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Autor: María José Ferlini Cartín

V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO – aplazamiento

Declaración del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional

APLAZAMIENTO para los días 25 al 28 de enero del 2022

El Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, tras una consulta con todos sus miembros, ha tomado la decisión de aplazar para los días 25 al 28 de enero del año 2022 la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, que originalmente estaba prevista para el próximo 2021.

Los integrantes del Consejo Mundial reconocemos que el desastre provocado por la Pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto muy claramente la necesidad de trabajar por el equilibrio del mundo, la colaboración y la solidaridad internacionales, la equidad, el desarrollo sostenible, justicia social y la paz, lo que hace más oportuna que nunca antes la celebración de este cónclave que tiene el coauspicio de la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otras muchas instituciones. No obstante –vista la situación y las condiciones que prevalecen en la actualidad en la mayoría de los países, agobiados por una profunda crisis sanitaria, económica y social- un análisis frío y realista conduce necesariamente a la necesidad de aplazar un año la cita.

Esto permitirá contar con más tiempo para favorecer la asistencia al evento de muchísimos académicos, profesores e investigadores, promotores culturales, activistas sociales, representantes de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales y de otras instituciones de la sociedad civil, de todas partes del mundo, que han manifestado su interés en participar en este foro internacional, plural y humanista, que se realiza en La Habana, cada dos años en homenaje al gran pensador cubano, latinoamericano y universal José Martí.

Este evento internacional se efectuará en La Habana, Cuba. Salvo el cambio de fecha (ahora sería del 25 al 28 de enero del 2022), la convocatoria que oportunamente se libró para este evento mundial mantiene total vigencia.

La V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO tiene carácter plural y multidisciplinario, tiene el propósito de darle continuidad al Congreso Mundial de Humanidades efectuado en el 2017 en Lieja, Bélgica, y, entre otros temas cardinales abordará la importancia del diálogo y la diversidad cultural, el papel y los desafíos de los movimientos sociales, la lucha por la paz y el desarme nuclear, los riesgos y esperanzas de las nuevas tecnologías de la información, los ecosistemas y la necesidad de su preservación, las políticas culturales y la identidad nacional, el multilateralismo como mecanismo indispensable para el equilibrio mundial, las artes y las letras en la formación de una cultura de resistencia, el desarrollo sostenible y la equidad social, la educación y los derechos humanos en el siglo XXI, el combate contra la discriminación racial y por la igualdad de género, la diversidad religiosa, el ecumenismo y la espiritualidad, el problema global del narcotráfico, el papel actual de la juventud en los procesos de cambio, la construcción de una democracia participativa, y los aportes del pensamiento latinoamericano, desde Simón Bolívar y José Martí hasta nuestros días.

En correspondencia con la actual crisis mundial, hemos propuesto al Comité Organizador de esta V Conferencia Internacional, añadir en la agenda de discusión un nuevo punto que, de manera general, se ha titulado “Experiencias derivadas de la Pandemia del COVID-19”.

El propio Comité Organizador nos ha pedido dar a conocer que todas aquellas personas que ya se habían inscripto en el sitio web del evento (http://www.porelequilibriodel mundocuba.com) como ponentes o con el estatus de participantes en dicho cónclave mantienen todos sus derechos.

Llamamos a todas las personas de buena voluntad (intelectuales, educadores, artistas, escritores, periodistas, activistas sociales, miembros de organizaciones no gubernamentales, políticas, feministas, campesinas, juveniles y estudiantiles, sindicales, religiosas, científicas, ambientalistas…) a esforzarse por participar en este foro de pensamiento plural y multidisciplinario, a fin de convertirlo en un escenario para contribuir a sensibilizar a la opinión pública mundial en torno a la necesidad de crear una conciencia tangible contra los males que hoy aquejan a la Humanidad y ponen en riesgo la propia existencia de nuestra especie.

15 de julio del 2020
Consejo Mundial del
Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional

Integrantes del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional:

Federico Mayor Zaragoza (España), ex director general de la UNESCO; presidente de la Fundación Cultura de Paz.
Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz; destacado activista por los Derechos Humanos.
Ignacio Ramonet (Francia), analista internacional, escritor y periodista francés.
Frei Betto (Brasil), teólogo e intelectual; Premio Internacional José Martí UNESCO/2012
Carlos Bojórquez Urzáiz (México), intelectual, investigador y profesor; responsable del Consejo Científico de la Universidad José Martí de Latinoamérica, sede en Mérida, Yucatán.
Atilio Borón (Argentina), sociólogo y analista político; Premio Internacional José Martí UNESCO/2009.
Vittorio Di Cagno (Italia), jurista; Presidente de Honor de la Comisión Internacional de la Unión del Notariado Latino.
Miguel Ángel Candanedo (Panamá), filósofo, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Panamá.
Guillermo Castro Herrera (Panamá), especialista en estudios ambientales; Asesor de la Fundación Ciudad del Saber, Panamá.
Paul Estrade (Francia), Profesor Emérito de la Universidad de París VIII; Ex Presidente del Centro de Historia de las Antillas Hispánicas y de la Sociedad de amistad Francia-Cuba.
Pablo Guayasamín (Ecuador), Presidente Fundación Guayasamín.
Pablo González Casanova (México), intelectual; Ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Jean Lamore (Francia), profesor adjunto en la Universidad de Burdeos, Francia.
Luigi Lombardi Vallauri (Italia), destacado jurista y profesor.
Juan Marchena Fernández (España), profesor latinoamericanista y Coordinador del Centro de Estudios Avanzados para América Latina y el Caribe, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.
Mario Alberto Nájera Espinoza (México), filósofo, profesor en la Universidad de Guadalajara, México; y Coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas.
Raúl Pérez Torres (Ecuador), prestigioso escritor.
Max Puig (República Dominicana), intelectual y político; Ex Secretario de Estado de Trabajo de la República Dominicana.
Tony Raful (República Dominicana), poeta e historiador; Ex Secretario de Estado de Cultura de la República Dominicana.
Pedro Pablo Rodríguez López (Cuba), investigador titular del Centro de Estudios Martianos; Premio Nacional de Historia y de Ciencias Sociales de Cuba.
Luis Gomes Soromenho (Portugal), profesor universitario, economista y político.
Emilio Lambiase (Italia), profesor y activista social.
Francisco Galindo (España), promotor cultural y profesor adjunto de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Alicia Kirchner (Argentina), activista social y política; Ex Presidenta del Comité Intergubernamental del Programa MOST de la UNESCO.
Chung Kyung Won (Corea del Sur), catedrático en la Universidad de HANKUK; presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de esa institución de Seúl, Corea del Sur.
José Antonio Ruz Hernández (México), Rector de la Universidad Autónoma del Carmen, México.
Vivian Auffant (Puerto Rico), catedrática del Departamento de Literatura y Español de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico.
Jorge Cuellar Montoya (México), Rector de la Universidad José Martí de Latinoamérica, de Monterrey, México.
Eduardo Torres Cuevas (Cuba), historiador; Director de la Oficina del Programa Martiano y Presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Cuba
Francisco Beltrán Lloris (España), profesor de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, España.
Guillermo Daniel Ortega Reyes (Nicaragua), parlamentario; secretario de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Centroamericano.
Marjorie Jiménez Castro (Costa Rica), profesora de Filología y Lingüística en la Universidad de Costa Rica.
Peter Koenig (Suiza), economista y analista geopolítico.
Héctor Hernández Pardo (Cuba), profesor universitario; Coordinador Ejecutivo del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional.

 

*Imagen de cabecera: Clausura de la IV Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO

No todo es por el COVID-19

CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITALISMO

La situación en Costa Rica es producto de un orden económico caníbal que puede derivar en un régimen totalitario

Ricardo Segura Ballar*

El capitalismo caníbal no es consecuencia del Covid-19, es producto de cuarenta años de imposición de un modelo neoliberal que ha colocado a Costa Rica entre los países más desiguales del mundo, con porcentajes de pobreza, antes del Covid-19, del 21% y desempleo del 13%, que no han podido ser resueltos y que por el contrario venían aumentando, golpeando con mayor fuerza las regiones Brunca (sur) y Pacífico Central en cuanto a la pobreza.

Todo esto es producto de la sumisión de los gobiernos en ese lapso, desde la administración Monge Álvarez cuando se aprobó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), pasando por la administración Arias Sánchez, en la cual se aprobó el segundo Programa de Ajuste Estructural (PAE II), siguiendo con la administración Figueres Olsen, cuando se aprobó el tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III). En la segunda administración Arias Sánchez se aprobó el cuarto Programa de Ajuste Estructural (PAE IV): el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Todas esas políticas económicas, presionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron aprobadas en administraciones liberacionistas (PLN) y por supuesto apoyadas por otras fuerzas políticas como el socialcristianismo (PUSC) y las turecas de siempre. Estas políticas neoliberales han implicado lo que ya sabemos: reducción del papel del Estado y entregar las instituciones estatales rentables al mercado, abrir la economía a la globalización y el libre comercio, dejando a las élites financieras actuando por la libre. Todas esas políticas condujeron a la destrucción de los agricultores y de otros sectores económicos y productivos, generando otro frente, el trabajo informal que representaba, hacía unos meses, un 46% de la población económicamente activa. Eso fue lo que se sembró a lo largo de cuarenta años. No escapa a esta situación la administración Alvarado Quesada, que, con un falso discurso de “unidad nacional”, terminó entregando la conducción económica del país a personas que, fueron por mucho, responsables del desastre y a los empresarios que orbitan alrededor de la UCCAEP, lo que se puede interpretar como una completa claudicación. Y como dice el refrán popular, el que siembra vientos cosecha tempestades.

Como se mira, no tenemos que responsabilizar de todo lo que ocurre al fenómeno Covid-19. Ya venían ocurriendo situaciones muy complejas, delicadas, en el plano político-económico, todas orientadas a reducir el papel del Estado en materia social así como un ataque permanente a los trabajadores públicos. La aprobación del “combo fiscal” fue uno de esos ataques arteros, aprobado en la Asamblea Legislativa por los diputados del PLN, PAC, PUSC y PRSC.

Algunos, ingenuamente creyeron que la crisis provocada por el fenómeno Covid-2019 abriría espacios para llevar adelante políticas de “unidad nacional” para establecer una tregua y un nuevo pacto social basado en una negoción honesta entre sectores para enfrentar la crisis (Igual lo creyeron cuando la lucha contra el combo fiscal). Resulta que no fue así; se ha seguido con lo mismo, peor aún, se ha intensificado el ataque a toda la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores estatales. Un ejemplo es la intención de eliminar la jornada laboral de ocho horas, bajo el eufemismo de “flexibilidad laboral”, lo que significa un retroceso de cien años en materia laboral, todo por complacer al empresariado nacional mucho del cual, como se dijo, orbita en torno a la UCCAEP.

Lo innegable de la crisis intensificada por el fenómeno Covid-19 es que ha dejado en cueros al “país más feliz del mundo”. Desigualdad rampante, pobreza, trabajo esclavo (zona norte), miseria y humillación (cuarterías), explotación, hambre, políticas antilaborales, xenofobia.

Es por lo anterior, que las declaraciones dadas por el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez en el espacio El Faro (Héctor Solano) se vuelven políticamente importantes. En esa entrevista el exministro afirmó lo siguiente: 1) que Costa Rica es un país muy desigual; 2) que la evasión-elusión fiscal, en el estimado más bajo llega al 4.5, 5% del PIB y el más alto al 8% del PIB y que aplicando el promedio (6%) eso significa $3800 millones de dólares y que el lavado de dinero alcanza los $4000 mil millones de dólares; 3) que hubo fuertes presiones del empresariado para oponerse a la apertura del secreto bancario; 4) que si no existe un plan consecuente con las necesidades del país (líneas rojas) en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el mismo FMI tomaría el timón de los destinos del país; 5) que Costa Rica, en las actuales circunstancias necesita una cirugía de campo de batalla lo cual es ruidoso y sangriento; 6) que la deuda hay que pagarla como sea; 7) que hay que hacer lo que sea posible para que el Estado de Derecho y el tejido social no se destruya, que hay una alta probabilidad de que eso ocurra.

Sobre lo dicho por el exministro podemos concluir lo siguiente: que Costa Rica es un país asaltado con fusil en ristre por el gran empresariado y que, por el alcance del lavado de dinero, el país en la práctica es un narcoestado y quizá sea esto lo que haya generado la presión para que se mantenga el secreto bancario. En el caso de la negociación con el FMI, ya tenemos el resultado de 40 años de entreguismo y sumisión (PAEs y TLC). No dudamos que a la administración Alvarado Quesada le quebrarán las costillas y que, si se le permite, terminará sacrificando aún más a la clase trabajadora y que terminará, si se le permite, entregando el ICE, la CCSS y lo que haya que entregar. A eso se refiere el exministro cuando habla de cirugía de campo de batalla, hay que pagar la deuda como sea.

Pero lo que resulta políticamente muy revelador es su apreciación sobre la muy probable ocurrencia de la destrucción del tejido social y del Estado de Derecho. Por supuesto que estas declaraciones del exministro no pueden pasar inadvertidas, máxime por quien las afirma. Tampoco eso se dice por decirlo, con mucha probabilidad este ha sido un tema de análisis y discusión en los círculos cerrados de la administración Alvarado Quesada. Y es que efectivamente, tal cual se manifestó, el fenómeno Covid-19 puso al descubierto “las venas abiertas” de Costa Rica y que por lo descrito anteriormente, la presión sobre la clase trabajadora será mayor e inaguantable. Vastos sectores pasaron y pasarán a engrosar el desempleo, la pobreza y la informalidad, allí se acumulan la desesperanza, el hambre y la rabia. Eso se convertirá ineluctablemente en una situación socialmente explosiva que sin duda derivará en acciones y movilizaciones sociales que como dice el exministro, con mucha probabilidad rompan el tejido social y fracturen el Estado de Derecho.

Es claro que el escenario descrito por el exministro es muy real. Los sectores dominantes, los sectores empresariales que han estado viviendo en una fiesta de evasión y elusión no van a soltar nada de buena gana, allí todo es para adentro. Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en su mayoría no tienen expresión propia, el PLN, el PUSC, el mismo PAC son en la práctica marionetas de los sectores dominantes y de las agencias económicas internacionales. Es decir, están contribuyendo en mucha medida a que ese escenario de ruptura avance de manera inexorable.

Es por todo esto que los movimientos sociales así como todas las fuerzas de la resistencia con carácter de clase interioricen que, efectivamente, las cosas se pueden salir de control. Salirse de control no significa que esa ruptura social favorezca los intereses de la clase trabajadora. Todo lo contrario, un escenario como ese puede ser perfectamente explotado por los sectores dominantes para imponer un régimen totalitario. Es por eso que el movimiento social clasista, en esta ocasión me refiero al Bloque Unitario, tiene que analizar con seriedad dos hojas de ruta, una de ellas ya discutida y aprobada en el seno del Bloque Unitario, la conformación del Frente Nacional de Lucha y Resistencia que pueda de manera consecuente y con firmeza conducir las masas en un escenario de ruptura del tejido social y del Estado de Derecho, pero con la claridad, en cuanto a que, de producirse ese escenario, la ruptura tiene que ir dirigida a desmontar ese modelo económico caníbal. La otra muy necesaria por cierto, es la conformación o el fortalecimiento de un partido político centralizado en la lucha de clases con opciones electorales que sirva a los intereses de la clase trabajadora, de los agricultores y del pequeño y mediano empresariado consecuentes con los intereses de la Patria. Un partido político clasista que permita acercar diferentes sectores para que se sumen a la lucha con miras a la toma del poder.

Entramos en una faceta crítica de la historia costarricense. Porque si los sectores dominantes, en colusión con los sectores políticos del PLN, PUSC y PAC y demás turecas deciden escoger la hoja de ruta que ha planteado el exministro Rodrigo Chávez, es decir, “cirugía de campo de batalla”, entonces que se preparen porque esos sectores igual tendrán que entrar a ese “campo de batalla” y como manifestó el exministro, será “ruidoso y sangriento”, para ellos también.

* Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
16 de julio 2020

UCR Voz experta: Algunos problemas en los procesos de digitalización municipal (y sus posibles soluciones)

Por Valeria Castro Obando y Alejandro Amador Zamora, investigadores del Prosic-UCR

Las mejoras o avances tecnológicos tienen un impacto económico positivo en el erario municipal, ya sea en recaudación o por ahorros en los procesos

En el contexto de la revolución digital, es vital que los gobiernos locales realicen un proceso de transformación para enfrentar a un usuario cada vez más digitalizado. Sin embargo, índices nacionales como el Índice de Experiencia Pública Digital y el Índice de Transparencia del Sector Público muestran la existencia de un rezago en un porcentaje importante de los gobiernos locales costarricenses en lo que respecta al desarrollo de las páginas web de estas entidades. Los sitios web, sin embargo, son nada más la punta del iceberg en lo que respecta a procesos de transformación digital, pues pese a que se trata de la parte más visible de estos, hay cambios estructurales de gran importancia que se tienen que dar primero a lo interno de los gobiernos locales para que estos se terminen observando en las páginas web de las instituciones.

Esta problemática nos llevó a realizar, a lo largo del 2019, el proyecto “Trazando una ruta hacia la e-Municipalidad”, como parte de las investigaciones desarrolladas en el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la UCR. En este trabajo se encontraron una serie de factores que inciden de manera negativa en los procesos de digitalización de las municipalidades, así como las posibles formas de corregirlos.

A través de un censo realizado a nivel nacional sobre uso, acceso y apropiación de tecnologías de información y comunicación (TIC) en gobiernos locales y un análisis cualitativo en el que se visitaron 22 municipalidades de todo el país, se logró identificar una serie de factores que tienen una incidencia directa en los procesos de digitalización de las municipalidades. También se determinó, mediante las propias experiencias municipales, distintas medidas que pueden contrarrestar las dificultades identificadas en los procesos de digitalización municipal.

Factores internos que limitan los procesos de digitalización

Los grandes factores que atrasan los procesos de digitalización pueden dividirse en internos y externos. A su vez, los factores internos se pueden dividir en 4 rubros principales: visión estratégica y gestión, políticos, estructurales y finalmente problemas relacionados con la cultura organizacional de la institución. En este artículo se abordarán algunos de los principales hallazgos en cuanto a estos factores. Sin embargo, para conocer la lista completa se invita al lector a revisar el Informe “Experiencias en los procesos de digitalización en las municipalidades costarricenses”.

Problemas de visión estratégica y gestión

El estudio revela que hay una problemática importante en muchos gobiernos municipales, en cuanto al desconocimiento por parte del sector político, sobre los beneficios que presenta la digitalización. Este problema se acrecienta particularmente en algunos gobiernos locales de zonas rurales, en donde muchas veces el perfil del concejo municipal o de la propia alcaldía es de personas que por su edad o formación ven a la tecnología como un gasto y no como un potencial de desarrollo para la municipalidad. En estos casos, es normal que el desarrollo de la e-Municipalidad no sea visto como una prioridad y los funcionarios encuentren trabas importantes del sector político al intentar llevar a cabo proyectos tecnológicos.

La posible solución

En las municipalidades con esta problemática, es vital propiciar procesos de sensibilización o alfabetización digital en los tomadores de decisión política y en funcionarios clave dentro de la municipalidad, particularmente en el departamento de planificación institucional. Esto debido a que se evidencia que, en municipalidades exitosas en procesos de digitalización, existe un estrecho vínculo entre planificación e informática, entendiendo que la digitalización es una herramienta transversal al quehacer municipal.

También es responsabilidad, particularmente de los funcionarios del área informática, demostrar el impacto económico de las mejoras o avances tecnológicos conforme estos son logrados. Lo anterior es clave, pues durante el estudio se evidenció que es común que este tipo de análisis no sea llevado a cabo y tal estudio permite demostrar con números los efectos económicos positivos que las mejoras tecnológicas tienen para el erario municipal. Ante mejoras económicas (ya sea en recaudación o por ahorros en los procesos), es común que el sector político cambie su parecer con respecto a los procesos de digitalización.

Poca inversión en el capital humano

A lo largo del proceso también se evidenciaron necesidades de capacitación de los funcionarios municipales, particularmente aquellos pertenecientes al área de informática o tecnologías de información. La problemática se visualiza en dos niveles: en el nivel más grave, los funcionarios no cuentan con apoyo alguno de los superiores jerárquicos para asumir este tipo de procesos. En un segundo nivel, hay casos en donde existe un apoyo, pero este es únicamente moral, no conlleva un apoyo económico. Este problema se agudiza en municipalidades de zonas más lejanas, pues muchos cursos o capacitaciones son dados únicamente en la GAM.

La posible solución

Instituciones del Gobierno como IFAM, Racsa y Micitt u organismos como la Unión Nacional de Gobiernos Locales y distintas federaciones de municipalidades deben jugar un papel protagónico, junto con el sector académico, para acercarse con una oferta de capacitación –idealmente gratuita– dirigida a funcionarios del sector municipal. En este contexto, es de gran importancia abordar la problemática de zonas más alejadas como lo son las municipalidades de Puntarenas, Guanacaste, Limón y la Zona Sur. Regionalizar los espacios de capacitación y salir fuera de la GAM es una necesidad y una responsabilidad de muchos actores sociales y políticos si se quiere avanzar en los temas de digitalización y combatir la brecha digital geográfica existente.

Limitaciones presupuestarias y de recurso humano

La inversión tecnológica es costosa, particularmente para los gobiernos locales más pequeños, que cuentan con un recurso financiero considerablemente más limitado. Cuando el recurso financiero es poco y se conjuga con problemas de visión estratégica, los resultados impactan de manera muy negativa los procesos de digitalización municipal. Adicionalmente, el poco capital humano es una limitación bastante generalizada en las municipalidades. De acuerdo con resultados del estudio, un 15 % de las municipalidades no cuenta con una sola persona del área de informática en su planilla y otro 40 % apenas tiene una. Llevar a cabo procesos de digitalización con tan poco personal es casi imposible.

Posibles soluciones

La digitalización genera ingresos, ya sea directos o a través de ahorro de recursos. Mejoras en la digitalización municipal suelen tener efectos positivos en la recaudación de impuestos. Es importante cuantificar el efecto económico que han tenido las mejoras tecnológicas en la recaudación de municipalidades exitosas, con el fin de que estas sirvan de ejemplo para propiciar que los tomadores de decisión den un mayor énfasis a este tipo de procesos.

Por otro lado, los funcionarios municipales participantes de la investigación señalaron como soluciones alternativas, al poco recurso financiero o humano, el apalancamiento con herramientas de software libre (es importante la capacitación en este tipo de temas), el logro de convenios con otras instituciones para apoyar procesos de digitalización y el uso de figuras alternativas como pasantías de estudiantes de informática o carreras afines, o bien a través del Trabajo Comunal Universitario (TCU).

Problemas con la cultura organizacional y la resistencia al cambio

Un problema muy complejo en la adopción de nueva tecnología es la resistencia al cambio. Este problema está parcialmente relacionado a la falta de involucramiento del personal municipal en procesos de mejora tecnológica, así como algunos elementos de resistencia relacionada con analfabetización digital por parte de algunos funcionarios. Es reiterado escuchar el temor de algunos que consideran que las mejoras tecnológicas traerán como consecuencia su eventual despido; cuando este tipo de funcionarios tiene una cuota de poder (real o simbólico) dentro de la municipalidad, pueden traerse abajo procesos de digitalización por sí solos.

Posibles soluciones: En cuanto a la resistencia al cambio, es importante generar procesos de sensibilización y preparación del personal. Uno de los aspectos más relevantes para disminuir la resistencia es incluir al personal externo a informática en el desarrollo de proyectos tecnológicos pues, pese a que el departamento de TI puede ofrecer una solución o herramienta tecnológica para la resolución de un problema, dicho problema corresponde a un área específica de la municipalidad. Por ejemplo, si TI desarrolla un proceso de automatización de patentes, pese a que la solución es proporcionada por los informáticos, la problemática es de la oficina de patentes, la cual debe estar incluida en el proceso de generación de la herramienta de manera que se sientan incluidos y empoderados, y el aprovechamiento sea mayor.

Existen otros problemas varios en los procesos de digitalización, por ejemplo lo que los informantes denominaron “islas de información”, factores políticos, falta de conocimiento de necesidades ciudadanas, entre otros, así como una lista de factores externos que afectan la digitalización. También hay factores positivos que propician y facilitan la evolución de la municipalidad electrónica. Para conocer más sobre esto y otra serie de aspectos, nuevamente los invitamos a descargar el informe del Prosic, al cual pueden acceder dando clic aquí.

 

*Foto: Valeria Castro Obando y Alejandro Amador Zamora, investigadores del Prosic-UCR

Valeria Castro Obando
Politóloga e investigadora del Prosic-UCR

Desde primera línea: Llamado a participar en marcha vehicular

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud y secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum hace un llamado para que este próximo 23 de julio, respetando las medidas sanitarias, a participar en la marcha vehicular, para solicitar al gobierno un viraje económico para una reactivación de la economía y así evitar una pandemia de pobreza.

Internet gratis y universalizado – PROPUESTA DEL SINDEU

Estamos en el marco de la IV Revolución Industrial, la era de la robotización y la cibernética. Las relaciones sociales de producción exigen nuevas adecuaciones curriculares para entender las lógicas de la extracción de la plusvalía y la explotación.

Frente este magro horizonte, otro nuevo fenómeno nos azota con gran violencia. La pandemia del coronavirus, el SARS-Co. V2 o más popularmente el COVID-19. Condujo y obligó a las universidades y los ministerios de educación a reinventarse. Nos exigió, sin estar preparados, a elevar la calidad del teletrabajo y el rendimiento académico, bajo la ausencia de las condiciones mínimas infraestructurales.

De pronto la educación se encuentra ante la urgente tarea de desarrollar una excelente alfabetización tecnológica, pero no se tenían las condiciones presupuestarias para las nuevas exigencias del virus, que todavía no se dibuja una salida integral por parte de los gobiernos para atender y dar una salida radical a dicho problema.

Por el contrario, un gobierno como el nuestro, dirigido por Carlos Alvarado Quesada y una Asamblea Legislativa que puso en su mira derrotar y destruir la clase media y empobrecer aún más a las masas populares, no nos puede augurar nada bueno en el corto plazo.

Rebaja salarial en el sector público, conculcan principios de los derechos laborales esenciales. Prohibición de las huelgas, eliminación de la jornada histórica de las 8 horas, flexibilización de jornadas, reducción de salarios, en fin se carga con demasiada violencia los costos de la crisis generada por el Estado Neoliberal y bajo el pretexto de un COVID-19, con las espaldas de la clase trabajadora. Pero no es este el examen que nos interesa. Aunque, lógicamente, un problema estructural de esta envergadura no podemos soslayarlo.

Recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo adscrito a la ONU, definió que “… el Internet es un Derecho Humano de tercera generación” y por tanto los Estados miembros de la ONU, deben entenderlo como tal”.

En este sentido, Edwin Estrada, exviceministro de telecomunicaciones, responsable del Fondo Nacional de Telecomunicaciones –FONATEL, manifestaba en una entrevista pública lo siguiente:

“… en Costa Rica los índices son 95 líneas de Internet móvil por cada 100 habitantes, tenemos casi 200 líneas de teléfono por cada 100 habitantes”.

Claro que en su entrevista el señor Estrada, enfatizaba en que hoy Internet debe ser un derecho humano esencial. Estamos en la obligación de dar un salto de calidad para que las diferentes zonas del país hagan posible el sueño de que Internet llegue a todos los hogares del país.

Defender entonces el Internet como derecho humano esencial, es también decirle al pueblo de Costa Rica de la urgente tarea de defender al Instituto Costarricense de Electricidad.

CONARE, conjuntamente con cada uno de los sindicatos universitarios y las respectivas asociaciones de trabajadores y empleados, deben convertirse en los grandes abanderados de esta lucha, que bajo las condiciones infraestructurales que ha desarrollado el ICE, no es una utopía o una simple propuesta salida de la angustia que nos genera el encierro de nuestra burbuja social. Si no, por el contrario, es ser propositivos y ofrecer a toda la masa estudiantil: primaria, secundaria y de educación superior, la plataforma adecuada para enfrentar los déficit de una malla curricular que no contaba con este nivel de exigencia de una educación virtual y un trabajo académico teletrabajado.

Nos parece entonces que, con el aporte de los diferentes sindicatos adscritos al ICE, los institutos científicos de nuestras universidades, la voluntad política del MICITT y el compromiso moral de la Superintendencia de Telecomunicaciones-SUTEL, podemos darle a la población de Costa Rica la aplicación de este tan importante Derecho Humano: El INTERNET COMO DERECHO HUMANO DE LA TERCERA GENERACIÓN y así aportar integralmente en este espacio de la IV Revolución Industrial en que quedamos insertos, sin estar lo suficientemente preparados.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Pronunciamiento de la Comisión Indígena Siwá Pákö

Pronunciamiento Cabecar

La Comisión Indígena Siwá Pákö se pronuncia por los recientes actos de discriminación y violencia hacia la población indígena Cabécar ante el posible contagio por COVID-19 en el cantón de Turrialba.

Dele click a la imagen para ampliar.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Se vino abajo el proyecto de incineración, el ICE no quiere energía sucia

FEMETROM GENERA FALSAS EXPECTATIVAS CON SU LICITACIÓN PARA FACILITAR LA INCINERACIÓN

ICE DESMIENTE A FEMETROM Y NO VA A APORTAR TERRENOS NI COMPRARLE ELECTRICIDAD A LA INCINERADORA CONTAMINANTE

GOBIERNO NO APOYA EL PROYECTO Y SE DESMARCA

Comunicado.

Mediante el oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020 la presidencia del ICE se sacude e indica que no van a facilitar ningún terreno para hacer la incineradora (o cualquier tipo de combustión química) de residuos que busque generar electricidad producto de la actividad. Además, el ICE le pide una explicación a FEMETROM.

En el oficio el ICE aclara que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del Instituto Costarricense de Electricidad este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable.

En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables”. Por lo tanto, no se considera la adición de capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional hasta el año 2026 con la planta Borinquen 1”

“La Incineración NO está considerada por ninguna entidad mundial como energía renovable, más bien es una actividad tremendamente entrópica y contaminante que compite con el manejo integral de residuos y tiene impactos ambientales y sociales terribles.” Indicó el máster en agro biología ambiental y ecologista Fabián Pacheco, así mismo continúa diciendo: “es evidente que FEMETROM anda haciendo enredos en SICOP generando falsas expectativas para ver quién muerde el anzuelo, pareciera ser que en este intento de gestionar los residuos municipales lo más limpio es la mal llamada basura. Nos parece muy lamentable, vergonzoso y esto afecta la imagen del país

Marcela Guerrero presidenta ejecutiva del IFAM indicó: “La posición de IFAM en concordancia con la posición del Gobierno estableció avanzar en materia de gestión integral de residuos en todas aquellas actividades que tengan por naturaleza menores impactos. No solo disminuyendo los gases de efecto invernadero y cuidando la salud de las personas a través de la calidad del aire. Además, se deben generar condiciones para que las actividades que se desarrollen se apeguen al plan de descarbonización y que generen empleos de calidad bajo la lógica de la economía circular. La Incineración evidentemente no es una actividad acorde con las aspiraciones del gobierno de trabajar la gestión integral de residuos. Se deben impulsar iniciativas que vayan a estimular la calidad de vida de las personas. La gestión integral de residuos debe hacerse desde la separación, compostaje, la valorización, la reutilización y el reciclaje. Hay una serie de tecnologías que ciertamente quedan superadas y debemos buscar las que se adaptan al Plan de Descarbonización y hacia una economía verde.

El desesperado intento de FEMETRON de instalar una incineradora de basura en la Gran Área metropolitana de Costa Rica la va a tener cuesta arriba. Ya la municipalidad de Belén de forma unánime y diversas organizaciones ecologistas vienen sonando tambores de guerra contra la instalación de dicha planta Costa Rica.

 

Información enviada a SURCOS por Bloque Verde.

UCR: Estudiantes avanzados brindan atención clínica psicológica

Proyecto combina docencia, investigación y acción social para promover la salud mental

Desde el año 2004, el proyecto de Acción Social ED-2157 “Centro de Atención Psicológica” ha brindado atención clínica psicológica a personas residentes en Costa Rica, cuyos recursos económicos les impiden acceder a este tipo de servicios de manera privada. Esta atención es brindada por estudiantes avanzados de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR), bajo la supervisión de docentes con experiencia el ámbito clínico.

El CAP responde a la necesidad de brindar apoyo en materia de salud mental desde un espacio público y accesible para todas las personas en el cual, se beneficie tanto a la población atendida como al estudiantado.

El trabajo clínico que se desarrolla en el CAP tiene un impacto directo en las personas que reciben el servicio, en la formación de los y las estudiantes que desarrollan habilidades y experiencia en las diferentes actividades de índole clínica, y en la recopilación, sistematización y análisis de la información contenida en los expedientes para la investigación.

“El proyecto tiene un componente importante de acción social al ofrecer un servicio a población que no tiene acceso al mismo. La evaluación que recibimos habitualmente es muy positiva y tiene un componente formativo muy especial, porque queremos que las y los estudiantes hagan una experiencia muy buena de atención clínica, que tengan los elementos materiales y los soportes de supervisión y formación que les permitan un desarrollo muy adecuado de su intervención clínica, todo esto en el marco de un compromiso social” expresó Lucía Molina, coordinadora del proyecto.

Semestralmente se incorporan al CAP aproximadamente 80 estudiantes, por lo que los procesos clínicos implican un número similar de consultantes. Antes de su ingreso al centro, los y las estudiantes son parte de un proceso de capacitación y durante toda su participación cuentan con apoyo especializado de docentes de la Escuela de Psicología.

“A nivel académico, la supervisión que brinda el centro nos hace sentir muy apoyados en un espacio de práctica profesionalizante. Esta es una oportunidad que permite un acercamiento a esta realidad de la psicología clínica donde se pueden poner en práctica las herramientas que hemos aprendido durante el proceso de la carrera”, expresó Paulina Bravo, integrante del CAP.

Para los y las estudiantes estos espacios son fundamentales para su formación académica, pues les permiten sus primeros acercamientos en el ámbito clínico. Además, consideran que es un espacio valioso y necesario de aporte a la sociedad desde la universidad como institución pública.

“Al CAP acuden aquellas personas cuyos recursos económicos no son suficientes para financiar una atención psicológica clínica privada y de calidad. Y creo que ahí radica la importancia del proyecto, de atender a todas estas personas con malestares y con situaciones particulares que requieren y merecen de una escucha y de una elaboración que les permita en la medida de lo posible estar mejor y enfrentarse a su vida cotidiana” comentó Enyell Valerio, estudiante de psicología.

Actualmente, ante la emergencia nacional por COVID-19, el CAP se prepara para brindar espacios psico-educativos desde la virtualidad a población adulta durante el segundo semestre. Las metodologías se encuentran en construcción entre los y las docentes que forman parte del centro y esperan poder seguir brindando espacios para que los y las estudiantes no pierdan esta experiencia al trabajar desde sus hogares.

*Foto: El CAP Busca formar estudiantes que puedan responder desde la intervención clínica psicológica a las necesidades psicosociales de los residentes en Costa Rica, a través de actividades profesionalizantes de calidad y articuladas a la proyección comunitaria. Fotografía tomada del portal de la Escuela de Psicología. Foto: archivo CAP.

Natalia Odio González
Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social

Carta a amigos en el extranjero

Frei Betto

Queridos amigos:

¡En Brasil hay un genocidio! Al momento de escribir, 16/7, Covid-19, que surgió aquí en febrero de este año, ya ha matado a 76,000 personas. Ya hay casi 2 millones de infectados. Para el domingo 19 de julio, alcanzaremos 80,000 muertes. Es posible que ahora, cuando leas este llamamiento dramático, ya alcances los 100 mil.

Cuando recuerdo que, en la Guerra de Vietnam, durante más de 20 años, se sacrificaron 58,000 vidas del personal militar de EE. UU., tengo el alcance de la seriedad de lo que está sucediendo en mi país. Este horror causa indignación y revuelta. Y todos sabemos que las medidas cautelares y restrictivas, adoptadas en tantos otros países, podrían haber evitado tal número de muertos.

Este genocidio no es el resultado de la indiferencia del gobierno de Bolsonaro. Es intencional. Bolsonaro está satisfecho con la muerte de otros. Cuando un diputado federal, en una entrevista televisiva en 1999, declaró: “¡Al votar no cambiarás nada en este país, nada, absolutamente nada! Desafortunadamente, solo cambiará si un día vamos a una guerra civil aquí, y hacemos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a unos 30 mil”.

Al votar a favor del juicio político del presidente Dilma, ofreció su voto en memoria del torturador más notorio del ejército, el coronel Brilhante Ustra.

Debido a que está tan obsesionado con la muerte, una de sus principales políticas gubernamentales es liberar el comercio de armas y municiones. Cuando se le preguntó en la puerta del palacio presidencial si no le importaban las víctimas de la pandemia, respondió: «No creo en estos números» (27/03, 92 muertes); «Todos moriremos algún día» (29/3, 136 muertes); «¿Y qué? ¿Qué quieres que haga?» (28/4, 5,017 muertes).

¿Por qué esta política necrofílica? Desde el principio, declaró que lo importante no era salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a declarar un cierre, cumplir con las pautas de la OMS e importar respiradores y equipo de protección personal. La Corte Suprema tuvo que delegar esta responsabilidad a los gobernadores y alcaldes.

Bolsonaro ni siquiera respetó la autoridad de sus propios ministros de salud. Desde febrero, Brasil ha tenido dos, ambos despedidos por negarse a adoptar la misma actitud que el presidente. Ahora, al frente del ministerio, está el general Pazuello, que no entiende nada sobre el tema de la salud; trató de ocultar los datos sobre la evolución del número de víctimas del coronavirus; empleó a 38 militares en funciones clave del ministerio, sin las calificaciones requeridas; y canceló las entrevistas diarias para las cuales la población recibió orientación.

Sería exhaustivo enumerar aquí cuántas medidas para liberar recursos para ayudar a las víctimas y las familias de bajos ingresos (más de 100 millones de brasileños) nunca se han implementado.

Las razones de la intención criminal del gobierno de Bolsonaro son evidentes. Dejar morir a los ancianos para ahorrar recursos de la Seguridad Social. Dejar morir las enfermedades preexistentes para ahorrar recursos del SUS, el sistema nacional de salud. Permitir que los pobres mueran para ahorrar recursos de Bolsa Família y otros programas sociales para los 52.5 millones de brasileños que viven en la pobreza y los 13.5 millones que están en la pobreza extrema. (Datos del gobierno federal).

No satisfecho con tales medidas letales, el presidente ahora vetó, en el proyecto de ley sancionado 3/7, el tramo que requería el uso de máscaras en establecimientos comerciales, templos religiosos e instituciones educativas. También vetó la imposición de multas para quienes infringen las reglas y la obligación del gobierno de distribuir máscaras a los más pobres, principales víctimas de Covid-19, y a los prisioneros (750 mil). Sin embargo, estos vetos no anulan las leyes locales que ya establecen el uso obligatorio de una máscara.

El 7/8, Bolsonaro anuló extractos de la ley aprobada por el Senado que requería que el gobierno proporcionara agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalaciones de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas. También vetó fondos de emergencia para la salud de los indígenas, y facilitó el acceso de indígenas y quilombolas a ayuda de emergencia de 600 reales (100 euros o 120 dólares) durante tres meses. También vetó la obligación del gobierno de ofrecer más camas de hospital, ventiladores y máquinas de oxigenación de la sangre a los pueblos indígenas y quilombolas.

Los indígenas y los quilombolas han sido diezmados por la creciente devastación socioambiental, especialmente en la Amazonía.

Corra la voz sobre este crimen contra la humanidad tanto como sea posible. Las denuncias de lo que sucede en Brasil deben llegar a los medios de comunicación de su país, las redes digitales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Corte Internacional de La Haya, así como a los bancos y empresas que albergan a esos codiciados inversores por el gobierno de Bolsonaro.

Mucho antes de que lo hiciera el periódico The Economist, en las redes digitales trato al presidente como BolsoNero, mientras Roma arde, él toca la lira y anuncia cloroquina, una droga sin eficacia científica contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, sus fabricantes son aliados políticos del presidente…

Le agradezco su amable interés en difundir esta carta. Solo la presión del exterior podrá detener el genocidio que está afectando a nuestro amado y maravilloso Brasil.

Fraternalmente,
Frei Betto
Frei Betto es un fraile dominicano y escritor, asesor de la FAO y los movimientos sociales.

Fuente: https://www.cedefes.org.br/carta-aos-amigos-e-amigas-do-exterior-e-entrevista-ao-jornal-brasil-de-fato-por-frei-betto/

 

Compartido con SURCOS por Alberto Rojas.

Marcha regionalizada vehicular

“Por la defensa de los derechos del pueblo costarricense”

Día: 23 de julio. Hora de salida: 9:00 a.m. Salida desde diferentes puntos del país

EXIGIMOS:

  • No se cesen los contratos laborales de las personas trabajadoras del sector público y privado.
  • Cero impuestos a la canasta básica.
  • El ROP se entregue de manera completa, a las personas que se pensionen.
  • Se elimine la pretensión del Gobierno de ponerle un impuesto al Salario Escolar.
  • No se castigue al pueblo con más impuestos.
  • Se cobre un impuesto al patrimonio de los bancos y grandes empresas.
  • La defensa y no privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social.
  • Se desista de la aprobación de la Ley de Empleo Público, que constituye una amenaza para las personas trabajadoras.
  • No se congelen las anualidades.
  • La clase trabajadora no pague los platos rotos de la crisis.
  • La defensa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
  • El retiro definitivo del Proyecto N° 21.738.

**Posteriormente se informarán los puntos de salida.

Esta caravana seguirá todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, de manera que no se exponga ninguna persona al contagio.

 

Enviado a SURCOS por distintos organismos del movimiento sindical y social.