Costa Rica figura en la lista con caso de Jhery Rivera
Por Mauricio Álvarez Mora (*)
“Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente” ese es el título del informe presentado por la organización británica Global Witness que desde 2012 a recopilando datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del ambiente en todo el mundo.
Según la organización “La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta”.
En 2020, se registraron 227 asesinatos, es decir un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana y lo convierte, en el año más peligroso registrado para las personas que defienden su territorio y sus bienes comunes, así como los ecosistemas que son vitales para la salud ambiental del planeta y la estabilidad climática.
La región Latinoamericana sigue siendo la más letal pues tres de cada cuatro personas en total 165 personas asesinadas en la región el año pasado, el país más peligroso del mundo es Colombia (65), México (30) Brasil (20), Honduras (17) y Guatemala (13) Nicaragua (12), Perú (6), Argentina (1) y Costa Rica (1) son los países de la región con más personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas.
Más de un tercio de los ataques mortales están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria), represas hidroeléctricas y otra infraestructura. El extractivismo forestal fue el sector con el mayor número de homicidios (23), seguido por agroindustria y minería (17).
Estos alarmantes datos librados la semana pasada coinciden con otro informe denominado [2] “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos” que fue presentado por la relatora especial Mary Lawlor al Consejo de Derechos Humanos N º 46, período de sesiones del 22 de febrero al 19 de marzo de 2021.
Costa Rica en la lista
Según británica Global Witness los pueblos indígenas son las principales víctimas de este año y para muestra nuestro país donde se registra el asesinato del defensor indígena Jehry Rivera asesinado de cinco disparos por la espalda en medio de un “linchamiento” de usurpadores no indígenas por un terreno recuperado en febrero del 2020.
Este asesinato se dio en un ciclo de violencia que incluye amenazas de muerte a doce lideresas y lideres de pueblos indígenas y dos activistas que acompañan el proceso de recuperación territorial que vienen realizando las comunidades originarias. Estas amenazas son parte de los 89 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado [3], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia.
Hay un modo operandi que en muchos casos se transforma en un ciclo de violencia política, pues si bien no es lineal, tiene un patrón que inicia con la desacreditación y el acoso, pasa a las demandas o a la judicialización, se convierte en acción directa en forma de amenazas o atentados, y finalmente puede llegar al asesinato.
En diciembre del 2020, se presentó el libro[4] “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país.
Resulta no menos que vergonzoso y hasta repudiable que un Estado como Costa Rica, que auspicia y facilita la negociación del denominado “Acuerdo Escazú”, herramienta para evitar este ciclo de violencia contra las personas defensoras ambientales, haga el triste papel, pues algunas personas en la Asamblea Legislativa, el Gobierno, las Cámaras empresariales y la Corte Constitucional se han orquestado para hacer un boicot al acuerdo. Esto a pesar de tener este período dos asesinatos a líderes indígenas, este ciclo de violencia en territorios indígenas, más de 100 hechos de violencia desde hace tres décadas en nuestro país y la realidad que refleja el informe presentado por Global Witness esta semana.
[1]Ver informe en: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
[2]Ver informe en: https://undocs.org/es/A/HRC/46/35
[3]Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021, Disponible en http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Recuentoagresiones2020.pdf
[4] Ver libro en: http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Librocriminalizacion.pdf
