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Autor: María José Ferlini Cartín

47 aniversario del sindicato SITUN

La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) brinda sus felicitaciones a la Junta Directiva del sindicato SITUN por su 47 aniversario y a sus afiliados y afiliadas, por la celebración de un aniversario más de lucha en defensa de los derechos.

 

Imagen tomada de SINDEU (ucr.ac.cr)

Análisis nacional del dirigente sindical Juan Carlos Durán

SURCOS comparte la siguiente información

El dirigente del sector salud Juan Carlos Durán analiza en este video de 10 minutos, aspectos relacionados con la coyuntura nacional.

Entre los temas de la exposición está la reactivación económica, las medidas durante la pandemia del COVID-19 y los multifactores que han salido a relucir en la realidad costarricense, entre otros.

Adjuntamos el video.

Finquero que utiliza propiedad en China Kichá no tiene derecho a indemnización

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El finquero Miguel Vargas es declarado “propietario de mala fe” por parte del INDER y no le corresponde ninguna indemnización.

Viernes 21 de mayo de 2021. Mediante el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) de la Sesión Ordinaria 14 del 26 de abril del 2021 y como resultado de un proceso administrativo (Expediente RTI-PA-0002-CHINA KICHÄ) iniciado el 12 de octubre del 2020 para determinar si Miguel Vargas Mata es poseedor de buena o mala fe, en los términos establecidos por la Ley Indígena 6172; se determinó que Vargas Mata es poseedor de mala fe en las fincas que ocupa dentro del Territorio Cabécar de China Kichá, terreno recuperado, conocido como Yuwi Senaglö.

En el expediente consta que Miguel Vargas Mata es propietario registral de las fincas matrícula: 305530-001, 305530-002, 635202-000 y 635201-000 y que estos terrenos aparecen con anotación en el Registro Nacional, Bienes Inmuebles, ZONA A.B.R.E (INMUEBLE SITUADO EN TERRITORIO INDIGENA).

También se tiene como probado en el expediente que Vargas Mata adquirió las fincas después del 2001, año en el cual mediante decreto N° 29447-G publicado en la Gaceta 93 del 16 de mayo se restableció la Reserva Indígena China Kichá y se redefinieron sus límites. “(…) Actualmente y para el momento en que Don Miguel adquirió las fincas estaba vigente y sigue vigente, por consiguiente, por principio de Legalidad la administración no puede desconocer la vigencia del mismo y su aplicación”, cita el acuerdo del INDER en mención.

En el análisis realizado por el órgano administrativo se retoma la jurisprudencia del Tribunal Contencioso administrativo y Civil de Hacienda, II Circuito Judicial de San José, mediante voto N° 36-V-2021 de las quince horas del veintiuno de abril del años del dos mil veintiuno en el que se indicó “ por eso, cualquier traspaso u ocupación que se haga luego de demarcada el área de la Reserva Indígena, deberá ser considerado de mala fe, supuesto en el cual se debe proceder con su expulsión (acto de policía) o desalojo inmediato por las vías legales previstas al efecto (desahucio administrativo), y consecuentemente, no podría procederse a indemnización alguna”.

El órgano Director tiene por establecido “Dada las situaciones anteriores en donde se tiene que Miguel Vargas Mata es una persona NO indígena que adquirió una propiedad cuando el territorio indígena China Kichá ya había sido restablecido” y resuelve:

“POR TANTO. De conformidad con lo expuesto y con fundamento en la normativa y jurisprudencia indicada, se resuelve:

1) Tener por acreditado que Miguel Vargas Mata, es propietario de mala fe de las fincas matricula: 305530-001 y matricula: 305530-002, finca matrícula 635202-000 y finca matrícula 635201-000.

2) Que no le corresponde indemnización alguna.

3) Que se inicien los procedimientos necesarios para la nulidad de los traspasos, para que las fincas sean puestas en posesión del pueblo indígena China Kichá.

5) Trasladase el expediente al Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto de Desarrollo Rural, para que elabore la solicitud hacia la Procuraduría General de la República, para que de conformidad con el inciso i del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para se inicie el proceso de nulidad de

los traspasos hacia Miguel Vargas Mata, de las fincas MATRICULA: 305530-001 y MATRICULA: 305530-002, FINCA MATRICULA 635202-000 y FINCA MATRICULA 635201-000, por haberse adquirido cuando ya estaba restablecido la Reserva Indígena China Kichá.

6) Instruir a la Secretaría General de Junta Directiva, para la notificación de este acuerdo. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME”. *

Como recuperadoras/es del Pueblo Cabécar de China Kichá celebramos esta decisión de la Junta Directiva del INDER, que viene a reafirmar nuestros derechos y lo que hemos venido diciendo sobre nuestro derecho a recuperar Yuwi Senaglö y los otros 4 terrenos recuperados dentro de nuestro Territorio y demandamos al Poder Ejecutivo del Estado de Costa Rica, iniciar de forma inmediata para que sean anulados los traspasos de las fincas que ocupa ilegalmente Miguel Vargas y se inicie el proceso de desahucio administrativo.

Recuperadores y recuperadoras cabáceres de Kelpego.
Recuperadores y recuperadoras cabáceres Kono Jú.
Recuperadores y recuperadoras cabáceres Sekerö Kaska.
Recuperadoras cabáceres Saka Duwé Senaglö.
Recuperadores y recuperadoras cabáceres Yuwi Senaglö.
Coordinadora de Lucha Sur

Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí informa sobre acuerdo del Concejo Municipal

La Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí presentó ante el Departamento de Participación Ciudadana de Asamblea Legislativa el documento de iniciativa de proyecto “Ley para el Desarrollo sostenible de la Cuenca del Río Sarapiquí y protección de su cauce principal”. El objetivo es que se declare una Salvaguarda de 25 años que prohíba nuevos proyectos hidroeléctricos y mineros.

La Comisión informó a SURCOS que el Concejo Municipal de Sarapiquí respalda la gestión con una votación de siete votos afirmativos de la totalidad de los miembros que integran este Órgano. El acuerdo se tomó el 10 de mayo del 2021 y a la letra dispone:

  1. Dar un voto de apoyo al “Proyecto de Ley, para el Desarrollo Sostenible de La Cuenca del Río Sarapiquí y La Protección de su Cause Principal”, entregado al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, con el número de consecutivo 10220421.
  2. Nombrar a Orlando Brenes Varela como enlace de la Municipalidad de Sarapiquí en el proyecto supra.

Para mayor información sobre el tema se pueden visitar los siguientes enlaces:

https://wp.me/p6rfbZ-eC4
https://wp.me/p6rfbZ-ezc

Imagen tomada de Semanario Universidad.

Enviado por Rafael López Alfaro, Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí.

Manifiesto: Contra la parcialización de la Iglesia Católica diocesana de San Isidro de El General, Costa Rica

“Cómo no recordar a santo Toribio cuando constataba con gran pesar en el tercer Concilio Limense «que no solamente en tiempos pasados se les hayan hecho a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, sino también hoy muchos procuran hacer lo mismo…» (Ses. III, c.3). Por desgracia, después de cinco siglos estas palabras siguen siendo actuales.”
Papa Francisco. Encuentro de los Pueblos Amazónicos, 19 de enero de 2018

Interpelamos al obispo Gabriel Enrique Montero Umaña y a la institucionalidad de la Iglesia Católica costarricense que él representa, para que mire sin simplismos la crisis que sufren los pueblos indígenas costarricenses desde hace siglos y para que cesen de utilizar la retórica religiosa de “pastores” y dejen de exponerse simbólicamente ante un tema de políticas públicas con la vestimenta propia del culto católico, pues el tema del que hablan es de índole secular y no devocional.

El obispo dice que nunca convocó ninguna “Proclama Social y Caravana” para el día lunes 17 de mayo del 2021 y que tampoco ha autorizado la participación de ningún sacerdote en esta u otra manifestación. Sin embargo, el presbítero Luis Mena de Pejibaye de Pérez Zeledón divulgó un video leyendo parte de la Proclama y fundamentando la marcha convocada para el lunes 17 mayo 2021, mostrando así la desinformada, confusa y confrontativa visión de la jerarquía de la iglesia católica de esta diócesis costarricense.

Le recordamos a la Iglesia Católica que la tenencia de la tierra por parte de personas no indígenas dentro de los territorios indígenas, es una problemática muy específica, que no debe mezclarse mezquinamente con otras problemáticas socioeconómicas que enfrentan otros grupos de población en Costa Rica. Pues esta forma de abordarlo confunde y revuelve tópicos de naturaleza distinta. Además, el apoyo directo a la propiedad privada de los poseedores ilegítimos riñe con el principio de la tenencia en común de la tierra que ejercen las poblaciones indígenas y el principio del bien común que beneficia a las comunidades y a la naturaleza que estas cuidan.

Mezclar la problemática en los territorios indígenas con otras realidades de las poblaciones rurales, es una forma violenta y cómplice de seguir negando los derechos de los pueblos originarios. Además, lo que el obispo Montero Umaña y parte del clero a su cargo dicen, con respecto a la recuperación de tierras indígenas es confuso, contradictorio y ha provocado que personas no indígenas, que creen tener derecho sobre tierras ancestrales, continúen la escalada de violencia verbal, psicológica y física contra familias indígenas recuperantes de las tierras que les corresponden por derecho.

No debe olvidar el clero católico, que la historia de dolor de los pueblos indígenas que han habitado estas tierras desde épocas inmemoriales, inició con el «descubrimiento» de América. Por lo que le solicitamos al obispo y su clero no evadir esta realidad objetiva. Basta con traer a colación lo que anotaba el obispo Bernardo Thiel en su visita pastoral a los indígenas guatusos (Malekus) en 1882, cuando afirma que a los pobladores originarios se “los trataban de monos, animales montaraces y que más de la mitad habían muerto a consecuencia de estos maltratamientos”.

Si hacemos memoria de hechos recientes, podemos decir que muchas personas que habitamos este y otros países, aún recordamos el drama sufrido por un grupo de veintisiete mujeres y hombres indígenas de la mayoría de los ochos pueblos indígenas reconocidos, cuando fueron desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa el 10 de Agosto de 2010, sólo porque se quedaron esperando respuesta de los diputados y las diputadas, para que aprobaran o archivaran el Proyecto de Ley sobre la Autonomía Indígena, que tenía dieciocho años de tramitarse en el Congreso de la República, en el cual se establecía un Procedimiento para las Recuperaciones de los Territorios ancestrales establecidos, por las Leyes y los Decretos respectivos.

Fue ese acto de violencia racista, física, espiritual y moral, que llevó a estos pueblos a tomar la decisión de sanear sus territorios del arrebato y la usurpación ilegal. Así se inicia una década de persecuciones, cárcel, agresiones físicas, quema de viviendas y agricultura hasta el asesinato. Tenemos reciente memoria del asesinato del líder bribri de Salitre Uniwak Sergio Rojas Ortiz, Coordinador de FRENAPI (18 marzo 2019) y del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, recuperante Brorán de Térraba hace 15 meses.

En estos 11 años de violencia sistémica y sistemática, no ha existido ningún pronunciamiento, nota de duelo, ni siquiera expresiones de pésame para las familias y esos pueblos, por parte del clero de San Isidro de El General. Por lo que es clara la actitud y posición parcializada de esta jerarquía católica, que niega en sí misma su propio mensaje de misericordia y compasión.

Sumado a lo anterior, en este momento crítico de la historia costarricense, vemos lamentablemente como la jerarquía eclesiástica se coloca en medio, con tibieza, para buscar una supuesta “conciliación”, cuando su papel debería ser una opción preferencial y radical por la parte que ha sido discriminada y violentada de manera sistemática a lo largo de los siglos, tal como lo piden los Evangelios de Jesús de Nazaret.

Además, esa búsqueda de conciliación es falaz, pues al afirmar ustedes que la «ley ha de salvaguardar la justicia para todos los actores», cometen un error jurídico grave, ya que en una situación de desigualdad de poder, de dominio de unas personas sobre otras (usurpadores vrs indígenas de China Kichá), la conciliación no cabe y la justicia se logra dando un trato desigual a las partes involucradas. En este caso dando cumplimiento a los convenios internacionales como normas superiores que son o de las leyes especiales con supremacía sobre las leyes generales en favor de los indígenas.

Por ello le solicitamos a la Iglesia Católica reconocer que cualquier pretensión eclesial «mediadora» está viciada y debe ser evitada, ya que la iglesia local, a través de un sacerdote, tomó recientemente partido en favor de una de las partes involucradas, perdiendo así imparcialidad y autoridad moral para mediar.

La paz sin justicia es inalcanzable y la caridad sin compromiso auténtico por los que ocupan el último lugar, se convierte en limosna mezquina.

Suscriben el presente manifiesto:

Movimiento Reflexión Acción
Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC
Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR
Departamento Ecuménico de Investigaciones – DEI
Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica – OIDH-CR
Centro de Amigos/as para la Paz – CAP
Justicia y Paz e Integridad de la Creación -JPIC / Claret CR
Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia
GEMA Observatorio de Medios de Comunicación y Género
Informa-Tico.com
Diásporas Feministas
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense – IMWC
Colectivo Cristiano CR – CCCR
Universidad Bíblica Latinoamericana – UBL
Colectiva Coexistir de Cartago
Fundación Interartes
SURCOS Digital

 

Imagen ilustrativa, UCR.

La génesis y debacle por el Paro Político Nacional (PPN)

Por Carlos Meneses Reyes

La génesis de la debacle político-social por la que atraviesa Colombia se debe al desgobierno y mal gobierno. Para el administrado o ciudadano común y corriente, esto se refleja en desconcierto, desidia, dejadez, negligencia. Solo ubicando a este gobierno como culpable primario de los hechos acaecidos por tan prolongado Paro (Cívico) Nacional y por ende de todos los efectos que se suceden; se puede explorar en la explicación del fenómeno transitado y en la concepción de una interpretación tendiente a la búsqueda de una salida, que puede confluir o no, en un Nuevo Pacto Social o Contrato Social. Esto por cuanto se trata de la búsqueda incansable de una sociedad que no renuncia a su libertad, busca el logro de acuerdos y aplica en la vigencia de un Estado de Derecho. De tal manera que nos proponemos sustentar que el único culpable del Paro Político Nacional Indefinido es el gobierno títere de turno y que los efectos dañinos no los está soportando el pueblo, como subliminalmente lo quieren presentar. No. Lo sufren y padecen los grupos económicos de presión, las oligarquías centrales y regionales, los usufructuarios del narco para militarismo en el poder. Lo soportan los mismos aliados del Establecimiento, que viven y amamantan de él. El pueblo lo único que pierde son sus cadenas de opresión y miseria, parodiando el mensaje del Manifiesto Comunista y que tanto espantajo le causa a la derecha troglodita militarista clasista, en el poder.

Apreciaciones en consideración

Lo que comenzó como un Paro Cívico Nacional, transformase, por la incidencia de los hechos, sucesos y erradas asimilaciones gubernamentales, en un Paro Político Nacional (PPN). De espaldas a las previsiones contempladas en la Carta Constitucional, el gobierno de turno no ha demostrado capacidad, sindéresis, para mediante una observación cuidadosa, prevenir los desenlaces y “efectos dominó” que la cadena de sucesos lo han colocado en situaciones o puntos de no retornar. No porque se tratare de volver a una situación ideal, como la de continuidad de una inercia, sumando cantidades de elementos perturbadores, que a la larga confluyeron en el estallido social.

Es de entender que en tratándose del conflicto social por el que atraviesa Colombia, este no termina y se multiplica en sucedáneos; pero la negligencia gubernamental conllevó a la torpeza de anunciar una aplicación de gravámenes tributarios, a espaldas de la población y la clase media, en el momento menos indicado, cuando los efectos del pandemónium del COVID-19, asolan todo el escenario de la economía colombiana.

Mal, asimilando el desconocimiento de las protestas y paros del año 2.019. La bofetada dada al movimiento popular, activo y en las calles en multitudinarias manifestaciones, al imponer el corrupto congreso y cámara la reforma tributaria de 2.019, redundó en la concesión de adiciones y exenciones de nueve mil millones de pesos al sistema financiero; dando elementos para considerar la carencia de una capacidad natural de dirigir a un país, tanto del gobernante de turno, calificado como de títere y sub presidente, por la implacable critica opositora en su contra; como por la ineficacia de una Secta- que no Partido, que se dice de gobierno.

Esa miopía e incapacidad gubernamental, trajo la sumatoria de los demás conflictos que afectan al país, como lo son el conflicto político, económico, ecológico; como también el armado interno; destacando de este, que su actor principal, como vanguardia armada del movimiento popular y expresión de la lucha de clases en Colombia, esta como en una especie de letargo, en espera, condescendencia o respeto, al desarrollo del accionar de las masas y su movilización, como rectora de las luchas populares en Colombia.

Pero la transformación de un Paro Cívico Nacional, en un Paro Político Nacional (PPN), desafortunada mente no se ha dado como resultado dialéctico de la cualificación de la lucha reivindicatoria, gremial y su salto a la lucha de objetivos políticos. Esto se da cuando la dirección de la protesta de masas la asume el movimiento político. Existe un Comité de Paro Nacional al que nutre una Asamblea Nacional de Miles de Delegados de organizaciones sindicales, sociales, populares, comunales, políticas, gremiales, estudiantiles, profesionales, campesinos, servidores públicos, de minorías étnicas(indígenas, afro descendientes, de género, LGTB, etc.), de amplio espectro, en el que caben todos; pero que en la práctica no ha sido así y paralelo al desarrollo del Paro Nacional, han surgido movimientos de transportadores, de la juventud, barriales y de comunas, productores del agro, comerciantes, prestadores de servicios, formales e informales, que han diversificado el abanico y lluvia de reclamaciones, superando, en la práctica, el ámbito de acción del Comité Nacional de Paro. Consecuencia de esta multiplicidad de actores, se ha visto limitado el control de las confederaciones obreras y de representatividad del trabajo sindical y organizado y la capacidad de actuar en nombre del sinnúmero de congregados y colectivos emergentes. Esto lo supliría la dirección política del movimiento; siendo un limitador que pesa en el análisis concreto de la situación concreta abordada, como lo es, el Paro Nacional, su suerte y/o camino a seguir.

Pero un Paro Indefinido y una Huelga de contenido político (revolucionaria) torna a caracteres subversivos. Resulta que la expresión subversivo ha sido satanizada, como algo perverso. Colombia ha sido escenario de luchas, con tenacidad y resistencia, por más de tres semanas. Ese teatro o espacio de tan variados e impactantes pasajes conllevan a analizar- dentro de su contexto- no un estadio masivo insurreccional; como sí, por el contrario, una avanzada de subversión social, contra unas situaciones de hecho, injustas e impuestas. Al así plantearlo, ha de abordarse el tema desde el punto de vista de un pensar individual y desde el del comportamiento social—colectivo.

Lo subversivo como pensar

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que, ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista) en su interior. Es decir, se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva.

En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo

De las organizaciones de base populares

Han transcurrido 22 días desde el inicio (28 de abril) de la gesta histórica del Paro Nacional 2.021, en Colombia. Pero un sinnúmero de organizaciones sociales, populares, a nivel de barrios, de artistas, lúdicos, folclóricos, de activistas sociales y políticos; organizados en calles, comunas, veredas, municipios, en grupos de resistencia y de protesta, que buscan objetivos comunes de hacerse valer, oír, escuchar; no están organizados en el Comité Nacional o no hacen parte de el, independientemente se sientan, o no, representados en los del Comité. Esto hace que el control de la protesta y el encauzamiento hacia objetivos, tangibles, concretos, se haga difícil, resaltando, que en modo alguno, representa una debilidad del movimiento popular y de masas, puesto que todo cuanto exprese accionar contra la pasividad, el miedo infundado y atreverse a luchar es de inconmensurable valor político. Se trata de pueblo en ejercicio de su soberanía que busca cambiar de fondo las relaciones de poder en Colombia. No se puede perder de vista que así se forjan las mayorías en Colombia y explica el caudal multitudinario de las manifestaciones realizadas.

La manifestación publica y el uso violento de la fuerza pública

Asistimos a la constante de una protesta popular prolongada. No de cualquier protesta sino de una propia que brota del contorno o derredor de poder popular. Fuerza y poder del pueblo, así expresada. El Establecimiento le teme porque la dejó crecer, avanzar. Al no utilizar los correctivos, por carencia de un timonel estadista, las aspiraciones desconocidas, no alcanzadas, se van plasmando en el Paro. EL PARO es un cese de movimiento, de actividad y refleja en lo económico el cese de una actividad, como en la no prestación de servicios. Es una forma de protesta. El que sea o no pacifica, es un factor de apreciación, de calificación, de interpretación. Depende. Como tal, el Paro va circunscrito a la HUELGA. Esta se traduce en la interrupción colectiva de la actividad laboral, por parte de los trabajadores. Tiene por finalidad la exigencia a satisfacer reivindicaciones concretas; pero cuando la huelga trasciende y responde a propósitos de subversión política, pasando de reivindicaciones de carácter económico o social, toma tintes de prolongación en el tiempo, respondiendo a esa intención o finalidad. Una Huelga, no está circunscrita a la factoría o sede de trabajo. Es precisamente suspensión de actividades y de producción. El Paro, la Huelga se constituyen en formas o manifestaciones de protesta alimentadas en el contexto del conflicto social, alterando el funcionamiento de un orden vigente o impuesto y es propio de su naturaleza la alteración de ese “orden”. Las Marchas o Manifestaciones, constituyen el instrumento de aplicación para alteración de la “normalidad”. El BLOQUEO es la acción de impedir la comunicación, el fluido funcionamiento o el paso de algo. Se bloquea el tránsito, como se bloquea la información. Es resultado de ese accionar. Marchar, Bloquear, Parar, Huelga, etc., se subsumen, se incluyen en un mismo componente de clasificación abarcadora. Lo de “pacifica” corresponde desentrañar lo en la sabiduría del constituyente; puesto que de por sí obstruir, impedir, cerrar, atrancar, se dan como resultado del accionar activo o pasivo de marchar, manifestarse. Si desde la sede de su casa de habitación se decide no operar transacciones financieras, por ejemplo, pues es una forma de bloqueo. Lo primordial es la comprensión que el bloqueo logra afectar, como medida de protesta. En cuanto al SABOTEO, este ya es la acción encaminada a dañar, deteriorar o destruir algo; por lo general maquinarias, instalaciones, bienes. Es también un medio de lucha o de presión, aunque con otras característicos y consecuencias, situado más que todo en un accionar militar, como atentado. El SAQUEO. Ya corresponde a un accionar de robar, de depredar y en ello asiste la violencia, el destrozo, arrasando con cuanto haya en el lugar. El saqueador se apodera violentamente de lo que hay encuentra o asalta, para sí. Desvalija, pilla, daña, con intención dolosa. Es incomprensible, inaceptable y vituperable en el ejercicio de la protesta.

Valga el presente ejercicio para explicar que lo más desacertado es la denominación de Vándalos. La imprimió el imperio romano para referirse a los pueblos de origen germánico oriental, procedentes de Escandinavia, Quien no era romano era bárbaro y salvaje, era vándalo. Tristemente en Colombia la mediática dictatorial denomina vándalos a los manifestantes por el solo hecho de protestar…Es producto y resultado mismo de la judicialización de la protesta y a los manifestantes.

Solicitan postergación del acuerdo de reforma a pensiones del Régimen IVM

SURCOS comparte la siguiente información:

La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud, en siglas FECTSALUD, solicita a través de una carta y de manera respetuosa y vehemente, la postergación de la toma de acuerdo que reforma pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Al ser un tema de gran relevancia para patronos y personas trabajadores (cotizantes), este movimiento considera que no ha sido sometido a conocimiento ni discusión profunda de sus interesados.

Se recuerda que por Legitimidad Jurídica (artículos constitucionales números 73 y 177), los seguros sociales que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tienen inherente vinculación de un tripartidismo contributivo, que son Gobierno, Patronos y Trabajadores, los que deben ser consultados y considerados en su opinión e intereses.

Esta nota está firmada en representación de FECTSALUD por Albino Vargas Barrantes (secretario general ANEP) y Carlos Alberto Gómez Ramos (secretario general SISSS).

Invitamos a leer la carta enviada:

 

Enviado a SURCOS por Albino Vargas.

En Italia, cuando hay situaciones de catástrofes o emergencia, se aplica una medida que se llama UNA TANTUM

Se ha enviado a SURCOS una consideración tomando en cuenta lo que se aplica en Italia.

La medida UNA TANTUM significa que se aplica una sola vez a toda la población con réditos medio altos y el monto es proporcional a lo que uno tiene. Esta medida garantiza que el ciudadano no tenga miedo de nuevos impuestos, que lo viva cómo un aporte solidario y único para el Bien Común. Se establece un tiempo corto para depositar, en una cuenta solidaria del Estado, la cuota OBLIGATORIA para cada categoría de rédito.

Aquí tendría que ser agregada al impuesto de renta, un porcentaje de un 1% POR UNA SOLA VEZ.

Información compartida con SURCOS por Gloria Gavioli.

La Red de Mujeres Rurales cosecha los frutos de su lucha

SURCOS comparte la siguiente información:

Según la nota de Pomerada (2021) para el medio digital Semanario Universidad el Tribunal Contencioso Administrativo anuló el decreto No.40300-MAG, que restringía el libre uso, el intercambio y el comercio de semillas tradicionales, locales y criollas y dio la razón a la organización: Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, en los argumentos que esta entidad planteaba en función y defensa de la cultura alimentaria, de biodiversidad, prácticas agrícolas sanas y del derecho a comer.

Este decreto fue publicado en 2017, durante la administración del expresidente Luis Guillermo Solís y en acompañamiento del Frente Amplio la Organización Red de Mujeres Rurales de Costa Rica interpuso un recurso de amparo (Pomerada, 2021, párr.3).

Basados en los datos de la autora, este decreto abría la puerta hacia la privatización y negaba la contribución a la vida y a la reproducción de todos los elementos vivos, ya que es mediante la defensa de la biodiversidad en la que se valida y se visibiliza la historia de miles de años de la humanidad en diversos sectores y regiones.

Adjuntamos afiche en relación con el tema:

 

Referencias Bibliográficas:

Pomerada, F (13 de mayo 2021). Tribunal da la razón a la Red de Mujeres Rurales y anula decreto que restringia comercio de semillas criollas. Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/tribunal-da-la-razon-a-la-red-de-mujeres-rurales-y-anula-decreto-que-restringia-comercio-de-semillas-criollas/

SINPAE rechaza suspensión del curso lectivo

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Sindicato Patriótico de la Educación Siete de Agosto, hace público su rechazo a la decisión de la ministra de educación pública, de suspender en su totalidad, el curso lectivo 2021, pues plantean que esta decisión carece de algún fundamento técnico, y que genera vulnerabilidad y desigualdad al país en cuanto a los estudiantes que realizan sus estudios en el sistema de educación pública, en relación con los centros de educación privada. Según este movimiento lo que se necesita es solventar la brecha tecnológica que arrastra el sistema educativo desde hace mucho tiempo.

Adjuntamos el comunicado oficial:

 

Enviado a SURCOS por Carlos Manuel Vega.