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Autor: María José Ferlini Cartín

El Aeropuerto Internacional del Sur no fue una solución en el pasado, y no lo va a ser en este nuevo contexto

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

María José Guillén[1]
José Antonio Mora[2]

El modelo que acompaña la idea de un aeropuerto internacional, está totalmente desfasado del nuevo contexto que estamos viviendo en el mundo.

El día 10 de junio, el diputado liberacionista Wagner Jiménez subió un video en su página de Facebook, donde menciona que tuvo una reunión con el Presidente de la República, y que en esta le solicitaba reactivar el proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur. Desde hace más de una década se viene hablando de construir un Aeropuerto Internacional en la zona sur de Costa Rica, con el fin de acelerar y atraer el flujo de turistas y mercancías en una zona de histórica vocación agrícola, de conservación ambiental y patrimonio arqueológico, específicamente, en Palmar Sur de Osa.

Éste ha sido un proyecto bastante cuestionado por diversos sectores, tanto de la comunidad nacional como internacional, debido a los posibles impactos sociales y ambientales que una infraestructura de esta magnitud tendría en la zona. En este texto queremos puntualizar los aspectos más preocupantes de este mega proyecto, y por los que fue archivado en el pasado, al mismo tiempo que los actualizamos en este presente pandémico que ha dejado expuesta la vulnerabilidad del actual modelo económico. El Aeropuerto se ofrece como solución de reactivación económica, cuando no es sino una receta fallida que continúa reproduciendo este modelo desfasado que ha maximizado sus consecuencias negativas durante esta crisis económica y sanitaria. Estos puntos son:

  1. Para hacer el Aeropuerto deben desalojar cientos de familias rurales y campesinas.

Como bien se ha dicho en años anteriores, este Aeropuerto se pretende construir en las comunidades llamadas Finca 8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11. A pesar de que sus nombre nos pueden hacer pensar que estos son espacios inhabitados, se trata de comunidades rurales ubicadas en Palmar Sur de Osa, las cuales fueron parte de la unidad de producción de banano de la Compañía Bananera de Costa Rica (subsidiaria de la United Fruit Company). Estas fincas están habitadas por cientos de familias rurales y campesinas, las cuales trabajan la tierra bajo distintas modalidades productivas. Muchas de las familias que viven en las Fincas han manifestado su total rechazo ante este proyecto, a través de distintos mecanismos legales y de protesta. Algunas de estas Fincas pertenecen a instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), en el caso de Finca 10, y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) en el caso de Finca 9. La gran pregunta que despierta la reactivación de este proyecto es ¿Qué va a pasar con todas estas familias? ¿Serán desalojadas o serán reubicadas? ¿Por qué nunca se ha mencionado algo al respecto de esta situación por parte de Aviación Civil?

  1. Este aeropuerto estaría ubicado dentro de la zona más importante de emplazamiento de las esferas de piedra precolombinas, las cuales fueron declaradas Patrimonio Arqueológico de la Humanidad por parte de la UNESCO.

En el año 2007, un titular en el periódico La Prensa de Honduras decía “El presidente anuncia nuevo sitio para aeropuerto en Copán” (Ensemble. 05/07/2020). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Copán Ruinas como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982, esta organización rechazó la idea del gobierno hondureño, de construir un aeropuerto internacional a catorce kilómetros del Parque de Copán Ruinas, debido a que la vibración de los aviones podría dañar los sitios arqueológicos, como efectivamente ocurrió.

En el caso del Aeropuerto Internacional del Sur, este se encontraría prácticamente en medio de varios sitios arqueológicos, también declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Se trata de los sitios Finca 6, Batambal, Grijalba y El Silencio, ubicados en el cantón Osa, donde se encuentran las esferas de piedra precolombinas. Como bien lo dice la experta Ifigenia Quintanilla, estas esferas de piedra son una clara evidencia del trabajo colectivo que realizaban los pueblos originarios del Pacífico Sur de Costa Rica (Quintanilla, I., 19/06/2016).

La situación vivida hace más de 13 años en Copán Ruinas, es exactamente la misma que la de este aeropuerto del sur. ¿Se le ha consultado su opinión a la UNESCO sobre este proyecto? ¿Se han valorado los impactos que este megaproyecto traería para estos sitios arqueológicos?

  1. Se ubicaría en una llanura que está básicamente al lado del Humedal Térraba-Sierpe, el cual es un sitio Ramsar.

Los sitios Ramsar son humedales de importancia mundial, los cuales se busca que tengan un manejo eficaz, y que se mantengan sus características ecológicas. El Humedal Nacional Térraba-Sierpe fue declarado sitio Ramsar en el año 1995 por su importancia ecológica por ser hábitat de muchas especies, como las aves migratorias, y por aportar ingresos a las familias de la zona. Un aeropuerto internacional que estaría justo al lado de este humedal generaría un impacto directo sumamente grande en los distintos ecosistemas que allí se albergan.

  1. El Aeropuerto en el Sur atraería turismo masivo, emulando el modelo de Guanacaste

El turismo es una industria que depende de la precarización laboral. Por un lado, funciona por temporadas, por lo que las contrataciones no son estables y las personas tienen que estar rotando entre empleos sin consolidar nunca sus garantías laborales. Ese turismo masivo se basa sobre principios de segregación espacial, en el que las bellezas naturales de la zona se convierten en espacios de disfrute exclusivo para turistas, mientras que las comunidades se ven desplazadas a regiones menos atractivas. La cantidad de recursos necesarios para sostener este tipo de turismo es despojado de las comunidades aledañas y de personas migrantes, que son proveedores no solo mano de obra barata, sino que también se ven despojados de grandes extensiones de tierra y del uso del agua potable. Como se ha visto con el caso guanacasteco, este modelo de turismo de enclave ha provocado un sinnúmero de conflictos socioambientales y comunales, lo cual muy posiblemente se repita en el Sur en caso de concretarse este megaproyecto.

  1. Las tierras donde pretenden hacer el megaproyecto son parte de zona que constantemente se inunda

La zona donde planea construirse el Aeropuerto tiene un alto riesgo de inundaciones al ubicarse en el delta de los ríos Térraba y Sierpe, en una de las zonas más húmedas del país y con gran descarga de sedimentos desde la parte alta de la cuenca.

  1. ¿Quién financia este proyecto?

El desarrollo de un proyecto de las magnitudes propuestas para el Aeropuerto Internacional requieren de un gasto que el país no está en condiciones de asumir, especialmente cuando el desempleo y la desigualdad socioeconómica van en aumento. La “inversión” dependerá probablemente de adquisición de deuda así como del modelo de concesión de obra pública, que como se ha visto con el caso de la Ruta 27, es un total fracaso para las finanzas públicas y el bolsillo de las y los habitantes. Alrededor del mundo, el giro infrastructural ha mostrado que los mega-proyectos suelen ocupar más tiempo y más dinero que el estipulado al inicio de su formulación; asimismo, su escala moviliza la idea sublime de que serán grandes hazañas por las que los políticos serán admirados y recordados, por lo que son utilizados por los gobernantes para aumentar su popularidad.[3]

  1. Durante y después del COVID-19.

Los primeros casos por COVID-19 en el país fueron detectados en turistas norteamericanos, después de que se expandiera el contagio, el sector turístico fue el que más rápidamente se vio afectado por las medidas de contención del virus, como el cierre de fronteras, playas y bares. Por otro lado, la incertidumbre con respecto a la propagación, inmunidad, y vacunación, así como las transformaciones culturales y económicas que el coronavirus está generando no pueden ser ignoradas. La aparición de este nuevo virus -que no es el primero ni será el último- generará cambios en los estilos de viaje y en las formas en que se consume placer -el producto por excelencia de la experiencia turística-.

La promoción del Aeropuerto Internacional como una salida a la crisis económica es ciega y negligente de todas estas condiciones que existían antes, y que con esta nueva enfermedad se han mostrado de una manera más cruda.

Referencias:

Ensemble. (05/07/2007). El presidente anuncia nuevo sitio para aeropuerto en Copán. Diario La Prensa. Recuperado de https://www.laprensa.hn/honduras/648042-97/el-presidente-anuncia-nuevo-sitio-para-aeropuerto-en-cop%C3%A1n

Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, February .

Quintanilla, I. (19/06/2016). El Diquís, las esferas de piedra y su valor cultural universal. Diario La Nación. Recuperado de https://www.nacion.com/viva/cultura/el-diquis-las-esferas-de-piedra-y-su-valor-cultural-universal/VBF5ODRHJVHRFBJJUHFCFTJLAM/story/

[1] Estudiante del Doctorado en Geografía de Clark University, Massachusetts, Estados Unidos.

[2] Docente. Sección de Historia y Geografía, Sede de Occidente. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria. Universidad de Costa Rica.

[3] Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, February .

Imagen: Botas con Machete, Alejandro Ferlini Cartín

Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Yamileth González García*

  1. El Informe dictamen de mayoría, (Expediente 21.052) de la “Comisión Especial que estudie, analice y eventualmente proponga proyectos de Ley o Reformas en relación con la administración del FEES” (CE-FEES), de la Asamblea Legislativa es bastante deficiente, parte de premisas a las que no se les da comprobación con hechos y documentos fehacientes, por lo tanto, resultan poco cercanas a la “verdad”.
  2. Tiene muy débil sustento, dice estar realizado “… con base en la normativa vigente y en la información que trascendió en prensa, en las manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior” (CE-FEES), o sea que la parcialidad campea, es un estudio hecho sobre diversas opiniones, sin una necesaria base documental. No es una investigación como debería demandar una institución como la Asamblea Legislativa, la cual, después de un año de trabajo, consista simplemente en un cúmulo de audiencias descoordinadas.
  3. Además, como muestra de inconsistencia, por ejemplo, el Informe señala una “metodología” acordada por la Comisión, que consiste nada más que en fijar un horario, recibir audiencias y establecer tiempo de exposición, como ellos lo señalan: “La Comisión estableció como horario de sesión los días lunes de 9 a.m. a 11 a.m.; la dinámica de la investigación es la recepción de audiencias por sesión, además de realizar consultas a las diferentes instituciones y partes interesadas” (CE-FEES).
  4. Como un dato que revela la falta de seriedad el “estudio” centra su atención en probar lo que los diputados y diputadas dijeron antes de iniciarlo; no aporta nada nuevo a lo que mencionaron antes de hacer esta “investigación”.
  5. Es un “estudio” que le sirve de excusa a la comisión para ir más allá del encargo original (proponer proyectos o reformas en relación con la administración del FEES); no obstante, se excede en espacios académicos, más allá de lo que significa la administración de los recursos.
  6. Por otra parte, el Informe parece responder a los requerimientos que varios de los organismos internacionales vienen señalando, desde décadas atrás: la necesidad de que las universidades generen sus propios recursos, aumenten el costo de la matrícula, fortalezcan las carreras técnicas y los diplomados, que se le de freno a la autonomía universitaria, ya que la conciben como un obstáculo para someter las universidades a las decisiones políticas y económicas del Gobierno, etc…,etc., Así tenemos, por ejemplo:

         Es un estudio que violenta la autonomía universitaria, aunque dicen no querer hacerlo, cuando afirman que: “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cual este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior. (…) Nosotros vamos a ser muy respetuosos del marco de la autonomía universitaria como lo establece la Constitución Política…” (CE-FEES). El párrafo muestra una flagrante contradicción, ya que la Asamblea Legislativa, según el principio constitucional, no puede tener participación directa en el ordenamiento universitario sin afectar la autonomía. Sin embargo, en esa afirmación se puede leer una amenaza velada a las universidades, ellos son el primer poder de la República y aprueban los presupuestos.

         Una de las violaciones más profundas a la autonomía de las universidades, se da cuando el Informe señala que “Cuando exista colisión o polémica entre la prevalencia del principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 185 de la Constitución Política o, el de equilibrio financiero estipulado en el artículo 176 de ese mismo cuerpo legal, debe establecerse con claridad que el segundo tiene prioridad. Por tanto, se impulsa una reforma constitucional para que en adelante quede suficientemente claro que el principio de equilibrio financiero prima por sobre el de autonomía universitaria” (CE-FEES).

Esto es inadmisible, supondría un retroceso a una importante conquista que las universidades han conseguido con un alto costo y que implica la esencia misma de su misión y las protege frente a abusos de poder, permite el desarrollo del libre pensamiento y la creatividad; posibilita tener un gobierno propio sin intromisiones políticas, económicas o de cualquier otra índole … Sin un financiamiento adecuado, no hay autonomía. El acto de ejercer ese derecho pasa por conseguir, de parte del Estado, un financiamiento adecuado y sostenible, un fondo que haga posible actuar.

Hay que dejar claro, por otra parte, que la autonomía, no es un cheque en blanco a las universidades, implica responsabilidad y rendición de cuentas claras y transparentes y devolverle a la comunidad, resultados que contribuyan al desarrollo.

         También este Informe violenta la autonomía al pretender que las universidades públicas pasen a la CAJA ÚNICA DEL ESTADO: “A partir del informe de la Contraloría General de la República denominado “La caja única del Estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público”, se recomienda que se incorpore mediante ley de la República a las universidades, dados sus beneficios para el país, en el régimen de caja única. Lo señalado, a modo de introducción, en el cuerpo de este informe se ampliará a algunas de las propuestas concretas y recomendaciones como resultado de las reflexiones hechas al tenor del trabajo de esta Comisión especial. (CE-FEES).”

Esto, hasta ayer, no era inaceptable, ya que significa entrabamiento del funcionamiento administrativo; la Caja Única nunca ha sido eficiente y limitaría la independencia financiera de las universidades, instituciones que no son una oficina del Gobierno o del Estado, va contra la autonomía financiera, consignada constitucionalmente.

Es precisamente validando ese compromiso de responsabilidad y rendición de cuentas que la universidad debe ser transparente en el manejo de sus recursos y no puede permitirse dejar su administración a otras instancias; pues sino, como respondería ante los convenios de colaboración establecidos con colaboradores nacionales e internacionales de orden público y privado cuyos proyectos de investigación y cooperación en sectores de punta son efectivos en el mediano plazo y permiten consolidar plataformas y estructuras de cooperación entre la universidad, el sector público y el sector privado.

Recordemos que la ley de administración financiera y presupuestos públicos, así como el ordenamiento jurídico existente resguarda la hacienda pública mediante la presentación de presupuestos y planes operativos anuales, estipulados por la misma normativa que son sometidos a la Contraloría General de la República y los procesos de evaluación correspondientes. La autonomía garantiza el autogobierno en un espacio propio del sector público costarricense.

  1. El Informe contiene afirmaciones y propuestas que evidencian un enorme desconocimiento de la realidad universitaria, por ejemplo:

         La siguiente afirmación del Informe demanda reflexión “Costa Rica requiere fortalecer su sistema nacional de innovación a fin de robustecer y diversificar nuestro desarrollo tecnológico. En este objetivo, las universidades cumplen un rol central; por ejemplo, un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto. En un país con recursos limitados y en medio de un periodo de desaceleración económica como la que se experimenta, se debe plantear un debate crítico y reposado sobre cómo acercar las necesidades del sector productivo a las agendas universitarias, en especial las relacionadas con investigación. Por su trascendencia y alto valor (CE-FEES).”

Desde luego que es necesario fortalecer el sistema nacional de innovación, pero el Informe desconoce que las universidades y el sector productivo del país tienen lazos fuertes (que desde luego se deben fortalecer); que no se parte de cero, ya existe un valioso aporte y la coordinación entre estos sectores no es inexistente.

Aquí vale la pena recordar dos ejemplos: la industria agroalimentaria en Costa Rica no camina con éxito, sin el apoyo del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA). Junto al CITA se puede mencionar también al Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) que por medio de sus especialidades en ciencias del suelo, biotecnología y tecnología poscosecha, realiza análisis el suelo y foliares, de aguas fertilizantes con servicios en biotecnología. Por otra parte, el CIGRAS que es el ente nacional de análisis de calidad de todas las semillas y granos que ingresan al país…, En diversas ocasiones han recibido estos entes donaciones para fortalecer el trabajo de seguridad alimentaria y nutricional del país. La Estación Experimental Fabio Baudrit, tiene una significativa reserva de germoplasma de diversos productos alimenticios, que pueden, sin duda, ser un alivio ante cualquier situación de inseguridad alimentaria y nutricional. La Fabio, como se le denomina más cercanamente, ha generado una serie de innovaciones como lo son las diversas variedades de frijol que se transfirieron al mercado nacional o más recientemente una nueva variedad de papaya, conocida como la papaya perfecta…

Y en Salud, que mejor ejemplo a citar, que el del Instituto Clodomiro Picado, centro de referencia mundial en la producción de sueros antiofídicos y que hoy se ha visto trabajar en la producción del plasma que ha venido a aliviar efectos del Covid-19. El ICP tiene vínculo con sectores externos a la UCR y es altamente respetado y conocido internacionalmente.

Estos son solo dos ejemplos, de los miles que se podrían comentar, de esa relación entre la universidad pública y la sociedad, buscando aportar al desarrollo nacional, buscando devolver el beneficio social de la educación universitaria.

         Se afirma que: “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. “El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía. Dentro de este contexto dicho valor público no solamente se genera en cuanto al impacto para los estudiantes, sino también sobre cualquier otra actividad realizada por parte de las universidades como la investigación, acción y extensión social entre otras.

El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio (CE-FEES).”

¿Cómo es eso de que deberían estar generando un valor público…? ¿no les es evidente el valor público de las universidades? ¿es que no han visto que, en medio de esta crisis los medios de comunicación refieren todos los días alguna incidencia positiva de las universidades?

         Cómo pueden decir que: “Las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, lo que les ha restado la posibilidad de favorecer con estos recursos al resto de su comunidad estudiantil, ubicada en las regiones, así como crear valor público que se pueda proyectar al resto de la sociedad y generar un vínculo con las comunidades” (CE-FEES).

Esas afirmaciones no tienen ningún respaldo técnico… son especulaciones. No es válido, afirmar que la mayoría del FEES se va en salario millonarios…ni es cierto que no se apoyó la población estudiantil en sedes (significativos esfuerzos van dirigidos a becas y residencias en las sedes o campus universitarios). Es ridículo que se diga que hay que crear valor público y generar vínculo con las comunidades, porque ese vínculo existe y es significativo. Habría sido aceptable que el Informe señalara la necesidad de fortalecer la relación, pero no descalificar a las universidades negándolo.

  1. Se señala que: “El aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva de algunos atributos de calidad del servicio los cuales mejoraron en promedio.” Y que por eso consideran que “es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido” (CE-FEES. Y también que “es necesario que asuman lo más pronto posible, el reto de establecer una política de autofinanciamiento, que les permita fortalecer las fuentes de recursos para llevar adelante sus objetivos” (CE-FEES).

La afirmación de que los entes universitarios deben generar sus propios recursos, no se puede aceptar, con esa política se busca privatizar la universidad pública. Ya las universidades venden servicios y reciben donaciones significativas y está en sus intereses hacerlo cada día más; pero es inadmisible la insistencia en sustituir el FEES con recursos propios, eso es privatizar la educación superior pública. Entonces, ¿las universidades solo harán, aquello por lo que se paga y no lo que es importante para el país? ¿Entonces la actividad universitaria que no se paga no se haría?

Y está, además, el comentario de que el “… aumento en el gasto es superior a los resultados alcanzados en matrícula, títulos y percepción positiva…” refleja una concepción de universidad centrada en graduar estudiantes, y no le dan valor a las otras actividades sustantivas, que son, a la par de la docencia, la investigación y la acción (extensión) social. Estaríamos por lo tanto reduciendo las universidades a “enseñaderos” y limitando su impacto para el país.

  1. Señala el Informe que “LA OFERTA ACADÉMICA ESTÁ OBSOLETA Y DIVORCIADA DEL SECTOR PRODUCTIVO, LO QUE PRODUCE SOBRE OFERTA EN CIENCIAS SOCIALES Y UN ALTO DÉFICIT EN CARRERAS STEM”. Y que “Genera gran preocupación entre los miembros de esta Comisión, lo obsoleta y divorciada del sector productivo, que está la oferta académica, principalmente de la UCR, UNA y Universidad Estatal a Distancia (UNED), que las lleva a generar una sobre oferta en las áreas de ciencias sociales y un alto déficit en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) (CE-FEES)…

Insisto en que la afirmación de que, excepto el ITCR, las demás universidades están obsoletas en su oferta académica no es válida, sorprende, entonces, que según el estudio de empleabilidad más reciente en seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016, realizado en el 2019, en el CONARE la empleabilidad de las Universidades estatales es de 94,6% y el de la UCR, en específico es de 95,2%.

Recordemos también que, la respuesta de la UCR en área tecnológica ha sido congruente y coordinada con el desarrollo nacional. Así́ en el pasado como en el presente, vemos como luego de creado el Mercado Común Centroamericano y del surgimiento de instituciones como RECOPE y el ICE; la UCR diversifica sus programas: la Ingeniería Civil ve nacer la Ingeniería Eléctrica, la Mecánica, la Industrial, la Química y la Agrícola; que décadas más tarde abren posgrados en todas esas áreas y, posteriormente, establecen alianzas con empresas de alta tecnología que llevan a crear nuevas opciones curriculares. La Escuela de Ingeniería Eléctrica amplía la matrícula con nuevas promociones de estudiantes que se imparten parcialmente de forma desconcentrada en la Sede de Guanacaste (Liberia) y, en la Sede del Pacífico (Puntarenas); la de Ingeniería Mecánica lo hace en Tacares de Grecia; Ingeniería Industrial, por su parte, ha graduado a cientos de estudiantes en la Sede de Occidente, en San Ramón.

La expansión geográfica se complementa con otras opciones de estudio, como las maestrías de Comunicaciones Digitales, Sistemas de Mediana y Baja Tensión (que se han impartido en asocio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense de Electricidad y el sector privado y, la carrera de Computadoras y Redes que nace con el fin de apoyar a las empresas de alta tecnología con sus problemas de diseño y pruebas de circuitos cerrados… Nuevas opciones se generan como, por ejemplo, Autotrónica, Microelectrónica, Industria Alimentaria, Hotelería, Ingeniería Ambiental y de Salud…

El LANAMME es indiscutiblemente uno de los centros de investigación que más aportes le han generado al país. Sin el LANAMME, Costa Rica no podría avanzar, exitosamente, en el mejoramiento de las carreteras, desde luego que como Universidad somos instancia de diagnóstico, estudio, análisis y no de ejecución de obras.»

  1. Se insiste en el fortalecimiento de las carreras técnicas, pero eso siempre se ha hecho en las universidades y, si en este momento existe una demanda laboral hay que atenderla y fortalecerla; pero, desde luego no limitando o cerrando otros ámbitos. Si el mercado laboral demanda más técnicos, hay que atender la demanda, pero no cerrando ciencias sociales o artes… ¿Que haría la sociedad sin un pensamiento filosófico, sin escritores, artistas, historiadores, educadores…? El desarrollo es integral y a él caminamos desde diferentes perspectivas disciplinarias.

Además, esa distorsión la causan las universidades privadas que centran su oferta en carreras de bajo costo económico.

  1. “LA ENTREGA DE DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS: UNA FORMA DE DEMOCRATIZAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS REGIONES”, pregona el Informe.

“El presidente de la Comisión consultó sobre el nuevo posible modelo de regionalización que podría establecerse para mejorar los indicadores en las regiones, a lo que se respondió que una forma de mejorar el acceso a la educación es impartir diplomados en las universidades públicas, que se encuentran en las regiones y eliminar la duplicidad de carreras entre las mismas universidades públicas, en aras de que se llenen todos los cupos, por ejemplo la carrera de educación que es una de las más demandadas, debería existir un acuerdo para que, por ejemplo, sea impartida por la UNA y así la UCR pueda impartir otras carreras. … Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto. (CE-FEES)”

Esa afirmación me genera dos comentarios:

El concepto de UNIVERSIDAD, entendida como ente de estudios superiores, está ligado a la formación de grado y posgrado, no a la formación preuniversitaria, como es el caso de los DIPLOMADOS… esa es función de los centros “parauniversitarios” o colegios universitarios, como se llaman. Vale la pena recordar, una valiosa experiencia que las universidades públicas tuvieron, en los años de 1990, con los Colegios Universitarios mediante un Convenio de Articulación ( 1997) que fue bastante exitoso y que permitía a los estudiantes, particularmente de las zonas rurales, iniciar estudios en nivel pre-universitario y luego pasar, si así lo querían, a la universidad, sin hacer examen de admisión y poder así, continuar su diplomado con un grado superior, pero esa experiencia se vino al traste, cuando la Asamblea Legislativa, transformó a la mayoría de esos centros en una universidad.

En el presente, las universidades pueden abrir diplomados y carreras cortas, (algunas lo tienen, como la UNED), PERO con cuidado, ya que el desafío es grande. Las universidades tienen una responsabilidad y compromiso con la sociedad y, esto no es solo un asunto de formación y de calidad, sino que, tiene que ver, también, en cómo se enfrenta esa nueva perspectiva de la formación universitaria que se abrió paso, sustentada en el crecimiento de una demanda y de una presión laboral, que articuladas a partir de un nuevo imaginario social, según el cual una titulación en educación superior puede ser sinónimo de carreras cortas y técnicas, pone en juego y en duda la auténtica naturaleza y razón de ser de la universidad, desaparece la perspectiva de la formación integral y humanista, la formación crítica, reflexiva y dialógica, indispensables para una formación de excelencia e impacto”.

  1. Hay otros temas complejos en el Informe, sobre la repartición del FEES y la recomendación que hacen para que recursos del presupuesto de la UCR y de la UNA se trasladen al ITCR que, las diputadas y los diputados, asumen como la universidad del futuro en Costa Rica.

Asumir la primera recomendación nos haría entrar en fuertes contradicciones, porque, para empezar, no se trata de “desvestir un santo para vestir a otro” y por otra, no es casual, ni antojadizo que unas universidades tengan más porcentaje que otras… Al crearse el Fondo Especial para la Educación Superior cada universidad entró con un presupuesto y las más grandes tenían su presupuesto, que desde un inicio era mayor. El problema es que se fueron creando nuevas universidades sin presupuesto e integrándolas al FEES. Caso contrario el de Universidad Técnica Nacional, que, con fuerte respaldo del Partido Liberación Nacional, la Asamblea le asigna sus propios recursos.

La alusión a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, es la única institución que ha hecho bien su trabajo y , por tanto puede ser considerada como la “Universidad del futuro”, ya que “… ha sido un ejemplo “de hacer mucho con poco”, lo que nos lleva a pensar, que, si contáramos con instrumentos de planificación y evaluaciones rigurosas, de las cuales dependería la distribución del FEES, como ha sugerido este informe, estamos convencidos de que el TEC tendría la posibilidad de acceder más recursos, por sus eficientes resultados…(CE-FEES)”, esta afirmación muestra, (pensándolo amablemente) el desconocimiento, con todo respeto y admiración por el ITCR, de las personas de la comisión especial; no se puede permitir ni pasar por alto esta afrenta para el resto de las instituciones de educación superior pública.

Las encuestas y estudios realizados nacional e internacionalmente, con organismos e instrumentos muy calificados le han dado a las universidades públicas una prestigiosa calificación no solo a nivel latinoamericano sino mundial. (Por ejemplo, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/01/11/el-81-de-los-costarricenses-considera-que-la-ucr-le-aporta- mucho-al-pais.html)

https://www.larepublica.net/noticia/tres-universidades-publicas-destacan-en-la-lista-de-las-mejores-del-mundo

  1. Es importante concluir señalando que las universidades pueden recibir todo tipo de observaciones y recomendaciones, sobre salarios, empleo, etc. Etc. sin que eso signifique violentar la autonomía. Sugerir, proponer, lo que no sería admisible es ordenar. De manera que la afirmación que se hace en el informe, (“…estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto… No puede ser de recibo.

* Ex Rectora UCR (Colectivo Mujeres por Costa Rica).

 

Imagen ilustrativa.

El reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas señalando la impunidad campante con relación a asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica: breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (véase sitio oficial), así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase sitio oficial).

Este llamado se da en un momento en que la los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación aún mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con acceso limitado a servicios básicos de salud y a la desatención a su situación que ha provocado esta pandemia por parte de las autoridades estatales.

El mismo Relator Especial sobe derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos de Naciones Unidas externó en un comunicado del pasado mes de mayo (véase texto completo) que:

«States of emergency are exacerbating the marginalisation of indigenous communities, and in the most extreme situations, militarisation of their territories is taking place. Indigenous peoples are being denied their freedom of expression and association, while business interests are invading and destroying their lands, territories and resources. In some countries, consultations with indigenous peoples and also environmental impact assessments are being abruptly suspended in order to force through megaprojects relating to agribusiness, mining, dams and infrastructure».

En el hemisferio americano, también en mayo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo) que:

«En cuanto al derecho a la salud de los pueblos indígenas, la Comisión ha recibido información sobre los diversos obstáculos que enfrenta este colectivo en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunos de estos desafíos se relacionan con cuestiones socioeconómicas y de accesibilidad. En general, los hospitales y centros de atención médica se encuentran alejados de las áreas rurales en las que residen amplios sectores de los pueblos indígenas de la región«.

Un muy completo informe (véase texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial«, publicado en este mes de junio del 2020, hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.

El contexto específico en Costa Rica en el que se da a conocer el comunicado

Se puede revisar desde ya el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas divulgado por el servicio de prensa de Naciones Unidas.

Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.

Cabe recordar que al cumplirse un año de la muerte de Sergio Rojas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado oficial (véase texto completo difundido el 18/03/2020) había ya advertido a Costa Rica que:

«La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión«.

El órgano interamericano de protección de los derechos humanos se ha mostrado extremadamente vigilante con relación a lo que ocurre en la zona de Salitre. Y es que, desde el 2015, Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del 2015 por la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado costarricense (remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada «Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH» y disponible en este enlace).

Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019

El contenido del comunicado conjunto (versión integral)

En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado «Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas» (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas detallan la situación imperante al externar:

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«… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.”

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.«

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Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos no convencionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica).

En el mes de mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una comunicación (también hecha pública) por parte de tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública«, disponible en este enlace.

La recuperación de territorios indígenas ante la inoperancia estatal

Cabe precisar que estos asesinatos se han dado en medio de intentos para recuperar sus territorios por parte de comunidades indígenas costarricenses ante el avance inexorable de personas no indígenas en sus territorios y la pasividad de las autoridades costarricenses. En este artículo publicado por el Semanario Universidad sobre el proceso de recuperación de territorios indígenas, titulado «Recuperación de tierras bajó ocupación no indígena en Salitre» (y cuya lectura se recomienda), se lee que:

«Debido a la inacción del Estado por no desalojar a los ocupantes ilegales, no sancionan a ninguno y no apoya a la Fuerza Pública en el sitio, se creó un clima de impunidad, un ambiente en el que sucedió el asesinato de un defensor de derechos humanos”.

El derecho a la tierra para las comunidades indígenas costarricenses constituye una legítima reivindicación, que el mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (más conocido como «CERD») ya le había externado en el 2007 a Costa Rica. En sus observaciones generales del 2007 al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que para este órgano de tratados de Naciones:

«15. /…/El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados (inciso v) del apartado d) del artículo 5)«.

En el 2015 (véase texto completo de sus observaciones finales al informe de Costa Rica), reiteró en los siguientes términos esta petición hecha a Costa Rica en el 2007:

«28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303) de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios, incluso en casos de ocupación y compra ilegales y enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El Comité recomienda también un proceso de consulta para la delimitación y titulación de los territorios».

En el 2016, otro órgano de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones generales al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) señaló que:

«42. El Estado parte debe:

  1. c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria;
  2. d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques».

Al parecer, pese a innumerables reuniones, diagnósticos, planes, estrategias, estudios, mesas de diálogo, estas recomendaciones hechas hace ya más de 12 años a Costa Rica, reafirmadas en el 2015 y en el 2016, siguen sin lograr materializarse para las comunidades indígenas costarricenses. Una ocasión propicia para reafirmar cuán necesario es que sean debidamente implementadas las observaciones que emanen de los órganos de tratados de derechos humanos en Costa Rica; y cuán imperioso resulta que sean ampliamente divulgadas y analizadas en el seno de la misma sociedad costarricense.

A modo de conclusión

No cabe duda que este contundente llamado de atención de junio del 2020 a Costa Rica por parte de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas constituye una nueva evidencia de la pasividad, ya demostrada en el pasado, del Estado costarricense en la zona de Salitre. A la vez, ilustra la extrema atención que, desde Ginebra, se tiene sobre lo que ocurre en Salitre por parte de los mecanismos no convencionales de derechos humanos (y que posiblemente se tenga de igual manera desde Washington). Si este llamado no es seguido de acciones mucho más efectivas por parte del Estado en resguardo de la seguridad de los miembros de las comunidades indígenas, podría dar pie para una nueva acción ante instancias internacionales en defensa de los derechos legítimos de las comunidades indígenas de Salitre.

 

(*)Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Acuerdo “stand-by” entre el Gobierno y el FMI traerá más miseria, sufrimiento, exclusión y desestabilización social

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

  • Gobierno debe abrirse a la ciudadanía y dejar del secretismo en esas “negociaciones”

  • Ni venta de activos, ni más impuestos a los que menos tienen, ni más recortes al gasto social, ni despidos

Tenemos que ser contundentes y dejar muy bien definida la posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al inminente acuerdo-préstamo conocido en la jerga de los mercados financieros internacionales como “stand-by”, que pretende firmar el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas políticas nada bueno traen para los pueblos que son obligados a asumirlas.

La pandemia del coronavirus covid-19 vino a aportar más dolor y más estrés social a la gran mayoría del pueblo costarricense, el cual ya sufría de alto desempleo e informalidad, alta carestía de la vida, alta evasión-elusión fiscales, alta concentración de la riqueza y alta exclusión socioeconómica, incluida alta depreciación del poder adquisitivo de los salarios.

Es inamisible y lo rechazamos tajantemente que el acuerdo “stand-by”, por un monto de 2 mil 250 millones de dólares, facilitados en tres tercios a lo largo de los próximos tres años, de 750 millones de dólares c/u, suponga un aumento de impuestos de carácter indirecto, como una eventual subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 15 % y hasta en una cifra superior.

Igualmente resulta inaceptable el planteamiento fondomonetarista de “venta de activos”, considerando que la práctica totalidad de las empresas públicas que todavía siguen siendo propiedad costarricense, son vitales para atenuar el acelerado deterioro de la inclusión social; y, por el contrario, revitalizadas y excluidas de ellas la politiquería, son pilares de la promoción del bien común de las generaciones presente y futura.

Es sumamente peligroso que el planteamiento sobre mayores recortes de gasto pueda incluir fondos destinados, precisamente, a evitar mayores niveles de exclusión social y económica; e, incluso, decisiones que puedan pulverizar la propia Seguridad Social del país y, particularmente, el servicio de Salud; ambos hoy en grave riesgo institucional y de estabilidad financiera.

Por otra parte, no se puede someter al país al flagelo del despido de cientos y cientos, hasta de miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, como ha sido la tónica en otros países que se someten a los dictados del FMI, como los de los acuerdos “stand-by”. En este apartado y al igual que en los anteriores, debemos formular una alerta roja a todas las agrupaciones civiles, profesionales y sindicales honestas que tienen mucha responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos por venir.

Sólo es comprensible que se pretenda imponerle al país un convenio tan perjudicial como el “stand by”, a partir de bases ideológicas formadas en el fundamentalismo fiscalista macroeconómico-neoliberal si, por ejemplo, las reservas internacionales en dólares que guarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), están llegando a los 9 mil millones de dólares, cantidad más que suficiente para sustituir esos 2.250 millones $ que vienen a ser como un humillante precio por la venta del país. Al BCCR le quedaría un 75 % de sus reservas. Y éste es tan solo un ejemplo de un abanico de alternativas para el manejo del déficit y de la deuda.

Mucho queda por decir, por plantear, por cuestionar y por demandar. En lo inmediato, el Gobierno de la República, habida cuenta del deterioro de su credibilidad y la pérdida de su propia legitimidad, debe impulsar un real diálogo social, sin exclusiones, para tratar este delicado asunto. Deben tener presente que el buen manejo de la pandemia no les da la autoridad política, suficiente y necesaria, como para comprometer el futuro del país en aras de un marco ideológico excluyente y voraz en cuanto al manejo del déficit fiscal y del endeudamiento público.

San José, lunes 15 de junio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

Migraciones, COVID-19 y xenofobia

Escrito en . Publicado en Derechos.

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

Los migrantes al frente de una inédita batalla, la lucha contra el COVID-19, las políticas de explotación y los distintos caminos de la solidaridad.

San José, viernes 12 de junio de 2020

“Al río que todo lo arranca lo llaman violento,
pero nadie lama violento al lecho que lo oprime”. – Bertold Brecht

“No es la tierra esta vez la que se mueve, somos nosotros, migrantes. Los y las migrantes, todas las personas que vivimos las diversas formas de movilidad humana, somos parte consustancial de las nuevas realidades mundiales y también una expresión emblemática de sus contradicciones y desafíos”. Carta latinoamericana de migrantes

El 26 de agosto del año 2016, François Soulard, Germà Pelayo, escribe un excelente artículo sobre los migrantes y la urgencia de abrir nuevos caminos al mundo. Precisamente de esa miscelánea, tomamos prestados los dos epígrafes.

Hoy, nuestro interés como ACODEHU es dejar patente el repudio y condena a los actos de discriminación, xenofobia y arbitrariedad contra las migraciones de las y los hermanos nicaragüenses.

Debe quedar absolutamente claro, que al inicio los primeros contaminados no fueron centroamericanos, sino extranjeros que gozaban de sus vacaciones en nuestro país. Pero, posiblemente, por su color de piel y país de origen, se buscó silenciar su condición.

Las migraciones hoy como el coronavirus, que ha producido una profunda crisis estructural en el sistema capitalista, son fenómenos transnacionales. Por eso nos ha extrañado sobremanera, la posición del Ministro de Salud, al asumir una posición que se acerca a una peligrosa acción xenofóbica, acusando a los migrantes y al gobierno de Nicaragua de los eventuales picos pandémicos del COVID-19 en Costa Rica.

Pero aún más peligrosas están resultando las prácticas del Ministro de Seguridad, con sus detenciones masivas, su carta política anti Nicaragua, afirmada por una Asamblea Legislativa servilista de los intereses más espurios del imperio norteamericano.

A las organizaciones de Derechos Humanos se les exige neutralidad, pero todas las acciones de la humanidad son políticas, por eso no podemos quedarnos en una fase contemplativa. A las cosas y a los actos por su nombre.

Citemos con el autor, anteriormente referido en los párrafos precedentes:

“…Siempre es útil volver a dimensionar la amplitud del “rumbo migratorio” tomado por el orden global, hoy marcado por una movilidad humana compulsiva comparable a la que ocurrió durante la segunda Guerra mundial. Se estima actualmente un total aproximativo de mil millones de migrantes, entre ellos 250 millones de migrantes transnacionales (concentrados principalmente en 10 países de destino) y 750 millones de migrantes internos, representando un total 30% de la fuerza laboral planetaria”.

Los flujos migratorios de centroamericanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, peruanos tienen un sello profundamente femenino, son forzadas, resultado de políticas de precarización en sus estados originarios o simplemente, forman parte de una nueva ruptura político-cultural.

Detrás de la noticia contra los migrantes nicaragüenses, se esconde un discurso, una narrativa muy peligrosa. Hay una clara provocación para legitimar, no sabemos que oscuros intereses. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos percibimos mecanismos para legitimar una nueva invasión, una ruptura al orden constitucional, una violación a la autodeterminación y la independencia de Nicaragua y otros países hermanos.

Denunciamos ante la opinión pública e internacional ese doble discurso que tiene un rasero poco ético, pues se esconden las verdaderas causas que generaron la pandemia; por el contrario, se asume como chivo expiatorio a nuestras hermanas y hermanos nicaragüenses que son parte de la sostenibilidad de las transnacionales en nuestro país, bajo el cobijo de salarios miserables y la violación sistemática de todos sus derechos laborales y humanos.

Ana Cecilia Jiménez A
Presidenta-ACODEHU
E.Mail: “ACODEHU”
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
acodehu@derechosmigrantes.org

EUTIMIA: con Pedro García e Ivannia Lazzaro

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este lunes 15 de junio a las 8 p.m. se transmitirá en vivo por Facebook Live la obra EUTIMIA, con la participación de Pedro García e Ivannia Lazzaro.

Sobre la obra:

Recuperados completamente de sus disturbios psiquiátricos, Rosa y Cruz se encuentran virtualmente después de 15 años de no verse.

San Carlos y su mitológica excepcionalidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

A mediados de junio San Carlos ingresó a la calificación de los cinco cantones con más diagnósticos de coronavirus en el país. La Región Norte, a la que pertenece el cantón junto con Guatuso, Los Chiles, Río Cuarto, Upala, Sarapiquí, parte de San Ramón y Zarcero, concentra la mayor afectación del país. Lo anterior, qué duda cabe, obedece a la extensa zona fronteriza que posee; al otro lado, la dictadura familiar Ortega/Murillo, cual, si se tratase de una novela del realismo mágico o maravilloso con visos de terror, ha desdeñado la presencia del Covid-19, el cual ya es una pandemia de contagio comunitario en el hermano país. Muchos nicaragüenses que trasiegan por los nudos ciegos de esa amplia, lluviosa y compleja línea fronteriza, llegan contagiados y no guardan cuarentena. Pero ellos, según las cifras, están lejos de ser el mayor foco de contagio.

Cientos de sancarleños, alarmados, mejor dicho, asustados, han pegado el grito al cielo, incluido el sui generis alcalde. Varias comunidades se han “organizado” para protestar y no permitir la instalación de centros de atención sanitaria. Se ha desatado una ola de xenofobia que culpabiliza a los nicaragüenses, desconociendo o invisiblizando la triste historia de migrantes que han repoblado la región desde inicios del siglo XX, siempre huyendo de las patéticas condiciones políticas y socieconómicas de su país. Sobre ello volveré más adelante. Lo que me interesa señalar es que muchos habitantes del cantón más extenso de Costa Rica, y uno de los más prósperos, se parapetan en la supuesta exclusividad del mismo, reforzada por odas, ditirambos y canciones folclóricas que aluden a que “mi linda tierra” es única en el país y en el mundo, y que podría sobrevivir aislada del país (¿y de Nicaragua?) pues es poderosa y auto sustentable.

La mitología sancarleña que, con justa razón, critica el vallecentrismo sociocultural y político imperante, hace que también desde el centro se incube un imaginario que desvirtúa la realidad, tanto del cantón como de la región. Cuando se habla de sancarleños, en el valle central imaginan ganaderos o comerciantes, “polos con plata,” casi millonarios en un lugar donde llueve no solo agua, sino cántaros de leche y miel, durante trece meses al año. Si bien San Carlos concentra importantes polos de desarrollo como Ciudad Quesada, La Fortuna, Aguas Zarcas, Pital o Venecia, también posee amplios territorios con agudos problemas socioeconómicos. Las asimetrías, incluso al interior de esos mismos distritos, como en el resto del país, son extraordinarias.

Cutris, por ejemplo, es uno de los distritos más grandes de Costa Rica, el más extenso del cantón, junto a Pocosol; en conjunto suman 1504 km², lo que representa casi el 3% del territorio nacional. Pero incuban el drama y las contradicciones propias de un país sumido en la deriva neoliberal desde hace cuarenta años. Su nivel de infraestructura es pésimo, sus rutas de penetración desastrosas. Sí, han experimentado algunas mejoras por parte de la municipalidad (financiadas por la cooperación alemana); muchos kilómetros fueron reparados, aunque en lastre, así que, con los años y las lluvias, el deterioro se acrecienta. Y a malos caminos, peores puentes; la mayoría son viejos y construidos con tucas o tipo hamaca, o los ya tristemente célebres “Bailey”. Muchos son arrastrados por aguas crecidas en época lluviosa. Los comités de vecinos invierten esfuerzos y recursos propios para repararlos pero la burocracia poco ayuda; algunas estructuras de metal esperan a la orilla de ríos para su instalación. Son caminos restringidos por su condición de casi inaccesibilidad; grandes charcos y barriales impiden el paso de vehículos que no sean 4×4 y, en momentos extremos, de cualquier automotor. Eso provoca escasos y pésimos servicios de transporte público. El caballo sigue siendo el principal medio de transporte, o el sustituto posmoderno (para quienes pueden): la motocicleta.

En una zona altamente lluviosa, paradójicamente, el agua se convierte en otro grave problema. A pesar de ser una región casi devastada por madereros con los incentivos financieros que recibieron décadas atrás para talar grandes extensiones, aún sobreviven parches de bosques y hasta es posible encontrar nacientes de agua. Pero la atomización local y la falta de apoyo municipal, hace que en muchas comunidades no existan acueductos para llevar agua potable a sus pobladores. Es común encontrar pozos artesanales construidos a pico y pala sin más paredes que la misma tierra, lo que los convierte en depósitos de aguas lodosas, algunos cercanos a los escusados: bombas de tiempo en términos sanitarios. Pocas familias, por razones económicas, tienen pozos perforados con paredes de alcantarillas y desinfección rutinaria. En varios poblados, donde los hay, los puestos de salud presentan una infraestructura lamentable.

La electrificación es de reciente ingreso gracias a la condición solidaria de la cooperativa de electrificación (Coopelesca RL) y a los grupos locales que han servido de contraparte para el financiamiento de las obras. Largas distancias y malos caminos afectan también la atención de las emergencias. El Comité Auxiliar de Cruz Roja de Santa Rosa atiende a los dos extensos distritos. Es quizás el Comité Auxiliar que más territorio cubre en todo el país con los obstáculos agregados de caminos y puentes inexistentes o en mal estado. Sus funcionarios son auténticos héroes sancarleños. De tal modo que las asimetrías y carencias son enormes, no así las respuestas de las instituciones gubernamentales, incluida la municipalidad. La organización local, por el escaso valor electoral para los partidos tradicionales, es débil y presa del clientelismo, en especial las Asociaciones de Desarrollo donde las hay. Por eso la presencia de proyectos como los de la minería a cielo abierto abrió el apetito de muchos dirigentes comunales, así como la utopía del “desarrollo” en comunidades dejadas, históricamente, a la mano de Dios. Este complejo tema requiere de un artículo aparte. Hasta el momento no se han producido iniciativas tangibles que permitan un mejor desarrollo social para Cutris donde, de nuevo, la minería ilegal propicia la reaparición de voces que exigen la actividad extractivista.

Por otra parte, el imparable avance del cultivo de la piña se suma e incide con mayores calamidades como la contaminación con agroquímicos. Es el caso de comunidades como Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto, cuyas Asadas se vieron en problemas por la contaminación de sus fuentes de agua. También causó indignación el incidente en agosto del año pasado en la comunidad de San Juan de Platanar, distrito de Florencia, cuando la fumigación de una piñera alcanzó a la escuela local y causó la hospitalización de varios menores de edad, docentes y padres de familia. De manera tal que San Carlos y la Región Norte son territorios con problemáticas muy complejas debido a una historia singular y al abandono del Estado, mismo que ha venido siendo desmontado por la contrarreforma neoliberal de la oligarquía criolla, empresas transnacionales y, sobre todo, organismos financieros internacionales, con la aviesa intención de convertir en negocio sus servicios estratégicos.

Recordemos que la región, en su parte norte, fue colonizada, en primera instancia, por nicaragüesnses. Huleros, raicilleros, cazadores y traficantes nicas esclavizaron y exterminaron a cientos de indígenas guatusos; los cazaban como venados. Hasta los años sesenta del siglo pasado la presencia del estado costarricense era casi nula; la moneda de curso en comunidades como Upala, Los Chiles, San Rafael de Guatuso o Boca de San Carlos, era el córdoba nicaragüense. Casi todos los pobladores de la linea fronteriza poseen vínculos familiares a ambos lados. Mientras tanto, la colonización del sur de la región a finales del siglo XIX y principios del XX, expresamente San Carlos, se dio por habitantes del valle central o de cantones vecinos como Naranjo, San Ramón, Grecia, Atenas, incluida la misma Alajuela. La herencia cultural entonces en Ciudad Quesada y los principales focos de desarrollo como La Fortuna, Aguas Zarcas, Venecia o Pital, es vallecentrista, es decir, individualista, desconfiada, católica y conservadora. Sin embargo, por lo rudo de dicha colonización, el sancarleño “sureño” también desarrolló un fuerte emprendedurismo, una vocación de ayuda mutua y una tendencia a la organización comunal (cooperativa) para enfrentar emergencias o edificar infraestructura comunitaria. De tal modo que un vecino de Ciudad Quesada, a pesar de sentirse sancarleño de “mi linda tierra”, en el fondo piensa parecido que un josefino respecto de sus congéneres en Cutris o Pocosol, por ejemplo. El vallecentrismo se replica de una manera obscena. Y ni se diga lo que se piensa acerca de los vecinos del norte.

En la década de los años noventa, con los inicios de la contrarreforma neoliberal (Paes), el país intenta incorporarse a los procesos de globalización de la economía mundial. La racionalidad económica del nuevo modelo hace que algunas actividades acudan a la contratación de población migrante. Los sectores de la agricultura de exportación como el banano, el café, la caña y los llamados productos no tradicionales (yuca, cítricos, macadamia, piña, melón, etc), basan su “fortaleza” en la utilización intensiva de fuerza de trabajo migrante contratada en precarias condiciones. El desarrollo turístico y la creciente informalización de la economía también abrieron espacios para la inserción de nicaragüenses en la construcción y otras actividades del sector servicios. Estas dinámicas ocurren en el marco de una modificación del mercado laboral costarricense caracterizada por la variación en la oferta laboral donde los trabajadores costarricenses gozan de salarios relativamente altos, puesto que la legislación laboral contempla un importante aporte del sector patronal a la seguridad social y se asegura una serie de prestaciones sociales. Por otra parte, los niveles educativos de la población costarricense le permiten desplazarse hacia sectores como el industrial y servicios, dejando un vacío en las labores menos calificadas, que son ocupadas por nicaragüenses.

Lo anterior permite comprender que ciertamente Nicaragua, por sus lamentables condiciones socieconómicas y políticas, es un país que expulsa mano de obra y a su población en general, pero que la nueva y asimétrica estructura productiva montada sobre un Estado Social de Derecho cada vez más fracturado y amenazado, propicia también la inmigración constante en busca de trabajo y sustento. San Carlos y la Región Norte son espacios donde, por la cantidad de empresas agroexportadoras instaladas, esta realidad es cotidiana y múltiple. En los últimos años, mucha mano de obra costarricense no calificada ha sido desplazada por la migrante, la cual no protesta ni exige las garantías sociales tal y como el costarricense suele hacerlo. Aunque la nueva y cada vez más anti trabajadora legislación, acorde con el estado galopante de la contrarreforma, ha empezado a cerrar derechos como el de sindicalización, de huelga o de salarios crecientes incluido. Hasta el seguro social quieren eliminar para favorecer grandes intereses que desean lucrar con la salud.

Así pues, las manifestaciones de muchos sancarleños oponiéndose a la instalación de centros de recuperación para el Covid-19 en sus comunidades, o en contra de los migrantes nicaragüenses, obedecen a un marco ideológico individualista y xenófobo, pero sobre todo chauvinista, potenciado por una falsa excepcionalidad. No dudo de que muchas de esas manifestaciones tóxicas estén siendo alentadas por intereses espurios y por predicadores de la mala fe, es decir, políticos de baja monta, esos que pululan en busca de curules o puestos gubernamentales. La incidencia de nuevos fundamentalismos religiosos es, probablemente, otro de los agentes que agitan la hoguera. Aterran esas expresiones por su aspereza filo racista, por la intolerancia y las falacias que esgrimen. Ojalá que la pandemia no produzca una hecatombe, pero que nos procure mayor humanidad, solidaridad, justicia y compasión, no sólo para combatir esas absurdas y peligrosas posiciones, sino para defender y profundizar el Estado Social de Derecho que permita el cierre de las grandes desigualdades que sufrimos; pero en especial la ignorancia, el chauvinismo, la xenofobia y la peligrosa intoxicación ideológica que padecemos.

*Escritor.

Imagen tomada de https://www.francetvinfo.fr

Derechos de las personas LGBTIQ ante el Sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos – seminario

Escrito en . Publicado en Derechos.

Seminario virtual gratuito

A partir de este lunes 15 de junio a las7:30 p.m. (hora Centroamérica), se realiza el seminario virtual “DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTIQ ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”. Para participar inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/2MNpVtO

Invitan:

Organización Interseccional Pro Derechos Humanos
Fundación Justicia y Género
Universidad Nacional de Costa Rica
Colectivo Alejandría El Salvador
Asociación Ciudadana ACCEDER
Colectivo Trans- Formación
REDNADS Guatemala
COMCAVIS TRANS
AMATE El Salvador
Hazte Visible
APUVIMEH

CR. El gran negocio de contratar extranjeros

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales-Gamboa

Dice la señora de CADEXCO que en sus empresas y las demás del sector agroexportador, todos sus trabajadores están asegurados. Por testimonio de varios trabajadores y trabajadoras que inclusive yo he recogido durante años en mi trabajo de campo y lo que publican recientemente algunos medios de comunicación (no todos), los salarios que se les paga en muchas empresas son muy bajos e, inclusive, por debajo del salario mínimo. Pero existe un enorme porcentaje de trabajadores que son contratados sin ningún derecho, ni siquiera el pago del seguro social en muchas empresas agrícolas de todo el país.

Esa es la razón por la cual a esas empresas llegan masivamente trabajadores extranjeros y muy pocos costarricenses.

Entonces si es que se les pagara el seguro social, la contribución de esas empresas es mínima debido a que entre más bajo sea el salario, menor es el porcentaje que pagan los patronos.

Entonces, ahora que está de moda lavarse las manos, algunos empresarios aprovechan la oportunidad. Ellos y algunos políticos a su servicio, culpan del desorden migratorio al Gobierno, a la fuerza pública, al Ministro Salas y a Román Macaya; pero el transporte ilegal y la contratación ilítica de migrantes irregulares es un gran negocio. Eso les permite a ciertas empresas competir, no a partir de mejores rendimientos de la productividad, sino a través de estafar a los trabajadores y estafar al Estado y, de paso, estafarnos a todos nosotros.

 

*Imagen: SINART

UCR: Estudiantes de Derecho participaron en una de las competencias de arbitraje más prestigiosas del mundo

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El equipo viajó a Guadalajara, México el pasado febrero para foguearse

Seis estudiantes de la Facultad de derecho participaron en la edición número 27 de la competencia anual de debate Willem C. Vis sobre arbitraje comercial internacional que se realizó en Viena, Austria entre el 4 y 9 de abril 2020. La edición de este año fue virtual debido al Covid-19.

El equipo estuvo formado por los estudiantes Gabriel Chaves Corrales, Brandon Rojas Rodríguez, Jimena Zamora Mora, María José Aguilar Porras, Camila Herrera Pignataro y Javier Mesalles Ramírez, además de los entrenadores Jorge Arturo González Calderón, José Pablo Quirós Araya, Valeria Alvarado Andrade.

En esta ocasión la delegación de la Universidad de Costa Rica (UCR) ocupó la posición 88 de 249 universidades participantes.

El equipo tuvo la oportunidad de foguearse en la Universidad Panamericana en Guadalajara, México a inicios de este año. Fotografía cortesía de Jorge Arturo González Calderón.

“Todo dio un giro inesperado cuando estalló el coronavirus … se canceló el evento en Viena y en cuestión de un mes se transformó en un evento virtual. Aunque fue una desilusión muy grande para el equipo, que venía trabajando por ocho meses, no poder hacer el viaje para el que habían recaudado fondos y solicitado apoyo financiero a la UCR. Pero a la vez fue una oportunidad muy grande para involucrarse y tener una perspectiva de la tecnología en la resolución de disputas”, afirmó Jorge Arturo González Calderón, uno de los entrenadores del equipo.

Camila Herrera Pignataro comentó que “al final quedamos en el puesto número 88 que pudo haber sido mejor pero fue un tremendo esfuerzo por toda la modalidad virtual y las audiencias en la madrugada”.

Sobre la competencia

La competencia presenta casos ficticios de comercio de mercaderías entre empresas privadas de distintos países que acuden a un arbitraje internacional a resolver su disputa. El derecho que aplica en estos casos es el de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG, por sus siglas en inglés), que es vigente en nuestro país desde el 2018. La misma se ha convertido en un semillero de futuros profesionales, preparados en los desafíos de la profesión a nivel internacional.

 

Imagen principal: Los estudiantes y sus entrenadores participaron de la competencia de manera remota a causa de la pandemia del Covid-19.
Primera fila: Valeria Alvarado Andrade, Javier Mesalles Ramírez y Maria José Aguilar Porras
Segunda fila: Camila Herrera Pignataro, Jimena Zamora Mora y Gabriel Chaves Corrales
Tercera fila: Jose Pablo Quirós Araya, Brandon Rojas Rodríguez y Jorge Arturo González Calderón.

David Esteban Chacón León
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/