La UCR fortalece de forma continua el sistema de becas
Grupo de estudiantes de primer ingreso, 2018. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El Sistema de Becas de la Universidad de Costa Rica constituye un pilar fundamental para el logro de la equidad en el ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil.
A través de sus diferentes mecanismos de acompañamiento, el Sistema de Becas brinda a la población estudiantil que no posee capacidad económica para sufragar gastos de estudio, los recursos necesarios para alcanzar en igualdad de oportunidades, su meta académica.
De acuerdo con datos de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, actualmente más de 22 000 estudiantes de la UCR cuentan con alguna categoría de beca socioeconómica. De esta población, más de 15 000 reciben la máxima categoría de beca (beca 5), mediante la cual pueden acceder a la exoneración total o parcial del pago de matrícula, y a los beneficios complementarios de monto económico para gastos de carrera o carreras, transporte o alojamiento, alimentación, préstamo de libros, préstamo de dinero, servicios de odontología y optometría.
Los recursos destinados al Sistema de Becas, en los últimos doce años, crecieron un 800%. Para el 2019, la UCR invertirá en este rubro más de ¢28 000 millones.
La Oficina de Becas y de Atención Socioeconómica recibió más de 5 000 solicitudes de beca para el primer ciclo lectivo 2019. En la fotografía estudiantes en le Sede de Guanacaste, 2018.
Un total de 8 742 estudiantes procedentes de zonas alejadas reciben apoyo para su alojamiento durante sus estudios. De ellos 802 forman parte del Programa de Residencias Estudiantiles y 7 940 reciben un monto para el pago de alquiler (beneficio complementario de Reubicación Geográfica).
Asimismo, un total de 1 5768 estudiantes reciben el beneficio de alimentación y 8 223 el de transporte.
En el caso de las Sedes Regionales de la UCR, la cantidad de estudiantes con beca socioeconómica alcanza hasta un 75%.
Últimas mejoras
Cumpliendo con los principios de igualdad de oportunidades y equidad, el compromiso institucional ha sido evidente en el fortalecimiento continuo y sostenido de los beneficios a lo largo de los últimos años, así como en su entrega oportuna.
Desde el 2017 el beneficio de alimentación contempla los fines de semana se ofrece a estudiantes que cuenten con beca 5 y que procedan de zonas alejadas.
El Programa de Residencias Estudiantiles se fortaleció con la construcción de nuevos edificios en las Sedes de Guanacaste, Caribe y Rodrigo Facio, y recientemente en el Recinto de Guápiles. Igualmente invirtió en la remodelación y mejoramiento de otras residencias estudiantiles ubicadas en la Sede Rodrigo Facio y el Pacífico, así como en los Recintos de Golfito, Turrialba y San Ramón.
Además, mediante los procesos de automatización que implementó la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, se logró la reducción en los tiempos de asignación de los beneficios complementarios a partir del I ciclo 2018, lo cual permite que los depósitos sean entregados de forma más eficiente y oportuna de acuerdo con las matrículas establecidas en el Calendario Estudiantil Universitario.
Todas estas acciones tienen como objetivo principal brindarle al estudiantado las condiciones necesarias para que permanezca en el sistema de educación superior y logre concluir con éxito sus metas académicas.
La incertidumbre de padecer de cáncer de cérvix cuando una paciente es diagnosticada con el Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo está por terminar
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los tipos de VPH de alto riesgo son el 16 y 18, los causantes del 70% de los casos de cáncer de cérvix y de las lesiones precancerosas del cuello del útero en el mundo. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el DC Lab-UCR trajeron el equipo necesario para realizar, por primera vez en el país, una prueba in vitro llamada HPV OncoTect -por sus siglas en inglés-, que detecta si el VPH alojado en el cuello uterino de la mujer está desarrollando células cancerígenas.
La contribución de la UCR será vital para la salud de las costarricenses. Actualmente, para saber si una mujer con VPH está en riesgo de tener cáncer, se requieren de numerosas pruebas que no son capaces de predecir con exactitud el progreso del padecimiento.
De acuerdo con el Dr. Rodrigo Mora, microbiólogo y docente de la UCR, el VPH es una infección de transmisión sexual presente en tipos de bajo y alto riesgo. Entre estos últimos se encuentran varios como el VPH 16, 45 y 18, que son los de mayor preocupación para la población femenina.
Si bien, se estima que menos del 5% de las mujeres con alguna de esas variantes del virus podría incentivar la enfermedad, cuando el cáncer se hace presente en el organismo puede propagarse a otros órganos como los pulmones y generar metástasis.
“No todas las mujeres con el virus desarrollarán cáncer y, si sucede, es por un accidente genético donde la hebra del virus “se rompe” y se integra en el ADN de las células sanas del cuello uterino, siendo esta integración lo que va a originar el cáncer”, indicó el microbiólogo.
La forma en cómo trabaja el virus es mediante el ingreso de su material genético. Su hebra de AND es circular y entra en las células sanas de la zona mucosa del cuello uterino. Cuando las células ya están infectadas, producen partículas virales, lo que convierte al VPH en un agente altamente infeccioso.
“La infección por este virus tiene el efecto del iceberg; es decir, la mayoría de las infecciones del VPH son casos en los cuales no hay síntomas o las lesiones desaparecen en uno o dos años. Esto se debe a que la mayoría de mujeres tengan regresiones espontáneas, que es cuando el sistema inmunológico ataca y desecha el virus. Ahora bien, en otros casos las mujeres no desechan el virus y este entre a las células sanas que dan paso alcáncer”, señaló el Dr. Mora.
Con la nueva prueba, una vez detectado el virus se sabrá en cuáles células se integró el virus del VPH.
Para lograrlo, se usará la citometría de flujo, una tecnología que permite el recuento y clasificación de células con la utilización de luz láser. A través de las sondas, las células de cáncer se “tiñen” de color verde si tienen el virus integrado. Si hay un 4% o más de las células teñidas, significa que el cáncer cervical está incubándose.
Solución más allá del microscopio
Por más de diez años, en Costa Rica se aplica el papanicolau, una prueba que permite detectar las primeras anomalías. No obstante, la sensibilidad citológica es baja y no avisa si la mujer está en riesgo de presentar cáncer. La prueba HPV Onco Tect solucionaría esta incertidumbre.
“Cuando el papanicolau y otras pruebas basadas en el ADN que solo detectan el virus salen alteradas, pero la HPV OncoTect es negativa, esto indica que hay una alta probabilidad de regresión espontánea de la infección viral. En otras palabras, que el sistema inmunológico de la mujer elimine el virus. Por el contrario, si el papanicolau sale alterado y la HPV OncoTect también, quiere decir que un cáncer está en proceso”, explicó el Dr. Mora.
Este es un nuevo esfuerzo de la UCR para mejorar la calidad de vida de la población.
Lo anterior también colaborará a aminorar los efectos psicológicos en las pacientes. Si el papanicolau sale alterado, así como las pruebas que detectan el ADN viral, se genera una alarma importante, pues la mujer podría estar infectada con un virus de alto riesgo.
Como consecuencia de esa probabilidad, la paciente inicia una serie de tratamientos los cuales podrían ser innecesarios, pues no se sabe si realmente ella va a sufrir una integración del virus en las células sanas que les provoque el cáncer.
La HPV OncoTect se ha realizado más de 500 000 veces en todo el mundo y ha sido aprobada en todo rango de edad, incluyendo mujeres de 20 a 34 años, lo cual es importante pues en ese rango de edad hay un 15% de incidencia de cáncer cervical.
La UCR aplicará la prueba después de implementarla en un nuevo equipo de citometría de flujo y estará disponible en abril del 2018 para realizarse en muestras provenientes de laboratorios públicos y privados.
Los talleres abordaron cómo desarrollar buen manejo de emociones y ser capaces de expresarse. Foto: Daniela Muñoz.
Barcos, paisajes y flores trazadas sobre papel periódico, golpes de tambor y marimba, chasquidos sobre un güiro, carcajadas, gritos y carreras por los pasillos llenaron la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica (UCR) de alegría infantil, durante los Campamentos de Desarrollo Humano.
Con talleres de teatro, protección ambiental, percusión, marimba, habilidades resilientes, Kung Fu, apreciación de la música, presentaciones de danza y teatro, demostración de ejercicios bomberiles y un rally, estudiantes y docentes de la Sede recibieron a escolares provenientes de comunidades porteñas.
Decenas de niños y niñas de la Escuela Juanito Mora Porras, la Escuela Fray Casiano de Madrid y de comunidades como Miramar, Sardinal y Puntarenas centro se reunieron para compartir con los universitarios juegos y saberes sobre arte, cultura, prevención de la violencia, manejo de emociones y habilidades resilientes, entre otros temas.
De acuerdo con Daniela Gómez, docente y coordinadora de los campamentos, el programa se desarrolla en la Sede del Pacífico desde el 2017 y se han llevado a cabo siete ediciones, en distintos períodos de interciclo y con diversas poblaciones, con especial énfasis en niños y niñas y adolescentes.
“Queremos romper el paradigma de que la U es solo para estudiantes, docentes o administrativos,queremos que la gente se acerque, que toque puertas, que se apropie de la universidad”, comentó.
Xinia Rosales Flores, orientadora de la Escuela Juanito Mora Porras acompañó a una veintena de escolares al campamento y comentó que el espacio ofrece alternativas de recreación, exposición cultural y aprendizaje a una comunidad que usualmente carece de alternativas de esparcimiento sano.
Rebeca Calvo, trabajadora social de la Escuela Fray Casiano dijo que a sus estudiantes les encanta y les ayuda en su desarrollo, razón por la cual se coordina con la Sede su participación.
“Los chicos de la escuela, que está ubicada en un barrio altamente vulnerabilizado, probablemente pasaron las vacaciones metidos en la casa, hoy es el día de vacaciones más feliz, vienen a divertirse, a aprender cosas, a salir de la rutina”, relató y agregó que aspectos como el interés por los deportes o la música, las habilidades manuales, la creatividad y la capacidad para resolver conflictos han mejorado en quienes participan en el espacio.
Daniela Gómez concluyó que los tres años de campamentos han servido para que niñas, niños y padres conozcan la Universidad y su oferta de proyectos, cursos y grupos, al tiempo que se han establecido alianzas con instituciones locales como el PANI, Fuerza Pública, el Cuerpo de Bomberos y distintos líderes comunales a través de las cuales se fortalece el trabajo de acción social.
Campamentos de Desarrollo Humano
Los campamentos son espacios educativos, culturales, artísticos y recreativos para todas las personas, con el propósito de incentivar la participación y la discusión de problemas regionales y nacionales, a la vez que se promueven las capacidades locales y regionales, así como la articulación interinstitucional para la realizar acciones con los sectores más vulnerables.
Los principios orientadores de los Campamentos de Desarrollo Humano son las siguientes:
Participación voluntaria para la gestión pedagógica.
Diálogo de saberes.
El trabajo interinstitucional, gestión intersedes, interrecintos e interuniversitario.
La educación no formal para el acceso universal y la sostenibilidad, al promover una universidad de puertas abiertas.
Un espacio de experiencias y construcción conjunta con la sociedad.
El proyecto se desarrolla principalmente durante las dos últimas semanas de enero y en el mes de febrero. En tales períodos, la Universidad trabaja en conjunto con las comunidades de acuerdo con la necesidad e interés que las mismas personas han planteado a la Institución.
De esta manera se va afianzando el vínculo entre la comunidad y la Universidad.
Hoy hemos sido testigas de pactos patriarcales de nivel político. Pactos de fraternidades masculinas hegemónicas que permiten a los hombres dejar de lado sus diferencias y salir a defender sus privilegios y que justifican la cultura de la violación. Hacen alianzas, porque están en juego sus privilegios de machos. Ellos tienen hermandades, cofradías, ellos se saben machos y se protegen para conservar su poder que les da casi total impunidad.
(…)»
Le invitamos a leer el comunicado completo de Feministas Periféricas de Mentes en la siguiente imagen:
El Programa Kioscos Socioambientales ha dejado huella en su andar, a través de construir relaciones entre la parte académica y profesional y las comunidades.
La gente que ha pasado por -y quienes son parte del equipo actual- del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) celebraron 11 años de construir relaciones útiles y pertinentes con personas de comunidades de todo el país, y de acompañarles de forma efectiva en sus luchas. Ese día también aprovecharon para presentar el libro “Desde el territorio. Memorias, vivencias y reflexiones del Programa Kioscos Socioambientales”.
Durante la celebración, varias personas que han sido parte -de alguna u otra manera- de este trabajo de años, expresaron su reconocimiento a un proyecto creado para acompañar a las “personas que luchan y resisten”.
Silvia Rodríguez, integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), expresó: “En la Red tenemos un logo que es parecido al atrapasueños. Cuando la Red cumplió 20 años Mauricio Álvarez nos escribió algo muy bonito: que el logo de la Red era una telaraña abierta para soñar y tejer, donde todo hilo es importante. Esas palabras se las quiero devolver hoy. Kioscos ha sido como un atrapasueños, ha construido hilos con la universidad, con las comunidades; tiene una posibilidad muy amplia de construir hilos. Lo esencial es el trabajo en las comunidades y de ahí construir conocimiento”.
Sonia Paez, lideresa indígena en Meleruk, Talamanca, agradeció a “los kioscos”: “Es por ellos que hoy nosotros podemos defendernos y no dejarnos que nos manejen. Esta lucha que hemos tenido nosotros desde 2004 hasta 2018 sigue pues podría venir otra amenaza a nosotros. Los kioscos están de la mano de nosotros”.
Dany Viyalobos, geógrafo e integrante de la Alianza de las Comunidades por la Defensa del Agua, manifestó: “El acompañamiento de Kioscos nos dio mucha fortaleza en la defensa de nuestro río y esperamos que Kioscos siga muchos años con gente de calidad trabajando en las comunidades”.
Leo Buitrago, líder indígena de Meleruk, Talamanca, recalcó: “Conocí a Kioscos como ‘los kioscos del TLC’, cuando las y los muchachos eran chiquillos, cuando los conocí, Llaguno, Geannina, Moiso, Henry, José Céspedes, Raque… Fue una lucha que comenzó con el TLC, la marina errante, la extracción de materiales. Sigamos en la lucha desarrollando la Costa Rica que queremos; no la que el Gobierno quiere, sino todos defendiendo nuestra casa común”.
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Hay quienes se han sentido amenazados por la acción social comprometida
Kioscos nació en una coyuntura en la que tuvo que posicionarse políticamente y no fue fácil porque se decía que la Universidad tenía que ser objetiva. Así habló sobre sus orígenes Maureen Rodríguez Cruz.
“En el 2007 era funcionaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR y también pertenecía al Movimiento de Cultura Frente al TLC, más como activista. En ese momento estaba Liliana Monge como compañera en la Vicerrectoría. Vimos que desde la universidad se había producido mucho material escrito, desde la parte más de investigación, artículos, incluso un libro desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Pero esa información se estaba quedando en la universidad. Ya había muchas resoluciones de parte del Consejo Universitario y pronunciamientos sobre las implicaciones que iba a tener el TLC desde muchos ámbitos; pero la UCR no estaba diciendo nada hacia fuera. Vimos la necesidad que desde Acción Social se generara alguna información más comprensible, más clara, llana para la gente, para todos y todas, no con una jerga tan académica. Y empezamos a impulsar un proyecto”.
“En ese momento redacté un proyecto para la Rectoría y lo presentamos. En ese momento eran los Kioscos Informativos sobre el Referéndum y el TLC. Fue iniciativa de Liliana Monge y mía. Eran 11 millones de colones para tres meses; un aporte muy significativo. Nos apoyaron con recurso humano y la Vicerrectoría apoyó con horas asistente y además fue la primera experiencia que hubo con pasantías de horas de Trabajo Comunal Universitario. Cualquier estudiante que quería trabajar en este proyecto podía hacer hasta un máximo de 100 horas de su trabajo, que son 300 en total, con Kioscos del TLC. En tres meses abarcamos más de 100 comunidades y participaron todas las sedes y recintos de la Universidad y empezamos de lleno a dar información. Hubo un trabajo muy fuerte en la parte de producción de materiales”.
“Cuando termina Kioscos del TLC en 2007 el acercamiento que tuvimos con las diferentes comunidades nos permitió vincularnos con organizaciones y con grupos que estaban teniendo sus propias luchas a nivel regional o a nivel comunitario. Todo estaba atravesado por la misma lógica de lo que significaba el Tratado de Libre Comercio y la mayoría de estos conflictos eran a nivel socioambiental. El tema de la minería en Talamanca, el tema de la expansión piñera, la defensa del recurso hídrico, la defensa del mismo territorio por gente que estaba siendo sacada de sus lugares. Vimos que en diferentes partes del país se quería instalar el modelo de desarrollo neoliberal. Entonces con un equipo más grande trabajamos en una propuesta y buscamos apoyo con tiempos docentes, que se dieron en el 2008. Se empezó a trabajar como Kioscos Socioambientales”.
“Cuando surgen los Kioscos del TLC vivíamos en una coyuntura en la que la Universidad se tenía que posicionar. Había una situación a nivel nacional, que ameritaba el posicionamiento universitario, de la universidad que está llamada a la transformación social (…). Creo que seguimos en la misma ruta, en el mismo camino de trabajar críticamente, argumentando desde las diferentes áreas pero también trabajando desde el lado de las comunidades, que son las que finalmente van a vivir las repercusiones de las decisiones que se tomen”.
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Publican libro con reflexiones desde los territorios
El programa Kioscos Socioambientales también produjo el libro “Desde el territorio. Memorias, vivencias y reflexiones del Programa Kioscos Socioambientales”.
Mauricio Álvarez, coordinador del programa, comentó sobre el objetivo de este libro para la organización comunitaria.
“Es un ejemplo práctico para que la gente pueda organizarse, tome experiencias organizativas que han servido para defender bienes naturales, bienes públicos y bienes colectivos y que recorren un sinfín de temas, desde la defensa del bosque, cambio climático, a la defensa del agua, del territorio mismo, las luchas por la tierra, etc. Se ha hecho una selección de los principales artículos y otros ensayos inéditos del modelo energético, del modelo económico, de los monocultivos, etc, para dar un mapa que muestra los principales conflictos ambientales de los últimos 10 años”.
“La persona que reciba el libro va a recibir una experiencia de muchas otras comunidades que se han organizado, lo cual es importante en un momento en el que hay tanta desorganización social, donde prima el individualismo. En realidad el libro va a tener utilidad en tanto las comunidades organizadas puedan ver los ejemplos y motivarse, inspirar otras luchas que tengan las comunidades. Luchas sobran; tal vez lo que hace falta son comunidades que den el paso de organizarse y transformar su situación inmediata”.
“Tienen que llevarlo a Talamanca y que huela a humo, que los chiquitos coman encima y que ojalá le peguen un fideo. Ustedes en su lectura lo tienen que llevar a Los Almendros, a Guacimal, a Fincas, y cuando alguna comunidad esté en alguna urgencia lo verá y se inspirará”.
Los retos de Kioscos a futuro
Mauricio Álvarez añadió que, de aquí a futuro, “lo principal es romper nuestras propias fronteras”.
“Por ejemplo, hemos estado trabajando con problemática sociolaboral, que tiene que ver con monocultivos. Hemos estado tratando de vincular comunidades con organizaciones laborales; en este caso, sindicatos. También otras experiencias socioeducativas, innovadoras, al margen de nuestro trabajo organizativo. Hemos creado una Caravana [informativa sobre el combo fiscal], que ha sido más como trabajadores de la Universidad. Pero eso nos ha alimentado muchísimo el deseo de hacer otro tipo de intervención social; no solamente académica y con talleres, sino también otro tipo de actividades socioeducativas más lúdicas, que es algo que nos reta y nos da muchísima alegría, mucha satisfacción experimentar y que la gente empiece a generar sus propios conocimientos con el intercambio”.
“El otro gran reto natural va a ser sobrevivir dentro de la Universidad al ajuste fiscal que se pretende, que no es menor, que hay un ataque hacia lo público y hacia todo lo que suene a organizado y en defensa de lo público. Sin duda ese va a ser un gran reto para todas las expresiones que desde el Estado tratan de llevar la voz de los sectores más oprimidos. También va a ser un reto crear una defensa desde adentro y articular todo el oxígeno y las cosas que traemos desde las comunidades, y nutrirlo para nuestras luchas más particulares, en defensa de la educación pública, en defensa del presupuesto y en defensa de la intervención de la Universidad en temas más allá de lo que la gente considera académico. Hay que evitar que la Universidad se transforme en un enseñadero de garage donde la gente aprueba cursos y no hay otras interacciones; no hay contacto con la comunidad. Creo que ese es un reto que nos va a tomar por lo menos toda la siguiente década”.
Hoy 8 de febrero, en el 205 aniversario del natalicio de nuestro Héroe Mayor, Luko Hilje nos comparte este artículo, basado en una conferencia que dio hace un año en el Club Unión, organizada por el grupo cívico La Tertulia del 56, al cual pertenece.
Revista Comunicación. Volumen 27, año 39, núm. 2, julio-diciembre, 2018 (pp. 69-82):
Por Marylaura Acuña Alvarado y Mauricio Álvarez del Programa Kioscos Socio ambientales UCR
Desde el Programa Kioscos Socioambientales se ha venido trabajando mediante la acción social y la investigación en varias comunidades de la zona norte, explorando el mundo del trabajo asalariado. Es así como se ha trabajado con organizaciones comunitarias y sindicales como es el caso del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) en Santa Fe de Los Chiles, seccional que durante el 2018 sostuvo un proceso constante de denuncia que culminó en una huelga que ocasionó pérdidas económicas para la empresa Exportaciones Norteñas. Si bien los acuerdos de la huelga fueron favorables para la organización que exigía respeto de garantías mínimas, estos puntos no han sido cumplidos por la empresa hasta la fecha.
De igual manera, esta huelga sentó un importante precedente, porque arrancando este año estallaron tres huelgas en otras plantaciones de la zona norte, conformadas por trabajadores y trabajadoras de la empresa Bella Vista S.A. en Los Chiles, B&Jiménez S.A. igualmente en dicho cantón y Valle del Tarso S.A. en Upala. Actualmente, la seccional de Sitrasep de Bella Vista continúa en huelga no solo ante las condiciones precarias de trabajo sino también como protesta a la persecución sindical que han recibido las personas afiliadas, quienes fueron despedidas injustamente, como condición para recibir su aguinaldo a finales del año pasado. Las otras dos huelgas culminaron con acuerdos satisfactorios para las y los trabajadores (Socialismo Hoy, 2019).
Los sindicatos, desde la organización, pretenden desafiar ese lado invisible de la agroindustria: las y los trabajadores encarnan una serie de condiciones de que les han conferido un lugar que es en sí mismo marginal y por lo tanto invisible en la estructura social; aún menos visible –prácticamente escondido– en el discurso del desarrollo que se construye a partir de mecanismos de exclusión. El sector trabajador de la agroindustria de piña encarna un cuerpo migrante, de tez generalmente oscura y empobrecido, sometido a la explotación como única forma de subsistencia, pero no por eso incapaz de generar procesos de resistencia.
Entre 1991 y 2014, la piña aumentó su productividad en un 91%, pasando de producir 29 toneladas de fruta por hectárea a 56 toneladas (Rodríguez, 2015). Este aumento no necesariamente tiene que ver con una mejora tecnológica (mecanización o automatización de la producción) como sí ha ocurrido en otros sectores de la economía; aunque sí puede estar relacionado con el mejoramiento de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas). Por ejemplo, para el caso de las empresas más grandes en la región norte, tiene también que ver con un alza en la intensidad del trabajo manual –que continúa siendo prioritario—, un aumento de horas en las jornadas laborales –aunque no en el promedio de trabajadores contratados–, pagadas mayoritariamente “por destajo” y una división del trabajo que permite una maximización productiva a partir de la explotación: por ejemplo la labor del “parcelero”, quien tiene a cargo entre 15 y 20 hectáreas de la finca, debe eliminar toda hierba que crezca, hacer desagües, limpiar caminos internos; en otras palabras, vigilar que en la tierra no crezca nada más que piña y esto lo hace en una jornada que se extiende hasta 12 horas y su pago es por hora trabajada.
En cuanto a los mecanismos contractuales, las empresas generalmente descentralizan estas funciones mediante la práctica de “subcontratación” como una forma de desplazar las responsabilidades obrero-patronales en diferentes sociedades anónimas. Esta práctica ha sido funcional para aprovechar mano de obra en condiciones migratorias irregulares e incluso, por las características de clandestinidad e irregularidad con las que se pone en práctica en muchos casos, resulta un mecanismo idóneo para el desarrollo de tráfico ilegal y trata de personas, aunque aún hoy un tema poco explorado y sumamente invisibilizado.
Un informe suministrado al Consejo Universitario de la UCR sobre infracciones detectadas en visitas del Ministerio de Trabajo a fincas piñeras señala que existen mayores porcentajes de infraccionalidad en cuanto a la protección personal (uso de vestimentas e insumos adecuados), acceso a servicios sanitarios según lo estipulado legalmente, pago de horas extras, hostigamiento sexual, salario mínimo, entre otros (Comisión Especial sobre las consecuencias socioambientales de la producción de piña, 2018).
La persecución sindical, el amedrentamiento de dirigencias, el uso de listas negras, el debilitamiento o blanqueamiento de sindicatos son algunas de las prácticas ampliamente utilizadas por las empresas como respuesta a la organización que busca desafiar las condiciones injustas de trabajo. También, son señales de que, en efecto, este sector es altamente dependiente del trabajo manual que estructuralmente precario y flexible para el crecimiento de su producción.
Y por eso, su ubicación no es casual en espacios en donde todavía operan formas de reproducción de la vida cotidiana que no necesariamente están mediadas por relaciones capitalistas, como por ejemplo el trabajo doméstico que hacen las mujeres, la producción de alimentos de subsistencia familiar, la gestión comunitaria de los bienes comunes: son estas prácticas las que permiten finalmente la reproducción de la fuerza laboral y de las cuales las empresas hacen uso para pagar tasas salariales inferiores que por sí solas no sostienen dicha reproducción.
El estudio de la relación capital-trabajo en la agroindustria de piña permite comprender que su expansión ha sido posible no solo porque el Estado ha generado una serie de mecanismos para mejorar su producción y exportación –dentro de los cuales su presencia selectiva es probablemente uno de los más importantes– sino también porque descansa sobre la subordinación y el despojo de las poblaciones vulnerabilizadas de la ruralidad, principalmente las campesinas y las migrantes.
Contexto
El modelo de agroindustria de cultivos no tradicionales de exportación en Costa Rica fue promovido desde la institucionalidad a través de una serie de incentivos políticos, económicos y fiscales, en detrimento de la producción de cultivos de subsistencia para el consumo nacional. La expansión acelerada y desregulada del monocultivo de piña se ha sostenido a partir de un proceso prolongado de invasión de áreas protegidas, acaparamiento de tierra, devastación del bosque, contaminación del agua, desplazamiento de poblaciones, destrucción de caminos y explotación laboral.
Costa Rica es el principal país exportador de piña de todo el mundo y esta posición no le ha costado poco: su crecimiento ha sido exponencialmente rápido, tanto así que para el 2014 estuvo cerca de igualar los ingresos de la histórica exportación de banano y café. Además, el número de empresas dedicadas a la producción de este cultivo es cada vez mayor, así como los destinos de exportación. En cuanto a su extensión, la cantidad de hectáreas sembradas se ha quintuplicado entre el 2000 y el 2016, pasando de 11 000 a 58 000 hectáreas (Obando, 2017). En 2017 la producción podría haber llegado a más de 66 000 hectáreas según registran las imágenes satélites del Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) del CONARE (http://www.snitcr.go.cr/). Su producción está concentrada mayoritariamente en grandes empresas y es cultivada en las regiones del norte, el pacífico sur y el caribe norte
El Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica trabaja desde el año 2009 en la Zona Norte. Una Investigación del Programa publicada por el Informe del Estado de la Nación(2016) evidenció la expansión descontrolada y sus impactos socioambientales en la Zona Norte, donde se encontró que entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces a causa de tan solo 7 proyectos que solicitaron viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas.
El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.
Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte, de las cuales más de la mitad (29) corresponden a Los Chiles. Las evaluaciones indican que del total de proyectos, el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.
Mapa 1. Este mapa contrasta datos de cultivo de piña del Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat) con los registros de la Secretaría Técnica Nacional (Setena).
La región norte concentra más del 50% de la producción y exportación de piña y esta ubicación no es casual, responde a una serie de características ambientales, sociales y económicas que han permitido la instalación de grandes empresas piñeras. Su histórica posición periférica respecto al desarrollo de otras regiones del país, su poca presencia institucional típica de una zona fronteriza, sus bajos índices de desarrollo humano, su sobreoferta de mano de obra poco calificada y su amplia extensión de tierras para el cultivo hicieron de este territorio un lugar idóneo para la expansión arrasadora de la agroindustria.
Precisamente, dichas características socio-territoriales han sido la bandera de los discursos hegemónicos que han justificado la expansión de monocultivos, alegando, de una forma cuasi mesiánica, que la piña vendría a sanar males como la pobreza, el desempleo y el subdesarrollo. Esto no es del todo una exageración, ya que el avance de la agroindustria sí ha tenido como corolario la asalarización de las poblaciones rurales. La otra cara de esta moneda es que el rol del sector campesino como principal productor de alimentos se ha visto amenazado por un proceso largo y sostenido de despojo: la separación de sus medios de existencia y su transformación en posibles mercancías se ha desarrollado de la mano de la entrada de estas poblaciones al trabajo asalariado agrícola, mayoritariamente en condiciones de explotación laboral, en detrimento de la agricultura familiar y de la seguridad alimentaria.
Los datos muestran que mientras para el año 2000 prevalecía el trabajo familiar no asalariado o por cuenta propia en las zonas rurales, para el año 2010 los porcentajes se ven invertidos, ya que un 65% de las y los trabajadores agrícolas laboran de forma asalariada (A. G. Rodríguez, 2016). Sin embargo, la producción de piña no es la única fuente de empleo en esta zona, ya que el sector de comercio y servicios ha tenido un crecimiento acelerado (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011).
Lo cierto es que mientras los representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) y altos jerarcas de instituciones gubernamentales se llenan la boca de discursos embellecedores sobre los beneficios de este monocultivo, las millonarias ganancias de su exportación no se ven reflejadas en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en los cantones en donde esta fruta es producida. La realidad invisible es que en esta región la expansión piñera se ha comido al menos 3192 hectáreas de bosque según el Moccup (2017), está desapareciendo poco a poco el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, el Refugio Corredor Fronterizo Norte, el Refugio de Vida Silvestre Maquenque y Barra del Colorado, así como otros sitios de importancia ambiental y además, se sostiene a partir de la explotación de mano de obra en condiciones de vulnerabilidad.
Estos discursos son ampliamente debatidos, cada vez más frecuentemente y con mayor fervor, por organizaciones comunitarias y sindicales que levantan la voz ante las injusticias que viven cotidianamente en su entorno, es decir en los espacios en donde habitan, trabajan y en general se dedican a la producción y reproducción de la vida. En el caso concreto de las agrupaciones sindicales, son cada vez más numerosas sus demandas por condiciones laborales dignas. En la zona norte destaca Sitrasep, que cuenta con seccionales que en los últimos años se han dedicado a denunciar y protestar en contra de los incumplimientos de las empresas. Estos son los casos de las y los trabajadores organizados de Santa Fe (empresa Exportaciones Norteñas S.A.) y La Unión (empresa Empaques Bella Vista S.A.) en Los Chiles.
La rápida y agresiva expansión del monocultivo de piña ha ocurrido, en la mayoría de los casos, bajo condiciones de irregularidad ante una institucionalidad con presencia selectiva. Ha sido posible gracias a la aplicación de una serie de mecanismos de despojo, que hacen que la producción de esta fruta sea necesariamente destructora a nivel ambiental y laboralmente flexibilizada. Estas condiciones, típicas del modelo de agroindustria de cultivos de exportación en América Latina, son precisamente las que permiten generar una mayor acumulación de ganancias en manos de pocas empresas. En este sentido, lo que describimos es esencialmente un modelo extractivista que se cobija bajo un discurso de desarrollo sostenible.
Comisión Especial sobre las consecuencias socioambientales de la producción de piña. (2018). Informe final.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2011). Encuesta Nacional de Hogares.
Obando, A. (2017). El Estado detrás de la piña: El conflicto socioambiental del monocultivo de piña los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles(2000-2015). (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas). Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
Rodríguez, A. G. (2016). Transformaciones rurales y agricultura familiar en América Latina: una mirada a través de las encuestas de hogares. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/handle/11362/40078
Para RedESS ser los anfitriones y coorganizadores de un encuentro internacional constituye también una ocasión para validar nuestros planteamientos alrededor de la necesidad urgente de visibilizar esta otra economía asociativa alternativa a la crisis económica, social y ambiental, desempleo creciente, aumento de la pobreza y exclusión social. Los signos de los tiempos que nos tocan vivir parecen no ser alentadores. Sin embargo las organizaciones, sus comunidades y territorios presentan siempre una gran capacidad de resistencia, fuente de oportunidades y esperanza.
Es por lo que sería la ocasión de poner de nuevo en el debate nacional y en el evento VII-ELACESS- 2019 / Un encuentro internacional constituiría una ocasión de fortalecer y de continuar el proceso emprendido por RedESS desde el 2013.
A las personas interesadas en participar del VII Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Economía Solidaria, la fecha límite de inscripción es el próximo 20 de febrero.
El evento será del 27 de febrero al 01 de marzo en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca y contará con la participación de las principales redes y movimientos de economía social solidaria de América Latina, así que será una gran oportunidad para el intercambio de experiencias.
Para participar deben llenar el Formulario de Inscripción que viene adjunto. Toda la información relacionada al evento la pueden encontrar en el siguiente enlace: VII ELACESS 2019 o en nuestro sitio web: www.redesscr.org
Las comunidades, organizaciones y personas preocupadas por el uso de agrotóxicos en áreas públicas tienen ahora dos importantes herramientas para luchar por espacios públicos libres de venenos.
Se trata de una certificación del Ministerio de Salud que confirma que en Costa Rica NO hay ningún herbicida registrado ante ese ministerio, por lo que estas sustancias NO pueden aplicarse en áreas públicas (caminos, aceras, plazas, jardines de casas o edificios, áreas de recreo, cementerios, lotes baldíos, etc.).
Producto de esa certificación y una denuncia ciudadana se emitió una Alerta Sanitaria por parte del Ministerio de Salud (Minsa) el pasado 23 de enero del 2019. Esta misiva fue emitida por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Minsa: “Alerta a la población en general, sobre el uso inadecuado que las personas están dando a los plaguicidas de USO PROFESIONAL o de USO AGRÍCOLA ya que la utilización de ellos, para eliminar las plagas en hogares u oficinas, representan un alto riesgo para la salud de las personas, puede producir intoxicación e incluso la muerte, por el manejo especializado que requieren”(ver más).
Así mismo “recomienda a la población leer la etiqueta de los plaguicidas y solo utilizar aquellos que indiquen que son de USO DOMÉSTICO ya que los de uso profesional solamente pueden ser aplicados por personas y empresas autorizadas por este Ministerio”. Esto significa que las municipalidades, instituciones -públicas o privadas-, así como las personas que título personal utilicen estos productos de uso agrícola podrían ser denunciadas por la ciudadanía.
Las denuncias pueden interponerse ante el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Atención al Cliente, o bien, en las Áreas Rectoras de Salud local disponibles en cada cantón. También pueden hacerse consultas sobre este tema al correo electrónico: dac.denuncias@misalud.go.cr
La Alerta Sanitaria recomienda “no adquirir plaguicidas de uso profesional y si lo están utilizando, deben descontinuar el uso para evitar riesgos a la salud”.
Estas acciones son parte de la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” que agrupa ecologistas, agricultores, indígenas, grupos de mujeres, académicos y comunitarios, que buscan contrarrestar el deshonroso primer lugar mundial que tiene nuestro país como consumidor de plaguicidas(Semanario Universidad, 3-6-2015).
La campaña arrancó en 2017 buscando que los municipios e instituciones públicas prohíban el uso de agrovenenos en áreas públicas que aparezcan en la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP, https://bit.ly/2Uu6Kqz).
