Llamamos a no votar por los neoliberales del PLN/PUSC/PIN/LIBERTARIO/REPUBLICANO ni por el fundamentalismo religioso
Comisión Nacional de Enlace
Comunicado Político Nº 58
En esta coyuntura electoral se hace necesario recordar que efectivamente, nuestro país ha sido gobernado treinta y dos años por el Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Son esos dos partidos los principales responsables de la crisis actual y sobre ellos cae toda la responsabilidad política de lo que ocurre en nuestro país.
Todas las políticas económicas que se aplicaron desde la administración Monge Álvarez hasta la administración Chinchilla Miranda fueron promovidas en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y ejecutadas por el conjunto de sus ministros de Economía, Hacienda, presidentes del Banco Central y los asesores económicos.
Cinco administraciones del PLN (Monge Alvarez, Figueres Olsen, Arias Sánchez y Chinchilla Miranda) y tres del PUSC (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella), veinte años del PLN en las cuales se aprobaron el PAE-1, 2 y 3 y el TLC y doce años del PUSC nos dice cuáles son los partidos políticos responsables del desastre derivado de la imposición del modelo neoliberal.
Después de treinta dos años de neoliberalismo en nuestro país tenemos un país, con mayor concentración de la riqueza, con una pobreza estructural que nunca redujeron, mayor exclusión y desigualdad social, mayor informalidad y precariedad laboral. Además durante treinta y dos años esos partidos convirtieron a Costa Rica en un territorio de corrupción y saqueo.
En este proceso electoral, esos partidos PLN y PUSC, más otros neoliberales que hoy se presentan como salvadores de la Patria, el REPUBLICANO/LIBERTARIOS/PIN, nos vienen con la misma receta: privatización de la salud, la educación, del ICE, recortes presupuestarios a programas sociales, reducción del Estado, venta de instituciones, flexibilización laboral, reducción salarial y de las pensiones a los trabajadores, eliminación de complementos salariales, despido de trabajadores del sector público, aumento en la edad de retiro, entre otros.
Votar por los mismos PLN y PUSC y por los otros partidos igual citados, para que sigan haciendo lo mismo, sería un gravísimo error que cometería el pueblo costarricense, especialmente la clase trabajadora.
Pero además en este proceso electoral tenemos otros actores no menos peligrosos, los partidos fundamentalistas evangélicos, que gracias a la inoperancia del Tribunal Supremo de Elecciones, involucraron la religión como eje de campaña y la convirtieron con la complicidad de los partidos tradicionales PLN, PUSC en una de las más conservadoras e intolerantes de la historia.
En este proceso de exacerbación de la intolerancia han tenido como aliados a una buena parte de la iglesia católica que compite por ver quién es más fundamentalista. Este fundamentalismo religioso, además tiene una agenda neoliberal de empobrecimiento de las mayorías, doble razón para no votar por ellos.
Este 4 de febrero el desafío es detener electoralmente esta contraofensiva conservadora neoliberal y religiosa, con el fin de avanzar las condiciones para desmontar el modelo económico neoliberal en el país, tarea del momento de la clase trabajadora costarricense.
Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
25 enero 2018
*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com
Este sábado miles de eco-terrorista costarricenses clasificaron su basura, pero no sólo eso, una peligrosa señora denunció una tala ilegal cerca de su casa; también se reportan sospechosas brigadas reforestadoras por todo el país; además unos cuanto violentos que decidieron dejar de usar plástico en sus compras e incluso algunos periódicos locales denunciaron que varias eco-terroristas recogieron animales silvestres atropellados para curarlos.
Por su lado político adscritos a varios partidos aseguran que -de quedar electos presidentes- pondrán al servicio de las cámaras empresariales cientos de topadoras para arrancar bosque enteros; para luego rociar con miles de fumigadoras millones de litros de poderosos herbicidas. Esto con el propósito de poner fin a las acciones de peligrosos eco-terroristas que han protegido el bosque tropical. Incluso uno de los candidatos mencionó, en una de sus conferencias de prensa, que buscará instaurar un Estado confesional petrolero el cual funcionará con el carbón natural que se pueda sacar de cerro Chirripó, la Barra del Colorado y la Península de Osa.
Lejos de ser una fábula, la contienda política nos ha dado la sorpresa de abandonar debates urgentes para dar paso en varios momentos a transformarse en campaña de odio contra quienes se dedican a cuidar el ambiente. Paradójicamente asistimos a denuncias tan graves como es que 5000 personas vieron contaminada su agua con el herbicida bromacil en Veracruz y Pital de San Carlos. Al mismo tiempo candidatos a la presidencia no entienden en absoluto la protección de la naturaleza y lo que ha significado en este país las luchas ecologistas.
En medio de ese clima de odio hoy 20 de enero la Federación Ecologista (FECON) celebró su asamblea anual. Representantes de 15 organizaciones formales en representación de sus movimientos sociales y muchos más grupos organizados en comunidades de todas las regiones del país, se reunieron en San José para definir agendas de articulación ante las innumerables agresiones que enfrentan las comunidades y la naturaleza, debido a prácticas irresponsables de crecimiento económico.
Para Juan Ariaga de la Cooperativa Sol de Vida -organización dedicada a la energía solar- mencionó que “esta campaña de odio es preocupante y que tenemos que visibilizar la gente que recicla, que reforesta, que cuida la semilla. Ampliar el concepto de ecologistas. Destacar que los ecologista no somos grupos de chancletudos”.
Para la Asociación de Mujeres de África de Guácimo de Limón, doña Clemencia… “En un país de ecologistas, somos nosotras las que enfrentamos la destrucción trabajando con lo que tenemos. Tenemos fincas educativas, hacemos reforestaciones, charlas en colegios, denuncias legales… trabajamos sin un cinco y los hacemos porque somos ecologistas”.
Desde la FECON reivindicamos el sentirse ecologista y rechazamos el discurso de odio infundado desde la ignorancia y la mala fe. Hacemos un llamado a ser vigilantes. Las personas que defendemos la naturaleza debemos denunciar cualquier acción de violencia contra nuestras organizaciones o integrantes de los mismos.
Sábado, 20 de enero 2018. San José, Costa Rica.
Información: Henry Picado Cerdas, teléfono 8760 9800
Este próximo 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su fallo sobre la última demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua, relacionada a una carpa militar de Nicaragua ubicada en la playa adyacente a la Laguna de Isla Portillos (véase comunicado en francés y en inglés ). Se trata de una demanda que fue interpuesta por Costa Rica el 16 de enero del 2017, solicitando al juez internacional ordenar a Nicaragua el retiro de una carpa plástica de militares que apareció en la playa que se ubica frente a la Laguna de Portillos (véase texto de la demanda interpuesta en La Haya como tal con en pp.12-13 fotos satelitales).
Toma satelital extraída de esta nota de prensa de la BBC titulada «El destartalado y polémico campamento militar de Nicaragua del que dependen miles de kilómetros de mar territorial de Costa Rica».
En una ordenanza del 2 de febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos de presentación de escritos extremadamente breves de un mes para Costa Rica y de un mes y medio para Nicaragua (véase texto de la ordenanza). El juez internacional accedió además, a solicitud de Costa Rica, a unir esta demanda con la demanda de Costa Rica en materia de delimitación marítima interpuesta en febrero del 2014.
Algunas consideraciones previas
Antes de entrar a analizar en las líneas que siguen los alcances de esta inusual demanda, procederemos a recapitular la secuencia de demandas entre ambos Estados en los últimos años con algunas breves explicaciones. Ello con el fin de familiarizar un poco a nuestro estimable lector con el clima que se vive dentro del aparato estatal de ambos Estados, en el que pareciera que conceptos como «consulta», «diálogo», «mediación», «negociación», «racionalidad», o «sensatez» se desvanecen cuando se trata del Estado vecino:
– A.) Demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2010. En noviembre el 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua (véase texto de la demanda) por la ocupación ilegal de su territorio en el sector conocido como «Isla Portillos«: se trata del extremo Norte de una masa terrestre denominada «Isla Calero«, de unos 155 Km2. El sector conocido como «Isla Portillos» representa en superficie alrededor de 1,7 Km2. Es de notar que pese al uso de la palabra «isla» en ambos casos, ninguna de estas dos regiones califica como tal, al situarse dentro del territorio correspondiente a la costa costarricense en el Mar Caribe.
Mapa de la zona conocida como «Isla Calero» correspondiente al delta del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. En el círculo rojo dibujado por el autor, la zona conocida como «Isla Portillos». Figura facilitada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesor, Escuela Centroamericana de Geología, UCR.
Como lo puede apreciar visualmente nuestro lector, declarar que «Nicaragua ocupa Isla Portillos ilegalmente» no es igual a declarar que «Nicaragua ocupa Isla Calero ilegalmente» dada la diferencia de superficie entre ambos. El uso de las palabras «invasión» o «agresión» en vez de «ocupación ilegal» o «incursión» (de carácter estrictamente semántico para algunos, y como tal de relevancia relativa), tampoco es anodino. En agosto del 2013, un funcionario-consultor de la cancillería de Costa Rica reconoció, en una de las primeras preguntas realizadas por la periodista Natalia Rodríguez Mata, conductora del programa Sobre la Mesa de Canal 15 UCR, la diferencia existente entre estos diversos términos: admitió que, desde el punto de vista jurídico, “agresión” e “invasión” no aplicaban a la situación acaecida en Isla Portillos (Nota 1).
Este y otros sutiles juegos del lenguaje llevaron en el 2016 a algunos académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) a analizar cómo el discurso de las autoridades de Costa Rica en el período 2010-2014 tendió a sobredimensionar la controversia con Nicaragua (véase nota oficial del portal de la UCR titulada «Analizan política exterior con Nicaragua desde la perspectiva legal y social. Especialistas cuestionan sobredimensión de conflicto limítrofe«).
Como bien se recordará, la ubicación del encargado del dragado del Río San Juan en Nicaragua, Eden Pastora, se debió a un error de la empresa Google Earth, puesto que los mapas cartográficos oficiales de Costa Rica y de Nicaragua coincidían (al menos hasta el 2011) en ubicar «Isla Portillos» bajo la jurisdicción de Costa Rica. En esta nota de La Nación del 4.11.2010 se puede leer “Vea la foto satelital de Google y ahí se ve la frontera. En los últimos 3.000 metros las dos márgenes son de Nicaragua”.
Recurrir a mapas equivocados de Google teniendo a disposición mapas cartográficos oficiales coincidentes constituye un hecho inusitado, y el «Comandante 0» (nombre de guerra de Eden Pastora en los años 80) es, sin lugar a dudas, partidario de lo inusual.
Mapa del último sector de la frontera terrestre entre Costa Rica y Nicaragua de Google Earth usado por Eden Pastora para ubicarse en Isla Portillos en octubre del 2010. A la izquierda, mapa usado que contiene un error, a la derecha, el mapa rectificado por Google Earth a inicios de noviembre del 2010 (ver nota de La Nación titulada «Google reconoce error en mapa que traza límites en sector de isla Calero»). Imagen extraida de artículo de prensa titulada «Google se desmarca del conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica».
Pese a los esfuerzos de los asesores legales de Nicaragua ante la CIJ, la ocurrencia de Eden Pastora no surtió efectos. En su fallo del 16 de diciembre del 2015, la CIJ ordenó a Nicaragua retirarse del sector conocido como «Isla Portillos» al ser declarado por los jueces territorio costarricense (véase texto de la sentencia, párrafos 92-93).
– B.) Demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011. En diciembre del 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» por parte de Costa Rica iniciada a mediados del mismo año (véase texto de la demanda). Se trata de una ruta de unos 154 kilometros que bordea la frontera fluvial y parte de la frontera terrestre, sin que se entienda muy bien -hasta la fecha – qué relación puede guardar con el lugar en el que incursionó de forma ilegal Nicaragua en «Isla Portillos«, y cuyo punto de inicio en puesto Delta dista de unos 25 kilómetros. Construir una ruta paralela a la frontera de más 150 kilómetros entre Los Chiles y Puesto Delta so pretexto que permite a Costa Rica «defenderse» y vigilar lo que ocurre en Isla Portillos se mantiene como una idea profundamente original. Bautizarla oficialmente como «Ruta 1856 Juan Rafael Mora Fernández» para enfatizar la importancia que le otorga Costa Rica en la defensa de su soberanía no resuelve mayormente el problema de su originalidad.
Mapa de la denominada «trocha fronteriza» y de las rutas de acceso al río San Juan habilitadas por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua calificada como una «agresión» e «invasión» por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2010. Documento oficial presentado en Casa Presidencial en Costa Rica. Al extremo derecho, Isla Portillos (circulo en rojo realizado por el autor ya que no se distingue mayormente en razón de la escala usada).
Tal y como lo indicamos en un medio de prensa en Costa Rica en diciembre del 2015 (véase artículo publicado en La Extra), la transitabilidad de un trazado de 154 kilómetros en una zona tropical presenta desafíos que no se dieron en el caso de otras fronteras en el mundo acordonadas con una ruta paralela a la línea divisoria (entre otros, las fronteras de Israel y un segmento de la frontera entre Estados Unidos y México):
«esta ruta se ubica en el trópico húmedo, lo cual requiere un ejercicio mayor en cuanto a su construcción y mantenimiento, sin que quede muy claro cuál es la “contención” a la que se quiere proceder por parte de Costa Rica. Algunos de su promotores han afirmado que permite “defender” a Costa Rica, sin que se tenga tampoco claridad de cómo una ruta paralela a un río (que además se desborda en ciertas épocas del año) permita cumplir con este objetivo. Finalmente, de optar por mantener esta idea, esta ruta debería garantizarle continuidad a sus usuarios, con puentes sobre el Río Sarapiquí, el Río San Carlos, el Río Frío, que conllevan un esfuerzo ingenieril debido a las características muy propias de estos ríos en cuanto a caudal (similares al Río Parrita en la vertiente Pacífico) sin contar innumerables quebradas, humedales y muchos otros cuerpos de agua que desembocan en el San Juan«.
Lo más notorio es que, a la fecha en que se redactan estas líneas (enero del 2018), la «trocha fronteriza» persiste como una verdadera criatura sin padre:
– en el mes de agosto del 2012, un artículo en el Semanario Universidad se tituló “Se mantiene interrogante de quién ordenó construir trocha fronteriza”;
– en enero del 2013, en un artículo de opinión, el entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino Picado, rechazó haber sugerido la construcción de la “trocha” (veáse texto);
– en abril del 2013, un artículo publicado en el Semanario Universidad se tituló: “Todos alabaron la trocha, pero nadie asumió la paternidad”.
A finales del 2015 tuvimos la oportunidad de preguntar directamente ante cámaras quién fue, dentro del gabinete, el que sugirió la «trocha» a un ex alto funcionario de la administración 2010-2014, Carlos Roverssi Rojas (en un primer momento designado como Vice Canciller en el período mayo 2010-junio 2013 y a partir de junio del 2013, Ministro de Comunicación). Su respuesta fue: «los responsables de la trocha somos todos, y Costa Rica en general» (sic.) (Nota 2). En mayo del 2016, un interesante artículo de CRHoy se tituló con una pregunta cuya vigencia persiste a la fecha: «Caso de la trocha: ¿y los responsables?«.
Pese a los esfuerzos de los asesores legales de Costa Rica ante la CIJ, la ocurrente idea de alguien en alguna oficina gubernamental en Costa Rica no convenció mayormente a los jueces. El fallo de la CIJ de diciembre del 2015 contiene un párrafo en el que la CIJ desdice a Costa Rica sobre la pretendida «situación de emergencia» para construir en condiciones tan peculiares la denominada «trocha«.
En efecto, en el párrafo 158 de su sentencia (véase texto) del 16 de diciembre del 2015, se lee que para la CIJ:
“…la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le Costa Rica n’a pas démontré l’existence d’une urgence justifiant de construire la route sans entreprendre d’évaluation de l’impact sur l’environnement. En effet, l’exécution des travaux était prévue dès le départ pour durer plusieurs années, ce qui s’est confirmé par la suite. De plus, lorsque le Costa Rica a entrepris la construction de la route, la situation dont le territoire litigieux était le théâtre avait déjà été portée devant la Cour, laquelle a, peu de temps après, indiqué des mesures conservatoires«.
En caso de alguna duda de nuestros estimables lectores, reproducimos la versión en inglés del mismo extracto del párrafo 158 de la sentencia de la CIJ:
«the Court considers that, in the circumstances of this case, Costa Rica has not shown the existence of an emergency that justified constructing the road without undertaking an environmental impact assessment. In fact, completion of the project was going to take, and is indeed taking, several years. In addition, when Costa Rica embarked upon the construction of the road, the situation in the disputed territory was before the Court, which shortly thereafter issued provisional measures«.
– C.) Demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2014. En febrero el 2014, Costa Rica demandó a Nicaragua por el tema de la delimitación marítima, pidiendo al juez internacional determinar la frontera marítima en ambos océanos (véase texto de la demanda, la cual viene sin mapas que pudiesen ilustrar las pretensiones de Costa Rica). Esta demanda se presentó de forma sorpresiva, al no haber mayor tensión con Nicaragua registrada en febrero del 2014 en este ámbito preciso. A notar que fue presentada pocas semanas después de celebrarse la primera vuelta electoral en Costa Rica.
Ante las coordenadas muy distantes dadas por cada uno de los dos Estados con relación al inicio de la frontera terrestre en Punta Castilla, en el Caribe, el cual fue fijado en 1897, la CIJ ordenó un peritaje, y dos expertos nombrados por la CIJ realizaron varias visitas in situ en aras de tener mayor claridad antes de ubicar este punto. Ambos rindieron su informe en abril del 2017 (véase texto en francés y en inglés en el que, en la página 45, figuran los puntos propuestos por cada Estado). En junio del 2017, ambos expertos contestaron a algunas dudas que tenía Costa Rica sobre sus conclusiones (véase texto de su respuesta a Costa Rica).
– D.) Demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2017. En enero del 2017 Costa Rica demandó a Nicaragua por el campamento militar localizado en la playa frente a la Laguna de Portillos, que detallaremos a continuación.
Foto extraída de artículo de prensa del Tico Times titulada «Costa Rica sues Nicaragua over military camp near border». En el centro en azul, la carpa militar colocada por Nicaragua en el playón que se forma frente a la Laguna de Portillos.
Una carpa militar sola frente al mar
Un lector acostumbrado a revisar el tipo de asuntos que terminan en La Haya podría mostrarse un tanto perplejo ante una demanda presentada por un Estado contra otro en razón de la colocación de una carpa militar ubicada en una playa. Observando el carácter rudimentario de la carpa plástica colocada, la perplejidad puede ser mayor y esperamos que las líneas anteriores lo ayuden a mantenerla a niveles aceptables. De manera conocer el breve cruce de notas entre ambos Estados acaecido a finales del 2016, lo remitimos a nuestra nota publicada en Pressenza, titulada «Campamento militar en la playa: Costa Rica presenta nueva demanda contra Nicaragua ante la CIJ«, que incluye algunas tomas aéreas y fotos satelitales.
Gráfico extraído de esta nota de prensa de La Nación.
Es de notar que el banco de arena que se forma naturalmente frente a la Laguna de Portillos (y que la protege del mar) en la que se ubicó la carpa militar colocada por Nicaragua es considerado en todos los mapas oficiales de Costa Rica (al menos hasta diciembre del 2015) como perteneciente a… Nicaragua. En efecto, en su último segmento, la línea fronteriza sigue el contorno del borde de la Laguna de Portillos, tal y como se observa en los mapas del mismo Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica, iniciando en Punta Castilla.
Mapa cartográfico publicado por el Instituto Geográfico Nacional o IGN (Costa Rica) en el que se detalla cómo la frontera bordea la Laguna de Portillos (Mapa “Punta Castilla” 3448-II, 1:50.000).
Al haber en su decisión de diciembre del 2015 la CIJ ordenado a Nicaragua retirarse del sector conocido como Isla Portillos, no ahondó sobre la pertenencia de este playón (que protege la Laguna de Portillos de la erosión marina) a uno u otro Estado. En una de sus ordenanzas, la CIJ pareciera haber incluido la playa en la expresión «territorio en disputa«, al menos esto es lo que interpreta Costa Rica en su demanda del 2017. El alegar que el fallo de diciembre del 2015 modificó la situación anterior y le adjudicó esta playa a Costa Rica es la tarea a la que se abocaron los asesores internacionales contratados por Costa Rica ante el juez internacional. Este próximo 2 de febrero, se podrá apreciar cuán convincentes fueron y cuán sólidos fueron sus argumentos.
La última controversia de varias aún pendientes de resolución entre ambos Estados
Este mismo 2 de febrero del 2018, la CIJ determinará también, en un fallo distinto para cada asunto, dos cuestiones pendientes de resolución entre ambos Estados:
– A.) La compensación por daño ambiental. El juez internacional deberá fijar el monto exacto de la compensación por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en el sector de Isla Portillos a partir de octubre del 2010 y luego en setiembre del 2013 con la apertura de dos nuevos «caños» (véase nota sobre anuncio de la CIJ). Se trata de un aspecto irresuelto entre ambos Estados, en el que destaca la peculiar manera de «negociar» un monto indemnizatorio. Anunciar públicamente, sin previa consulta, un monto constituye sin lugar a dudas una verdadera novedad para los entendidos en técnicas de negociación internacional. Sobre el particular y otros detalles de interés, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro artículo publicado en el OPALC (Sciences-Po, Paris) titulado: «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«).
Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.
El monto que asigne la CIJ dependerá de la metodología usada por cada uno de los dos Estados para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos, al materializar una cifra a partir de un desglose del daño ocasionado y valores asignados, por ejemplo, a la tala de árboles, entre muchos otros rubros. Desde este punto de vista, y sin tal vez proponérselo, la escogencia oficial que hayan hecho Costa Rica por su parte y Nicaragua por su lado en sus respectivos alegatos escritos, puede resultar de interés para efectos internos, y en particular para los sectores ecologistas de ambos Estados (Nota 3).
– B.) La frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua. En otra sentencia, el juez internacional determinará la frontera marítima entre los dos Estados en ambas costas, en respuesta a la solicitud que interpuso Costa Rica en febrero del 2014 (véase nota nuestra al respecto). Este último procedimiento contencioso fue unido por la CIJ con el de la carpa militar del 2017.
Con relación a los plazos para la presentación de escritos, en su ordenanza de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó este plazo a 10 meses (Costa Rica habiendo solicitado un plazo de 6 meses y Nicaragua uno de 12 meses).
Las audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua con relación a la delimitación marítima tuvieron lugar en julio del 2017 en La Haya durante las cuales cada Estado presentó a los jueces las líneas que pretende (véase breve nota nuestra al respecto).
Concluidas las audiencias orales en La Haya, se abrió la etapa del «délibéré» de la CIJ: en este caso, las deliberaciones internas entre los jueces duraron 6 meses. Tratándose de dos costas a delimitar, este plazo resulta inusualmente corto, en particular si lo comparamos con los 13 meses que debieron de esperar pacientemente Perú y Chile en el 2014 para escuchar la lectura del fallo de la CIJ sobre su frontera marítima (véase breve nota nuestra al respecto en la que se intenta dar algunas razones que puedan explicar plazos tan largos del debate colegial interno a la CIJ).
Recordando la discusión originada entre Perú y Chile en el 2015 al no coincidir el inicio de la frontera marítima con el punto terminal de la frontera terrestre en la sentencia de la CIJ (véase foto satelital y triangulación objetada por Chile en esta nota de Elpais.cr) sería al respecto deseable que, en la decisión que rinda el juez internacional, el punto de inicio de la frontera marítima en el Caribe coincidiera con el punto terminal de la frontera en la playa entre Costa Rica y Nicaragua.
Otro punto de discordia potencial que sería (también) deseable que la CIJ resolviera en el texto de su sentencia, es la pertenencia de Isla Bolaños a Costa Rica, en el Océano Pacífico: se trata de una isla (esta sí es una isla que califica como tal, rodeada de agua salada…) ubicada en un bahía común a ambos Estados, la bahía de Salinas. El tratado de límites de 1858, siempre vigente, establece que ambos Estados ejercen de forma conjunta su soberanía en esta bahía (así como en la Bahía de San Juan del Norte en el Caribe). ¿Cuál es el régimen de esta isla? Se trata de un tema que tensó a la opinión pública en Costa Rica en julio del 2016 al publicarse en la prensa de Costa Rica una de las pretensiones de Nicaragua contenida en sus alegatos escritos sobre esta isla: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota al respecto. No es la primera vez que se filtra a la prensa costarricense documentos que, en apego a las estrictas reglas de confidencialidad de la CIJ, no debieran de circular más que entre el juez y las partes (Nota 4).
La controversia sobre la Isla Bolaños y la coincidencia antes referida del punto inicial de la frontera marítima son algunos aspectos que ojalá se resuelvan en el texto de la sentencia a ser leida este 2 de febrero. Para ello, ambos Estados debieron de haberlo solicitado en sus conclusiones finales a los jueces. De no haberlo hecho, darían pie para nuevas discusiones entre dos Estados que parecieran tener como única agenda bilateral, el de remitir sus controversias al juez en La Haya.
Con relación al monto por compensación en materia ambiental, Costa Rica anunció unilateralmente un monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016 (véase nota de prensa), y a la fecha se desconoce el monto ofertado por Nicaragua que se haya plasmado en un documento oficial. El conocerlo permitiría conocer la distancia existente entre ambos montos. Es muy probable que la CIJ en su decisión busque un término medio entre el monto solicitado por Costa Rica y el monto ofertado por Nicaragua (el cual deberá aparecer en alguna parte de la sentencia a leerse): se trata de un recurso al que recurre a menudo el juez internacional en aras de permitir a ambos Estados salir bien librados ante sus respectivas opiniones públicas. «Partir el ayote por la mitad» es un concepto familiar en Costa Rica para quiénes son llamados a impartir justicia y agradecemos desde ya a nuestros atentos lectores indicarnos si la misma expresión es también usada en Nicaragua.
Este próximo 2 de febrero: un inédito día para la justicia internacional
Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia que la CIJ convoca a dos Estados para leerles su decisión en tres asuntos distintos, intentando enviar tal vez con esta larga jornada en perspectiva, un mensaje a ambos ribereños del río San Juan.
Al tratarse de tres asuntos distintos, el poner en relieve los asuntos en los que la otra parte quedó desfavorecida y en el que se salió favorecido debería permitir a ambos Estados salir airosos ante la opinión pública nacional e internacional este próximo 2 de febrero.
En el preciso caso de Costa Rica y de Nicaragua, tanto en el caso del fallo de julio del 2009 (sobre derechos de navegación) como en el de diciembre del 2015 sobre Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» (dos casos unidos en un solo procedimiento contencioso a solicitud de Nicaragua), mañaneros cantos de sirena se dejaron oír de ambos lados del río San Juan.
En el caso de la sentencia de julio del 2009 de la CIJ, Nicaragua obtuvo de la CIJ un reconocimiento a su potestad para reglamentar la navegación y Costa Rica una prohibición absoluta hecha a sus fuerzas policiales de navegar: véase párrafo 156, en particular incisos 1)h y 1)i) adoptados ambos por unanimidad de la decisión del 2009). El hecho que, siendo titular de una competencia en materia de vigilancia fluvial reconocida en un tratado vigente desde 1858, un Estado presente una demanda, y regrese de La Haya con una sentencia negándole ejercerla es poco casual y, como mínimo, merece mención. Un año después de leída la sentencia, Costa Rica enfrentaría, en el 2010, enormes dificultades para vigilar lo que ocurría en el último segmento de su frontera fluvial con funcionarios de Nicaragua utilizando mapas erróneos de Google Earth para ubicarse.
La última demanda presentada en el 2017: una nueva marca para la CIJ en medio de una nebulosa
Al haber sido presentada por Costa Rica en enero del 2017, esta demanda por la presencia de una carpa militar de Nicaragua en esta playa del Caribe constituye el caso contencioso resuelto de la forma más expédida (un año) por la CIJ en toda su historia: en efecto, por cada demanda contenciosa, los Estados deben prepararse a por lo menos cuatro años de procedimiento como mínimo, y a sufragar los gastos que supone su defensa, los cuales oscilan entre 5 a 9 millones de US$ para cada Estado y cada demanda. Chile se vió forzado a reconocer que para enfrentar la demanda peruana ante la CIJ, gastó más de 20 millones de US$.
Los gastos que significa una demanda en La Haya constituyen un ámbito sobre el que los Estados se muestran usualmente discretos, y la prensa, poco curiosa (salvo muy contadas excepciones).
En Costa Rica, en junio del 2015, se leyó en la prensa que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (véase nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso que despierta algunas interrogantes y que nos ha parecido oportuno mencionar (y que habría tal vez que dar a conocer – discretamente – a los que velan por la buena salud de la hacienda pública chilena).
Sobre algunos otros datos arrojados en Costa Rica y en Nicaragua así como en otros Estados en los que la prensa se muestra más interesada por este aspecto, remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota publicada en CIARglobal titulada «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ» (véase en particular sección «El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura«).
A modo de conclusión
No cabe duda que en los últimos años, Costa Rica y Nicaragua han protagonizado un espectáculo raramente visto en el ámbito internacional. La respuesta del juez internacional a la demanda por la carpa militar edificada en el playón que protege la Laguna de Portillos del mar vendrá a concluir una secuencia ininterrumpida de demandas entre ambos Estados desde el mes de noviembre del 2010. El observar que en, seis años y dos meses, dos Estados puedan llegar a presentar cuatro demandas entre ambos (de las cuales tres planteadas por Costa Rica) constituye un hecho insólito en los anales de la justicia internacional de La Haya.
Esperemos que una vez leída la sentencia en el caso de la carpa militar y en los dos asuntos que también se dilucidarán este 2 de febrero, ambos Estados intentarán reencausar sus deterioradas relaciones hacia aguas menos tormentosas: su cargada y compleja agenda bilateral suspendida por más de 12 años así lo requiere.
Notas
Nota 1: Véase el video disponible en You Tube del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR. El consultor-funcionario justificó no obstante ante las cámaras del canal universitario el uso de la palabra «invasión«, según sus propios términos «para que la gente entienda» (Minuto 7:23).
Nota 2: Véase Programa RTNoticias, video disponible en YouTube, emisión del 15/12/2015 (Minuto 24:18).
Nota 3: A la fecha, en ausencia de una metodología oficializada por parte del Estado costarricense para cuantificar el daño ambiental, está pendiente de una decisión de la justicia costarricense la fijación exacta del monto por el daño ambiental ocasionado por la empresa minera canadiense Infinito Gold en octubre del 2008 en Las Crucitas. Con relación a otro escándalo ambiental, que ordenó esta vez el mismo Estado costarricense en abierta violación a su legislación ambiental, no se ha dado a conocer (aún) la cuantificación del daño ambiental causado por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» construida a partir del 2011 por las autoridades costarricenses a lo largo de buena parte de la frontera fluvial con Nicaragua. De igual manera un sinfín de acciones contra piñeras están archivadas por el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) desde muchos años en ausencia de una cuantificación del daño ambiental por parte del Estado costarricense.
Nota 4: Los documentos escritos como la memoria y la contramemoria presentados por los Estados al juez internacional no son documentos públicos hasta tanto los jueces de la CIJ decidan darlos a conocer: esta decisión usualmente se toma al iniciar las audiencias orales en La Haya, fase correspondiente a la recta final del procedimiento contencioso. Ello obedece al hecho que no es sino hasta las audiencias orales que los Estados ultiman y seleccionan sus mejores argumentos legales. La primera fase escrita del contradictorio (memoria / contramemoria) seguida de una segunda ronda de alegatos escritos (réplica / dúplica) permite descartar pretensiones y argumentos claramente abusivos, usados inicialmente como parte de la batería jurídica adoptada. El 4 de febrero del 2013, un artículo de La Nación (Costa Rica) titulado «Managua formaliza en La Haya reclamo para usar Río Colorado» fue antecedido por la presentación unos días antes en la CIJ de un escrito de Nicaragua solicitando nuevos puntos a considerar (denominados «demandas reconvencionales«), incluyendo una pretensión sobre el Río Colorado (véase documento del 30 de enero del 2013). Esta pretensión de Nicaragua en aras de que se le concedieran derechos provisionales de navegación en el Colorado fue rechazada por la CIJ en su ordenanza del 18 de abril del 2013. Lo que nunca se logró saber es cómo esta información llegó en cuestión de pocos días a la redacción de La Nación.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Iniciativa construyó junto a activistas y movimientos sociales un manifiesto feminista que plantea las luchas urgentes para la construcción de una sociedad democrática
Informe señala la discriminación y desigualdad a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito político y que son reflejo de la realidad que acompaña su vida cotidiana.
El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres “Nosotras en la Política”, denunció la presencia de prácticas sexistas y de violencia política en el proceso electoral que experimenta el país actualmente, de cara a las elecciones del próximo 4 de febrero.
La iniciativa es desarrollada por el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica (ONU) y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con el apoyo de los Países Bajos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pese a que este espacio de reflexión, análisis y vigilancia cuenta con apenas tres meses de existencia, ya consolidó un primer informe que señala la discriminación y desigualdad a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito político y que son reflejo de la realidad que acompaña su vida cotidiana.
Ana Carcedo, coordinadora del nuevo observatorio, afirmó que los partidos políticos en Costa Rica siguen sin respetar la legislación vigente que establece la paridad en la participación de hombres y mujeres en sus papeletas.
Ana Carcedo, coordinadora del nuevo observatorio, hizo un recuento de las diversas formas en que el actual proceso electoral violenta la equidad de género. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
La situación descrita se evidencia al constatar que sólo uno de los 13 partidos inscritos cuenta con una mujer como candidata a la presidencia, sólo 9 partidos presentan mujeres como candidatas a la primera presidencia y 4 a la segunda presidencia.
Señaló además que solo un 21,7% de mujeres fueron mencionadas para ocupar puestos ejecutivos según los debates presidenciales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) del pasado 7 y 8 de enero.
Montserrat Sagot, Directora del CIEM, afirmó que la construcción de una sociedad democrática no sólo implica la aprobación de nuevas leyes y políticas públicas, sino también, la construcción de cambios culturales y políticos más profundos que conduzcan a la eliminación de las múltiples formas de discriminación y exclusión de las mujeres.
“Nuestro país tiene un compromiso internacional con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos: la discriminación y la violencia deben eliminarse de la sociedad costarricense con urgencia” manifestó Sagot.
Manifiesto feminista demanda reivindicaciones
Montserrat Sagot, Directora del CIEM, enfatizó sobre la necesidad de consolidar cambios culturales y políticos profundos que conduzcan a la eliminación de las múltiples formas de discriminación y exclusión de las mujeres. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
El escenario de desigualdad y discriminación que media la participación de las mujeres en la política costarricense motivó a que el Observatorio “Nosotras en la Política”, grupos feministas y representantes de otros movimientos sociales crearan un manifiesto.
El documento reúne en cinco apartados las principales demandas que estas agrupaciones plantean como urgentes para la construcción de una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, así como de la ciudadanía en general.
Según la feminista independiente Lorena Camacho, la iniciativa surge como resultado de un proceso de creación colectiva, que reconoce la necesidad de reaccionar ante los embates de las políticas odio y de antiderechos impulsados por sectores cristianos, fundamentalistas conservadores y los partidos tradicionales.
“Nuestro manifiesto asume la perspectiva de la libertad, la igualdad, la equidad y los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas, cuestiona el modelo económico neoliberal centrado en el mercado y que acentúa las desigualdades”, enfatizó.
Alice H. Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, señaló la equidad de género una condición imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
Sagot señaló que aunque este tipo de demandas han sido planteadas en diversos países como agendas políticas firmadas por los aspirantes presidenciales, en este caso, el manifiesto fue firmado por activistas y representantes de movimientos sociales, comprometidos con la construcción de un estado de bienestar social.
Las representantes de los diversos grupos feministas coincidieron en la necesidad de reflexionar sobre el tipo de sociedad que se quiere y de continuar sumando esfuerzos que consoliden acciones para hacer frente a los desafíos económicos, políticos y de derechos humanos.
Alice H. Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, resaltó la urgencia de asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos como una condición imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible.
“Las mujeres debemos formar parte de todos los espacios para la toma de decisiones, y la paridad en el ámbito político es central para fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres sin retroceso alguno y para no dejar a nadie atrás”, concluyó la representante internacional.
Prestigio de centro de investigación de la UCR lo hace un líder mundial en desarrollo y provisión de sueros antiofídicos
En el mundo se estima que ocurren 2.5 millones de envenenamientos por mordeduras de serpiente. De esta cifra, 100.000 personas mueren por este motivo en tan solo un año. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El renombre científico del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), durante sus 50 años de trayectoria, le permite hoy trabajar con laboratorios especializados en más de 28 países alrededor del mundo. Estas alianzas, junto con su amplia experiencia técnica, le da la posibilidad de producir antivenenos para distribuirlos en 14 países de alta vulnerabilidad social, que de otra forma no podrían acceder a este medicamento vital.
¿Su objetivo? Salvar vidas y erradicar los efectos perjudiciales que una mordedura de serpiente puede generar en la salud humana, cuyas consecuencias van desde secuelas permanentes hasta el fallecimiento.
Esta contribución de la UCR se enmarca en un contexto mundial en el que la mayoría de accidentes ofídicos ocurre en países pobres, específicamente afecta a trabajadores agrícolas y jóvenes de zonas rurales. Dicha situación hace que las grandes farmacéuticas no produzcan antivenenos al considerarlos como medicamentos poco lucrativos a nivel económico, razón por la cual el ICP-UCR pone su saber científico al servicio de las zonas más necesitadas sin ningún ánimo de lucro.
Entre los 14 países en los que el Instituto distribuye sus productos se encuentran Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia y Ecuador, donde en conjunto se presentan más de 6.000 accidentes ofídicos al año. En los últimos cinco años el Instituto ha donado a esta naciones cerca de 300.000 viales de antivenenos. Además, ha contribuido con la investigación y distribución de sueros en países africanos como Nigeria y Costa De Marfil, Sri Lanka en el continente asiático y Papua Nueva Guinea en Oceanía.
Los accidentes ofídicos afectan alrededor de 600 personas por año en Costa Rica. Por eso, la Sección de Desarrollo Tecnológico del ICP tiene como objetivo conocer los perfiles de eficacia neutralizante de antivenenos a través de pruebas de laboratorio de alta calidad.
De acuerdo con el Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, investigador del ICP-UCR, el aporte del Instituto a nivel internacional es posible gracias a investigaciones de punta, a la calidad humana y profesional de los funcionarios y a los vínculos internacionales promovidos por una filosofía de solidaridad.
El ICP realiza estudios para el conocimiento biológico de las serpientes venenosas mediante análisis relacionados con el mecanismo de acción de las toxinas, la capacidad neutralizante de los antivenenos, así como la innovación tecnológica para el desarrollo de nuevos productos y el mejoramiento de los existentes.
“El amplio conocimiento en la fabricación de antivenenos por el ICP-UCR, proporciona el desarrollo de nuevas tecnologías para la producción y el control de calidad. Por otra parte, la investigación se ha fortalecido en diversos ámbitos temáticos, uno de los cuales es el estudio en detalle de la composición bioquímica, esencial para la comprensión de los mecanismos de acción de los venenos y sus toxinas. Para ello, se emplea la tecnología de espectrometría de masas para identificar componentes y cuantificar su concentración”, puntualizó.
Investigación más allá de las fronteras
El conocimiento generado por el Instituto beneficia a la cultura científica de Costa Rica. Los estudios que se llevan a cabo por la UCR generan vínculos entre investigadores de diversas regiones del mundo. La oportunidad abre las puertas en el abordaje de temas de mayor complejidad que aumentan el impacto y la proyección costarricense a nivel internacional.
El ICP-UCR realiza evaluaciones de eficacia de antivenenos no solo en Costa Rica, sino también con los elaborados en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México, lo que le ha permitido fortalecer sus lazos con otros laboratorios latinoamericanos.
De los 28 laboratorios con los que trabaja el ICP sobresalen algunos ubicados en Brasil, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, España, Francia, Israel, Alemania, Japón y Australia, así como de otros países en América Latina. Estas colaboraciones son clave para la UCR, pues le permite generar espacios de encuentro académico con colegas de diversas latitudes y contextos.
“Los estudios efectuados por el ICP en colaboración con grupos de otros países, dan a conocer a profundidad la forma sobre cómo actúan los venenos de serpiente y permiten conocer cuál es la capacidad de diversos sueros para neutralizar venenos de varias regiones. Todo eso impulsa la proyección de la ciencia costarricense al ámbito global y al mismo tiempo beneficia a poblaciones de muchos países”, relató el Dr. Gutiérrez.
Solo en Nigeria se calcula que hay unos 40.000 accidentes ofidícos al año. Sri Lanka tampoco se queda atrás. Sólo ahí ocurre un promedio de 30.000 casos de envenenamientos. En cuanto a Papua Nueva Guinea, se registran unos 1000 casos por año.
Labor destacada
Costa Rica es un modelo referente sobre cómo enfrentar el problema de los envenenamientos por mordeduras de serpiente. Su prestigio hizo que incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) recurriera al país en el 2017 para consultar criterio técnico en esta materia como resultado de su alta credibilidad científica.
A finales de ese mismo año el ICP-UCR recibió el premio de la Famila De Girolami, galardón que entrega anualmente la Revista de Biología Tropical a la mejor publicación en el campo de la biomedicina –área que estudia los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares y genéticos de las enfermedades humanas -.
En esa ocasión, la investigación se basó en analizar si realmente el suero elaborado por “Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México” (Birmex) era capaz de neutralizar, en un solo antídoto, cinco venenos de serpientes del género Bothrops Asper (mejor conocida como Terciopelo) y Crotalus Basiliscus (conocida como Cascabel). El resultado fue positivo y crea una nueva oportunidad para resolver el problema de abastecimiento que hoy afecta a Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia.
“Los resultados de las investigaciones suministran información valiosa, de gran utilidad para los tomadores de decisiones en ministerios de salud y otras instituciones. Los resultados aclaran cuáles antivenenos son eficaces en ciertos países y cuáles no lo son, elemento fundamental para el abordaje eficaz del padecimiento”, señaló Gutiérrez.
Actualmente, la demanda y la confianza de los productos del ICP-UCR ha crecido. Por este motivo, se pretende buscar nuevos inhibidores para los venenos, es decir, moléculas diferentes a los antivenenos que puedan neutralizar las principales toxinas de las mordeduras de serpiente de mayor necesidad. La línea de investigación aún está en una fase temprana de su desarrollo, pero ya se han encontrado hallazgos prometedores.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum recuerda que ante el ofrecimiento de algunos partidos de modelos económicos fallidos; compra y venta de promesas de campaña sin fundamento ni sustento técnico y hacer prevalecer a cualquier costo los intereses económicos extranjeros por encima de la soberanía nacional, la población debe ejercer su voto para exigir al gobierno de turno devolvernos la calidad en infraestructura, trabajo decente y bien remunerado, combatir el tráfico de influencias y la corrupción, fortalecer la banca para el desarrollo, la salud, la educación y la seguridad, entre otros.
Hoy la compañera Michel del Territorio Seguro Fénix impartió una charla sobre Territorios Seguros, para estudiantes centroamericanos de administración rural.
La actividad fue organizada en la Sede de la UNA en La Victoria de Sarapiquí, promovida por el Territorio Seguro Calle Central de La Victoria.
Un actor ausente. En la elección del 2014 hubo un actor que fue importante: el movimiento social en sus múltiples expresiones había creado una actitud crítica ante los gobiernos que durante décadas habían gobernado para favorecer a sectores económicos privilegiados y habían permitido el enriquecimiento mediante la corrupción. La importancia de ese actor político no radica en que realice protestas y movilizaciones, sino en que mediante su accionar general (incluyendo esas protestas y movilizaciones) crea conciencia y desarrolla el compromiso personal y colectivo, es decir, construye bases para la democracia participativa. Recordamos en ese proceso el referendo sobre el TLC, el Combo del ICE, Crucitas, el Foro de Occidente relacionado con la carretera a San Ramón a lo que siguieron otros foros regionales, el proceso ciudadano la CCSS Que Queremos, entre otros. Además, previo a la elección del 2014 se desarrolló, con una importante participación de las organizaciones sociales y las personas comprometidas, un proceso que se conoció como la Coalición Viva que colaboró (al menos colaboró) en aglutinar fuerzas y crear el clima propicio para que las expresiones progresistas y de izquierda crecieran. Pero en estas elecciones del 2018 ese actor ha estado opacado y en muchas expresiones ausente. Esa ausencia del movimiento social en calidad de actor político (no es el momento para analizar las causas de ella), son una debilidad en esta elección del 2018.
El clima que prevalece hoy. Si el clima que sirvió de marco a la campaña electoral del 2014 fue uno marcado por la participación de las personas comprometidas y sus organizaciones en la búsqueda de soluciones para el país y la denuncia de la corrupción y el mal gobierno, es decir, con un movimiento social en la palestra pública y en un proceso ascendente, en este 2018 el clima ha estado colmado de campañas contra una supuesta “ideología de género” que busca reemplazar los conceptos de teoría de género, enfoque de género y educación para la afectividad y sexualidad integral, así mismo, ha tenido una fuerza descomunal los ataques contra la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que garantiza la equidad en cuanto a las preferencias sexuales. Se suma el caso del cemento chino y otros temas más que han permitido, a los sectores más conservadores, construir el clima propicio para que las propuestas del bipartidismo y los partidos religiosos se posicionen, aunque aún, no de forma definitiva. Toda campaña electoral se desarrolla en medio de un clima que puede tener distinto sustento: crisis económica, crisis de seguridad, crisis social, y en este caso del 2018 en Costa Rica: crisis sobre temas vinculados a la cultura o autoimagen del ser costarricense, es decir, un clima marcado esencialmente por elementos ideológicos. Esta clave se relaciona con la anterior de manera estrecha, pues salvo en redes digitales, el espacio se le ha dejado a los grupos conservadores que levantan los temas citados en este párrafo. No se ha dado una lucha real en las comunidades como ocurrió con las banderas enarboladas por el movimiento social previo a febrero del 2014; y quien crea que los conceptos, conciencia o compromiso logrados en ese periodo son perennes o duraderos se equivoca: las personas, y especialmente en grupos, cambian su percepción de la vida, son influenciables, a no ser que se haya generado una politización, esto es, que se haya asumido de forma consciente un rol activo en el juego de poder en todas las relaciones: de pareja, familiares, comunitarias, laborales, nacionales…. La lucha cultural (o ideológica si se prefiere), debe tener un arraigo en la vida real, una articulación con lo cotidiano, con la materialidad, no con lo digital, pues esta es volátil y saturada, nunca reemplazará el contacto directo en la comunidad, centro de estudio o de trabajo. El espacio cultural (o ideológico) se dejó a los sectores más conservadores.
Factores disparadores. Un clima fuertemente instalado ha sido el de la corrupción (cemento chino en el plazo cercano pero que revive o revuelca los recuerdos de Alcatel, Caja-Fischel, Trocha y un frondoso etcétera que se remonta a décadas anteriores); y en ese espacio, la ventaja la tenía una suerte de espadachín o adalid de la “justicia”: un personaje que promete barrer con la corrupción con medidas que ofrece en campaña, aunque algún sector despistado no advierta que no son acciones posibles desde un Poder Ejecutivo republicano, pues no podrá actuar de forma aislada de los otros poderes constitucionales (Asamblea Legislativa especialmente). Ese personaje encontró ahí el caldo de cultivo propicio para su nombre. El otro factor disparador de una candidatura ha sido la resistencia a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que garantiza la equidad en cuanto a las preferencias sexuales. Este elemento disparador, con una antesala de campaña contra la supuesta “ideología de género”, ha permitido a un candidato representante de una de las religiones más conservadores presentes en el país, ubicarse en posición de ventaja. No obstante, a juzgar por los datos de la encuesta del CIEP-UCR, podría pensarse que la estampida producida por la decisión de la Corte Interamericana tiene límite y que el 27% del electorado que aún analiza su decisión no irá para esa candidatura. Si ocurre lo contrario a lo que propongo y esa candidatura continúa su crecimiento, estaremos ante un panorama político no previsto por muchos análisis y muy contradictorio con los procesos sociales vividos entre 2007 y 2014.
Techos y posibilidades. Si efectivamente lo ocurrido con Fabricio Alvarado corresponde a una estampida con techo (se confirmará en la encuesta del CIEP-UCR prevista para final de enero), el 27% del electorado que aún analiza posibilidades podría orientarse hacia una opción con proyecto político integral, que no es el caso ni de Castro ni de Fabricio Alvarado y descarta a los partidos del bipartidismo que no tienen nada nuevo que proponer y han hecho gala del oportunismo político. Ese proyecto político integral debe garantizar manejo de la economía sin ocurrencias, convivencia democrática respetuosa y al amparo del Estado Social de Derecho, calidad de vida para la población con base en el fortalecimiento del sistema de seguridad social (incluye educación, transporte, salud, etc), y visión de país orientada por el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad de todo tipo en una sociedad que busca vivir en paz y con respeto. Hay techo suficiente para una opción electoral vinculada a los procesos sociales y comunitarios vividos en el periodo previo al 2014, pero, no basta con la campaña electoral simple de un partido: se necesita recuperar el compromiso de 2007-2014 para, en cada rincón del país, asumir la tarea como propia por parte de cada persona consciente, sin ofender ni ridiculizar a quienes se apuntaron con otra opción, pues eso se convierte generalmente en un bumerán político. Hay techo y tiempo, pero debe tenerse como panorama no solo febrero sino también abril, cuando la disputa, cualquiera que sea, será igualmente complicada y requerirá de la conciencia, pero también de su fase superior: el compromiso creativo de cada persona. Requerirá de recuperar la clave 1.
Se desconoce si este herbicida ha sido sacado del mercado de forma estricta o se sigue aplicando ilegalmente
Comunicado de prensa
FECON – 21 de enero 2017
La Federación Ecologista (Fecon) consultó al Poder Ejecutivo mediante un oficio sobre el estado de las acciones para evitar la entrada al país, venta y aplicación de pesticidas con el ingrediente activo 5-bromo-3-sec-butyl-6 methyluracil conocido como Bromacil.
El pasado 15 de mayo de 2017 mediante el Decreto Ejecutivo Nº 40423 -MAG-MINAE-S el gobierno prohibió la importación, comercialización y uso del Bromacil en nuestro país en medio de múltiples movilizaciones en contra del agronegocio piñero donde se cuestionó la actividad por la aguda contaminación, la deforestación ilegal, la exploración laboral y la destrucción de humedales denunciado por el movimiento ambiental y las comunidades afectadas.
Para Henry Picado de la Red de Coordinación en Biodiversidad “la prohibición del bromacil fue un paso en la dirección correcta, pero hace falta más que eso para asegurar que las plantaciones no sean un riesgo ambiental y sanitario para las comunidades vecinas. Por eso es necesario que el gobierno reporte la manera en que está controlando la prohibición del herbicida para que no siga contaminando más mantos acuíferos”
Un caso ya documentado de contaminación se encuentra en la provincia de Limón. Tras 15 años de recibir agua contaminada de la cañería con agroquímicos la ASADA de Milano a optado por construir un nuevo acueducto que actualmente se encuentra en proceso.
El herbicida bromacil tienen un volumen de aplicación de 2 a 4 kg de ingrediente activo (i.a) por hectárea (1) en dos momentos de la producción: presiembra y portsiembra. Lo que significó en el 2017 para los suelos ticos un aproximado de 448 toneladas i.a. de Bromacil.
Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados Por la Producción de Piña mencionó que “mientras las temáticas ambientales están más que desdibujadas en el mapa electoral asistimos a denuncias tan graves como lo es que 5000 personas vieran contaminada su agua con el herbicida en Veracruz y Pital de San Carlos cuando se supone que está prohibido”.
Según declaró FECON se desconoce si este herbicida ha sido sacado del mercado de forma estricta o se sigue aplicando ilegalmente.
Información:
Henry Picado: 8760 9800
Notas:
(1) “Vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la contaminación por plaguicidas en Costa Rica”. Instituto Regional de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. Octubre 2005.
