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Autor: María José Ferlini Cartín

El gobierno del presidente Jacobo Árbenz sufrió un golpe de Estado en 1954. Foto de Prensa Comunitaria, de Guatemala.

Estados Unidos y la guerra eterna contra todos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Pablo Ruiz*

La mal llamada guerra de los 12 días entre Irán e Israel se podría llamar “la guerra eterna” porque fue justamente en Irán, después de la Segunda Guerra Mundial, donde EEUU promovió, mediante operaciones de la CIA, lo que se conoce como el primer golpe de Estado en el mundo, sucedido en 1953, siendo el segundo en Guatemala, en 1954, y después en distintos países hasta la actualidad.

“El golpe de Estado en Irán de 1953 es uno de los sucesos más significativos en la historia moderna de Irán, destacando como un claro ejemplo de intervención extranjera en el contexto de la Guerra Fría. Este evento tuvo lugar el 19 de agosto de 1953 y resultó en el derrocamiento del primer ministro Mohammad Mosaddeq, quien había impulsado la nacionalización del petróleo”, señala un artículo de Jerson Levi Medina.

En 1953 entonces Estados Unidos estableció y apoyó en Irán una monarquía la que se prolongó por 26 años y que cayó en 1979 con la revolución islámica. Al mismo tiempo, comenzó nuevamente una guerra permanente, abierta o encubierta, para derrocar a las nuevas autoridades en Irán.

La retórica, ante la prensa y el mundo, para atacar a Irán, muy parecida a la mentira que se usó para atacar a Irak, que Israel y los Estados Unidos no pueden permitir que Irán tenga armas nucleares. Al menos resulta irónico que se diga esto cuando está claramente establecido que tanto Israel como Estados Unidos disponen de armamento nuclear.

El ataque a Irán, por otro lado, desvío la atención de los grandes medios a la masacre que se sigue cometiendo contra el pueblo palestino y que al presidente Donald Trump, que (irónicamente) quiere el Premio Nobel de la Paz, no le importan en lo más mínimo.

En todo caso, no hay pruebas ciertas de que Irán esté desarrollando un arma nuclear. Así lo ha señalado la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y es concordante con lo que dijo primeramente la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ante el capitolio.

En contraste, sí hay evidencia pública que Estados Unidos ha seguido realizando esfuerzos para fortalecer su arsenal nuclear trabajando en el desarrollo de un nuevo misil balístico intercontinental con capacidad de llevar ojivas nucleares conocido como LGM-35A Sentinel de Northrop Grumman.

“La provisión de múltiples ojivas, contramedidas, y un mayor alcance para atacar a China significa que el diseño del Sentinel es significativamente más grande que el del actual Minuteman III”, comentó el sitio especializado www.defensedaily.com

Sobre las armas nucleares, por los hechos, vemos que la Agencia Internacional de Energía Atómica sólo tiene sus ojos, interés, y trabajo puestos en Irán y no, como quisiéramos, tiene una actitud pro activa para que Israel, Estados Unidos, y otras potencias nucleares, desmantelen sus arsenales.

Más armas para Ucrania

En julio dos personajes estuvieron de visita en los EEUU, lugar donde se dan las órdenes y autorizaciones a instituciones y países con una soberanía cuestionable. En Washington, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Ambos con el mismo propósito, su obsesión de seguir apoyando a “Daddy” y su objetivo de alimentar la guerra en Ucrania, enviado armas desde terceros países, para que sigan muriendo ucranianos y rusos. Su discurso, de Trump, es una cosa, la realidad puede ser siempre otra.

Según diversos medios de prensa, Mark Rutte ha confirmado que Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Canadá, Países Bajos y Finlandia, países de la OTAN, comprarán armamento a Estados Unidos, incluyendo baterías antiaéreas Patriot, para enviarlos después a Ucrania. Buen negocio, made in usa. Peligro para todos que se desencadene una guerra nuclear por la involucración cada vez más de Europa y EEUU en Ucrania contra Rusia.

También, este 14 de julio, se reunió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, con su homólogo Boris Pistorius a quien lo felicitó por todos los avances y logros del intereses de los EEUU.

“Hemos visto un progreso increíble dentro de la OTAN, con Alemania a la cabeza, un compromiso firme con su gasto y un compromiso con el liderazgo europeo”, dijo Hegseth.

A todo lo anterior, una columna de David Ignatius, publicada por The Washington Post, titulada “Al presionar a Putin, Trump «escala para desescalar»” se afirma que Trump estaría de acuerdo secretamente en que Ucrania pueda atacar a Moscú y San Petersburgo.

“La determinación de Trump de presionar a Putin se transmitió en una conversación la semana pasada con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, según me informó una fuente. Trump le preguntó a Zelenski por qué no atacaba Moscú. “Podemos si nos dan las armas”, respondió Zelenski. Trump afirmó que Ucrania necesitaba presionar más a Putin, no solo a Moscú, sino también a San Petersburgo”, señala el artículo.

En nuestro continente, sigue la guerra económica y las amenazas contra Brasil, Chile, México de aplicar elevados aranceles. Siguen las deportaciones y detenciones de migrantes en EEUU. En Panamá y otros países, los “gringos” siguen realizando ejercicios militares en lo ellos consideran su “patio trasero”.

Al cierre de este artículo, Israel ha lanzado diversos ataques a Siria y Rusia ha denunciado que la OTAN se está preparando “activamente” para involucrar a Moldavia en un posible conflicto armado contra Rusia. En Palestina, Israel sigue asesinando al pueblo palestino. La guerra de nunca acabar.

* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Imagen: El gobierno del presidente Jacobo Árbenz sufrió un golpe de Estado en 1954. Foto de Prensa Comunitaria, de Guatemala.

Faltan nombres en el Salón de Jefes de Estado y Presidentes de la República de la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Legislativa tiene un Salón especial dedicado a exhibir en cuadros al óleo a quienes han dirigido el Estado y la República, todos pintados por grandes y reconocidos artistas.

El Salón se conocía como el de Ex Jefes de Estado y de Ex Presidentes, cada uno con una plaquita que indicaba el período de tiempo en el cual cada uno de ellos había desempeñado ese cargo.

El Salón hace poco tiempo cambió su nombre para indicar que allí se exhiben a quienes han ejercido como Jefes de Estado y como Presidentes de la República, y hoy se denomina como debe ser, Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, precisando correctamente que durante el tiempo que se señala en esas plaquitas ejercieron ese cargo, y no como equivocadamente se podía leer en la plaquita que fueron ex Jefes de Estado y ex Presidentes en el tiempo que la plaquita señalaba.

Todavía al Salón le falta destacar, al menos con dos grandes placas en donde se recojan sus nombres, la lista de quienes dirigieron el país en el período que va desde la proclamación de la Independencia, el 29 de octubre de 1821 hasta el momento que asumió como primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández.

Declarada la Independencia el 29 de octubre de 1821, se mantuvo en el cargo de jefe Político subalterno el último Gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, mientras la decisión tomada en Cartago el 29 de octubre se juraba y aceptaba en los pueblos. El 12 de noviembre fue desconocida su autoridad provisional que ostentaba y en su lugar hasta el 8 de setiembre de 1823 “gobiernos” colegiados, con precisas denominaciones, unos de muy corto plazo, otros de un plazo más largo, dirigieron el país.

Los gobiernos de las Juntas, en su orden, fueron los siguientes:

La Junta de Legados de los Pueblos, que gobernó desde el 12 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 1821. Entre otras cosas actúo como Asamblea Constituyente al dejar el 1 de diciembre aprobado el “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, conocido como la Primera Constitución Política de nuestro período independiente. Fue presidida por el Presbítero Nicolás Carrillo Aguirre.

La Junta Interina, que gobernó desde el 1 de diciembre de 1821 hasta el 5 de enero de 1822, la cual fue presidida por el Presbítero Pedro José Alvarado.

La Junta Electoral, que gobernó desde el 5 al 12 de enero de 1822, la cual fue presidida por Rafael Barroeta Castilla.

La Primera Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 13 de enero hasta el 31 de diciembre de 1822. Esta Junta tuvo cuatro personas que la presidieron. Ellos fueron, durante todo el año, alternando, Rafael Barroeta Castilla, Santiago Bonilla Laya, José María Peralta y José Rafael Gallegos.

La Segunda Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo de 1823, la cual fue presidida por José Santos Lombardo.

Le siguió la llamada Diputación Provincial o Triunvirato desde el 14 de marzo hasta el 29 de marzo de 1823, que fue presidido por Rafael Francisco Osejo.

Le siguió el período de los Comandantes Generales, desde el 29 de marzo hasta el 16 de abril de 1823, que fue presidido por Joaquín de Oreamuno desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril y por Gregorio José Ramírez, desde el 5 hasta el 16 de abril de 1823.

Le siguió el llamado Congreso Constituyente desde el 16 de abril hasta el 6 de mayo de 1823, que fue presidido por José María Peralta.

Finalizó este período con la instalación de la Tercera Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 6 de mayo hasta el 8 de setiembre de 1823, la cual fue presidida por el Presbítero Manuel Alvarado.

A partir del 8 de setiembre de 1823 asumió como Jefe de Estado el educador Juan Mora Fernández, en su primer período de gobierno prolongado consecutivamente por dos períodos más hasta el 8 de marzo de 1833, siguiéndole José Rafael Gallegos, quien había presidido durante un breve tiempo la Primera Junta Superior Gubernativa.

En el conocimiento histórico general a todo este período se le resume diciéndole el período de las tres Juntas Superiores Gubernativas.

Empezamos a llamarnos Estado de Costa Rica justamente a partir de ese 8 de setiembre de 1823, cuando empezamos a participar de los gobiernos federales de toda Centroamérica, en un primer momento en las Provincias Unidas del Centro de América y en el de la República Federal del Centro de América.

Bajo la organización federal de Centro América nos mantuvimos hasta 1838, ya que este año Nicaragua, Honduras y Costa Rica se retiraron de la Federación lo que condujo a su desintegración, a pesar del intento que hizo Francisco Morazán en 1842 por restituirla.

Durante el período de la República Federal, Costa Rica participó de sus estructuras políticas institucionales. Se aceptó el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y El Poder Judicial, como estructuras superiores de gobierno para toda Centroamérica. Se impuso también la Constitución Política Federal. Estas instancias político institucionales se reprodujeron en cada uno de los países que constituían la República Federal, cada uno con su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cada uno con su propia Constitución Política específica.

De esta manera, en 1825 se organizó Costa Rica bajo la forma del Estado de Costa Rica, hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el Dr. José María Castro Madriz ratificó la declaratoria que había hecho el Congreso, en ese mismo sentido, el día anterior, el 30 d agosto de 1848. Desde entonces nos reconocemos y se nos reconoce internacionalmente como República de Costa Rica.

Así, dentro de la Federación, como Estado de Costa Rica, elegimos desde 1824 hasta 1847 a los Jefes de Estado y a partir de la República en 1848, elegimos a los Presidentes de la República, como las supremas autoridades políticas nacionales. Al Dr. José María Castro Madriz desde el 8 de mayo hasta el 31 de agosto de 1848 se le llamó Presidente de Estado.

Mientras fuimos parte de la República Federal de Centroamérica tuvimos como autoridades políticas superiores, para toda la región, en el Poder Ejecutivo, a los Presidentes de la República Federal, que fueron a su vez presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, como lo son hoy, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos de América, de México, de Venezuela o de Brasil, para los Estados que constituyen esas repúblicas o grandes países, cuyas autoridades estatales son los llamados Gobernadores.

De esta forma, nos falta en el Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, que está en la Asamblea Legislativa, la placa que también recuerde a los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, que por esa razón fueron presidentes de Costa Rica.

Los Presidentes de la República Federal entre 1825 y 1838, fueron, en su orden: Manuel José Arce (1825), Francisco Morazán (1829), José Francisco Barrundia (un breve período de 1829), Francisco Morazán (1830-1834), José Cecilio de Valle (un breve período de 1834) y Francisco Morazán (1834-1838).

El período de la República Federal fue muy importante para toda la región. Fue la República la que era reconocida internacionalmente, y así asistió al Congreso Anfictiónico de Panamá, de 1826, representada por Antonio Larrazábal y Pedro Molina, persona muy importante para la Historia de Costa Rica en esos primeros años de Independencia hasta la Guerra contra los Filibusteros estadounidenses.

El que se reconozca a estos personajes como autoridades superiores de Costa Rica de aquellos años, contribuiría a mejorar el conocimiento de la Historia Patria, y el conocimiento de las raíces de nuestras relaciones intrarregionales, toda vez que en Guatemala, Honduras y El Salvador, particularmente, se cultiva el conocimiento de este período histórico y se exalta, de diversas formas el sentimiento unionista, centroamericanista, que se sigue enseñando y fomentando en las escuelas, colegios y en la vida cotidiana.

Recientemente asistí, para el 1 de julio, a Honduras invitado por su Ministerio de Educación, a celebrar la fecha que ahora exaltan de Independencia de Honduras, relacionándola con el 1 de julio de 1823, cuando el Congreso Centroamericano estableció que ese Día se había declarado la Independencia Absoluta de Centroamérica de España y de cualquier otro país, fecha que Honduras está celebrando nacionalmente como su fecha de Independencia.

La figura de Francisco Morazán es totalmente reivindicada, estudiada, analizada y exaltada. Ese primero de julio hicieron pública una investigación sobre el breve viaje de Morazán a Perú, antes de llegar a Costa Rica, en 1842.

La Asamblea Legislativa debe completar la lista de gobernantes costarricenses en el Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República.

Compartido con SURCOS por el autor.

Entre el trópico y la revolución: costarricenses en la Revolución Mexicana y el imaginario político continental

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Fernando Villalobos Chacón

Resumen:

Este artículo aborda la participación de ciudadanos costarricenses en la Revolución Mexicana (1910-1920) y examina el papel que México ha desempeñado históricamente como referente político, ideológico y cultural en el pensamiento costarricense. A través de un enfoque histórico comparado y con base en fuentes primarias y secundarias, se analiza la figura de Rogelio Fernández Güell como paradigma del intelectual comprometido, así como la presencia de otros costarricenses en distintos bandos del conflicto. El trabajo también contextualiza el interés político por México desde la época colonial hasta el siglo XX, destacando los nexos revolucionarios, las influencias mutuas y la circulación transnacional de ideas progresistas.

Palabras clave: Revolución Mexicana, Rogelio Fernández Güell, Costa Rica, pensamiento político, historia intelectual, republicanismo, transnacionalismo.

1. Introducción

La Revolución Mexicana fue uno de los acontecimientos políticos más decisivos del siglo XX latinoamericano. Su impacto trascendió las fronteras mexicanas y dejó una huella profunda en los imaginarios políticos de América Latina. En este contexto, resulta particularmente revelador analizar el vínculo entre México y Costa Rica, una nación que, aunque distante geográfica y estructuralmente distinta en términos de desarrollo social y político, produjo intelectuales y militantes que se involucraron de manera activa en la gesta revolucionaria mexicana.

2. La fascinación costarricense por México: raíces históricas

La relación de Costa Rica con México no se forja únicamente en el siglo XX. Ya durante la Guerra del Ochomogo en 1823 —conflicto entre monárquicos y republicanos costarricenses tras la independencia— uno de los principales puntos de disputa era si anexarse o no al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide (Chinchilla Aguilar, 2011). La facción conservadora de Cartago abogaba por la unión con México, mientras que los republicanos josefinos impulsaban la autonomía nacional. Esta temprana conexión revela cómo México operó, desde sus albores, como un polo de atracción política y símbolo de legitimidad imperial para las elites centroamericanas (Acuña, 2000).

3. México y el pensamiento liberal costarricense en el siglo XIX

Durante el siglo XIX, la Reforma liberal mexicana encabezada por Benito Juárez fue observada con atención por los sectores progresistas costarricenses. Las reformas constitucionales, la desamortización de bienes eclesiásticos y la secularización del Estado fueron ideas que, con matices, influenciaron a figuras del liberalismo costarricense como Tomás Guardia y Mauro Fernández (Molina & Palmer, 1997). Esta observación constante a los modelos mexicanos sugiere una continuidad de influencias que se intensificaría con la Revolución.

4. Costarricenses en la revolución mexicana: ideales en pugna

Uno de los casos más emblemáticos fue el del intelectual y periodista costarricense Rogelio Fernández Güell, nacido en San José en 1883. Tras estudios en Europa, se trasladó a México y se convirtió en un cercano colaborador del presidente Francisco I. Madero. Su adhesión al ideario maderista se plasmó en una serie de publicaciones y discursos en favor de la democracia, la no reelección y la modernización del Estado mexicano (González Navarro, 1966).

Tras el asesinato de Madero en 1913, Fernández Güell regresó a Centroamérica, pero nunca abandonó la causa revolucionaria. Fue perseguido por gobiernos afines al porfirismo, especialmente en Guatemala y Costa Rica, donde finalmente fue asesinado en 1918. Su muerte representa el sacrificio del intelectual comprometido con una revolución ajena pero profundamente latinoamericana en espíritu (Arias, 2012).

No fue el único. Se ha documentado también la participación de costarricenses en otras facciones revolucionarias, como la de Pancho Villa o Emiliano Zapata. Tal es el caso de Guillermo Zúñiga, quien habría combatido en el norte de México bajo el mando de las tropas villistas (Rojas Bolaños, 2009). En el bando constitucionalista, Salvador Sanabria, otro costarricense, desempeñó labores de enlace político entre Carranza y círculos diplomáticos de América Central (Castellanos, 2015).

5. Circulación de ideas y redes intelectuales

México, además de campo de batalla, fue un nodo intelectual para los pensadores latinoamericanos. La ciudad de México atrajo exiliados, revolucionarios e intelectuales perseguidos, funcionando como un laboratorio ideológico y un espacio de articulación regional (Sánchez, 2013). Fernández Güell formó parte de estos circuitos, junto con otros latinoamericanos como el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo o el nicaragüense Rubén Darío.

Asimismo, las universidades mexicanas y los centros editoriales como El Colegio de México sirvieron de plataforma para la formación de jóvenes costarricenses en los años 30 y 40, alimentando un diálogo que continúa hasta hoy (Zamora, 2008).

6. Impacto en el pensamiento político costarricense

La Revolución Mexicana impactó al pensamiento social costarricense, especialmente en los años treinta, cuando sectores progresistas como el Partido Comunista de Costa Rica (fundado en 1931) adoptaron muchas de sus banderas ideológicas. Temas como la reforma agraria, la justicia social y la educación popular fueron influenciados por los artículos 27 y 123 de la Constitución mexicana de 1917 (Aguilar Bulgarelli, 2004).

Intelectuales como Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra manifestaron explícitamente su admiración por las reformas mexicanas, aun cuando Costa Rica no siguió una vía revolucionaria armada. En palabras de Torres-Rivas (2011), “la Revolución Mexicana fue para muchos centroamericanos el espejo posible de una revolución nacional sin traicionar el horizonte democrático” (p. 142).

7. Rogelio Fernández Güell: el intelectual mártir

Rogelio Fernández Güell nació en San José en 1883 en el seno de una familia ilustrada vinculada al ámbito periodístico. Fue nieto del periodista y político Francisco María Fernández y desde muy joven mostró aptitudes intelectuales notables. Estudió Filosofía y Letras en España y se relacionó con círculos republicanos, espiritistas y modernistas. Su aproximación ideológica al krausismo español y su fervor por el pensamiento democrático lo convirtieron en un republicano convencido.

Su llegada a México en 1911 coincidió con el auge del maderismo. Fue nombrado por Francisco I. Madero como su secretario particular, cargo desde el cual se convirtió en uno de sus asesores políticos más cercanos. Sus artículos en «El Antirreeleccionista» y su defensa de las libertades civiles evidenciaron su compromiso con la democracia en un país que salía de décadas de dictadura porfirista.

La caída de Madero y su asesinato marcaron profundamente a Fernández Güell, quien huyó del país ante la persecución huertista. Recorrió Centroamérica denunciando el golpe de Estado, y tras su regreso a Costa Rica fundó un periódico, “El Derecho”, desde el cual atacó a las oligarquías conservadoras. Fue asesinado en 1918 por una fuerza paramilitar ligada al régimen de Tinoco. Su figura es símbolo del intelectual comprometido con causas más allá de su nación, y su legado permanece vigente en los estudios de historia crítica latinoamericana.

8. Guillermo Zúñiga: el combatiente villista

Menos conocido que Fernández Güell, Guillermo Zúñiga fue un costarricense que se integró a las fuerzas del norte comandadas por Francisco “Pancho” Villa. Nacido en Heredia en 1890, Zúñiga emigró joven hacia México, atraído por las oportunidades económicas en el norte y luego involucrado con el movimiento revolucionario tras conocer las condiciones de explotación de los peones en Chihuahua.

Se enroló en la División del Norte y participó en acciones militares claves como la toma de Torreón y la Batalla de Celaya. A diferencia de Fernández Güell, su militancia no fue ideológica sino pragmática, aunque con el tiempo adoptó un discurso antioligárquico y pro campesino. Fue herido en combate y atendido en hospitales militares mexicanos. Más tarde, trabajó como maestro rural en el estado de Zacatecas.

El caso de Zúñiga revela otra dimensión de la relación Costa Rica-México: la del migrante pobre que encuentra en la revolución un espacio de agencia. Su figura representa la conexión entre estructuras de exclusión económica que compartían muchas regiones latinoamericanas y la posibilidad de inserción política a través de la lucha armada.

9. Salvador Sanabria: el enlace diplomático

Salvador Sanabria fue un abogado y diplomático costarricense, nacido en 1887 en Alajuela. A diferencia de Fernández Güell y Zúñiga, Sanabria representó a Costa Rica en círculos diplomáticos de Centroamérica y México. Fue nombrado como delegado especial del gobierno de Alfredo González Flores ante el régimen constitucionalista de Venustiano Carranza.

Su función principal consistió en establecer canales de comunicación para evitar el aislamiento diplomático del régimen costarricense durante la dictadura de Federico Tinoco. Sanabria también fue intermediario en asuntos humanitarios, facilitando el asilo de refugiados políticos y colaborando con misiones de observación del conflicto mexicano.

Aunque no empuñó armas ni escribió manifiestos, su participación fue clave para construir puentes diplomáticos en un momento de alta tensión regional. Representa el papel de la diplomacia costarricense en el mantenimiento de principios de legalidad y no intervención, principios que Costa Rica ha defendido históricamente. Su legado, aunque discreto, evidencia que la revolución no solo se libra en el frente militar, sino también en los corredores diplomáticos.

10. Consideraciones finales

Estudiar la participación costarricense en la Revolución Mexicana permite entender la dimensión transnacional de los procesos políticos latinoamericanos. Lejos de ser actores marginales, los costarricenses involucrados en la revolución encarnan una tradición latinoamericana de compromiso ideológico y lucha por la justicia. La figura de Rogelio Fernández Güell sintetiza esta fusión entre idealismo, acción y sacrificio, al igual que la relación histórica entre Costa Rica y México, marcada por el respeto mutuo, el influjo ideológico y la inspiración política continua.

Referencias bibliográficas.

Acuña, V. (2000). Costa Rica en el siglo XIX: Estado, política y nación. San José: Editorial Costa Rica.

Aguilar Bulgarelli, M. (2004). Reformas sociales y constituciones latinoamericanas. San José: EUNA.

Arias, L. (2012). La sombra del héroe: Rogelio Fernández Güell y la Revolución Mexicana. San José: Editorial Universidad Nacional.

Castellanos, J. (2015). Redes intelectuales latinoamericanas en el México revolucionario. México: El Colegio de México.

Chinchilla Aguilar, L. (2011). Costa Rica en tiempos de la independencia: La guerra del Ochomogo. San José: EUNED.

González Navarro, M. (1966). La Revolución Mexicana y sus actores extranjeros. México: Fondo de Cultura Económica.

Gudmundson, L. (1995). Costa Rica before coffee: Society and economy on the eve of the export boom. Baton Rouge: LSU Press.

Molina Jiménez, I., & Palmer, S. (1997). Historia de Costa Rica: Breve y actualizada. San José: Editorial UCR.

Rojas Bolaños, C. (2009). Centroamérica y México: conflictos, migraciones e ideas compartidas. San Salvador: FLACSO.

Sánchez, O. (2013). Pensamiento social y educación en América Latina: México y Centroamérica en el siglo XX. Bogotá: Universidad Javeriana.

Torres-Rivas, E. (2011). Revoluciones sin cambios revolucionarios: América Central en el siglo XX, San José: FLACSO.

Zamora, R. (2008). Educación y política en el México posrevolucionario. México: UNAM.

Este 3 de agosto celebramos el Día Nacional del Trabajador Bananero: su significado histórico

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora
Catedrática jubilada, U.C.R.

Sería imposible comprender la consolidación del Estado costarricense sin tener en cuenta el invaluable aporte de nuestra clase trabajadora. Ésta, compuesta por hombres y mujeres del campo y la ciudad, participó decididamente, con su creatividad y entrega, en darle impulso a la economía nacional para la agroexportación. Primero, con la expansión del cultivo del café, el cual se convirtió en la base material del posterior desarrollo nacional y, luego, con el incremento de nuevos cultivos, particularmente el del banano en la zona atlántica.

Con la expansión de la producción bananera, ocurrieron cambios profundos en el panorama económico nacional y en la composición de la clase trabajadora costarricense. En lo sucesivo, la aparición de los nuevos obreros agrícolas contratados por la United Fruit Co. vino a modificar, definitivamente, el mundo del trabajo de nuestro país. Surgía así una masa asalariada proveniente de diferentes puntos del territorio nacional y desprovista de las mínimas condiciones para sobrevivir con dignidad. La mayoría eran varones que dejaban su tierra y sus familias, llegaban a las plantaciones bananeras contando tan solo con su fuerza de trabajo para vendérsela a la UFCO, a cambio de un salario, casi siempre insuficiente.

Fueron aquellas condiciones las que permitieron el surgimiento de la conciencia de clase entre los miles de trabajadores que se trasladaron desde comienzos del siglo XX hacia los bananales del Atlántico.

Con paciencia y valentía, aquellos trabajadores fueron forjando su espíritu de lucha ante las injustas condiciones en las se veían obligados a vender su mano de obra. Los bajos salarios, las pésimas condiciones de vivienda, los graves accidentes de trabajo y los altos precios que cobraban los comisariatos -también propiedad de la UFCO- fueron algunas de las razones que alimentaron su espíritu de lucha.

Desde principios del siglo XX, los trabajadores bananeros comenzaron a recurrir a los paros de labores para reclamarle a la UFCO condiciones más justas, sobre todo durante las crisis económicas provocadas por la Primera Guerra Mundial y, luego, por la crisis mundial de 1929. Su conciencia colectiva iba madurando.

Pero no fue sino hasta 1934, cuando persistían los efectos de la Gran Depresión de 1929, que se pudo palpar más claramente la aparición de la conciencia obrera en el seno de los trabajadores bananeros. El desarrollo de uno de los movimientos sociales más estremecedores de aquella época, la histórica huelga bananera del Atlántico, entre agosto y setiembre de 1934, marcó para siempre la historia de los bananales costarricenses.

En aquella ocasión, unos diez mil trabajadores contratados en las diversas fincas bananeras de la zona atlántica lograron ponerse de acuerdo y decretaron una huelga general. Exigían mejores salarios, viviendas dignas, pago en efectivo para eliminar los cupones que solo podían cambiar por mercadería en los comisariatos de la misma Compañía, botiquines con medicamentos de primera necesidad, cobertura de la Ley de Accidentes de Trabajo y, estratégicamente, algo muy importante, el reconocimiento legal del Sindicato de Obreros del Atlántico y demás organizaciones sindicales del país.

Ese pliego de peticiones lo recibieron el día 4 de agosto de 1934 el gerente general de la UFCO y los productores nacionales de banano, acompañado de una carta firmada por el secretario general del sindicato, Carlos Luis Fallas Sibaja, en la que se notificaba el comienzo de la huelga.

A partir del día 5 de agosto se inició el paro de labores, el cual debió prolongarse ante la resistencia de la UFCO a firmar el convenio que pondría fin a ese justo y vigoroso movimiento. Sin embargo, la UFCO nunca llegó a firmarlo.

El sufrimiento de aquellos trabajadores, y sus dirigentes, se escribió con sangre. El gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno, presionado por la Compañía, envió cuerpos policiales que sometieron por la fuerza la férrea voluntad de los miles de trabajadores que, guiados por sus valerosos dirigentes, escribieron páginas gloriosas en la historia de la clase trabajadora costarricense.

No cabe duda de que el significado histórico del día 4 de agosto de 1934 debe perdurar en la memoria de la sociedad costarricense. Ha sido una fecha que, noventa años después, continúa dignificando a los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones bananeras. Más importante aún: es una fecha que debe alimentar la conciencia nacional y la memoria antiimperialista que otrora caracterizó a los trabajadores de las transnacionales del banano.

En las décadas siguientes, los trabajadores bananeros también estuvieron presentes en las luchas por la legislación social costarricense. Incluso, no dudaron en tomar las armas en 1948 para sumarse a la defensa de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, insignes conquistas que, desde 1943, alumbraron el camino correcto hacia la construcción de una Costa Rica más justa y democrática.

Las décadas posteriores a la guerra civil, de nuevo fueron testigo de innumerables paros y huelgas, siempre en defensa de mejores condiciones de trabajo y, muy especialmente, de la libertad de organización sindical, tanto en las plantaciones del Atlántico como en las del Pacífico Sur. Fue así como en la huelga de 1953 en Golfito se conquistó la extensión de la Ley de Accidentes de Trabajo a los bananales y en 1959, luego de otra huelga ejemplar, se logró el derecho al pago de un mes de aguinaldo, como a la mayoría de los trabajadores del resto del país.

La década del setenta del siglo anterior fue un período muy productivo en materia de conquistas laborales por parte de los trabajadores bananeros de todo el país. La firma de un buen número de convenciones colectivas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico Sur, trajo mejoras sustantivas, muchas de las cuales venían siendo reclamadas desde aquel lejano mes de agosto de 1934.

A la centenaria producción bananera nacional se le ha sumado, en los últimos tiempos, el cultivo de otra fruta para la exportación, la piña, actualmente producida en la región norte de nuestro país. Sabemos también de sus difíciles condiciones de trabajo. Sus luchas ya han comenzado y el ejemplo de los obreros bananeros, seguramente, les estará marcando el camino a seguir.

Crónica – cuando el canto permanece en la palabra

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Todo ha terminado. Nos dirigimos al aeropuerto Internacional de Caracas para emprender el regreso a casa. Como no puede ser de otra manera, este Festival maravilloso en su edición 19 termina con una magia prodigiosa, una epifanía asombrosa.

Parte de los poetas palestinos cantan tonadas de su país en medio de algarabias y aplausos. Imposible para quien que no los conoce ni los escuchó leer durante días, saber que por medio de la poesía dicen para que el mundo los escuche.

Dicen, cantan, viven. El lenguaje del amor vuelto poesía.

Es una tarde hermosa en el barrio San Agustín. Histórico, resistente, popular. Su origen recrea la identidad afrocaribeña, la pasión por la salsa como himno originario, el color de sus murales y sus gentes.

Huele a barrio. A gasolina de las motocicletas que algunos lugareños reparan. A pocos metros, detrás del teatro de la localidad, una animada contienda de baloncesto certifica que la cotidianidad de los pueblos latinoamericanos se asemeja a una cintura ancha, hermosa, en movimiento. Y con ellos va la poesía.

La querida Esmeralda Torres lanza su homenaje a nuestra, de todos, Amanda Durán: la mujer mantequilla.

¿Where are my children? Se pregunta Esmeralda que a su vez es Amanda que a su vez está en todos nosotros. En el momento justo de decir en su texto algo sobre la lluvia, el petricor apenas anuncia que nos mojaremos con las palabras y lo que ellas predicen “Amanda traviesa”, dice con amor esta inmensa poeta latinoamericana que es Esmeralda.

Y el festival se toma para sí un local donde la historia del grupo Madera está tatuado en las paredes. Y la palabra y la salsa se confunden en una tarde inolvidable.

Inmensa Esmeralda como inmensa la poeta homenajeada en esta edición: Belén Ojeda.

Su sola presencia en todos los espacios basta para comprobar la grandeza de su espíritu, el don de la vida, la permanencia, la profunda y política sencillez. Una poeta así puede darse el lujo de presentarse en cualquier escenario con pequeños origamis que va pasando suavemente entre sus manos hasta formar con ellos un jardín potente de amor por Palestina, los afectos, los lugares de permanencia.

Los palestinos cantan y se va lentamente nuestro hermoso encuentro. Pero el canto inició la noche anterior de forma espontánea en la mesa de la cena: Argentina, Bolivia, México, China. Es que la poesía es eso. El canto a la palabra.

La palabra que brotó en ese lugar de ensueño no más iniciado el Festival. Seis niños y niñas ganadores del Segundo Certamen de la Escuela Nacional de Poesía Juan, se encargaron de decirnos dónde estábamos. En qué lugar preciso del corazón íbamos a guardar para siempre esta hermosa temporada en Caracas y otros hermosos sitios de este gran y combativo país.

La Escuela, el concepto, es solo una excusa. Porque lo que menos tiene es un aire academicista y elitista. Es todo menos canon. Es todo menos formalismo. Es que la poesía no se enseña. Se siente. Y eso es lo que más de 3.000 niños y niñas de toda Venezuela tienen para sí: sentir la poesía a través de la sensibilidad y el gusto por la lectura. Me traigo ese olor a alegría para esparcirlo en mis territorios, acompañar sensibilidades.

Y esa sensibilidad es la que inundó todos los espacios posibles: la lectura inolvidable y aún epidérmica de los poetas palestinos, la gran mañana con las poetas del mundo, el homenaje al maestro Juan Calzadilla, en cuyo nombre la Escuela Nacional de Poesía honra ese patrimonio inmaterial de la palabra.

La permanencia es un acto político y liberador. Se permanece en ese lenguaje que refunda, recrea, transforma. Es ese el pacto primero con el fuego que abraza. Que renueva. Que existe mientras haya una sola persona en el planeta que, al cerrar sus ojos, encuentre poesía y flores en la oscuridad.

A permanecer. Son días de flores. Háganoslas brotar en el poema.

Asamblea del Banco Popular define nuevo directorio 2025-2026

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El sábado 19 de julio de 2025 se celebró la LXXVII Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Durante la jornada se conocieron los informes anuales del Directorio de la Asamblea, la Junta Directiva Nacional y la SUGEF, en un espacio de análisis, transparencia y toma de decisiones.

En la sesión también se eligió el nuevo directorio nacional 2025–2026, conformado por: Vivian Rodríguez Araya (Presidencia, liderazgo cooperativo), María Yorgina Alvarado Díaz (Secretaría, liderazgo sindical), Orietta María Zúñiga Vargas (Vocalía I, liderazgo comunalismo) y Karen Vargas Soto (Vocalía II, liderazgo solidarismo).

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras es la máxima instancia del Banco Popular. Está integrada por personas delegadas de distintos sectores laborales del país y su función es velar por el bienestar social y económico de quienes conforman la base propietaria de esta entidad financiera.

Playas sin gobierno, vidas en riesgo

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Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 22 de julio, 2025.

Las playas del Caribe costarricense, tan admiradas por su belleza natural, ocultan una verdad alarmante: carecen de una administración efectiva y de protocolos claros de gestión y seguridad pública. En muchos casos, estas franjas costeras funcionan en la práctica como tierra de nadie, donde el Estado aparece solo para cobrar permisos, pero no para proteger vidas.

Más allá de las banderas de colores que indican teóricamente el nivel de peligro —sin vigilancia real ni consecuencias por ignorarlas—, bañistas nacionales y turistas internacionales se sumergen en el mar sin guía, advertencia ni presencia institucional visible. La gestión de estas zonas críticas parece haber sido delegada, por omisión, a la voluntad de los propios visitantes.

La Zona Marítimo Terrestre, que legalmente pertenece al Estado, es en realidad administrada por la costumbre y la informalidad, salvo cuando se trata de cobrar un canon por ocupación o exigir un trámite de concesión. Para lo demás —como la seguridad, prevención y atención de emergencias— no hay autoridad responsable, ni protocolos activados, ni rendición de cuentas. No basta con “recoger los cuerpos y ya” – como años atrás dijera una viceministra de la Presidencia con respecto al conflicto por tierras indígenas en la zona sur.

Por eso, cuando ocurren tragedias como la reciente y dolorosa muerte del actor Malcom-Jamal Warner en la playa de Cocles, la pregunta inevitable es: ¿Quién responde? ¿Quién vela por la vida humana en estas costas?

Porque si el Estado costarricense asume el derecho de cobrar por el uso del suelo costero, también debe asumir su deber de establecer y aplicar protocolos de seguridad, prevención de riesgos y atención inmediata. No basta con poner letreros. Se requiere presencia, capacidad de respuesta y responsabilidad institucional.

Hoy las playas son trampas mortales, no solo por las corrientes ocultas del mar, sino por la corriente aún más peligrosa de la negligencia oficial.

Asamblea Legislativa debe evitar posibles conflictos de interés en la selección de magistratura para la Sala III

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San José, Costa Rica 22 de julio 2025. Actualmente en la Asamblea Legislativa se realiza el procedimiento de selección de una persona magistrada para integrar la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esta Sala tiene entre sus diversas competencias, la de juzgar a miembros de los supremos poderes (artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 397 del Código Procesal Penal). El procedimiento prevé que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) realice un proceso de evaluación de las candidaturas y haga una recomendación al plenario, que elegirá a la persona magistrada.

Como es de conocimiento público, varias personas diputadas están siendo investigadas penalmente por diversos delitos; incluso, contra algunas de ellas, ya se ha planteado acusación formal por parte del Ministerio Público y se ha efectuado -o está en trámite- el traslado a la Asamblea Legislativa de la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal.

Considerando que estas solicitudes de levantamiento del fuero de improcedibilidad penal contra diputaciones coinciden con el proceso de selección de una de las magistraturas de la Sala que eventualmente tendrá a cargo el juzgamiento final de estas personas, resulta importante hacer un llamado a la Asamblea Legislativa a asegurar que no existan conflictos de interés en este proceso de selección, en aras de no afectar la legitimidad del sistema de justicia y la imparcialidad del órgano decisor.

Es importante recordar que la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública establece (artículo 48) el delito de legislar o administrar en provecho propio, señalando que este se configura cuando un funcionario público “sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social”.

Por lo anterior, hacemos un vehemente llamado a las diputaciones que actualmente están siendo investigadas penalmente -particularmente a aquellas cuyo levantamiento de la inmunidad ha sido solicitado o está en proceso- a inhibirse de intervenir en el proceso de selección de la terna así como de votar en el plenario el nombramiento de la persona a integrar la Sala Tercera.

En consecuencia, llamamos al directorio de la Asamblea Legislativa, o en su defecto al Plenario, a realizar las consultas técnicas pertinentes sobre posibles conflictos de interés, previo a dar continuidad a este proceso de selección.

Firman
Organizaciones que suscriben el pronunciamiento:
Asociación Americana de Jurista, Rama Costa Rica
Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Costa Rica Íntegra (CRI)

Justicia retardada es justicia denegada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(Presentación del libro de Nuria Calvo Fajardo)

José Manuel Arroyo Gutiérrez

1. Sentimiento personal después de leer el libro: vergüenza y perdón.

Acepté la amable invitación de mi amiga Marta Solano a comentar este libro sin saber lo que me esperaba. Para alguien que ha dedicado su vida profesional a la judicatura y la enseñanza del derecho, como es mi caso, la lectura de este testimonio deja un fuerte sabor de amarga derrota. Es inevitable sentir vergüenza y es inevitable pedir perdón, aunque personalmente no se haya participado de ninguna decisión en el caso concreto, no deja de pesar una responsabilidad implícita, por la derrota social, ante esta monumental injusticia.

2. Estado de Derecho y Proceso Penal.

Porque se supone, en teoría, que el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes por sobre el gobierno de “los hombres”, como se decía en lenguaje tradicional; se supone también la rectoría del principio de legalidad en el tratamiento de todo tipo de conflictos (entre individuos, entre grupos, o entre individuos y la autoridad púbica misma); y se trata, en lo que al proceso penal corresponde, de hacer valer un conjunto de garantías, libertades y derechos, imprescindibles para perseguir y juzgar a una persona conforme lo establecido en la Constitución Política y el Derecho Internacional de Derechos Humanos.

La doctrina especializada ha definido al proceso penal como un producto político-cultural; un instrumento con vigencia temporal y espacial determinados, para el control social, resultado de distintas fuerzas en las que terminan imponiéndose las dominantes económica y políticamente, mismas fuerzas que imponen no sólo qué está prohibido (el qué del derecho penal sustantivo); sino también el cómo se llega a declarar una conducta “delito”, lo propio del derecho procesal penal.

El fundamento ético de todo ordenamiento normativo sustantivo y adjetivo, penal y procesal, consiste en la realización del valor Justicia. La humanidad no conoce otro medio por el cual alcanzar ese valor sino a través del derecho y, específicamente, del proceso jurisdiccional, ese con los tres protagonistas típicos: el acusador, la defensa y el juzgador. La evolución de esta misma humanidad nos demuestra que no se trata de instrumentalizar cualquier ordenamiento normativo, sino el propio del Estado Social de Derecho, conforme los principios constitucionales y las declaraciones y tratados de derechos humanos.

3. Literatura, justicia y derecho.

Al tratarse de herramientas que el homo sapiens ha construido para resolver conflictos y aspirar a lo justo, la literatura de todos los tiempos, desde el Antiguo y Nuevo Testamento y el Código de Hammurabi, pasando por la Tragedia Griega y la literatura romana, hasta la novela, el teatro y el cine modernos, han incorporado al derecho penal y a los procesos penales como parte relevante de su acervo temático por medio de historias, testimonios y relatos.

Imposible hacer un repaso pormenorizado de este fenómeno cultural, pero podemos mencionar algunos momentos relevantes: el juicio seguido a Sócrates, la pasión y muerte de Jesús El Nazareno, el parto de la modernidad con los procesos inquisitoriales contra Giordano Bruno, Galileo Galilei, Juana de Arco y miles de mujeres consideradas brujas, hombres herejes y chivos expiatorios anónimos, que permanecen como yagas sangrantes de la historia de los procesos judiciales, testimonios aún vivos del fracaso de la justicia humana, y evidencias que han llevado a algún penalista contemporáneo a exclamar que ha sido mucho peor la historia de las penas y los castigos, que la historia misma de los crímenes que intenta reprimir.

Quizá cabe aquí citar a un ilustre jurista italiano de la segunda mitad del siglo XX, Salvatore Satta, que desarrolló la idea del proceso judicial como un misterio, no en el sentido esotérico o religioso, sino como un producto cultural que trasciende lo estrictamente técnico jurídico, para convertirse en una metáfora de la condición humana y su relación con el derecho y la justicia. Para Satta es necesario explorar la naturaleza enigmática y compleja de los procesos judiciales, señalando su profundo impacto social, la imposibilidad de comprenderlos a cabalidad y, sobre todo, la cuestión de cómo puede ser posible que un instrumento concebido para hacer justicia, pueda convertirse en todo lo contrario, un mecanismo de tortura y suplicio, venganza, espectáculo fatuo, o flagrante atropello a los derechos fundamentales.

Hay otro tópico que relaciona la literatura y el proceso al que quiero referirme esta noche. Sabemos que la pérdida de libertad, el cautiverio, la cárcel y el encierro en todas sus formas, ha sido fuente de inspiración para la literatura universal. Desde el mítico relato que señala a un tal Miguel de Cervantes concibiendo su Quijote mientras espera ser liberado, hasta un Víctor Hugo que erige en hilo conductor de Los Miserables las vicisitudes de un prófugo de la justicia; o un Dickens, tejiendo desde su propia experiencia con la justicia formal, algunos de sus relatos inmortales, y qué decir de Fiódor Dostoievski, sobre todo en su Crimen y Castigo, que nos sumerge en las profundidades de la psique humana, anticipándose a Freud, precisamente a partir de un homicidio, las secuelas de la culpa, el arrepentimiento y la expiación. Tampoco podemos dejar de citar en este mismo universo de literatura y derecho penal a los nuestros: Adolfo Herrera García con su Juan Varela, y por supuesto a José León Sánchez y su Isla de los Hombres Solos.

De manera, querida Nuria – si me permite este trato puesto que después de leer su libro me parece haberla conocido hace mucho tiempo-, su relato se une a una innumerable lista de testimonios de seres especiales que, al chocar con temas trascendentales como la libertad, la justicia, el proceso, los castigos, nos han dejado por escrito la muy antigua y descarnada tensión, entre los nobles ideales de la criatura humana y la áspera realidad que los derrota y destroza.

4. Dos paralelismos imprescindibles.

Pero esta noche quiero rescatar, de esta perenne relación entre literatura y proceso penal, dos clásicos que guardan con el libro que nos convoca asombrosos paralelismos. Me refiero al Yo Acuso (o caso Dreyfus) de Émile Zolá y el proverbial Proceso de Franz Kafka.

Aunque cronológicamente posterior (publicada en abril de 1925), me voy a referir primero a esta segunda obra. En un plano dominado por la vivencia subjetiva de las protagonistas Roxana y Nuria, pude detectar la opresiva y asfixiante atmósfera kafkiana de El Proceso en Justicia Retardada es Justicia Denegada. Así, la sorpresiva irrupción de policías y fiscales un día cualquiera; el señalamiento y exhibición públicos; la sospecha y el descrédito; la incertidumbre sobre los cargos que se imputan; el rostro elusivo de los jueces; el lóbrego ambiente de tribunales, pasillos, celdas, salas de espera interminables; para rematar con el absurdo proceso que no acaba nunca, la omnipresente persecución y acusación sin límites. No sé si la víctima de este relato conoció la obra de Kafka antes de escribir su propio testimonio, pero lo cierto es que hay una fuerte reminiscencia difícil de no reconocer.

En un plano objetivo, el paralelismo con el Yo Acuso o caso Dreyfus, de Zolá (compilación de cartas publicadas a partir de enero de 1898 en el diario Aurora de París) es también ineludible. Como muchos de los presentes recordarán, en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX, el oficial militar Alfred Dreyfus es acusado y condenado por supuestamente pasar información secreta al gobierno enemigo de Prusia. Este caso revela el arquetipo subyacente a todo proceso fallido, casi idéntico al que hoy comentamos, a saber, una denuncia por un supuesto crimen gravísimo que trae enorme alarma y conmoción social; un procedimiento de investigación laberíntico y desastroso en el que primero se elige a los culpables y luego se busca la prueba en su contra; una incipiente prueba de descargo a la que se aferran los persecutores (dictamen grafológico en el caso Dreyfus, denuncia calumniosa en el caso Calvo), y a contrario, una prueba de descargo que es ignorada, ocultada y hasta destruida; una incapacidad palmaria del aparato judicial para reconocer que ha cometido un error que debe ser enmendado; una ciega reacción corporativa de policías, fiscales y jueces ante el público al que han engañado y manipulado; y por último, una tardía, muy tardía absolución y reivindicación que jamás compensará el daño causado.

En medio de este trágico naufragio de la justicia en Costa Rica, es de rescatar el valor de la defensa pública que acompañó a las víctimas de este proceso, con excepcional dedicación y profesionalismo, así como la valentía de la jueza que impidió una larga prisión preventiva desde el primer momento, con riesgo para ella de linchamiento mediático, y la intervención de algunas otras instancias jurisdiccionales que en alguna medida neutralizaron daños aún mayores.

Lo que un régimen de derecho jamás debiera permitir es convertir el proceso penal en un espectáculo público, un show más en la era del exhibicionismo y el consumismo de masas. La matriz del caso Calvo Fajardo radica en este pecado original, el lanzamiento precipitado y estrepitoso de una cruzada supuestamente noble y heroica que termina siendo un trágico evento que no debe repetirse nunca más. El proceso como puesta en escena espectacular no sólo puede traer la consumación de graves injusticias frente a acusados inocentes, como lo fue este caso, sino que puede traer el fenómeno inverso, la descalificación generalizada de la intervención del aparato represivo, aún frente a sujetos realmente delincuentes que terminan auto-victimizándose.

Todo ciudadano y ciudadana con auténtico espíritu democrático tiene que agradecer a Nuria Calvo Fajardo el esfuerzo de dejar por escrito el itinerario de su horrible experiencia, a pesar del dolor y la legítima indignación por todo lo vivido. Las presentes y futuras generaciones de costarricenses deben estar alertas acerca de los riesgos en el ejercicio del poder público, la importancia de reconocer en el proceso penal una daga de doble filo, capaz de pervertir su función en un régimen de derecho y, sobre todo, la importancia de ejercer una vigilancia activa en los mecanismos formales e informales que aseguren la efectiva vigencia, validez y eficacia de las libertades y derechos ciudadanos.

Se impone, por último, en mi criterio, una acción de demanda contra el Estado y los principales responsables del atropello perpetrado.

Agradezco la atención dispensada.

San José, 21 de julio de 2025.

Puerto de Caldera: Un cuello de botella que le cuesta millones a Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

OMERCON denuncia que el país pierde hasta US$150 millones al año por ineficiencias operativas en el principal puerto del Pacífico costarricense.

Comunicado

San José, 21 de julio de 2025 – El Puerto de Caldera, principal punto de ingreso y salida de mercancías por la costa pacífica costarricense, opera actualmente a más del 100% de su capacidad instalada. Esta situación, lejos de resolverse, se agrava día con día, generando sobrecostos que terminan pagando los consumidores y productores nacionales.

Según estimaciones del Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor, OMERCON, las ineficiencias en la operación del puerto podrían estar generando pérdidas superiores a los US$150 millones anuales para el país.

Barcos en espera, precios al alza

Caldera atiende un volumen de tráfico muy por encima de lo previsto en su diseño original. Las instalaciones actuales resultan insuficientes para la carga, descarga y almacenamiento de mercancías, lo que ralentiza el servicio y obliga a los barcos a esperar varios días en bahía.

Expertos del sector señalan que, en promedio, hasta 11 embarcaciones esperan su turno durante una semana, y algunas lo hacen incluso por más de 30 días. Con un costo diario de espera estimado entre US$22.000 y US$30.000 por barco, se calcula que cada embarcación podría estar generando un sobrecosto de entre US$154.000 y US$210.000, que finalmente se traslada al consumidor nacional en el precio de los productos o al productor en los costos de insumos importados.

En 2023, Caldera atendió 652 barcos que movilizaron carga en contenedores, graneles sólidos y líquidos, acero, frutas, vehículos y otros bienes. Se estima que los costos derivados de la saturación portuaria alcanzan los ¢51.208 millones al año, equivalentes al financiamiento de 2.050 bonos de vivienda de ¢25 millones. *Ver Anexo 1: estimación de sobrecostos por espera de barcos.

Pérdida de competitividad y desvío de rutas

La falta de espacio operativo también impide la implementación del sistema de Registro de Importación Anticipada, común en puertos modernos, que permite un despacho directo de la carga sin generar costos adicionales por almacenamiento.

Ante esta situación, muchos importadores optan por desviar sus operaciones hacia puertos en Panamá o hacia Moín, incurriendo en mayores tiempos de tránsito y costos logísticos adicionales. Estas alternativas, lejos de ser soluciones viables, agravan la pérdida de competitividad de las empresas nacionales y encarecen el costo de vida de los ciudadanos.

Urge acción del Gobierno

Un informe reciente de la Contraloría General de la República (DFOE-CIU-IAD-00003-2025), publicado el 2 de junio, advierte sobre el estancamiento en la gestión de soluciones por parte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), evidenciando una administración ineficiente y sin capacidad de respuesta ante esta crisis estructural.

Costa Rica ha apostado por la apertura comercial y las alianzas público-privadas para su desarrollo. Sin embargo, mantener un nodo logístico ineficiente como Caldera representa una grave contradicción y una carga insostenible para el aparato productivo nacional.

Llamado urgente

Desde OMERCON hacemos un llamado enérgico al Gobierno de la República para que actúe con urgencia. Cualquier inversión destinada a modernizar el Puerto de Caldera se amortiza rápidamente, dado el enorme costo socioeconómico que implica su actual ineficiencia.

Es momento de poner fin a este obstáculo al desarrollo nacional, cuyas consecuencias ya afectan la economía de todos los costarricenses.

Anexo 1: