Bruno de Jesús Coto Barboza
El Movimiento Agropecuario Nacional (MANA) ha presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica el Proyecto de Ley de la Soberanía Alimentaria, el cual ha recibido el número de expediente 21960. Éste pretende la creación de un Plan Nacional de Soberanía Alimentaria de construcción participativa y aporte de cada cantón, así como ampliar las capacidades del Consejo Nacional de la Producción (CNP) para colocar los excedentes de la producción nacional en el mercado externo. También busca facilitar los servicios de almacenamiento de granos y redes de frío como servicios públicos, en vista de que éstos no son ofrecidos eficientemente por el sector privado en Costa Rica. Asimismo, propone la renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio que ha firmado Costa Rica con el fin de permitir la protección arancelaria de productos de autoabastecimiento nacional, y propone que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se encargue del control de precios para impedir el “dumping” con productos importados.
Propone además una línea de crédito para la producción y la agroindustria con garantía del Banco Central de Costa Rica, gestionado por el Sistema Bancario Nacional, con un retorno de hasta dos puntos porcentuales como máximo, y al cual se deba dedicar el 25% de la cartera crediticia de los Bancos del Estado, mientras haya demanda. Esto vendría a solventar las deficiencias que actualmente existen con la Banca para el Desarrollo, la cual más bien ha sido orientada a sectores empresariales ajenos a la producción agroalimentaria y controlada por círculos económicos poderosos como la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
Busca crear asimismo un Fondo Económico Nacional para el Acceso de los Productores Agropecuarios, de Pesca y Acuicultura a sus respectivos medios de producción, el cual se compondría del 10% de los certificados a plazo depositados en la banca nacional. Este fideicomiso tendría una junta administrativa formada por tres representantes del sector agropecuario, dos del sector pesquero y uno del sector agroindustrial, y ofrecerá sus créditos con un máximo costo de tres puntos porcentuales por administración y dos puntos porcentuales de interés.
El proyecto propone también que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) cree una reserva de tierras que se distribuya a familias productoras, pudiendo adquirirlas a los cinco años de trabajarlas y habiendo demostrado su capacidad productiva. A éstas se les deberá ayudar con crédito para un año de producción y con asistencia técnica, la cual será brindada por graduados de los Colegios Técnicos Agropecuarios. El proyecto propone que por cada 100 familias beneficiarias se entregue tierra a 10 técnicos quienes la recibirán como medio de pago por sus servicios.
Otro cambio que se introduciría con la propuesta es un cambio en la composición de la Junta Directiva del INDER, pasando a ser cuatro representantes del Gobierno (1 de INCOPESCA, 1 del CNP, 1 de SENARA y 1 del MAG, quien la presidiría) y cinco representantes de la población beneficiaria electos por votación universal. Actualmente esa Junta tiene sólo dos representantes de los productores (1 nombrado a través de los territorios rurales y sólo 1 nombrado en asamblea por el Foro Nacional Agropecuario), 1 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y los otros 4 nombrados directamente por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley fue elaborado por la organización campesina MANA con la asistencia del diputado Dr. Walter Muñoz Céspedes, del Partido Integración Nacional (PIN) y el aporte del exdiputado Célimo Guido Cruz, conocido por sus iniciativas de defensa de la producción campesina local.
La exposición de motivos del proyecto señala la oportunidad de aprobarlo como respuesta a la inefectividad del actual modelo de distribución de alimentos, basado en la importación, demostrado por la actual pandemia de covid-19, mientras la banca nacional se dedica a financiar solamente la producción de monocultivos de exportación que resultan altamente destructivos para el ambiente. El Partido Integración Nacional ha sido conocido a lo largo de su historia por su oposición a tratados comerciales que impiden el resguardo de la producción campesina local, lo cual en el pasado se ha demostrado en sus acciones de oposición al Tratado de Libre Comercio con Chile (aprobado en la legislatura 1998-2002) y al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (aprobado en la legislatura 2006-2010).
Imagen ilustrativa.
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