirán obtener información muy valiosa para la sistematización y construcción de un documento propositivo sobre el Eje: “Trabajo decente y desarrollo económico”, tema: “Solidarismo”, que promueve el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional».
(*) La encuesta es para personas afiliadas al solidarismo.
SURCOS comparte este documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que aporta elementos claves para la atención de la pandemia con una mirada desde la realidad de las mujeres.
Los impactos económicos del covid-19 y las desigualdades de género. Recomendaciones y lineamientos de políticas públicas
El COVID-19 requiere respuestas urgentes. Y a medida que la pandemia se propaga, el mundo requiere respuestas coordinadas e integrales de salud, cuidados y otras medidas que mitiguen los impactos sociales y económicos de la crisis sanitaria. Son las mujeres las que se encuentran masivamente en la primera línea de acción, en los centros salud, en los servicios, en las comunidades y en los hogares. Las mujeres están desempeñando un papel clave para garantizar el bienestar, el cuidado y la resiliencia de las personas y grupos afectados, personas adultas mayores, niñas y niños y sus familias. Las consecuencias socioeconómicas serán de gran alcance y eventualmente profundizarán las desigualdades existentes, incluidas las desigualdades de género.
El PNUD ha establecido tres líneas de oferta de apoyo a los países:
• Oferta N°1: Respuesta del sistema de salud, incluyendo el fortalecimiento de las compras y la cadena de suministro. • Oferta N°2: Gestión de crisis inclusiva e integrada. • Oferta N°3: Impacto social y económico: valoración y respuesta.
Esta nota técnica busca garantizar la integración de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las tres líneas de oferta y brindar lineamientos y recomendaciones a las Oficinas de País del PNUD y a los países de la región. Se pretende contribuir a la implementación de políticas de respuesta a la emergencia del COVID-19 que sean género responsivas, con el objetivo último de no dejar a nadie atrás. No obstante, se profundizará más detalladamente en la Oferta N°3 dirigida a abordar los impactos socioeconómicos y de derechos humanos en los países.
Las duras medidas tomadas en respuesta a la crisis sanitaria, económica y social que vive el mundo en torno a la pandemia del COVID-19, que van desde el aislamiento preventivo obligatorio, las restricciones a la entrada a personas extranjeras en cientos de países, los cierres de fronteras aéreas, terrestres y fluviales, el confinamiento de ciudades o regiones enteras, el cierre del comercio y cese de actividades comerciales formales e informales suponen una dura disrupción de la cotidianidad de las personas y del tejido económico, productivo y afectando de manera directa a las relaciones sociales pre-existentes.
El documento completo lo puede descargar en el siguiente enlace:
Vamos a celebrar La misa del amor esta mañana. Haremos una hostia, con masa de maíz, harina y esperanza. En un filo de roca, Sobre el vientre de un cerro, Consagraremos la hostia de la vida Y el vino del derecho. Jorge Debravo.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
La oligarquía empresarial y financiera ha sacado sus sables para blandirlos con fuerza contra los trabajadores del sector público. Realmente, sus desmanes resultan repugnantes y desenfrenados. Se ha envalentonado por su poder extralimitado, conferido por los gobiernos de turno.
Apelar a estas armas innobles, también, la delata en su debilidad ética para encarar situaciones adversas, que demandan, por parte de toda la ciudadanía costarricense, patriotismo, sensibilidad humana y solidaridad.
Es una oligarquía que se ha venido despatriando porque ha traicionado valores fundamentales de una patria solidaria y amiga. Ha endeudado al país porque no ha pagado debidamente los impuestos. Ha estafado a los bancos del Estado. Ha atacado con saña a los empleados y pensionados del sector público, exhibiéndolos como responsables de la crisis fiscal, de la que ella y sola ella es la principal y verdadera responsable. Y ahora, pretende dictarle medidas leoninas para enfrentar la pandemia del Covid-19.
Vive en otro mundo, y su ceguera es total. El poder extralimitado la ha segado al punto de pensar que puede eximirse de contribuir solidariamente, quizá porque sigue pensando que sus riquezas son el fruto de su esfuerzo y capacidad, desconociendo el aporte de sus trabajadores –la mayoría mal pagados– y el soporte que le brinda la institucionalidad social pública -esa que buscan desmantelar para privatizarla-, sin los cuales se moriría de hambre.
Este pueblo se está cansando de que lo trate como ignorante y pordiosero. Ya no puede seguirle mintiendo, declarando cero ganancias mientras acumula riquezas en paraísos fiscales. Y pretende que le crean el cuento de que los privilegiados son los empleados del sector público, que hoy se parten el alma por sacar adelante al país de esta pandemia, dando lo mejor de sí con generosidad solidaria, precisamente, lo que esta oligarquía no tiene.
Tales comportamientos, son producto de su ambición ilimitada de poder; aspira a tener todos los poderes. Y como hay poderes que no puede comprar, como el de los intelectuales dignos, entonces los ataca y desprestigia; como no tiene el poder de la humildad, entonces busca ganarse el favor de los pobres con las migajas que le tira de su mesa, es decir, los humilla; y como no tiene la delicadeza y la sabiduría de los maestros, entonces los persigue y los degrada.
Pero toda su vanidad se diluye como la neblina. ¡Vanidad de vanidades, todos es vanidad!, dice el sabio escritor del Eclesiastés, en tiempos muy parecidos a los nuestros donde la dinastía tolomea celebraba el auge tecnológico, comercial y cultural del imperio griego-macedonio. La palabra que se traduce como vanidad, en este texto, corresponde más propiamente a palabras más triviales como “cochinada”, “porquería” o “mierda” (Tamez, Elsa. Cuando los horizontes se cierran. pp.15-21). Y en su “vanidad”, esta oligarquía no perdurará. Como la pandemia del coronavirus, dejará muchas víctimas en el camino, pero las mayorías sobrevivirán.
¿Hacia dónde va Costa Rica? Hacia un Estado Social de Derecho del Siglo XXI, más fortalecido que nunca en su historia. Será la nueva gesta victoriosa de mujeres y hombres libres que, así como se sacudieron la bota filibustera en 1856, se sacudirán de esta oligarquía que ha pretendido doblegarlos, empobreciéndolos y ofreciéndoles falsas promesas de reactivación económica.
Todavía hay reservas suficientes de dignidad en este pueblo valeroso y solidario, que vencerá a ambas pandemias: la del coronavirus y la oligárquica.
En el marco de la emergencia nacional, debido a la expansión del COVID-19 en nuestro país, la Universidad de Costa Rica emitió la directriz de recibir los cursos durante este semestre en la modalidad virtual. Desde la Asociación de Estudiantes de Sociología (AES) reconocemos que la desigualdad social y tecnológica afecta el desempeño de la población estudiantil en el desarrollo del semestre, por esto la AES ha diseñado el proyecto “Virtualización Solidaria” que busca apoyar a los y las estudiantes afectadas por la propagación de la pandemia en Costa Rica.
Gracias al trabajo de la comisión de Evaluación, Orientación y Matrícula de la Escuela de Sociología (mediante una encuesta) se logró obtener los datos del acceso a las herramientas tecnológicas para integrarse a la virtualización, por parte del estudiantado. Si bien los datos son limitados, por la forma en que se recopiló la información, sirve de guía tanto para la AES como para la Escuela en la elaboración de un plan de acción.
La Virtualización Solidaria consta de 2 pilares fundamentales:
1. La creación de un fondo solidario a través de la cuenta bancaria de nuestra tesorera Génesis Mora, con el propósito de reducir el impacto negativo de la virtualización en la población estudiantil de Sociología.
1.1. Este fondo solidario busca contribuir con la población estudiantil que requiera apoyo con alimentación debido a la situación actual del país.
1.2. El fondo solidario servirá de apoyo a las personas que no cuentan con acceso a Internet, por lo que se gestionaría para la instalación de Internet -de ser posible- en las zonas donde residen les estudiantes. Este apoyo se brindará mensualmente hasta que se levante la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.
1.3. En el caso de las personas estudiantes que no cuenten con acceso a Internet por una situación geográfica, se les ofrecerá la opción de hospedaje solidario por lo que resta del semestre.
1.4. El Fondo Solidario cubrirá, asimismo, las recargas de las líneas prepago para que estudiantes que lo requieran, puedan realizar sus asignaciones académicas.
1.5 Los gastos por servicios de transporte (encomienda, mensajería o inclusive pases) también serían cubiertos por el Fondo Solidario.
2. Una campaña de recolección de aparatos inteligentes con la intención de facilitarlos a las personas que no tienen acceso a un dispositivo móvil, para que lleven a cabo sus asignaciones a lo largo del semestre.
Hospedaje Solidario
Quienes no cuenten con acceso a Internet por una situación geográfica, se les buscará un hospedaje solidario por lo que resta del semestre.
A quienes no cuenten con un dispositivo móvil para realizar sus asignaciones académicas, se les buscará facilitar computadoras durante su semestre virtual.
Jenyel Contreras Guzmán, Socióloga, Investigadora y evaluadora Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, COSTA RICA). Docente Universidad de Costa Rica (UCR) Guillermo Acuña González, escritor, sociólogo. Académico Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional
Repensarnos en la otredad nunca ha sido tarea fácil. Reconocer a la persona migrante como sujeto con derechos, aún en tiempos de pandemia, se vislumbra como el nuevo gran reto. En un momento de la historia en el cual es preciso reconsiderar los marcos de convivencia humana, el sujeto migrante, la persona que se moviliza, vuelve a ser portador de malas noticias, no por sí mismo, sino por los otros que lo increpan. Lo que genera su existencia no solo tiene que ver con la construcción de miedos, de desconocimientos, de rechazos sistemáticos. Se relaciona con la conformación global de estructuras de poder, la distribución de sentidos de otredad que marcan, delimitan, expulsan, excluyen. Este escenario está servido en Costa Rica.
Si existe una población doblemente vulnerabilizada en el actual contexto de emergencia sanitaria, esa es la población migrante. “A un país que no le importamos en vida tampoco parece que le importamos en la muerte”, sentencia Juan Carlos Ruíz[1], veterano y defensor de las personas migrantes en Nueva York, la ciudad de mayor afectación por coronavirus en Estados Unidos, en donde alrededor del 35% del total de personas fallecidas son de origen hispano.
Tales cifras se corresponden con los bajos ingresos, que les obliga a seguir trabajando pese a las medidas de confinamiento, el padecimiento de enfermedades crónicas subyacentes, vivir en el hacinamiento en viviendas multifamiliares, la falta de acceso al seguro médico y no buscar asistencia médica por temor a sufrir represalias como la deportación, que han continuado aún con la pandemia a cuestas. Esa misma ciudad que registra una muerte cada 2 minutos, ha sido abandonada a su suerte por los ricos que el virus no ha encontrado en sus casas, porque han salido sin rubor en aviones privados hacia sus multimillonarias residencias en Long Island a resguardarse de la letalidad y el confinamiento. Si hay un proceso que no se ha detenido ni con la pandemia, ha sido el de la reproducción global del poder, capitalista, eurocentrado, extractivo.
Entre el rigor y la dureza de tales cifras y el desdén de las élites estadounidenses, se asoma en aquel país tibiamente el fallecimiento de 5 personas de origen costarricense como producto de la pandemia. Para los efectos, representan una diáspora silenciosa y poco referenciada en las reflexiones sobre movilidades en el país, tan acostumbradas más bien a sentir resquemor y sospecha por aquellas personas que vienen de afuera, un afuera selectivo y siempre diferenciado. Un país que no discute sobre su diáspora, la niega, la invisibiliza y reproduce el mismo desinterés que las élites globales muestran por el resto de la población. Refleja para sí un orden colonial de pensamiento, una dinámica desigual de funcionamiento y de responsabilidad para con los suyos.
El Coronavirus desconoce fronteras, edad, género y estatus social, mas no las estructuras de exclusión, racialidad y desigualdad social que le han acogido, y que no permiten ignorar que no afecta a todas las personas y grupos por igual y que hemos organizado la sociedad no para la protección de quienes históricamente han sido vulnerabilizados, sino para el resguardo de los bien situados.
Nos encontramos ante un brote epidemiológico que esta vez no tuvo como epicentro el África Subsahariana ni la Latinoamérica subdesarrollada, un contagio global que no migró desde el sur global con gente en barcazas o en caravanas, un enemigo no tan invisible cuando las fronteras fueron cerradas. Una pandemia que ha dejado al descubierto el costo de no haber atendido oportunamente los problemas estructurales de sociedades acostumbradas a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Teniendo como conducta normal responsabilizar en los otros, los de afuera, los males que le aquejan, esta sociedad ya había tenido sus ensayos de construcción de discursos culpabilizantes en los extranjeros, en épocas recientes de epidemias no tan azotadoras ni devastadoras como la presente.
Hace tan solo seis años, cuando se produjo la crisis del ébola, el cuerpo sospechoso provenía de ese sur global devastado por la pobreza, el hambre y la miseria. Era un cuerpo enemigo, racializado, excluido. Teniendo como principio de conducción del virus, la movilidad de personas fue restringida, pese a la negativa de la Organización Mundial de la Salud de no limitar las movilidades humanas en aquel periodo. No tantos aviones fueron obligados a poner pie en tierra como ahora, pero las personas en contextos de movilidad fueron sacudidas por una percepción de portabilidad y enfermedad, solo por el hecho de moverse entre las fronteras internacionales.
Esa misma percepción, conviene recordarlo, se construyó como aguja hipodérmica del norte al sur, con consecuencias graves para las personas de contextos nacionales precarios, como el caso del áfrica subsahariana, de donde supuestamente provino el origen del virus. Con esta misma percepción, se incautaron los derechos de las personas en contextos de movilidad, como lo señaló en su momento Deysi Ventura: “el fantasma del extranjero que trae la enfermedad justifica medidas que restrigen las migraciones internacionales y fomenta violaciones a los derechos humanos”.[2]
Palabras previsoras de un mundo que seis años después continúa la tiranía en contra de las personas en procesos de movilidad, ahora con un claro carácter forzado alrededor del mundo. En el contexto de clausura que se experimenta, cualquier intento de movilidad a través de las fronteras trae consigo el germen de la construcción de la sospecha, el virus del estigma y el rechazo.
¡Que se vaya a morir a Nicaragua!
La narrativa antiinmigrante no ha sido heredada de los tiempos actuales de pandemia. En épocas recientes las imágenes han sido lacerantes: el horror de una niñez enjaulada y enjuicida como criminal por las cortes migratorias estadounidense, familias separadas y confinadas (ahora que el concepto de confinamiento ha supuesto novedad para quien lo experimenta en el marco de la coyuntura), la desesperación de las caravanas y corredores humanitarios centroamericanos de finales de 2018 y principios del 2019, cientos de cadáveres dispersos en el Mediterráneo, teniendo el agua como única promesa de tierra segura, las historias de drama para cientos de personas migrantes en la frontera entre Grecia y Turquía, sucedidas hace apenas unas semanas.
Nuevos muros se han construido en todo el mundo con ladrillos sólidos, alimentados por el miedo y el lenguaje de guerra. Una vez más hemos permitido que un problema estructural sea reducido a un conflicto de nacionalidad, a un sálvense quien pueda, a un nadie más cruce la frontera.
En Costa Rica los imaginarios de superioridad nacionalista son rastreables al siglo XIX. En su trabajo, Costarricense por dicha (2002, Editorial UCR), el historiador Iván Molina habla de la construcción de esta identidad nacional, blanqueada y vallecentrista.
Recientemente, no es posible obviar episodios de construcción de discurso nacionalista, salpicados de odio y rechazo al extranjero, pero no a cualquiera. Recordemos el caso del ataque y desamparo hacia Natividad Canda en 2005 y los discursos generados, la marcha xenofóbica en San José del 18 de agosto de 2018, la existencia de más de 30 páginas de redes sociales incitando al rechazo al extranjero, con cerca de 80.000 seguidores ese mismo año y el último acontecimiento, ocurrido en un lamentable domingo de resurrección lleno de discursos viscerales hacia una menor de edad, migrante y embarazada que cruzó la frontera en busca de asistencia médica al cierre de la Semana Santa.
Escudados en una protección higiénica del país, de sus fronteras, de sus familias, tales discursos traspasaron el filtro de la objetividad y se perdieron en una maraña de epítetos contra el cuerpo de esta niña, condensando en ella esa actitud anti nicaragüense que se enciende con cada coyuntura de toda naturaleza.
Este discurso no es solo xenofobia, porque también recrea otros elementos de la construcción de procesos históricos de diferenciación y desigualdad en el país. Mientras la protección de la dignidad humana continúe estando atravesada por la colonialidad del poder, se sostendrá la necropolítica, esa idea de que hay cuerpos que importan y cuerpos que pueden ser descartados. Así, la pandemia ha develado no solo los temores higienizantes al contagio, sino los miedos sociales siempre presentes en sociedades construidas al amparo de ideas hegemónicas sobre identidades y convivencias. Reiteramos: no solo se trata de xenofobias, que existen y son muchas. Son los resabios de estructuras de poder económico y social que hacen su trabajo en sociedades fracturadas en su tejido colectivo y social, como el caso costarricense.
También en el contexto internacional la crueldad no se detiene y ejemplos existen todos los días.
La consigna America first se constituye en el nuevo lema que ha permitido a la administración Trump expulsar a casi 10 mil personas migrantes desde el pasado 21 de marzo, en una nueva cruzada de odio antimigrante y racial. Este poder le ha permitido firmar un decreto para sancionar a los países que no “recojan” a sus deportados.
Por otra parte, la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México continuó en funcionamiento, tipificada bajo la categoría de actividad esencial y los trabajadores migrantes mexicanos que lo levantan, deben cruzar todos los días la frontera, ponerse bajo las órdenes de las autoridades sanitarias estadounidenses y mostrar con documentos que se dirigen a la obra fronteriza.
Mostrando el desdén colonial del norte global, hace unos días dos médicos franceses sugirieron en un programa de televisión que la vacuna contra el coronavirus podría ser probada en África. Distintos países europeos y la misma Casa Blanca hacen un llamado de solidaridad migrante para continuar con las “actividades esenciales” y recibir apoyo de profesionales extranjeros del área de la salud. Muchas actividades subterráneas y precarizadas continúan su funcionamiento en el mundo gracias a la actividad laboral de cientos de miles de personas trabajadoras migrantes. Incluido por supuesto el caso costarricense.
Detectamos y rechazamos
Un país que continuamente se reconoce en la ausencia de ejército, parece interesarle bastante poco reflexionar sobre los efectos de la utilización de lenguaje bélico para abordar situaciones de orden cotidiano. Los países de Centroamérica podrían darnos cuenta de los impactos devastadores de ello. Hace más de 30 años, el lingüista George Lakoff y el filósofo Mark Johnson explicaron el poder de las llamadas metáforas estructurales que impregnan la vida misma, no solamente en el lenguaje, sino también el pensamiento.
Pero ese discurso bélico ha estado presente en otras coyunturas recientes, como el caso desatado por la coyuntura de tensión con Nicaragua por el territorio de Isla Calero y los llamados a defender la soberanía nacional realizados en aquel momento[3].
En este marco, un imaginario de combate diario es reforzado en publicaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Seguridad Pública y la Vicepresidencia de la Republica en sus cuentas de redes sociales: “detectamos y rechazamos extranjeros” “#FronterasSeguras” “control migratorio” “tolerancia cero”. A esto se ha unido, incidentalmente, un medio de comunicación, que haciendo gala de una extraña idea de neutralidad periodística, acompaña los sobrevuelos del Ministerio de Seguridad en zonas de frontera, mostrando la efectividad del barrido y los esfuerzos por proteger la soberanía sanitaria nacional.
Todos Idearios propios de los abordajes securiatarios de las migraciones, cuyo logro principal es el reforzamiento de las fronteras ante las amenazas externas. De ello da cuenta la política exterior estadounidense continuamente. Nos preguntamos si esta agenda institucional y mediática, no condensará finalmente otros temas como la aceleración de las reformas de empleo en el sector público o la inserción de los intereses empresariales en los actuales esquemas de gobernanza, solo por mencionar dos casos puntuales actualmente en transcurso.
Como sea, resultado de este escenario discursivo, se han producido dos reacciones de la sociedad costarricense: el impulso del humanismo y solidaridad que existe y se cuenta por decenas y por otro lado el discurso de la división, del rechazo visceral y la confrontación constante. Las personas que atizan el conflicto y la polarización, hacen un daño enorme, porque la convivencia es muy frágil y la estamos convirtiendo en una lucha de todos contra todos, con dificultad para el debate saludable, basado en argumentos y premisas de conocimiento sobre las causas y las consecuencias de las movilidades humanas en los actuales contextos.
Abundan los mensajes efervescentes, las noticias falsas, la información no verificada (como por ejemplo el video circulado de un supuesto cementerio de cuerpos nicaragüenses, que finalmente fue ubicado en Ecuador), los Dunning-Kruger de las migraciones, y los grupos supremacistas, que los hay en el país, clamando por una defensa armada y el resguardo de las fronteras. Paradójicamente, esos mismos grupos guardaron silencio cuando las grandes empresas evasoras eludieron su responsabilidad con las instituciones que se han encargado de proteger desde la salud pública en el marco de la pandemia y que han sido debilitadas durante décadas por políticas de racionalización económica y el concurso de empresas de capital extranjero y transnacional. Ahí está el detalle: al descubierto se refleja que el problema no son los extranjeros, siempre y cuando no sean pobres y provenientes del sur global.
Ya en 1947 Albert Camus nos recordaba que las peores epidemias no son biológicas, sino morales, y que es en las situaciones de crisis que sale a la luz lo peor o mejor de la sociedad. Las grandes crisis no solo apelan a la ética cívica y a la responsabilidad individual y colectiva. Sirven también para discernir lo trascendental de lo accesorio, lo esencial de lo superficial. Será nuestra tarea apostar por la solidaridad intersubjetiva, para construir sociedades más inclusivas cuando la emergencia sanitaria haya terminado.
[1] En entrevista para La Jornada, 11 de abril de 2020.
[2] Deysi Ventura, 2016. El impacto de las crisis sanitarias internacionales en los derechos de los migrantes. SUR 23 – v.13 n.23 • 61 – 75
[3] Un abordaje analítico sobre este acontecimiento puede ser consultado en el texto del académico Esteban Aguilar denominado Proyecto Calero: una historia de militarización y xenofobia. (Praxis, Revista de Filosofía, N 71. Junio-Diciembre 2013)
Este jueves 16 de abril del 2020, la Junta Directiva de la Caja, en sesión ordinaria conoció la nota que suscribimos 7.805 firmas ciudadanas de todo el país. Donde les solicitamos a las personas miembros de la Junta Directiva rechazar la propuesta de modificación de la política de la C.C.S.S. para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros), la derogatoria del artículo 38 del Reglamento a la Ley 7852 y la no aprobación de un nuevo reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros, porque promovería la privatización de los servicios de salud de la C.C.S.S.
La Junta Directiva trasladó nuestra solicitud a la Gerencia de Logística. No obstante, lo que más nos satisface es que también acordó que el asunto del Reglamento se verá cuando se considere oportuno, es decir, este tema queda pendiente para su discusión.
Nuestras manifestaciones y nuestra oposición a la privatización de la C.C.S.S., han obtenido sus frutos. Entre todos y todas hemos logrado un primer triunfo, hemos detenido momentáneamente una agresión mortal a la seguridad social y a la paz de nuestro pueblo. Sabíamos de la premura de algunas autoridades de la C.C.S.S. por querer modificar la normativa señalada y de los intereses privados y particulares que la impulsaban; por eso, celebramos con júbilo la decisión sensata de la Junta Directiva, pero que esto no nos engañe y no nos induzca a bajar la guardia ni a pensar que la lucha por la defensa de la Caja ha terminado. Por el contrario, hoy más que nunca, nuestra seguridad social corre peligro y debemos estar muy alertas para que no se contagie del virus de la privatización.
Este peligro existe desde el año 1998, cuando el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, nos anunciaba la “conveniencia de la privatización”; en el 2017, la OCDE señala que “en materia de gobernanza: no existe un mandato claro para la institución que se encarga de la cobertura de atención de la salud y de proveer los servicios de salud” y sugiere entre otras cosas, permite a los pacientes la elección de sus proveedores, incluidos los del sector privado (pagados con fondos públicos).
Hoy, cuando estamos viviendo la crisis más severa de salud a nivel mundial de las últimas décadas por el COVID-19, es cuando el sector público laboral de la Caja se constituye en un baluarte esencial en la detección, el tratamiento y la no propagación del contagio de este letal virus. El Gobierno y la mayoría de la Junta Directiva de la C.C.S.S. redujeron el 75% de la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de las pensiones, lo que reducirá en miles de millones de colones el presupuesto de la Caja, con el agravante de que el Gobierno de Carlos Alvarado no haya dado señales de querer cumplir con las obligaciones y las deudas pendientes con la Caja.
Por eso, no podemos olvidar que se sigue impulsando una agenda neoliberal contra la seguridad social que promueve su privatización. Hoy, más que nunca, debemos estar alertas y seguir en la lucha por la defensa de nuestra seguridad social y la paz social.
¡La C.C.S.S. es de nuestro pueblo y por eso entre todos y todas debemos defenderla, fortalecerla y hacerla crecer!
Son momentos de incuestionable unión y de esfuerzos conjuntos. De la mano, así tenemos que salir de este desafío que nos impuso el Covid 19.
Es inaceptable que la mafia política se aproveche de la situación, para enriquecerse más.
Hemos recuperado la solidaridad que habíamos perdido por los desvaríos de una sociedad de consumo, que consideraba moral y correcto, pisotear al “otro”, para lograr sus privilegios y su estatus.
La economía globalizada tenía su soporte en el consumo irracional, irresponsable e inescrupuloso. Se consideraba el consumismo como el centro del desarrollo y la forma de demostrar la integración a las nuevas tendencias posmodernistas de hacer política y establecer modelos de gobernanza, que profundizaban la dominación a la que habíamos estado sometidos.
Este gobierno sabía al asumir su mandato, que se enfrentaba en su trabajo a un terrible legado de las administraciones que, después del gobierno de Rodrigo Carazo, tuvieron como norte destruir nuestro estado de bienestar por uno presuntamente más moderno, más acorde a la privatización y a la negación del ejercicio de los derechos políticos de la persona ciudadana. Entregaron nuestra riqueza, como si fueran bienes de difunto a banqueros privados, alquiladores de edificios, prestatarios de servicios, etc., que aparecieron sin percatarnos, para hacerse del botín, como una gollería.
Pasamos a ser el país más desigual de América, porque la riqueza se concentró en muy pocas manos. Se imponía que era más importante el bienestar del individuo, aunque fuera pisoteando la espalda de los demás.
Así, entre las múltiples herencias aportadas por esa vieja mafia política que asumió el mando en la oscuridad, está la Concesión de la Ruta 27. Uno de los contratos más leoninos a los que nos ha condenado un gobierno.
Oscar Arias, lleno de malinchismo y sin ningún amor por nuestra patria –entre muchos de sus actos-, nos encadenó a enriquecer una empresa extranjera, a través de una concesión que demostró que el artilugio legal, servía para legitimar el saqueo de la riqueza que nos ha pertenecido.
La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos Nº 7762, aprobada el 22 de mayo de 1998, fue el instrumento para que una legalidad viciada, finalizara un proceso de años de irresponsabilidad estatal. En el mejor de los casos tuvimos que pagar $3 millones por comisiones al BID, por créditos que no se usaron y así se puso al desnudo la cultura de corrupción y de impunidad que se consolidaba.
Hoy todos debemos ser solidarios, la ciudadanía saca para ayudar al prójimo, incluso de donde no tiene y estamos dispuestos a correr al llamado del gobierno. Los ticos, somos solidarios porque no han podido arrebatarnos todas nuestras raíces, eso nos tiene con esperanza de salir adelante en estos momentos difíciles.
Resulta que ese leonino convenio de la Ruta 27 y las posteriores Adendas, dejaron establecida la obligación del gobierno –o sea el pueblo costarricense- de pagarle a la empresa Concesionaria Autopistas del Sol (c.c. Globalvía Ruta 27), los ingresos que la empresa no obtuviera, si por los peajes no pasan, los vehículos suficientes para cubrir los costos y obtener las ganancias que –en el gobierno de Arias- se le prometieron a la empresa extranjera, calculados con el Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos (CPI-U).
La Ruta 27 está desierta porque en estos momentos todos debemos estar en casa. Es la orden gubernamental para no ser castigados por el Covid 19 y ésa debe ser la responsabilidad ciudadana.
Debemos saber de manera transparente, si para cumplirle a la Concesionaria, hay que arrebatarle en esta emergencia a las personas desempleadas y en alta vulnerabilidad social, la plata para comprar alimentos, que, con mucho esfuerzo, hemos aportado con nuestros impuestos para ellos.
Aunque el contrato tiene una cláusula de Caso Fortuito, está más relacionada con los aspectos de construcción de la carretera y referidos desde luego a eximir a la empresa de cualquier responsabilidad.
Que sepa el gobierno que en estos momentos la probidad y la transparencia son la prioridad del país. Que cuenta con la ciudadanía como respaldo, ante los desafueros y la ignominia que una mafia política organizó, con una legalidad espuria.
La Concesionaria Autopistas del Sol ha estado en silencio, todavía no sabemos cuándo se dará por satisfecha y nos devolverá lo que nos pertenece. Para defenderla sobran los corsarios del derecho y la justicia.
Ya algunas empresas han manifestado que demostrarán en estos momentos, su solidaridad y responsabilidad social con el país.
La solidaridad debe ser de todos los que convivimos en esta patria, la ciudadanía ya ha puesto su parte.
Ahora le toca demostrarlo, sobre todo, a ese tipo de empresas que se enriquecen con lo que nos pertenece.
