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Autor: María José Ferlini Cartín

¡SI SE PUDO! ¡Al fin se archivó el PH San Rafael!

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

El río San Rafael sigue fluyendo libre gracias al esfuerzo de la Comisión Defensora del Río San Rafael, y el trabajo de las personas, comisiones, organizaciones agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Gracias al apoyo de organizaciones aliadas en todo el país que apoyaron nuestra lucha, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, FECON, Asociación Voces Nuestras, Universidades, grupos de estudiantes, artistas, Asociaciones de desarrollo Integral, comités de lucha, redes de solidaridad internacional, medios de comunicación alternativa.

Gracias al trabajo de hormiga sostenido por miembros de comunidades. Sin plata, enfrentándonos al poder económico y político de la empresa H.Solís. ¡Cada gota cuenta! Gracias a todas las gotas de este río caudaloso de gentes, corazones y voluntades unidos para defender no solo los ríos, también la dignidad, la salud y el futuro de nuestras comunidades. ¡NUESTROS RÍOS SON MÁS QUE ELECTRICIDAD!!!! ¡PAREN DE REPRESAR!!!!

Celebramos en medio de la pandemia, cada uno en su casa pero juntos y fortalecidos, porque: ¡LA LUCHA SIGUE! Es necesario cambiar la legislación que está destrozando nuestros ríos, a vista y paciencia de las instituciones públicas. Si no fuera por la organización comunitaria, la cuenca del río Térraba tendría al menos 20 represas construidas… Gracias al esfuerzo sostenido durante los últimas décadas NO HAY NI UNA SOLA represa en el sur de Costa Rica.

¡AGRADECEMOS A TODOS Y TODAS POR ESE ESFUERZO COLECTIVO SOSTENIDO EN EL TIEMPO! ¡SEGUIREMOS!!!!

Compartimos un fragmento del texto de la Resolución Nº 1100-2020-SETENA A LAS 07 HORAS 05 MINUTOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2020.

«De conformidad con las consideraciones de hecho y derecho establecidas en CONSIDERANDO QUINTO y párrafo último del CONSIDERANDO SEXTO, decretar el vencimiento de la vigencia de la Viabilidad Licencia Ambiental otorgada al proyecto y se ordenar el archivo del expediente administrativo.

Se aclara que, debido a que el proyecto no se va a poder concretar con motivo de la denegatoria de la declaratoria de Conveniencia Nacional, es también legalmente procedente el archivo del mismo».

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica.

 

Enviado por Angélica Alvarado.

Se lanza la revista latinoamericana Ciencia Digna

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina lanza su publicación buscando promover “una reflexión crítica sobre la naturaleza de los procesos sociales de construcción de la ciencia y la tecnología, sus productos y sus impactos”.

El 16 de junio se celebró el Día de la Ciencia Digna a instancias de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), una “articulación de académicas/os e investigadores/as de distintas áreas”. Ese día, que homenajea al investigador argentino Andrés Carrasco, quien demostró los efectos del glifosato en el desarrollo embrionario, tendrá un aditivo especial este año, el quinto desde la existencia de la organización: el festejo coincide con el lanzamiento de su propia revista.

Con la expansión del agronegocio como telón de fondo, que impone el modelo de producción con transgénicos asociados a paquetes de agroquímicos, la unión propone que su revista “sea una herramienta útil para alimentar los debates sobre ciencia y tecnología propiciando un diálogo de saberes con la mayor participación pública posible”.

El consejo editorial de la revista Ciencia Digna está integrado por investigadores e investigadoras de Argentina, México, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Perú, y los uruguayos Pablo Galeano, Santiago Mirande y Claudio Martínez. Este último, integrante del Departamento de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias y del Colectivo TÁ de la Universidad de la República (Udelar), que se dedica a estudiar los impactos de los transgénicos y plaguicidas, así como de la construcción de alternativas, conversó con la diaria sobre el lanzamiento de la publicación.

Ciencia independiente versus ciencia interesada

“Tomé contacto con este grupo por intermedio de Andrés Carrasco, el timonel en toda esta manera de ver la ‘ciencia digna’ frente a lo que los colegas argentinos llaman ‘ciencia mercenaria’”, dice Martínez. “Carrasco me introdujo al mundo de la mirada crítica acerca de los transgénicos y su modo de producción asociado. Cuando estaba cursando mi tesis de doctorado, hace unos 15 años, hice dos cursos con él sobre su área de investigación, que era el análisis molecular de la biología del desarrollo enfocado a embriones. Utilizando ese modelo Carrasco descubrió los efectos teratogénicos del glifosato, de malformaciones fetales”.

Como para no marcar un camino. “Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling” fue publicado en la revista Chemical Research in Toxicology en agosto de 2010 por Alejandra Paganelli, Victoria Gnazzo, Helena Acosta, Silvia López y Andrés Carrasco. Allí, los investigadores, tras aportar minuciosas pruebas, afirmaban cosas como que “el efecto directo del glifosato sobre los mecanismos tempranos de morfogénesis en embriones de vertebrados abre la preocupación sobre los hallazgos clínicos en descendencia humana en poblaciones expuestas a herbicidas basados en glifosato en campos agrícolas”. De cierta manera, trazaban una línea entre el laboratorio y las comunidades que sufrían la aplicación de las tecnologías del modelo sojero.

“Mi inserción formal en la UCCSNAL fue en 2017, en un encuentro que organizan en Rosario”, dice. Desde entonces el contacto formal lo llevó a formar parte del Consejo Editorial de la revista. “Esta es una iniciativa que surge para que científicos con cierto perfil, a los que nos cuesta publicar ciertos contenidos, sobre todo en español, podamos publicar”, explica. “Claramente tenemos una visión crítica del sistema científico, que va desde las agendas hasta las narrativas, las financiaciones y los objetivos”, agrega.

Leyendo el primer número, uno puede apreciar que la revista apunta a pensar la ciencia. “Pensar la ciencia es también hacer ciencia”, dice, con razón, Martínez, quien también argumenta que “no es una revista a priori pensada para publicar resultados originales. Es, en cierta medida, una revista para pensar la ciencia y la tecnología, los discursos y las narrativas que están asociadas a ellas”.

La oposición entre una ciencia digna y una ciencia mercenaria puede resultar un poco chocante, porque implica la idea de que el mundo se divide en dos bandos: uno claramente identificado con el bien y el otro con el mal. Martínez dice que no hay que pensar que la ciencia la hacen sólo los científicos, sino todo un sistema: “Hace tanta ciencia un científico como un burócrata de una agencia que está definiendo qué es lo que se hace o no”.

En Uruguay 80% de la investigación se hace en la Udelar. Le digo al entrevistado que no sé si es que he tenido suerte –es un caso de sesgo de cherry picking, de extraer las cerezas más apetecibles y pensar que todas son igual de sensacionales–, pero los investigadores e investigadoras con los que he hablado no me parecen muy mercenarios, y le confieso que esa división parece estar más orientada a una ciencia producida en otros países, que son justamente los que luego nos venden sus tecnologías.

“Es cierto lo que decís respecto de Uruguay, hasta en eso somos una isla”, reconoce. “La enorme mayoría de los científicos uruguayos son independientes y hacen una ciencia independiente. A lo que el grupo llama ‘científicos mercenarios’ es cuando hay conflictos de intereses que no han sido declarados. El término viene de Argentina, donde sí hay casos bastante evidentes de conflictos de intereses, puertas rotatorias, e incluso hay periodistas que hablan de corrupción y colusión. En Argentina y en Brasil hay casos documentados de esto”, agrega.

“En el caso de Uruguay no voy a decir que no los haya, pero son un caso muy mínimo”, sostiene Martínez, quien dice que tal vez cuando se jubile tendrá la libertad suficiente para hablar de estas cosas. “Sé de conflictos de intereses que no se han declarado”, afirma, y uno no puede evitar pensar en lo que está pasando en Uruguay con la ley de etiquetado frontal de alimentos. Los octógonos negros de exceso de azúcares, sal y grasas implicaron investigación científica de calidad que avala la medida. Sin embargo, una unidad de la Facultad de Química, con ayuda de una agencia de comunicación, salió a hacer fuerza para que la medida no se implementara, recurriendo a argumentos ya esgrimidos con anterioridad por la industria. Hoy los octógonos negros están en un impasse que nada tiene que ver con la ciencia y mucho con intereses económicos.

“Ahí donde hay conflictos de intereses no declarados surgen los problemas. Porque si el científico que escribe un artículo explicita que trabaja para Bayer, uno sabe quién está firmando el paper y sabe de dónde viene”, dice Martínez, recordando el reciente escándalo del estudio sobre los efectos de la hidroxicloroquina como terapia para la covid-19, que debió ser retirado por la prestigiosa publicación The Lancet.

“El término ‘mercenario’ me resulta muy fuerte, pero cuando voy a Argentina y veo la realidad de los pueblos fumigados, cuando voy a Rosario y están quemando las islas para plantar soja, y está toda la ciudad cubierta de humo, veo que están atravesando una realidad, a nivel ambiental y a nivel de salud, mucho más grave que la nuestra. Mi filosofía es más de sumar y construir algo nuevo que de meter más el dedo en la grieta, pero son modus operandi. Capaz que hay más momentos en los que no hay más remedio que separar las aguas, y otros en los que hay que tratar de ser lo más político posible”, reflexiona. Pone de ejemplo el Plan Nacional de Agroecología en el que ha estado trabajando con el colectivo TÁ. “Allí coexisten sectores que uno a priori diría que no son compatibles. Pero hoy la prioridad es sacar adelante el plan” argumenta. “Más que de ciencia digna o mercenaria, prefiero hablar de ciencia independiente y ciencia vinculada a intereses. Ese sería mi matiz personal”.

Enviado por Jaime García.

Solsticio de Invierno

Estamos en Tiempos Sagrados que han sido celebrados por tantas culturas muy diversas. Para los Pueblos Originarios de Abia Yala, en las Regiones del Cono Sur del Mundo, las celebraciones habitualmente comenzaban el 18 de junio en la noche. El momento más importante siempre fue la madrugada del 23 de junio, que a diferencia de la noche anterior, resulta menos terriblemente oscura y larga, constituyéndose así en promesa de que los días que vienen serán cada vez más luminosos y en el renacer del Sol.

El Pueblo Mapuche, los Pueblos Incásicos (del Perú, Bolivia y Ecuador) celebran los Rituales del Inti Raymi, el We-Tripantu . Le cantan al Sol y a la Pachamama y aunque hace muchísimo frío, igualmente, estas personas valientes se sumergen en los helados ríos cordilleranos para celebrar el Sol Naciente.

Es así como este sábado 20 el pueblo mapuche conmemora el We Tripantu (año nuevo o la nueva salida del sol) o Wiñol Tripantu (vuelta del año). Asimismo, el pueblo Aymara celebra el Machaq Mara (año nuevo) o Mara Taq´a (división del año), mientras que para el pueblo Quechua esta fecha es denominada Inti Raymi. Por otra parte, el pueblo Rapa Nui festeja el Matahiti; (año nuevo), evento que está en proceso de revitalización en ese territorio.

Los pueblos Colla, Chango y Diaguita conmemoran la fecha como “solsticio” o “año nuevo” y el pueblo Lickanantay celebra el “cambio de ciclo”. En tanto, el pueblo Tribal Afrodescendiente chileno también festeja este acontecimiento en Arica y Parinacota con la celebración del “San Juan”. Los pueblos australes Kawésqar y Yagán, dada su ubicación geográfica y el ecosistema que habitan y que determina su concepción del tiempo y del espacio, vinculado íntimamente a fiordos y canales del extremo sur, mantienen una relación diferente con los ciclos de la naturaleza, y por tanto su concepto de los ciclos temporales son otros.

Este año, con todo el cordón de Los Andes sumergido en los peores momentos de la pandemia mundial, cuando al frío y la oscuridad de la noche se le ha sumado la enfermedad y la muerte, tiene aún mayor significado esperar el amanecer y ofrecer los rituales del Wetripantu aunque sea puertas adentro.

Acá un inspirador vídeo del Parque de Estudio y Reflexión Paine, preparado para la ocasión:

 

(Imagen de infobae.com)

Información de pressensa

La política fiscal para reconstruir el pacto social frente a la crisis del COVID-19

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invita al conversatorio: «La política fiscal para reconstruir el pacto social frente a la crisis del Covid-19» a realizarse el próximo 25 de junio a partir de las 5 p.m., a través del canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg

Si quisiera enviar sus preguntas al conferencista, M.Sc. Fernando Rodríguez, puede hacerlo al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr o bien, hacerlas durante la actividad.

Chiquita despidió ilegalmente. Jueza ordena reinstalación de sindicalistas ilegalmente despedidos

Que Chiquita Brands Costa Rica violó las leyes al despedir a trabajadores y trabajadoras del departamento de operaciones portuarias en Limón es de sobra conocido. Que lo diga un juez en una primera sentencia sobre el caso, es un paso importantísimo hacia la obtención de justicia.

Giorgio Trucchi

El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands, prácticamente sin avisar, cerró el departamento de operaciones portuarias y despidió a más de 180 trabajadores y trabajadoras1.

Portones cerrados con candados y personal de seguridad cuidando las instalaciones es lo que encontraron al llegar el lunes al centro de trabajo.

Después de semanas de protestas sin lograr acuerdos, Sintracobal2 y la Rel UITA diseñaron otra estrategia que incluía una demanda colectiva por violación del convenio firmado en 2018, y de los acuerdos alcanzados por medio de un conflicto colectivo de carácter económico-social.

Asimismo, se introdujo una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales (trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación).

Quince meses después de la puñalada trapera de Chiquita Brands, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió una sentencia donde declara la nulidad de los despidos de los miembros de la junta directiva del Sintracobal.

También ordena su reinstalación en las mismas condiciones laborales y salariales al puesto que ocupaban antes del despido o, en su defecto, su reubicación en puestos equivalentes y con igual salario.

Finalmente ordena a Chiquita Brands cancelar a los demandantes los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta su efectiva reinstalación, más intereses e indexaciones.

La demanda había sido presentada por despido discriminatorio de dirigentes sindicales, violación del fuero sindical y violación de la libertad sindical.

La responsabilidad social de Chiquita Brands

La empresa procedió a despedir a todo el mundo, incluyendo a las personas protegidas por el fuero sindical, violentando así los procedimientos de ley.

La juez simplemente revisó lo que había pasado y no pudo hacer otra cosa que reconocer que fue un despido ilegal”, dijo a La Rel, Alejandro Ulloa, apoderado legal de los demandantes.

El abogado manifestó que Chiquita presentará un recurso de casación.

“Lo mismo hizo en el caso de otra sentencia que favoreció a una trabajadora que fue despedida en estado de embarazo.

Ahora los magistrados de segunda instancia deberán analizar estos casos y decidir si confirmar o no la sentencia de primera instancia”, explicó Ulloa.

El apoderado legal de los miembros de la junta directiva del Sintracobal ilegalmente despedidos consideró esta sentencia como muy importante.

“Es un primer paso que sienta un precedente fundamental. En este sentido no sólo es importante por el caso de Sintracobal, sino para la protección de la libertad sindical en Costa Rica.

No puede ser que los tribunales consientan que, en un lugar en donde existe un sindicato y un convenio colectivo, una empresa simplemente cierre la actividad, despida a todo el mundo, y se libere así de la obligación de respetar leyes y convenios internacionales”, concluyó Ulloa.

 

Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA.

Enviado a SURCOS por Maikol Hernández.

UCR: Informe señala deuda de Costa Rica en comunicación con perspectiva de género

Académicas y sociedad civil denuncian discriminación en la forma en que se representa a las mujeres en los medios, así como en su participación laboral en este campo

La Ley de Control de Propaganda que regula el contenido publicitario en el país data de 1975 y presenta vacíos para lograr una regulación efectiva del contenido. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Aunque Costa Rica fue pionera en la región con la creación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en el año 2007, el país carece hasta hoy de una normativa que vele por este tema en el ejercicio de los medios de comunicación.

Así lo evidencia el informe sombra que elaboraron representantes de la academia y la sociedad civil para valorar el cumplimiento del Estado costarricense en torno a la Plataforma de Acción de Beijing, que desde 1995 impulsa una agenda mundial a favor de las mujeres.

Los Estados deben efectuar cada año un informe que retrate el avance en los convenios internacionales que han suscrito y, frente a estos, surgen los informes sombra que realiza la sociedad civil para contrarrestar perspectivas y opiniones.

Esta iniciativa de rendición de cuentas en Costa Rica forma parte de la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG por sus siglas en inglés), una red global integrada por personas e instituciones que velan por la igualdad de género en el mercado de la comunicación.

El informe presentado este año señala que, a diferencia de otras naciones centroamericanas, Costa Rica carece de leyes que contemplen la violencia simbólica contra las mujeres al momento en que son representadas en los diversos espacios de la comunicación.

Según la directora del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y una de las responsables del informe local, Yanet Martínez, la cobertura noticiosa es a menudo un espacio de violencia y discriminación para las mujeres.

Datos del Observatorio de Género y Medios (GEMA), aportados en el año 2015, evidenciaron que la presencia de las mujeres en las coberturas de los medios tradicionales es de solo un 25 % y en la comunicación en internet apenas alcanza el 37 %.

Martínez denunció que los medios de comunicación carecen de una perspectiva de género que les permita tomar conciencia de la importancia que tiene representar con paridad a los hombres y a las mujeres en su quehacer cotidiano.

“Tienden a reproducir estereotipos que colocan a las mujeres en lugares de subordinación, como víctimas y en condición de vulnerabilidad respecto a los hombres. Hay cuerpos sexualizados y tratamientos sexistas, muy pocas veces las mujeres aparecen como políticas, tomadoras de decisión o como fuente experta”, denunció la académica.

El informe también señala el contenido publicitario como un espacio de violencia simbólica, pues tal como ocurre en las coberturas noticiosas, la carencia de normativa en el país impide la sanción del contenido que agrede o discrimina a las mujeres.

La cobertura de los medios de comunicación tiende a reproducir estereotipos que colocan a las mujeres en lugares de subordinación, víctima y de vulnerabilidad respecto a los hombres. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

El Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad (OIMP) de la UCR recibió entre el año 2016 y 2018 un total de 178 denuncias ciudadanas respecto a malas prácticas publicitarias ejercidas por parte de 29.6 anunciantes cada año.

La coordinadora del OIMP y también responsable del informe, Camila Ordóñez, afirmó que la Ley de Control de Propaganda que regula el contenido publicitario en el país data de 1975 y presenta vacíos para lograr una regulación efectiva.

“Es una ley muy antigua que se limita a contenidos explícitamente sexuales o violentos, pero deja por fuera otras expresiones como los estereotipos y, al centrarse en publicidad comercial, omite la publicidad política, institucional y social”, explicó la experta.

Ordoñez manifestó que cuando un anunciante incurre en una falta, la Oficina de Control de Propaganda (OCP) puede solicitar el retiro del contenido, pero la normativa vigente impide que se establezcan sanciones económicas o medidas de reparación.

“Solo se suspende la publicidad y no hay sanciones adicionales cuando es una práctica reincidente, tampoco hay medidas reparatorias, como sí sucede en otros países donde al menos el anunciante debe emitir una disculpa pública”, enfatizó.

El escenario de violencia simbólica contra las mujeres retratado por el informe se completa al señalar ambientes de trabajo predominantemente masculinos, donde además de tratos sexistas, las profesionales encuentran limitaciones para acceder a puestos de liderazgo.

La representante de GEMA y también propulsora de esta iniciativa que vela por el cumplimiento del Estado costarricense frente a la Plataforma de Beijing, Vilma Peña, afirmó que la agenda de las mujeres carece de voluntad política para que tome el papel relevante que requiere en la sociedad.

“La violencia se ha normalizado, ya no es algo que preocupe y menos la violencia contra las mujeres, pero, además, a los medios de comunicación les conviene jugar con esa libertad y no tener que formar a sus mismos periodistas desde un enfoque de género”, dijo.

Peña aseguró que la situación descrita por el informe responde a un problema estructural tan grande que resulta imposible atenderlo desde una instancia o sector en particular. Por eso, “debe abordarse desde todas las aristas posibles, donde la participación civil tiene mucho que aportar”.

Las representantes del Cicom, el OIMP y GEMA impulsan diversas acciones desde sus campos de trabajo para responder a las necesidades evidenciadas por el informe sombra, pero enfatizan que la atención del tema demanda una articulación entre las instituciones públicas, la academia y las industrias de la comunicación.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Presentación del libro “Rastro de Sal”

Este miércoles 24 de junio a las 5pm a través de Facebook LIVE de la Librería Internacional, se estará presentando el nuevo libro “Rastro de Sal” de la autora costarricense Arabella Salaverry, ganadora del Premio Nacional de Literatura 2016 y 2019.

Estará acompañada de la escritora y periodista Andrea Mora.

¿La Universidad del futuro?

Orlando Arrieta Orozco, Decano Facultad de Ingeniería UCR

Luis Felipe Arauz Cavallini, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarias UCR

Recientemente se dieron a conocer los informes de mayoría y de minoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que fue nombrada para estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), mediante el cual se financia a las Universidades Públicas.

El informe de mayoría resulta preocupante, pues refleja la visión poco informada que tienen algunas de las personas que integran la Asamblea Legislativa sobre un modelo de Universidad Pública que, desde su concepción, ha aportado enormes contribuciones al desarrollo de Costa Rica, y lo sigue haciendo. De entrada, reconocemos la necesidad de mejorar la gestión administrativa, incluido el modelo salarial, pero no debe tergiversarse políticamente lo que significa una verdadera universidad, como lo pretende el informe de mayoría.

Las Universidades Públicas deben reconocer que en ocasiones ha hecho falta más autocrítica para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de las propuestas incluidas en el informe de mayoría lejos de fortalecer la educación superior pública, la debilitarían hiriendo sus fundamentos bases más importantes, como la autonomía universitaria. El informe de mayoría habla de una “universidad del futuro” ligada a lo tecnológico, y dejando así por fuera otras áreas fundamentales para un país que busca un desarrollo integral y equilibrado.

¿Cómo debe ser la universidad del futuro? Debemos recordar que una de las principales razones por las que el Estado costarricense creó instituciones de educación superior fue para para que estas contribuyeran al desarrollo del país por medio de su actividad académica. Esta contribución se manifiesta de muchas maneras, entre ellas:

  1. Formación de cuadros profesionales cuya excelencia académica y responsabilidad social contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y la preservación ambiental.
  2. Fomento de la movilidad social para personas de bajos recursos mediante el acceso a una educación superior de calidad.
  3. Generación de conocimiento, solución de problemas y desarrollo de tecnologías por medio de la investigación científica.
  4. Transferencia a la sociedad de los resultados y productos de la investigación.
  5. Creación de cultura en todas sus manifestaciones.
  6. Atención de las comunidades con programas educativos y sociales en diversos ámbitos, y por medio de la difusión de las artes.

Este modelo de Universidad Pública ha sido y sigue siendo fundamental en el desarrollo nacional. Por eso, cualquier modelo de “universidad del futuro” depende de la visión de desarrollo que se tenga para el país, y este tiene que verse de manera integral, pensando en el bienestar de las personas. El informe de mayoría parte de una visión sesgada del desarrollo, centrado en la tecnología y la productividad vista en términos económicos, y no de una visión amplia, integral y equilibrada, que tenga como guía el bienestar de la población, para el cual la tecnología y la productividad son medios y herramientas, no fines últimos. No se puede perder la perspectiva total sobre el país y desde hace muchas décadas la sociedad, incluyendo a los empresarios, han reconocido que sin humanismo, sin pensamiento crítico, sin ética, la humanidad estaría condenada a repetir sus mayores errores y a desvirtuar su capacidad de creación y de sensibilidad, de forma que dejaríamos de ser humanidad y nos convertiríamos en una comunidad de autómatas.

El consenso mundial sobre los objetivos que deben guiar el desarrollo está delineado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, en los cuales el balance entre lo ambiental, lo social, lo económico, la paz, la justicia y la inclusividad se resume en el lema de “no dejar a nadie atrás”; ese es el mismo ideal de fundación de la nación costarricense y está inscrito en nuestra Constitución Política. Ninguno de los ODS habla de la tecnología como un objetivo per se del desarrollo, sino como un vehículo, una herramienta que facilite el proceso.

De todo lo anterior, se concluye que para aportar a los desafíos de un verdadero desarrollo, la universidad del futuro debe promover la generación de conocimiento científico y tecnológico, sin duda, pero debe ser crítica, artística, cuestionadora, original, imaginativa y humanista. No podemos tecnocratizar la educación superior pública, menospreciando las actividades académicas en el ámbito de las humanidades, las artes, las letras o las ciencias sociales. ¿De qué nos servirían profesionales del ámbito científico-tecnológico, pero sin capacidad de análisis social, apreciación del arte y muchas otras variables? Debemos ver la educación superior pública desde un enfoque global e integral, como hasta el momento lo han hecho todas las Universidades Públicas.

El país debe tener claro que la inversión en educación superior pública debe verse como una especie de seguro, que le permite al país tener una capacidad instalada en cuanto a recurso humano altamente calificado y equipamiento de punta, capaz de responder en momentos de crisis como el actual, proponiendo un abordaje integral del problema, desde todas las perspectivas de las áreas de conocimiento.

El informe de mayoría se aparta de nuestras tradiciones nacionales y amenaza esa visión global e integral de la educación superior pública, y cae en una visión economicista. La idea de modificar la Constitución Política de Costa Rica para limitar la autonomía universitaria no puede ni debe aceptarse.

Por el contrario, se debe continuar resguardando la necesaria libertad que tiene la universidad para no estar sujeta a vaivenes políticos o presiones de sectores, que constituye uno de los meollos de la autonomía universitaria.

Existe, una muy pequeña minoría de académicos a quienes el actual sistema salarial le permite alcanzar salarios excesivamente altos. Pero es totalmente innecesario reformar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para lograr cambiar ese aspecto. Las Universidades Públicas, en pleno uso de su autonomía, deben analizar y revisar su política salarial, y establecer una clara priorización de la calidad del trabajo y la producción académica sobre el crecimiento puramente vegetativo. Se deben valorar más factores como el desempeño de las labores que la antigüedad, y es necesario establecer topes en rubros que pudieran llegar a amenazar la sostenibilidad financiera. Esto último requiere de cambios y ajustes normativos internos relativamente simples, imprescindibles para desarmar a quienes utilizan esos salarios como argumento para atacar a las universidades y proponer medidas que debilitan un importante (e incómodo para algunos) pilar de nuestro Estado Social de Derecho.

Vivimos tiempos complejos en que debemos hacer un llamado a la unión y no a la división, tanto en el seno de CONARE como en el conjunto del Estado y las instituciones públicas que contribuyen a resguardar ese Estado Social de Derecho, en donde salud y educación han sido base fundamental para lograr una mejor sociedad.

Hacemos una instancia respetuosa pero firme a las diputadas y diputados a rechazar el informe de mayoría, que propone una universidad y una nación mercantilista en donde la cultura, la ética y la conciencia crítica parecen ser lujos innecesarios, y a defender el modelo de una universidad igualitaria, centrada en el ser humano, promotora de la ciencia y la cultura, que siga siendo un pilar del desarrollo integral de nuestro pueblo. En ese sentido, extraña que miembros del partido político bajo el cual se creó el Ministerio de Cultura, tengan una visión tan antagónica y diferente a la del fundador y líder histórico de su partido; “¿Para qué tractores sin violines?”

Enviado a SURCOS por Luis Felipe Arauz Cavallini.