La Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí presentó ante el Departamento de Participación Ciudadana de Asamblea Legislativa de proyecto “Ley para el Desarrollo sostenible de la Cuenca del Río Sarapiquí y protección de su cauce principal”.
El objetivo es que se declare una Salvaguarda de 25 años que prohíba nuevos proyectos hidroeléctricos y mineros, hasta tanto el río se pueda recuperar del severo daño ambiental que sufre a diario.
La cuenca del río Sarapiquí, es la duodécima más grande del país y representa el 3,35% del territorio nacional y tiene un gran valor económico, ambiental, social, histórico y cultural. Es el hogar para más de 4000 especies de plantas, más del 50% de las especies de aves en Costa Rica, alrededor de 125 especies de mamíferos y hasta 30% de las especies de peces de agua dulce en el país, muchas de ellas en peligro de extinción.
Su valor histórico y cultural obedece a que el Río Sarapiquí, fue hogar ancestral de pueblos originarios como los Botos conviviendo con más de 171 asentamientos precolombinos según los datos del Museo Nacional de Costa Rica.
El proyecto busca permitir el desarrollo sostenible de la región y evitar a toda costa un desequilibrio ecológico a raíz de la sobre explotación de su cauce como ha sucedido en otros países de América Latina.
Debido al acelerado deterioro de la Cuenca del Río Sarapiquí, la comunidad se ha movilizado con el apoyo de diferentes instituciones públicas como el ICT, SINAC, Municipalidades de Sarapiquí y Alajuela, empresarios, académicos entre otros, para desarrollar el proyecto de ley.
Información compartida a SURCOS por Rafael López Alfaro del Programa Gestión Local de la UNED.
Iván Molina Jiménez presenta Costa Rica Covidiana. En este recorrido, Molina considera brevemente los estilos de desarrollo predominante de 1950 al 2018 y las modificaciones en el escenario político que posibilitaron la construcción de un nicho de poder oligárquico en ese último año.
Como punto de partida el autor toma a la Costa Rica previa a la pandemia por el Covid-19, donde según define se empezó a impulsar reformas profundamente regresivas en términos fiscales, sociales e institucionales. En vez de detener ese proceso, la pandemia lo profundizó.
La publicación se compone de lo que el autor toma como Momento Decisivo, el capítulo 1 que habla de la Costa Rica antes del Covid-19. El capítulo 2 habla sobre la Primera ola que se extendió entre marzo y mayo del 2020, el capítulo 3 de la Segunda ola considera los cierres masivos de actividades económicas en todo el país y los efectos de su flexibilización ser y un epílogo que expone el Distanciamiento histórico.
Molina expone que, de junio del 2020 a febrero del 2021, a medida que se responsabilizaba a la población de velar por su propia salud, el país experimentó una segunda ola de contagios. Al mantener neutralizada la protesta social, la expansión del Covid-19 fue aprovechada por las autoridades para impulsar nuevas iniciativas que, a la vez que protegen los intereses oligárquicos, elevan la carga fiscal de las clases trabajadoras y de los sectores medios, precarizan sus condiciones laborales y reducen sus salarios.
Puede leer este documento completo en el archivo adjunto.
El programa Aula Abierta del Programa Kioscos Socioambientales extiende la invitación al conversatorio: Mujeres y luchas por la tenencia de la tierra.
El espacio será este jueves 6 de mayo a las 10am, donde compañeras de comunidades compartirán sobre sus procesos de defensa de territorios. Puede unirse a la transmisión a través del Fb Live del Programa Kioscos.
La transmisión tendrá la participación de:
Yesenia Barraza: es una mujer migrante nicaragüense que desde muy joven ha luchado por tierra para trabajar. Es parte de la comunidad de El Triunfo, en Medio Queso de la Zona Norte. Acompaña la organización comunitaria en el proceso de recuperación de tierras campesinas.
Erlinda Quesada: ha participado en múltiples movimientos sociales en el Caribe, que van desde la visibilización del papel de la mujer en la Pastoral Social, la defensa de derechos campesinos a la tierra en el Foro Emaús, y su participación en Frenasap como en la municipalidad de Guácimo para impedir la expansión de las plantaciones de piña.
Cindy Vargas: es parte del grupo de jóvenes que apoya el Consejo de Mayores Brörán. Junto a su familia conforma la organización Ruta de las Aves para recuperar corredores biodiversos perdidos por la invasión de terratenientes en Territorio Brörán. Acompaña los procesos de recuperación de territorios indígenas en la Zona Sur.
El 3 de mayo se resolvió en favor de la conservación y la protección un juicio de 17 años, contra un señor que se había apropiado de una finca de 32 hectáreas en el Chayote.
Un proceso que inició en junio del 2004 donde la Municipalidad de Naranjo compró una finca en el Chayote y en el momento de la compra un señor se posicionó de una parte del terreno, ese proceso lo inició la Municipalidad en ese momento acompañado de Fedapro Costa Rica (Federación de Acueductos de la Zona Protectora del Chayote), posteriormente la municipalidad deja ese proceso abandonado y es Manuel Montoya Carranza como Presidente de Fedapro, junto a varios compañeros que acompañaron el proceso de la Comisión para la defensa de la Zona Protectora del Chayote.
Fueron muchos años y se ganó dicho caso y son 32 hectáreas que deben ser utilizadas para la Conservación y Protección. El día de ayer se dio la sentencia (que ya había ido a casación y en las tres instancias se ganó) queda en firme y que el señor debe abandonar en cinco días dicha propiedad y que la Municipalidad de Naranjo haga el depósito y recibir oficialmente el terreno. Queda en manos de nuestro gobierno local cumplir con lo establecido en su momento y ojalá se pueda iniciar un buen proyecto de Reforestación por parte del departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad, seguro estoy que con buena difusión muchas personas pueden participar en dicho proyecto.
Es momento de buenas noticias en bien de nuestra querida Zona Protectora del Chayote y esperando que el Concejo Municipal de Naranjo y la oficina del señor alcalde Juan Luis Chaves realicen con la mayor rapidez el trámite en el Banco para que ese terreno pase ya a manos del pueblo de Naranjo y que se pueda proteger nuestro mayor tesoro que es la Zona de recarga acuífera de los acueductos de Naranjo.
La Confederación Sindical Internacional, la Fundación Friedrich-Ebert Stiftung y Development Pathways invitan al seminario web: Los beneficios económicos de la protección social.
La actividad será el día viernes 7 de mayo 2021 a la 1:00 de la tarde. La transmisión tendrá interpretación simultánea en inglés, francés y español.
El evento tendrá la participación de Observaciones iniciales: Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional.
La presentación estará a cargo de Diloa Bailey-Athias, Economista de Development Pathways.
La reacciones estará a cargo de: Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Costa Rica; Reema Nanavaty, directora de Actividades de Desarrollo Económico y Rural, Self-Employed Women’s Association (SEWA), India; Kwabena Ootoo, director de Investigaciones, Trades Union Congress (TUC); Ghana Shahra Razavi, directora del Departamento de Protección Social, Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Conclusiones finales: Hajo Lanz, director de la oficina de la Friedrich-Ebert Stiftung en Ginebra.
Moderadora: Evelyn Astor, Asesora de políticas económicas y sociales, Confederación Sindical Internacional
SURCOS comparte el siguiente comunicado referente al Reglamento de Acción Social de la UCR:
Las abajo firmantes, en calidad de personas estudiantes, docentes y administrativas de la Universidad de Costa Rica, así como personas beneficiarias y participantes de la Acción Social en comunidades, manifestamos nuestra gran preocupación por el Reglamento de Acción Social que se encuentra en este momento en consulta por el Consejo Universitario, desde enero del presente año hasta este próximo viernes 30 de abril.
Es preocupante que desde la pasada administración de Henning Jensen, la Acción Social ha sido el pilar sustantivo más afectado en términos presupuestarios. No obstante, recordamos a nuestro actual rector afirmando que durante su administración la Acción Social se vería fortalecida. Lamentablemente, esta vicerrectoría inició el 2021 con un 50% de recortes en todos los proyectos.
Por tales motivos, nuestras inquietudes giran en torno a:
El periodo de consulta a la comunidad universitaria no es el adecuado. Esto porque, tanto estudiantes como docentes con nombramientos por ciclos, no forman parte activa de la Universidad de Costa Rica en gran parte de este periodo; ya sea porque no están llevando cursos en el ciclo de verano (en el caso de estudiantes), o porque no han sido nombrados en unidades académicas (para el caso de gran cantidad de docentes). Esto ha provocado que mucha gente de la comunidad universitaria desconozca sobre esta consulta de reglamento.
En este documento no se promueven procesos de multi, inter y transdisciplinariedad, que tanto se han defendido en la Acción Social de la UCR. Por el contrario, este reglamento en consulta parte de una lógica bastante disciplinar, perdiendo así el rico ejercicio académico de acompañar comunidades desde diversos enfoques, miradas y conocimientos.
Esta propuesta de reglamento no resuelve de ninguna forma la actual asimetría con que se ha venido desarrollando la Acción Social, frente a los otros pilares sustantivos de la Universidad (Investigación y Docencia). Por el contrario, se profundiza en la idea de que la Acción Social es la última prioridad del quehacer universitario, siendo la que históricamente recibe el más bajo porcentaje del presupuesto, con respecto a las otras vicerrectorías.
Se desdibuja por completo el quehacer de la Vicerrectoría de Acción Social, y más bien se recargan funciones a las Comisiones de Acción Social, pero sin asignarles recursos. Nos preocupa la poca claridad sobre las responsabilidades que tendría la VAS con base en este reglamento, en donde más bien se le han dado cerca de 20 a las CAS de las distintas unidades académicas, recargando el trabajo de las personas docentes y administrativas en las escuelas, cuando debería ser la VAS la encargada de orientar, encabezar y protagonizar la acción social que se desarrolla desde la Universidad de Costa Rica.
Por último, es preocupante la profundización de los mecanismos de venta de servicios desde la acción social. En ese sentido, este reglamento refleja un tipo de modelo de universidad que no necesariamente representa el pensamiento crítico y el compromiso ético-político con las poblaciones más vulnerabilizadas, que ha caracterizado este pilar sustantivo de nuestra institución. De hecho, en la estructura organizativa que está proponiendo, no queda claro el lugar que estarían ocupando las comunidades con este reglamento.
Por tales motivos, nuestra petitoria hacia el Consejo Universitario es que se extienda el tiempo de consulta a este reglamento, al menos para finales de octubre del año en curso, para que toda la comunidad universitaria vinculada a la Acción Social (tanto docentes miembros de Comisiones de Acción Social, o con proyectos de Extensión Docentes, Extensión Cultural y Trabajos Comunales Universitarios, así como estudiantes con Iniciativas Estudiantiles, asistentes de proyectos de acción social o matriculados en TCU, y personas administrativas responsables de la ejecución de la acción social) pueda participar ampliamente en la consulta a importante reglamento. Suscribimos el sentir de las personas de comunidades, preocupadas por la situación actual que viven las universidades públicas y el papel central que debería estar jugando la acción social en este contexto.
Puede observar a las personas que apoyan esta consulta en el archivo adjunto.
1°. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores
El Trabajo Comunal Universitario TC 681 “Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones. Alcances de la reforma laboral procesal frente a las necesidades del colectivo laboral” analiza la situación en el sector privado del país
Desde el 2018, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, se propuso generar capacidades en las personas trabajadoras organizadas en el sector agrícola para que puedan participar activamente en la defensa y promoción de sus derechos laborales.
A través del Trabajo Comunal Universitario TC 681 sobre el cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y una investigación sobre derechos laborales y cadenas de valor, se puede profundizar en el análisis de la situación de los derechos laborales en una parte del sector privado en el país, el principal empleador de la población económicamente activa.
Como parte de los hallazgos hasta ahora encontrados se evidencian consecuencias de las estrategias de unilateralización de las relaciones laborales, lo que en el contexto de la pandemia por COVID-19 se ha agravado. Hoy más que antes los derechos laborales son fragmentados o diferenciados entre distintas entidades del sector público, entre el sector público y el privado; entre empresas privadas de alta rentabilidad o pequeñas o medianas empresas o empresas agrícolas; y hay enormes diferencias entre los derechos laborales de las personas trabajadoras en el sector formal privado y en el sector informal privado. Lo anterior, deslegitima el derecho colectivo al trabajo en Costa Rica.
También se evidenció la externalización laboral en la cadena de producción de la piña en el país, una modalidad que genera desprotección para la persona trabajadora ante la seguridad social y los riesgos del trabajo. Ante esta realidad la recomendación experta es que la empresa beneficiaria directa del trabajo sea solidariamente responsable junto con la empresa contratista, y extender la responsabilidad patronal. Lo anterior además permitiría negociaciones colectivas homogéneas por sector, actividad o cadena de valor.
Un hallazgo adicional son los cuellos de botella que deben pasar las personas trabajadoras en el país en el acceso a los derechos de salud ocupacional. Lo más común es que el empleador no de aviso del accidente y la persona trabajadora se queda sin recibir el servicio de salud; otro es que la indemnización por riesgo laboral solo indemniza la pérdida de capacidad para el trabajo; y por último no se reclaman otros daños materiales o morales.
Despertando la conciencia en el trabajo
Partiendo de que la organización de los trabajadores es una parte sustantiva de la dimensión social de la ciudadanía y puede propiciar que sus necesidades e intereses jueguen un rol relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida, el TCU 681 elabora y planifica actividades que permitan la generación de conocimiento colectivo sobre las condiciones de trabajo y los instrumentos institucionales, organizativos y legales disponibles para la tutela y mejoramiento de las condiciones de trabajo.
El TCU – 681″Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones» busca hacer un relevamiento de los principales problemas de las personas trabajadoras especialmente en plantaciones de banano y piña de la Zona del Caribe y la Zona Norte del país.
“Hoy que conmemoramos el 1º de mayo, de los y las trabajadoras, podemos decir que es evidente la enorme distancia existente entre los derechos laborales declarados en el papel y la vida concreta de estos hombres y mujeres, que laboran en condiciones extremadamente difíciles, con largas jornadas, salarios deprimidos, graves amenazas a su salud, e inmersos en una maraña de relaciones jurídicas que dificultan o impiden que sus empleadores asuman la responsabilidad que les corresponde”, señala el coordinador del proyecto, el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador y docente de la Facultad de Derecho.
El TCU-681 busca construir conocimiento colectivo a partir de los problemas identificados, fundamentalmente en lo que se refiere a la discriminación, la salud ocupacional, los salarios y jornadas, así como sus derechos colectivos.
El investigador afirma que la pandemia ha complicado el trabajo del TCU, pero sobre todo ha agravado los problemas de las personas trabajadoras. Es por ello que los esfuerzos actuales se enfocan en mantener el contacto con las comunidades por medios virtuales y profundizar la sinergia entre la acción social, la investigación y la docencia misma, elaborando materiales requeridos, aportando ideas e insumos para la construcción de estrategias de incidencia y procurando sensibilizar y compartir el conocimiento generado con actores claves para la vida concreta de las personas trabajadoras.
Antecedentes
Diversas investigaciones han constatado el grave nivel de incumplimiento de derechos laborales fundamentales de las personas trabajadoras en el sector privado costarricense. En la agricultura algo más de la mitad de los asalariados de establecimientos privados en la agricultura aparecen con salarios por debajo del mínimo, según datos del 2014. Por su parte el Proyecto Estado de La Nación ha hecho un relevamiento sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el 2013. Esta investigación señala que el mayor incumplimiento de derechos laborales se produce en la zona rural y en tres actividades críticas: el empleo doméstico, la construcción y la agricultura, particularmente en lo que tiene que ver con el pago de horas extra y seguro de riesgo de trabajo.
Además, los grupos más vulnerables al incumplimiento de derechos son los migrantes, sobre todo nicaragüense, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores no calificados. Finalmente, la situación se agrava cuando se trata de empresas pequeñas e informales.
“Hoy, que conmemoramos el 1.º de mayo, Día de los y las Trabajadoras, podemos decir que es evidente la enorme distancia existente entre los derechos laborales declarados en el papel y la vida concreta de estos hombres y mujeres, que laboran en condiciones extremadamente difíciles, con largas jornadas, salarios deprimidos, graves amenazas a su salud, e inmersos en una maraña de relaciones jurídicas que dificultan o impiden que sus empleadores asuman la responsabilidad que les corresponde”. Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador y docente de la Facultad de Derecho
En la Costa Rica del bicentenario
El mundo del trabajo atraviesa profundos cambios como la precarización del empleo; flexibilización laboral, crecimiento del desempleo y de la informalización; estrategias de tercerización empresarial; transformaciones en las estructuras productivas nacionales e internacionales.
Al efecto es necesario recordar que el derecho del trabajo tiene como premisa fundamental, la existencia de una desigualdad real de la persona trabajadora individualmente considerada frente a su empleador.
A partir de ahí, el derecho del trabajo se estructura en dos grandes ramas: individual y colectiva. El derecho individual del trabajo establece una serie de principios orientados a proteger a las personas trabajadoras frente a esa desigualdad real, y el derecho colectivo establece una serie de instrumentos que permiten la actuación conjunta a las personas trabajadoras organizadas.
En Costa Rica desde el nacimiento del derecho del trabajo optó por el derecho individual del trabajo, y un rechazo a lo colectivo, así en el Código de Trabajo la representación sindical debe ser limitada a una institución o organización, lo que fragmenta la fuerza sindical, restringió el derecho de huelga y finalmente el país entiende el conflicto laboral como una patología social.
Hoy y después de 17 años de un intenso trabajo y procesos complejos de negociación política, en Costa Rica fue aprobada la Reforma Procesal Laboral (Ley 9343) que entró en vigencia el 25 de julio del 2017. Esta ley reforma más de la mitad del Código de Trabajo y representa el principal cambio en Costa Rica en el sistema de relaciones laborales y en los instrumentos individuales, colectivos e institucionales para la protección y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras.
Pero el unilateralismo y la fragmentación sigue siendo un problema, por un lado, es tendencia histórica, pero a partir de la pandemia, se legalizó la disminución de la jornada de trabajo, se crearon mecanismos para suspender contratos de trabajo, y se permitió que el empleador imponga jornada de 12 horas de trabajo por 4 días a la semana. Además, se han debilitado las capacidades del derecho colectivo en el sector público.
Los retos son la apuesta por negociaciones colectivas por rama o cadena de valor y evitar la fragmentación, para permitir que condiciones negociadas abarquen a una gran masa de personas trabajadoras, así como luchar por la extensión de la responsabilidad patronal cuando exista tercerización del trabajo.
Imagen: Huelga en la que participan miembros del Sindicato de la Universidad de Costa Rica (Sindeu). Foto: Archivo, ODI.
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Divulgación e Información
La ONG IPANDETEC Centroamérica lanza una encuesta 100% anónima sobre violencia de género en línea durante la pandemia. Es muy importante que en la región centroamericana y en Costa Rica contemos con datos sobre violencia en el entorno digital y que los resultados sirvan de insumo para formulación de política pública.
Les adjuntamos el enlace de la encuesta y la publicación en Facebook para difusión y participación:
Hoy viernes 30 de abril a las 5:00 p. m., se llevará a cabo la cátedra centroamericana con la temática: ¿Cuál futuro para las mujeres de Centroamérica? Contará con la participación de las siguientes invitadas:
Maria José Cascante, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Actual vicerrectora de Vida Estudiantil.
Subversivas, Colectiva Feminista Nicaraguense.
Diana Campos Ortíz, Docente cátedra Centroamérica, Universidad de Costa Rica.
Lenin Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería Afines, comparte en el siguiente video un mensaje de motivación para las y los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social ante la emergencia nacional causada por el COVID-19.
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