ANEP-Pensionados IVM solicita reajuste de 7,8% de las pensiones por inflación de los precios
La seccional ANEP-Pensionados de IVM solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), explicaciones sobre el por qué no ha realizado los respectivos ajustes y pagos por costo de vida o pérdida de valor adquisitivo en las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que a la fecha la deuda ascendería a ₡118.000 millones anuales.
La entrevista a Diana Borges se da dentro el marco de la “Campaña latinoamericana y caribeña por la democratización de la educación superior y el conocimiento”, bajo el lema de “La educación superior no es mercancía”. La campaña regional se da en camino a la Conferencia Mundial de Educación Superior (WHEC2022), que se celebrará en Barcelona, España, del 18 al 20 de mayo, organizada por la UNESCO; se inició con el propósito de defender la educación superior pública como derecho y acervo de nuestros pueblos.
En la entrevista se le hicieron diversas preguntas a Diana Borges dentro de las cuales están:
¿Qué piensan como organización de estudiantes sobre las posibilidades que pueda brindar o lo que pueda llegar a ocurrir en la Conferencia Mundial de Educación Superior?
A esta pregunta Diana responde que han hecho grandes esfuerzos para que haya una participación democrática de distintas organizaciones para que de esa forma, mediante la conferencia, definir el correcto rumbo que debe seguir la educación superior.
¿Qué trabas están identificando en materia de acceso y permanencia en los estudios a nivel latinoamericano? ¿Qué impacto tienen los procesos de privatización?
A esto responde que una de las principales trabas ha sido el efecto socioeconómico que ha tenido la pandemia ya que muchos jóvenes se han visto obligados a sacrificar su educación para empezar a trabajar y sacar a su familia adelante
¿De qué manera los sistemas públicos deberían responder a esa necesidad de acceso?
Para esta pregunta, Diana indica que una de las prioridades para los sistemas públicos debe ser establecer políticas contundentes para garantizar la inclusión de mujeres o grupos raciales de forma igualitaria en la educación superior.
¿Cuál es la contribución de los docentes, las docentes, les docentes, no solo las mujeres, en garantizar condiciones de mayor igualdad a todo nivel en las universidades?
La contribución es hacer clara la interseccionalidad del tema de la igualdad de género con lo que se menciona en las clases y también no adoptar métodos que puedan oprimir a las mujeres.
Esto es tan solo un breve resumen de algunas de las preguntas que se hicieron en la entrevista, la cual está accesible en el siguiente link: https://www.clacso.org/bianca-borges-oclae/
La última edición de la Fiesta del Agua se realizó en el año 2019. Foto: Kioscos Socioambientales.
El Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Vicerrectoría de Acción Social, en conjunto con personas de la comunidad de Longo Mai y de la Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, organizan la “Fiesta del Agua: Intercambios regionales en la defensa de nuestros territorios”, en el marco de la declaratoria institucional “Universidades para las Comunidades”. Esta sería la sexta edición de la Fiesta del Agua que organiza la comunidad de Longo Mai.
La actividad se realizará el día sábado 11 de junio del presente año en la comunidad Longo Mai de Buenos Aires de Puntarenas, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este Festival se realizará en conmemoración a la lucha comunitaria que Longo Mai enfrentó hace pocos años, en la defensa de los ríos Convento y Sonador, frente a la amenaza de privatización por proyectos extractivistas, como son los proyectos hidroeléctricos. También se buscará desarrollar espacios de encuentro, reflexión y recreación entre personas de la comunidad universitaria con representantes de organizaciones comunitarias, activistas y ecologistas vinculados a la defensa de los bienes comunes frente a los extractivismos.
Actividades dentro del salón de Longo Mai durante la Fiesta del Agua 2019. Foto: Kioscos Socioambientales.
Si desea más información sobre esta actividad, puede comunicarse con las personas docentes Dylanna Rodríguez Muñoz y José Antonio Mora, a los correos dylanna.rodriguez@ucr.ac.cr y joseantonio.mora@ucr.ac.cr. O bien comunicarse a la oficina de Kioscos Socioambientales, a los teléfonos 2511-6221 y 2511-5771.
Exposición sobre como realizar una ocarina de barro.
Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social, UCR)
En conmemoración del «Día de la persona indígena costarricense», la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un taller de sensibilización dirigido niños y niñas del Hogar Metodista (una alternativa de cuido para personas menores de edad) en el Museo y Mercadito Chietón Morén ubicado en San José, el pasado 20 abril.
El objetivo de la actividad consistió en generar un espacio de reflexión con los niños y niñas del Hogar Metodista sobre los pueblos y territorios indígenas nacionales a través de la exposición a productos culturales y proceso de aprehensión de conocimientos generales y sensibilización.
En la actividad participaron 22 niños y niñas de 4 a 13 años y se dividieron por edades en dos grupos. El primero recorrió el museo y pudo obtener información sobre los 8 pueblos y 24 territorios indígenas. Posteriormente, Esmeralda Sánchez Pérez, indígena Huetar de Quitirrisí impartió un taller donde elaboraron una ocarina con barro y dialogaron sobre las tradiciones, cultura, comidas, entre otros, de la población indígena Huetar.
El segundo grupo disfrutó de una charla de preguntas y respuestas sobre la población indígena y realizaron una representación de una artesanía con arcilla.
Como parte de la evaluación de la actividad, todas las personas participantes desarrollaron un dibujo, sobre lo que aprendieron en el taller.
Para la trabajadora social Susana Pérez, de la Red Institucional para el trabajo con Pueblos y Territorios Indígenas (proyecto: SA-56) de la VAS “Desarrollar actividades que permitan un acercamiento a las distintas realidades de los pueblos y territorios indígenas nacionales son de suma importancia para la formación de estas personas menores de edad, ya que la experiencia les permite construir conocimientos alejados de estereotipos y aprender de la cultura, comidas tradicionales y artesanías realizando inquietudes a las personas indígenas facilitadoras del taller.”
Entre 1976-1983, Argentina fue azotada por una dictadura. El golpe de Estado se dio cuando la Junta Militar (compuesta por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) derrocó al gobierno constitucional peronista. Se instaló una dictadura autodenominada “proceso de reorganización nacional” en el país. Esta se apoyó en un sistema basado en asesinatos selectivos, atentados, secuestros y torturas.
Mujeres, madres y abuelas del país presenciaron con horror como sus familiares desaparecían. Estas mujeres se pronunciaron en rechazo a la dictadura, y exigían el regreso de sus hijos, hijas, y seres queridos desaparecidos.Su estrategia más prolífica fue ocupar la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, originando de ahí su nombre. Empezaron a reunirse en 1977, todos los jueves, y marchaban alrededor de la pirámide al centro de la plaza portando fotos de sus desaparecidos. Salir a las calles a protestar, por la verdad sobre sus hijas e hijos, contra un gobierno capaz de atentar contra sus ciudadanos, fue un acto de profunda valentía.
El segundo símbolo de su lucha fue un pañuelo blanco. Este surgió en 1980, en una marcha hacia la Basílica de Luján, donde utilizaron un pañuelo bordado con el nombre del hijo o hija ausente. Este gesto operó tanto para visibilizarlas como luchadoras, cuanto para habilitar a otras personas a aportar algún dato sobre el paradero de los desaparecidos.
En los años represivos del régimen, cuando desaparecían diariamente cientos de personas, cuando se desarrollaban asesinatos, exilios y con las cárceles llenas de presos políticos; este grupo de mujeres originó un contrapoder. Fue todo un sistema luchador donde era posible recoger pruebas y destinos de sus familiares en los márgenes de la justicia argentina. Su búsqueda ya no fue solo por la verdad, sino también por la justicia.
Pese a la represión que sufrieron, ser madres de desaparecidos transformó su identidad y configuró su pensamiento y su práctica política. Las Madres de Plaza de Mayo enfrentaron una lucha sin descanso contra el régimen militar y le dieron voz a todos los desaparecidos, voces silenciadas por la injusticia. Se volvieron parte de una lucha social que sirvió de inspiración para muchos otros.
En este video se conmemora a estas militantes incansables, que enfrentaron a la dictadura cívico militar. Fueron un ejemplo de lucha en todo el mundo. Mujeres comprometidas con los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia.
Referencias:
D´Antonio, D. C. (2006). Las Madres de Plaza de Mayo y la apertura de un camino
de resistencias. Argentina, última dictadura Militar 1976-1983. Revista Nuestra América n°2, 40, 29-40.
Zarco, A. (2011). Maternalismo, identidad colectiva y participación política: las Madres de Plaza de Mayo. Revista Punto Género, 1, 229-247.
Zubillaga, P. (2019). Orígenes y consolidación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Estrategias locales y construcción política-identitaria (1976-1989). [Tesis para optar por el grado de Magister en Historia y Memoria]. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Desdeñado, pero aun así, hoy es el «Día Mundial del Atún«. »Celebrado» en Costa Rica manteniendo en su legislación el insólito regalo de nuestras especies aleta amarilla y barrilete a la flota extranjera. Nuestro atún no se lo roban, como algunos dicen, sino que ¡lo regalamos!
Tenemos bien determinado el territorio marítimo. Sabemos que la riqueza marina más importante es el atún, pero sufren de pobreza las comunidades pesqueras. Sabemos de las deficiencias que con el tiempo se han venido incorporando a la Ley de Pesca (que naciera como una buena Ley de Pesca del Atún o »Ley Ferreto»), pero en la Asamblea Legislativa ha sido imposible hacer lo necesario para eliminar de la legislación, de una vez por todas, el regalo que Costa Rica hace de su atún.
¿Se podrá esta vez con los nuevos diputados? Ellos tienen la respuesta; pues el proyecto de ley enviado por el INCOPESCA a la Asamblea Legislativa, en el que se eliminan los permisos de pesca gratis a los atuneros extranjeros, habría que sacarlo de algunas gavetas. ¡Nadie se acuerda de él!
La historia nos enseña que en tiempos de don Rodrigo Carazo, se organizó la cooperativa COOPEATUN, se compraron dos barcos atuneros de 1.200 toneladas, y se inició la protección contra la piratería que realizaba la flota atunera de San Diego y, como era esperable, ¡empezaron los problemas! El Presidente Reagan no reconoció que el atún en nuestro mar fuera costarricense. Por lo cual, como «especie altamente migratoria», la flota de EUA se podía meter a aguas de otros países a pescar el atún. Sin siquiera pedir permiso, decía. Incluso, acompañaron a sus atuneros con buques de guerra cuando el Presidente Carazo ordenó defender nuestros recursos marinos con lanchitas artilladas.
Ante esa situación, denunciada por nuestro Presidente en la Asamblea General de la ONU, el poderoso cartel atunero de San Diego, logró que el saqueo se complementara con un bloqueo a la compra de atún tico de parte de las transnacionales que lo comercializaban (Ralston Purina Co. y otros). Luego con CODESA (Atunes de Costa Rica), el apreciado y recordado Rodolfo Solano Orfila (Q.d.D.g.) trató de buscar mercados diferentes donde venderlo. Sin lograrlo, pues la agresión era brutal. La empresa nacional quebró y los barcos eventualmente fueron vendidos a una empresa venezolana. Esta los usó para pescar, ¡paradójicamente!, en Costa Rica, gracias a cambios en la Ley de Pesca «hechos a la medida» de la flota extranjera.
Desde entonces no hay atuneros con bandera costarricense. Todo el atún enlatado que adquirimos, es descargado por atuneros extranjeros que, en muchos casos, lo han pescado gratis en nuestro océano Pacífico.
¿Se imagina que de pronto alguien por venganza o racismo queme más del 70% de su casa o su finca? Eso tan terrible le pasó a la comunidad indígena de China Kichá, comunidad ubicada a 175 kilómetros al sureste de San José.
En este mundo con un clima enfermo y en llamas, el acompañamiento y la solidaridad son mecanismos necesarios para denunciar esta triste realidad y tratar de cambiarla. Es por esto que más 370 personas y representando más de 150 diversas organizaciones, sectores, comunidades e instituciones se solidarizan y se unen al grito de demanda en contra de estos crímenes de odio.
Entre las peticiones que respaldaron están el apersonamiento de los bomberos de Pérez Zeledón cuando hay un llamado por incendio en los territorios recuperados de China Kichá, pues cada vez que hay una emergencia de esta índole los bomberos manifiestan que no van a intervenir “quemas de charral”. Solicitan la presencia del SINAC durante las emergencias por incendios forestales en China Kichá para atender las quemas de los bosques donde mueren muchos animales. Finalmente solicitan una investigación por parte de la fiscalía de Pérez Zeledón para atender las denuncias interpuestas por los incendios provocados en China Kichá e identificar responsables de estos agravios.
Entre las personas firmantes se encuentran representantes de instancias universitarias como el Programa de Kioscos Socioambientales (UCR), el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA, UNA), la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, el Centro de Investigaciones Políticas (UCR), el programa Era Verde (UCR) y Palabra de Mujer (UCR), el Programa Pueblos Indígenas Agroecología y Buen Vivir (UNA) y Revista U Chinche (UCR); organizaciones ecologistas como Movimiento Ríos Vivos, Semillas Libres CR, Escazú Ahora CR, Frente Ecologista Universitario, Diwo Ambiental, Red de Juventudes y Cambio Climático, Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Red Natural Belemita, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Salvemos las Lomas, Colectivo Ambiental Tatiscú, Fundación Corcovado, Frente Ecologista del TEC, Asociación Ecologica Corcovado Bijagua, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas; organizaciones sociales y de derechos humanos como la Coordinadora Lucha Sur Sur, Consejo Ditso Iriria Ajkonuk Wakpa, Casas Escucharte Caribe, Redess (Red de Economía Social Solidaria), Escuela Feminista Saberes Cómplices, Red de Mujeres para el Desarrollo, Asociación Pro Asojoven San Carlos, Departamento Ecuménico de Investigaciones, Foro de Mujeres Rurales de Costa Rica, Rincón Ecológico Cultural Terraba, Abriendo Datos Costa Rica; otros territorios indígenas como Curré, Conte Burica, Térraba y Matambú; algunas agrupaciones políticas como Nuevo Partido Socialista, Frente Amplio, Juventud Vanguardista Costarricense, Partido de los Trabajadores; otras organizaciones como el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Casa Madremonte, Un Rojo Reggae Band, Las Sirenatas, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, La Feria Producciones, Teatro Abya Yala, Asociación Guías y Scout de Costa Rica, Suave un Toque; así como estudiantes y docentes de las distintas universidades públicas del país, artistas independientes y vecinos y vecinas de múltiples comunidades alrededor del país quienes a título personal mostraron su solidaridad con la comunidad de China Kichá.
A modo de contexto, la situación en China Kichá es alarmante. En primera instancia, cabe resaltar que por decreto del año 2001, el Estado costarricense asignó 1100 hectáreas para el pueblo cabécar en China Kichá. Para el 2014, de ese total, los cabécar apenas tenían 33 hectáreas en su poder, es decir, el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población indígena (Forest People Programme, 2014). Como respuesta, desde el 2019, este pueblo indígena se ha organizado para recuperar su territorio logrando la posesión de 800 hectáreas. Gracias a las recuperaciones, las tierras han pasado de ser parcelas deforestadas, convertidas en monocultivos y potreros de ganadería extensiva, a ser paisajes llenos de biodiversidad, asegurando el cauce del río y garantizando la seguridad alimentaria, y con esta, la autonomía del pueblo cabécar.
En segundo lugar, como forma de presión y de venganza, los incendios se han convertido en una de las formas de violencia más constantes en este territorio indígena, y son provocados, como lo señalan personas recuperadoras, “bajo las órdenes de tres empresarios muy adinerados e influyentes de la zona”. Estos incendios han cubierto un aproximado de 800 hectáreas, es decir, más del 72% del territorio que por ley les corresponde y que por hecho y derecho han recuperado. De esta forma, los incendios arrasan estas áreas boscosas revitalizadas, al igual que las fuentes de agua, la fauna del lugar y los cultivos de las personas indígenas. Esto es una guerra contra la naturaleza y las comunidades indígenas.
Es fundamental recalcar que para el pueblo cabécar de China Kichá la tierra, no es solo tierra, sino que es un territorio y es su hogar, lo que significa asegurar la continuidad de su pueblo indígena, un pueblo amenazado con desaparecer. Doris Ríos Ríos, recuperadora y lideresa cabécar expresa: “Cada vez que queman nos dan en el alma porque es como que nos están matando a nosotros (…) nos duele muchísimo porque están quemando nuestra casa (…) No están quemando simplemente plantas, están quemando seres vivos, con los que nos necesitamos mutuamente”.
Le invitamos a leer pronunciamiento completo y todas las firmas a continuación:
Este miércoles 4 de mayo el programa de Voces y Política invita al público en general al programa sobre “Violencia racista contra Territorio Indígena de China Kichá”, el cual contará con la participación de Efraín Fernández Zúñiga y Greivin Fernández recuperadores cabécares. Siga este y otros programas por las redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
Recuerde seguir y escuchar este programa todos los miércoles a las 5pm (Hora Costa Rica y Centroamérica)
En Costa Rica casi un millón de personas obtienen su sustento mediante la economía informal, y gran parte en condiciones de precariedad, sin derecho a la seguridad social o la cotización a un régimen de jubilación. Ilustración Raquel Mora Vega.
Día Internacional del Trabajo
Cada 1 de mayo millones de personas trabajadoras marchan por sus derechos
Aunque desde 1889 en el mundo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, millones de personas aún no tienen las garantías mínimas que garanticen un ámbito laboral seguro y con un salario digno. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022, solo el 30 % está totalmente cubierto por sistemas de seguridad social en todas sus aspectos.
A pesar de que existen múltiples causas, una de las principales son las condiciones económicas en los países denominados “emergentes” y “en desarrollo”, en los que predomina el trabajo informal y las contrataciones bajo acuerdos entre patronos y personas trabajadoras donde se excluyen sus derechos fundamentales. Otros datos de la OIT calculan que la informalidad en esos países llega al 96% y que a nivel global el 61% de las personas obtienen sus ingresos por trabajos informales. Al desagregar los datos, las zonas rurales son las que muestran mayores porcentajes de informalidad, y es la agricultura la actividad en la que se ubican la mayor cantidad de personas en dichas condiciones.
En Costa Rica la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, incidió en un aumento de la informalidad. La última Encuesta Continua de Empleo publicada en enero 2022 mencionó que el 45 % de las personas se dedican a labores informales, en total unas 966 000, registrando un aumento atribuido a la pandemia sanitaria que redujo sensiblemente los ingresos de las familias costarricenses.
Con respecto a este tema, en Costa Rica las personas más afectadas por la informalidad están vinculadas a las actividades agrícolas y al sector cultural. Para colaborar en el empoderamiento de estas personas e incidir en las políticas públicas, dos proyectos de Trabajo Comunal, ejecutados mediante la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), enfocan sus esfuerzos en esa línea.
El primero es el referido al “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681); y el otro es sobre “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas” (TC-754), ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En ambos casos, se realizan actividades de acompañamiento y asesoría a personas trabajadoras en instituciones públicas.
Creatividad en tono de precariedad
En el sector cultural costarricense hay una serie de problemáticas generalizadas, en parte porque el gremio es muy amplio y diverso, y en otra porque no existe una normativa que garantice que en el desempeño de su labor cuenten con todos sus derechos, afirmó la Lic. Karen Carvajal Loaiza, coordinadora del proyecto “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas”.
Si algo caracteriza a las personas que trabajan por la cultura costarricense son las condiciones de precariedad, en las que predomina la informalidad, el subempleo, la subcontratación y la carencia de cosas que la mayoría asume como un derecho, como tener el seguro social o la posibilidad a una pensión al final de la vida laboral.
El TC-754 está en ejecución desde agosto de 2021, a raíz de la preocupación que la docente Carvajal conoció de un informe del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) sobre las graves afectaciones de la cultura producto de las restricciones sanitarias de la COVID-19. Por ejemplo, entre las personas profesionales de la música del sector estatal hay una problemática de larga data con respecto al tipo de jornada, ya que se les impone una prohibición de tener nombramientos parciales en distintas compañías, pues a criterio del MCJ se consideran distintas instituciones, aunque ambas están adscritas a ese ministerio; es decir, es el mismo patrono. Por el anterior motivo, se han dado despidos sin responsabilidad patronal aduciendo una prohibición sin fundamento, afirma la profesora Carvajal.
Adicionalmente, afirmó la coordinadora del TC-754, no existe uniformidad en el tipo de pago, las jornadas que implican las contrataciones y tampoco hay controles de cumplimiento de los derechos mínimos; pese a que en muchas de ellas está involucrado el Estado. Asimismo, falta reconocimiento del artista como un profesional, y a lo interno del propio MCJ se sigue discutiendo un manual de puestos para la carrera artística.
En cuanto a lo privado, aunque no existe un diagnóstico de la situación laboral del sector artístico, se podría afirmar a priori que el principal problema es el aseguramiento dada la inestabilidad del gremio, tanto así que muchas personas conjugan sus labores como artistas con otras labores distintas a su profesión, y en el caso de los subcontratistas no se sabe si cumplen o no con la normativa laboral costarricense.
Adicionalmente al trabajo realizado entre el sector gubernamental, se participó en el Simposio sobre la Condición Laboral de las Mujeres de las Artes Escénicas, realizado en enero pasado por el Colectivo de Mujeres en Escena. En el futuro, el TC-754 se abocará a organizar varias mesas de trabajo. Una de ella con entes estatales como el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el MCJ, y organizaciones gremiales para analizar las posibilidades de brindar el aseguramiento necesario. Y otros encuentros en los que se analizará cada uno de los problemas detectados durante este proyecto.
Carvajal concluyó que evidentemente existe una “ausencia de espacios de diálogo ante el Estado, esto limita la incorporación de los derechos de este sector en las políticas públicas. Esto genera que el Estado tampoco preste atención a las problemáticas, porque lamentablemente, en el derecho y a nivel del Estado no suceden cosas o no va a resolver ningún problema si no hay una demanda de los colectivos de esas necesidades”.
Las personas migrantes contratadas de manera irregular en el país carecen de garantías sociales, derecho a un seguro de salud y riesgos del trabajo y viven bajo amenazas de deportación por parte de algunos patronos, especialmente en regiones agrícolas. Foto Semanario Universidad.
La semilla de inequidad
El proyecto de Acción Social sobre el “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681) es otra iniciativa de la Facultad de Derecho de la UCR.
El TC-681 reúne el esfuerzo de estudiantes de diversas carreras, bajo la coordinación del Dr. Mauricio Castro Méndez, y tiene el objetivo de facilitar procesos de formación colectiva acerca de los derechos de las personas trabajadoras y al ejercicio de la ciudadanía social por medio del fortalecimiento de las capacidades de sus organizaciones.
El proyecto parte de la premisa que las organizaciones del sector agrícola tienen un rol relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida en general, así como en el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales. En la actualidad, el trabajo se enfoca en las zonas Caribe y Norte, acompañando a sindicatos de las plantaciones de banano y piña; y hace poco incursionaron en la región Chorotega, para brindar apoyo a personas trabajadoras de la caña de azúcar, en el Ingenio Taboga.
Este proyecto inició en el año 2017 con un objetivo muy concreto, ya que ese año entró en vigencia la reforma procesal laboral, que planteó nuevas normas. Además, que en Costa Rica en el sector privado existe una cultura antisindical muy virulenta hacia las personas que son parte de los sindicatos, como para quienes se afilian, explicó.
En los diagnósticos aplicados se han detectado una serie de problemas. Entre ellos, es que en materia de salud ocupacional se incumple la normativa; por ejemplo, no se aplica reglamento para prevenir el estrés térmico durante la jornada agrícola; o el existente sobre la aplicación de agroquímicos, para el que existe estrictos protocolos técnicos, “pero una cosa es eso y otros el biomonitoreo relacionado con la aplicación rutinaria en las aplicaciones”. En ambos casos, explicó el docente, se está desarrollando una estrategia para subsanar estos vacíos en las prácticas agrícolas.
En el tema de jornadas y salarios la principal irregularidad es que las empresas propietarias de las plantaciones “acuerdan” con las personas pago por hectáreas o cajas de productos; “pero la legislación indica que si ese pago resulta inferior al mínimo por la jornada regular se debe ajustar. Pero en muchas empresas que pagan a destajo no están haciendo el cálculo de lo que el trabajador debería recibir. Por eso, junto con el Ministerio de Trabajo se está diseñando una aplicación para calcular cuánto debería recibir por lo realizado”, dijo Castro.
Finalmente, otra situación sumamente grave, es la discriminación y abusos con motivo de la condición migratoria de la persona, sobre todo en la zona norte. “Un primer tipo de problema es que hay empresas que prefieren traer trabajadores en condición irregular porque son más vulnerables y no cuentan con la seguridad social, y hasta utilizan la amenaza de deportación cuando los trabajadores exigen sus derechos. Lo segundo es que en esa zona predomina un sistema de subcontratistas que brindan servicios a la empresa principal, y de esta manera esquivan sus responsabilidades legales. Aunque esto es un secreto a voces, en el resto del país existe un desinterés total sobre el asunto, y no fue hasta que las poblaciones migrantes fueron un foco de contagios por la COVID-19 que se les volvió a ver, pero al costarricense en general no le interesa la población migrante y sus derechos”, concluyó Castro.
Este equipo de la UCR trata de “identificar las problemáticas, buscar respuestas, generar documentos, manuales, guías o videos para facilitarle a las personas trabajadoras sobre las mismas”, explicó el docente Castro. Otros de los productos generados son el diseño de propuestas, capacitaciones o estrategias de incidencia; a veces por una organización o una plataforma conjunta; y en otros casos se trata de aportar información como entrarle a los procesos que se están viviendo en casos particulares, detalló.
Una conmemoración sellada con sangre
A finales del siglo XIX las jornadas laborales eran de 16 horas diarias; y las fábricas operaban en condiciones insalubres y alto riesgo para la vida de las personas. Para ese periodo, los Estados Unidos se habían convertido en un importante centro del desarrollo impulsado por la Revolución Industrial.
El 1ode mayo de 1886 inició una huelga en la ciudad de Chicago que terminó tres días después, y se exigió el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas. Tras las revueltas se desconoce a ciencia cierta el número de fallecidos y heridos; pero quienes pasaron a la historia fueron ocho dirigentes que luego se conocerían como los “mártires de Chicago”. Posteriormente, el Congreso Internacional de Trabajadores, realizado en París en 1889, declaró el 1ode mayo como el Día del Trabajo y desde entonces cada año las personas trabajadoras marchan por las ciudades del mundo en pro de sus derechos laborales, garantías sociales para sus naciones y en protesta contra los proyectos de Estado que atentan contra las mismas.
En Costa Rica, la primera marcha ocurrió el 1ode mayo de 1913, por iniciativa de educadores ilustres como María Isabel Carvajal -Carmen Lyra-, Omar Dengo y Joaquín García Monge. Con el surgimiento del Partido Comunista en 1931, de la mano de Carvajal y Manuel Mora, entre otros intelectuales, la fecha tomó fuerza, hasta la proscripción de esa agrupación política y el encarcelamiento, destierro y asesinato de sus líderes tras la conclusión de la confrontación bélica de 1948, de la que se declaró ganador José Figueres Ferrer.
Eduardo Muñoz Sequeira, Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
A partir del anuncio del acuerdo para la creación un impuesto mínimo global sobre corporaciones anunciado por la OCDE/G20 a fines de 2021, la ISP quiere discutir y presentar desde una perspectiva sindical: lo qué es ese acuerdo inédito, qué significa en términos de justicia fiscal para las distintas realidades nacionales latinoamericanas, los próximos pasos de implementación y como el movimiento sindical puede incidir al largo de ese proceso.
